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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2012-00115-02

Fecha
21 de octubre de 2024
Consejero ponente
Conjuez Miguel Arcángel Villalobos Chavarro
Citada por
56 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2012-00115-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO.- ADICIÓNASE la sentencia apelada en el sentido de estarse a lo dispuesto en la sentencia de Unificación Jurisprudencial del Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, proferida dentro del expediente No. 250002325000201000246-02 (0845-15) de 18 de mayo de 2016, siendo demandante Jorge Luis Quiroz Alemán y otros y Conjuez Ponente el doctor Jorge Iván Acuña Arrieta, respecto de la regla de prescripción del derecho al reajuste o reliquidación de la bonificación por compensación, con las precisiones efectuadas por Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado mediante sentencia de 23 de mayo de 2018; y a lo dispuesto por la sentencia de Unificación Jurisprudencial del Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces del 2 de septiembre de 2019 (Ponente CARMEN ANAYA DE CASTELLANOS, Exp. 41001-23-33-000-2016-00041-02(2204-18) CE-SUJ-016-S2-19, Actor: JOAQUÍN VEGA PÉREZ) [entiéndase incluido el auto de la misma Sala de Conjueces del 7 de 29 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 26 de agosto de 2016; Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter; Radicación: 23001-23-33-000-2013-00260-01 (0088-15) CE-SUJ2-005-16. 15 Página 16 de 17 Sentencia de Segunda Instancia Nulidad y Restablecimiento del Derecho de Carácter Laboral Número Interno: 4006-2015 Demandante: José Ricardo Romero Camargo Demandado: Nación – Rama Judicial- Dirección Ejecutiva de Administración Judicial octubre de 2019 que la aclaró parcialmente y la corrigió], de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta decisión. SEGUNDO.- MODIFÍCASE el numeral CUARTO de la sentencia impugnada, el cual quedará, así: “CUARTO.- Condénese a la Nación- RAMA JUDICIAL- DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL a reconocer y pagar al señor JOSÉ RICARDO ROMERO CAMARGO el derecho adquirido a recibir una bonificación por compensación equivalente al ochenta por ciento (80%) mensual de lo que por todo concepto devenga un magistrado de Alta Corte, conforme a lo dispuesto en el Decreto 610 de 1998, con la inclusión de todos los factores que devengan los Congresistas, el que debe contener la cesantía […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 17001-23-33-000-2012-00115-02

Consejero ponente: Conjuez Miguel Arcángel Villalobos Chavarro

21 de octubre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA

SALA DE CONJUECES
CONJUEZ PONENTE: MIGUEL ARCÁNGEL VILLALOBOS CHAVARRO

Bogotá D. C. ocho (8) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Expediente N° 17001-23-33-000-2012-00115-02
Número interno: 4006-2015
Demandante: José Ricardo Romero Camargo
Demandado: Nación – Rama Judicial- Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial
Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho

BONIFICACIÓN POR COMPENSACIÓN (Decreto 610 de 1998)

Procede la Sala de Conjueces a proferir sentencia de segunda instancia en la que
resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la
sentencia proferida el día 15 de julio de 2015 por el Tribunal Administrativo de
Caldas- Sala de Conjueces, en la cual se resolvió en forma favorable a las
pretensiones de la demanda.

1. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

Se trata de una acción de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por
José Ricardo Romero Camargo en contra de la Nación – Rama Judicial- Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, presentada el día 7 de septiembre de 20121,
tendiente a (1) declarar la nulidad de la Resolución No. 2390 del 26 de marzo de
2012 que negó el pago de la bonificación por compensación desde el 24 de mayo
de 2006 hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia de nulidad del Decreto 4040 de
2004. Y, a título de restablecimiento del derecho, el demandante solicitó (2)
reconocer el ajuste de su remuneración equivalente al 80% de la remuneración que
perciba por todo concepto perciben los magistrados de las Altas Cortes, en
cumplimiento del Decreto 610 de 1998; (3) reliquidar y pagar el mayor valor que
corresponda a salarios, bonificaciones, prima de servicios, extralegales, primas de

1
Folio 1.

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Nulidad y Restablecimiento del Derecho de Carácter Laboral
Número Interno: 4006-2015
Demandante: José Ricardo Romero Camargo
Demandado: Nación – Rama Judicial- Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

navidad, vacaciones, cesantías e intereses, seguridad social y demás conceptos;
(4) cancelar los reajustes salariales y prestacionales desde el 24 de mayo de 2006
hasta la ejecutoria de la sentencia respectiva; (5) que las sumas a que tenga
derecho el actor sean debidamente indexadas; (6) pagar os intereses conforme el
artículo 192 del CPACA; (7) se dé cumplimiento a la sentencia conforme lo
dispuesto en los artículos 192 y 195 del CPACA; y (8) condenar en costas y gastos
del proceso2.

1.2. La contestación de la demanda

La entidad Nación- Rama Judicial- Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
contestó la demanda y se opuso a las pretensiones de la misma. Fundamentó su
defensa en el argumento según el cual la norma aplicable a partir de la ejecutoria
de la sentencia de nulidad del Decreto 4040 de 2004, es el Decreto 610 de 1998, y
en ese sentido, a partir del 30 de enero de 2012, día hábil siguiente a la desfijacion
del edicto a través del cual se notificó la providencia, la Dirección Ejecutiva y sus
Direcciones Seccionales comenzaron a pagar la bonificación a los magistrados de
los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, Contencioso Administrativo,
magistrados de las Salas Administrativas y Disciplinarias de los Consejos
Seccionales de la Judicatura y a los auxiliares de las Altas Cortes.

Sostuvo que, en el caso particular del demandante, la Dirección Ejecutiva Seccional
le canceló en el mes de mayo de 2012, la retroactividad de las bonificaciones por
compensación causadas desde el 30 de enero de 2012, y en adelante, comenzó a
pagarla en forma mensual, por lo que no es viable acceder a las pretensiones de la
demanda en el sentido de cancelar al actor la bonificación por compensación
durante el periodo trascurrido entre la fecha de ejecutoria de la sentencia del
Consejo de Estado y la ejecutoria de la providencia que ponga fin al proceso.

Por otro lado, sostuvo que se torna inviable considerar como factor salarial la
bonificación por compensación, ya que implicaría desacatar el ordenamiento legal
vigente, en la medida en que se estaría modificando un régimen salarial claramente
definido y establecido en la ley.

Finalmente, propuso las excepciones de: (1) “pago de la bonificación desde el mes
de enero de 2012 hasta la fecha”, pues aduce que a partir del 30 de enero de 2012
la entidad demandada comenzó a pagar la bonificación por compensación al
demandante; y (2) “configuración del fenómeno de prescripción trienal”3.

1.3. La sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo de Caldas- Sala de Conjueces, a través de sentencia del
15 de julio de 2015, decidió declarar probada la excepción de “pago de la

2
Folios 2-4.
3
Folios 139-142

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Número Interno: 4006-2015
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bonificación por compensación desde el 30 de enero de 2012 hasta la fecha de
ejecutoria de la sentencia”; declaró no probada la excepción de “configuración del
fenómeno de prescripción trienal”, la nulidad del acto administrativo demandado, y
a título de restablecimiento del derecho, ordenó condenar a la parte demandada a
lo siguiente4:

“(…)
CUARTO.- En consecuencia y a título del restablecimiento del derecho se
ORDENA a la NACIÓN- RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL el reconocimiento y pago al señor JOSÉ
RICARDO ROMERO CAMARGO, de las diferencias salariales y prestacionales,
entre lo que se le canceló realmente y el 80% de lo percibido por todo concepto
por los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte
Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, a que
tiene derecho por concepto de bonificación por compensación, establecida en
el Decreto 610 de 1998, entre el 24 de mayo de 2006 y el 31 de mayo de 2008
y el 01 de agosto de 2008 al 30 de enero de 2012, inclusive, sumas que deberán
actualizar con los índices de inflación por el DANE, mes a mes, con la utilización
de la siguiente (sic) financiera:
(…)

QUINTO. La bonificación por compensación que se ordena reconocer y
cancelar al señor JOSÉ RICARDO ROMERO CAMARGO, deberá seguir
pagándosele, tal como lo viene haciendo la entidad demandada, desde el 30 de
enero de 2012, en los términos del Decreto 610 de 1998 y la cual se calculará
sobre el 80% de la remuneración mensual que por todo concepto devenguen
los magistrados de las Altas Cortes.

También en la sentencia se ordenó dar cumplimiento a la sentencia en los términos
establecidos en el CPACA.

1.4. El recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia

La entidad demandada presentó recurso de apelación5 en el que sostuvo que el
Decreto 610 de 1998, en su artículo 1° es claro en el sentido de establecer que la
bonificación por compensación no constituye factor salarial para la liquidación de
las prestaciones sociales.

Reiteró que por mandato expreso de los Decretos 610 de 1998, posteriormente el
Decreto 4040 de 2004 y en la actualidad del Decreto 1102 de 2012, la bonificación
que cada uno de ellos regula sólo constituye factor salarial como parte del ingreso
base de cotización para pensión, es decir que no modifica el marco legal vigente
que fija los factores que se deben tomar en cuenta para liquidar las diferentes
prestaciones sociales.

4
Folios 233-254.
5
Folios 261-262.

3

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Concluyó que, la bonificación por compensación creada por el Decreto 610 de 1998
constituye salario, pero no por ello puede desconocer que esa misma disposición
limita el carácter salarial de dicho concepto, en donde es dable concluir que no
constituye factor de salario para la liquidación y pago de las prestaciones sociales.

1.5 Alegatos de conclusión de segunda instancia

La parte demandada6 alegó de conclusión y reiteró los argumentos expuestos en
el recurso de apelación. Agregó que al incluir en la liquidación de las prestaciones
sociales el valor obtenido como diferencia entre el 80% de la remuneración anual
del magistrado de Alta Corte y la remuneración anual proyectada del magistrado de
Tribunal y equivalente (bonificación por compensación), tiene como consecuencia
que sobrepasa el tope del 80% de lo que por todo concepto recibe anualmente como
remuneración el magistrado de Alta Corte.

El Ministerio Público7 rindió concepto en esta instancia, señalando que vista la
normativa del caso en estudio, se advierte que la bonificación por compensación
solo constituye factor salarial para efecto del ingreso base de cotización del Sistema
General de Pensiones y del Sistema General de Seguridad Social en Salud. En tal
sentido y en debida observancia del artículo 27 del Código Civil, se impone que
cuando el sentido de la ley sea claro, no es dable desatender su tenor literal a
pretexto de consultar su espíritu, por lo que considera que la bonificación por
compensación, en efecto solo constituye factor salarial para el ingreso base de
cotización del Sistema General de Pensiones y del Sistema General de Seguridad
Social.

Así las cosas, consideró que el fallo recurrido fue acertado frente a las pretensiones
del actor y en dicho sentido se debe confirmar la decisión recurrida, aclarando que
se deberá dar cumplimiento a lo resuelto en las sentencias C-244 de 20013 y C-681
de 2003, proveídos que de manera categórica establecen que la bonificación por
compensación únicamente constituye factor salarial para efecto del ingreso base de
cotización del Sistema General de Pensiones.

La parte demandante guardo silencio.

1. CONSIDERACIONES DE LA SALA8

6 Folios 364-365.
7
Folios 366-373.
8
La metodología aquí empleada para presentar los argumentos de la Sala sigue las pautas contenidas en el libro
de la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”: “Argumentación judicial: construcción, reconstrucción y
evaluación de argumentaciones orales y escritas”. Bogotá, 2008. Asimismo se tiene en cuenta el “Manual de
Escritura Jurídica”, publicado en agosto de 2018 por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

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1.1. Nota preliminar

El Consejo de Estado, en calidad de superior funcional, es competente para resolver
los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias dictadas en primera
instancia por los tribunales administrativos.

Los Magistrados de la Sección Segunda del Consejo de Estado expresaron su
impedimento para conocer de este proceso9, el cual fue aceptado10. Luego, agotado
el respectivo sorteo de Conjueces11, le ha correspondido a esta Sala conocer en
segunda instancia de este proceso. La Sala de Conjueces, al no encontrar causal
de nulidad que invalide lo actuado, procede de conformidad.

1.2. El problema jurídico

En esencia el debate jurídico gira en torno a la siguiente pregunta:

¿tiene derecho José Ricardo Romero Camargo al reajuste salarial solicitado,
consistente en la diferencia entre el valor reconocido por la demandada y el valor
que resultaría de reconocerle la bonificación por compensación consagrada en
el Decreto 610 de 1998, equivalente al 80% de los ingresos salariales de los
magistrados de las Altas Cortes?

Por otro lado, se deberá establecer si la bonificación por compensación constituye
factor salarial y si en el presente caso operó el fenómeno de la prescripción.

1.3. La argumentación de la Sala frente a la bonificación por
compensación

La argumentación de la Sala de Conjueces, que será breve porque reitera la
jurisprudencia, seguirá este orden: en primer lugar, se presentará la jurisprudencia
unificada vigente y obligatoria y, en segundo lugar, se abordará el caso concreto.

1.3.1. El marco normativo de la bonificación por compensación y la
jurisprudencia vigente

El Congreso de la República expidió la Ley 4 de 1992, por medio de la cual fijó el
régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de allí que en su artículo
15 estableció una prima especial de servicios para ciertos funcionarios, para igualar

9
Folios 307-309.
10
Folios 314-318.
11
Folio 328.

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sus ingresos a los ingresos anuales percibidos por los Congresistas, en otras
palabras, se buscó equiparar el salario tanto de los Magistrados de las Altas Cortes,
así como los demás funcionarios del primer nivel como Fiscal General, Procurador
General de la Nación, Registrador, etc.

En este orden de ideas, como la intensión del legislador fue la de crear una escala
salarial que guardara proporcionalidad entre los diferentes niveles jerárquicos de la
Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación, en cumplimiento de este precepto,
el Gobierno Nacional expidió el Decreto 610 de 1998, a través de la cual se creó la
Bonificación por Compensación, cuyo tenor literal es el siguiente:

“ARTÍCULO 1o. Créase, para los funcionarios enunciados en el artículo 2o del
presente decreto, una Bonificación por Compensación, con carácter
permanente, que sumada a la prima especial de servicios y a los demás
ingresos laborales actuales iguale al sesenta por ciento (60%) de los
ingresos laborales que por todo concepto perciben los Magistrados de la Corte
Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Corte Constitucional y Consejo
Superior de la Judicatura.

La Bonificación por Compensación sólo constituirá factor salarial para
efectos de determinar las pensiones de vejez, invalidez y sobrevivientes,
en los mismos términos de la prima especial de servicios de los Magistrados
de las Altas Cortes.

…” (Subrayas y negrillas fuera de texto).

Las consideraciones que dieron lugar a esta decisión quedaron consignadas en el
mismo Decreto de la siguiente manera:

“Que el Gobierno Nacional acordó con los representantes de los funcionarios
mencionados en el considerando anterior, un esquema que gradualmente
permita superar la desigualdad económica entre los dos niveles mencionados,
así:

Para el año que corresponda a la vigencia fiscal para la cual se apruebe por
primera vez la apropiación presupuestal correspondiente, se aplicará un ajuste
a los ingresos laborales que iguale al sesenta por ciento (60%) de lo que por
todo concepto devenguen los Magistrados del Consejo Superior de la
Judicatura, de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del
Consejo de Estado;

Para la vigencia fiscal siguiente, el ajuste igualará al setenta por ciento (70%)
de lo que por todo concepto devenguen los Magistrados del Consejo Superior
de la Judicatura, de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y
del Consejo de Estado;

A partir del año correspondiente a la tercera vigencia fiscal, los ingresos
laborales serán igual al ochenta por ciento (80%) de lo que por todo
concepto devenguen anualmente los Magistrados del Consejo Superior
de la Judicatura, de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de
Justicia y del Consejo de Estado.

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…” (Negrilla fuera de texto).

El fin de la expedición del Decreto 610 de 1998 adicionado por el Decreto 1239 de
1998, mediante el cual se estableció la bonificación por compensación, como ya se
dijo, fue la de crear el segundo nivel y así acabar la desigualdad salarial existente
entre magistrados de alta corte y demás funcionarios del sector judicial. Esta
bonificación consiste en un ajuste de carácter permanente que, sumado a la prima
especial de servicios y a los demás ingresos laborales, iguale el ochenta por ciento
(80%) (para el año 2001 y en adelante) de los ingresos que por todo concepto
laboral perciben los magistrados de alta corte.

La norma señala de manera taxativa que a partir del año correspondiente a la
tercera vigencia fiscal; (esto es, 1º de enero de 2001) los ingresos laborales serán
iguales al ochenta por ciento (80%) de lo que por todo concepto devenguen
anualmente los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte
Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado; lo cual
indica que para obtener el porcentaje de la Bonificación por Compensación, se toma
el 80 % de todos los conceptos laborales que devenguen los magistrados de las
altas cortes, tal como quedó establecido en la Sentencia de Unificación dictada por
esta Sala de Conjueces12 incluida la cesantía de los Congresistas, en donde se
dijo:
“…
Las cesantías percibidas por los miembros del Congreso de la República han
sido consideradas ingresos laborales anuales permanentes por la
jurisprudencia del Consejo de Estado en ocasiones anteriores, lo que tiene
plena razón de ser pues se trata de una erogación que realiza el empleador
anualmente a favor de su trabajador y que se causa por cada día de trabajo del
empleado.

De allí que esta corporación haya concluido que el auxilio de cesantías debe
ser tenido en cuenta para realizar la liquidación de la prima especial de servicios
de los funcionarios mencionados en el artículo 15 de la Ley 4ª de 1992, quienes
tienen derecho a percibir una suma equivalente a lo que por todo concepto
devengan los congresistas.

Este régimen tiene una clara incidencia en la determinación de la bonificación
por compensación de los servidores públicos que se encuentran sujetos al
Decreto 610 de 1998 pues el mismo, de manera semejante al artículo 1º del
Decreto 10 de 1993, previó la nivelación salarial al 60%, 70% y 80% “… de lo
que por todo concepto devenguen los Magistrados del Consejo Superior de la
Judicatura, de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del
Consejo de Estado” (subraya fuera del texto), para los años 1998, 1999, 2000
y siguientes, respectivamente.

En este sentido, y teniendo en cuenta que la prima especial de servicios no solo
es un ingreso laboral sino que también cuenta con un carácter salarial limitado
en atención a lo decidido por la Corte Constitucional en la sentencia C-681 del

12
Sentencia proferida el 18 de mayo de 2016 por la Sala de Conjueces – Sección Segunda del Consejo de Estado,
Exp. No. 250002325000201000246-02, Demandante: Jorge Luis Quiroz Alemán. Conjuez Ponente Doctor
Jorge Iván Acuña Arrieta.

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6 de agosto de 2003, habría que señalarse que no existen razones para que se
haga abstracción de la misma, o de cualquiera de los factores que se tienen en
cuenta para su liquidación, al momento de fijar el monto a cancelar por
concepto de bonificación por compensación a favor de los servidores
mencionados en el artículo 2º del Decreto 610 de 1998. Habiendo señalado
que el auxilio de cesantías es un ingreso laboral percibido de manera
permanente por los jueces de mayor jerarquía de todas las jurisdicciones,
es evidente que resultaría violatorio del principio de igualdad que surge del
artículo 13 de la Constitución Política de Colombia el señalar que esta
prestación social carece de tal naturaleza únicamente con el propósito de
disminuir la base de liquidación de la bonificación por compensación de la que
son acreedores los funcionarios mencionados en el artículo 2º del Decreto 610
de 1998.

En consecuencia, se concluye que únicamente teniendo en cuenta los
pagos que el Estado debe realizar a los Congresistas por concepto de
cesantías puede calcularse la diferencia total entre lo que ellos perciben
y la asignación de los Magistrados de las Altas Cortes para, así, determinar
el valor de la prima especial de servicio a la que tienen derecho estos últimos.

…” (Subraya y negrilla fuera de texto).

Posteriormente se expidió el Decreto 4040 de 3 de diciembre de 2004, por el cual
se creó la Bonificación de Gestión Judicial para los magistrados de tribunal y otros
funcionarios, con el siguiente tenor literal:
“…

La Bonificación de Gestión Judicial, pagadera mensualmente, solo
constituirá factor salarial para efectos de determinar las pensiones de
vejez, invalidez y sobrevivientes, y hará parte integral del ingreso base de
liquidación debiendo cotizarse mensualmente sobre lo devengado, incluyendo
esta Bonificación.

…” (Se subraya y negrillas fuera de texto).

Luego, como consecuencia de la declaratoria de nulidad del Decreto 4040 de 2004
mediante sentencia ejecutoriada de 28 de enero de 2012, proferida por la Sala de
Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado; el Decreto 1102 de 24
de mayo de 201213, modificó la Bonificación por Compensación para los
magistrados de los tribunales y demás cargos homólogos, así:
“…

Artículo 1°.A partir del 27 de enero de 2012, la Bonificación por Compensación
que vienen percibiendo con carácter permanente los Magistrados de Tribunal,
Magistrados de Consejo Seccional, Magistrados y Fiscales del Tribunal
Superior Militar, Magistrados Auxiliares de las Altas Cortes, Abogados
Asistentes y Abogados Auxiliares del Consejo de Estado, Fiscales Delegados
ante Tribunales de Distrito, Fiscales Auxiliares ante la Corte Suprema de

13
“Por el cual se modifica la bonificación por compensación para los Magistrados de Tribunal y otros
funcionarios”.

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Justicia, Directores Ejecutivos Seccionales de Administración Judicial,
Secretarios Generales de la Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado y
Corte Constitucional y Secretario Judicial del Consejo Superior de la Judicatura
y los funcionarios vinculados a la Procuraduría General de la Nación, en
empleos en los que actúen de manera permanente como agentes del Ministerio
Público ante los Magistrados del Tribunal, antes señalados, equivaldrá a un
valor que sumado a la asignación básica y demás ingresos laborales iguale al
ochenta por ciento (80%) de lo que por todo concepto devenguen anualmente
los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia Consejo de Estado, Corte
Constitucional y Consejo Superior de la Judicatura.

La Bonificación por Compensación, pagadera mensualmente, sólo
constituye factor salarial para efecto del ingreso base de cotización del
Sistema General de Pensiones y del Sistema General de Seguridad Social
en Salud en los mismos términos de la Ley 797 de 2003.

…” (Se subraya y negrillas fuera de texto).

De las normas transcritas se colige que, por mandato expreso de los Decretos 610
de 1998, 4040 de 2004 (cuando estuvo vigente), y el actual 1102 de 2012, la
Bonificación por Compensación que allí se regula, sólo constituye factor salarial
como parte del ingreso base de cotización del Sistema General de Pensiones y del
Sistema General de Seguridad Social en Salud; disposiciones frente a las cuales
no se modifica el marco legal vigente que fija los factores que se deben tener en
cuenta para liquidar las diferentes prestaciones sociales, es decir, la Bonificación
por Compensación no constituye factor salarial para la liquidación y pago de dichos
emolumentos.

Posteriormente, la Sala Plena de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de
Estado expusieron las reglas de unificación en la sentencia del 2 de septiembre de
2019, en la que se ordenó lo siguiente en el numeral primero de la parte resolutiva:

6. La bonificación por compensación para magistrados y cargos equivalentes no
podrá superar en ningún caso el 80% de lo que por todo concepto devenguen
anualmente los Magistrados de Alta Corte, que es igual a lo que por todo
concepto reciben los congresistas, incluido el auxilio de cesantías. Ese 80% es
un piso y un techo.

La reliquidación de la bonificación por compensación procede respecto a los
magistrados de tribunal y cargos equivalentes, siempre que, en la respectiva
anualidad, sus ingresos anuales efectivamente percibidos NO hayan alcanzado
el tope del ochenta por ciento (80 %) de lo que por todo concepto devenga un
magistrado de alta corte, incluido en ello las cesantías de los congresistas. Sin
embargo, en ese caso, la reliquidación debe efectuarse únicamente hasta que
se alcance el tope del 80% señalado.

7. Procede la prescripción de la bonificación por compensación entre el 5 de
septiembre14 de 2001 y el 2 de diciembre de 2004. Lo anterior es la regla general.
Esta regla tiene una excepción que consiste en que si la persona logra demostrar
en el expediente, con pruebas (sic) documental, que antes del 3 de diciembre de
2004 había interrumpido la prescripción conforme a la ley. En este caso la

14
Mediante Auto del 7 de octubre de 2019 se aclaró que se refiere es al mes de octubre de 2001.

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prescripción va más allá del 4 de diciembre de 2004 y se retrotraería hasta la
fecha de presentación de esa interrupción, fecha entonces que debe ser
posterior al 25 de septiembre de 2001 y anterior al 3 de diciembre de 2004. Esta
excepción, como toda excepción, es de aplicación restrictiva.

8. La sentencia de unificación que hoy se adopta no implica que se está variando
o modificando el régimen salarial y prestacional de los servidores beneficiarios
de la prima especial de servicios del artículo 14 de la Ley 4 de 1992 – jueces,
magistrados y otros funcionarios -, en la medida en que en ningún caso se
podrán superar los porcentajes máximos o topes fijados por el Gobierno
Nacional.

Así mismo, se advierte a la comunidad en general que las consideraciones
expuestas en esta providencia en relación con los temas objeto de unificación,
constituyen precedente y tendrán aplicación en las decisiones judiciales que se
profieran a partir de la fecha15.

Ahora bien, en cuanto a la prescripción, su medición exige ver la evolución que ha
tenido en el tiempo la fluctuante normatividad nacional, intervenida por la
jurisprudencia, para poder establecer su conteo. Para ello se presente a
continuación una gráfica que permite una fácil visualización de esa evolución:

Respecto al análisis de la prescripción trienal, es necesario hacer alusión al artículo
41 del Decreto 3135 de 196816 y 102 del Decreto 1848 de 196917 que disponen:
“Las acciones estipuladas en este Decreto prescribirán en tres años, contados
desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible”. Contempla la misma
normativa que el simple reclamo escrito del empleado o trabajador ante la autoridad

15
Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala Plena de Conjueces, expediente N° 41001-23-33-000-2016-
00041-02 (número interno 2204-2018), del 2 de septiembre de 2019.
16
“Por el cual se prevé la integración de la seguridad social entre el sector público y el privado y se regula el
régimen prestacional de los empleados públicos y trabajadores oficiales”.
Artículo 41º.- Las acciones que emanen de los derechos consagrados en este Decreto prescribirán en tres años,
contados desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible. El simple reclamo escrito del empleado o
trabajador ante la autoridad competente, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe
la prescripción, pero sólo por un lapso igual”.
17
“Por el cual se reglamenta el Decreto 3135 de 1968”. Artículo 102º.- Prescripción de acciones. Artículo 102.
Las acciones que emanan de los derechos consagrados en el Decreto 3135 de 1968 y en este Decreto, prescriben
en tres (3) años, contados a partir de la fecha en que la respectiva obligación se haya hecho exigible. 2. El simple
reclamo escrito del empleado oficial formulado ante la entidad o empresa obligada, sobre un derecho o
prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero solo por un lapso igual”.

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Nulidad y Restablecimiento del Derecho de Carácter Laboral
Número Interno: 4006-2015
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competente, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe
la prescripción, pero sólo por un lapso igual.

Ahora bien, el Decreto 610 de 1998, del día 26 de marzo de 1998, creó una
bonificación por compensación de los magistrados de Tribunal y otros funcionarios.
Luego, el 31 de diciembre de 1998 el Gobierno Nacional expidió el Decreto 2668
que dispuso derogar los Decretos 610 y 123918 de 1998. Este acto administrativo
fue objeto de demanda ante la Sección Segunda del Consejo de Estado, quien a
través de Sala de Conjueces mediante sentencia de 25 de septiembre de 2001,
declaró la nulidad. Quedando debidamente ejecutoriada el 5 de octubre de 2001.

En consecuencia, la declaratoria de nulidad del Decreto 2668 de 1998, retrotrajo la
situación normativa al estado anterior, es decir, que los Decretos 610 y 1239 de
1998, retornaron a la vida jurídica, por lo tanto, es a partir de allí -desde la ejecutoria
de la mencionada sentencia de nulidad- que los beneficiarios de la Bonificación por
Compensación estaban facultados para solicitar su reconocimiento y hasta tres (3)
años después, es decir, hasta el 5 de octubre de 2004, so pena, de aplicar la
prescripción trienal de que trata el Decreto 3135 de 1968, reglamentado por el
Decreto 1848 de 1969.

Luego, el 3 de diciembre de 2004 el Gobierno Nacional expidió el Decreto 4040, por
el cual creó una Bonificación de Gestión Judicial para los Magistrados de Tribunal y
otros funcionarios, con carácter permanente, que sumada a la asignación básica y
demás ingresos laborales igualara al setenta (70%) de lo que por todo concepto
devengaban los Magistrados de las Altas Cortes. Este acto administrativo también
fue demandado en acción de simple nulidad ante el Consejo de Estado, demanda
que fue resuelta por Sala de Conjueces mediante sentencia de 14 de diciembre de
2011 por la cual declaró la nulidad del Decreto 4040 de 2004, quedando
ejecutoriada el 27 de enero de 2012.

Ahora, si bien es cierto que a través de la ejecutoria de la sentencia que declaró la
nulidad del Decreto 4040 de 2004, se hizo exigible el derecho al reconocimiento y
pago de la diferencia en el porcentaje que contempla el Decreto 610 de 1998 y el
4040 de 2004, y que por tal razón no se aplicaría la prescripción; también lo es que,
entre el período comprendido entre la ejecutoria de la sentencia que anuló el
Decreto 2668 de 1998 y la fecha de expedición del Decreto 4040 de 2004, sí
procede decretarla, pues en este lapso no hubo ambigüedad o dualidad de
normas, esto es del 5 de octubre de 2001 al 3 de diciembre de 2004.

Lo anterior, significa que para cada caso deben verificarse las fechas de la
reclamación administrativa, la de causación del derecho, y la fecha de exigibilidad
del mismo.

18
Que dispuso incluir a los Secretarios Generales de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la
Corte Constitucional y al Secretario Judicial de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la
Judicatura.

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Finalmente, hay que recordar que para resolver un litigio laboral o prestacional es
necesario partir de la base según la cual la dignidad de la persona es el objetivo
esencial del Estado social de derecho (art. 1º CN) y, para el caso, la dignidad de la
persona trabajadora. Los trabajadores no sólo gozan de los derechos reconocidos
en la Constitución (art. 53 CN) y en la ley, sino también de los derechos consagrados
en los pactos y convenios internacionales sobre derechos humanos reconocidos por
Colombia (art. 93 CN), los cuales hacen parte del denominado “bloque de
constitucionalidad” por la Corte Constitucional19. Uno de esos convenios
internacionales es la Convención Americana de Derechos Humanos, también
llamada “Pacto de San José de Costa Rica”20. Los artículos 6º (derecho al trabajo)
y 7º (condiciones justas, equitativas y satisfactorias de trabajo) de esta Convención
complementan e integran entonces el ordenamiento jurídico colombiano, hacen
parte de éste, en tanto hacen parte del bloque de constitucionalidad. Por tanto, los
jueces y magistrados deben verificar también el respeto de esta normatividad
internacional; y al hacerlo, realizan el denominado “control de convencionalidad”. La
jurisprudencia de la Corte Interamericana denomina control de convencionalidad al
mecanismo que permite a los Estados concretar la obligación de garantía de los
derechos humanos en el ámbito interno, a través de la verificación de la conformidad
de las normas y prácticas nacionales con la Convención Americana de Derechos
Humanos.

1.3.2. El caso concreto

Probado está en el expediente, respecto de José Ricardo Romero Camargo:

• Que el actor prestó sus servicios a la Rama Judicial, así: (1) magistrado del
Tribunal Administrativo del Quindío desde el 24 de mayo de 200621 al 15 de
febrero de 2007; (2) magistrado de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del
Consejo Seccional de la Judicatura de Manizales- Caldas.

• Que percibió como remuneración el 70% de lo que devengan los magistrados
de las Altas Cortes, con base en la bonificación por gestión judicial
consagrada en el Decreto 4040 de 200422.

• Desprendibles de nómina del demandante en el cual se observa que desde
el 30 de enero de 2012 se le viene cancelando la bonificación por
compensación23

19
Corte Constitucional, sentencia C-225 de 1995.
20
Ratificada por Colombia mediante la Ley 319 de 1996.
21
Folios 61, 189.
22
Folio 64-66.
23 Folios 144-155.

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• Que el día 26 de enero de 201224 el demandante realizó la petición a la
entidad demandada.

• Mediante Resolución No. 2390 del 26 de marzo de 201225, la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial negó lo solicitado por el actor.

• Se encuentra probado dentro del expediente que por acción de tutela al
demandante - la cual fue revocada- le fue reconocido durante los meses de
junio y julio de 2008 la bonificación por compensación26.

A la luz de la argumentación arriba expuesta, se concluye lo siguiente:

Primero, José Ricardo Romero Camargo tiene derecho al reconocimiento y pago de
la bonificación por compensación consagrada en el Decreto 610 de 1998, o sea
al 80% de lo que por todo concepto salarial recibe un magistrado de Alta Corte, en
su calidad de magistrado de tribunal y magistrado de la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura, a su vez, tiene derecho a recibir
el 100% de la remuneración y prestaciones sociales que recibe un congresista de
la República por todo concepto, incluido el auxilio de cesantía, como lo dispuso el a
quo.

Segundo, se colige de las normas antes transcritas que, por mandato expreso de
los Decretos 610 de 1998, 4040 de 2004 (cuando estuvo vigente) y el actual 1102
de 2012, la Bonificación por Compensación que allí se regula, sólo constituye factor
salarial como parte del ingreso base de cotización del Sistema General de
Pensiones y del Sistema General de Seguridad Social en Salud; disposiciones
frente a las cuales no se modifica el marco legal vigente que fija los factores que se
deben tener en cuenta para liquidar las diferentes prestaciones sociales, es decir,
la Bonificación por Compensación no constituye factor salarial para la liquidación y
pago de dichos emolumentos”, por lo que se modificará la sentencia en dicho
sentido.

Tercero, en cuanto a la prescripción es necesario verificar si en el presente caso
la sentencia de primera instancia aplicó en debida forma dicho fenómeno.

Como bien lo definió la jurisprudencia de unificación antes referida, ante la
coexistencia de dos regímenes salariales diferentes, no es posible hablar de
exigibilidad del derecho a reclamar, debido a que para los beneficiarios de los
derechos existía la disyuntiva del Decreto 610 de 1998, que reconoce la
Bonificación por Compensación Judicial y el régimen salarial del Decreto 4040 de
2004, que reconocía la Bonificación por Gestión Judicial. Es decir, no se podía

24
Folios 1-2 Cuaderno 2.
25
Folios 48-55.
26
El actor lo manifiesta en el hecho quinto de la demandada y reitera tal situación en el escrito obrante a
folios 160-163.

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establecer con exactitud cuál de los regímenes era el aplicable, ante lo cual
resultaba imposible referirse a la exigibilidad del derecho

En este sentido solo puede hablarse de exigibilidad de la Bonificación por
Compensación, a partir de la fecha de ejecutoria del fallo que declaró la nulidad del
Decreto 4040, es decir el 28 de enero de 2012.

Al respecto, es del caso aclarar que si bien es cierto que a través de la ejecutoria
de la sentencia que declaró la nulidad del Decreto 4040 de 2004, se hizo exigible el
derecho al reconocimiento y pago de la diferencia en el porcentaje que contempla
el Decreto 610 de 1998, y que por tal razón no se aplicaría la prescripción; también
lo es que, entre el período comprendido entre la ejecutoria de la sentencia que anuló
el Decreto 2668 de 1998, y la fecha de expedición del Decreto 4040 de 2004, sí
procede decretarla, pues en este lapso no hubo ambigüedad o dualidad de normas,
esto es, del 05 de octubre de 2001 al 02 de diciembre de 2004, por lo que dicho
lapso si se encuentra prescrito.

En consecuencia, resulta que la exigibilidad del derecho para reclamar el
reconocimiento de la bonificación por compensación regulada en el Decreto 610 de
1998 se dio en dos tiempos diferentes, con la ejecutoria de la sentencia que declaró
la nulidad del Decreto 2668 y con la ejecutoria de la sentencia que declaró la nulidad
del Decreto 4040 y ese momento de exigibilidad debe analizarse en cada caso
concreto.

Al respecto, se advierte que José Ricardo Romero Camargo tiene derecho en
consecuencia a que se le pague la diferencia entre lo efectivamente recibido y lo
dejado de percibir, desde el día 24 de mayo de 2006, fecha de su vinculación como
magistrado, y en la cual no corría la prescripción trienal por la ausencia de
exigibilidad del derecho27, al 31 de mayo de 200828 y desde el 01 de agosto de
2008 en adelante hasta el 30 de enero de 2012 (ya que a partir de esa fecha se
le viene cancelando la bonificación por compensación- aspecto que no fue
objeto de apelación por la parte interesada).

Lo anterior, por cuanto si bien la prescripción fue interrumpida por el derecho de
petición ejercido el día 26 de enero de 2012, o sea que los tres años hacia atrás se
remontarían hasta el día 26 de enero de 2009, para este año 2012 estaba vigente
el Decreto 4040 de 2004, durante el cual no corría la prescripción, como se anotó
en la jurisprudencia citada. La Sala se permite recordar que el Decreto 4040 es del

27 Si bien es cierto que a través de la ejecutoria de la sentencia que declaró la nulidad del Decreto 4040 de 2004,

se hizo exigible el derecho al reconocimiento y pago de la diferencia en el porcentaje que contempla el Decreto
610 de 1998 y el 4040 de 2004, y que por tal razón no se aplicaría la prescripción; también lo es que, entre el
período comprendido entre la ejecutoria de la sentencia que anuló el Decreto 2668 de 1998 y la fecha de
expedición del Decreto 4040 de 2004, sí procede decretarla, pues en este lapso no hubo ambigüedad o
dualidad de normas, esto es del 5 de octubre de 2001 al 3 de diciembre de 2004.
28
Conforme lo manifestado por el actor en la demanda- hecho quinto-, le fue cancelado la bonificación
por compensación en los meses de junio y julio de 2008 en cumplimiento a un fallo de tutela que fue
revocado.

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día 3 de diciembre de 2004 y que fue anulado por sentencia ejecutoriada el 28 de
enero de 2012, de suerte que durante ese largo período (7 años, 1 mes y 25 días)
no corrió la prescripción. En otras palabras, el demandante se beneficia de una
extensión de su derecho a solicitar la bonificación por compensación, por el principio
de favorabilidad de los derechos del trabajador, de que trata el art. 53 de la
Constitución.

Por otro lado, es de aclarar que la prescripción no opera en relación con la obligación
de la demandada de realizar, en favor del accionante, las cotizaciones o aportes al
Sistema General de Seguridad Social en materia de pensiones, por tratarse de un
derecho cierto, irrenunciable e imprescriptible que se reconoce en cabeza del
servidor público que presta sus servicios laborales al Estado29.

De conformidad con lo anterior, se procederá a confirmar la sentencia de primera
instancia, pues hay lugar a reconocer la bonificación por compensación, se
adicionará en el sentido de ordenar estarse a lo resuelto por las sentencias de
unificación jurisprudencial citadas y se modificará conforme lo ya indicado. Esta Sala
se abstendrá de condenar en costas y agencias en derecho, porque no se aprecia
una mala fe o una deslealtad procesal de la demandada.

2. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sala de Conjueces de la Sección Segunda, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO.- ADICIÓNASE la sentencia apelada en el sentido de estarse a lo
dispuesto en la sentencia de Unificación Jurisprudencial del Consejo de Estado,
Sección Segunda, Sala de Conjueces, proferida dentro del expediente No.
250002325000201000246-02 (0845-15) de 18 de mayo de 2016, siendo
demandante Jorge Luis Quiroz Alemán y otros y Conjuez Ponente el doctor Jorge
Iván Acuña Arrieta, respecto de la regla de prescripción del derecho al reajuste o
reliquidación de la bonificación por compensación, con las precisiones efectuadas
por Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado mediante
sentencia de 23 de mayo de 2018; y a lo dispuesto por la sentencia de Unificación
Jurisprudencial del Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces del 2
de septiembre de 2019 (Ponente CARMEN ANAYA DE CASTELLANOS, Exp.
41001-23-33-000-2016-00041-02(2204-18) CE-SUJ-016-S2-19, Actor: JOAQUÍN
VEGA PÉREZ) [entiéndase incluido el auto de la misma Sala de Conjueces del 7 de

29
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 26 de agosto de 2016; Consejero ponente: Carmelo
Perdomo Cuéter; Radicación: 23001-23-33-000-2013-00260-01 (0088-15) CE-SUJ2-005-16.

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octubre de 2019 que la aclaró parcialmente y la corrigió], de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta decisión.

SEGUNDO.- MODIFÍCASE el numeral CUARTO de la sentencia impugnada, el cual
quedará, así:

“CUARTO.- Condénese a la Nación- RAMA JUDICIAL- DIRECCIÓN
EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL a reconocer y pagar al señor
JOSÉ RICARDO ROMERO CAMARGO el derecho adquirido a recibir una
bonificación por compensación equivalente al ochenta por ciento (80%)
mensual de lo que por todo concepto devenga un magistrado de Alta Corte,
conforme a lo dispuesto en el Decreto 610 de 1998, con la inclusión de todos
los factores que devengan los Congresistas, el que debe contener la cesantía
de dichos dignatarios, sin que de manera alguna sobrepase el límite
porcentual fijado en el Decreto referido; a partir del 24 de mayo de 2006
(fecha en que se vinculó como magistrado), al 31 de mayo de 200830 y desde
el 01 de agosto de 2008 en adelante hasta el 30 de enero de 2012 (ya que
a partir de esa fecha se le viene cancelando la bonificación por
compensación). Dicha Bonificación no constituirá factor salarial para los
fines de reliquidación de sus prestaciones sociales.
TERCERO.- ADICIONÁSE la sentencia apelada en el sentido de ORDENAR
realizar los descuentos de ley para seguridad social a la parte demandada, respecto
de las diferencias no cotizadas, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta sentencia.
CUARTO- CONFIRMAR en lo demás la sentencia del 15 de julio de 2015, por medio
de la cual el Tribunal Administrativo de Caldas accedió a las pretensiones de la
demanda presentada por José Ricardo Romero Camargo en contra la Nación –
Rama Judicial- Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, por las razones y con
las precisiones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

QUINTO.- NO CONDENAR en costas.

SEXTO.- RECONOCER personería al abogado Fernando Canosa Torrado,
identificado con la C.C. No. 19.335.800 y T.P. No. 28.051 del C.S. de la J., como
apoderado de la entidad demandada, conforme al poder obrante en el índice 44 de
SAMAI.

SÉPTIMO.- Ejecutoriada esta providencia, regístrese en la plataforma SAMAI y
devuélvase el expediente al tribunal de origen.

30 Conforme lo manifestado por el actor en la demanda- hecho quinto-, le fue cancelado la bonificación

por compensación en los meses de junio y julio de 2008, en cumplimiento a un fallo de tutela que fue
revocado.

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Cópiese, notifíquese y cúmplase

Firmado electrónicamente
MIGUEL ARCÁNGEL VILLALOBOS CHAVARRO
Conjuez Ponente

CARMEN ANAYA DE CASTELLANOS
Conjuez

Firmado electrónicamente
HUGO ALBERTO MARÍN HERNÁNDEZ
Conjuez

Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN ACUÑA ARRIETA
Conjuez

Firmado electrónicamente
NÉSTOR RAÚL CORREA HENAO
Conjuez

Firmado electrónicamente
CARLOS MARIO ISAZA SERRANO
Conjuez

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala
de Conjueces en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA

17

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