Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 63001-23-33-000-2017-00546-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 63001-23-33-000-2017-00546-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 63001-23-33-000-2017-00546-02
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
17 de julio de 2026
Radicación: 63001-23-33-000-2017-00546-02 (4680-2023)
Demandante: Rigoberto Reyes Gómez
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá, D.C., diecisiete (17) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 63001-23-33-000-2017-00546-02 (4680-2023)
Demandante: Rigoberto Reyes Gómez
Demandado: Nación-Rama Judicial- Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial
Tema: Bonificación por compensación
Decisión: Adiciona numeral cuarto frente al límite de la base de cotización
del Sistema General de Seguridad Social, confirma en lo
demás. Sin condena en costas
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
1. Comoquiera que ninguno de los miembros de la Sala advierte causal de
impedimento para conocer del presente asunto1, se procede a resolver el recurso
de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del 12 de
enero de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío, que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
Pretensiones de la demanda
2. La parte demandante solicitó la nulidad del Oficio No. DESAJAR16 – 2200 del
14 de diciembre de 2016,2 mediante el cual la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial negó el reconocimiento y pago del reajuste solicitado por
la parte actora, y el acto ficto o presunto derivado de la no respuesta al recurso
de apelación.
3. A título de restablecimiento del derecho, peticionó:3 «3. […] se reconozca,
reliquide y pague desde el 01 de marzo del año 2001 y en adelante, la diferencia
1 Actualmente los miembros de la Sala no tienen un proceso pendiente o interés actual frente a aspectos
relacionados con el reconocimiento de la bonificación por compensación objeto del presente proceso. Cabe
precisar que, si bien el consejero Luis Eduardo Mesa Nieves manifestaba impedimento para conocer de
asuntos relacionados con la prima especial del artículo 14 de la Ley 4 de 1992, por tener un proceso en
trámite en el que se debatía un asunto similar, el mismo fue definido mediante sentencia del 16 de septiembre
de 2025, decisión que se encuentra ejecutoriada, por lo que a la fecha no existe pleito pendiente entre las
partes o interés actual sobre la controversia. Por otra parte, se advierte que el ponente en casos anteriores
había manifestado impedimento por pleito pendiente; sin embargo, este fue resuelto por la Sala mediate
auto del 9 de abril de 2026, declarándolo infundado.
2 Índice 33 expediente digital en OneDrive, documento 6. RespuestaReclamacion, gestión en otros
despachos de Samai.
3 Se hace transcripción textual de la pretensión de la demanda.
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Demandante: Rigoberto Reyes Gómez
salarial adeudada por concepto de la prima especial de servicios4, la que debe
liquidarse tomando todos los ingresos laborales totales anuales de carácter
permanente devengados por los magistrados de las Altas Cortes, quienes a su
vez para el cálculo y pago de la remuneración mensual dependen de los que
devengan los congresistas».
Hechos que fundamentan la demanda
4. El actor presta sus servicios a la Rama Judicial como magistrado del Tribunal
Administrativo del Quindío, desde el 1 de marzo de 2001 hasta la actualidad.
5. Elevó petición ante la entidad demandada el 9 de noviembre de 2016, la cual
fue resuelta de manera negativa mediante los actos acusados.
Fundamentos de derecho
6. Para el abogado de la parte actora, las decisiones enjuiciadas vulneraron los
artículos 1, 2, 13, 53 y 58 de la Constitución Política; artículos 127 del Código
Sustantivo de Trabajo; 2 y 15 de la Ley 4 de 1992; 10, 102, 189 y 269 de la Ley
1437 de 2011; 1 y 2 del Decreto 10 de 1993; 1, 2 y 3 del Decreto 610 de 1998.
7. Al desarrollar el concepto de violación, señaló que el actor es beneficiario del
Decreto 610 de 1998, por lo que se le debe reconocer la proporción allí
determinada, teniendo en cuenta para su liquidación todos los factores anuales
de carácter permanente de los magistrados de Altas Cortes, los cuales devengan
lo mismo que los congresistas, sin que haya razón legal para excluir de estos
factores el auxilio de cesantías.
Contestación de la demanda
8. La Rama judicial contestó la demanda5 y se opuso a la prosperidad de las
pretensiones, por considerar que al incluir en la liquidación de las prestaciones
sociales el valor obtenido como diferencia entre el 80% de la remuneración anual
de magistrados de Ata Corte, y la remuneración anual proyectada del magistrado
de Tribunal, tiene como consecuencia que sobrepasa el tope establecido en el
Decreto 610 de 1998.
9. Además, presentó las excepciones de «no comprender la demanda a todos los
litisconsortes necesarios», «ausencia de causa petendi» y «prescripción».
Sentencia de primera instancia
4
El demandante se refiere a la prima establecida en el artículo 15 de la Ley 4 de 1992.
5 Índice 33 expediente digital en OneDrive, documentos 33.ContestacDeman y
35.AdicionConstestacDemand gestión en otros despachos de Samai.
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10. Mediante sentencia del 12 de enero de 2023,6 el Tribunal Administrativo del
Quindío accedió parcialmente a las súplicas de la demanda. Para arribar a esa
decisión, el a quo indicó que la prima especial de servicios, de que trata el artículo
15 de la Ley 4 de 1992, no aplica para los magistrados de Tribunal, sino
únicamente para magistrados de Alta Corte.
11. Asimismo, refirió que «una correcta interpretación de la pretensión segunda
de la demanda presentada, en concordancia con los hechos narrados y los
fundamentos de derecho expuestos, lleva a la Sala a inferir que, lo buscado por
dicho extremo procesal es, que al momento de realizar las correspondientes
liquidaciones salariales y prestacionales a favor del demandante, los cuales se
obtienen de aplicar el 80% a la totalidad de los emolumentos devengados por un
Magistrado de Alta Corte, se incluya también, como partida componente de lo
recibido por éstos, lo que devengan por concepto de prima especial de que trata
en artículo 15 de la Ley 4 en cita».
12. Así las cosas, concluyó que los magistrados de los tribunales tienen
derecho a que se les incluya el concepto liquidado de auxilio de cesantías
percibidas por los magistrados de Altas Cortes al monto de su liquidación,
conforme al porcentaje del 80% de lo que por todo concepto devenguen
anualmente éstos, conforme al Decreto 610 de 1998. Además, agregó que el
reajuste solicitado no puede superar el tope establecido en esa norma.
13. Ahora, frente a la prescripción indicó que la reclamación fue radicada el 9
de noviembre de 2016, por lo que operó dicho fenómeno frente a las diferencias
reclamadas anteriores al 9 de noviembre de 2013.
14. En consecuencia, declaró la nulidad de los actos administrativos
demandados, y a título de restablecimiento del derecho dispuso:
TERCERO: CONDENAR a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL, a reconocer, liquidar y
pagar al Doctor Rigoberto Reyes Gómez, las sumas de dinero resultantes de la
aplicación de las pautas indicadas en el numeral 3.67. de la presente sentencia.
CUARTO: CONDENAR a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL, a reconocer, liquidar y
pagar a las entidades correspondientes, a título de restablecimiento del derecho,
los porcentajes de cotización correspondientes al empleador en Pensión y Salud
que debió trasladar a los Fondos de pensiones y las administradores [sic] de los
servicios de salud, durante los periodos en que tiene incidencia la presente
sentencia. […].
Recurso de apelación
6 Índice 56, gestión en otros despachos de Samai.
7 «Teniendo en cuenta que los ingresos de los Magistrados de Alta Corte se liquidan en atención a lo recibido
por un Congresista, toda vez que la diferencia se nivela con la prima especial creada por el artículo 15 de la
Ley 4 de 1992 […].
El resultado obtenido deberá ser comparado con el resultado que arroje la sumatoria de la totalidad de los
ingresos obtenidos durante todo el año 2013, por el Doctor Rigoberto Reyes Gómez, por todo concepto
derivado de la relación laboral, incluidos: el sueldo básico, prima especial de servicios, bonificación por
compensación, bonificación por servicios, prima de servicios, vacaciones, prima de vacaciones, prima de
navidad, cesantías […]».
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15. La apoderada de la parte demandada recurrió en apelación8 la sentencia
de primera instancia.
16. Adujo que la sentencia de primera instancia es incongruente y vulnera el
debido proceso toda vez que, en ella se decidió extra petita, pues en el numeral
cuarto se condenó a la entidad al reconocimiento y pago de las cotizaciones al
Sistema de Seguridad Social en Pensión y Salud, esto por fuera de las
pretensiones incoadas por el demandante. Igualmente, sostuvo que se vulneran
los derechos de defensa y contradicción, pues la entidad no tuvo oportunidad de
pronunciarse sobre esta orden.
17. Además, señaló que no es posible realizar tales aportes, pues superaría el
tope máximo del salario base de cotización al Sistema de Seguridad Social que
se encuentra determinado en 25 smlmv.
Trámite correspondiente a la segunda instancia
18. Por auto del 21 de abril de 20269, se admitió el recurso de apelación, y se
ordenó correr traslado a las partes y al agente del Ministerio Público para que
presentaran sus alegatos de conclusión.
19. Las partes guardaron silencio.
20. Control de legalidad. La Sala observa que el proceso se ha tramitado en legal
forma, sin que se advierta causal de nulidad que invalide lo actuado, por lo que se
resolverá la apelación, previas las siguientes:
II. CONSIDERACIONES
Competencia
21. De conformidad con lo establecido en el artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo10, esta Sala de
Subsección del Consejo de Estado es competente para resolver los recursos de
apelación interpuestos contra las sentencias dictadas en primera instancia por los
Tribunales Administrativos.
Problema jurídico
22. Le corresponde a la Sala establecer si el fallo fue incongruente al acceder al
pago de los aportes a salud y pensión, y si dicha orden podría conducir a que se
desconozca el tope de los 25 smlmv establecido en la ley para los aportes a la
8 Índice 58, gestión en otros despachos de Samai.
9 índice 18 de Samai.
10 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
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seguridad social.
23. Para resolver los problemas planteados se abordarán los siguientes aspectos:
1. la bonificación por compensación y el precedente jurisprudencial; 2. Hechos
probados; y 3. Caso concreto.
La bonificación por compensación
24. El Congreso de la República expidió la Ley 4ª de 199211, la cual en el artículo
15 estableció una prima especial de servicios, sin carácter salarial, para los
magistrados de Alta Corte, que sumada a los demás ingresos laborales, igualen
a los percibidos en su totalidad, por los miembros del Congreso, sin que en
ningún caso los supere, es decir, se equiparó el salario de los magistrados de las
Altas Cortes al de los congresistas.
25. En el año 1998, el Gobierno nacional expidió el Decreto 610 y en su artículo
1 creó la bonificación por compensación, equivalente al 60%, 70% y 80% para
las vigencias fiscales 1999, 2000 y 2001 en adelante; en otros términos, se creó
una bonificación por compensación, equivalente al 60% de lo que por todo
concepto devenguen los magistrados de las Altas Cortes para el año 1999,
el 70% para el año 2000 y del año 2001 en adelante el 80%.
26. Así que, el valor que se cancela por bonificación por compensación es el
resultado de tener en cuenta los ingresos anuales que «por todo concepto»
reciban los magistrados de Alta Corte, para así poder fijar los ingresos anuales
del magistrado de tribunal y demás cargos equivalentes, en un 80% a partir del
año 2001.
27. En distintas providencias12, ha precisado esta Corporación con fundamento
en el marco normativo reseñado que los beneficiarios de la bonificación por
compensación tienen derecho al 80% de los ingresos que por todo concepto
salarial y prestacional devengan los magistrados de Alta Corte, teniendo en
cuenta que éstos deben percibir lo mismo que devengan los congresistas
incluyendo el auxilio de cesantías como parámetro para determinar la liquidación
de la prima especial de servicios de que trata el artículo 15 de la Ley 4 de 1992.
11 «Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional
para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso
Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales
y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales
e) y f) de la Constitución Política».
12 Sentencia proferida el 18 de mayo de 2016 por la Sala de Conjueces – Sección Segunda del Consejo de
Estado, Rad. 250002325000201000246-02, Demandante: Jorge Luis Quiroz Alemán. Conjuez Ponente
Doctor Jorge Iván Acuña Arrieta. Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso Administrativo Sección
Segunda- Sala de Conjueces, conjuez ponente: Clara Elisa Cifuentes Ortiz Bogotá, sentencia tres (03) de
diciembre de dos mil veinticuatro (2024). Referencia: 25000234200020180071602 Número interno: 0499-
2022; Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso Administrativo-Sección Segunda- Sala de Conjueces,
conjuez ponente: Miguel Arcángel Villalobos Chavarro sentencia ocho (8) de octubre de dos mil veinticuatro
(2024) Referencia: Expediente N° 17001-23-33-000-2012-00115-02 Número interno: 4006-2015; Consejo
de Estado- Sala de lo Contencioso Administrativo- Sección Segunda- Sala de Conjueces- conjuez ponente:
Jorge Edisson Portocarrero Banguera- sentencia seis (06) de junio de dos mil veintitrés (2023), Referencia:
25000-23-25-000-2011-00150-02- NI:1139-2019; entre otros.
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28. Por otro lado, la exigibilidad del derecho para reclamar el reconocimiento de
la bonificación por compensación regulada en el Decreto 610 de 1998 se dio en
dos tiempos diferentes, con la ejecutoria de la sentencia que declaró la nulidad
del Decreto 2668 (originado durante los períodos comprendidos entre el 5 de
octubre de 2001 y el 2 de diciembre de 2004, periodo en el cual no hubo dualidad
de normas) y con la ejecutoria de la sentencia que declaró la nulidad del Decreto
4040 (3 de diciembre de 2004 y el 27 de enero de 2012 solamente se hicieron
exigibles a partir del 28 de enero de 2012), y ese momento de exigibilidad debe
analizarse en cada caso concreto13. Sirve para ilustrar lo dicho el siguiente
esquema:
Hechos probados
29. Acreditado está en el expediente, que el demandante presta sus servicios a
la Rama Judicial, como magistrado del Tribunal Administrativo del Quindío desde
el 1 de marzo de 2001, sin que a la fecha se reporte retiro del servicio. 14
30. Que percibió la bonificación por compensación consagrada en el Decreto
610 de 1998,15, la cual ha sido percibida durante el tiempo de su vinculación como
magistrado de Tribunal16.
31. Que el 9 de noviembre de 2016,17 el actor solicitó a la demandada el reajuste
de la bonificación por compensación, pero esta petición fue negada mediante los
actos demandados.
Caso concreto
13 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala Plena de Conjueces, expediente N° 41001-23-33-000-2016-
00041-02 (número interno 2204-2018), del 2 de septiembre de 2019.
14 Índice 33 expediente digital en OneDrive, documento 15. Certificads-pág. 1, gestión en otros despachos
de Samai.
15 Decreto 4040 de 2004: artículo 2.
Parágrafo 2º. La Bonificación de Gestión Judicial tendrá efectos fiscales a partir del 1ode enero de 2004 y
es incompatible con la Bonificación por Compensación, que hasta la fecha de expedición del presente
Decreto se viene reconociendo a los servidores citados en el presente artículo.
16 Índice 33 expediente digital en OneDrive, documentos 15. CertificadSalariales -págs. 1-16 y 50 CD.
PRUEBA, gestión en otros despachos de Samai.
17 Índice 33 expediente digital en OneDrive, documento 5.RecamacionAdtiva, gestión en otros despachos
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32. La entidad recurrente sostuvo que la sentencia de primera instancia vulneró el
principio de congruencia, pues condenó al pago de los aportes a pensión y salud,
pretensión que no fue solicitada por el demandante.
33. Al respecto, se tiene que los supuestos que dan lugar a la incongruencia de la
sentencia se verifican cuando al demandado se le condena por cantidad superior
a la pedida (“ultra petita”), o por objeto distinto del pretendido en la demanda o por
causa diferente a la invocada en la misma (“extra petita”), o cuando se omite el
pronunciamiento sobre una de las pretensiones (“minus petita”)18.
34. Ahora bien, una de las garantías del debido proceso consiste en el límite que
tiene la judicatura de no introducir sorpresivamente alegaciones o cuestiones de
hecho, de manera que las partes no hayan podido ejercer su plena y oportuna
defensa; por ello, la conformidad entre la sentencia y la demanda en cuanto a las
personas, el objeto y la causa, es ineludible exigencia de cumplimiento de
principios sustanciales del juicio relativos a la igualdad, bilateralidad y equilibrio
procesal, toda vez que la litis fija los límites de los poderes del juez de manera que
lo resuelto guarde identidad jurídica con las peticiones y excepciones propuestas
por las partes en el marco del litigio, salvo que la ley otorgue facultades oficiosas
al juez19. Cuando se supera este marco de operatividad se produce el
quebrantamiento del principio de congruencia.
35. Revisado el expediente, la Sala encuentra que en las pretensiones de la
demanda la parte actora solicitó: «la diferencia salarial adeudada». Asimismo, se
advierte que bajo los mismos términos fue solicitado ante la entidad demandada.
36. En consecuencia, la Sala considera que tanto en la reclamación administrativa
como en las pretensiones de la demanda y lo expuesto en el concepto de violación
se solicitó «la diferencia salarial adeudada», en relación con el reajuste
contemplado en el Decreto 610 de 1998, en ese orden de ideas, se entiende que
dentro de tal solicitud están inmersos los aportes a pensión y salud, ya que la
bonificación por compensación es factor salarial para liquidar tales prestaciones,
por lo que es procedente dicho reconocimiento al reajustar las cotizaciones
respectivas.
37. Ahora, es del caso señalar que la cotización a pensión está íntimamente
relacionada con el restablecimiento del derecho, por lo que, al ordenar el
reajuste de dicho emolumento, es deber de la entidad realizar el pago de los
aportes al Sistema General de Pensiones, de conformidad con la ley, por ser un
18 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión No. 22,
sentencia del 2 de febrero de 2016, radicación: 11001-03-15-000-2015-02342-00, C.P. Alberto Yepes
Barreiro.
19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia
del 4 de marzo de 2021, radicación: 11001-03-25-000-2013-01223-00(3095-13), C.P. César Palomino
Cortés; Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 22 de noviembre de 2021, radicación: 11001-03-26-
000-2019-00001-00 (63.104), C.P. María Adriana Marín.
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derecho imprescriptible20 e irrenunciable21 a favor del trabajador y por virtud de
lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 100 de 1993 son obligatorios por la
sostenibilidad del sistema22.
38. Además, frente a las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social en
Salud, esta sala destaca que tal punto fue abordado en sentencia del 4 de
septiembre de 2025,23 en la que se recordó que los mencionados giros constituyen
contribuciones parafiscales que, entendidos como tributos según la Sección
Cuarta del Consejo de Estado,24 tienen una naturaleza de imprescriptibilidad y de
obligatoriedad de recaudo basado en los principios de universalidad y solidaridad,
lo cual convalida la carga de reconocerlos y pagarlos sobre el cálculo de un IBC,
incluso sin importar que las normas de un régimen salarial los contemple o no, o
al margen también de la disponibilidad del servicio a título de contraprestación.
39. Así las cosas, dicha cotización se paga porque es una obligación de todo
afiliado para financiar el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Lo
anterior, por cuanto los artículos 157 de la Ley 100 de 199325 y 2.1.4.1. del Decreto
780 de 201626 prevén que todo colombiano participará en el servicio de salud,
dentro de los cuales algunos actúan como afiliados cotizantes obligatorios, entre
estos, los trabajadores privados o servidores públicos sin distinción de su calidad
o régimen aplicables, quienes junto con sus respectivos empleadores tienen a
cargo en sus correspondientes proporciones la totalidad del aporte según los
artículos 160, 161, 202 y 204 de la primera norma.
40. Además, tal como lo ha precisado la Sala «el aporte al SGSSS es obligatorio,
calculado sobre el ingreso base de cotización que, según el parágrafo 1.º del
20
La Sala no hará pronunciamiento alguno frente a dicho aspecto, ya que se afectaría al apelante único.
21 La sentencia del 25 de agosto de 2016, radicación 23001 23 33 000 2013 00260 01 (0088-15) consejero
ponente, Carmelo Perdomo Cuéter, precisó: «la Sala aclara que la prescripción extintiva no es dable aplicar
frente a los aportes para pensión, en atención a la condición periódica del derecho pensional, que los hace
imprescriptibles, pues aquellos se causan día a día y en tal sentido se pueden solicitar en cualquier época,
mientras que las prestaciones sociales y salariales, al ser pagadas por una sola vez, sí son susceptibles del
mencionado fenómeno, por tener el carácter de emolumentos económicos temporales».
22 Ver sentencia del Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala de conjueces de la
Sección Segunda- providencia del 4 de julio de 2024, conjuez ponente: Clara Elisa Cifuentes Ortíz,
radicación: 25000-23-42-0002017-05349-02 (2828-2021).
23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia
del 4 de septiembre de 2025. Radicado 25000-23-42-000-2019-00139-01 (4887-2023).
24 Sentencias de 31 de agosto de 2006, Exp. 14008 C.P. Ligia López Díaz y 30 de octubre de 2008, Exp.
16099.
25 ARTÍCULO 157. Tipos de participantes en el Sistema General de Seguridad Social en Salud. A partir de
la sanción de la presente Ley, todo colombiano participará en el servicio esencial de salud que permite el
Sistema General de Seguridad Social en Salud. Unos lo harán en su condición de afiliados al régimen
contributivo o subsidiado y otros lo harán en forma temporal como participantes vinculados.
A. Afiliados al Sistema de Seguridad Social.
Existirán dos tipos de afiliados al Sistema General de Seguridad Social en salud:
1. Los afiliados al Sistema mediante el régimen contributivo son las personas vinculadas a través de contrato
de trabajo, los servidores públicos, los pensionados y jubilados y los trabajadores independientes con
capacidad de pago. Estas personas deberán afiliarse al Sistema mediante las normas del régimen
contributivo de que trata el capítulo I del Título III de la presente Ley. […]» (Subrayado intencional).
26 “Por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social”. ARTÍCULO
2.1.4.1. Afiliados al régimen contributivo. Pertenecerán al Régimen Contributivo del Sistema General de
Seguridad Social en Salud
1. Como cotizantes:
[…] 1.3. Los pensionados por jubilación, vejez, invalidez, sobrevivientes, sustitutos o pensión gracia tanto
del sector público como del sector privado.
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Demandante: Rigoberto Reyes Gómez
artículo 204 de la Ley 100 de 1993,27 debe ser exactamente igual al que se tenga
en cuenta para el sistema pensional. Lo anterior corrobora la premisa relativa a
que, si la prima especial de servicios del artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992 es factor
salarial para la liquidación de la pensión de jubilación, al punto de que se realizan
aportes sobre tal emolumento, necesariamente debe seguirse la misma
interpretación para entender que dicho haber laboral también hace parte del IBC
para cotizar a salud»28. En consecuencia, el cargo alegado por la entidad
demandada no tiene vocación de prosperidad.
41. Por otro lado, la entidad sostiene que de acceder al reajuste de los aportes al
Sistema de Seguridad Social se superaría el tope establecido en la ley respecto
de la base de cotización. Al respecto, se encuentra que el artículo 18 de la Ley
100 de 1993 fue modificado por el artículo 5 de la Ley 797 de 200329, el cual elevó
la base de cotización hasta el tope de 25 smmlv30, al indicar:
Artículo 5. El inciso 4 y parágrafo del artículo 18 de la Ley 100 de 1993 quedarán
así:
Artículo 18. Base de Cotización. […]
El límite de la base de cotización será de veinticinco (25) salarios mínimos legales
mensuales vigentes para trabajadores del sector público y privado. Cuando se
devenguen mensualmente más de veinticinco (25) salarios mínimos legales
mensuales vigentes la base de cotización será reglamentada por el gobierno
nacional y podrá ser hasta de 45 salarios mínimos legales mensuales para
garantizar pensiones hasta de veinticinco (25) salarios mínimos legales.
[…]
En todo caso, el monto de la cotización mantendrá siempre una relación directa y
proporcional al monto de la pensión.
42. En este orden de ideas, los servidores públicos deben efectuar aportes al
sistema de seguridad social con base en los parámetros fijados por el Gobierno
nacional. A su vez, el legislador reivindicó una regla de correspondencia entre el
ingreso y el aporte31 y previó que el monto de la cotización debía mantener una
relación directa y proporcional con el monto de la pensión. Esta última directriz
fue reiterada en el Acto Legislativo 1 de 2005 al indicar que «[p]ara la liquidación
de las pensiones sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada
persona hubiere efectuado las cotizaciones».
43. Igualmente, mediante el Decreto 2322 de 202232 se dispuso lo siguiente:
27 «[…] La base de cotización de las personas vinculadas mediante contrato de trabajo o como servidores
públicos, afiliados obligatorios al Sistema General de Seguridad Social en Salud, será la misma contemplada
en el Sistema General de Pensiones […]»
28 Consejo De Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Segunda - Subsección A –
consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez – sentencia del catorce (14) de mayo de dos mil
veintiséis (2026), Referencia: 6001-23-33-000-2022-00760-02 (1530-2025).
29 Reglamentado parcialmente por el Decreto Nacional 510 de 2003.
30 Salario mínimo legal mensual vigente.
31 Al respecto, pueden consultarse las siguientes providencias: i) de la Corte constitucional, Sentencia C-
760 de 2004; ii) del Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 19 de agosto de 2004, radicado:
11001-03-25-000-2002-00175-01 (3403-02).
32 «por el cual se cumple un fallo judicial y se adiciona el parágrafo 2 al artículo 2.2.3.1.7 del Decreto número
1833 de 2016, para efectos de reglamentar el inciso 4° del artículo 18 de la Ley 100 de 1993 modificado por
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Artículo 1°.Adición del parágrafo 2° al artículo 2.2.3.1.7 del Decreto número 1833
de 2016. Adiciónese el parágrafo 2° al artículo 2.2.3.1.7. del Decreto número 1833
de 2016, por el cual se compilan las normas del Sistema General de Pensiones el
cual quedará así:
“Artículo 2.2.3.1.7. Límites a la base de cotización a partir de marzo de
2003. La base de cotización del sistema general de pensiones será como mínimo
en todos los casos de un salario mínimo legal mensual vigente, y máximo de
veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes, límite este que le es
aplicable al sistema de seguridad social en salud. Este límite se aplicará a las
cotizaciones cuyo pago debe efectuarse a partir del mes de marzo.
La base de cotización para el sistema general de pensiones deberá ser la misma
que la base de la cotización del sistema general de seguridad social en salud.
Parágrafo 1°. Cuando una persona dependiente deba realizar cotizaciones
adicionales como independiente o por prestación de servicios, para los efectos del
parágrafo primero del artículo 5° de la Ley 797 de 2003, que modifica el artículo 18
de la Ley 100 de 1993, deberá informar en los formatos que para tal efecto
establezca la Superintendencia Financiera de Colombia el ingreso que
efectivamente perciba manifestando la fuente de sus recursos.
Parágrafo 2°. El límite de la base de cotización del sistema general de seguridad
social integral será como máximo de cuarenta y cinco (45) salarios mínimos legales
mensuales vigentes, siempre y cuando: i) el crecimiento real de la economía
colombiana sea superior al 4% durante al menos las últimas tres vigencias fiscales;
y ii) el gasto fiscal en pensiones sea inferior a 2 puntos porcentuales del PIB”.
44. De acuerdo con el anterior criterio, el legislador se encuentra facultado para
establecer la figura de los topes al ingreso base de cotización y a las pensiones
como una medida idónea, proporcional y razonable en aras de garantizar la
cobertura universal del Sistema de Seguridad Social en pensiones.
45. Además, el artículo 5 de la Ley 797 de 2003 estableció un límite general de
ingreso base de cotización de 25 SMLMV, pero también previó que cuando se
devenguen mensualmente más de 25 SMLMV la base de cotización podrá ser
hasta de 45 SMLMV para garantizar pensiones hasta 25 SMLMV, para el efecto
conminó al Gobierno nacional a reglamentar esta última hipótesis, lo cual ocurrió
con el Decreto 2322 de 2022.
46. En efecto, dicho decreto permitió efectuar cotizaciones de hasta 45 SMLMV
siempre y cuando: i) el crecimiento real de la economía colombiana sea superior
al 4% durante al menos las últimas tres vigencias fiscales; y ii) el gasto fiscal en
pensiones sea inferior a 2 puntos porcentuales del PIB.
47. Conforme a lo anterior, la Sala adicionará el numeral cuarto de la sentencia
impugnada, en el sentido de precisar que la base de cotización no podrá superar
el límite establecido en el artículo 5 de la Ley 797 de 2003, teniendo en cuenta
que si percibe más de 25 SMLMV, podría efectuarse cotizaciones hasta por 45
el artículo 5° de la Ley 797 de 2003, sobre el límite máximo de cotización al Sistema General de Seguridad
Social Integral».
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SMLMV conforme a las reglas establecidas en el Decreto 2322 de 2022, y demás
normas legales y reglamentarias que desarrollen la materia.
48. Así las cosas, se dispondrá: i) adicionar el numeral cuarto en el sentido de
precisar el límite de la base de cotización del Sistema General de Seguridad
Social; y ii) se confirmará en lo demás la sentencia apelada.
Condena en costas
49. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma
de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que
gobierna esta materia.
50. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese
sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida
en el proceso.
51. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
52. En este contexto, en el caso concreto no procede la condena en costas, toda
vez que el recurso de apelación está siendo concedido parcialmente, por manera
que no puede predicarse que alguna de las partes haya sido vencida en el
proceso. En consecuencia, se prescindirá de la condena en costas en esta
instancia.
53. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO. ADICIONAR el numeral cuarto de la sentencia impugnada en el
sentido de precisar que la base de cotización no podrá superar el límite
establecido en el artículo 5 de la Ley 797 de 2003. Igualmente, debe tenerse en
cuenta que a partir de la entrada en vigencia del Decreto 2322 de 2022 pueden
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efectuarse cotizaciones hasta por 45 smlmv, por lo que también deberá
respetarse dicha disposición y las demás que desarrollen la materia.
SEGUNDO. CONFIRMAR en lo demás la sentencia del 12 de enero de 2023,
proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta sentencia.
TERCERO. Sin condena en costas en esta instancia, conforme a lo expuesto en
la parte considerativa de esta providencia.
CUARTO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior decisión fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada por los consejeros de Estado, en la sede electrónica
para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley y el artículo 186 del CPACA.
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