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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2014-00858-02

Fecha
6 de agosto de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2014-00858-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. ADICIONAR el numeral segundo de la sentencia impugnada, en el sentido de indicar que la bonificación por compensación no constituirá factor salarial para los fines de reliquidación de sus prestaciones sociales. Igualmente, que el reajuste ordenado no debe sobrepasar el límite porcentual fijado en el Decreto 610 de 1998. SEGUNDO. CONFIRMAR en lo demás la sentencia del 19 de diciembre de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. TERCERO. Sin condena en costas en esta instancia, conforme a lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia. CUARTO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 68001-23-33-000-2014-00858-02

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

6 de agosto de 2026

Radicación: 68001-23-33-000-2014-00858-02 (0784-2026)
Demandante: Alicia Arenas de Pinzón

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá, D.C., seis (6) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 68001-23-33-000-2014-00858-02 (0784-2026)
Demandante: Alicia Arenas de Pinzón1
Demandado: Nación-Rama Judicial- Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial
Tema: Bonificación por compensación
Decisión: Adiciona numeral segundo frente al tope y que la bonificación
por compensación no constituye factor salarial para liquidar
prestaciones sociales, y confirma en lo demás. Sin condena
en costas

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

1. Comoquiera que ninguno de los miembros de la Sala advierte causal de
impedimento para conocer del presente asunto2, se procede a resolver el recurso
de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del 19 de
diciembre de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, que
accedió a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

Pretensiones de la demanda

2. La parte demandante solicitó la nulidad de la Resolución No. 03019 del 10 de
agosto de 2012,3 mediante la cual la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial negó el reconocimiento y pago del reajuste solicitado por la parte actora,
y de la Resolución No. 2416 del 19 de febrero de 20134 que confirmó la anterior
decisión. Y a título de restablecimiento del derecho, peticionó5: «2. […] ordene el
reconocimiento y pago del 80% de lo que por todo concepto devenga un Magistrado de
Alta Corte, de acuerdo con lo previsto en los Decretos 610 de marzo 26 y 1239 de julio
02 de 1998, a través de los cuales el Gobierno Nacional creó la BONIFICACION POR
COMPENSACION para los Magistrados de Tribunal y otros funcionarios, con carácter

1 Cónyuge supérstite del señor Marey Pinzón Pinzón.
2 Actualmente los miembros de la Sala no tienen un proceso pendiente o interés actual frente a aspectos

relacionados con el reconocimiento de la bonificación por compensación, objeto del presente proceso. Por
otra parte, se advierte que el ponente en casos anteriores había manifestado impedimento por pleito
pendiente; sin embargo, este fue resuelto por la Sala mediate auto del 9 de abril de 2026, declarándolo
infundado.
3 Índice 43 expediente digital, link On drive. 001Demanda págs. 12-20 gestión en otros despachos de Samai.
4 Índice 43 expediente digital, link On drive. 001Demanda págs. 21-29 gestión en otros despachos de Samai.
5 Se hace transcripción textual de la pretensión de la demanda.

1

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Demandante: Alicia Arenas de Pinzón

permanente que sumada a la prima especial de servicio y demás ingresos laborales,
iguale, para la vigencia fiscal de 1999 el 60%, de lo que por todo concepto perciben los
Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado, de la Corte
Constitucional y del Consejo Superior de la Judicatura; para el 2000 el 70% y para el
2001 y siguientes, el 80%; bonificación que se pagará mensualmente, por el lapso
comprendido entre el 01 de enero de 2001 y el 12 de julio de 2008, fecha en que ocurrió
el fallecimiento del cónyuge de mi representada, doctor MAREY PINZON PINZON, quien
se desempeñaba como Magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de San Gil -
Sder.».

Hechos que fundamentan la demanda

3. El señor Marey Pinzón Pinzón prestó sus servicios a la Rama Judicial desde
el 1 de junio de 1976 al 12 de julio de 2008, fecha de su fallecimiento,
desempeñando como último cargo el de magistrado de la Sala Penal del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de San Gil- Santander.

4. Elevó petición ante la entidad demandada6, la cual fue resuelta de manera
negativa mediante los actos acusados.

Fundamentos de derecho

5. Para el abogado de la parte actora, las decisiones enjuiciadas vulneraron los
artículos 4, 9, 13, 25, 29, 53 y 58 de la Constitución Política; 8 del Decreto 1950
de 1973; Ley 4 de 1992; Decreto 610 de 1998; Decreto 1239 de 1998 y Decreto
4040 de 2004.

6. Al desarrollar el concepto de violación, señaló que con la declaratoria de
nulidad del Decreto 4040 de 2004 debe procederse a pagar las diferencias
salariales y prestacionales adeudadas, por cuanto un decreto o ley declarado
nulo se tiene como si nunca hubiera nacido a la vía jurídica y por ende, recobra
vigencia el Decreto 610 de 1998 que contemplaba la bonificación por
compensación para los magistrados de Tribunal Superior, en cuantía equivalente
para el año 2001 del 80% de lo que por todo concepto devenguen los magistrados
de las Altas Cortes.

Contestación de la demanda

7. La Rama judicial contestó la demanda7 y se opuso a la prosperidad de las
pretensiones, por considerar que la entidad demandada se sujetó a la
normatividad para ese entonces vigente.

8. Además, presentó la excepción de «prescripción».

Sentencia de primera instancia

6
En los hechos de la demanda no se indicó la fecha de la petición.
7 Índice 43 expediente digital, link On drive. 009EscritoContestacion, gestión en otros despachos de Samai.

2

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9. Mediante sentencia del 19 de diciembre de 2025,8 el Tribunal Administrativo de
Santander accedió las súplicas de la demanda. Para arribar a esa decisión,
sostuvo que el Decreto 4040 de 2004 no puede surtir efecto jurídico alguno, pues
éste fue declarado nulo por el Consejo de Estado por contener un régimen laboral
regresivo para los magistrados de Tribunales y los otros destinatarios, respecto
de los que ya habían adquirido el derecho a percibir la bonificación por
compensación mediante el Decreto 610 de 1998.

10. Ahora, frente a la prescripción indicó que al demandarse diferencias
salariales generadas entre el 1 de enero de 2001 y el 12 de julio de 2008, y
teniendo en cuenta que la reclamación administrativa fue presentada el 30 de julio
de 2012, debe declararse dicho fenómeno respecto de las acreencias causadas
entre los años 2001 y 2004. En contraste, no se configura respecto a los periodos
comprendidos entre 2005 y 2008, toda vez que la reclamación administrativa se
presentó dentro de los tres años siguientes a la fecha en que el derecho se hizo
exigible esto es, a partir del 2012.

11. En consecuencia, declaró probada la excepción de prescripción respecto
de las diferencias causadas entre el 1 de enero de 2001 y el 31 de diciembre de
2004, la nulidad de los actos administrativos demandados, y a título de
restablecimiento del derecho dispuso:

«SEGUNDO: CONDÉNASE a título de restablecimiento del derecho a la NACIÓN
– RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
JUDICIAL si aún no lo ha hecho, a reconocer y pagar a favor de ALICIA ARENAS
DE PINZÓN cónyuge supérstite del causante MAREY PINZON PINZON la
bonificación por compensación en los términos del Decreto 610 de 1998, esto es,
en cuantía que sumada a los demás ingresos laborales, corresponda al 80% de
los ingresos laborales que por todo concepto percibe un magistrado de Alta Corte,
desde el 01 de enero 2005 hasta el 12 de julio de 2008.

En consecuencia, se CONDENA a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN
EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL a liquidar y pagar a favor de
ALICIA ARENAS DE PINZÓN cónyuge supérstite del causante MAREY
PINZON PINZON las diferencias que existan entre el valor resultante del
reconocimiento hecho en esta sentencia y lo efectivamente pagado.»

Recurso de apelación

12. La apoderada de la parte demandada recurrió en apelación 9 la sentencia
de primera instancia.

13. Adujo que la parte accionante elevó reclamación administrativa el 30 de
julio de 2012, es decir 4 años después de su desvinculación con la entidad, por lo
que considera que operó la prescripción extintiva total del derecho reclamado.

8 Índice 77, gestión en otros despachos de Samai.
9 Índice 79, gestión en otros despachos de Samai.

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14. Por otro lado, señaló que de acceder a las pretensiones de la demanda se
superaría el tope establecido en la ley. Además, señaló que la entidad aplicó lo
reglamentado en los decretos salariales por medio de los cuales el Gobierno
nacional fija los salarios para los servidores públicos de la Rama Judicial y de la
Justicia Penal Militar, por lo que la demandante no tiene derecho a lo reclamado.

15. Indicó que la bonificación por compensación no constituye salario para la
liquidación de prestaciones sociales. Igualmente, que a partir del 27 de enero de
2012, por virtud del Decreto 1102 de 2012, se empezó a pagar por nómina el 80%.

Trámite correspondiente a la segunda instancia

16. Por auto del 22 de junio de 202610, se admitió el recurso de apelación, y se
ordenó correr traslado a las partes y al agente del Ministerio Público para que
presentaran sus alegatos de conclusión.

17. Las partes guardaron silencio.

18. Control de legalidad. La Sala observa que el proceso se ha tramitado en legal
forma, sin que se advierta causal de nulidad que invalide lo actuado, por lo que se
resolverá la apelación, previas las siguientes:

II. CONSIDERACIONES

Competencia

19. De conformidad con lo establecido en el artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo11, esta Sala de
Subsección del Consejo de Estado es competente para resolver los recursos de
apelación interpuestos contra las sentencias dictadas en primera instancia por los
Tribunales Administrativos.

Problema jurídico

20. Le corresponde a la Sala establecer si la actora Alicia Arenas de Pinzón como
cónyuge supérstite del señor Marey Pinzón Pinzón tiene derecho a la bonificación
por compensación consagrada en el Decreto 610 de 1998, equivalente al 80% de
lo que por todo concepto devenguen los magistrados de las Altas Cortes, o si por
el contrario la entidad actuó conforme a la norma.

21. Igualmente, si dicho emolumento constituye factor salarial para la
liquidación de las prestaciones sociales, si al ordenar el reajuste mencionado se

10 índice 4 de Samai.
11 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las

apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
4

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superaría el monto referido dispuesto en la ley, si en el presente caso operó la
prescripción extintiva del derecho; y si la entidad ha pagado en debida forma la
bonificación por compensación con la entrada en vigor del Decreto 1102 de 2012.

22. Para resolver los problemas planteados se abordarán los siguientes aspectos:
1. La bonificación por compensación y el precedente jurisprudencial; 2. Hechos
probados; y 3. Caso concreto.

La bonificación por compensación.

23. El Congreso de la República expidió la Ley 4ª de 199212, la cual en el artículo
15 estableció una prima especial de servicios, sin carácter salarial, para los
magistrados de Alta Corte, que sumada a los demás ingresos laborales, igualen
a los percibidos en su totalidad, por los miembros del Congreso, sin que en
ningún caso los supere, es decir, se equiparó el salario de los magistrados de las
Altas Cortes al de los congresistas.

24. En el año 1998, el Gobierno nacional expidió el Decreto 610 y en su artículo
1 creó la bonificación por compensación, equivalente al 60%, 70% y 80% para
las vigencias fiscales 1999, 2000 y 2001 en adelante; en otros términos, se creó
una bonificación por compensación, equivalente al 60% de lo que por todo
concepto devenguen los magistrados de las Altas Cortes para el año 1999,
el 70% para el año 2000 y del año 2001 en adelante el 80%.

25. Así que, el valor que se cancela por bonificación por compensación es el
resultado de tener en cuenta los ingresos anuales que «por todo concepto»
reciban los magistrados de Alta Corte, para así poder fijar los ingresos anuales
del magistrado de tribunal y demás cargos equivalentes, en un 80% a partir del
año 2001.

26. En distintas providencias13, ha precisado esta Corporación con fundamento
en el marco normativo reseñado que los beneficiarios de la bonificación por
compensación tienen derecho al 80% de los ingresos que por todo concepto
salarial y prestacional devengan los magistrados de Alta Corte, teniendo en
cuenta que éstos deben percibir lo mismo que devengan los congresistas

12 «Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional

para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso
Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales
y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales
e) y f) de la Constitución Política».
13 Sentencia proferida el 18 de mayo de 2016 por la Sala de Conjueces – Sección Segunda del Consejo de
Estado, Rad. 250002325000201000246-02, Demandante: Jorge Luis Quiroz Alemán. Conjuez Ponente
Doctor Jorge Iván Acuña Arrieta. Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso Administrativo Sección
Segunda- Sala de Conjueces, conjuez ponente: Clara Elisa Cifuentes Ortiz Bogotá, sentencia tres (03) de
diciembre de dos mil veinticuatro (2024). Referencia: 25000234200020180071602 Número interno: 0499-
2022; Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso Administrativo-Sección Segunda- Sala de Conjueces,
conjuez ponente: Miguel Arcángel Villalobos Chavarro sentencia ocho (8) de octubre de dos mil veinticuatro
(2024) Referencia: Expediente N° 17001-23-33-000-2012-00115-02 Número interno: 4006-2015; Consejo
de Estado- Sala de lo Contencioso Administrativo- Sección Segunda- Sala de Conjueces- conjuez ponente:
Jorge Edisson Portocarrero Banguera- sentencia seis (06) de junio de dos mil veintitrés (2023), Referencia:
25000-23-25-000-2011-00150-02- NI:1139-2019; entre otros.
5

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incluyendo el auxilio de cesantías como parámetro para determinar la liquidación
de la prima especial de servicios de que trata el artículo 15 de la Ley 4 de 1992.

27. Por otro lado, la exigibilidad del derecho para reclamar el reconocimiento de
la bonificación por compensación regulada en el Decreto 610 de 1998 se dio en
dos tiempos diferentes, con la ejecutoria de la sentencia que declaró la nulidad
del Decreto 2668 (originado durante los períodos comprendidos entre el 5 de
octubre de 2001 y el 2 de diciembre de 2004, periodo en el cual no hubo dualidad
de normas) y con la ejecutoria de la sentencia que declaró la nulidad del Decreto
4040 (3 de diciembre de 2004 y el 27 de enero de 2012 solamente se hicieron
exigibles a partir del 28 de enero de 2012), y ese momento de exigibilidad debe
analizarse en cada caso concreto14. Sirve para ilustrar lo dicho el siguiente
esquema:

Hechos probados

28. Acreditado está en el expediente, que el señor Marey Pinzón Pinzón prestó
sus servicios a la Rama Judicial,15 como magistrado del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de San Gil en propiedad desde el 29 de septiembre de 1989 hasta
12 de julio de 2008.16

29. Que percibió como remuneración el 70% de lo que devengan los
magistrados de las Altas Cortes, con base en la bonificación por gestión judicial
consagrada en el Decreto 4040 de 200417, la cual fue percibida desde la entrada
en vigencia del precepto mencionado como magistrado de Tribunal18.

30. Que el 30 de julio de 2012,19 la actora como cónyuge supérstite del señor
Marey Pinzón Pinzón solicitó a la demandada el reajuste de la bonificación por
compensación, pero esta petición fue negada mediante los actos demandados.

Caso concreto

14 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala Plena de Conjueces, expediente N° 41001-23-33-000-2016-

00041-02 (número interno 2204-2018), del 2 de septiembre de 2019.
15
Así mismo, el causante prestó sus servicios como juez de la República del 1 de junio de 1976 al 28 de
septiembre de 1989.
16 Índice 66 expediente digital, gestión en otros despachos de Samai.
17 Decreto 4040 de 2004: artículo 2.

Parágrafo 2º. La Bonificación de Gestión Judicial tendrá efectos fiscales a partir del 1ode enero de 2004 y
es incompatible con la Bonificación por Compensación, que hasta la fecha de expedición del presente
Decreto se viene reconociendo a los servidores citados en el presente artículo.
18 Índice 66 expediente digital, gestión en otros despachos de Samai.
19 Índice 43 expediente digital, link On drive. 011Memorial, págs. 1-3 gestión en otros despachos de Samai.

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31. A la luz de la argumentación arriba expuesta, la Sala concluye que el señor
Marey Pinzon Pinzón, en su calidad de magistrado de Tribunal, tenía derecho al
reconocimiento y pago de la bonificación por compensación consagrada en el
Decreto 610 de 1998, es decir, al 80% de lo que por todo concepto recibe un
magistrado de Alta Corte.

32. Toda vez que conforme a lo señalado en precedencia el valor que se cancela
por bonificación por compensación es el resultado de la diferencia entre lo
proyectado como ingresos anuales que “por todo concepto” reciban los
magistrados de Alta Corte y los ingresos anuales de magistrado de Tribunal y
demás cargos equivalentes, para fijar el ingreso laboral de éstos últimos en un
80%,

33. Ahora, es del caso precisar que al haberse declarado la nulidad del Decreto
4040 de 2004 mediante sentencia proferida el 14 de diciembre de 2011 20, se
reconoció la plena vigencia del Decreto 610 de 1998, en virtud de la cual todos
los funcionarios contemplados en dicho precepto adquirieron el derecho a percibir
una bonificación por compensación que equiparara sus ingresos laborales al 80%
de lo devengado por todo concepto por los magistrados de las Altas Cortes, por
lo que no le asiste razón a la entidad demandada al señalar que actuó conforme
a la ley.

34. En cuanto al reparo del apelante en el sentido de que la bonificación por
compensación no constituye factor salarial para la liquidación de las prestaciones
sociales, se advierte que por mandato expreso de los Decretos 610 de 1998 y del
4040 de 2004 (cuando estuvo vigente), solo constituye factor salarial como parte
del ingreso base de cotización del Sistema General de Pensiones, por lo que
revisada la decisión de primera instancia, se advierte que ello no fue consignado
expresamente en el fallo impugnado, por lo que se adicionará la sentencia en
dicho sentido.

35. Así mismo, vale la pena señalar que no es válido el argumento expuesto por
la entidad demandada, respecto de que haya reconocido en debida forma la
mencionada bonificación en vigencia del Decreto 1102 de 2012, pues el causante
estuvo vinculado a la entidad demandada hasta 12 de julio de 2008, fecha para
la cual dicho precepto no había entrado en vigor.

36. Así mismo, la Sala considera que se debe adicionar la sentencia, en el sentido
de que la entidad demandada al efectuar el reajuste como se ordena en esta
sentencia debe respetar lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto 610 de 1998,
esto es, que los ingresos labores no superen el 80% de lo que por todo concepto

20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sala de Conjueces.
Sentencia del 14 de diciembre de 2011, Rad. No. 11001-03-25-000-2005-00244-01(10067-05). C.P. Carlos
Arturo Orjuela Góngora.
7

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perciben los magistrados de Alta Corte21.

37.Por otro lado, frente a la prescripción en relación con la bonificación por
compensación, se advierte que al haberse declarado la nulidad del Decreto 4040
de 2004 mediante sentencia proferida el 14 de diciembre de 201122, la exigibilidad
de la bonificación por compensación tiene lugar a partir de la fecha de ejecutoria
de dicho fallo, es decir el 28 de enero de 2012, para las diferencias reclamadas
con posterioridad al 3 de diciembre de 2004, por lo que no le asiste razón a la
entidad demandada cuando afirma que en el presente caso operó la prescripción
extintiva total del derecho.

38.Respecto de los reajustes reclamados anteriores al 2 de diciembre de 2004,
cabe recordar que antes de la entrada en vigor del Decreto 4040 de 2004 (3 de
diciembre de 2004) no existía dualidad normativa que afectara la exigibilidad del
derecho, como regla general operaría la prescripción, pues así lo ha reconocido
esta corporación, al señalar que la misma procede para los periodos causados
con anterioridad al 3 de diciembre de 2004.

39. No obstante, la jurisprudencia23 también ha admitido un alcance excepcional
en el cómputo de dicho fenómeno, al sostener que, si el interesado demuestra
haber interrumpido la prescripción antes de esa fecha, resulta posible retrotraer
sus efectos. Esta excepción, de carácter restrictivo, fue desarrollada por la Sala
de Conjueces en sentencia del 23 de mayo de 201824:

Sobre este punto, esta Sala de Conjueces precisa que si bien a través de estas
sentencias se declaró que con la ejecutoria de la sentencia que declaró de nulidad
del Decreto 4040 de 2004, se hizo exigible el derecho al reconocimiento y pago de
la diferencia en el porcentaje que contempla el Decreto 610 de 1998 y el 4040 de
2004, y que por tal razón no se aplicaría la prescripción, lo cierto es que entre el
período comprendido entre la ejecutoria de la sentencia que anuló el Decreto 2668
de 1998 y la fecha de expedición del Decreto 4040 de 2004, si procede decretarla,
pues en este lapso no hubo dualidad de normas y por lo tanto, los beneficiarios de
que trata el artículo 2º del Decreto 610 de 1998 tenían la oportunidad de demandar
el reconocimiento y pago del 80% de lo que devengaban los magistrados de las
altas cortes; salvo que se encontraran en una de las dos situaciones descritas en
el numeral 2º del Decreto 4040 de 2004, que son: i) haber iniciado acciones
judiciales relacionadas con la bonificación por compensación y haber desistido a
sus pretensiones y ii) haber efectuado reclamaciones y suscribir contratos de
transacción. (Se subraya y negrillas fuera de texto).»

21 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala Plena de Conjueces, expediente N° 41001-23-33-000-2016-

00041-02 (número interno 2204-2018), del 2 de septiembre de 2019.
22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sala de Conjueces.

Sentencia del 14 de diciembre de 2011, Rad. No. 11001-03-25-000-2005-00244-01(10067-05). C.P. Carlos
Arturo Orjuela Góngora.
23 Consejo de Estado. Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 23 de mayo de 2018. Exp.

17001-23-33-000-2012-00144-02 (0602-15). C.P. Pedro Simón Vargas Sáenz; Consejo de Estado. Sección
Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 2 de septiembre de 2019. Exp. 41001-23-33-000-2016-00041-
02 (2204-18). C.P. Carmen Anaya de Castellanos; Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A.
Sentencia del 26 de junio de 2025. Exp. 25000 23 42 000 2013 00267 02 (1132-2020). C.P. Luis Eduardo
Mesa Nieves.
24 Conjuez Ponente: Dr. Pedro Simón Vargas Sáenz. Exp. No.170012333000201200144 92 (0602-2015).

Actor: María Rubby Montoya de Uribe.
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Radicación: 68001-23-33-000-2014-00858-02 (0784-2026)
Demandante: Alicia Arenas de Pinzón

40. A partir de ese entendimiento, esta Subsección25 ha aplicado la línea
jurisprudencial referida y, particularmente frente al supuesto contemplado en el
literal b), ha considerado necesario, además de la suscripción del contrato de
transacción, acreditar la presentación de una petición ante la entidad.

41. No obstante, en recientes decisiones26 de la sala sobre el alcance de esa
interpretación se ha precisado que, de la lectura del literal b) del artículo 2.º del
Decreto 4040 de 2004 no se requiere la exigencia de actuaciones adicionales a
la suscripción del contrato de transacción, pues este señala que: «[…] b). Los que
no han efectuado tales reclamaciones y suscriban contratos de transacción para
precaver litigios futuros relacionados con la Bonificación por Compensación.»

42. Ahora bien, se advierte que en el presente caso operó la prescripción trienal,
pues no obra prueba dentro del expediente que dé cuenta de la ocurrencia de
alguna de las excepciones antes señaladas o que hubiere interrumpido dicho
fenómeno antes del 3 de diciembre de 200427 (para el periodo del 5 de octubre
de 200128 al 2 de diciembre de 2004- cuando no se presentó la dualidad de
normas). Así mismo del 1 de enero al 4 de octubre de 2001 no obra prueba que
el demandante haya interrumpido la prescripción dentro de los 3 años siguientes
• a la ejecutoria de la sentencia que declaró la nulidad del Decreto 2668 de 1998
(que había derogado el Decreto 610 de 199829)-, con la reclamación
administrativa a la entidad, por lo que estarían prescritas en principio las
diferencias anteriores al 3 de diciembre de 200430. No obstante, se advierte que
el a quo declaró la prescripción del reajuste solicitado entre el periodo del «1
enero de 2001 al 31 de diciembre de 2004», por lo que no se hará modificación
o precisión alguna al respecto, pues no fue objeto de discusión por la parte
interesada31. Esta decisión se adopta al tenor del inciso 4° del artículo 328
del CGP32 y al principio de non reformatio in peius, ya que no es posible hacer
más gravosa la situación de la entidad demandada por ser apelante única.

25 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 26 de junio de 2025. Exp. 25000 23

42 000 2013 00267 02 (1132-2020). C.P. Luis Eduardo Mesa Nieves.
26 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A. Sentencias del 5 de marzo de 2026. Exp. 25000-

23-25-000-2011-00826-02 (1261-2019) y 25000-23-25-000-2012-01329-02 (1945-2024). C.P. Jorge Iván
Duque Gutiérrez.
27 Si bien en las pretensiones de la demanda se solicitó el reajuste de la bonificación a partir del año 1999,

se encuentra que el a quo solo se pronunció de estas a partir del 1 de enero de 2001, conforme lo indicó en
el problema jurídico de la sentencia impugnada. Sin embargo, dicho aspecto no fue objeto de discusión por
la parte interesada.
28 Ejecutoria de la sentencia que declaró la nulidad del Decreto 2668 de 1998.

29 Ver Sentencia complementaria de la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado,

del 7 de mayo de 2024, expediente: 250002325000200900648 02, Número interno: 1832-2014.
30 Si bien en las pretensiones de la demanda se solicitó el reajuste de la bonificación a partir del año 1999,

se encuentra que el a quo solo se pronunció de estas a partir del 1 de enero de 2001. Sin embargo, dicho
aspecto no fue objeto de discusión por la parte interesada.
31 Así mismo, no fue objeto de discusión por la parte interesada lo referente a los aportes al Sistema de

Seguridad Social en Pensiones, por lo que la Sala no hará manifestación alguna.
32 Artículo 328. Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente

sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio,
en los casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al
recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
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43. En consecuencia, la parte demandante como cónyuge supérstite del señor
Marey Pinzón Pinzón tiene derecho a que se les pague la diferencia entre lo
efectivamente recibido y lo dejado de percibir, desde el «1 de enero de 200533»,
fecha para la cual ostentaba el cargo de magistrado de Tribunal, y en la cual no
corría la prescripción trienal por la ausencia de exigibilidad del derecho 34, y en
adelante y hasta el 12 de julio de 200835.

44. De conformidad con lo expuesto, se dispondrá: i) adicionar el numeral segundo
en el sentido de precisar que el restablecimiento del derecho no puede superar el
tope establecido en la ley y que la bonificación por compensación no constituye
factor salarial para liquidar las prestaciones sociales; y ii) se confirmará en lo
demás la sentencia apelada.

Condena en costas

45. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.

46. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese
sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida
en el proceso.

47. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

48. En este contexto, en el caso concreto no procede la condena en costas, toda
vez que el recurso de apelación está siendo concedido parcialmente, por manera
que no puede predicarse que alguna de las partes haya sido vencida en el

33 Conforme lo dispuesto en primera instancia y que no fue objeto de discusión por el interesado.
34 Si bien es cierto que a través de la ejecutoria de la sentencia que declaró la nulidad del Decreto 4040 de

2004, se hizo exigible el derecho al reconocimiento y pago de la diferencia en el porcentaje que contempla
el Decreto 610 de 1998; a partir de la ejecutoria de la sentencia que declaró la nulidad del Decreto 4040 (3
de diciembre de 2004 y el 27 de enero de 2012 solamente se hicieron exigibles a partir del 28 de enero de
2012).
35 Se hace la precisión que en el presente caso, la Sala no hará pronunciamiento alguno frente a la

prescripción del Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, pues no fue apelado por la parte
interesada, y en virtud de que la demandada es apelante único.

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proceso. En consecuencia, se prescindirá de la condena en costas en esta
instancia.

49. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO. ADICIONAR el numeral segundo de la sentencia impugnada, en el
sentido de indicar que la bonificación por compensación no constituirá factor
salarial para los fines de reliquidación de sus prestaciones sociales. Igualmente,
que el reajuste ordenado no debe sobrepasar el límite porcentual fijado en el
Decreto 610 de 1998.

SEGUNDO. CONFIRMAR en lo demás la sentencia del 19 de diciembre de 2025,
proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta sentencia.

TERCERO. Sin condena en costas en esta instancia, conforme a lo expuesto en
la parte considerativa de esta providencia.

CUARTO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior decisión fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada por los consejeros de Estado, en la sede electrónica
para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley y el artículo 186 del CPACA.

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