Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2013-01063-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2013-01063-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 68001-23-33-000-2013-01063-02
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
3 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá D.C., tres (03) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 68001 23 33 000 2013 01063 02 (1141-2025)
Demandante: Samuel Arenas Guiza
Demandado: Nación - Procuraduría General de la Nación
Tema: Bonificación por compensación, Decreto 610 de 1998.
Decisión: Se revoca la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se accede
a las pretensiones de la demanda.
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia expedida el 28 de febrero de 2025 por la Sala de Conjueces del Tribunal
Administrativo de Santander.
I. ANTECEDENTES
Demanda
1. El accionante, en ejercicio del medio de control de la referencia, solicitó la nulidad
de los oficios SG 1435 y SG 1436 del 23 de abril de 2013 expedidos por la Secretaría
General de la Procuraduría General de la Nación, mediante los cuales se negó el
reconocimiento y pago de la bonificación por compensación prevista en el Decreto 610
de 1998. Igualmente, pidió que se inaplique, por ilegal, el Decreto 4040 de 2004,
relacionado con la denominada bonificación por gestión judicial.
2. A título de restablecimiento del derecho pidió que se reconociera, liquidara y
pagara, de manera retroactiva y por nómina, de una parte, la diferencia salarial entre el
70% y el 80% de lo que por todo concepto devengan los magistrados de las altas cortes
de que trata el Decreto 610 de 1998, adicionado por el Decreto 1239 del mismo año; y,
de otra, el mismo porcentaje del 80%, pero calculado sobre lo devengado por todo
concepto por los congresistas, entre el 1 de marzo de 2010 y en adelante deduciendo lo
pagado por concepto de la bonificación por gestión judicial del Decreto 4040 de 2004.
Asimismo, reclamó el pago de intereses moratorios, la actualización de las condenas y el
cumplimiento de la sentencia.
3. Como sustento de sus pretensiones, argumentó que se desempeñó como
Procurador 159 Judicial II Administrativo de Bucaramanga entre el 1 de marzo de 2010 y
el 26 de enero de 2012. Manifestó que, mediante sentencia del 14 de diciembre de 2011,
la Sala de Conjueces de la Sección Segunda de esta Corporación declaró la nulidad
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 68001 23 33 000 2013 01063 02 (1141-2025)
Demandante: Samuel Arenas Guiza
integral, con efectos ex tunc, del Decreto 4040 de 2004, providencia que recobró la plena
vigencia del Decreto 610 de 1998 y, con ella, su derecho a percibir el 80% de lo
devengado por los magistrados de las altas cortes desde el inicio de su vinculación.
4. El 19 de marzo de 2013 presentó reclamación administrativa ante la entidad
demandada, solicitando el reconocimiento y pago de las diferencias salariales referidas,
la cual fue resuelta desfavorablemente mediante los oficios acusados.
Contestación de la demanda
5. La entidad demandada se opuso a las pretensiones bajo el argumento de que, en
su condición de entidad nominadora, carece de la facultad constitucional o legal para
definir el régimen salarial de los servidores vinculados a su planta de personal,
competencia que radica de manera exclusiva en el Gobierno nacional —conforme a los
artículos 150-19-e) y 189-11 de la Constitución Política y la Ley 4 de 1992—.
6. Señaló que la bonificación por compensación solo constituye factor salarial para
efecto de liquidar los aportes a pensión y que, de reconocerse efectos salariales
adicionales, ello no daría lugar a valor alguno distinto al ya cancelado por nómina.
7. Por último, solicitó que se desestimaran las pretensiones, con excepción del monto
ya reconocido mediante acta de conciliación judicial parcial aprobada el 26 de octubre de
2016.
Sentencia apelada
8. La Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo de Santander, mediante
sentencia del 28 de febrero de 2025, negó las pretensiones de la demanda
9. Al respecto, indicó que el Decreto 4040 de 2004 fue declarado nulo con efectos ex
tunc mediante la sentencia del 14 de diciembre de 2011, por lo que recobraron plena
vigencia los Decretos 610 y 1239 del 1998 y, al abordar el caso concreto, señaló que el
Decreto 4040 de 2004, «al ser especial y vigente para el régimen del demandante, prima
sobre el Decreto 610 de 1998, que regulaba una bonificación del 80%»; por tanto, no
resulta viable el reconocimiento.
10. Frente a la prescripción, precisó que la exigibilidad del derecho solo se produjo a
partir de la ejecutoria de la sentencia que declaró la nulidad del Decreto 4040 de 2004 —
28 de enero de 2012—, de modo que, al haberse presentado la petición en sede
administrativa el 19 de marzo de 2013, no operó el fenómeno prescriptivo.
Recurso de apelación
11. Inconforme con la decisión, la parte actora solicitó revocar la sentencia y acceder
a las pretensiones de la demanda argumentando que la sentencia de primera instancia
dejó sin resolver dos pretensiones específicas: de un lado, la diferencia del 70% y el 80%
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de que trata el Decreto 610 de 1998; y de otro, el reconocimiento del mismo porcentaje
calculado sobre lo devengado por todo concepto por los congresistas, incluidas sus
cesantías.
12. Resaltó que por virtud de los efectos ex tunc de la nulidad del Decreto 4040 de
2004, el demandante tiene pleno derecho al 80% reclamado desde el inicio de su
vinculación, y citó sentencias de segunda instancia proferidas en casos análogos en las
que se accedió íntegramente a pretensiones equivalentes por lo que solicitó revocar la
sentencia y acceder a las pretensiones de la demanda.
II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
13. Mediante auto del 5 de junio de 2025, se admitió el recurso de apelación y se corrió
traslado a las partes para alegar de conclusión.
14. La parte accionante reiteró los argumentos del recurso. Por su parte, la entidad
demandada no se pronunció.
15. El Ministerio Público rindió concepto en el que solicitó revocar el fallo apelado y,
en su lugar, acceder a las pretensiones de la demanda toda vez que la decisión
desatendió los efectos de la nulidad del Decreto 4040 de 2004 y la jurisprudencia
reiterada del Consejo de Estado sobre la bonificación por compensación, razón por la
cual consideró discriminatorio que se le hubiera pagado menos de lo que devengan sus
pares funcionales.
III. CONSIDERACIONES
Competencia
16. De conformidad con lo previsto en el artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso-Administrativo (CPACA), modificado por
el artículo 615 del Código General del Proceso (CGP), el Consejo de Estado es
competente para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias
dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos.
Problema jurídico
17. En concordancia con los reparos concretos formulados en el recurso de apelación,
esta Sala debe determinar si el demandante tiene derecho al reconocimiento y pago de
la bonificación por compensación prevista en el Decreto 610 de 1998, equivalente al 80%
de lo que por todo concepto —incluido el auxilio de cesantías de los congresistas—,
devengaron los magistrados de las altas cortes durante el periodo en que prestó servicios
en calidad de Procurador Judicial II, esto es, entre el 1 de marzo de 2010 y el 26 de enero
de 2012.
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Demandante: Samuel Arenas Guiza
Análisis del problema jurídico
18. En el presente caso la Sala anuncia que revocará la sentencia apelada y en su
lugar accederá a las pretensiones de la demanda.
19. En el sub lite se encuentra acreditado que el demandante prestó sus servicios
como Procurador 159 Judicial II Administrativo de Bucaramanga entre el 1 de marzo de
2010 y el 26 de enero de 2012 devengó los siguientes salarios mensuales, así1:
20. La referida certificación señala que «Del 1 al 26 de enero de 2012, el valor de la
bonificación judicial2 era de $8.853.107 a partir del 27 del mismo mes y en adelante, de
conformidad con lo dispuesto por el Decreto 1102 del 24 de mayo 2012, se denomina
bonificación por compensación y correspondía a una suma de $11.469.226 mensuales.
Lo anterior, con el fin de nivelar el salario de los Procuradores Judiciales II al 80% de los
ingresos devengados en el año por los Magistrados de las Altas Cortes.» (sic).
21. Se encuentra probado que el accionante presentó petición en sede administrativa
el 19 de marzo de 2013.
22. El Decreto 610 de 1998, adicionado por el Decreto 1239 del mismo año, creó la
bonificación por compensación con carácter permanente, equivalente al 60% de lo
devengado por todo concepto por los magistrados de las altas cortes para 1999, el 70%
para 2000 y el 80% a partir de 2001 en adelante3. Ese decreto fue derogado por el
Decreto 2668 de 1998, el cual, a su vez, fue declarado nulo por la Sala de Conjueces de
la Sección Segunda de esta Corporación mediante sentencia del 25 de septiembre de
20014, providencia que, por sus efectos ex tunc, dejó incólume el derecho de los
destinatarios del Decreto 610 de 1998 a percibir la bonificación en los términos allí
previstos, sin solución de continuidad.
1 De acuerdo con la certificación 0726 del 28 de mayo de 2019, expedida por el jefe de la división de gestión
humana de la Procuraduría General de la Nación a solicitud del a quo, archivo 042Memorial.pdf.
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Es preciso señalar que la bonificación judicial a que se refiere esta certificación corresponde a la
bonificación por gestión judicial del Decreto 4040 de 2004, sin que deba confundirse con la bonificación
judicial creada posteriormente por el Decreto 383 de 2013 para los servidores de la Rama Judicial y de la
Justicia Penal Militar.
3Decreto 610 de 1998, artículo 1, adicionado por el Decreto 1239 de 1998.
4 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencia del 25 de septiembre de 2001,
expediente 395-99, conjuez ponente Álvaro Lecompte Luna. En el mismo sentido, entre otras, Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección A: sentencia del 12 de junio de 2025, radicación 25000-23-42-000-
2013-02061-02 (1279-2019), C.P. Luis Eduardo Mesa Nieves; y sentencia del 25 de septiembre de 2025,
radicación 25000-23-42-000-2013-05688-02 (1236-2021), C.P. Juan Camilo Morales Trujillo.
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23. Posteriormente, el Gobierno nacional expidió el Decreto 4040 de 2004, que creó
la bonificación por gestión judicial, equivalente al 70% de lo devengado por los
magistrados de las altas corte, condicionada al desistimiento de las demandas o a la
suscripción de contratos de transacción por parte de los beneficiarios del Decreto 610 de
1998. Dicho decreto fue declarado nulo, en su integridad y con efectos ex tunc, mediante
sentencia del 14 de diciembre de 20115, providencia ejecutoriada el 28 de enero de 2012,
por crear una desigualdad injustificada entre servidores de una misma categoría y por
desconocer el carácter irrenunciable de un derecho cierto e indiscutible. En
consecuencia, a partir de esa declaratoria, el Decreto 4040 de 2004 se reputa como si
nunca hubiera existido en el ordenamiento jurídico, recobrando plena vigencia el Decreto
610 de 1998.
24. Esta Corporación ha precisado, de manera reiterada, que la bonificación por
compensación no puede superar en ningún caso el 80% de lo que por todo concepto
devenguen anualmente los magistrados de las altas cortes —que equivale a lo percibido
por los congresistas, incluido el auxilio de cesantías, en aplicación del artículo 15 de la
Ley 4 de 1992—, de manera que ese 80% constituye, a la vez, un piso y un techo6.
25. No existe razón para excluir el auxilio de cesantías de la base de cálculo, pues se
trata de un ingreso laboral permanente que integra lo devengado «por todo concepto»
por los congresistas y, por esa vía, por los magistrados de las altas cortes, de modo que
su inclusión no varía la naturaleza del beneficio ni lo convierte en un derecho distinto al
reclamado, sino que incide únicamente en la correcta liquidación del monto que
corresponde reconocer, sin que en ningún caso el resultado pueda superar el límite del
80%.
26. La Sala precisa, además, que lo reclamado y lo que habrá de reconocerse no
constituye una diferencia salarial en sentido genérico, sino, específicamente, la
bonificación por compensación creada por el artículo 1 del Decreto 610 de 1998, la cual,
según esa misma disposición, «sólo constituirá factor salarial para efectos de determinar
las pensiones de vejez, invalidez y sobrevivientes»7. Se trata, entonces, de un
emolumento adicional y autónomo, distinto del salario básico, cuyos efectos salariales no
están autorizados para propósitos distintos del pensional; de ahí que la parte resolutiva
de esta providencia se refiera al reajuste de la bonificación por compensación y no a una
5 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencia del 14 de diciembre de 2011,
radicación 11001-03-25-000-2005-00244-01 (10067-2005). Ver también, en el mismo sentido, Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección A: sentencia del 23 de abril de 2026, radicación 76001-23-31-000-
2012-00632-02 (3517-2022), C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez; sentencia del 23 de abril de 2026, radicación
25000-23-42-000-2013-05381-02 (0705-2021), C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez; y sentencia del 5 de
marzo de 2026, radicación 25000-23-25-000-2012-01329-02 (1945-2024), C.P. Jorge Iván Duque
Gutiérrez, esta última frente a la misma entidad demandada.
6 En el mismo sentido sobre el tope del 80%, Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A:
sentencia del 4 de septiembre de 2025, radicación 25000-23-25-000-2012-01319-02 (1578-2021),
sentencia del 25 de septiembre de 2025, radicación 25000-23-42-000-2013-05688-02 (1236-2021) y
sentencia del 30 de julio de 2026, radicación 05001-23-33-000-2014-00076-02 (3842-2023), C.P Juan
Camilo Morales Trujillo en las decisiones
7 En el mismo sentido, Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A: sentencia del 4 de septiembre
de 2025, radicación 25000-23-25-000-2012-01319-02 (1578-2021), sentencia del 25 de septiembre de
2025, radicación 25000-23-42-000-2013-05688-02 (1236-2021), y sentencia del 30 de julio de 2026,
radicación 25000-23-42-000-2013-06056-03 (3502-2023), C.P. Juan Camilo Morales Trujillo.
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diferencia salarial general, a fin de evitar controversias en la etapa de cumplimiento del
fallo.
27. En cuanto a la prescripción, esta Sección ha sostenido que, ante la coexistencia
de dos regímenes salariales diferentes —el del Decreto 610 de 1998 y el del Decreto
4040 de 2004—, la exigibilidad del derecho a reclamar la bonificación por compensación
solo puede predicarse desde la ejecutoria de la sentencia que declaró la nulidad de este
último, es decir, desde el 28 de enero de 2012.8 Como la petición en sede administrativa
del demandante se presentó el 19 de marzo de 2013, dentro del trienio siguiente a esa
fecha, no operó la prescripción respecto de ninguna de las sumas reclamadas.
28. Ahora bien, la Sala advierte que la sentencia de primera instancia incurrió en una
contradicción interna que debe corregirse: en el acápite de marco normativo y
jurisprudencial reconoció, en términos correctos y coincidentes con la doctrina reiterada
de esta Corporación, que la nulidad del Decreto 4040 de 2004 tiene efectos ex tunc y
que, por tanto, recobró plena vigencia el Decreto 610 de 1998; sin embargo, al resolver
el caso concreto, aplicó exactamente el criterio contrario, esto es, que el Decreto 4040
de 2004 prevalece sobre el Decreto 610 de 1998 «por ser especial y vigente para el
régimen del demandante». Ese razonamiento no resulta acertado, pues una norma
declarada nula con efectos retroactivos no puede, al mismo tiempo, servir de fundamento
válido para negar un derecho causado durante su vigencia aparente; sostener lo contrario
equivale a desconocer la consecuencia jurídica que la propia sentencia había explicado
con acierto.
29. En ese orden de ideas, le asiste razón al recurrente en cuanto a que, durante el
periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2010 y el 26 de enero de 2012, tenía derecho
a percibir el 80% de lo que por todo concepto —incluido el auxilio de cesantías, como
parámetro para determinar la liquidación de la prima especial de servicios de que trata el
artículo 15 de la Ley 4ª de 1992— devengaron los magistrados de las altas cortes, y no
el 70% que le fue reconocido en aplicación del Decreto 4040 de 2004.
30. En consecuencia, se revocará la sentencia apelada, se declarará la nulidad de los
oficios SG 1436 y SG 1435 del 23 de abril de 2013 y, a título de restablecimiento del
derecho, se condenará a la entidad demandada a reconocer, liquidar y pagar la
bonificación por compensación correspondiente, sin que en ningún caso la sumatoria de
dicha bonificación con los demás ingresos laborales percibidos supere el tope del 80%
antes explicado y con sujeción a lo efectivamente reconocido con anterioridad mediante
el acta de conciliación judicial parcial del 26 de octubre de 2016, la cual deberá deducirse
del monto total a liquidar.
8 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A: sentencia del 5 de marzo de 2026, radicación
25000-23-25-000-2012-01329-02 (1945-2024) y sentencia del 5 de marzo de 2026, radicación 25000-23-
25-000-2011-00826-02 (1261-2019), C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez, ambas proferidas frente a la Nación
– Procuraduría General de la Nación; sentencia del 25 de junio de 2026, radicación 25000-23-42-000-2013-
05386-02 (0698-2020), C.P. Juan Camilo Morales Trujillo; sentencia del 23 de abril de 2026, radicación
76001-23-31-000-2012-00632-02 (3517-2022) y sentencia del 23 de abril de 2026, radicación 25000-23-
42-000-2013-05381-02 (0705-2021), C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez.
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31. Es preciso señalar que mediante Oficio 000543 del 30 de agosto de 2016, la
Secretaría Técnica del Comité de Conciliación Ad-Hoc de la Procuraduría General de la
Nación remitió la certificación que autorizó conciliar con el demandante, exclusivamente,
la diferencia del 10% —entre el 70% pagado y el 80% debido— frente a lo devengado
por los magistrados de las altas cortes, durante el periodo comprendido entre el 8 de
marzo de 2010 y el 26 de enero de 2012, por un capital actualizado de $69.798.035, sin
lugar a intereses ni a otras prestaciones sociales, dejando por fuera la pretensión relativa
al 80% calculado con base en lo devengado por los congresistas.
32. Este acuerdo fue aprobado mediante Auto del 26 de octubre de 2016, en el que la
Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo de Santander precisó que hace tránsito a
cosa juzgada y pone fin al proceso respecto de la pretensión frente a los
magistrados de las altas cortes, y ordenó continuar el trámite únicamente respecto de
la pretensión relativa a los congresistas, de modo que, lo que corresponde decidir en esta
instancia es, exclusivamente, la pretensión relativa a la base de los Congresistas, que es
la que sustenta la inclusión del auxilio de cesantías explicada en los párrafos
precedentes.
33. Finalmente, la Sala se pronunciará sobre la pretensión primera de la demanda,
mediante la cual se solicitó que, por vía de excepción de ilegalidad, se inaplicara el
Decreto 4040 de 2004 en el caso concreto del demandante. Al respecto, se observa que
la inaplicación por excepción de ilegalidad es un mecanismo de control difuso, de efectos
inter partes, que presupone la vigencia del acto general cuya aplicación se cuestiona en
el caso concreto.
34. Sin embargo, para la fecha de este pronunciamiento el Decreto 4040 de 2004 ya
no se encuentra vigente en el ordenamiento jurídico, pues fue expulsado de este con
efectos generales, erga omnes y ex tunc, mediante la sentencia del 14 de diciembre de
2011, debidamente ejecutoriada, circunstancia que la propia parte demandante invocó
como fundamento de esta pretensión. En consecuencia, no hay lugar a inaplicar, por vía
de excepción, una norma que ya fue retirada del ordenamiento con efectos generales,
por lo que la pretensión primera se declarará satisfecha por sustracción de materia.
Condena en costas
35. La modificación del artículo 188 del CPACA efectuada por el artículo 47 de la Ley
2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación frente a
la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura armónica y útil de la norma
se colige que la aludida reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración
del criterio objetivo que gobierna esta materia.
36. La pretensión del legislador con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal respecto de asuntos donde se ventile un interés público, creando así
una excepción a la regla general según la cual no procede dicha imposición en este tipo
de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso de los
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Demandante: Samuel Arenas Guiza
trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del
CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena
en costas sobre la parte vencida en el proceso.
37. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación y
ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la remisión
contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
38. En consecuencia, se impondrán costas a la entidad demandada en ambas
instancias, por cuanto se revoca totalmente la sentencia apelada y se accede a las
peticiones del recurso de apelación. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366
del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera
instancia y las expensas serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal Administrativo de
Santander.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
IV. RESUELVE
PRIMERO. REVOCAR la sentencia del 28 de febrero de 2025, proferida por la Sala de
Conjueces del Tribunal Administrativo de Santander, que negó las pretensiones de la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho incoada por el señor Samuel Arenas
Guiza contra la Procuraduría General de la Nación.
SEGUNDO. DECLARAR la nulidad de los oficios SG 1435 y 1436 del 23 de abril de 2013,
a través de las cuales la Procuraduría General de la Nación negó al señor Samuel Arenas
Guiza el reconocimiento y pago de la Bonificación por Compensación prevista en el
Decreto 610 de 1998.
TERCERO. A título de restablecimiento del derecho, CONDENAR a la Nación –
Procuraduría General de la Nación a reconocer, liquidar y pagar a favor de Samuel
Arenas Guiza la Bonificación por Compensación prevista en el Decreto 610 de 1998,
adicionado por el Decreto 1239 del mismo año, la cual, sumada a sus demás ingresos
laborales, deberá igualar el 80% de lo que por todo concepto —incluido el auxilio de
cesantías, como parámetro para determinar la liquidación de la prima especial de
servicios de que trata el artículo 15 de la Ley 4ª de 1992— devengaron los magistrados
de las altas cortes de justicia, durante el periodo comprendido entre el 1 de marzo de
2010 y el 26 de enero de 2012, sin que en ningún caso dicha sumatoria supere ese tope
del 80%. Se precisa que la presente condena se circunscribe a la diferencia derivada de
calcular dicha base salarial con inclusión de lo devengado por los congresistas, por
cuanto la pretensión relativa al 80% de lo devengado por los magistrados de las altas
cortes ya hizo tránsito a cosa juzgada mediante el Auto del 26 de octubre de 2016,
proferido por la Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo de Santander, que aprobó
el acuerdo conciliatorio por la suma de $69.798.035, motivo por el cual no hay lugar a un
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Demandante: Samuel Arenas Guiza
nuevo pronunciamiento sobre ese extremo. Este reajuste no comporta efectos salariales
distintos de los previstos en el artículo 1 del Decreto 610 de 1998, esto es, para la
liquidación de las pensiones de vejez, invalidez y sobrevivientes.
CUARTO. Las sumas reconocidas se actualizarán y devengarán los intereses previstos
en los artículos 187 y 195 del CPACA.
QUINTO. La Nación – Procuraduría General de la Nación deberá dar cumplimiento a lo
dispuesto en este fallo dentro del plazo señalado en el artículo 192 del CPACA.
SEXTO. CONDENAR en costas en ambas instancias a la Nación – Procuraduría General
de la Nación, las cuales se liquidarán conforme al artículo 366 del CGP. Para el efecto,
de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el
magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la
Secretaría del Tribunal Administrativo de Santander.
SÉPTIMO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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