Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2019-01070-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2019-01070-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 76001-23-33-000-2019-01070-02
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
25 de junio de 2026
Radicado: 76001-23-33-000-2019-01070-02
Demandante: Gabriel Esteban Rodríguez Escandón
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá, D.C., veinticinco (25) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 76001 23 33 000 2019 01070 02 (0937-2025)
Demandante: Gabriel Esteban Rodríguez Escandón
Demandado: Procuraduría General de la Nación
Tema: Bonificación por compensación
Decisión: Revoca numerales primero y tercero frente a la prescripción y
el restablecimiento del derecho, modifica numeral cuarto
respecto de costas en primera instancia, y confirma en lo
demás. Sin condena en costas en segunda instancia
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
1.Comoquiera que ninguno de los miembros de la Sala advierte causal de
impedimento para conocer del presente asunto1, se procede a resolver el recurso
de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 15 de
octubre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
Pretensiones de la demanda
2. La parte demandante solicitó la nulidad del Oficio S 2019-010696 del 20 de
junio de 20192, mediante el cual la Procuraduría General de la Nación le negó el
reconocimiento y pago del reajuste de la bonificación por compensación.
3. A título de restablecimiento del derecho, peticionó: 1) «[…] reliquidación y pago
en delante de la bonificación por compensación de que ha sido beneficiario mi
mandante durante el tiempo que ha ejercido el cargo de procurador judicial II,
teniendo en cuenta para su liquidación lo estipulado en el artículo 15 de la Ley 4
de 1992, es decir, incluyendo la prima especial de servicios devengada por los
magistrados de Altas Cortes, prima que para su correcta liquidación debe incluir
1 Actualmente los miembros de la Sala no tienen un proceso pendiente o interés actual frente a aspectos
relacionados con el reconocimiento y/o reajuste de la bonificación por compensación, objeto del presente
proceso.
2
Índice 29 expediente digital, págs. 25-26, gestión en otros despachos de Samai.
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las cesantías percibidas por los congresistas»3.
Hechos que fundamentan la demanda
4. Como hechos relevantes, el apoderado judicial del demandante señaló los
siguientes:
5.El actor se desempeña como procurado judicial II, desde el 1 de octubre de
2013 hasta la fecha.
6.Elevó petición el 27 de mayo de 2019, la cual fue resuelta de manera negativa
mediante el acto administrativo demandado.
Fundamentos de derecho
7. Para el abogado de la parte actora, la decisión enjuiciada vulneró los artículos
2, 4, 6, 13, 23, 25, 29, 53, 55, 58, 150, 228, 277 y 280 de la Constitución Política;
1, 2, 15 y 16 de la Ley 4 de 1992; Decretos 610 de 1998 y 1102 de 2012.
8. Al desarrollar el concepto de violación, sostuvo que el acto demandado vulneró
las normas en que debería fundarse, al desconocer el derecho que le asiste a la
parte demandante a que se liquide la bonificación por compensación teniendo en
cuenta las cesantías y todos los ingresos laborales permanentes totales anuales
que perciben los congresistas. Lo anterior garantiza la efectiva igualdad salarial
entre los servidores.
Contestación de la demanda
9. Dentro de la oportunidad de ley, la Procuraduría General de la Nación contestó
la demanda4 y se opuso a las pretensiones en razón a que las cesantías no
constituyen un ingreso laboral permanente de los congresistas para efectos de
calcular la prima especial. Asimismo, refirió que acceder al reajuste reclamado
excedería el tope del 80% establecido en el Decreto 610 de 1998.
10. Finalmente invocó las excepciones de «inexistencia del derecho pretendido»,
«prescripción de derechos laborales», e innominada.
Sentencia de primera instancia
11. Mediante sentencia proferida el 15 de octubre de 20245, el Tribunal
3
Transcripción literal de la pretensión.
4 Índice 35, gestión en otros despachos de Samai.
5 Índice 56, gestión en otros despachos de Samai.
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Administrativo del Valle del Cauca accedió parcialmente a las súplicas de la
demanda.
12. Al respecto, concluyó que se debe tener en cuenta los pagos que el Estado
hace a los congresistas por concepto del auxilio de cesantías para calcular la
diferencia entre los que ellos ganan y lo que perciben los magistrados de las Altas
Cortes, para determinar el valor de la prima especial de los funcionarios
mencionados en el artículo 15 de la Ley 4 de 1992. Razonamiento que, del mismo
modo, debe aplicarse a la liquidación de la bonificación por compensación, es
decir, que el valor que perciben los titulares de las altas magistraturas por el total
de sus ingresos laborales anuales debe tenerse en cuenta para liquidar y pagar la
mentada bonificación, teniendo en cuenta las cesantías pagadas a los
congresistas.
13. Por otro lado, señaló que como «la reclamación administrativa fue presentada
por los demandantes ante Procuraduría General de la Nación, el 27 de mayo de
2019, es decir, después del 27 de enero de 2012. No se presenta en el caso
concreto la coexistencia de los dos regímenes reglamentados en los decretos 610
de 1998 y 4040 de 2004. Motivo por el cual la Sala debe entender que hay
prescripción de los derechos laborales reclamados y sus consecuencias
económicas».
14. Por lo tanto, el Tribunal de instancia declaró probada la excepción de
prescripción extintiva de derechos, la nulidad del acto administrativo demandado
negó las demás pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte
demandante6.
Recurso de apelación
15. El apoderado de la parte actora recurrió en apelación7 la sentencia de primera
instancia.
16. Invocó la sentencia del 18 de mayo de 2016 proferida por la Sala de Conjueces
de la Sección Segunda del Consejo de Estado, la cual indicó que para las
reclamaciones presentadas con posterioridad al 28 de enero de 2012, se configura
la prescripción trienal de los derechos, es decir, que se interrumpe desde la fecha
de presentación de la reclamación y tres años hacia atrás, lo cual impacta en el
reconocimiento de los derechos laborales y económicos reclamados.
17. Asimismo, indicó que el actor presentó su reclamación ante la Procuraduría
General de la Nación el 27 de mayo de 2019, esto es, con posterioridad al 27 de
6
En la parte motiva señaló que procedía la condena en costas a la entidad demandada.
7 Índice 59, gestión en otros despachos de Samai.
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enero de 2012; por lo que debió no solo declarar la nulidad del acto demandado,
sino ordenar el restablecimiento del derecho del demandante en el sentido de
reconocer la reliquidación solicitada, con aplicación de prescripción trienal, es
decir, el pago de la bonificación por compensación con la inclusión del cómputo
de la incidencia que tiene la prima especial de servicios que reciben los
magistrados de Altas Cortes, a quienes se les tiene en cuenta para tal efecto las
cesantías, así como las diferencias entre lo recibido y lo dejado de percibir, desde
el 27 de mayo de 2016.
18. Por otro lado, refirió que la sentencia impugnada en la parte motiva señaló que
se debía condenar en costas a la demandada; sin embargo, en el numeral cuarto
de la parte resolutiva del fallo, ordena condenar en costas de primera instancia a
la parte demandante, por lo que solicita se revoque dicha decisión, y se condene
a la entidad, pues las pretensiones de la demanda prosperaron de manera parcial.
Trámite correspondiente a la segunda instancia
19. Mediante auto del 13 de febrero de 20268, se admitió el recurso de apelación y
ordenó correr traslado a las partes y al agente del Ministerio Público para que
presentaran sus alegatos de conclusión.
20. La parte demandante alegó de conclusión y reiteró lo expuesto en el recurso
de alzada9.
21. Las demás partes guardaron silencio.
22. Control de legalidad. La Sala observa que el proceso se ha tramitado en legal
forma, sin que se advierta causal de nulidad que invalide lo actuado, por lo que se
resolverá la apelación, previas las siguientes:
III. CONSIDERACIONES
Competencia
23. De conformidad con lo establecido en el artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo10, esta Sala de
Subsección del Consejo de Estado es competente para resolver los recursos de
apelación interpuestos contra las sentencias dictadas en primera instancia por
los Tribunales Administrativos.
8 Índice 5 de SAMAI.
9 Índice 12 de Samai.
10 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
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Problema jurídico
24. Le corresponde a la Sala establecer si operó la prescripción extintiva del
derecho y si procede la revocatoria de las costas impuestas por el a quo.
25. Para resolver el problema planteado se abordarán los siguientes aspectos:
1.
La bonificación por compensación y el precedente jurisprudencial, 2. Hechos
probados y 3. Caso concreto.
La bonificación por compensación
26. El Congreso de la República expidió la Ley 4ª de 199211, la cual en el artículo
15 estableció una prima especial de servicios, sin carácter salarial, para los
magistrados de Alta Corte, que sumada a los demás ingresos laborales, igualen
a los percibidos en su totalidad, por los miembros del Congreso, sin que en
ningún caso los supere, es decir, se equiparó el salario de los magistrados de las
Altas Cortes al de los congresistas.
27. En el año 1998, el Gobierno nacional expidió el Decreto 610 y en su artículo 1
creó la bonificación por compensación, equivalente al 60%, 70% y 80% para las
vigencias fiscales 1999, 2000 y 2001 en adelante; en otros términos, se creó
una bonificación por compensación, equivalente al 60% de lo que por todo
concepto devenguen los magistrados de las Altas Cortes para el año 1999,
el 70% para el año 2000 y del año 2001 en adelante el 80%.
28. Así que, el valor que se cancela por bonificación por compensación es el
resultado de tener en cuenta los ingresos anuales que «por todo concepto»
reciban los magistrados de Alta Corte, para así poder fijar los ingresos anuales
del magistrado de tribunal y demás cargos equivalentes, en un 80% a partir del
año 2001.
29. En distintas providencias12, ha precisado esta Corporación con fundamento
11 «Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional
para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso
Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales
y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales
e) y f) de la Constitución Política».
12 Sentencia proferida el 18 de mayo de 2016 por la Sala de Conjueces – Sección Segunda del Consejo de
Estado, Rad. 250002325000201000246-02, Demandante: Jorge Luis Quiroz Alemán. Conjuez Ponente
Doctor Jorge Iván Acuña Arrieta. Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso Administrativo Sección
Segunda- Sala de Conjueces, conjuez ponente: Clara Elisa Cifuentes Ortiz Bogotá, sentencia tres (03) de
diciembre de dos mil veinticuatro (2024). Referencia: 25000234200020180071602 Número interno: 0499-
2022; Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso Administrativo-Sección Segunda- Sala de Conjueces,
conjuez ponente: Miguel Arcángel Villalobos Chavarro sentencia ocho (8) de octubre de dos mil veinticuatro
(2024) Referencia: Expediente N° 17001-23-33-000-2012-00115-02 Número interno: 4006-2015; Consejo
de Estado- Sala de lo Contencioso Administrativo- Sección Segunda- Sala de Conjueces- conjuez ponente:
Jorge Edisson Portocarrero Banguera- sentencia seis (06) de junio de dos mil veintitrés (2023), Referencia:
25000-23-25-000-2011-00150-02- NI:1139-2019; entre otros.
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en el marco normativo reseñado que los beneficiarios de la bonificación por
compensación tienen derecho al 80% de los ingresos que por todo concepto
salarial y prestacional devengan los magistrados de Alta Corte, teniendo en
cuenta que éstos deben percibir lo mismo que devengan los congresistas
incluyendo el auxilio de cesantías como parámetro para determinar la liquidación
de la prima especial de servicios de que trata el artículo 15 de la Ley 4 de 1992.
30. Por otro lado, la exigibilidad del derecho para reclamar el reconocimiento de la
bonificación por compensación regulada en el Decreto 610 de 1998 se dio en dos
tiempos diferentes, con la ejecutoria de la sentencia que declaró la nulidad del
Decreto 2668 (originado durante los períodos comprendidos entre el 5 de octubre
de 2001 y el 2 de diciembre de 2004, periodo en el cual no hubo dualidad de
normas) y con la ejecutoria de la sentencia que declaró la nulidad del Decreto
4040 (3 de diciembre de 2004 y el 27 de enero de 2012 solamente se hicieron
exigibles a partir del 28 de enero de 2012), y ese momento de exigibilidad debe
analizarse en cada caso concreto13. Sirve para ilustrar lo dicho el siguiente
esquema:
Hechos probados
31. Acreditado está en el expediente, que el actor presta sus servicios a la
Procuraduría General de la Nación, en el cargo de procurador judicial II desde el
1 de octubre de 2013, sin que a la fecha de expedición de la certificación laboral
se reporte retiro del servicio.14
32. Que percibió la bonificación por compensación sin tener en cuenta para su
liquidación la incidencia de la prima especial de servicios devengada por los
magistrados de las Altas Cortes15.
13 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala Plena de Conjueces, expediente N° 41001-23-33-000-2016-
00041-02 (número interno 2204-2018), del 2 de septiembre de 2019.
14 Índice 29 expediente digital, pág.31, Gestión en otros despachos de Samai Certificación de fecha 17 de
junio de 2019.
15 Índice 29 expediente digital, págs.35-37, Gestión en otros despachos de Samai - Y como se desprende
del acto administrativo demandado.
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33. Que el 27 de mayo de 201916 le solicitó a la entidad demandada el reajuste
de la bonificación por compensación, la cual fue resuelta de forma negativa en el
acto demandado.
Caso concreto
34. Ala luz de la argumentación arriba expuesta, la Sala concluye que el
demandante, en su calidad de procurador judicial II, tiene derecho al
reconocimiento y pago de la bonificación por compensación consagrada en el
Decreto 610 de 1998, es decir, al 80% de lo que por todo concepto recibe un
magistrado de Alta Corte, teniendo en cuenta que éstos deben percibir lo mismo
que devengan los congresistas, incluyendo el auxilio de cesantías de dichos
dignatarios como parámetro para determinar la liquidación de la prima especial
de servicios de que trata el artículo 15 de la Ley 4 de 199217, pues es un ingreso
anual permanente que perciben dichos funcionarios, conforme a los
antecedentes jurisprudenciales antes expuestos.
35. Toda vez que conforme a lo señalado en precedencia el valor que se cancela
por bonificación por compensación es el resultado de la diferencia entre lo
proyectado como ingresos anuales que “por todo concepto” reciban los
magistrados de Alta Corte y los ingresos anuales de magistrado de Tribunal y
demás cargos equivalentes, para fijar el ingreso laboral de éstos últimos en un
80%.
36. Asimismo, vale la pena señalar que no se encuentra probado que la entidad
demandada haya reconocido en debida forma la mencionada bonificación en
vigencia del Decreto 1102 de 2012, pues la reconoció sin tener en cuenta las
cesantías18 de los congresistas como parámetro para determinar la liquidación
de la prima especial de servicios de que trata el artículo 15 de la Ley 4 de 1992,
cuando dicho emolumento es de carácter permanente.
37. Ahora, es del caso precisar que al haberse declarado la nulidad del Decreto
4040 de 2004 mediante sentencia proferida el 14 de diciembre de 2011 19, se
reconoció la plena vigencia del Decreto 610 de 1998, en virtud de la cual todos
los funcionarios contemplados en dicho precepto adquirieron el derecho a percibir
una bonificación por compensación que equiparara sus ingresos laborales al 80%
16 Índice 29 expediente digital, págs. 19-23, Gestión en otros despachos de Samai
17 La Sala advierte que si bien la demandante no tiene derecho a la prima especial de servicios en los
términos dispuestos en el artículo 15 de la Ley 4ª de 1992, pues esta no ostentó el cargo de magistrado de
Alta Corte, sino que siempre se desempeñó como procuradora judicial II, lo cierto es que para calcular ese
80% de lo que por todo concepto devenga un magistrado de Alta Corte, se deba tener en cuenta lo mismo
que devengan los congresistas, incluyendo el auxilio de cesantías de dichos dignatarios como parámetro
para determinar la liquidación de la prima especial de servicios.
18 Tal y como lo sustentó la entidad en sede administrativa y en la contestación de la demanda.
19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sala de Conjueces.
Sentencia del 14 de diciembre de 2011, Rad. No. 11001-03-25-000-2005-00244-01(10067-05). C.P. Carlos
Arturo Orjuela Góngora.
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de lo devengado por todo concepto por los magistrados de las Altas Cortes, la
cual únicamente constituye factor salarial como parte del ingreso base de
cotización del Sistema General de Pensiones.
38. Asimismo, la Sala considera que la entidad demandada al efectuar el reajuste
como se ordena en esta sentencia debe respetar lo dispuesto en el artículo 1 del
Decreto 610 de 1998, esto es, que los ingresos labores no superen el 80% de lo
que por todo concepto perciben los magistrados de Alta Corte20.
39. En el presente caso se radicó la petición el 27 de mayo de 2019, por lo que
operó la prescripción de los derechos causados anteriores al 27 de mayo de
2016, conforme lo disponen los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 196921. En
consecuencia, se advierte que le asiste razón al recurrente, pues lo procedente
en el presente caso era aplicar la prescripción trienal, y no haber decretado la
extinción total del derecho reclamado como lo hizo el a quo.
40. Ahora bien, la cotización a pensión está íntimamente relacionada con el
restablecimiento del derecho, ya que, de acuerdo con los Decretos 610 de 1998
y 1102 de 2012, la bonificación por compensación tiene carácter salarial para
efectos pensionales, por lo que, al ordenar el reajuste de dicho emolumento, es
deber de la entidad realizar el pago de los aportes al Sistema General de
Seguridad Social en Pensiones, de conformidad con la ley, por ser un derecho
irrenunciable e imprescriptible, no solo por la naturaleza parafiscal de los
mismos sino por la sostenibilidad del sistema22, que correspondería desde el
desde el 1 de octubre de 2013 y hasta cuando desempeñe el cargo de procurador
judicial II y/o equivalente.
41. Por otro lado, frente a las costas de primera instancia, la parte recurrente
señala que el a quo en la parte motiva del fallo indicó que procedía imponerlas
respecto de la entidad demandada; no obstante, en la parte resolutiva ordenó por
error condenar a la parte demandante, cuando se estaba accediendo
parcialmente a las pretensiones de la demanda.
42.Ahora, es del caso señalar que teniendo en cuenta que la sentencia se
expidió el 15 de octubre de 2024, se advierte que la modificación del artículo 188
20 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala Plena de Conjueces, expediente N° 41001-23-33-000-2016-
00041-02 (número interno 2204-2018), del 2 de septiembre de 2019.
21 Consejo De Estado- Sala De Lo Contencioso Administrativo- sección Segunda, Subsección A-
magistrado ponente: Juan Camilo Morales Trujillo- Sentencia Cuatro (4) de junio de dos mil veintiséis (2026),
radicación:25000 23 42 000 2018 02249 02 (4844-2022)
22 Ver sentencia del Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala de conjueces de la
Sección Segunda- providencia del 4 de julio de 2024, conjuez ponente: Clara Elisa Cifuentes Ortíz,
radicación: 25000-23-42-0002017-05349-02 (2828-2021).
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del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, derivó en
diversos entendimientos por parte de esta corporación frente a la procedencia de
la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura armónica y útil de la
norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera significó un
apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta materia.
43. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese
sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas a la parte vencida en
el proceso23, que para el presente caso corresponde imponerlas a la parte
demandada como lo señaló el Tribunal de instancia en la parte motiva de la
sentencia; sin embargo, le asiste razón al recurrente respecto de que por un error
en la parte resolutiva indicó que era la parte demandante, por lo que en ese
sentido se modificará el numeral cuarto.
44. De conformidad con lo expuesto, se dispondrá: i) revocar el numeral tercero,
y en su lugar se ordenará el restablecimiento del derecho conforme lo antes
indicado; ii) se modificará el numeral cuarto para precisar que procede la condena
de las costas a la parte demandada y iii) se confirmará en lo demás la sentencia
apelada.
Condena en costas
45. Conforme a lo anteriormente expuesto, en relación con los trámites de nulidad
y restablecimiento del derecho, según lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA,
la sentencia dispondrá sobre la condena en costas a la parte vencida en el
proceso.
46. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
47.En este contexto, en el caso concreto no procede la condena en costas, toda
vez que el recurso de apelación está siendo concedido, por manera que no puede
predicarse que alguna de las partes haya sido vencida en el proceso. En
consecuencia, se prescindirá de la condena en costas en esta instancia.
23
Posición acogida por la Sala en sesión del 28 de agosto de 2025.
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48.En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
IV. FALLA
PRIMERO. REVOCAR los numerales primero y tercero de la sentencia
proferida el 15 de octubre de 2024 por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, y en su lugar se dispone:
PRIMERO. DECLARAR probada la excepción de prescripción frente a los
periodos reclamados anteriores al 27 de mayo de 2016, con excepción de la
obligación de la demandada de efectuar las cotizaciones o aportes al sistema
general de seguridad social en pensiones, por las razones expuestas en el
presente proveído.
TERCERO. A título de restablecimiento del derecho CONDÉNESE a la Nación-
Procuraduría General de la Nación a: i) reconocer y pagar al demandante el
derecho a recibir la diferencia de la bonificación por compensación, conforme a lo
dispuesto en los Decretos 610 de 1998 y 1102 de 2012, equivalente al ochenta
por ciento (80%) de lo que por todo concepto devenga un magistrado de Alta
Corte, teniendo en cuenta que éstos deben percibir lo mismo que devengan los
congresistas, incluyendo el auxilio de cesantías de dicho dignatarios como
parámetro para determinar la liquidación de la prima especial de servicios de que
trata el artículo 15 de la Ley 4a de 1992, sin que de manera alguna sobrepase el
límite porcentual fijado en el primer Decreto referido, desde el 27 de mayo de
2016 y hasta cuando desempeñe el cargo de procurador judicial II y/o equivalente.
Dicha bonificación no constituirá factor salarial para los fines de reliquidación de
sus prestaciones sociales. ii) Reconocer y pagar los aportes al Sistema de
Seguridad Social en Pensiones a partir del 1 de octubre de 2013 respecto de las
diferencias no cotizadas, hasta cuando desempeñe el cargo de procurador judicial
II y/o equivalente, de conformidad con la ley.
iii) Las sumas cuyo reconocimiento se ordena serán ajustadas de conformidad con
la fórmula que se transcribe a continuación:
R= Rh x Índice final
Índice inicial
En la que el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (R.H.),
que es la cantidad a pagar, por el guarismo que resulte de dividir el índice final de
precios al consumidor certificado por el DANE, vigente en la fecha de ejecutoria de
esta providencia, por el índice vigente en la fecha en que se causó el derecho.
Por tratarse de pagos de tracto sucesivo, la fórmula se aplicará separadamente
mes por mes, teniendo en cuenta que el índice inicial es el vigente al momento de
causación de cada uno de ellos.
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Radicado: 76001-23-33-000-2019-01070-02
Demandante: Gabriel Esteban Rodríguez Escandón
SEGUNDO.- MODIFICAR el numeral cuarto de la sentencia impugnada, el cual
quedará así:
CUARTO. Condenar en costas de primera instancia a la parte demandada, en los
términos indicados en esta providencia.
TERCERO.- Sin condena en costas en esta instancia, conforme a lo expuesto en
la parte considerativa de esta providencia.
CUARTO. CONFIRMAR en lo demás la sentencia del 15 de octubre de 2024,
proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
QUINTO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para
la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior decisión fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los consejeros de Estado, en la
sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley y el artículo 186 del CPACA.
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