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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-02249-02

Fecha
4 de junio de 2026
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-02249-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. MODIFICAR el numeral primero de la parte resolutiva de la sentencia del 30 de octubre de 2020, emitida por la Sala Transitoria del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el cual quedará así: Estarse a lo resuelto por el Consejo de Estado, Sección Segunda, en la sentencia del 14 de diciembre de 2011 por medio de la cual se anuló el Decreto 4040 del 3 de diciembre de 2004. SEGUNDO. CONFIRMAR en lo demás la providencia recurrida, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO. CONDENAR en costas en segunda instancia a la Rama Judicial. CUARTO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2018-02249-02

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

4 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Cuatro (4) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 25000 23 42 000 2018 02249 02 (4844-2022)
Demandante: Sandra Milena López López
Demandado: Nación - Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial1

Tema: Bonificación por compensación, Decreto 610 de 1998
Decisión: Modifica el numeral primero en cuanto se estuvo a sentencias que no
son de unificación, se confirma en lo demás y se condena en costas
a la entidad por cuanto no prosperaron los reparos planteados en el
recurso de apelación.

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la Rama Judicial contra la
sentencia de primera instancia del 30 de octubre de 2020, expedida por la Sala Transitoria
de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

I. ANTECEDENTES

Demanda

1. La accionante instauró demanda en ejercicio del medio de control de la
referencia con el objeto de que se declare la nulidad de las Resoluciones 3665 del 13 de
abril de 2018 y 4930 del 30 de mayo del mismo año, mediante las cuales el director
ejecutivo de Administración Judicial negó lo pedido y resolvió una solicitud de aclaración,
respectivamente.

2. A título de restablecimiento del derecho solicitó se ordene a la demandada
reconocer y pagar las diferencias que surjan de la reliquidación de la bonificación por
compensación prevista en el Decreto 1102 de 2012, con la incidencia de la prima especial
de servicios que perciben los magistrados de las altas cortes en virtud de lo dispuesto en
el artículo 15 de la Ley 4ª de 1992, desde el 4 de junio de 2014 hasta la fecha en que
permanezca en el cargo. Por último, reclamó el ajuste de la condena, el reconocimiento
de intereses moratorios, la imposición de costas a la entidad demandada y «una
indemnización por pérdida de oportunidad como consecuencia de los daños y perjuicios
causados y/o sobre los que se sigan causando»2.

1 En adelante Rama Judicial.
2 Folio 180.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 25000 23 42 000 2018 02249 02 (4844-2022)
Demandante: Sandra Milena López López

3. Argumentó que labora en la Rama Judicial y se desempeña como magistrada
auxiliar de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura desde
el 4 de junio de 2014. Agregó que los magistrados de alta corte son beneficiarios de la
prima especial del artículo 15 de la Ley 4ª de 1992, la cual tiene incidencia en la
liquidación de la bonificación por compensación, de manera que si estos últimos reciben
un menor valor por tal concepto, ello repercute en la mencionada bonificación.

4. En razón de lo anterior, el 2 de abril de 2018 formuló reclamación ante la entidad
demandada con el fin de obtener la reliquidación de los ingresos laborales por concepto
de bonificación por compensación de conformidad con los lineamientos fijados en la
sentencia del 18 de mayo de 2016, emitida por el Consejo de Estado. Dicha petición fue
resuelta negativamente mediante la Resolución 3665 del 13 de abril de 2018; acto
administrativo frente al cual no se concedió ningún recurso; motivo por el cual, se solicitó
la «revocación, aclaración, corrección y modificación»3, la cual fue resuelta mediante
Resolución 4930 del 30 de mayo de 2018.

5. Por último, refirió que con ocasión de los menores ingresos que ha percibido
producto de las diferencias que reclama, ha tenido que acudir a préstamos bancarios, a
fin de tener liquidez y poder sufragar los compromisos que había adquirido, dentro de los
cuales hay un leasing habitacional.

Contestación de la demanda

6. La Rama Judicial4 se opuso a las pretensiones de la demanda, al considerar
que la reliquidación de la prima especial de servicios del artículo 15 de la Ley 4ª de 1992
con inclusión de las cesantías de los congresistas5, tiene incidencia en la bonificación por
compensación siempre que se reclame dentro de los tres años siguientes a la exigibilidad
del derecho contabilizado desde la vinculación. Agregó que en todo caso, a partir del mes
de agosto de 2019 la entidad comenzó a reconocer y pagar por nómina dicha diferencia.
En consecuencia, propuso las excepciones de integración de litisconsorcio necesario,
ausencia de causa petendi, prescripción y cualquier otra que se encuentre probada.

Sentencia apelada

7. La Sala Transitoria del Tribunal Administrativo de Cundinamarca6 accedió a las
pretensiones de la demanda, anuló los actos acusados, declaró probada parcialmente la
excepción de prescripción y se abstuvo de reconocer «la reliquidación y el pago de las
prestaciones sociales al actor por concepto de factor salarial de la prima especial de
servicios y la bonificación por compensación»7. De igual manera, decidió estarse a lo
resuelto en las sentencias del 14 de diciembre de 2011 que anuló el Decreto 4040 de

3 Folio 168, hecho décimo.
4 Folios 218 a 223.
5 Folio 220 vuelto.
6 Folios 244 a 252.
7 Numeral quinto de la resolutiva, folio 252.

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Radicación: 25000 23 42 000 2018 02249 02 (4844-2022)
Demandante: Sandra Milena López López

2004; 18 de mayo de 2016 y 2 de septiembre de 2019, emitidas por la Sala de Conjueces
del Consejo de Estado.

8. A título de restablecimiento del derecho, condenó a la entidad a reconocer y
pagar de forma retroactiva la diferencia existente entre lo percibido y lo que debió
devengar por concepto de bonificación por compensación, siempre que en la respectiva
anualidad los ingresos de la demandante no hubieren superado el tope del 80% de lo que
por todo concepto perciben los magistrados de las Altas Cortes, incluyendo las cesantías
y la incidencia de la prima especial del artículo 15 de la Ley 4ª de 1992 desde el 2 de abril
de 2015 y hasta tanto funja como magistrada auxiliar.

9. Precisó que tanto la prima especial como la bonificación por compensación
carecen de carácter salarial, salvo para efectos pensionales. Señaló que las diferencias
reclamadas con anterioridad al 2 de abril de 2015 se encuentran afectadas por el
fenómeno prescriptivo pues la reclamación administrativa se formuló el 2 de abril de 2018.

Recurso de apelación

10. Inconforme con la decisión, la Rama Judicial interpuso recurso de apelación8
en el cual sostuvo que el Tribunal incurrió en una incongruencia pues las pretensiones se
limitaban al reconocimiento de la diferencia de la bonificación por compensación en el
80% de los ingresos devengados por los magistrados de las Altas Cortes; sin embargo,
la sentencia ordenó el pago de las diferencias que resultan en tal bonificación producto
de la reliquidación de la prima especial de la que son titulares los magistrados de alta
corte, con la incidencia de las cesantías que perciben los congresistas; en ese sentido,
consideró que el a quo erró al interpretar las pretensiones, pues el ajuste de la
bonificación por compensación9 no implicaba incluir las mencionadas cesantías para la
liquidación de dicha prima; además, frente a esto último no se agotó el procedimiento
administrativo previo.

11. Por otra parte, manifestó su inconformidad con el cómputo del término de
prescripción en lo que respecta al reajuste de la bonificación por compensación con
inclusión de la incidencia de las cesantías de los congresistas en la liquidación de la prima
especial del artículo 15, toda vez que para este efecto el interesado disponía de un plazo
de tres años para ejercer el medio de control, contado desde la entrada en vigencia de la
Ley 4ª de 1992 o desde su vinculación a alguno de los cargos señalados en el artículo
15 ibidem; en ese sentido, consideró que aun en el evento de accederse a dicho
reconocimiento «extra petita» debió declararse la prescripción de los derechos causados
con anterioridad al «11 de julio de 2013 […] pues la petición se formuló el 11 de julio de
2016»10.

II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

8 Folios 269 a 277.
9 En los términos del Decreto 610 de 1998.
10 Esto no guarda coherencia con lo probado en el proceso como más adelante se indicará; no obstante,

se transcribe tal como se mencionó en el recurso, folio 272 vuelto.

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Radicación: 25000 23 42 000 2018 02249 02 (4844-2022)
Demandante: Sandra Milena López López

12. Luego de resolver la manifestación de impedimento formulada por los
consejeros que integraban la Sección Segunda de esta Corporación 11 y proceder al
sorteo de conjueces, mediante auto del 7 de mayo de 202412 se admitió el recurso de
apelación. La demandante y el Ministerio Público guardaron silencio en esta etapa
procesal13.

13. Por su parte, la Rama Judicial14 reiteró los argumentos señalados en la
contestación de la demanda.

14. El proceso regresó al conocimiento de la Subsección, debido a la nueva
integración de la Sala, que llevó a desplazar a los conjueces.

III. CONSIDERACIONES

Competencia

15. De conformidad con lo previsto en el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), modificado por el artículo 615
del Código General del Proceso (CGP), el Consejo de Estado es competente para resolver
los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias dictadas en primera
instancia por los Tribunales Administrativos.

Problema jurídico

16. En concordancia con lo expuesto en el recurso de apelación, esta Sala debe
determinar si el Tribunal erró en la interpretación de las pretensiones y en consecuencia
incurrió en incongruencia al decidir por fuera de lo pedido y si la prescripción del derecho
se debe contabilizar en la forma propuesta en el recurso.

Análisis del problema jurídico

17. La Sala modificará la sentencia de primera instancia, en cuanto se estuvo a
sentencias que no son de unificación jurisprudencial y la confirmará en lo demás por
cuanto no prosperan los reparos planteados por la entidad en el recurso de apelación y
en esa medida se le condenará en costas en segunda instancia.

18. En el presente caso, se encuentra acreditado15 que Sandra Milena López
laboró como magistrada auxiliar en la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la

11 Folios 285, 287, 288 y 290.
12 Folio 292.
13 Tal como se evidencia en la constancia secretarial visible en folio 293.
14 Índice 29 de Samai.
15 Folios 19 a 29.

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Radicación: 25000 23 42 000 2018 02249 02 (4844-2022)
Demandante: Sandra Milena López López

Judicatura desde el 4 de junio de 2014 «hasta la fecha»16. Según la certificación17 emitida
por la directora administrativa de la división de tesorería, dentro de su asignación mensual
percibió la bonificación por compensación y la prima especial de servicios. El 2 de abril
de 201818 formuló petición en la que reclamó la reliquidación de los ingresos laborales
por concepto de bonificación por compensación con fundamento en el Decreto 1102 de
2012, a efecto de que se tengan en cuenta «los ingresos laborales totales» que devengan
los magistrados de las altas cortes. Dicha solicitud fue resuelta desfavorablemente
mediante las Resoluciones 3665 y 4390, ambas de 201819.

19. La inconformidad de la entidad radica en que el a quo erró en la interpretación
de las pretensiones lo que condujo a un reconocimiento por fuera de lo pedido. Al
respecto, la Sala observa que la demanda estuvo dirigida a obtener las «diferencias o la
reliquidación en los ingresos laborales por concepto de bonificación por compensación
de conformidad con lo establecido en el Decreto 1102 de 2012 teniendo en cuenta que
la nivelación o las diferencias de la prima especial de servicios que han dejado de
recibir los Magistrados de las Altas Cortes de acuerdo al artículo 15 de la Ley 4ª de
1992 tiene incidencia en la bonificación por compensación»20. [Se resalta] En ese
contexto, no se advierte un análisis desproporcionado de la pretensión, pues uno de sus
objetivos consistía en obtener las diferencias por concepto de bonificación por
compensación, derivadas de la correcta liquidación de la prima especial de la que son
beneficiarios los magistrados de las altas cortes, en la medida en que dicho emolumento
se calcula con «lo que por todo concepto devenguen» estos.

20. De otra parte, sostuvo que, en todo caso, no se agotó el procedimiento
administrativo previo respecto de dicha pretensión; sin embargo, al examinar la
reclamación radicada ante la entidad se evidencia que tenía por objeto el reconocimiento
de «las diferencias en el ingreso laboral salarial por concepto de bonificación por
compensación de conformidad con lo establecido en el Decreto 1102 de 2012
correspondiente al reajuste o reliquidación equivalente al 80% de los ingresos laborales
totales que devenguen los magistrados de las altas cortes»21 [Se destaca]. Lo anterior
desvirtúa la inconformidad de la entidad apelante, en tanto que la reclamación
administrativa sí estuvo orientada al reconocimiento de la bonificación en los términos
ordenados y el Tribunal se ciñó a lo solicitado en la demanda, razón por la cual no se
configura la incongruencia alegada.

21. En lo que respecta al reproche acerca de la manera en que se aplicó la
prescripción, es preciso señalar que en el recurso se pretende que se declare desde el
«11 de julio de 2013 […] pues la petición se formuló el 11 de julio de 2016»; sin embargo,
tal planteamiento no guarda coherencia con lo probado en el proceso, pues la

16 Como mínimo se entiende que lo estuvo hasta el 15 de marzo de 2018, pues en tal fecha se expidió la

certificación.
17 Folios 154 a 155.
18 Folios 2 a 18.
19 Folios 40 a 49 y 70.
20 Pretensión primera del restablecimiento del derecho, visible en folio 179.
21 Folio 15.

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Radicación: 25000 23 42 000 2018 02249 02 (4844-2022)
Demandante: Sandra Milena López López

reclamación administrativa se formuló el 2 de abril de 2018 y el derecho se pretende a
partir del 4 de junio de 2014.

22. Con todo, la Sala entiende que el planteamiento se dirige a que se aplique la
prescripción trienal y producto de ello, el reconocimiento abarque únicamente tres años
atrás a la fecha en que se formuló la reclamación administrativa. En ese contexto y de
cara a lo resuelto en la sentencia apelada, se concluye que no hay reproche en torno a
lo allí decidido, pues las diferencias adeudadas se ordenaron desde el 2 de abril de 2015,
esto es, con tres años de antelación a la fecha de radicación de la petición en sede
administrativa, razón por la cual no prospera dicho argumento.

23. Finalmente, la Sala modificará el numeral primero de la parte resolutiva de la
sentencia de primera instancia, en cuanto se estuvo a lo resuelto en sentencias que no
son de unificación jurisprudencial y solo se mantendrá tal decisión en lo que respecta a
la sentencia que declaró la nulidad del Decreto 4040 de 2004.

Condena en costas

24. La modificación del artículo 188 del CPACA efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación frente
a la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura armónica y útil de la norma
se colige que la aludida reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración
del criterio objetivo que gobierna esta materia.

25. La pretensión del legislador con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal respecto de asuntos donde se ventile un interés público, creando así
una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en este tipo
de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso de los
trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del
CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena
en costas sobre la parte vencida en el proceso.

26. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la remisión
contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

27. En consecuencia, se impondrán costas a la entidad demandada, por cuanto se
negaron los reparos planteados en el recurso de apelación. Para el efecto, de
conformidad con el artículo 306 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el
despacho sustanciador de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la
secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

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Radicación: 25000 23 42 000 2018 02249 02 (4844-2022)
Demandante: Sandra Milena López López

IV. RESUELVE

PRIMERO. MODIFICAR el numeral primero de la parte resolutiva de la sentencia del
30 de octubre de 2020, emitida por la Sala Transitoria del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, el cual quedará así:

Estarse a lo resuelto por el Consejo de Estado, Sección Segunda, en la sentencia del 14 de
diciembre de 2011 por medio de la cual se anuló el Decreto 4040 del 3 de diciembre de 2004.

SEGUNDO. CONFIRMAR en lo demás la providencia recurrida, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO. CONDENAR en costas en segunda instancia a la Rama Judicial.

CUARTO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
CMTG

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