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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-33-000-2016-00153-02

Fecha
3 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-33-000-2016-00153-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. MODIFICAR los ordinales cuarto y quinto de la sentencia apelada, el cual quedará en un solo ordinal, de la siguiente forma: «[…] CUARTO.- A título de restablecimiento del derecho CONDÉNESE a la Nación- Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial a reconocer y pagar al señor Eduardo Ramón Camacho Piñeres las diferencias por concepto de bonificación por compensación prevista en el Decreto 610 de 1998, equivalente al ochenta por ciento (80%) de lo que por todo concepto devengan los magistrados de altas cortes, en concordancia con los ingresos percibidos por los congresistas, incluyendo el auxilio de Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 14 Radicado: 13001-23-33-000-2016-00153-02 (2741-2024) cesantías que reciben dichos funcionarios como factor para la liquidación de la prima especial de servicios prevista en el artículo 15 de la Ley 4.ta de 1992, por el periodo comprendido entre el 3 de diciembre de 2004 y el 31 de mayo de 2013. La entidad deberá reajustar la remuneración percibida por el actor y, en todo caso, pagar únicamente la diferencia entre los valores previamente reconocidos, si existieren, y los que resulten de la liquidación ordenada. La bonificación por compensación no constituye factor salarial para los efectos de reliquidación de prestaciones sociales.» Tercero CONFIRMAR en lo demás, la sentencia proferida el trece (13) de diciembre de dos mil veintitrés (2023) por el Tribunal Administrativo de Bolívar, por medio de la cual accedió parcialmente a las pretensiones. Cuarto. Abstenerse de condenar en costas en esta instancia, según lo manifestado en esta sentencia. Quinto. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones pertinentes en el aplicativo SAMAI. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 13001-23-33-000-2016-00153-02

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

3 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., tres (03) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 13001-23-33-000-2016-00153-02 (2741-2024)
Demandante: Eduardo Camacho Piñeres.
Demandado: Nación — Rama Judicial - Consejo Superior de la Judicatura —
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

Temas: Bonificación por compensación. Incidencia prima especial de
servicios del artículo 15 de la Ley 4.ta de 1992. Análisis de la
prescripción antes y después de la entrada en vigencia del
Decreto 4040 de 2004. MODIFICA SENTENCIA

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia proferida el trece (13) de diciembre de dos mil veintitrés (2023) por el
Tribunal Administrativo de Bolívar, por medio de la cual accedió parcialmente a las
pretensiones.

ANTECEDENTES

1. El señor Eduardo Ramón Camacho instauró demanda1 en contra de la
Nación - Rama Judicial - Consejo Superior de la Judicatura — Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin de que
se acceda a las siguientes

PRETENSIONES

2. Que se declare la nulidad de las Resoluciones 637 del 9 de abril de 2014 y
5774 del 31 de diciembre de la misma anualidad, por medio de las cuales la entidad

1 Folios 1 a 18 del documento “001CuadernoPrincipal” contenido en el archivo
“5ED_EXPEDIENTE_EXPDIGrar(.rar) NroActua 2” del índice 2 de SAMAI.

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negó la bonificación por compensación; como restablecimiento del derecho, se
condene a reconocer y pagar, de manera indexada y con intereses moratorios, la
diferencia en su remuneración, equivalente al 80% de todo lo percibido por los
magistrados de altas cortes desde el 1 de junio de 1992 hasta el 31 de mayo de
2013, teniendo en cuenta la diferencia salarial entre congresistas y magistrados de
alta corte.

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

3. Que Eduardo Ramón Camacho Piñeres presta sus servicios como
magistrado del Tribunal de Bolívar.

4. Que solicitó a la entidad el pago de las diferencias dejadas de percibir.
Petición que fue negada mediante los actos acusados.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

5. Considera violados los artículos 13 y 53 de la Constitución Política; 15 de la
Ley 4 de 1992; 21 del CST; Decreto 610 de 1998; Decretos 1239 de 1998 y 1102
de 2012.

6. Que los actos demandados desconocieron la Constitución, en particular el
derecho a la igualdad, así como los principios de trabajo igual remuneración igual y
favorabilidad.

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

7. La demanda fue admitida el 29 de enero de 20182. La entidad manifestó3 que
los actos fueron expedidos de conformidad con la Constitución y la Ley. Propuso
como excepciones: (i) falta de causa para demandar y (ii) innominada.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN4

8. El Tribunal Administrativo de Bolívar mediante sentencia del 13 de diciembre
de 2023 accedió parcialmente a las pretensiones. Expuso que el demandante, en
su calidad de magistrado de la Sala Laboral del Tribunal Superior, beneficiario de la
bonificación por compensación, tiene derecho a que se reliquide dicho emolumento

2 Folios 124 a 125 ibidem.
3 Folios 134 a 140 ejusdem.
4 Documento “017Sentencia” contenido en el archivo “5ED_EXPEDIENTE_EXPDIGrar(.rar) NroActua 2” del

índice 2 de SAMAI.

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y se paguen las diferencias existentes; pues la liquidación de este debe tener en
cuenta todo lo devengado por un magistrado de alta corte, a quien para liquidar la
prima especial se le incluyen las cesantías.

9. Declaró probada la prescripción de las sumas causadas entre el 1 de junio
de 1992 y el 3 de diciembre de 2004, pues estas debieron reclamarse a partir de la
declaratoria de nulidad del Decreto 2668 de 1998, no obstante, se hizo el 20 de
marzo de 2014. Dispuso pagar «la diferencia salarial y prestacional» de la bonificación
por compensación, entre el 4 de diciembre de 2004 y el 31 de mayo de 2013, en un
monto equivalente al 80% de todo lo devengado por los magistrados de alta corte,
teniendo en cuenta para la liquidación de esta todos los ingresos laborales anuales
de carácter permanente devengados por los congresistas, incluida la incidencia de
la prima especial. Previa deducción de lo recibido por gestión judicial o bonificación
por compensación.

RECURSO DE APELACIÓN

10. La parte demandada5 interpuso recurso de apelación, bajo el argumento de
que se vulneró el principio de congruencia. Explicó que el juez de instancia ordenó
reconocer al demandante el 80% de lo que por todo concepto devenga un
magistrado de alta corte, teniendo en consideración la incidencia de la prima
especial del artículo 15 de la Ley 4 de 1992, pese a que esto no se pidió en sede
administrativa ni judicial. De igual manera, indicó que aun cuando en la decisión se
explica cómo debe liquidarse la bonificación por compensación, al dar las órdenes
se confunde esta prestación con la prima especial del referido artículo 15.

11. Añadió que la situación del actor ya fue decidida a través de la sentencia del
30 de agosto de 2010, emitida por el Juzgado Quinto Administrativo de Cartagena,
dentro del proceso radicado: 1300133310052090002500, en la que se condenó a la
entidad a «reconocer y pagar […] la bonificación por compensación establecida en los
decretos 610 de 1998 y 1239 del mismo año, en cuantía del 80% de lo devengado por los
magistrados de las altas cortes, con retroactividad al 1º de septiembre de 2008». Es decir
que la decisión que hoy se apela no puede resolver sobre periodos que ya fueron
reconocidos y pagados, pues ello hizo transito a cosa juzgada.

12. Finalmente, aseveró que, en todo caso, las sumas reclamadas se encuentran
prescritas, pues la liquidación de la bonificación por compensación teniendo en
cuenta la incidencia de la prima especial, se hizo exigible desde la fecha en que el
demandante se vinculó al servicio.

5 Documento “019RecursoApelacionDemdandada” contenido en el archivo
“5ED_EXPEDIENTE_EXPDIGrar(.rar) NroActua 2” del índice 2 de SAMAI.

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TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

13. El 7 de julio de 20256 se admitió el recurso de apelación. Las partes
guardaron silencio en la etapa de alegaciones y el Ministerio Público no rindió
concepto.

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

Problema jurídico

14. La Sala debe determinar si hay lugar a declarar la cosa juzgada; si se
desconoció el principio de congruencia al ordenar la reliquidación de la bonificación
por compensación teniendo en cuenta la incidencia de la prima especial de servicios
del artículo 15 de la Ley 4.ta de 1992 y si operó la prescripción del reajuste.

Marco normativo y jurisprudencial

Bonificación por compensación

15. La bonificación por compensación fue creada mediante el Decreto 610 de
1998 tras el reconocimiento de una brecha salarial entre los magistrados de tribunal
y cargos equivalentes frente a los magistrados de altas cortes, pues para ese
momento aquellos percibían apenas el 46 % de la remuneración de estos últimos.

16. Con tal finalidad, la norma adoptó un esquema de nivelación salarial
progresiva, mediante el cual se dispuso un incremento gradual de los ingresos
laborales de los funcionarios destinatarios del decreto7, iniciando en 1999 con un
reconocimiento equivalente al 60% de lo percibido por los magistrados de las altas
cortes y alcanzando el 80% en el 2001.

17. Con la expedición del Decreto 2668 de 1998 se derogaron los Decretos 610
de 1998 y el 1239 del mismo año—que lo había adicionado—, lo que impedía la
posibilidad de reclamar la Bonificación por Compensación. Sin embargo, dicha
disposición fue declarada nula mediante sentencia de la Sala de Conjueces de la

6 Folios 308 a 309.
7 Artículo 2.°, Decreto 610 de 1998: «La Bonificación por Compensación de que trata el artículo anterior, se

aplicará a los Magistrados de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, Contencioso Administrativo,
Nacional y Superior Militar; a los Magistrados Auxiliares de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional,
y el Consejo Superior de la Judicatura; a los Abogados Auxiliares del Consejo de Estado; a los Fiscales y Jefes
de Unidad ante el Tribunal Nacional; a los Fiscales del Tribunal Superior Militar, los Fiscales ante el Tribunal de
Distrito, y los jefes de Unidad de Fiscalía ante Tribunal de Distrito.»
Adicionado por el artículo 1 del Decreto 1239 de 1998: «a los Secretarios Generales de la Corte Suprema de
Justicia, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional y al Secretario Judicial de la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.»

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Sección Segunda del Consejo de Estado, del 25 de septiembre de 20018, con lo
cual recobraron vigencia los decretos derogados y se restableció la mentada
bonificación, configurándose este como un primer momento en que la asignación
resultó plenamente exigible.

18. No obstante, en el año 2004, mediante el Decreto 4040 el Gobierno Nacional
creó la denominada «Bonificación de Gestión Judicial», destinada a los mismos
beneficiarios del Decreto 610 de 1998, con el propósito de nivelar sus emolumentos
hasta en un 70% de lo devengado, por todo concepto, por los magistrados de las
altas cortes.

19. Esta medida se adoptó pese a la existencia previa de la Bonificación por
Compensación, que perseguía el mismo objetivo de subsanar la desigualdad
salarial, lo que dio lugar a la concurrencia de dos regímenes salariales aplicables a
un mismo grupo de servidores públicos. En ese contexto, el régimen introducido por
el Decreto 4040 de 2004 (incompatible con la Bonificación por Compensación)
reconoció un porcentaje inferior de nivelación salarial y condicionó su acceso al
desistimiento de las acciones judiciales promovidas con ocasión de la bonificación
del Decreto 610 de 1998 o, en su defecto, a la suscripción de contratos de
transacción cuando no se hubieran formulado reclamaciones previas.

20. El Decreto 4040 de 2004 fue objeto de control jurisdiccional y, mediante
sentencia del 14 de diciembre de 20119, la Sala de Conjueces de la Sección
Segunda del Consejo de Estado declaró su nulidad al considerar que el Gobierno
nacional excedió su potestad reglamentaria por establecer un régimen salarial
regresivo frente a uno previamente reconocido y vigente, en desconocimiento de los
principios de igualdad, progresividad y favorabilidad aplicables en materia salarial
para los beneficiarios de la norma.

21. Como consecuencia, el régimen previsto en el Decreto 4040 de 2004 fue
excluido del ordenamiento jurídico, y en su lugar, recobró vigencia el esquema de
la Bonificación por Compensación, sin las limitaciones, incompatibilidades ni
condicionamientos introducidos por la norma anulada, consolidándose nuevamente
la posibilidad de hacer efectiva dicha remuneración.

22. Ahora bien, lo cierto es que mientras coexistieron ambos regímenes no era
viable determinar con certeza cuál de ellos resultaba aplicable, y, en todo caso, una
vez declarada la nulidad de la Bonificación de Gestión Judicial, tampoco había
claridad del momento a partir del cual era exigible la Bonificación por
Compensación.

8 Consejo de Estado. Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 25 de septiembre de 2001. Exp. CE-

SEC2-EXP2001-N395-99. Radicado. 395-99. CP. Alvaro Lecompte Luna.
9 Consejo de Estado. Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 14 de diciembre de 2011. Exp.

11001-03-25-000-2005-00244-01 (10067-2005). CP. Carlos Arturo Orjuela Góngora.

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23. En atención a lo anterior, la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, mediante sentencia del 18 de mayo de 2016 10, desarrolló una
interpretación sobre la aplicación del Decreto 610 de 1998 y la prescripción trienal,
precisando que esta última solo comienza a contarse a partir de la exigibilidad del
derecho una vez superada la dualidad de normas presentada, la cual se configuró
con la ejecutoria de la sentencia que excluyó del ordenamiento jurídico el Decreto
4040 de 2004, esto es, desde el 28 de enero de 2012.

24. Además, precisó que, al momento de fijar el monto de la bonificación, las
sumas reconocidas a los congresistas por concepto de cesantías constituyen
ingresos laborales permanentes, por lo que integran la base de liquidación de la
prima especial de servicios de los magistrados de altas cortes, criterio que también
aplica a la bonificación por compensación, en la medida en que esta se determina
con base en lo que por todo concepto devenguen dichos funcionarios.

De la cosa juzgada

25. Esta figura procesal de contenido sustancial corresponde a una excepción
que doctrinariamente se ha entendido como mixta, por cuanto en su calidad de
medio de defensa, no solo ataca el fondo del litigio en lo relacionado con la
inviabilidad de las pretensiones o del derecho reclamado cuando su procedencia ya
ha sido analizada y juzgada, sino que también controvierte el proceso en sí mismo
desde el punto de vista formal en lo que tiene que ver con la habilitación del juez
para conocer y emitir un pronunciamiento de mérito frente a un conflicto previamente
resuelto.

26. Esta institución se deriva del principio de la seguridad jurídica11, con base en
el cual lo que se busca es dar certeza a las partes respecto de la firmeza y definición
permanente de sus controversias, a fin de evitar la existencia de decisiones
judiciales contradictorias en punto a unos mismos hechos y derechos en tensión.
Particularmente, esta corporación12, con fundamento en el artículo 303 del CGP, ha
sostenido que para que se configure:

«[…] el juez debe verificar necesariamente la existencia de tres elementos,
estos son: i) identidad de objeto, ii) identidad de causa e iii) identidad jurídica de

10 Consejo de Estado. Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 18 de mayo de 2016. Exp. 25000-

23-25-000-2010-00246-02(0845-15). CP. Jorge Iván Acuña Arrieta.
11 Véase:

Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 29 de abril de 2026. Radicado: 05001 23
31 000 2004 00657 02 (2284-2019). CP. Juan Camilo Morales Trujillo.
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 5 de marzo de 2009. Radicado: 11001-03-24-000-2004-
00262-01. CP. Rafael Ostau de Lafont P.
12 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 10 de julio de 2024. Radicado: 25000-

23-42-000-2018-02464-01 (0245-2023). CP: Juan Enrique Bedoya Escobar.

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partes. Estos elementos han sido definidos por la jurisprudencia constitucional
en los siguientes términos:

«- Identidad de objeto, es decir, la demanda debe versar sobre la misma
pretensión material o inmaterial sobre la cual se predica la cosa juzgada.
Se presenta cuando sobre lo pretendido existe un derecho reconocido,
declarado o modificado sobre una o varias cosas o sobre una relación
jurídica. Igualmente se predica identidad sobre aquellos elementos
consecuenciales de un derecho que no fueron declarados expresamente.

• Identidad de causa petendi (eadem causa petendi), es decir, la demanda
y la decisión que hizo tránsito a cosa juzgada deben tener los mismos
fundamentos o hechos como sustento. Cuando además de los mismos
hechos, la demanda presenta nuevos elementos, solamente se permite el
análisis de los nuevos supuestos, caso en el cual, el juez puede retomar
los fundamentos que constituyen cosa juzgada para proceder a fallar
sobre la nueva causa.

• Identidad de partes, es decir, al proceso deben concurrir las mismas
partes e intervinientes que resultaron vinculadas y obligadas por la
decisión que constituye cosa juzgada» […]»

Del principio de congruencia

27. El artículo 281 del CGP, respecto de la congruencia de la sentencia, prevé lo
siguiente:

«ARTÍCULO 281. CONGRUENCIAS. La sentencia deberá estar en
consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en
las demás oportunidades que este código contempla y con las excepciones que
aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley.

No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto
del pretendido en la demanda ni por causa diferente a la invocada en esta.

Si lo pedido por el demandante excede de lo probado se le reconocerá
solamente lo último.

En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del
derecho sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de haberse
propuesto la demanda, siempre que aparezca probado y que haya sido alegado
por la parte interesada a más tardar en su alegato de conclusión o que la ley
permita considerarlo de oficio […]»

28. Al respecto, esta corporación en diferentes decisiones, entre otras, las
emitidas el 25 de enero de 201813, 4 de marzo de 202114 y 22 de noviembre de la
misma anualidad15, ha sostenido que el principio de congruencia constituye un límite

13 Consejo de Estado, Sección Primera. Radicado: 25000-23-41-000-2013-00911-01.
14 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 4 de marzo de 2021, radicación: 11001-

03-25-000-2013-01223-00 (3095-13), MP. César Palomino Cortes.
15 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 22 de noviembre de 2021, radicación:

11001-03-26-000-2019-00001-00 (63.104), M.P. María Adriana Marín.

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al contenido de las decisiones judiciales, de manera que lo resuelto guarde identidad
jurídica con las peticiones y excepciones propuestas por las partes en el marco del
litigio, salvo que la ley otorgue facultades oficiosas al juez. Dicho de otro modo, este
principio es entendido como la correspondencia entre lo que se decide por el juez y
lo que constituye la materia del litigio, sin incurrir en fallos ultrapetita, extrapetita o
minuspetita16, como regla general.

29. Dicho principio tiene dos connotaciones, a saber, i) externa: cuando la
decisión está en armonía con lo pedido y alegado por las partes y ii) interna: cuando
existe coherencia en lo dispuesto en la parte resolutiva y lo argüido en la parte
motiva de la providencia17.

Resolución del caso concreto

30. El objeto de discusión en el presente caso se circunscribe a la cosa juzgada,
a la forma de liquidación del derecho, y a la prescripción.

31. Pues bien, teniendo en cuenta que la apelante alega se configuró la cosa
juzgada, bajo el argumento de que la prestación que se discute en el presente
asunto ya fue objeto de reconocimiento y pago por parte de la demandada en
cumplimiento de las decisiones emitidas en el proceso radicado:
130013331005200900025 0118, la Sala examinará si existe identidad de objeto,
causa petendi y partes respecto del referido expediente con el asunto que
actualmente está siendo analizado. Veamos:

Proceso 130013331005200900025 01 Proceso actual
Pretensión de nulidad Pretensión de nulidad

• Oficio DEAJ08-16102 del 22 de agosto - Resolución 637 del 09 de abril del
de 2008 de la Dirección Ejecutiva de 2014 de la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial Administración Judicial de Cartagena.
• Resolución 5774 del 31 de diciembre
2014 de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial

16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala 22 Especial de Revisión, providencia de 7

de abril de 2015, radicación 11001-03-15-000-2013-00358-00 (REV).
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 16 de agosto de 2002,
radicación: 76001232400019970434501 (12668): «[…] Cuando en una providencia judicial, no se respeta el
principio de la congruencia, se incurre en lo que la doctrina ha llamado fallo “ultrapetita” que consiste en
reconocer un mayor derecho que el invocado por el demandante, “extrapetita”: cuando se reconoce un derecho
que no ha sido reclamado o cuando se reconoce un derecho reclamado o se acoge la pretensión pero por una
causa diferente o deducida de hechos no alegados, y “minuspetita”: cuando se omite el pronunciamiento sobre
una de las pretensiones.»
17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Sentencia de 21 de noviembre

de 2007. Expediente: 50001233100020020019802 (15770). Actor: Germán Darío Ospina Garzón. Demandado:
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN.
18 El cual se aportó en cumplimiento del auto para mejor proveer del 14 de mayo de 2026 obrante en el índice

26 de SAMAI.

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Radicado: 13001-23-33-000-2016-00153-02 (2741-2024)

Pretensión de restablecimiento
Pretensión de restablecimiento
«SEGUNDA: Que se inaplique por
inconstitucional el decreto 4040 de 2004 en «[...] reconocer, liquidar y cancelar a la parte
cuanto a la limitante que contiene de no actora, las Diferencias Existentes entre las
reajustar y cancelar el sueldo […] de acuerdo sumas devengadas anualmente por los señores
con lo establecido en del (sic) decreto 610 de CONGRESISTAS y la devengada anualmente
1998 […] por los MAGISTRADOS DE ALTAS CORTES,
TERCERA: Que se reconozca y ordene pagar a en el equivalente al 80% de esas diferencias,
mi poderdante la bonificación conforme a lo desde el 01 de junio del (sic) 1992 hasta el 31
dispuesto en el decreto 610 de 1998, desde el de Mayo del 2013, e imputarlas al ítem salarial:
mes de septiembre de 2008 en adelante, de BONIFICACIÓN POR COMPENSACIÓN, de
manera permanente, la que sumada al salario conformidad con lo ordenado en los decretos
básico y demás ingresos laborales de los 610 y 1239 de 1.998, mediante los cuales se
Magistrados de Tribunales Superiores ascienda creó a favor de los MAGISTRADOS DE
al 80% de lo que han devengado por todo TRIBUNAL […] una Bonificación por
concepto los Magistrados de las Altas Cortes en compensación, la cual sumada a todas los otros
ese interregno, y no en la cuantía del 70% que factores salariales equivalga al 80% de lo que
se le cancela desde ese mes de septiembre con perciben los MAGISTRADOS DE LAS ALTAS
base en el decreto 4040 de 2004 […]» CORTES; por el lapso comprendido entre el día
01 de junio del (sic) 1992 hasta el 31 de Mayo
del 2013; que en síntesis debe ser la misma
suma que anualmente perciben los
Congresistas y con base al certificado de la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
en el cual se señala las diferencias anuales
entre los salarios de los Magistrados de Altas
Cortes respecto de los Congresistas» (Se
subraya)

Partes Partes

Demandante: Eduardo Camacho Piñeres Demandante: Eduardo Camacho Piñeres.

Demandado: Nación, Rama Judicial, Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. Ejecutiva de Administración Judicial.

Causa petendi
Causa petendi
La controversia gira en torno al reconocimiento
La controversia gira en torno al
de la bonificación por compensación teniendo
desconocimiento de los derechos a la igualdad
en cuenta los ingresos efectivamente recibidos
e irrenunciabilidad de los derechos salariales,
por los magistrados de las altas cortes. Es
en tanto se recibe solo el 70% de todo lo
decir, teniendo en consideración que la prima
devengado por un magistrado de alta corte,
especial que reciben estos últimos debe ser
cuando empleados bajo la misma condición
liquidada con inclusión de las cesantías de los
reciben el 80%. De ahí que proceda el
congresistas, lo cual genera una diferencia en
reconocimiento del 10% de diferencia.
la bonificación por compensación que reciben
los magistrados de tribunal, toda vez que esta
equivale al 80% de todo lo devengado de
forma efectiva por los magistrados de alta
corte.

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32. El Tribunal Administrativo de Bolívar, a través de sentencia de segunda
instancia del 16 de diciembre de 201319, emitida en el primer proceso, referido en
precedencia, confirmó la decisión del 30 de agosto de 2010 adoptada por el Juzgado
Quinto Administrativo de Cartagena, y ordenó «[…] reconocer y pagar al señor
EDUCARDO CAMACHO PIÑERES la bonificación por compensación establecida en los
decretos 610 de 1998 y 1239 del mismo año, en cuantía del 80% de lo devengado por los
magistrados de las altas cortes, con retroactividad al 1º de septiembre del 2008».

33. De acuerdo con lo anterior, es razonable colegir que aun cuando existe
identidad de partes entre uno y otro proceso, lo cierto es que difieren la causa
petendi y el objeto entre ellos. Ciertamente, en el primer proceso se pide la
inaplicación del Decreto 4040 de 2004 y el reconocimiento del 10% faltante para
completar el 80% que el Decreto 610 de 1998 prevé como bonificación por
compensación, a partir de septiembre de 2008. Mientras que en el segundo se
solicita el reconocimiento de la prestación teniendo en cuenta la incidencia que
sobre este tiene la liquidación de la prima especial del artículo 15 de la Ley 4 de
1992 con inclusión de las cesantías, durante el periodo comprendido entre el 1 de
junio de 1992 y el 31 de mayo de 2013.

34. De manera que no se encuentra probada la cosa juzgada en el caso concreto.
En consecuencia, se revisarán los demás argumentos de apelación.

35. En relación con la incongruencia entre lo pedido por el demandante y lo
resuelto por el juez de primera instancia, se advierte que en la petición presentada
en sede administrativa, se pidió «Se reconozca […] [que] tiene derecho a percibir el
80% de las diferencias patentes entre lo devengado anualmente por los
MAGISTRADOS DE ALTAS CORTES y lo devengado anualmente por LOS
SEÑORES CONGRESISTAS en virtud de lo señalado en el decreto 610 y 1239 de
1.999, los cuales crearon una bonificación en favor de los MAGISTRADOS DE
TRIBUNAL SUPERIOR […] [del] 80% de lo que devengan los MAGISTRADOS DE
LAS ALTAS CORTES […] sumas que se han de reconocer […] e imputarse al factor
[…] BONIFICACIÓN POR COMPENSACIÓN».

36. A su turno, en la demanda solicitó «[…] reconocer, liquidar y cancelar […]
las Diferencias Existentes entre las sumas devengadas anualmente por los señores
CONGRESISTAS y la devengada anualmente por los MAGISTRADOS DE ALTAS
CORTES, en el equivalente al 80% de esas diferencias, desde el 01 de junio del
1992 hasta el 31 de Mayo del 2013, e imputarlas al ítem salarial: BONIFICACIÓN
POR COMPENSACIÓN, de conformidad con lo ordenado en los decretos 610 y
1239 de 1.998, mediante los cuales se creó a favor de los MAGISTRADOS DE
TRIBUNAL […] una Bonificación por compensación, la cual sumada a todas los
otros factores salariales equivalga al 80% de lo que perciben los MAGISTRADOS

19 Folios 965 a 1055 del documento “28_RECIBEMEMORIAL_CORREO0252009JUZGADO QUINTO” obrante

en el índice 32 de SAMAI.

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DE LAS ALTAS CORTES […]».

37. De acuerdo con lo anterior, la incidencia de la prima especial de servicios fue
solicitada desde la demanda, por lo que no le asiste razón a la entidad al afirmar la
vulneración del principio de congruencia.

38. En todo caso, comparte la Sala lo decidido por el tribunal respecto de la base
de liquidación de la bonificación por compensación, por cuanto, según la
jurisprudencia de esta corporación20, dicho emolumento se fija como un porcentaje
de lo que por todo concepto reciben los magistrados de altas cortes, por lo que su
cuantía también depende de la base utilizada para el cálculo de la prima especial
de servicios prevista en el artículo 15 de la Ley 4a de 1992, reconocida a dichos
funcionarios. A su vez, esta prima se liquida con fundamento en la equiparación de
la totalidad de los emolumentos percibidos por los congresistas, dentro de los cuales
las cesantías han sido reconocidas21 como ingresos laborales anuales de carácter
permanente, y, por tanto, consideradas como factor de liquidación.

39. No obstante, revisada la forma en que se dio la orden en los ordinales cuarto
y quinto, se observa que la misma puede generar confusión y desconoce el carácter
no salarial de la bonificación por compensación; circunstancia que hace necesario
modificarla para que en un solo ordinal el restablecimiento del derecho resulte claro
y acorde con lo que el juez expuso en la parte motiva y con lo previsto en el Decreto
610 de 1998 respecto de su carácter no salarial.

40. Finalmente, para efectos de examinar la prescripción, se observa que el
demandante prestó sus servicios como magistrado del Tribunal Superior de
Cartagena, Sala Laboral, entre el 2 de junio de 1992 y el 31 de mayo de 2013 22.

41. En consideración a la fecha de ingreso, y a que antes de la entrada en
vigencia del Decreto 4040 de 2004 (3 de diciembre de 2004) no existía dualidad
normativa que afectara la exigibilidad del derecho, como regla general operaría la
prescripción respecto del lapso laborado antes de la expedición de la mentada
norma, pues así lo ha reconocido esta corporación, al señalar que la misma procede
para los periodos causados con anterioridad al 3 de diciembre de 2004.

20 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 4 de septiembre de 2025. Exp. 47001 -

23-33-000-2014-00057-02 (4173-2023). C.P. Luis Eduardo Mesa Nieves. Consejo de Estado. Sección Segunda.
Sala de Conjueces. Sentencias proferidas el 18 de mayo de 2016. Exp. 25000-23-25-000-2010-00246-02 (0845-
2015). C.P. Jorge Iván Acuña Arrieta; el 3 de diciembre de 2024. Exp. 25000-23-42-000-2018-00716-02 (0499-
2022). C.P. Clara Elisa Cifuentes Ortiz Bogotá; el 8 de octubre de 2024. Exp 17001-23-33-000-2012-00115-02
(4006-2015). C.P. Miguel Arcángel Villalobos Chavarro.
21 Consejo de Estado. Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 4 de mayo de 2009. 25000-23-25-

000-2004-05209-02(0552-07). CP. Luis Fernando Velandia Rodríguez.
22 Tal como se advierte en la constancia emitida por el coordinador de asuntos laborales de la Rama Judicial de

Cartagena el 18 de mayo de 2018, obrante a folio 153 del documento “001CuadernoPrincipal” contenido en el
archivo “5ED_EXPEDIENTE_EXPDIGrar(.rar) NroActua 2” del índice 2 de SAMAI.

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42. No obstante, la jurisprudencia23 también ha admitido un alcance excepcional
en el cómputo de dicho fenómeno, al sostener que, si el interesado demuestra haber
interrumpido la prescripción antes de esa fecha, resulta posible retrotraer sus
efectos. Esta excepción, de carácter restrictivo, fue desarrollada por la Sala de
Conjueces en sentencia del 23 de mayo de 2018, en la que se identificaron los
supuestos previstos en el artículo 2.º del Decreto 4040 de 2004 como escenarios
habilitantes para entender configurada dicha interrupción. Sobre el particular
determinó:

«[…] lo cierto es que entre el periodo comprendido entre la ejecutoria de la
sentencia que anuló el Decreto 2668 de 1998 y la fecha de expedición del
Decreto 4040 de 2004, si procede decretarla, pues en este lapso no hubo
dualidad de normas y por lo tanto, los beneficiarios de que trata el artículo 2º
del Decreto 610 de 1998 tenían la oportunidad de demandar el reconocimiento
y pago del 80% de lo que devengaban los magistrados de las altas cortes; salvo
que se encontraran en una de las dos situaciones descritas en el numeral 2º del
Decreto 4040 de 2004, que son: i) haber iniciado acciones judiciales
relacionadas con la bonificación por compensación y haber desistido a sus
pretensiones y ii) haber efectuado reclamaciones y suscribir contratos de
transacción.»

43. A partir de ese entendimiento, esta Subsección24 ha aplicado la línea
jurisprudencial referida y, particularmente frente al supuesto contemplado en el
literal b), ha considerado necesario, además de la suscripción del contrato de
transacción, acreditar la presentación de una petición ante la entidad.

44. Sin embargo, en recientes decisiones25 de la sala sobre el alcance de esa
interpretación se ha precisado que, de la lectura del literal b) del artículo 2.º del
Decreto 4040 de 2004 no se requiere la exigencia de actuaciones adicionales a la
suscripción del contrato de transacción, pues este señala que: «[…] b). Los que no
han efectuado tales reclamaciones y suscriban contratos de transacción para
precaver litigios futuros relacionados con la Bonificación por Compensación.»

45. Lo anterior sin perjuicio de que esta interpretación se aplique de igual forma
en lo que al supuesto del literal a), se refiere, esto es, «a). Quienes han iniciado
acciones judiciales relacionadas con la Bonificación por Compensación y desistan
de sus pretensiones […]»

23 Consejo de Estado. Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 23 de mayo de 2018. Exp. 17001-

23-33-000-2012-00144-02 (0602-15). C.P. Pedro Simón Vargas Sáenz; Consejo de Estado. Sección Segunda,
Sala de Conjueces. Sentencia del 2 de septiembre de 2019. Exp. 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-18).
C.P. Carmen Anaya de Castellanos; Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 26 de
junio de 2025. Exp. 25000 23 42 000 2013 00267 02 (1132-2020). C.P. Luis Eduardo Mesa Nieves.
24 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 26 de junio de 2025. Exp. 25000 23 42

000 2013 00267 02 (1132-2020). C.P. Luis Eduardo Mesa Nieves.
25 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A. Sentencias del 5 de marzo de 2026. Exp. 25000-23-

25-000-2011-00826-02 (1261-2019) y 25000-23-25-000-2012-01329-02 (1945-2024). C.P. Jorge Iván Duque
Gutiérrez.

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46. A partir de lo expuesto, en el caso concreto no obra en el expediente copia
de contrato de transacción relacionado con las reclamaciones del derecho
consagrado en el Decreto 610 de 1998, ni del desistimiento de la demanda en la
que se pretendiera la referida bonificación, con base en las cuales se pueda concluir
que el término de prescripción se interrumpió antes del 3 de diciembre de 2004
(entre el 5 de octubre de 2001 y 2 de diciembre de 2004 no hubo dualidad
normativa), por lo que estarían prescritas las sumas causadas con anterioridad a la
referida fecha.

47. En consecuencia, no se configura ninguno de los supuestos que permiten la
interrupción del término respecto del derecho causado con anterioridad a la
expedición del Decreto 4040 de 2004; por tal razón, procede declarar su
prescripción parcial, esto es, por el tiempo laborado antes del 3 de diciembre de
2004, tal como lo indicó el tribunal.

48. Así las cosas, el reconocimiento del reajuste solicitado por el demandante
debe efectuarse a partir del 3 de diciembre de 2004, pues como se expuso
previamente, esta corporación, en sentencia del 18 de mayo de 2016, definió el
cómputo de la prescripción en los siguientes términos:

«El asunto que se debate en torno a la aplicación de la prescripción trienal, es
que ante la coexistencia de dos regímenes salariales diferentes, no es posible
hablar de exigibilidad del derecho a reclamar, debido a que para los
beneficiarios de los derechos existía la disyuntiva del Decreto 610 de 1998, que
reconoce la Bonificación por Compensación Judicial y el régimen salarial del
Decreto 4040 de 2004, que reconocía la Bonificación por Gestión Judicial. Es
decir, no se podía establecer con exactitud cuál de los regímenes era el
aplicable, ante lo cual resultaba imposible referirse a la exigibilidad del derecho.

En este sentido solo puede hablarse de exigibilidad de la Bonificación por
Compensación, a partir de la fecha de ejecutoria del fallo que declaró la nulidad
del Decreto 40403, es decir el 28 de enero de 2012.

(…) Ahora bien; Sobre el tema de la prescripción, la Sala de Conjueces ha
resuelto en casos análogos, que el término de prescripción se cuenta desde que
el derecho se hace exigible, que para el caso específico se reputa sólo hasta la
fecha de ejecutoria de la sentencia que declaró la nulidad del Decreto 4040 de
2004, es decir, a partir del 28 de enero de 2012.»

49. En atención a que el demandante presentó la reclamación administrativa el
20 de marzo 201426 y a que el cómputo del término prescriptivo se cuenta a partir
del 28 de enero de 2012, se concluye que no operó el fenómeno respecto del tiempo
laborado entre el 3 de diciembre de 2004 y el 31 de mayo de 2013.

26 Folios 154 a 158 del documento “001CuadernoPrincipal” contenido en el archivo
“5ED_EXPEDIENTE_EXPDIGrar(.rar) NroActua 2” del índice 2 de SAMAI.

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De la condena en costas en segunda instancia

50. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior,
de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de
ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que
gobierna esta materia.

51. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente
de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público. Esto
creó una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición
en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el
caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el
artículo 188 del CPACA se mantiene incólume. En ese sentido la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.

52. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida. La
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

53. En consecuencia, no se impondrán costas en esta instancia a la parte
recurrente, por cuanto se accedió parcialmente a las peticiones del recurso de
apelación en la medida en que se modificará el fallo en algunos aspectos a su favor.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. MODIFICAR los ordinales cuarto y quinto de la sentencia apelada, el cual
quedará en un solo ordinal, de la siguiente forma:

«[…] CUARTO.- A título de restablecimiento del derecho CONDÉNESE a
la Nación- Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial a
reconocer y pagar al señor Eduardo Ramón Camacho Piñeres las
diferencias por concepto de bonificación por compensación prevista en el
Decreto 610 de 1998, equivalente al ochenta por ciento (80%) de lo que por
todo concepto devengan los magistrados de altas cortes, en concordancia
con los ingresos percibidos por los congresistas, incluyendo el auxilio de

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cesantías que reciben dichos funcionarios como factor para la liquidación de
la prima especial de servicios prevista en el artículo 15 de la Ley 4.ta de 1992,
por el periodo comprendido entre el 3 de diciembre de 2004 y el 31 de mayo
de 2013.

La entidad deberá reajustar la remuneración percibida por el actor y, en todo
caso, pagar únicamente la diferencia entre los valores previamente
reconocidos, si existieren, y los que resulten de la liquidación ordenada.

La bonificación por compensación no constituye factor salarial para los
efectos de reliquidación de prestaciones sociales.»

Tercero CONFIRMAR en lo demás, la sentencia proferida el trece (13) de diciembre
de dos mil veintitrés (2023) por el Tribunal Administrativo de Bolívar, por medio de
la cual accedió parcialmente a las pretensiones.

Cuarto. Abstenerse de condenar en costas en esta instancia, según lo manifestado
en esta sentencia.

Quinto. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones
pertinentes en el aplicativo SAMAI.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

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