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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 15001-23-33-000-2015-00036-02

Fecha
12 de agosto de 2026
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 15001-23-33-000-2015-00036-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 21 de septiembre de 2020, proferida por la Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo de Boyacá. SEGUNDO. CONDENAR en costas en segunda instancia a la parte demandada. TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las anotaciones correspondientes y DEVOLVER el expediente al Tribunal Administrativo de Boyacá.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 15001-23-33-000-2015-00036-02

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

12 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá D.C., doce (12) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 15001 23 33 000 2015 00036 02 (3334-2024)
Demandante: Gladys Arévalo
Demandado: Nación (Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura –
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial)

Tema: Bonificación por compensación, Decreto 610 de 1998 –
prescripción de la incidencia de la prima especial de
servicios (artículo 15 de la Ley 4 de 1992) en su liquidación.
Decisión: Se confirma la sentencia de primera instancia, al no
prosperar el reparo de prescripción de la parte apelante

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la Nación – Rama Judicial
contra la sentencia del 21 de septiembre de 2020, proferida por la Sala de
Conjueces del Tribunal Administrativo de Boyacá.

I. ANTECEDENTES

Demanda1

1. La demandante instauró demanda en ejercicio del medio de control de la
referencia contra la Nación (Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial), con el objeto de que se declare la nulidad del Oficio DESTJ13-2673 del
24 de septiembre de 2013, expedido por la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Tunja, y de la Resolución 3232 del 9 de mayo de 2014,
suscrita por la directora ejecutiva nacional de administración judicial, actos por
medio de los cuales se negó el ajuste de su remuneración al 80% de lo que por
todo concepto perciben los magistrados de las Altas Cortes.

2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene el
reconocimiento y pago retroactivo, indexado y con intereses moratorios, de las
diferencias existentes entre el 70% y el 80% de dicha remuneración, así como la
reliquidación de los salarios y prestaciones sociales devengados en el ejercicio
del cargo teniendo en cuenta que los ingresos totales anuales de los magistrados
de las Altas Cortes deben coincidir con los que perciben los congresistas de la
República, de conformidad con los artículos 15 y 16 de la Ley 4 de 1992. Pidió,
además, estarse a lo resuelto en la sentencia del 14 de diciembre de 2011, que
declaró la nulidad del Decreto 4040 de 2004, y la condena en costas.

1 Expediente híbrido. En el expediente físico folios 2 a 16 del cuaderno 1.

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Radicación: 15001 23 33 000 2015 00036 02 (3334-2024)
Demandante: Gladys Arévalo

3. Argumentó que se desempeñó como magistrada del Consejo Seccional de
la Judicatura del Caquetá desde el 16 de febrero de 2007 hasta el 7 de febrero
de 2010 y del Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá desde el 8 de febrero
de 2010. Señaló que, en aplicación del Decreto 610 de 1998, tiene derecho a
percibir el 80% de lo que por todo concepto devenguen los magistrados de las
Altas Cortes, y que en la base de liquidación de la prima especial de servicios
(artículo 15, Ley 4 de 1992), deben incluirse las cesantías que perciben los
congresistas, por tratarse de un ingreso laboral de carácter permanente.

4. Por lo anterior, el 3 de septiembre de 2013 formuló petición escrita ante la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, solicitud que dio origen a los actos
acusados.

Contestación de la demanda2

5. La parte demandada se opuso a las pretensiones. Argumentó que los
efectos de la sentencia que declaró la nulidad del Decreto 4040 de 2004 son ex
nunc y no retroactivos, por lo que la entidad no está obligada al pago de
diferencias hacia el pasado y que, como autoridad administrativa, carece de
competencia para inaplicar los decretos vigentes. Propuso las excepciones de
ausencia de causa petendi, cobro de lo no debido y la innominada.

Sentencia apelada3

6. La Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo de Boyacá declaró no
probadas las excepciones propuestas y decretó la nulidad de los actos acusados.

7. A título de restablecimiento del derecho, condenó a la parte demandada a
reliquidar y pagar a la demandante entre el 16 de febrero de 2007 y el 30 de abril
de 2012, la diferencia entre el 70% reconocido a título de bonificación por gestión
judicial y el 80% correspondiente a la bonificación por compensación y, a ajustar
esta última al 80% a partir del 1 de mayo de 2012 y mientras se mantenga el
vínculo laboral.

8. Al respecto y por los efectos ex tunc que atribuyó a la nulidad del Decreto
4040 de 2004, consideró aplicable el Decreto 610 de 1998 desde el ingreso de la
demandante al cargo el 16 de febrero de 2007, hasta el 30 de abril de 2012,
última fecha en que, según el expediente, se le pagó la bonificación por gestión
judicial. El a quo no se pronunció sobre la prescripción (tampoco fue propuesta
por la entidad demandada).

9. En ambos periodos, ordenó incluir en la base de la prima especial de
servicios (artículo 15, Ley 4 de 1992) las cesantías de los congresistas. Ordenó
la indexación de las condenas y se abstuvo de imponer costas.

2 Ibidem, folios 103 a 113.
3 Ibidem, folios 280 a 294.

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Demandante: Gladys Arévalo

Recurso de apelación4

10. La parte demandada interpuso recurso de apelación con el propósito de
que se revoque parcialmente la sentencia de primera instancia.

11. Sostuvo que la regla especial de exigibilidad fijada por la jurisprudencia del
Consejo de Estado, según la cual el derecho a la bonificación por compensación
solo se torna exigible a partir de la declaratoria de nulidad del Decreto 4040 de
2004, ante la dualidad normativa que aquella generó, rige exclusivamente para
dicha bonificación.

12. Adujo que, tratándose de la incidencia que en su liquidación tiene la
reliquidación de la prima especial de servicios del artículo 15 de la Ley 4 de 1992
—que exige incluir las cesantías de los congresistas—, no existe ni ha existido
dualidad normativa alguna, pues dicha prima ha estado vigente sin solución de
continuidad desde 1992.

13. En consecuencia, solicitó aplicar la regla general de prescripción trienal,
contada desde la exigibilidad de cada mesada, y declarar prescritas las sumas
causadas con anterioridad al 3 de septiembre de 2010, esto es, tres años antes
de la reclamación administrativa.

II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

14. Mediante auto del 25 de marzo de 20255 se admitió el recurso de apelación
y se ordenó notificar al Ministerio Público y a las partes para lo de su cargo
señalando que había sido interpuesto por la parte demandante, por lo que,
mediante auto del 6 de mayo de 20256, se corrigió la irregularidad y se ordenó
continuar con el trámite dispuesto en el auto anterior.

15. La parte demandante presentó sus alegatos7 en los que reiteró las
pretensiones de la demanda y sostuvo que la prescripción no operó por cuanto
la certeza sobre la exigibilidad del derecho solo se consolidó en agosto de 2019,
fecha en la que la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial —según da
cuenta la Circular DEAJC19-68 del 16 de agosto de 2019, allegada como
anexo— reconoció los efectos de la sentencia de unificación del 18 de mayo de
2016 y empezó a reconocer correctamente la incidencia del artículo 15 de la Ley
4 de 1992 en la Bonificación por Compensación.

16. La parte demandada guardó silencio y el Ministerio Público no se
pronunció.

4 Ibidem, 296 a 298.
5 SAMAI, índice 5.
6 SAMAI, índice 11.
7 SAMAI, índice 20.

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Radicación: 15001 23 33 000 2015 00036 02 (3334-2024)
Demandante: Gladys Arévalo

III. CONSIDERACIONES

Competencia

17. De acuerdo con lo previsto en el artículo 150 del CPACA, modificado por
los artículos 615 del CGP y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de Estado es
competente para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos.

Problema jurídico

18. En atención al reparo formulado en el recurso de apelación, corresponde
a la Sala determinar si la incidencia que tiene en la liquidación de la bonificación
por compensación la reliquidación de la prima especial de servicios (artículo 15,
Ley 4 de 1992, con inclusión de las cesantías de los congresistas), constituye
una prestación autónoma, sujeta a la prescripción trienal ordinaria, o un factor
inescindible del cálculo de esa bonificación, sujeto a su misma regla especial de
exigibilidad.

Análisis del problema jurídico

19. La Sala anuncia que no prospera el reparo formulado por la parte apelante
y, en consecuencia, se confirmará en su integridad la sentencia de primera
instancia.

20. La jurisprudencia de esta Sección ha decantado que el derecho a la
bonificación por compensación del Decreto 610 de 1998 solo se tornó exigible a
partir de la ejecutoria de la sentencia que declaró la nulidad del Decreto 4040 de
2004, en tanto que, mientras coexistieron ambos regímenes, los destinatarios del
beneficio carecían de certeza sobre cuál de ellos les resultaba aplicable.

21. Al resolver un caso análogo, esta Subsección reiteró ese criterio y explicó
que la coexistencia de los Decretos 610 de 1998 y 4040 de 2004 impedía
establecer con exactitud cuál de los dos regímenes era el aplicable, de manera
que solo podía hablarse de exigibilidad de la bonificación por compensación a
partir de la ejecutoria del fallo que declaró la nulidad del segundo decreto y que,
por tratarse de un periodo de incertidumbre normativa, la prescripción trienal no
corre respecto de las reclamaciones formuladas mientras coexistieron ambos
regímenes.8 Como consecuencia de esta regla, el derecho a la bonificación por
compensación se hizo exigible a partir del 28 de enero de 2012, fecha de
ejecutoria de la sentencia que declaró la nulidad del Decreto 4040 de 2004.9

8 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 5 de marzo de 2026,
radicado 76001 23 31 000 2011 01609 02 (4087-2022). C. P. Juan Camilo Morales Trujillo.
9 Este criterio ha sido reiterado en pronunciamientos recientes de esta Subsección y de la Sala

de Conjueces. Ver entre otros Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia
del 12 de junio de 2025, radicado 25000 23 42 000 2013 02061 02 (1279-2019). C. P. Luis
Eduardo Mesa Nieves; en el mismo sentido, Consejo de Estado, Sala de Conjueces de la Sección
Segunda, sentencia del 10 de octubre de 2022, radicado 73001 23 31 000 2013 00020 02, No.
Interno 6492-2018, conjuez ponente Juan Camilo Morales Trujillo.

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Demandante: Gladys Arévalo

22. En ese orden de ideas, previo a examinar la naturaleza de la incidencia
reclamada, la Sala advierte que el recurso de apelación parte de un supuesto que
resulta ajeno a este proceso, a saber: sostiene que la prescripción de la
reliquidación de la prima especial del artículo 15 debe contarse desde la
vinculación del interesado «a alguno de los cargos señalados en el artículo 15
ibídem», o desde la entrada en vigencia de la Ley 4 de 1992.

23. Sin embargo, en el caso que nos ocupa, la demandante Gladys Arévalo
no ostenta ni ha ostentado alguno de esos cargos a los que esa norma reserva
la prima especial de servicios —magistrados de las altas cortes, procurador
general de la Nación, contralor general de la República, fiscal general de la
Nación, defensor del pueblo y registrador nacional del estado civil—; su condición
es la de magistrada de los Consejos Seccionales de la Judicatura de Caquetá y
de Boyacá, beneficiaria sí de la bonificación por compensación del Decreto 610
de 1998.

24. Es preciso señalar que la demandante no solicitó la reliquidación de una
prima especial de la que no es titular; lo que pidió, de acuerdo con la demanda,
fue que su propia bonificación por compensación se calculara sobre la base
correcta de los ingresos anuales de los magistrados de Altas Cortes, conforme a
lo dispuesto en los artículos 15 y 16 de la Ley 4 de 1992.

25. De modo que el argumento de la parte apelante, al trasladar a la
demandante una regla de exigibilidad concebida para quien ostenta un cargo de
los contenidos en el precitado artículo 15, parte de un supuesto fáctico ajeno a
este proceso y que, por tanto, no resulta aplicable.

26. Esta Subsección ya se pronunció en un planteamiento análogo de la
misma entidad apelante, al precisar que una pretensión dirigida a obtener el
reajuste de la bonificación por compensación derivada de la correcta liquidación
de la prima especial de la que son beneficiarios los magistrados de las Altas
Cortes no implica una reclamación autónoma de esa prima, ni configura un fallo
extra petita.10

27. Superada esa aclaración, la Sala encuentra que la prima especial de
servicios del artículo 15 de la Ley 4 de 1992 —con inclusión de las cesantías que
devengan los congresistas—, no constituye, en todo caso, una prestación
autónoma o un derecho laboral distinto del reconocido en el Decreto 610 de 1998,
sino un factor que integra de manera inescindible la base de cálculo de la
bonificación por compensación.

28. En efecto, el artículo 1 del Decreto 610 de 1998 dispone expresamente
que la bonificación por compensación, sumada a la prima especial de servicios y
a los demás ingresos laborales de los magistrados de las Altas Cortes, debe
igualar el 80% de dichos ingresos, de manera que la prima especial no es un

10 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 4 de junio de 2026,
radicado 25000 23 42 000 2018 02249 02 (4844-2022). C. P. Juan Camilo Morales Trujillo.

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Demandante: Gladys Arévalo

concepto separable de la bonificación, sino uno de los elementos que determinan
su cuantía. En este sentido, la propia sentencia que inauguró esta línea
jurisprudencial precisó que «no existen razones para que se haga abstracción»
de la prima especial de servicios, o de cualquiera de los factores que se tienen
en cuenta para su liquidación, al fijar el monto de la bonificación por
compensación.11

29. Por tal razón, cuando lo que se reclama es la reliquidación de la
bonificación por compensación con la correcta inclusión de las cesantías de los
congresistas en la base de la prima especial de servicios, no se está ante una
pretensión autónoma distinta de aquella, sino ante la correcta determinación del
monto de la misma prestación.

30. Cabe señalar que esta comprensión ha sido acogida también por la Sala
de Conjueces de la Sección Segunda12, al aclarar que la reclamación de la
bonificación por compensación comprende, sin necesidad de una pretensión
separada, la incidencia que en su liquidación tiene la reliquidación de la prima
especial de servicios del artículo 15 de la Ley 4 de 1992 y ha sido reiterada en
decisiones posteriores de esta Sección13, en las que se ha resuelto que la
inclusión de las cesantías de los congresistas en la liquidación de la prima
especial de servicios es un factor de cálculo de la bonificación por compensación,
sujeto a la misma regla de exigibilidad y prescripción fijada para esta última.

31. En consecuencia, la incidencia de la reliquidación de la prima especial de
servicios en la bonificación por compensación se rige por la misma regla especial
de exigibilidad expuesta previamente, en tanto que el derecho solo se tornó
exigible a partir del 28 de enero de 2012, sin que la prescripción trienal corriera
durante el periodo de incertidumbre normativa generada por la coexistencia de
los Decretos 610 de 1998 y 4040 de 2004.

32. Como la petición escrita se presentó el 3 de septiembre de 2013, esto es
dentro de los 3 años siguientes a la ejecutoria de la sentencia del 14 de diciembre
de 2011 —que ocurrió el 28 de enero de 2012—, no operó la prescripción
respecto de ninguna de las sumas reclamadas por este concepto. Por tanto, no
prospera el reparo formulado en el recurso de apelación, y se confirmará en su
integridad la condena impuesta por el a quo, en cuanto ordenó incluir en la base
de la prima especial de servicios las cesantías de los congresistas, sin limitación
temporal adicional a la ya dispuesta en la sentencia apelada.

33. Finalmente, la Sala advierte que la sentencia apelada reconoció el reajuste
de la bonificación por compensación —del 70% al 80%— desde el 16 de febrero

11 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencia del 18 de mayo de 2016,

radicado 25000 23 25 000 2010 00246 02 (0845-15). Conjuez ponente Jorge Iván Acuña Arrieta.
12 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala Plena de Conjueces, providencia de aclaración del

7 de octubre de 2019 a la sentencia del 2 de septiembre de 2019, radicado 41001 23 33 000 2016
00041 02 (2204-18). C. P. Carmen Anaya de Castellanos (Conjuez).
13 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencia del 2 de noviembre de

2021, radicado 05001 23 31 000 2010 01772 02 (2280-15), C. P. Henry Joya Pineda (Conjuez);
en el mismo sentido, sentencia del 7 de diciembre de 2021, radicado 05001 23 31 000 2012 00729
02 (1136-17).

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de 2007, esto es, dentro del lapso en el que se encontraba vigente el Decreto
4040 de 2004, con fundamento en los efectos ex tunc que atribuyó a la nulidad
de dicho decreto.

34. Al respecto, la Sala precisa que, si bien la nulidad de los actos
administrativos de carácter general produce, por regla general, efectos ex tunc,
esta regla cede frente a las situaciones jurídicas consolidadas, esto es, aquellas
en las que existe un derecho cierto e indiscutible al momento de la declaratoria
de nulidad.14

35. Esta Subsección ha precisado, en pronunciamientos recientes, que el
reconocimiento de la bonificación por gestión judicial con fundamento en el
Decreto 4040 de 2004 no constituye una situación jurídica consolidada, pues la
dualidad normativa que coexistió con el Decreto 610 de 1998 impedía predicar la
existencia de un derecho cierto e indiscutible en cabeza de sus destinatarios. En
consecuencia, la nulidad del Decreto 4040 de 2004 sí resulta aplicable al lapso
comprendido entre el 16 de febrero de 2007 y el 27 de enero de 2012, por lo que
el reajuste reconocido por el a quo con fundamento en el Decreto 610 de 1998
para dicho período se ajusta al criterio más reciente de esta Subsección.

36. Con todo, las sumas que la demandante hubiere percibido en ese lapso a
título de bonificación de gestión judicial deberán imputarse al pago de la
diferencia reconocida, sin que haya lugar a un doble reconocimiento por el mismo
concepto. En todo caso, la Nación – Rama Judicial tampoco formuló un reproche
concreto en torno a este extremo de la condena, por lo que el análisis de la Sala
se circunscribe a los reparos efectivamente planteados por el apelante. 15 Lo
anterior no comporta una modificación a lo dispuesto por el a quo, pues su
condena ya ordenó el pago únicamente de la diferencia entre el 70% y el 80%, y
no el reconocimiento íntegro de este último porcentaje.

37. En conclusión, no prospera el reparo formulado por la parte apelante y se
confirmará en su integridad la condena de primera instancia.

Condena en costas en segunda instancia

38. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47
de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.

14 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 23 de abril de 2026,
radicado 76001 23 31 000 2012 00632 02 (3517-2022). C. P. Jorge Iván Duque Gutiérrez; en el
mismo sentido, sentencia del 23 de abril de 2026, radicado 25000 23 42 000 2013 05381 02
(0705-2021). C. P. Jorge Iván Duque Gutiérrez.
15 Atendiendo lo dispuesto en los artículos 320 y 328 CGP.

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39. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.

40. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a parte vencida en el
proceso; la liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP
teniendo en cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del
CPACA.

41. En consecuencia, se impondrán costas a la entidad demandada, por
cuanto se negaron los reparos planteados en el recurso de apelación. Para el
efecto, de conformidad con el artículo 306 ibidem, las agencias en derecho serán
fijadas por el despacho sustanciador de la primera instancia y las expensas serán
liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo de Boyacá.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley

IV. RESUELVE

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 21 de septiembre de 2020, proferida
por la Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo de Boyacá.

SEGUNDO. CONDENAR en costas en segunda instancia a la parte demandada.

TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR
las anotaciones correspondientes y DEVOLVER el expediente al Tribunal
Administrativo de Boyacá.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

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Radicación: 15001 23 33 000 2015 00036 02 (3334-2024)
Demandante: Gladys Arévalo

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia se firmó electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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