Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2019-01071-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2019-01071-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 76001-23-33-000-2019-01071-02
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
12 de agosto de 2026
Radicación: 76001-23-33-000-2019-01071-02 (0061-2026)
Demandante: Mónica Calderón Cruz
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá, D.C., doce (12) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 76001-23-33-000-2019-01071-02 (0061-2026)
Demandante: Mónica Calderón Cruz
Sucesores procesales: Carlos Andrés y Paula Andrea Ríos Calderón
Demandado: Nación - Rama Judicial- Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial
Tema: Bonificación por compensación
Decisión: Confirma sentencia. Con condena en costas
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
1. Comoquiera que ninguno de los miembros de la Sala advierte causal de
impedimento para conocer del presente asunto1, se procede a resolver el recurso
de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del 16 de
septiembre de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
que accedió a las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
Pretensiones de la demanda
2. La parte demandante solicitó la nulidad de la Resolución DESAJCLR19-5644
del 9 de mayo de 2019,2 mediante la cual la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial Cali- Valle del Cauca negó el reconocimiento y pago del
reajuste solicitado por la parte actora, y del acto ficto o presunto que negó el
recurso de apelación.
3. A título de restablecimiento del derecho, peticionó3: «4. […]reliquidación y
pago en adelante de la Bonificación por compensación de que ha sido beneficiaría mi
mandante durante el tiempo que ha ejercido el cargo de Magistrada de Tribunal Superior,
teniendo en cuenta para su liquidación lo estipulado en el artículo 15 de la Ley 4a de
1992, es decir, incluyendo la prima especial de servicios devengada por los Magistrados
1 Actualmente los miembros de la Sala no tienen un proceso pendiente o interés actual frente a aspectos
relacionados con el reconocimiento de la bonificación por compensación, objeto del presente proceso. Por
otra parte, se advierte que el ponente en casos anteriores había manifestado impedimento por pleito
pendiente; sin embargo, este fue resuelto por la Sala mediate auto del 9 de abril de 2026, declarándolo
infundado.
2 Índice 18 expediente digital, documento pdf 5400083570, págs. 4-7 gestión en otros despachos de Samai.
3 Se hace transcripción textual de la pretensión de la demanda.
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Demandante: Mónica Calderón Cruz
de Altas Cortes, prima que para su correcta liquidación debe incluir las cesantías
percibidas por los Congresistas, sin perjuicio de los establecido en la Circular No.
DEAJC19-68 del 6 de agosto de 2019 expedida por la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial».
Hechos que fundamentan la demanda
4. La señora Mónica Calderón Cruz prestó sus servicios a la Rama Judicial desde
el «15 de diciembre de 2011».
5. Elevó petición ante la entidad demandada el 5 de abril de 2019, la cual fue
resuelta de manera negativa mediante los actos acusados.
6. Puso de presente que la entidad demandada expidió la Circular No. DEAJC
19-68 de 16 de agosto de 2019, informando que procedería a actualizar los
montos de la bonificación por compensación incluyendo el valor de las cesantías
de los congresistas, a partir de la nómina del mes de agosto de 2019. Sin
embargo, nada indicó del pago de las diferencias de los periodos anteriores.
Fundamentos de derecho
7. Para el abogado de la parte actora, las decisiones enjuiciadas vulneraron los
artículos 2, 4, 6, 13, 23, 25, 29, 53, 55, 58, 150, 228, 277 y 280 de la Constitución
Política; 1, 2, 15 y 16 de la Ley 4 de 1992; Decreto 610 de 1998 y Decreto 1102
de 2012.
8. Al desarrollar el concepto de violación, señaló que el Decreto 610 de 1998
garantiza que sus beneficiarios perciban un porcentaje del total de ingresos
laborales devengados por los magistrados de las Altas Cortes, por lo que es
necesario que el monto percibido por dichos funcionarios haya sido liquidado
teniendo en cuenta las cesantías percibidas por los congresistas, para determinar
el valor de la bonificación por compensación a la que tiene derecho la
demandante.
Contestación de la demanda
9. La Rama judicial contestó la demanda4 y se opuso a la prosperidad de las
pretensiones, por considerar que en virtud de lo dispuesto en el Decreto 1102 de
2012 se reconoció la bonificación por compensación en el 80% a todos los
beneficiarios, desde el 27 de enero de 2012.
10. Además, presentó las excepciones de «inexistencia de causa ara
demandar», «improcedencia de reconocimiento de prima especial par
magistrados» «prescripción trienal de derechos laborales» y «caducidad del
medio de control».
4 Índice 25 expediente digital, gestión en otros despachos de Samai.
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Demandante: Mónica Calderón Cruz
Sentencia de primera instancia
11. Mediante sentencia del 16 de septiembre de 2025,5 el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca accedió las súplicas de la demanda. Para
arribar a esa decisión, sostuvo que «si bien la demandante alega que desde el 15 de
diciembre de 2011 ejerce el cargo de Magistrada del Tribunal Superior del Cauca, la
pruebas demuestran que hasta dicha fecha se desempeñó como Juez Penal de Control
de Garantías en Cali y que a partir del 1 de mayo de 2012 le fue cancelada la bonificación
por compensación emolumento que devengan los Magistrados, así mismo, se acredito
que en adelante y hasta el 3 de diciembre de 2021 ocuparía dicha dignidad. Esto significa
que la funcionaria es destinataria de la Bonificación por Compensación reglamentada por
el Decreto 1102 de 2012».
12. Indicó que la bonificación persigue que sus destinatarios devenguen el 80%
de lo que por todo concepto perciban anualmente los magistrados de Alta Corte,
debiéndose considerar para tal efecto, que corresponde a una suma igual a la
percibida por los congresistas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15 de la
Ley 4ª de 1992, dentro de la cual deben entenderse incluidas las cesantías por
tratarse de una prestación de carácter permanente. Así mismo, determinó que el
restablecimiento no puede exceder el tope máximo permitido por la ley.
13. Ahora, frente a la prescripción indicó que como la petición fue presenta el
5 de abril de 2019, las diferencias causadas anteriores al 5 de abril de 2016 se
encuentran prescritas.
14. En consecuencia, declaró probada la excepción de prescripción respecto
de las diferencias causadas entre el 1 de mayo de 2012 al 4 de abril de 2016, la
nulidad de los actos administrativos demandados, y a título de restablecimiento
del derecho dispuso:
«SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, se condenará a la parte
demandada a reconocer y pagar en favor de la señora Mónica Calderón Cruz, las
diferencias que surjan de la reliquidación de la bonificación por compensación
considerando el auxilio de cesantías devengado por un Congresista dentro del
cálculo de lo que por todo concepto devengue anualmente un Magistrado de Alta
Corte, a partir del 5 de abril de 2016 hasta el 31 de agosto de 2019.
La Entidad condenada deberá asumir el pago de lo ordenado en esta sentencia
siempre y cuando la liquidación arroje sumas en favor de la demandante, sin pasar
por alto que la bonificación por compensación equivale a la diferencia que iguale
el 80% de lo que por todo concepto devenguen anualmente los Magistrados de
Alta Corte, que es igual a lo que por todo concepto reciben los Congresistas dentro
de los cuales se debe tener en cuenta las cesantías percibidas por estos, de
conformidad con la sentencia de unificación de fecha 18 de mayo de 2016.
Dentro de la liquidación se deben deducir las sumas que, por concepto de
bonificación por compensación, prima especial de servicios y reliquidación de
5 Índice 70, gestión en otros despachos de Samai.
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prestaciones sociales por este concepto haya recibido la demandante por vía
administrativa o judicial en virtud de transacciones, conciliaciones, sentencias
ordinarias o ejecutivas, entre otras.
Así mismo, la entidad demandada debe realizar los aportes al sistema de
seguridad social y queda facultada para realizar los respectivos descuentos de
ley».
Recurso de apelación
15. La apoderada de la parte demandada recurrió en apelación 6 la sentencia
de primera instancia.
16. Adujo que debe tenerse en cuenta que la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial (DEAJ) implementó el pago por nómina de la diferencia de
la bonificación por compensación (teniendo en cuenta la incidencia de la prima
especial del artículo 15 de la Ley 4ª de 1992 y la inclusión de las cesantías de los
congresistas) a partir del mes de agosto de 2019.
17. Por otro lado, señaló que conforme a la sentencia del 2 de septiembre de
2019, proferida por la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, el a quo al ordenar la reliquidación de la bonificación por compensación
para que la remuneración de la demandante alcance el 80% de los ingresos
anuales de un magistrado de Alta Corte, parte de una premisa equivocada, pues
ésta ya subsume la prima especial de servicios de los artículos 14 y 15 de la Ley
4 de 1992, por lo que incluir dicha prestación para calcular la bonificación
constituye un doble pago.
18. En consecuencia, afirmó que no hay lugar al reconocimiento de la prima
especial reclamada para los magistrados de Tribunal y equivalentes, ya que la
nivelación salarial se estableció mediante el Decreto 610 de 1998 (Bonificación
por Compensación), alcanzando el 80% del salario de los Magistrados de Altas
Cortes a partir del año 2001.
19. Consideró que de acceder a las pretensiones de la demanda se superaría
el tope establecido en la ley. Además, indicó que la bonificación por compensación
no constituye salario para la liquidación de prestaciones sociales.
Trámite correspondiente a la segunda instancia
20. Por auto del 30 de enero de 20267, se admitió el recurso de apelación.
21. Las partes guardaron silencio.
22. Control de legalidad. La Sala observa que el proceso se ha tramitado en legal
6 Índice 73, gestión en otros despachos de Samai.
7 índice 4 de Samai.
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forma, sin que se advierta causal de nulidad que invalide lo actuado, por lo que se
resolverá la apelación, previas las siguientes:
II. CONSIDERACIONES
Competencia
23. De conformidad con lo establecido en el artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo8, esta Sala de
Subsección del Consejo de Estado es competente para resolver los recursos de
apelación interpuestos contra las sentencias dictadas en primera instancia por los
Tribunales Administrativos.
Problema jurídico
24. Le corresponde a la Sala establecer si la parte actora9 tiene derecho a la
bonificación por compensación consagrada en el Decreto 610 de 1998,
equivalente al 80% de lo que por todo concepto devenguen los magistrados de
las Altas Cortes, incluyendo las cesantías de los congresistas, para efectos de
liquidar la prima especial de servicios de dichos funcionarios judiciales. Así mismo,
si la inclusión de la prima especial de servicios para calcular la mencionada
bonificación constituiría un doble pago.
25. Igualmente, si dicho emolumento constituye factor salarial para la
liquidación de las prestaciones sociales, si al ordenar el reajuste mencionado se
superaría el monto referido dispuesto en la ley, y si la entidad ha pagado en debida
forma la bonificación por compensación a partir del 1 de agosto de 2019.
26. Para resolver los problemas planteados se abordarán los siguientes aspectos:
1. La bonificación por compensación y el precedente jurisprudencial; 2. Hechos
probados; y 3. Caso concreto.
La bonificación por compensación.
27. El Congreso de la República expidió la Ley 4ª de 199210, la cual en el artículo
15 estableció una prima especial de servicios, sin carácter salarial, para los
magistrados de Alta Corte, que sumada a los demás ingresos laborales, igualen
a los percibidos en su totalidad, por los miembros del Congreso, sin que en
ningún caso los supere, es decir, se equiparó el salario de los magistrados de las
8 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
9 Mediante providencia del 1 de julio de 2025, el Tribunal reconoció como sucesores procesales a los señores
Carlos Andrés Paula Andrea Ríos Calderón (índice 54, gestión en otros despachos de Samai).
10 «Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional
para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso
Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales
y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales
e) y f) de la Constitución Política».
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Altas Cortes al de los congresistas.
28. En el año 1998, el Gobierno nacional expidió el Decreto 610 y en su artículo
1 creó la bonificación por compensación, equivalente al 60%, 70% y 80% para
las vigencias fiscales 1999, 2000 y 2001 en adelante; en otros términos, se creó
una bonificación por compensación, equivalente al 60% de lo que por todo
concepto devenguen los magistrados de las Altas Cortes para el año 1999,
el 70% para el año 2000 y del año 2001 en adelante el 80%.
29. Así que, el valor que se cancela por bonificación por compensación es el
resultado de tener en cuenta los ingresos anuales que «por todo concepto»
reciban los magistrados de Alta Corte, para así poder fijar los ingresos anuales
del magistrado de tribunal y demás cargos equivalentes, en un 80% a partir del
año 2001.
30. En distintas providencias11, ha precisado esta Corporación con fundamento
en el marco normativo reseñado que los beneficiarios de la bonificación por
compensación tienen derecho al 80% de los ingresos que por todo concepto
salarial y prestacional devengan los magistrados de Alta Corte, teniendo en
cuenta que éstos deben percibir lo mismo que devengan los congresistas
incluyendo el auxilio de cesantías como parámetro para determinar la liquidación
de la prima especial de servicios de que trata el artículo 15 de la Ley 4 de 1992.
31. Por otro lado, la exigibilidad del derecho para reclamar el reconocimiento de
la bonificación por compensación regulada en el Decreto 610 de 1998 se dio en
dos tiempos diferentes, con la ejecutoria de la sentencia que declaró la nulidad
del Decreto 2668 (originado durante los períodos comprendidos entre el 5 de
octubre de 2001 y el 2 de diciembre de 2004, periodo en el cual no hubo dualidad
de normas) y con la ejecutoria de la sentencia que declaró la nulidad del Decreto
4040 (3 de diciembre de 2004 y el 27 de enero de 2012 solamente se hicieron
exigibles a partir del 28 de enero de 2012), y ese momento de exigibilidad debe
analizarse en cada caso concreto12. Sirve para ilustrar lo dicho el siguiente
esquema:
11 Sentencia proferida el 18 de mayo de 2016 por la Sala de Conjueces – Sección Segunda del Consejo de
Estado, Rad. 250002325000201000246-02, Demandante: Jorge Luis Quiroz Alemán. Conjuez Ponente
Doctor Jorge Iván Acuña Arrieta. Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso Administrativo Sección
Segunda- Sala de Conjueces, conjuez ponente: Clara Elisa Cifuentes Ortiz Bogotá, sentencia tres (03) de
diciembre de dos mil veinticuatro (2024). Referencia: 25000234200020180071602 Número interno: 0499-
2022; Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso Administrativo-Sección Segunda- Sala de Conjueces,
conjuez ponente: Miguel Arcángel Villalobos Chavarro sentencia ocho (8) de octubre de dos mil veinticuatro
(2024) Referencia: Expediente N° 17001-23-33-000-2012-00115-02 Número interno: 4006-2015; Consejo
de Estado- Sala de lo Contencioso Administrativo- Sección Segunda- Sala de Conjueces- conjuez ponente:
Jorge Edisson Portocarrero Banguera- sentencia seis (06) de junio de dos mil veintitrés (2023), Referencia:
25000-23-25-000-2011-00150-02- NI:1139-2019; entre otros.
12 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala Plena de Conjueces, expediente N° 41001-23-33-000-2016-
00041-02 (número interno 2204-2018), del 2 de septiembre de 2019.
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Hechos probados
32. Acreditado está en el expediente, que la actora prestó sus servicios a la Rama
Judicial,13 como magistrada del Tribunal desde el 16 de diciembre de 201114 hasta
3 de diciembre de 2021.15
33. Que percibió como remuneración la bonificación por compensación la cual
fue devengada durante el tiempo de su vinculación como magistrada de Tribunal16.
34. Que el 5 de abril de 2019,17 solicitó a la demandada el reajuste de la
bonificación por compensación, pero esta petición fue negada mediante los actos
demandados.
Caso concreto
35. A la luz de la argumentación arriba expuesta, la Sala concluye que la señora
Mónica Calderón Cruz, en su calidad de magistrada de Tribunal, tenía derecho al
reconocimiento y pago de la bonificación por compensación consagrada en el
Decreto 610 de 1998, es decir, al 80% de lo que por todo concepto recibe un
magistrado de Alta Corte.
36. Toda vez que conforme a lo señalado en precedencia el valor que se cancela
por bonificación por compensación es el resultado de la diferencia entre lo
proyectado como ingresos anuales que “por todo concepto” reciban los
magistrados de Alta Corte y los ingresos anuales de magistrado de Tribunal y
demás cargos equivalentes, para fijar el ingreso laboral de éstos últimos en un
80%, teniendo en cuenta que éstos deben percibir lo mismo que devengan los
congresistas, incluyendo el auxilio de cesantías de dichos dignatarios como
parámetro para determinar la liquidación de la prima especial de servicios de que
trata el artículo 15 de la Ley 4 de 1992, pues es un ingreso anual permanente
que perciben éstos funcionarios, conforme a los antecedentes jurisprudenciales
antes expuestos.
13 Así mismo, la causante prestó sus servicios como juez de la República del 1 de agosto de 2003 al 15 de
diciembre de 2011.
14 Ver índice 58, gestión en otros despachos de Samai.
15 Fecha de su fallecimiento. Índice 53 expediente digital, gestión en otros despachos de Samai.
16 Índice 58, gestión en otros despachos de Samai.
17 Índice 18 expediente digital, gestión en otros despachos de Samai.
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37. Ahora bien, resulta pertinente aclarar que en este proceso no se está
reconociendo a la actora la prima especial de servicios, como lo afirma la entidad
demandada,18 toda vez que ese no constituye el objeto de la presente
controversia.19 En efecto, de acuerdo con las pretensiones de la demanda, lo que
se solicita es el reajuste de la bonificación por compensación.
38. Distinto es que, para efectos de calcular el 80% de lo percibido por todo
concepto por un magistrado de Alta Corte —quienes devengan lo mismo que los
congresistas—, se incluya el auxilio de cesantías de dichos dignatarios como
factor de referencia para determinar la liquidación de la prima especial de
servicios consagrada en el artículo 15 de la norma citada. En consecuencia, la
inclusión de dicho factor en la operación de liquidación no comporta, por sí
misma, el reconocimiento autónomo de la prima especial de servicios a favor de
la parte demandante.
39. En cuanto al reparo de la entidad apelante en el sentido de que la bonificación
por compensación no constituye factor salarial para la liquidación de las
prestaciones sociales, se advierte que por mandato expreso de los Decretos 610
de 1998 y del 4040 de 2004 (cuando estuvo vigente), solo constituye factor
salarial como parte del ingreso base de cotización del Sistema General de
Pensiones, tal y como lo dispuso el a quo, en la sentencia impugnada20.
40. Así mismo, la entidad apelante aduce que, a partir del 1 de agosto de 2019,
viene pagando en debida forma la bonificación por compensación. Al respecto,
se advierte que, conforme a las pruebas allegadas válidamente al proceso dentro
del término procesal correspondiente21, a la señora Calderón Cruz se le ajustó
dicho emolumento a partir de septiembre de 2019, tal como se desprende de los
comprobantes de nómina aportados oportunamente.
41. Igualmente, se observa que la sentencia dispuso el restablecimiento del
derecho únicamente hasta el 31 de agosto de 2019 y, además, señaló: «La
Entidad condenada deberá asumir el pago de lo ordenado en esta sentencia siempre y
cuando la liquidación arroje sumas en favor de la demandante […]. Dentro de la
liquidación se deben deducir las sumas que, por concepto de bonificación por
compensación, prima especial de servicios y reliquidación de prestaciones sociales por
este concepto, haya recibido la demandante por vía administrativa o judicial, en virtud de
transacciones, conciliaciones, sentencias ordinarias o ejecutivas, entre otras». Por lo
tanto, la propia sentencia previó que la entidad podrá descontar los valores
previamente reconocidos y únicamente deberá efectuar pago alguno cuando la
liquidación arroje sumas a favor de la demandante. En consecuencia, no se
18 Índice 75, gestión en otros despachos de Samai.
19 La entidad mediante escrito extemporáneo alega que a la causante ya le fue reconocida mediante otro
proceso judicial la prima especial de servicios.
20 En el presente caso, no se hará precisión alguna frente a la imprescriptibilidad de los aportes a pensión,
pues no fue objeto de apelación por la parte interesada, sumado a que la entidad es apelante único.
21 Se pone de presente que mediante providencia del 7 de julio de 2026 (índice 11 de Samai), la Sala dispuso
negar las pruebas de segunda instancia solicitada por la demandada, por no acreditar para su decreto
ninguna de las causales establecidas en el artículo 212 del CPACA.
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advierte que la orden impartida por el tribunal de primera instancia implique un
doble pago.
42. Así mismo, el reajuste ordenado debe respetar lo dispuesto en el artículo 1
del Decreto 610 de 1998, esto es, que los ingresos labores no superen el 80% de
lo que por todo concepto perciben los magistrados de Alta Corte22, tal como lo
señaló el a quo en la sentencia impugnada, por lo que no hay lugar a hacer alguna
consideración adicional.
43. De conformidad con lo expuesto, se dispondrá confirmar la sentencia apelada.
Condena en costas
44. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma
de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que
gobierna esta materia.
45. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese
sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida
en el proceso.
46. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
47. En consecuencia, se impondrán costas a la demandada -parte vencida-, por
cuanto no prospera el recurso de apelación. Para el efecto, de conformidad con el
artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado
ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría
del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
48. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
22 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala Plena de Conjueces, expediente N° 41001-23-33-000-2016-
00041-02 (número interno 2204-2018), del 2 de septiembre de 2019.
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Radicación: 76001-23-33-000-2019-01071-02 (0061-2026)
Demandante: Mónica Calderón Cruz
III. FALLA
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 16 de septiembre de 2025, proferida
por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por las razones expuestas en
la parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO. Condenar en costas de segunda instancia a la parte demandada.
Para tal efecto, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente
de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la Secretaría del
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
TERCERO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior decisión fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada por los consejeros de Estado, en la sede electrónica
para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley y el artículo 186 del CPACA.
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