Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-31-000-2012-00632-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-31-000-2012-00632-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 76001-23-31-000-2012-00632-02
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
23 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., veintitrés (23) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 76001-23-31-000-2012-00632-02 (3517-2022)
Demandante: Amanda García Trujillo
Demandado: Nación — Fiscalía General de la Nación
Temas: Bonificación por compensación. Efectos nulidad Decreto 4040
de 2004. CONFIRMA SENTENCIA
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA (Decreto 01 de 1984)
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada
contra la sentencia proferida el dieciséis (16) de mayo de dos mil veintidós (2022)
por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por medio de la cual accedió
parcialmente a las pretensiones.
ANTECEDENTES
1. La señora Amanda García Trujillo instauró demanda1 en contra de la Nación —
Fiscalía General de la Nación, en ejercicio de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del Código
Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984), con el fin de que se acceda a
las siguientes
PRETENSIONES
2. Que se declare la nulidad del acto ficto producto del silencio administrativo
negativo ante la petición elevada el 28 de noviembre de 2011, por medio del cual
la entidad negó la bonificación por compensación. Como restablecimiento del
derecho, sea condenada a pagar las diferencias salariales que resulten de la
aplicación del Decreto 610 de 1998, hasta nivelar el 80 % de los ingresos que
por todo concepto perciben los magistrados de altas cortes, desde el 1.° de
enero de 2001 hasta su retiro de la entidad.
1 Folios 13 a 22.
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HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:
3. Que presta sus servicios a favor de la entidad como fiscal delegada ante tribunal,
desde el 1.° de enero de 2001 y permanece vinculada en la actualidad. Que la
demandada le reconoció la bonificación por gestión judicial, siendo esta inferior
a la solicitada.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
4. Considera violados los artículos 22, 25, 29 y 53 de la Constitución Política; la
Ley 4.ta de 1992 y el Decreto 610 de 1998.
5. Que el Consejo de Estado declaró la nulidad del Decreto 4040 de 2004, por lo
que las disposiciones contenidas en esa norma quedaron sin vigencia, con
efectos retroactivos, razón por la cual el derecho cuyo reconocimiento se solicita
debe fundarse en el Decreto 610 de 1998.
TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA
6. La demanda fue admitida el 20 de marzo de 20152. La entidad manifestó3 que
ha dado cumplimiento a las normas salariales y prestacionales para los
servidores de la entidad, por lo que no puede reconocer lo que la ley no concede.
Propuso como excepción “la genérica”.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN4
7. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia del 16 de
mayo de 2022, accedió parcialmente a las pretensiones. Expresó que, en
consideración a la nulidad del Decreto 4040 de 2004 y sus efectos ex tunc, el
Decreto 610 de 1998 recobró vigencia, siendo este el aplicable para la actora.
8. Ordenó el reconocimiento de la bonificación por compensación equivalente al 80
% de lo que por todo concepto devengue un magistrado de alta corte, incluidas
las cesantías, desde el 27 de noviembre de 2008 y durante el tiempo que haya
ejercido el cargo de fiscal delegada ante tribunal, por operar la prescripción de
sus derechos laborales, en atención a que la reclamación administrativa fue
presentada el 28 de noviembre de 2011.
2 Folio 64.
3 Folios 71 a 82.
4 Ver índice 63 de SAMAI- Tribunal de origen.
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RECURSO DE APELACIÓN
9. La parte demandada5 interpuso recurso de apelación por considerar que la
sentencia desconoció la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre los efectos
de la nulidad del Decreto 4040 de 2004 y sobre la incompatibilidad entre la
bonificación por gestión judicial y la bonificación por compensación. Afirmó que
las sentencias de simple nulidad no producen efectos retroactivos, sino ex nunc,
hacia el futuro, por lo que la nulidad del Decreto 4040 de 2004 no habilita el
reconocimiento de la bonificación por compensación. Sostuvo que, durante la
vigencia de dicha norma, la bonificación por gestión judicial fue legalmente
reconocida y constituyó la norma aplicable a la actora durante el periodo
reclamado, la cual, reiteró, es incompatible con la bonificación por
compensación.
10. Que aunque la demandante reclamó el periodo comprendido entre el 1.° de
enero de 2001 y el 1.° de octubre de 2014, el fallo reconoció los derechos a partir
27 de noviembre de 2008 en adelante, sin embargo, advirtió que, desde el 27 de
enero de 2012 a los destinatarios del Decreto 610 de 1998 se les paga el 80%
de lo que por todo concepto perciben los magistrados de las altas cortes, por lo
que, si no prosperan los argumentos del recurso, debe tenerse en cuenta que
entre el 27 de enero de 2012 y el 1.° de octubre de 2014 no se adeuda suma
alguna por el concepto reclamado, y que, en todo caso se encuentran prescritas
las mesadas anteriores al 27 de noviembre de 2008.
TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
11. El 8 de agosto de 20236 se admitió el recurso. Las partes y el Ministerio Público
guardaron silencio.
Se decidirá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
Avoca conocimiento
12. De conformidad con lo previsto en el artículo 116 del CPACA, cuando se
modifica la integración de la sala, los nuevos magistrados desplazan a los
conjueces, siempre que respecto de aquellos no se predique causal de
impedimento o recusación, tal como ocurre en este caso7 y por ello se avocará
conocimiento del proceso.
5 Ver índice 66 de SAMAI- Tribunal de origen.
6 Ver índice 22 de SAMAI.
7 La Sección Segunda, actualmente, declara infundados los impedimentos manifestados por los integrantes de
la Sala, en los casos en que no se demuestre un interés actual directo o indirecto. En efecto, así se observa en
la siguiente decisión: Consejo de Estado. Auto del 6 de febrero de 2025. C.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
41001-23-33-000-2012-00203-04 (1969-2022).
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13. La Sala debe determinar si la demandante tiene derecho al reconocimiento y
pago de la bonificación por compensación prevista en el Decreto 610 de 1998
en consideración a los efectos de la nulidad del Decreto 4040 de 2004, y de ser
así, establecer si entre el 27 de enero de 2012 y el 1.° de octubre de 2014 se
realizó el pago oportuno del derecho.
Marco normativo y jurisprudencial
Bonificación por compensación
14. La bonificación por compensación fue creada mediante el Decreto 610 de 1998
tras el reconocimiento de una brecha salarial entre los magistrados de tribunal y
otros funcionarios frente a los magistrados de altas cortes, pues para ese
momento aquellos percibían apenas el 46 % de la remuneración de estos
últimos.
15. Con tal finalidad, la norma adoptó un esquema de nivelación salarial progresiva,
mediante el cual se dispuso un incremento gradual de los ingresos laborales de
los funcionarios destinatarios del decreto8, iniciando en 1999 con un
reconocimiento equivalente al 60% de lo percibido por los magistrados de las
altas cortes y alcanzando el 80% en el 2001. Con ese propósito, la norma
dispuso una nivelación progresiva de sus ingresos, hasta alcanzar el 80 % de lo
devengado por estos últimos.
16. Con la expedición del Decreto 2668 de 1998 se derogaron los Decretos 610 de
1998 y el 1239 del mismo año—que lo había adicionado—, lo que impedía la
posibilidad de reclamar la Bonificación por Compensación. Sin embargo, dicha
disposición fue declarada nula mediante sentencia de la Sala de Conjueces de
la Sección Segunda del Consejo de Estado, del 25 de septiembre de 20019, con
lo cual recobraron vigencia los decretos derogados y se restableció la mentada
bonificación, configurándose este como un primer momento en que la asignación
resultó plenamente exigible.
17. No obstante, en el año 2004, mediante el Decreto 4040 el Gobierno Nacional
creó la denominada «Bonificación de Gestión Judicial», destinada a los mismos
beneficiarios del Decreto 610 de 1998, con el propósito de nivelar sus
8 Artículo 2.°, Decreto 610 de 1998: «La Bonificación por Compensación de que trata el artículo anterior, se
aplicará a los Magistrados de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, Contencioso Administrativo,
Nacional y Superior Militar; a los Magistrados Auxiliares de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional,
y el Consejo Superior de la Judicatura; a los Abogados Auxiliares del Consejo de Estado; a los Fiscales y Jefes
de Unidad ante el Tribunal Nacional; a los Fiscales del Tribunal Superior Militar, los Fiscales ante el Tribunal de
Distrito, y los jefes de Unidad de Fiscalía ante Tribunal de Distrito.»
Adicionado por el artículo 1 del Decreto 1239 de 1998: «a los Secretarios Generales de la Corte Suprema de
Justicia, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional y al Secretario Judicial de la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.»
9 Consejo de Estado. Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 25 de septiembre de 2001. Exp. CE-
SEC2-EXP2001-N395-99. Radicado. 395-99. CP. Alvaro Lecompte Luna.
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emolumentos hasta en un 70% de lo devengado, por todo concepto, por los
magistrados de las altas cortes.
18. Esta medida se adoptó pese a la existencia previa de la Bonificación por
Compensación, que perseguía el mismo objetivo de subsanar la desigualdad
salarial, lo que dio lugar a la concurrencia de dos regímenes salariales aplicables
a un mismo grupo de servidores públicos. En ese contexto, el régimen
introducido por el Decreto 4040 de 2004 (incompatible con la Bonificación por
Compensación) reconoció un porcentaje inferior de nivelación salarial y
condicionó su acceso al desistimiento de las acciones judiciales promovidas con
ocasión de la bonificación del Decreto 610 de 1998 o, en su defecto, a la
suscripción de contratos de transacción cuando no se hubieran formulado
reclamaciones previas.
19. El Decreto 4040 de 2004 fue objeto de control jurisdiccional y, mediante
sentencia del 14 de diciembre de 201110, la Sala de Conjueces de la Sección
Segunda del Consejo de Estado declaró su nulidad al considerar que el Gobierno
nacional excedió su potestad reglamentaria por establecer un régimen salarial
regresivo frente a uno previamente reconocido y vigente, en desconocimiento de
los principios de igualdad, progresividad y favorabilidad aplicables en materia
salarial para los beneficiarios de la norma.
20. Como consecuencia, el régimen previsto en el Decreto 4040 de 2004 fue
excluido del ordenamiento jurídico, y en su lugar, recobró vigencia el esquema
de la Bonificación por Compensación, sin las limitaciones, incompatibilidades ni
condicionamientos introducidos por la norma anulada, consolidándose
nuevamente la posibilidad de hacer efectiva dicha remuneración.
21. Ahora bien, lo cierto es que mientras coexistieron ambos regímenes no era
viable determinar con certeza cuál de ellos resultaba aplicable, y, en todo caso,
una vez declarada la nulidad de la Bonificación de Gestión Judicial, tampoco
había claridad del momento a partir del cual era exigible la Bonificación por
Compensación.
22. En atención a lo anterior, la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, mediante sentencia del 18 de mayo de 2016 11, desarrolló
una interpretación sobre la aplicación del Decreto 610 de 1998 y la prescripción
trienal, precisando que esta última solo comienza a contarse a partir de la
exigibilidad del derecho una vez superada la dualidad de normas presentada, la
cual se configuró con la ejecutoria de la sentencia que excluyó del ordenamiento
jurídico el Decreto 4040 de 2004, esto es, desde el 28 de enero de 2012.
10 Consejo de Estado. Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 14 de diciembre de 2011. Exp.
11001-03-25-000-2005-00244-01 (10067-2005). CP. Carlos Arturo Orjuela Góngora.
11 Consejo de Estado. Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 18 de mayo de 2016. Exp. 25000-
23-25-000-2010-00246-02(0845-15). CP. Jorge Iván Acuña Arrieta.
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23. Además, precisó que, al momento de fijar el monto de la bonificación, las sumas
reconocidas a los congresistas por concepto de cesantías constituyen ingresos
laborales permanentes, por lo que integran la base de liquidación de la prima
especial de servicios de los magistrados de altas cortes, criterio que también
aplica a la bonificación por compensación, en la medida en que esta se
determina con base en lo que por todo concepto devenguen dichos funcionarios.
Resolución del caso concreto
24. El objeto de discusión deberá enfocarse en los motivos de inconformidad
expuestos por el apelante único, que consisten en el desacuerdo con el
reconocimiento de la bonificación por compensación considerando los efectos
de la nulidad del Decreto 4040 de 2004 y la exoneración del pago de cualquier
suma entre el 27 de enero de 2012 y el 1.° de octubre de 2014.
25. Sobre el particular, la Sala comparte la decisión del tribunal de origen sobre la
procedencia del reconocimiento del derecho, porque la actora, como fiscal
delegada ante tribunal12, es beneficiaria de la bonificación por compensación
prevista en el Decreto 610 de 1998, cuyo objeto es equiparar sus ingresos al
ochenta por ciento (80 %) de lo que perciben anualmente los magistrados de las
altas cortes.
26. En cuanto a los efectos de la nulidad del Decreto 4040 de 2004, norma aplicada
a la demandante durante el tiempo laborado en la entidad con anterioridad a la
sentencia del 14 de diciembre de 2011, y en virtud del cual se le reconoció la
bonificación por gestión judicial, la Sala desestima los planteamientos del
recurrente en este aspecto.
27. Si bien la mencionada providencia que anuló el acto no determinó de manera
expresa sus efectos, la jurisprudencia13 ha sido clara en afirmar que la nulidad
de un acto administrativo de carácter general afecta su validez desde su
expedición, de manera que el acto nace viciado y la decisión judicial que lo
excluye del ordenamiento declara que nunca fue jurídicamente válido, y, por
regla general, sus efectos son ex tunc, es decir que se retrotraen las cosas a su
12 Folio 156.
13 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 10 de diciembre de 2015. Exp. 13001-
23-31-000-2001-00817-01 (1723-11). C.P. Luis Rafael Vergara Quintero. Al respecto: «[…] La declaratoria de
nulidad del acto administrativo afecta su validez y, por lo mismo, sus efectos se proyectan hacia el pasado. Así
pues, la doctrina ha señalado de manera unánime, como lo establece Sayagués Laso que “Al dictarse sentencia
anulatoria, el acto se extingue de pleno derecho en virtud de pronunciamiento jurisdiccional. Además, como la
extinción se funda en la invalidez del acto, considerase (sic) que ésta no ha tenido existencia válida y por tanto
los efectos de la extinción se proyectan hacia el pasado (Giorgi) SAYAGUES LASO, Enrique, Tratado de
Derecho Administrativo, Tomo II, Clásicos Jurídicos Uruguayos, Ed. Fundación de Cultura Universitaria,
Montevideo, 2005, No. 1068, p. 548 y 549. […]».
Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 22 de septiembre de 2022. Exp. 11001-03-
25-000-2012-00179-00 (0755-2012). C.P. William Hernández Gómez: «Sobre el particular, debe precisar la Sala
que la declaratoria de nulidad de actos administrativos de carácter general tiene efectos ex tunc o retroactivos
desde la fecha misma de expedición del acto, salvo las situaciones jurídicas consolidadas en favor del trabajador
antes de la decisión anulatoria las que deben mantenerse íntegramente en virtud del principio de seguridad
jurídica.».
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estado anterior. Sin embargo, este criterio no opera de forma absoluta frente a
todos los supuestos, pues el elemento diferenciador radica en establecer si
existe una situación jurídica consolidada, caso en el cual la decisión surte efectos
ex nunc por razones de seguridad jurídica.
28. Ahora, no puede entenderse que el reconocimiento de la bonificación por gestión
judicial sustentada en el Decreto 4040 de 2004 constituya una situación jurídica
consolidada para efectos de predicar la aplicación ex nunc de la declaratoria de
nulidad. La consolidación supone la existencia de un derecho cierto e
indiscutible, circunstancia que no se configuró en el escenario de dualidad
normativa existente entre los Decretos 4040 de 2004 y 610 de 1998. En caso de
haberse efectuado un pago con fundamento en una norma posteriormente
expulsada del ordenamiento, esto no transforma la situación en inmutable ni
genera, en favor de la administración, un derecho a mantener una liquidación
inferior a la prevista en el régimen válido. En consecuencia, tratándose de una
situación no consolidada y sometida a debate judicial, la nulidad del acto general
impide su aplicación al caso concreto y conduce a definir el derecho con base
en la norma que conservó su validez.
29. En todo caso, la aplicación del Decreto 610 de 1998 no implica el reconocimiento
simultáneo de dos emolumentos; las sumas canceladas con fundamento en el
Decreto 4040 de 2004, en caso de existir, deben imputarse al cumplimiento
parcial de la obligación; por ello, solo hay lugar al reconocimiento y pago del
mayor valor que resulte de la diferencia entre el 70 % ya pagado y el 80 %
previsto en el régimen aplicable, sin que proceda cancelar nuevamente lo ya
satisfecho. Sobre este aspecto se pronunció el tribunal de primera instancia al
advertir en la condena: «descontando lo que haya percibido por el mismo
concepto en un porcentaje menor a través de la denominada bonificación por
gestión judicial (...)».
30. Es importante resaltar que, si bien la entidad advierte que entre el 27 de enero
de 2012 y el 1.° de octubre de 2014 se reconoció el ajuste pretendido a la
demandada, lo cierto es que, no obra prueba en el expediente que permita
corroborar tal afirmación. En todo caso, la demandada deberá pagar únicamente
la diferencia entre los valores previamente reconocidos, si existieren, y los que
resulten de la liquidación ordenada.
31. Por lo anterior, le asiste razón al tribunal de origen en la decisión apelada, motivo
por el cual se confirmará el fallo.
De la condena en costas en segunda instancia
32. No hay lugar a condenar en costas porque no se demostró temeridad o mala fe
de las partes, tal y como lo regula el artículo 171 del CCA, vigente para este
proceso, que consagra un criterio subjetivo para tales efectos.
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Radicado: 76001-23-31-000-2012-00632-02 (3517-2022)
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el dieciséis (16) de mayo de dos mil
veintidós (2022) por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por medio de la
cual accedió parcialmente a las pretensiones.
Segundo. Abstenerse de condenar en costas en esta instancia a la parte
demandada, según lo manifestado en esta sentencia.
Tercero. Aceptar renuncia al poder al abogado Héctor Alfonso Carvajal Londoño,
portador de la tarjeta profesional 30.144, conforme al memorial visible en el índice
40 de la plataforma SAMAI.
Cuarto. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones
pertinentes en el aplicativo SAMAI.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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