Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2014-00076-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2014-00076-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2014-00076-02
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
12 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá D.C., doce (12) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 05001-23-33-000-2014-00076-02 (3842-2023)
Demandante: José Fernando López Villegas y otros
Demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación
Tema: Bonificación por compensación, Decreto 610 de 1998
Decisión: Se modifica parcialmente la sentencia apelada para precisar el
término inicial del reconocimiento a favor de los señores López
Villegas y Betancur Ramírez y fijar el tope del 80%; se confirma en lo
demás.
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la
sentencia expedida el 30 de septiembre de 2022, proferida por la Sala de Conjueces del
Tribunal Administrativo de Antioquia, que accedió a las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
Demanda1
1. Los demandantes, José Fernando López Villegas, Hernando de Jesús Betancur
Ramírez, Yolanda María Serna González y María Gladys Martínez Idárraga, instauraron
demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
consagrado en el artículo 138 del CPACA, con el objeto de que se declare la nulidad de
los actos administrativos contenidos en el Oficio DAF 004676 del 30 de noviembre de
2012, Oficio 001080 No. 60000-16 del 13 de junio de 2013, Resolución 000979 del 15 de
mayo de 2013 y resoluciones 2-2665, 22666, 2-2667 y 2-2668 del 29 de julio de 2013
expedidos por la Fiscalía General de la Nación, mediante los cuales se les negó el
reconocimiento y pago del reajuste de la diferencia salarial entre el régimen del Decreto
610 de 1998 y el Decreto 4040 de 2004.
2. A título de restablecimiento del derecho, solicitaron que se condene a la
demandada a reconocer, liquidar y pagar la bonificación por compensación en la cuantía
del Decreto 610 de 1998, esto es, por el valor equivalente a la diferencia entre lo
reconocido con base en el Decreto 4040 de 2004 y el 80% de lo devengado por todo
concepto por los Magistrados de las Altas Cortes, de manera retroactiva desde el año
1 SAMAI, expediente digital, índice 2, archivo 01- ExpedienteAdministrativo.pdf, folios 235 a 283.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 05001-23-33-000-2014-00076-02 (3842-2023)
Demandante: José Fernando López Villegas y otros
2001 para los señores López Villegas y Betancur Ramírez y durante el tiempo que
ejercieron el cargo para las señoras Serna González y Martínez Idárraga, así como hacia
el futuro para los dos primeros mientras continúen en el empleo, incluyendo cesantías,
vacaciones, primas y demás prestaciones sociales, con la correspondiente indexación;
dar cumplimiento a la sentencia en los términos del artículo 192 del CPACA, con intereses
comerciales y moratorios desde su ejecutoria; y que se condene en costas a la
demandada.
3. Señalaron que los señores López Villegas y Betancur Ramírez se desempeñaron
como Fiscales Delegados ante el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Antioquia desde
el año 2001, cargo que continuaban ejerciendo al momento de la demanda; que la señora
Serna González ocupó el mismo cargo entre el 4 de febrero de 2008 y el 19 de abril de
2011, y la señora Martínez Idárraga entre el 1 de agosto de 2005 y el 4 de abril de 2010.
4. Indicaron que, ante la falta de aplicación del Decreto 610 de 1998, los señores
López Villegas y Betancur Ramírez suscribieron en 2004 los contratos de transacción
antes referidos para acogerse a la bonificación de gestión judicial del Decreto 4040 de
ese año, equivalente al 70% de los ingresos de los magistrados de Altas Cortes, mientras
que las señoras Serna González y Martínez Idárraga fueron vinculadas bajo ese mismo
régimen desde su posesión.
5. Por tal motivo, el 22 de noviembre de 2012 formularon la reclamación que dio
origen a los actos acusados, por medio del cuales la entidad adujo que el Decreto 4040
de 2004 estuvo vigente «hasta el día 24 de enero de 2012», por lo que no resultaba
procedente el reconocimiento retroactivo pretendido.
Contestación de la demanda2
6. La Fiscalía General de la Nación se opuso a las pretensiones de la demanda y
sostuvo que la entidad había dado cumplimiento a la normativa salarial vigente para cada
anualidad, por lo que no resultaba procedente algún otro reconocimiento adicional.
7. Propuso las excepciones de caducidad del medio de control, por considerar
superado el término de cuatro meses previsto en el artículo 164 del CPACA; prescripción
del derecho, en tanto las acreencias laborales prescriben a los tres años siguientes a su
causación, incluso si se tomara como punto de partida la sentencia del 14 de diciembre
de 2011 que declaró la nulidad del Decreto 4040 de 2004; y cumplimiento de un deber
legal, al estimar que los actos demandados se profirieron con apego a la normatividad
aplicable.
Sentencia apelada3
8. Mediante fallo del 30 de septiembre de 2022, la Sala de Conjueces del Tribunal
Administrativo de Antioquia accedió a las pretensiones de la demanda.
2 Ibidem, folios 337 a 367.
3 SAMAI, expediente digital, índice 2, archivo 02 – Sentencia.pdf.
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Radicación: 05001-23-33-000-2014-00076-02 (3842-2023)
Demandante: José Fernando López Villegas y otros
9. El a quo declaró la nulidad de los actos acusados y de los contratos de transacción
suscritos por los señores López Villegas y Betancur Ramírez con la Fiscalía Seccional
Medellín el 13 de diciembre de 2004, al ser considerados ineficaces por versar sobre un
derecho irrenunciable (bonificación por compensación de carácter permanente), y
condenó a la Fiscalía General de la Nación a reconocer y pagar a los demandantes la
bonificación por compensación del Decreto 610 de 1998 —incluida la prima especial de
servicios— a partir del 1 de enero de 1999, fecha en que iniciaron los efectos fiscales del
Decreto 610 de 1998 y hacia el futuro, al considerar que la nulidad del Decreto 4040 de
2004, produce efectos ex tunc y revive en su integridad el régimen del Decreto 610 de
1998 desde su origen.
10. Declaró no probadas las excepciones de caducidad y prescripción y, en el numeral
sexto de su parte resolutiva, dispuso condenar en costas a la demandada, pese a haber
concluido en la parte motiva que no había lugar a ello.
Recurso de apelación4
11. La entidad demandada interpuso recurso de apelación por considerar que, el a quo
incurrió en error al afirmar que todo decaimiento de un acto administrativo produce
efectos ex tunc, pues, tratándose de una sentencia de nulidad simple —como la que
recayó sobre el Decreto 4040 de 2004—, sus efectos son ex nunc, y deben respetarse
las situaciones jurídicas consolidadas mientras ese decreto estuvo vigente.
12. En consecuencia, el reconocimiento de la bonificación por compensación solo
podría operar a partir de la ejecutoria de la sentencia que declaró la nulidad del Decreto
4040 de 2004, y no de manera retroactiva desde el año 2001. Con fundamento en ello,
solicitó revocar el fallo apelado.
II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
13. Luego de resolver la manifestación de impedimento formulada por los consejeros
que integraban la Sección Segunda de esta Corporación5, mediante auto del 11 de
diciembre de 20256 se admitió el recurso de apelación y se ordenó correr traslado a las
partes para alegar de conclusión.
14. El Ministerio Público solicitó modificar parcialmente la sentencia apelada, por
considerar que, en aplicación del criterio jurisprudencial sobre interrupción de la
prescripción trienal, la petición presentada por los demandantes el 22 de noviembre de
2012 solo logró interrumpir la prescripción trienal respecto de las sumas causadas dentro
de los tres años anteriores a esa fecha, de manera que los valores no reclamados con
anterioridad al 22 de noviembre de 2009 se encuentran prescritos. Por lo tanto, solicitó
modificar el numeral quinto de la parte resolutiva de la sentencia recurrida para que se
declare la prescripción de los derechos causados con anterioridad a esa fecha.
4 SAMAI, expediente digital, índice 2, archivo. 04 – MemorialRecursoApelacion.pdf.
5 SAMAI, índice 26.
6 SAMAI, índice 33.
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Radicación: 05001-23-33-000-2014-00076-02 (3842-2023)
Demandante: José Fernando López Villegas y otros
15. Las partes guardaron silencio.
III. CONSIDERACIONES
Competencia
14. De conformidad con lo previsto en el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), modificado por el artículo
615 del Código General del Proceso (CGP), el Consejo de Estado es competente para
resolver los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias dictadas en primera
instancia por los Tribunales Administrativos.
Problema jurídico
16. En concordancia con lo expuesto en el recurso de apelación, corresponde a esta
Sala determinar i) cuáles fueron los efectos en el tiempo de la sentencia que declaró la
nulidad simple del Decreto 4040 de 2004 y, en consecuencia; ii) a partir de qué momento
procede el reconocimiento y pago de la bonificación por compensación prevista en el
Decreto 610 de 1998 a favor de los demandantes.
17. Previo a resolver estos interrogantes, la Sala precisa que no abordará la solicitud
de modificación planteada por el Ministerio Público en su concepto, relativa a una
presunta prescripción parcial del derecho reclamado, excepción que fue declarada no
probada por el a quo en el numeral quinto de la parte resolutiva de la sentencia apelada,
decisión que no fue objeto de reproche por la parte demandada —única apelante— en
su recurso.
18. En virtud del principio de congruencia (arts. 320 y 328 del CGP), el fallador en
segunda instancia debe resolver únicamente sobre los puntos objeto del recurso
interpuesto por quien apela, sin que la intervención del Ministerio Público, por relevante
que sea su concepto, tenga la virtualidad de ampliar el marco de competencia funcional
fijado por la apelación ni de habilitar un pronunciamiento oficioso sobre un extremo que
quedó ejecutoriado al no haber sido recurrido.
19. De suerte que, el numeral quinto de la sentencia apelada permanecerá incólume,
y el análisis de la Sala se circunscribirá exclusivamente a los efectos de la nulidad del
Decreto 4040 de 2004, único reparo formulado por la parte demandada.
Análisis del problema jurídico
20. En el presente caso la Sala confirmará el reconocimiento del derecho a favor de
los cuatro demandantes, con las precisiones que se exponen a continuación en cuanto a
su alcance temporal y al tope aplicable.
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Radicación: 05001-23-33-000-2014-00076-02 (3842-2023)
Demandante: José Fernando López Villegas y otros
21. El primer problema jurídico exige precisar el alcance de la nulidad del Decreto 4040
de 2004, declarada por esta Corporación el 14 de diciembre de 2011 7, sentencia que
quedó ejecutoriada el 28 de enero de 20128. Al respecto, el a quo consideró que dicha
nulidad produce efectos ex tunc, de manera que el Decreto 610 de 1998 recobra vigencia
plena desde su expedición, y con fundamento en ello reconoció la bonificación por
compensación a favor de los cuatro demandantes desde el 1 de enero de 1999.
22. Esta Subsección ha precisado que la nulidad simple del Decreto 4040 de 2004
implica que este nunca produjo efectos jurídicos válidos, de manera que el Decreto 610
de 1998 estuvo vigente de forma continua durante todo el período de coexistencia
normativa —del 3 de diciembre de 2004 al 28 de enero de 2012—, sin que la mera
aplicación del Decreto 4040 de 2004 durante ese lapso configure una situación jurídica
consolidada oponible a los beneficiarios.
23. En esa medida, no le asiste razón al a quo al atribuir, sin distinción alguna, efectos
ex tunc a la declaratoria de nulidad, pero tampoco a la entidad recurrente al sostener que
sus efectos operan exclusivamente ex nunc a partir de la ejecutoria de la sentencia. En
realidad, la controversia no recae sobre la existencia del derecho, sino sobre su
exigibilidad y los efectos que dicha circunstancia produce en materia de prescripción.
24. Dicha continuidad, sin embargo, no se extiende al período anterior a la expedición
del Decreto 4040 de 2004. Entre la ejecutoria de la nulidad del Decreto 2668 de 1998 —
el 5 de octubre de 2001— y el 2 de diciembre de 2004 no existió dualidad normativa, pues
el único régimen vigente era el Decreto 610 de 1998 y el derecho era plenamente exigible;
por tal razón, los valores causados en ese lapso están sujetos a la prescripción trienal
ordinaria, salvo que se acredite su interrupción mediante petición formulada antes del 3
de diciembre de 2004, o mediante la suscripción de un contrato de transacción en los
términos del artículo 2 del Decreto 4040 de 2004, conforme se expone en el segundo
problema jurídico.
25. Por el contrario, respecto del período comprendido entre el 3 de diciembre de 2004
y el 28 de enero de 2012 —lapso de coexistencia normativa entre los Decretos 4040 de
2004 y 610 de 1998—, la prescripción no corrió, pues la exigibilidad cierta del derecho
solo se consolidó con la ejecutoria de la sentencia que declaró la nulidad del primero; en
consecuencia, los valores causados durante ese lapso únicamente prescriben si la
reclamación correspondiente no se formuló dentro de los tres años siguientes al 28 de
enero de 2012.
7 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencia del 14 de diciembre de 2011, radicado 11001
03 25 000 2005 00244 01 (10067-2005). C. P. Carlos Arturo Orjuela Góngora.
8 El 27 de enero de 2012 corresponde al último día de vigencia del Decreto 4040 de 2004 y a la fecha que el artículo 1
del Decreto 1102 de 2012 fijó para el inicio del pago de la nueva bonificación por compensación equivalente al 80%,
sin que ello equivalga a la fecha de ejecutoria de la sentencia de nulidad, la cual se produjo el 28 de enero de 2012.
Ver Decreto 1102 de 2012, artículo 1, y Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala Plena de Conjueces, sentencia
del 2 de septiembre de 2019, Exp. 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-18), C. P. Carmen Anaya de Castellanos;
en el mismo sentido, Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencia de unificación del 18 de
mayo de 2016, radicado 25000 23 25 000 2010 00246 02 (0845-2015), y Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia del 5 de marzo de 2026, radicado 76001 23 31 000 2011 01609 02 (4087-2022), C. P. Juan
Camilo Morales Trujillo.
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Radicación: 05001-23-33-000-2014-00076-02 (3842-2023)
Demandante: José Fernando López Villegas y otros
26. Así lo reconoció, además, el propio Gobierno nacional al expedir el Decreto 1102
de 2012, en su artículo 2 dispuso que, como consecuencia de la declaratoria de nulidad
del Decreto 4040 de 2004, los servidores que venían percibiendo la bonificación de
gestión judicial percibirían la bonificación por compensación a partir de la fecha de
ejecutoria de dicha sentencia9.
27. Adicionalmente, la Sala precisa que el reconocimiento de la bonificación por
compensación, sumado a los demás ingresos laborales, en ningún caso podrán superar
el 80% de lo devengado por todo concepto por los magistrados de las Altas Cortes, límite
fijado tanto en el Decreto 610 de 1998 como, posteriormente, por el Decreto 1102 de
2012 —al regular nuevamente esta prestación tras la nulidad del Decreto 4040 de 2004—
, situación que de forma alguna desborda el marco del recurso de alzada, en tanto se
circunscribe a fijar el alcance exacto de la condena que cuestiona la entidad recurrente.
28. Frente al segundo problema jurídico, se encuentra acreditado que los señores
José Fernando López Villegas y Hernando de Jesús Betancur Ramírez ejercieron el
cargo de Fiscal Delegado ante el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Antioquia desde
el 1 de enero de 2001 y el 1 de febrero de 2002, respectivamente, y continuaban
vinculados a la fecha de la demanda. Se encuentra igualmente acreditado que dichos
demandantes suscribieron, el 13 de diciembre de 2004, contratos de transacción con la
Dirección Administrativa y Financiera de la Fiscalía Seccional Medellín, para acogerse a
la Bonificación de Gestión Judicial del Decreto 4040 de 2004, sin que conste en el
expediente que hubieran formulado petición escrita alguna con anterioridad a esa fecha.
29. Dicho supuesto corresponde exactamente a la hipótesis prevista en el literal b) del
artículo 2 del Decreto 4040 de 2004, según el cual la interrupción de la prescripción se
configura, entre otros eventos, respecto de quienes «no han efectuado tales
reclamaciones y suscriban contratos de transacción para precaver litigios futuros
relacionados con la Bonificación por Compensación».10
30. Sobre este punto, esta misma Subsección ha sostenido que la regla general de
prescripción de los valores causados entre el 5 de octubre de 2001 y el 3 de diciembre
de 2004 admite una excepción de aplicación restrictiva cuando el interesado acredita
haber interrumpido la prescripción antes de esa fecha.11
31. Recientemente, mediante sentencia del 5 de marzo de 2026, esta Sala precisó el
alcance de dicha excepción al establecer que la suscripción del contrato de transacción
es, por sí sola, requisito autónomo y suficiente para tenerla por configurada, sin que sea
exigible, adicionalmente, la acreditación de una reclamación administrativa previa —
9 Decreto 1102 de 2012, artículo 2.
10 Decreto 4040 de 2004, artículo 2, literal b): «Los que no han efectuado tales reclamaciones y suscriban contratos de
transacción para precaver litigios futuros relacionados con la Bonificación por Compensación».
11
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de septiembre de 2025, radicado 25000 23 42 000
2013 05688 02 (1236-2021), C. P. Juan Camilo Morales Trujillo: «Procede la prescripción de la bonificación por
compensación entre el 5 de octubre de 2001 y el 2 de diciembre de 2004. Lo anterior es la regla general. Esta regla
tiene una excepción, que consiste en que, si la persona logra demostrar en el expediente, con prueba documental, que
antes del 3 de diciembre de 2004 había interrumpido la prescripción conforme a la ley […]. Esta excepción, como toda
excepción, es de aplicación restrictiva».
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Radicación: 05001-23-33-000-2014-00076-02 (3842-2023)
Demandante: José Fernando López Villegas y otros
exigencia que ese precedente descartó por no estar contemplada en el tenor literal del
decreto—.12
32. La circunstancia de que el a quo hubiese declarado la ineficacia de los contratos
de transacción suscritos por los señores López Villegas y Betancur Ramírez, por versar
sobre un derecho irrenunciable, en nada enerva su valor como hecho probado para este
efecto: la suscripción del contrato acredita que ambos demandantes se acogieron, de
buena fe, al régimen alternativo dispuesto por el Decreto 4040 de 2004, que es
precisamente la situación que la excepción jurisprudencial busca proteger frente al
fenómeno prescriptivo.
33. En ese orden, el reconocimiento y pago de la bonificación por compensación del
Decreto 610 de 1998 —incluida la prima especial de servicios y con sujeción al tope
indicado previamente— procede a favor del señor Hernando de Jesús Betancur Ramírez
desde el 5 de octubre de 2001 —fecha de ejecutoria de la nulidad del Decreto 2668 de
1998, que restableció la vigencia del Decreto 610 de 1998
34. En cambio, el período comprendido entre el 1 de enero y el 4 de octubre de 2001
se declarará prescrito: si bien durante ese lapso el señor Betancur Ramírez ya se
encontraba vinculado al cargo, el derecho a la bonificación por compensación solo se
hizo exigible a partir del 5 de octubre de 2001, fecha desde la cual empezó a correr, el
término de tres años para reclamarlo, de manera que el plazo para interrumpir la
prescripción de las sumas causadas entre el 1 de enero y el 4 de octubre de 2001 vencía
el 5 de octubre de 2004. Como en el expediente no obra prueba de que dicha interrupción
se hubiese producido dentro de ese lapso —el único acto con esa virtualidad, el contrato
de transacción se suscribió el 13 de diciembre de 2004, esto es, después de vencido
dicho término—, las sumas correspondientes a ese período se encuentran prescritas, en
los términos precisados por esta Subsección13.
35. Para el señor José Fernando López Villegas desde el 1 de febrero de 2002, fecha
en que, de acuerdo con las certificaciones laborales, tomó posesión del cargo de Fiscal
Delegado ante el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Antioquia. En ambos casos, el
reconocimiento se extiende hacia el futuro, mientras permanezcan en el cargo, sin que
haya lugar a declarar prescrito ninguno de los valores reclamados, por encontrarse
acreditada la interrupción de dicho fenómeno mediante la suscripción de los contratos de
transacción del 13 de diciembre de 2004, en los términos expuestos.
36. En relación con las señoras Yolanda María Serna González y María Gladys
Martínez Idárraga, quienes ejercieron el cargo entre el 4 de febrero de 2008 y el 19 de
abril de 2011, y entre el 1 de agosto de 2005 y el 4 de abril de 2010, respectivamente, y
como ambas se vincularon con posterioridad al 3 de diciembre de 2004, la totalidad de
su servicio transcurrió dentro del período de coexistencia normativa entre los Decretos
12 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 5 de marzo de 2026, radicados 25000-23-25-
000-2011-00826-02 (1261-2019) y 25000-23-25-000-2012-01329-02 (1945-2024), C. P. Jorge Iván Duque Gutiérrez.
13 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 6 de agosto de 2026, radicado 68001-23-33-
000-2014-00858-02 (0784-2026), C. P. Luis Eduardo Mesa Nieves.
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Demandante: José Fernando López Villegas y otros
610 de 1998 y 4040 de 2004, de manera que, con mayor razón que en el caso anterior,
tampoco les resulta aplicable la prescripción.
37. En consecuencia, dado que su reclamación administrativa se formuló el 22 de
noviembre de 2012 —dentro de los tres años siguientes a la ejecutoria de la sentencia
que declaró la nulidad del Decreto 4040 de 2004—, no se encuentra prescrito ningún
valor causado durante el tiempo que ejercieron el cargo. Por tanto, procede el
reconocimiento y pago de la bonificación por compensación del Decreto 610 de 1998,
con sujeción al tope indicado previamente, durante la totalidad de los períodos en que
efectivamente lo ejercieron.
38. Así las cosas, el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía General de la
Nación no está llamado a prosperar en cuanto a su planteamiento central, esto es, la
pretendida aplicación de efectos ex nunc que postergarían el reconocimiento del derecho
hasta la ejecutoria de la nulidad del Decreto 4040 de 2004 (28 de enero de 2012), ni en
cuanto a la prescripción de los valores causados por los señores López Villegas y
Betancur Ramírez con anterioridad al 3 de diciembre de 2004, por encontrarse acreditada
la interrupción de dicho fenómeno mediante los contratos de transacción del 13 de
diciembre de 2004.
39. El recurso prospera, únicamente, en cuanto a la necesidad de precisar el término
inicial del reconocimiento —que no corre desde el 1 de enero de 1999, como lo dispuso
el a quo bajo una comprensión irrestricta de los efectos ex tunc, sino desde el 5 de octubre
de 2001 para el señor Betancur Ramírez y desde el 1 de febrero de 2002 para el señor
López Villegas y de fijar expresamente el tope del 80% al que se sujeta la condena.
40. Conforme a lo expuesto, la Sala modificará parcialmente la sentencia apelada
para precisar que el reconocimiento de la bonificación por compensación del Decreto 610
de 1998 procede, respecto del señor Betancur Ramírez desde el 5 de octubre de 2001 y
respecto del señor López Villegas desde el 1 de febrero de 2002, y hacia el futuro, sin
que haya lugar a declarar prescrito ninguno de los valores reclamados, por hallarse
acreditada la interrupción de la prescripción mediante la suscripción de los contratos de
transacción del 13 de diciembre de 2004; y, respecto de las señoras Serna González y
Martínez Idárraga, durante la totalidad del tiempo en que ejercieron el cargo, por no
resultarles aplicable dicha prescripción. Se precisará, además, que dicho reconocimiento
en ningún caso podrá superar el tope del 80% fijado en el Decreto 610 de 1998.
Condena en costas
41. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la Ley
2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación frente a
la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura armónica
y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera significó un
apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta materia.
42. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
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Radicación: 05001-23-33-000-2014-00076-02 (3842-2023)
Demandante: José Fernando López Villegas y otros
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando así
una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en este tipo
de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso de los
trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del
CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena
en costas sobre la parte vencida en el proceso.
43. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación y
ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la remisión
contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
44. En este contexto, en el caso concreto no procede la condena en costas, toda vez
que si bien no prosperaron los reparos del recurrente que buscaban la revocatoria de la
sentencia, sí se acogieron parcialmente sus reproches en cuanto a la prescripción de los
valores causados y la fijación del tope del ochenta por ciento (80%) al cual se encuentra
sometido el reconocimiento; de modo que no puede predicarse que alguna de las partes
haya sido vencida. En consecuencia, se prescindirá de la condena en costas en segunda
instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
IV. RESUELVE
PRIMERO. MODIFICAR el numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia
proferida el 30 de septiembre de 2022 por la Sala de Conjueces del Tribunal
Administrativo de Antioquia, el cual quedará así:
«SEGUNDO: Como restablecimiento del derecho, CONDENAR a la Nación – Fiscalía
General de la Nación a: (i) reconocer y pagar a José Fernando López Villegas y
Hernando de Jesús Betancur Ramírez la Bonificación por Compensación establecida
con carácter permanente por el Decreto 610 de 1998, la cual, sumada a sus demás
ingresos laborales, iguale al 80% de los ingresos laborales que por todo concepto
perciben los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Corte
Constitucional y el Consejo Superior de la Judicatura, incluyendo la prima especial de
servicios consagrada en el artículo 15 de la Ley 4 de 1992, al señor Betancur Ramírez
desde el 5 de octubre de 2001 y al señor López Villegas desde el 1 de febrero de
2002 y mientras permanezcan en el cargo, sin que en ningún caso la sumatoria de
dicha bonificación con los demás ingresos laborales percibidos supere el 80% de
lo devengado por los Magistrados de las Altas Cortes; y (ii) reconocer y pagar a
Yolanda María Serna González y María Gladys Martínez Idárraga la Bonificación
por Compensación establecida por el Decreto 610 de 1998, en los mismos
términos, durante el tiempo que ejercieron el cargo de Fiscal Delegado ante el
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Antioquia —del 4 de febrero de 2008 al 19
de abril de 2011 y del 1 de agosto de 2005 al 4 de abril de 2010, respectivamente—
, sin que la sumatoria de dicha bonificación con sus demás ingresos laborales
supere el ochenta por ciento (80%) de lo devengado por los Magistrados de las
Altas Cortes.»
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Radicación: 05001-23-33-000-2014-00076-02 (3842-2023)
Demandante: José Fernando López Villegas y otros
SEGUNDO. CONFIRMAR en lo demás la providencia recurrida.
TERCERO. Sin condena en costas en segunda instancia.
CUARTO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado denominada
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con el artículo 186 del CPACA.
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