Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2013-02061-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2013-02061-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2013-02061-02
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
12 de junio de 2025
Radicado: 25000-23-42-000-2013-02061-02
Demandante: María Leonor Villamizar Corzo
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá, D.C., doce (12) de junio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000 23 42 000 2013 02061 02 (1279-2019)
Demandante: María Leonor Villamizar Corzo
Demandado: Nación-Rama Judicial- Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial
Tema: Bonificación por compensación.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
I. Asunto Previo
1. Mediante auto del 11 de marzo de 20251, proferido por el conjuez de la Sección
Segunda José Pablo Santamaría Patiño, se ordenó remitir el expediente de la
referencia al despacho de origen para que asumiera su trámite, en razón a lo
dispuesto en el artículo 116 del CPACA2, el cual dispone que cuando se modifica
la integración de la sala, los nuevos magistrados desplazan a los conjueces.
2. Ahora, comoquiera que ninguno de los miembros de la Sala advierte causal de
impedimento para conocer del presente asunto3, se procede a resolver el recurso
de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia dictada en
la audiencia inicial celebrada el 17 de octubre de 2017, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca- Sección Segunda- Sala Transitoria, que
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
II. ANTECEDENTES
Pretensiones de la demanda.
3. La parte demandante solicitó inaplicar por ilegal el Decreto 4040 de 2004 y la
nulidad de los siguientes actos administrativos: Oficio DEAJ12-JR-4660 del 6 de
1 Índice 61 de SAMAI.
2 «Artículo 116. Posesión y duración del cargo de conjuez. […]
Los conjueces que entren a conocer de un asunto deberán actuar hasta que termine completamente la
instancia o recurso, aunque concluya el período para el cual fueron elegidos, pero si se modifica la
integración de la sala, los nuevos Magistrados desplazarán a los conjueces, siempre que respecto de
aquellos no se les predique causal de impedimento o recusación que dé lugar al nombramiento de
estos […]» [Se resalta].
3 Actualmente los miembros de la Sala no tienen un proceso pendiente o un impedimento actual para
conocer del presente asunto.
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Radicado: 25000 23 42 000 2013 02061 02
Demandante: María Leonor Villamizar Corzo
julio de 20124, mediante el cual la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Bogotá- Cundinamarca negó el reconocimiento y pago del reajuste de la
bonificación por compensación a la actora. Y la nulidad del acto ficto o presunto,
proveniente del silencio administrativo negativo que se configuró frente al recurso
de apelación interpuesto ante la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.
4. A título de restablecimiento del derecho, solicitó se: 1) reconozca, liquide y
pague debidamente actualizadas y de manera retroactiva las diferencias
salariales entre el 70% y el 80% de lo que por todo concepto devengan los
magistrados de las Altas Cortes, diferencias existentes desde el 1 de enero de
2001 hasta el 26 de enero de 2012, con el referido 80%, deduciendo el porcentaje
pagado por concepto de bonificación de gestión judicial prevista en el Decreto
4040 de 2004. 2) pague a la demandante al vencimiento de la ejecutoria de la
sentencia que ponga fin al proceso, la suma total que corresponde a la pretensión
anterior. 3) cancelen los intereses moratorios del artículo 195 del CPACA. 4)
actualice las condenas proferidas a favor de la actora de conformidad con lo
previsto en el artículo 195 del CPACA. y 5) dar cumplimiento a la sentencia en
los términos establecidos en los artículos 192 a 195 del CPACA.
Hechos que fundamentan la demanda5.
5. Como hechos relevantes, el apoderado judicial de la demandante señaló los
siguientes:
6. La actora tuvo la condición de magistrada de la Sala Administrativa del Consejo
Seccional de la Judicatura de Bogotá y Cundinamarca, desde el 1 de enero de
2001 hasta el 29 de noviembre de 2012.
7. Se le aplicó el Decreto 4040 de 2004, por lo que no le fue liquidada ni pagada,
correctamente su remuneración o salario en la forma y términos como se hizo
con otros funcionarios de su mismo rango, esto es, aplicando desde el 1 de enero
de 2001, el 80% de lo devengado por todo concepto por los magistrados de las
Altas Cortes, conforme a los Decretos 610 y 1239 de 1998, pues la actora solo
devengó por ese mismo concepto el 70%.
8. El 6 de junio de 2012 radicó ante la entidad demandada un derecho de petición
solicitando el reconocimiento y pago de la diferencia de la bonificación por
compensación.
9. Mediante Oficio DEAJ12-JR-4660 del 6 de julio de 2012, la Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial Bogotá- Cundinamarca negó lo solicitado por la
demandante.
4 Folio 7 del expediente
5 Ver subsanación fl. 84 del expediente .
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Demandante: María Leonor Villamizar Corzo
10. Contra la decisión anterior, presentó recurso de apelación, frente al cual la
entidad demandada no se pronunció.
Fundamentos de derecho.
11. Para el abogado de la parte actora, las decisiones sometidas a juicio
vulneraron las siguientes disposiciones: artículos 25, 29 y 53 de la Constitución
Política; artículos 14 y 143 del C.S. de T; literal b) del artículo 1 y literal a) del
artículo 2 de la Ley 4 de 1992.
12. Al desarrollar el concepto de violación, señaló lo siguiente:
13. Los Decretos 610 y 1239 de 1998, con ocasión de las declaratorias de nulidad
de los Decretos 2668 de 1998 y 4040 de 2004, recobraron plena vigencia como
consecuencia de dichas decisiones judiciales, por lo que los magistrados de
tribunal y demás cargos equivalentes, entre ellos el de magistrada de la Sala
Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá y
Cundinamarca, tiene en su favor unos derechos legítimos adquiridos con justo
título, que no es otro que el de la bonificación por compensación.
14. El Gobierno Nacional no le podía reducir a la actora por concepto de
bonificación por compensación, el porcentaje del 80% de lo devengado por todo
concepto por los magistrados de Alta Corte, al 70% durante el periodo de su
vinculación, ni aquella renunciar a ese excedente del 10% conforme los
postulados de los artículos 25 y 53 de la Constitución Política.
15. Invocó el principio de igualdad e hizo referencia a la sentencia C-681 de 2003
de la Corte Constitucional. Al respecto, concluyó que al devengar la actora una
remuneración mensual del 70%, mientras que otros magistrados y/o cargos
equivalentes devengaban un 80%, se vulneran los artículos 13 y 25 de la
Constitución Política, en armonía con el artículo 143 del C.S. de T., referidos al
derecho a la igualdad ante la ley que tienen todos los funcionarios del Estado y
al principio de trabajo igual, salario igual.
Contestación de la demanda.
16. Dentro de la oportunidad de ley, la Rama Judicial contestó la demanda 6,
oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones en ella contenidas. Con tales
fines, sostuvo que el Decreto 664 de 1999 estableció una bonificación por
compensación que equivalía al 80% de los ingresos que por todo concepto
devengan anualmente los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Consejo
de Estado, Corte Constitucional y Consejo Superior de la Judicatura.
6 Folios 131-136 del expediente.
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17. Mediante sentencia del 25 de septiembre de 20017 del Consejo de Estado se
declaró nulo el Decreto 2668 de 1998, se derogaron los Decretos 610 y 1239 de
1998, decisión que revivió la bonificación por compensación.
18. Luego, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 4040 de 2004, por el cual creó
la bonificación por gestión judicial, que sumada a la asignación básica y demás
ingresos laborales iguale el 70% de lo que por todo concepto devenguen
anualmente los magistrados de las Altas Cortes. No obstante, el mencionado
decreto fue declarado nulo mediante sentencia del 14 de diciembre de 2011, por
la Sala de conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en proceso
de nulidad No. 11001032500020050024401, ya que dicha norma era regresiva
frente a los derechos laborales obtenidos por los servidores a quienes cobijaba
el Decreto 610 de 1998.
19. Conforme a lo anterior, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial viene
liquidando las bonificaciones decretadas por el Gobierno Nacional, con respeto a
las normas vigentes en el ordenamiento jurídico, puesto que como autoridad
administrativa no tiene la facultad de interpretar las leyes e inaplicarlas.
20. Propuso la excepción de prescripción trienal de los derechos causados entre
el 1 de enero de 2001 hasta el 6 de junio de 2009, teniendo en cuenta que solo
hasta el 6 de junio de 2012, la demandante solicitó el reajuste de la bonificación
por compensación. Y las de ausencia de causa petendi e innominada.
Sentencia de primera instancia.
21. En audiencia inicial celebrada el 17 de octubre de 20178, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca- Sección Segunda- Sala Transitoria, accedió
parcialmente las súplicas de la demanda. Para arribar a esa decisión, luego de
referenciar el marco normativo y jurisprudencial aplicable al caso concreto,
concluyó:
22. El Decreto 4040 de 2004 generó una desigualdad injustificada entre
empleados del mismo nivel, por lo que de manera alguna puede continuarse
aplicando, e indicó que «el decaimiento de un acto administrativo produce efectos
ex tunc. Por consiguiente, al declararse nulo el Decreto 4040 de 2004 vuelve a
nacer idénticamente a la vida jurídica el Decreto 610 de 1998. Siendo así la
bonificación por compensación contenida en el Decreto 610 de 1998 se considera
como un derecho vigente, adquirido y cierto por el actor».
23. Señaló que «teniendo en cuenta que la presente demanda versa únicamente
sobre la diferencia entre lo pagado y la suma total a la que tenía derecho, lo cual
se ratifica en los hechos de la demanda, en donde indica que solo devengó el 70%
7 Radicado 395-99
8 Folios 156-167 del expediente
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de lo percibido por los magistrados de Alta Corte, prestación que fue pagada
desde enero de 2005 a enero de 2012, y así mismo entre enero de 2001 a
diciembre de 2004 percibió la bonificación por compensación del Decreto 610 de
1998, en este entendido el pago que se ordena será el resultante entre la
diferencia entre lo pagado y lo dejado de percibir, que para el caso sería el 10%
de todo lo devengado por los magistrados de Alta Corte, por el interregno de enero
de 2005 a enero de 2012, donde se le pagó la bonificación por gestión judicial del
Decreto 4040 de 2004».
24. Frente a la prescripción, indicó que como la demandante interpuso derecho
de petición para solicitar el reconocimiento y pago de la bonificación por
compensación el 6 de junio de 2012 y la demanda fue radicada el 27 de mayo de
2013, no operó la prescripción.
25. Con base en lo anterior el Tribunal de instancia ordenó reconocer y pagar a la
actora la diferencia existente entre lo percibido por concepto de bonificación por
compensación consagrada en el Decreto 610 de 1998, respecto de lo devengado
por todo concepto por los magistrados de las Altas Cortes, por el interregno del 1
de enero de 2005 al 26 de enero de 2012, y negó las demás pretensiones de la
demanda.
Recurso de apelación.
26. Inconforme con esa decisión, el apoderado de la parte demandante la recurrió
en apelación9. En su intervención, censuró parcialmente la decisión del tribunal,
pues a su juicio:
27. La sentencia del 14 de diciembre de 2011, proferida por la Sala de conjueces
de la Sección Segunda del Consejo de Estado, relacionada con el Decreto 4040
de 2004 declaró su nulidad integral, fallo con el cual se otorga a la actora el
legítimo derecho de reclamar de manera retroactiva, el pago de la bonificación
por compensación de que trata el Decreto 610 de 1998, sin limitación, ni
restricción alguna en el tiempo y en el espacio, porque dicho fallo judicial es muy
claro en que sus efectos son ex tunc, es decir, que el 80% debe liquidarse,
reconocerse y pagarse a los magistrados de Tribunal y sus similares, desde el 1
de enero de 2001.
28. Refirió que la vigencia del Decreto 4040 inicia a partir de su publicación en el
Diario Oficial No. 45751, el día 3 de diciembre de 2004, pero es del caso advertir
que por las características específicas que le dieron origen, este precepto no
solo tuvo efectos económicos y salariales desde el año 2005 en adelante, como
erradamente se interpreta en la sentencia impugnada.
9Folios 168-170 del expediente.
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29. La bonificación por gestión judicial tuvo efectos fiscales a partir del 1 de enero
de 2004 y no a partir del año 2005, y en consecuencia en ese año los ingresos
totales de un magistrado de Tribunal fueron equivalente al 70% de lo devengado
por los magistrados de las Altas Cortes.
30. La bonificación por compensación que se estaba cancelando ni siquiera
llegaba a equiparar los ingresos de los magistrados de Tribunal con el 70% de lo
devengado por los magistrados de Altas Cortes, y por ello el inciso 2º del
parágrafo 2º del artículo 2 del Decreto 4040 de 2004 habla de «restar lo percibido
por concepto de bonificación por compensación», la cual no era la del Decreto
610 de 1998, sino la del Decreto 3570 de 2003, que se derogó en el artículo 6º
del Decreto 4040, por lo que los efectos fiscales de dicha norma se dieron para
los años 2000 a 2003, como se desprende del mismo artículo 3º.
31. En consecuencia, solicita se modifique la providencia impugnada, y se acojan
integralmente las pretensiones de la demanda entre el 1 de enero de 2001 hasta
el 26 de enero de 2012, «con la aclaración adicional de que si se (sic) acoge
integralmente la sentencia unificadora del 16 de mayo de 2016, expediente
25000-23-25-000-2010-00246-02, el 80% de lo devengado por los magistrados
de las Altas Cortes deberá incluir para su cálculo las cesantías de los
congresistas, tal como en dicha sentencia quedó expresamente establecido».
Trámite correspondiente a la segunda instancia.
32. Mediante proveído de 29 de enero de 202010, se admitió el recurso de
apelación.
33. Por auto del 25 de septiembre de 202011 se ordenó correr traslado a las partes
y al agente del Ministerio Público para que presentaran sus alegatos de
conclusión.
34. La parte demandante 12 reiteró los argumentos expuestos en el recurso de
apelación y solicitó la aplicación de la sentencia del 2 de septiembre de 2019,
proferida por la Sala de conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado.
35. En esta oportunidad procesal, la parte demandada y el Ministerio Público
guardaron silencio.
36. Control de legalidad. La Sala observa que el proceso se ha tramitado en
legal forma, sin que se advierta causal de nulidad que invalide lo actuado, por lo
que se resolverá la apelación, previas las siguientes
10 Índice 21 de SAMAI.
11 Índice 26 de SAMAI.
12 Índice 29 de SAMAI.
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III. CONSIDERACIONES
Competencia.
37. De conformidad con lo establecido en el artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo13, esta Sala de
Subsección del Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de
apelación presentado.
Problema jurídico.
38. Le corresponde a la Sala establecer si el reajuste de la bonificación por
compensación consagrada en el Decreto 610 de 1998, equivalente al 80% de lo
que por todo concepto devenguen los magistrados de las Altas Cortes, ordenado
en la sentencia de primera instancia a favor de la demandante debe incluir las
cesantías de los congresistas, conforme lo señalado en la sentencia del 16 de
mayo de 2016 proferida por el Consejo de Estado.
39. Igualmente, si la demandante tiene derecho a que el reajuste ordenado se
reconozca desde el 1 de enero de 2001 hasta el 26 de enero de 2012 como lo
solicitó la actora , o como lo dispuso el a quo a partir del 1 de enero de 2005, por
lo que será necesario analizar previamente la exigibilidad del derecho, y si en el
presente caso operó el fenómeno jurídico de la prescripción.
40. Para resolver los problemas planteados se abordarán los siguientes
aspectos: 1. De la bonificación por compensación y el precedente jurisprudencial,
2. De la prescripción. 3. De los hechos probados y 4. Del caso en concreto.
De la bonificación por compensación.
41. El Congreso de la República expidió la Ley 4ª de 199214, la cual en el artículo
15 estableció una prima especial de servicios, sin carácter salarial, para los
magistrados de Alta Corte, que sumada a los demás ingresos laborales, igualen
a los percibidos en su totalidad, por los miembros del Congreso, sin que en
ningún caso los supere, es decir, se equiparó el salario de los magistrados de las
Altas Cortes al de los congresistas.
13 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
14 «Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional
para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso
Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales
y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales
e) y f) de la Constitución Política».
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42. En el año 1998, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 610 de 1998 y en su
artículo 1 creó la bonificación por compensación, equivalente al 60%, 70% y 80%
para las vigencias fiscales 1999, 2000 y 2001 en adelante; en otros términos,
se creó una bonificación por compensación, equivalente al 60% de lo que
por todo concepto devenguen los magistrados de las Altas Cortes para el
año 1999, el 70% para el año 2000 y del año 2001 en adelante el 80%.
43. En la sentencia dictada por la Sala de conjueces de la Sección Segunda del
Consejo de Estado15, en la cual se analizó el reajuste de la prima especial de
servicios del artículo 15 de la Ley 4º de 1992, se concluyó que se deben tener en
cuenta todos los pagos realizados a los congresistas, incluidas las cesantías para
calcular la asignación de los magistrados de las Altas Cortes. En la mencionada
decisión se consideró lo siguiente:
«Las cesantías percibidas por los miembros del Congreso de la República
han sido consideradas ingresos laborales anuales permanentes por la
jurisprudencia del Consejo de Estado en ocasiones anteriores, lo que tiene
plena razón de ser pues se trata de una erogación que realiza el empleador
anualmente a favor de su trabajador y que se causa por cada día de trabajo
del empleado.
De allí que esta corporación haya concluido que el auxilio de cesantías debe
ser tenido en cuenta para realizar la liquidación de la prima especial de
servicios de los funcionarios mencionados en el artículo 15 de la Ley 4ª de
1992, quienes tienen derecho a percibir una suma equivalente a lo que por
todo concepto devengan los congresistas.
Este régimen tiene una clara incidencia en la determinación de la
bonificación por compensación de los servidores públicos que se
encuentran sujetos al Decreto 610 de 1998 […]
En este sentido, y teniendo en cuenta que la prima especial de
servicios no solo es un ingreso laboral sino que también cuenta con
un carácter salarial limitado en atención a lo decidido por la Corte
Constitucional en la sentencia C-681 del 6 de agosto de 2003, habría
que señalarse que no existen razones para que se haga abstracción
de la misma, o de cualquiera de los factores que se tienen en cuenta
para su liquidación, al momento de fijar el monto a cancelar por
concepto de bonificación por compensación a favor de los servidores
mencionados en el artículo 2º del Decreto 610 de 1998. Habiendo
señalado que el auxilio de cesantías es un ingreso laboral percibido
de manera permanente por los jueces de mayor jerarquía de todas las
jurisdicciones, es evidente que resultaría violatorio del principio de
igualdad que surge del artículo 13 de la Constitución Política de
Colombia el señalar que esta prestación social carece de tal naturaleza
únicamente con el propósito de disminuir la base de liquidación de la
bonificación por compensación de la que son acreedores los
funcionarios mencionados en el artículo 2º del Decreto 610 de 1998.
15Sentencia proferida el 18 de mayo de 2016 por la Sala de Conjueces – Sección Segunda del Consejo de
Estado, Rad. 250002325000201000246-02, Demandante: Jorge Luis Quiroz Alemán. Conjuez Ponente
Doctor Jorge Iván Acuña Arrieta.
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En consecuencia, se concluye que únicamente teniendo en cuenta los
pagos que el Estado debe realizar a los Congresistas por concepto de
cesantías puede calcularse la diferencia total entre lo que ellos
perciben y la asignación de los Magistrados de las Altas Cortes para,
así, determinar el valor de la prima especial de servicio a la que tienen
derecho estos últimos…» (negrilla fuera de texto).
44. Así que, el valor que se cancela por bonificación por compensación es el
resultado de tener en cuenta los ingresos anuales que «por todo concepto»
reciban los magistrados de Alta Corte, para sí poder fijar los ingresos anuales del
magistrado de tribunal y demás cargos equivalentes, en un 80% a partir del año
2001.
45. En distintas providencias16, ha precisado esta Corporación con fundamento
en el marco normativo reseñado que los beneficiarios de la bonificación por
compensación tienen derecho al 80% de los ingresos que por todo concepto
salarial y prestacional devengan los magistrados de Alta Corte, teniendo en
cuenta que éstos deben percibir lo mismo que devengan los congresistas
incluyendo el auxilio de cesantías como parámetro para determinar la liquidación
de la prima especial de servicios de que trata el artículo 15 de la Ley 4 de 1992.
De la exigibilidad y prescripción de la bonificación por compensación
46. Frente a la exigibilidad de la bonificación por compensación17, en sentencia
precitada, se estableció, lo siguiente:
«El asunto que se debate en torno a la aplicación de la prescripción trienal,
es que, ante la coexistencia de dos regímenes salariales diferentes, no es
posible hablar de exigibilidad del derecho a reclamar, debido a que para los
beneficiarios de los derechos existía la disyuntiva del Decreto 610 de 1998,
que reconoce la Bonificación por Compensación Judicial y el régimen
salarial del Decreto 4040 de 2004, que reconocía la Bonificación por
Gestión Judicial. Es decir, no se podía establecer con exactitud cuál de los
regímenes era el aplicable, ante lo cual resultaba imposible referirse a la
exigibilidad del derecho.
16 Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda- Sala de Conjueces, conjuez
ponente: Clara Elisa Cifuentes Ortiz Bogotá, sentencia tres (03) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024).
Referencia: 25000234200020180071602 Número interno: 0499-2022; Consejo de Estado- Sala de lo
Contencioso Administrativo-Sección Segunda- Sala de Conjueces, conjuez ponente: Miguel Arcángel
Villalobos Chavarro sentencia ocho (8) de octubre de dos mil veinticuatro (2024) Referencia: Expediente N°
17001-23-33-000-2012-00115-02 Número interno: 4006-2015; Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso
Administrativo- Sección Segunda- Sala de Conjueces- conjuez ponente: Jorge Edisson Portocarrero
Banguera- sentencia seis (06) de junio de dos mil veintitrés (2023), Referencia: 25000-23-25-000-2011-
00150-02- NI:1139-2019; entre otros.
17 ARTÍCULO 187 del CPACA. CONTENIDO DE LA SENTENCIA.
(…)
En la sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el fallador
encuentre probada El silencio del inferior no impedirá que el superior estudie y decida todas las
excepciones de fondo, propuestas o no, sin perjuicio de la no reformatio in pejus.
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Radicado: 25000 23 42 000 2013 02061 02
Demandante: María Leonor Villamizar Corzo
En este sentido solo puede hablarse de exigibilidad de la Bonificación por
Compensación, a partir de la fecha de ejecutoria del fallo que declaró la
nulidad del Decreto 4040, es decir el 28 de enero de 2012.» (Subrayado
fuera de texto)
47. Igualmente, la Sala de conjueces de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, mediante sentencia de 2 de septiembre de 2019, realizó las siguientes
precisiones sobre la prescripción, en cuanto se refiere a la bonificación por
compensación:
«6. La bonificación por compensación para magistrados y cargos
equivalentes no podrá superar en ningún caso el 80% de lo que por todo
concepto devenguen anualmente los Magistrados de Alta Corte, que es
igual a lo que por todo concepto reciben los congresistas, incluido el auxilio
de cesantías. Ese 80% es un piso y un techo.
La reliquidación de la bonificación por compensación procede respecto a
los magistrados de tribunal y cargos equivalentes, siempre que, en la
respectiva anualidad, sus ingresos anuales efectivamente percibidos NO
hayan alcanzado el tope del ochenta por ciento (80 %) de lo que por todo
concepto devenga un magistrado de alta corte, incluido en ello las cesantías
de los congresistas. Sin embargo, en ese caso, la reliquidación debe
efectuarse únicamente hasta que se alcance el tope del 80% señalado.
7. Procede la prescripción de la bonificación por compensación entre el 5
de septiembre18 de 2001 y el 2 de diciembre de 2004. Lo anterior es la regla
general. Esta regla tiene una excepción que consiste en que si la persona
logra demostrar en el expediente, con pruebas (sic) documental, que antes
del 3 de diciembre de 2004 había interrumpido la prescripción conforme a
la ley. En este caso la prescripción va más allá del 4 de diciembre de 2004
y se retrotraería hasta la fecha de presentación de esa interrupción, fecha
entonces que debe ser posterior al 25 de septiembre de 2001 y anterior al
3 de diciembre de 2004. Esta excepción, como toda excepción, es de
aplicación restrictiva.
8. La sentencia de unificación que hoy se adopta no implica que se está
variando o modificando el régimen salarial y prestacional de los servidores
beneficiarios de la prima especial de servicios del artículo 14 de la Ley 4 de
1992 – jueces, magistrados y otros funcionarios -, en la medida en que en
ningún caso se podrán superar los porcentajes máximos o topes fijados por
el Gobierno Nacional19.
48. En consecuencia, resulta que la exigibilidad del derecho para reclamar el
reconocimiento de la bonificación por compensación regulada en el Decreto 610
de 1998 se dio en dos tiempos diferentes, con la ejecutoria de la sentencia que
declaró la nulidad del Decreto 2668 (originado durante los períodos
comprendidos entre el 5 de octubre de 2001 y el 2 de diciembre de 2004, periodo
en el cual no hubo dualidad de normas) y con la ejecutoria de la sentencia que
declaró la nulidad del Decreto 4040 (3 de diciembre de 2004 y el 27 de enero de
18
Mediante Auto del 7 de octubre de 2019 se aclaró que se refiere es al mes de octubre de 2001.
19
Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala Plena de Conjueces, expediente N° 41001-23-33-000-2016-
00041-02 (número interno 2204-2018), del 2 de septiembre de 2019.
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2012 solamente se hicieron exigibles a partir del 28 de enero de 2012), y ese
momento de exigibilidad debe analizarse en cada caso concreto. Sirve para
ilustrar lo dicho el siguiente esquema:
Hechos probados.
49. Probado está en el expediente, que la señora María Leonor Villamizar Corzo
prestó sus servicios a la Rama Judicial en el cargo de magistrada de la Sala
Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura desde el 1 de septiembre
de 1999 hasta el 29 de noviembre de 201220.
50. Que percibió desde enero de 2004 como remuneración el 70%21 de lo que
devengan los magistrados de las Altas Cortes, con base en la bonificación por
gestión judicial consagrada en el Decreto 4040 de 200422.
51. Que el día 6 de junio de 201223 la demandante realizó petición a la entidad
demandada, en la cual solicitó el reajuste de la bonificación por compensación,
conforme al Decreto 610 de 1998.
52. Mediante Oficio DESAJ12-JR-4660 del 6 de julio de 201224, la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial Bogotá - Cundinamarca negó lo solicitado
por la actora.
53. La demandante interpuso recurso de apelación25 en contra del anterior acto
administrativo, frente al cual la entidad demandada guardó silencio.
Caso Concreto
54. A la luz de la argumentación arriba expuesta, se concluye lo siguiente:
20Folio 10 del expediente.
21 Decreto 4040 de 2004: artículo 2.
Parágrafo 2º. La Bonificación de Gestión Judicial tendrá efectos fiscales a partir del 1ode enero de 2004 y
es incompatible con la Bonificación por Compensación, que hasta la fecha de expedición del presente
Decreto se viene reconociendo a los servidores citados en el presente artículo.
22 Folios 107-130 del expediente.
23 Folios 5-6 del expediente.
24Folios 7 del expediente.
25Folio 8-9 del expediente.
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55. La demandante, en su calidad de magistrada de la Sala Administrativa del
Consejo Seccional de la Judicatura, tiene derecho al reconocimiento y pago de
la bonificación por compensación consagrada en el Decreto 610 de 1998, es
decir, al 80% de lo que por todo concepto recibe un magistrado de Alta Corte,
teniendo en cuenta que éstos deben percibir lo mismo que devengan los
congresistas, incluyendo el auxilio de cesantías de dichos dignatarios como
parámetro para determinar la liquidación de la prima especial de servicios de que
trata el artículo 15 de la Ley 4 de 1992, acorde a los antecedentes
jurisprudenciales antes expuestos, por lo que le asiste razón, y en ese sentido
hay lugar a adicionar la sentencia.
56. Ahora bien, corresponde establecer si tiene derecho a que el mencionado
reajuste se aplique desde el 1 de enero de 2001, conforme lo alegado en el
recurso de apelación, para lo cual es necesario verificar desde cuándo es
exigible, y si en el presente caso se aplicó en debida forma la prescripción26.
57. Al respecto, la Sala de conjueces de la Sección Segunda del Consejo de
Estado mediante sentencia de 23 de mayo de 201827, realizó las siguientes
precisiones sobre la prescripción trienal y sus excepciones:
«Sobre este punto, esta Sala de Conjueces precisa que si bien a través
de estas sentencias se declaró que con la ejecutoria de la sentencia
que declaró de nulidad del Decreto 4040 de 2004, se hizo exigible el
derecho al reconocimiento y pago de la diferencia en el porcentaje que
contempla el Decreto 610 de 1998 y el 4040 de 2004, y que por tal razón
no se aplicaría la prescripción, lo cierto es que entre el período
comprendido entre la ejecutoria de la sentencia que anuló el Decreto
2668 de 1998 y la fecha de expedición del Decreto 4040 de 2004, si
procede decretarla, pues en este lapso no hubo dualidad de normas y
por lo tanto, los beneficiarios de que trata el artículo 2º del Decreto 610
de 1998 tenían la oportunidad de demandar el reconocimiento y pago
del 80% de lo que devengaban los magistrados de las altas cortes;
salvo que se encontraran en una de las dos situaciones descritas en
el numeral 2º del Decreto 4040 de 2004, que son: i) haber iniciado
acciones judiciales relacionadas con la bonificación por
compensación y haber desistido a sus pretensiones y ii) haber
efectuado reclamaciones y suscribir contratos de transacción.». (Se
subraya y negrillas fuera de texto).
58. Revisado el expediente, la Sala advierte que a folios 202-216 del expediente,
obra memorial de 13 de enero de 2020 suscrito por el apoderado de la parte
actora, en el cual refiere que presenta «pruebas documentales de interrupción
de la prescripción», pues no se reconoció a la demandante el derecho a percibir
26 ARTÍCULO 187 del CPACA. CONTENIDO DE LA SENTENCIA.
(…)
En la sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el fallador
encuentre probada El silencio del inferior no impedirá que el superior estudie y decida todas las excepciones
de fondo, propuestas o no, sin perjuicio de la no reformatio in pejus.
27 Conjuez Ponente: Dr. Pedro Simón Vargas Sáenz. Exp. No.170012333000201200144 92 (0602-2015).
Actor: María Rubby Montoya de Uribe.
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la diferencia en el periodo anterior al 1 de enero de 2005. No obstante, dichos
documentos no serán objeto de valoración en aras de salvaguardar el debido
proceso de las partes, comoquiera que no fueron aportados ni con la demanda,
la contestación o en la oportunidad probatoria correspondiente, conforme lo
dispuesto en el artículo 212 del CPACA.
Se agrega:
59. Precisa la Sala que los efectos de la sentencia de nulidad del Decreto 4040
de 2004, surgen a partir del 3 de diciembre de 2004, y no antes, pues la normas
producen efectos jurídicos desde su promulgación, por lo que no resulta
razonable considerar que, al declararse la nulidad del decreto, estos se
retrotrajeron al año 2001. Así, se concluyó en la sentencia de 18 de mayo de
2016 de esta Corporación28.
60.En consecuencia, no le asiste razón al recurrente, pues en su caso se
encuentra prescrito lo correspondiente al 1 de enero de 2001 al 2 de diciembre
de 2004, pues no fue allegada dentro de las oportunidades procesales
pertinentes, prueba alguna que permita inferir que se encontraba dentro de las
excepciones antes mencionadas. Así mismo, como la petición fue radicada el 6
de junio de 2012, no operó la prescripción29, por lo que procede su
reconocimiento del 3 de diciembre de 2004 al 26 de enero de 2012, y no como lo
señaló el a quo a partir del 1 de enero de 2005, y en ese sentido hay lugar a
modificar la sentencia impugnada.
61. Sin embargo, la prescripción no opera en relación con la obligación de la
demandada de realizar, en favor de la accionante, las cotizaciones o aportes al
Sistema General de Seguridad Social en materia de pensiones, por tratarse de
un derecho cierto, irrenunciable e imprescriptible que se reconoce en cabeza del
servidor público que presta sus servicios laborales al Estado30.
62. Ahora bien, los aportes a la seguridad social están íntimamente relacionados
con el restablecimiento del derecho frente a la bonificación por compensación,
pues por mandato legal dicho emolumento constituye factor salarial para liquidar
los aportes a pensión como se desprende del Decreto 610 de 1998, por lo que al
ordenar el reajuste de dicho emolumento, es deber de la entidad deducir de la
condena el pago de los aportes que corresponden al empleado y para efectos
pensionales aportar lo que corresponde al empleador.
28 ver sentencias: Consejo de Estado- Sala de Conjueces de la Sección Segunda- conjuez ponente Juan
Camilo Morales Trujillo, sentencia del 10 de octubre de 2022, radicado: 73001233100020130000202, No.
Interno: 6492-2018. Y Consejo de Estado- Sala de Conjueces de la Sección Segunda- conjuez ponente
Carmen Anaya de Castellanos, sentencia del 9 de abril de 2024, radicado: 41001233100020100058203, No.
Interno: 1374 – 2021.
29 La exigibilidad del derecho fue a partir del 28 de enero de 2012.
30 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 26 de agosto de 2016; Consejero ponente: Carmelo
Perdomo Cuéter; Radicación: 23001-23-33-000-2013-00260-01 (0088-15) CE-SUJ2-005-16.
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63. Lo anterior, por cuanto el propio legislador contempló frente a la bonificación
por compensación su incidencia como factor de liquidación pensional y conforme
lo dispone el artículo 17 de la Ley 100 de 199331 es obligatorio realizar las
respectivas cotizaciones, no solo por la naturaleza parafiscal de las mismas sino
por la sostenibilidad del sistema32, por lo que se adicionará la sentencia en dicho
sentido, y se precisará que constituye factor salarial únicamente para tal
prestación.
64. De conformidad con lo anterior, se modificará parcialmente la sentencia de
primera instancia, en el sentido de adicionar que se reconozca la bonificación por
compensación conforme a lo señalado, pero por las razones expuestas en el
presente proveído, modificar la fecha de reconocimiento de la prestación en
aplicación a la prescripción antes analizada. Y ordenar los descuentos de aportes
a pensión, conforme lo expuesto en precedencia.
Condena en costas.
65. En el caso concreto, no se advierte que haya lugar a condenar en costas a la
demandante. Lo expresado, en razón a que si bien en anteriores oportunidades
esta Sala de Subsección realizaba una valoración objetiva para determinar si
había o no lugar a aplicar esa sanción, lo cierto es que actualmente, con la
entrada en vigor de la Ley 2080 de 2021, es procedente verificar si el recurso de
apelación se presentó con carencia de fundamento legal.
66. Al extender esa interpretación al caso bajo análisis y luego de revisar los
argumentos de la apelante, no se advierte esa situación. Por el contrario, se
avizora la sustentación de las razones en defensa jurídica de sus intereses, por
lo que, se repite, no se condenará en costas a la parte apelante.
66. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
IV. FALLA
PRIMERO. AVOCAR conocimiento del presente asunto, conforme a las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
31 ARTÍCULO 17. Obligatoriedad de las Cotizaciones. Durante la vigencia de la relación laboral deberán
efectuarse cotizaciones obligatorias a los Regímenes del Sistema General de Pensiones por parte de los
afiliados y empleadores, con base en el salario que aquéllos devenguen.
32 Ver sentencia del Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala de conjueces de la
Sección Segunda- providencia del 4 de julio de 2024, conjuez ponente: Clara Elisa Cifuentes Ortíz,
radicación: 25000-23-42-0002017-05349-02 (2828-2021).
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SEGUNDO. MODIFICAR PARCIALMENTE el numeral tercero de la sentencia
impugnada, en los siguientes términos:
“TERCERO.- Condénese a la Nación- Rama Judicial- Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial a reconocer y pagar a la señora
María Leonor Villamizar Corzo, el derecho a recibir la diferencia de la
bonificación por compensación, conforme a lo dispuesto en el
Decreto 610 de 1998, equivalente al ochenta por ciento (80%) de lo
que por todo concepto devenga un magistrado de Alta Corte,
teniendo en cuenta que éstos deben percibir lo mismo que devengan
los congresistas, incluyendo el auxilio de cesantías de dicho
dignatarios como parámetro para determinar la liquidación de la prima
especial de servicios de que trata el artículo 15 de la Ley 4°de
1992,sin que de manera alguna sobrepase el límite porcentual fijado
en el Decreto referido; a partir del 3 de diciembre de 2004 (fecha para
la cual ya ostentaba el cargo de magistrada del Consejo Seccional)
al 26 de enero de 2012. Dicha bonificación no constituirá factor
salarial para los fines de reliquidación de sus prestaciones sociales.
TERCERO.- ADICIONAR la sentencia impugnada en el sentido DECLARAR la
prescripción de las diferencias reclamadas por concepto de bonificación por
compensación hasta el 2 de diciembre de 2004, conforme lo expuesto en el
presente proveído.
CUARTO.- ADICIONAR la sentencia apelada en el sentido de ORDENAR
realizar los descuentos de ley para seguridad social en pensiones a la parte
demandada, respecto de las diferencias no cotizadas por concepto de
bonificación por compensación por las razones expuestas en la parte motiva de
esta sentencia.
QUINTO- CONFIRMAR en sus demás apartados la sentencia dictada en la
audiencia inicial celebrada el 17 de octubre de 2017, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca- Sección Segunda- Sala Transitoria que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda presentada por María Leonor
Villamizar Corzo en contra de la Nación –Rama Judicial- Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, por las razones y con las precisiones expuestas en la
parte motiva de esta sentencia.
SEXTO.- Sin condena en costas en esta instancia conforme a lo expuesto en la
parte considerativa de esta providencia.
SÉPTIMO.- Reconocer personería al abogado William Gutiérrez Pérez, con
cédula de ciudadanía No. 17.080.816, portador de la Tarjeta Profesional de
Abogado No. 17.111, como apoderado de la demandante, conforme al poder
obrante al índice 46, 48 y 51 de Samai.
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OCTAVO.- Reconocer personería al abogado Carlos Eduardo Velandia
Martínez, con cédula de ciudadanía No. 79.906.929, portador de la Tarjeta
Profesional de Abogado No. 247.512, como apoderado de la Nación –Rama
Judicial, por el tiempo en que fungió como tal, conforme al poder obrante al índice
29 Samai.
NOVENO.- Reconocer personería al abogado César Augusto Contreras Suárez,
con cédula de ciudadanía No. 79.654.873, portador de la Tarjeta Profesional de
Abogado No. 143.958, como apoderado de la Nación –Rama Judicial, conforme
al poder obrante al índice 57 Samai.
DÉCIMO.- Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente)
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente)
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente)
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los consejeros de Estado, en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley y el artículo 186 del CPACA.
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