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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2013-05381-02

Fecha
23 de abril de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2013-05381-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. AVOCAR conocimiento del proceso de la referencia, por las razones expuestas en la parte motiva. Segundo. CONFIRMAR la sentencia proferida el treinta y uno (31) de marzo de dos mil veinte (2020) por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio de la cual accedió a las pretensiones. Tercero. Condenar en costas a la demandada en segunda instancia. Cuarto. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones pertinentes en el aplicativo SAMAI. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2013-05381-02

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

23 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., veintitrés (23) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-42-000-2013-05381-02 (0705-2021)
Demandante: José Ricardo González Esguerra
Demandado: Nación — Fiscalía General de la Nación

Temas: Bonificación por compensación. Efectos nulidad Decreto 4040
de 2004. CONFIRMA SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la demandada contra la
sentencia proferida el treinta y uno (31) de marzo de dos mil veinte (2020) por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio de la cual accedió a las
pretensiones.

ANTECEDENTES

1. El señor José Ricardo González Esguerra instauró demanda1 en contra de la
Nación — Fiscalía General de la Nación en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin
de que se acceda a las siguientes

PRETENSIONES

2. Que se declare la nulidad del oficio OPER con radicado 20123100124913 del 4
de octubre de 2012 y de la Resolución 2-0410 del 30 de enero de 2013, por
medio de las cuales la entidad negó la bonificación por compensación. A título
de restablecimiento del derecho, que se condene al pago de las diferencias
adeudadas de conformidad con lo dispuesto en Decreto 610 de 1998, esto es,
una remuneración equivalente al 80 % de lo que por todo conceto perciben los
magistrados de altas cortes, incluida la prima especial de servicios de los
mencionados servidores judiciales.

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:

1 Folios 36 a 47.

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Radicado: 25000-23-42-000-2013-05381-02 (0705-2021)

3. Que prestó sus servicios como fiscal auxiliar ante la Corte Suprema de Justicia
desde el 12 de noviembre de 2009 hasta el 15 de mayo de 2011; le fue
reconocida la bonificación por gestión judicial del Decreto 4040 de 2004, y el 5
de septiembre de 2012 solicitó el pago de las diferencias adeudadas en
aplicación del Decreto 610 de 1998, pero esta fue negada a través de los actos
acusados.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

4. Considera violados los artículos 2, 13, 25, 29, 48, 53, 55 y 58 de la Constitución
Política; Leyes 4.ta de 1992, 446 de 198, 640 de 2001, y Decretos 10 de 1993,
610 de 1998, 1239 de 1998, 1716 de 2011, 943 de 2005, 396 de 2006, 625 de
2007, 665 de 2008, 1395 de 2010, 01047 de 2011, 0875 de 2012 y demás
decretos salariales expedidos año a año.

5. Que tiene un derecho cierto e irrenunciable como titular del emolumento
consagrado en el Decreto 610 de 1998 equivalente al 80 % de lo devengado por
los magistrados de altas cortes, lo que implica el reconocimiento de la diferencia
entre el 70 % que le fue pagado y el referido porcentaje del cual es beneficiario.

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

6. La demanda fue admitida el 5 de agosto de 20162. La entidad manifestó3 que la
norma vigente para el momento en el que el actor desempeñó el cargo fue el
Decreto 4040 de 2004, el cual fue aplicado de conformidad, reconociendo la
bonificación por gestión judicial. Propuso como excepciones las que denominó:
(i) caducidad, (ii) no cumplimiento de requisito de procedibilidad, y (iii) genérica.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN4

7. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante sentencia del 31 de marzo
de 2020, accedió a las pretensiones. Expuso que el actor es beneficiario de la
bonificación por compensación desde el 12 de noviembre de 2009 hasta el 15
de mayo de 2011, en atención a su vínculo como fiscal auxiliar ante la Corte
Suprema de Justicia; ordenó el pago de la diferencia existente entre lo percibido
y lo que debió devengar el demandante, en aplicación del Decreto 610 de 1998,
teniendo en cuenta, para la determinación del 80 % de lo que por todo concepto
devengan los magistrados de altas cortes, la incidencia de la prima especial de
servicios del artículo 15 de la Ley 4.ta de 1992, incluidas las cesantías. Además,
condicionó el reconocimiento a que no se haya alcanzado el tope del porcentaje
establecido en la norma.

2 Folio 84.
3 Folios 105 a 116.
4 Folios 207 a 212.

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RECURSO DE APELACIÓN

8. La parte demandada5 interpuso recurso de apelación por considerar que no
procede el reconocimiento de la bonificación por compensación porque la norma
aplicable al período reclamado por el demandante es el Decreto 4040 de 2004,
cuya bonificación por gestión judicial es incompatible con la prevista en el
Decreto 610 de 1998.

9. Afirmó que las sentencias de nulidad proferidas por el Consejo de Estado
producen efectos ex nunc, esto es, hacia el futuro, de modo que, el equivalente
al 80 % de lo devengado por los magistrados de altas cortes no puede aplicarse
de forma retroactiva para reconocer y pagar la diferencia frente al 70 % ya
percibido por el actor. Sostuvo además que las situaciones jurídicas originadas
durante la vigencia del acto anulado deben respetarse.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

10. El 19 de enero de 20226 se admitió el recurso. Las partes7 reiteraron los
argumentos de la demanda y la apelación. El Ministerio Público guardó silencio.

CONSIDERACIONES
Avoca conocimiento

11. De conformidad con lo previsto en el artículo 116 del CPACA, cuando se
modifica la integración de la sala, los nuevos magistrados desplazan a los
conjueces, siempre que respecto de aquellos no se predique causal de
impedimento o recusación, tal como ocurre en este caso8 y por ello se avocará
conocimiento del proceso.

12. La Sala debe determinar si el demandante tiene derecho al reconocimiento y
pago de la bonificación por compensación prevista en el Decreto 610 de 1998
en consideración a los efectos de la nulidad del Decreto 4040 de 2004.

Marco normativo y jurisprudencial

Bonificación por compensación

13. La bonificación por compensación fue creada mediante el Decreto 610 de 1998
tras el reconocimiento de una brecha salarial entre los magistrados de tribunal y

5 Folios 216 a 219.
6 Folio 239.
7 Ver índices 33 y 36 de SAMAI.
8 La Sección Segunda, actualmente, declara infundados los impedimentos manifestados por los integrantes de

la Sala, en los casos en que no se demuestre un interés actual directo o indirecto. En efecto, así se observa en
la siguiente decisión: Consejo de Estado. Auto del 6 de febrero de 2025. C.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
41001-23-33-000-2012-00203-04 (1969-2022).

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otros funcionarios frente a los magistrados de altas cortes, pues para ese
momento aquellos percibían apenas el 46 % de la remuneración de estos
últimos.

14. Con tal finalidad, la norma adoptó un esquema de nivelación salarial progresiva,
mediante el cual se dispuso un incremento gradual de los ingresos laborales de
los funcionarios destinatarios del decreto9, iniciando en 1999 con un
reconocimiento equivalente al 60% de lo percibido por los magistrados de las
altas cortes y alcanzando el 80% en el 2001.

15. Con la expedición del Decreto 2668 de 1998 se derogaron los Decretos 610 de
1998 y el 1239 del mismo año—que lo había adicionado—, lo que impedía la
posibilidad de reclamar la Bonificación por Compensación. Sin embargo, dicha
disposición fue declarada nula mediante sentencia de la Sala de Conjueces de
la Sección Segunda del Consejo de Estado, del 25 de septiembre de 200110, con
lo cual recobraron vigencia los decretos derogados y se restableció la mentada
bonificación, configurándose este como un primer momento en que la asignación
resultó plenamente exigible.

16. No obstante, en el año 2004, mediante el Decreto 4040 el Gobierno Nacional
creó la denominada «Bonificación de Gestión Judicial», destinada a los mismos
beneficiarios del Decreto 610 de 1998, con el propósito de nivelar sus
emolumentos hasta en un 70% de lo devengado, por todo concepto, por los
magistrados de las altas cortes.

17. Esta medida se adoptó pese a la existencia previa de la Bonificación por
Compensación, que perseguía el mismo objetivo de subsanar la desigualdad
salarial, lo que dio lugar a la concurrencia de dos regímenes salariales aplicables
a un mismo grupo de servidores públicos. En ese contexto, el régimen
introducido por el Decreto 4040 de 2004 (incompatible con la Bonificación por
Compensación) reconoció un porcentaje inferior de nivelación salarial y
condicionó su acceso al desistimiento de las acciones judiciales promovidas con
ocasión de la bonificación del Decreto 610 de 1998 o, en su defecto, a la
suscripción de contratos de transacción cuando no se hubieran formulado
reclamaciones previas.

9 Artículo 2.°, Decreto 610 de 1998: «La Bonificación por Compensación de que trata el artículo anterior, se

aplicará a los Magistrados de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, Contencioso Administrativo,
Nacional y Superior Militar; a los Magistrados Auxiliares de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional,
y el Consejo Superior de la Judicatura; a los Abogados Auxiliares del Consejo de Estado; a los Fiscales y Jefes
de Unidad ante el Tribunal Nacional; a los Fiscales del Tribunal Superior Militar, los Fiscales ante el Tribunal de
Distrito, y los jefes de Unidad de Fiscalía ante Tribunal de Distrito.»
Adicionado por el artículo 1 del Decreto 1239 de 1998: «a los Secretarios Generales de la Corte Suprema de
Justicia, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional y al Secretario Judicial de la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.»
10 Consejo de Estado. Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 25 de septiembre de 2001. Exp.

CE-SEC2-EXP2001-N395-99. Radicado. 395-99. CP. Alvaro Lecompte Luna.

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18. El Decreto 4040 de 2004 fue objeto de control jurisdiccional y, mediante
sentencia del 14 de diciembre de 201111, la Sala de Conjueces de la Sección
Segunda del Consejo de Estado declaró su nulidad al considerar que el Gobierno
nacional excedió su potestad reglamentaria por establecer un régimen salarial
regresivo frente a uno previamente reconocido y vigente, en desconocimiento de
los principios de igualdad, progresividad y favorabilidad aplicables en materia
salarial para los beneficiarios de la norma.

19. Como consecuencia, el régimen previsto en el Decreto 4040 de 2004 fue
excluido del ordenamiento jurídico, y en su lugar, recobró vigencia el esquema
de la Bonificación por Compensación, sin las limitaciones, incompatibilidades ni
condicionamientos introducidos por la norma anulada, consolidándose
nuevamente la posibilidad de hacer efectiva dicha remuneración.

20. Ahora bien, lo cierto es que mientras coexistieron ambos regímenes no era
viable determinar con certeza cuál de ellos resultaba aplicable, y, en todo caso,
una vez declarada la nulidad de la Bonificación de Gestión Judicial, tampoco
había claridad del momento a partir del cual era exigible la Bonificación por
Compensación.

21. En atención a lo anterior, la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, mediante sentencia del 18 de mayo de 201612, desarrolló
una interpretación sobre la aplicación del Decreto 610 de 1998 y la prescripción
trienal, precisando que esta última solo comienza a contarse a partir de la
exigibilidad del derecho una vez superada la dualidad de normas presentada, la
cual se configuró con la ejecutoria de la sentencia que excluyó del ordenamiento
jurídico el Decreto 4040 de 2004, esto es, desde el 28 de enero de 2012.

22. Además, precisó que, al momento de fijar el monto de la bonificación, las sumas
reconocidas a los congresistas por concepto de cesantías constituyen ingresos
laborales permanentes, por lo que integran la base de liquidación de la prima
especial de servicios de los magistrados de altas cortes, criterio que también
aplica a la bonificación por compensación, en la medida en que esta se
determina con base en lo que por todo concepto devenguen dichos funcionarios.

Resolución del caso concreto

23. El objeto de discusión deberá enfocarse en el motivo de inconformidad expuesto
por el apelante único, que consiste en el desacuerdo con el reconocimiento de
la bonificación por compensación considerando los efectos de la nulidad del
Decreto 4040 de 2004.

11 Consejo de Estado. Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 14 de diciembre de 2011. Exp.

11001-03-25-000-2005-00244-01 (10067-2005). CP. Carlos Arturo Orjuela Góngora.
12 Consejo de Estado. Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 18 de mayo de 2016. Exp. 25000-

23-25-000-2010-00246-02(0845-15). CP. Jorge Iván Acuña Arrieta.

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24. Sobre el particular, la Sala comparte la decisión del tribunal de origen sobre la
procedencia de su reconocimiento, porque el actor, como fiscal auxiliar ante la
Corte Suprema de Justicia13, es beneficiario de la bonificación por compensación
prevista en el Decreto 610 de 1998, cuyo objeto es equiparar sus ingresos al
ochenta por ciento (80 %) de lo que perciben anualmente los magistrados de las
altas cortes. Lo anterior, en aplicación de la equivalencia con el cargo de
magistrado auxiliar establecida en el artículo 59 de la Ley 938 de 200414.

25. En cuanto a los efectos de la nulidad del Decreto 4040 de 2004, norma aplicada
al actor durante el tiempo laborado en la entidad con anterioridad a la sentencia
del 14 de diciembre de 2011, y en virtud del cual se le reconoció la bonificación
por gestión judicial, la Sala desestima los planteamientos del recurrente en este
aspecto.

26. Si bien la mencionada providencia que anuló el acto no determinó de manera
expresa sus efectos, la jurisprudencia15 ha sido clara en afirmar que la nulidad
de un acto administrativo de carácter general afecta su validez desde su
expedición, de manera que el acto nace viciado y la decisión judicial que lo
excluye del ordenamiento declara que nunca fue jurídicamente válido, y, por
regla general, sus efectos son ex tunc, es decir que se retrotraen las cosas a su
estado anterior. Sin embargo, este criterio no opera de forma absoluta frente a
todos los supuestos, pues el elemento diferenciador radica en establecer si
existe una situación jurídica consolidada, caso en el cual la decisión surte efectos
ex nunc por razones de seguridad jurídica.

27. Ahora, no puede entenderse que el reconocimiento de la bonificación por gestión
judicial sustentada en el Decreto 4040 de 2004 constituya una situación jurídica
consolidada para efectos de predicar la aplicación ex nunc de la declaratoria de
nulidad. La consolidación supone la existencia de un derecho cierto e
indiscutible, circunstancia que no se configuró en el escenario de dualidad

13 Folio 17 y 18 cuaderno antecedentes administrativos, el actor fue nombrado como fiscal auxiliar ante la Corte

Suprema de Justicia mediante Resolución 0-5267 del 12 de noviembre de 2009, y tomó posesión en esa misma
fecha.
14 Artículo 59 de la Ley 938 de 2004: «(…) Son de libre nombramiento y remoción (...) Los Fiscales Delegados

ante la Corte Suprema de Justicia y sus fiscales auxiliares, estos últimos tendrán los mismos derechos y
garantías que los Magistrados Auxiliares de la Corte Suprema de Justicia»
15 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 10 de diciembre de 2015. Exp. 13001-

23-31-000-2001-00817-01 (1723-11). C.P. Luis Rafael Vergara Quintero. Al respecto: «[…] La declaratoria de
nulidad del acto administrativo afecta su validez y, por lo mismo, sus efectos se proyectan hacia el pasado. Así
pues, la doctrina ha señalado de manera unánime, como lo establece Sayagués Laso que “Al dictarse sentencia
anulatoria, el acto se extingue de pleno derecho en virtud de pronunciamiento jurisdiccional. Además, como la
extinción se funda en la invalidez del acto, considerase (sic) que ésta no ha tenido existencia válida y por tanto
los efectos de la extinción se proyectan hacia el pasado (Giorgi) SAYAGUES LASO, Enrique, Tratado de
Derecho Administrativo, Tomo II, Clásicos Jurídicos Uruguayos, Ed. Fundación de Cultura Universitaria,
Montevideo, 2005, No. 1068, p. 548 y 549. […]».
Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 22 de septiembre de 2022. Exp. 11001-03-
25-000-2012-00179-00 (0755-2012). C.P. William Hernández Gómez: «Sobre el particular, debe precisar la Sala
que la declaratoria de nulidad de actos administrativos de carácter general tiene efectos ex tunc o retroactivos
desde la fecha misma de expedición del acto, salvo las situaciones jurídicas consolidadas en favor del trabajador
antes de la decisión anulatoria las que deben mantenerse íntegramente en virtud del principio de seguridad
jurídica.».

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normativa existente entre los Decretos 4040 de 2004 y 610 de 1998. En caso de
haberse efectuado un pago con fundamento en una norma posteriormente
expulsada del ordenamiento, esto no transforma la situación en inmutable ni
genera, en favor de la administración, un derecho a mantener una liquidación
inferior a la prevista en el régimen válido. En consecuencia, tratándose de una
situación no consolidada y sometida a debate judicial, la nulidad del acto general
impide su aplicación al caso concreto y conduce a definir el derecho con base
en la norma que conservó su validez.

28. En todo caso, la aplicación del Decreto 610 de 1998 no implica el reconocimiento
simultáneo de dos emolumentos; las sumas canceladas con fundamento en el
Decreto 4040 de 2004, en caso de existir, deben imputarse al cumplimiento
parcial de la obligación; por ello, solo hay lugar al reconocimiento y pago del
mayor valor que resulte de la diferencia entre el 70 % ya pagado y el 80 %
previsto en el régimen aplicable, sin que proceda cancelar nuevamente lo ya
satisfecho. Sobre este aspecto fue claro el tribunal de primera instancia al
ordenar el pago de la diferencia existente entre lo percibido y lo que debió
devengar el actor por concepto de bonificación por compensación sin superarse
el porcentaje definido en la norma.

29. Por lo anterior, le asiste razón al tribunal de origen, motivo por el cual se
confirmará el fallo apelado.

De la condena en costas en segunda instancia

30. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.

31. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público. Esto
creó una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición
en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como
es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto
en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume. En ese sentido la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.

32. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida. La liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

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33. En consecuencia, se impondrán costas en esta instancia a la parte demandada,
por cuanto se niegan las peticiones del recurso de apelación. Para el efecto, de
conformidad con el artículo 366 de la misma norma, las agencias en derecho
serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas
serán liquidadas por la secretaría del tribunal de origen.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. AVOCAR conocimiento del proceso de la referencia, por las razones
expuestas en la parte motiva.

Segundo. CONFIRMAR la sentencia proferida el treinta y uno (31) de marzo de
dos mil veinte (2020) por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio
de la cual accedió a las pretensiones.

Tercero. Condenar en costas a la demandada en segunda instancia.

Cuarto. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones
pertinentes en el aplicativo SAMAI.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente
sesión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
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