Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2012-00179-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2012-00179-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2012-00179-00
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
22 de septiembre de 2022
Radicado: 110010325000201200179 00 (0755-2012)
Demandante: Gerben Linington Castro Salazar
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Bogotá, D.C., veintidós (22) de septiembre de dos mil veintidós (2022)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 110010325000201200179 00 (0755-2012)
Demandante: GERBEN LININGTON CASTRO SALAZAR
Demandada: EMPRESA COLOMBIANA DE PETRÓLEOS1
Temas: Control judicial integral de los actos sancionatorios disciplinarios.
Decaimiento de los actos sancionatorios por pérdida de fuerza
ejecutoria del acto en que se fundaron. Perjuicios morales no se
demostraron.
Decisión: Se deniegan las pretensiones de la demanda.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA (Decreto 01 de 1984)
ASUNTO
La Subsección A de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado, dicta la sentencia que en derecho corresponda, en la acción
de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 85 del Decreto 01 de
1984 o Código Contencioso Administrativo (CCA)2, que se tramitó por la demanda
interpuesta por el señor Gerben Linington Castro Salazar en contra de la Empresa
Colombiana de Petróleos, Ecopetrol S.A. con ocasión de la sanción disciplinaria de
destitución e inhabilidad general por 10 años y 1 mes que le fue impuesta.
LA DEMANDA
Pretensiones3
De nulidad:
• Declarar la nulidad del acto sancionatorio del 14 de marzo de 2006, expedido por
la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Empresa Colombiana de
Petróleos, por el cual fue destituido e inhabilitado por el término de 12 años para
ejercer cargos y funciones públicas.
1 En adelante Ecopetrol S.A.
2 Vigente para la época de la demanda, dado que fue invocada el 10 de noviembre de 2006, según acta individual
de reparto visible a folio 66 del cuaderno principal.
Sobre el punto se destaca que el Juzgado Administrativo de Descongestión del Circuito de Barrancabermeja,
Santander declaró la falta de competencia funcional y ordenó remitir el proceso al Consejo de Estado, Sección
Segunda (folios 429 a 432, ídem). Esta Corporación avocó conocimiento de la presente acción en única instancia
por medio de auto del 28 de marzo de 2014 (folios 436 a 437, ídem).
3 Folios 5 a 6 del cuaderno físico principal del proceso.
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Radicado: 110010325000201200179 00 (0755-2012)
Demandante: Gerben Linington Castro Salazar
• Declarar la nulidad del acto administrativo proferido el 29 de junio de 2006 por la
presidencia de Ecopetrol S.A, que confirmó en segunda instancia la sanción de
destitución impuesta al demandante, y modificó la inhabilidad por un lapso de 10
años y 1 mes.
De restablecimiento del derecho
• Condenar a la Empresa Colombiana de Petróleos a reintegrar al señor Gerben
Linington Castro Salazar en el cargo de operador de plantas D7 que venía
desempeñando, en iguales condiciones que poseía al momento de la
desvinculación, o a otro de igual o superior categoría.
• Conminar a la entidad demandada al pago de los salarios, primas, reajustes o
aumentos de sueldo, y demás emolumentos que el señor Castro Salazar dejó de
percibir como beneficiario de la convención colectiva de trabajo, desde la fecha
en que fue retirado del servicio y hasta que se produzca el reintegro, sin solución
de continuidad.
De reparación del daño4:
• Condenar a Ecopetrol al pago de los perjuicios morales causados al accionante y
a su cónyuge, estimados en 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes a
la fecha del fallo para cada uno de ellos.
Otras:
• De no efectuase el pago de forma oportuna, se liquidarán intereses moratorios
conforme lo ordena el artículo 177 del CCA.
• La condena respectiva será actualizada a la luz de lo regulado en el artículo 178
ibidem, aplicando los ajustes de valor desde la fecha de desvinculación del
demandante hasta la ejecutoria de la sentencia que ponga fin al proceso.
Condenar en costas según lo señalado en el artículo 171 ejusdem.
Fundamentos fácticos relevantes esbozados en el escrito de la demanda5
1. El señor Gerben Linington Castro Salazar se vinculó a Ecopetrol S.A. por medio de
contrato a término indefinido «en nómina convencional», a partir del 31 de agosto de
1998 y hasta el 11 de julio de 2006, su empleador le informó la terminación de su
vínculo laboral como consecuencia del fallo disciplinario proferido en su contra.
2. El último cargo desempeñado por el señor Castro Salazar fue el de operador de
planta D7 y percibía un salario de $1.900.000.
4 Se advierte que estas pretensiones fueron identificadas en la demanda como de restablecimiento del derecho.
Sin embargo, en estricto sentido, corresponden a la pretensión procesal de reparación del daño consagrada en el
artículo 85 del CCA, que prevé que «toda persona que se crea lesionada en un derecho amparado en una norma
jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo y se le restablezca en su derecho; también
podrá solicitar que se le repare el daño». (Negrita fuera de texto). En todo caso, es menester aclarar que una
hipotética declaración de nulidad de los actos acusados conllevaría un restablecimiento automático del derecho
respecto de la sanción de inhabilidad general que le fue impuesta al demandante.
5 Folios 1 a 5 del cuaderno principal.
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Demandante: Gerben Linington Castro Salazar
3. El proceso administrativo sancionatorio tiene su génesis en el conflicto laboral
suscitado entre la Unión Sindical Obrera «USO» y la Empresa Colombiana de
Petróleos, circunstancia que conllevó al cese de actividades a partir del 22 de abril
de 2004.
4. Como consecuencia de ello, el Ministerio de la Protección Social, mediante
Resolución 1116 del 22 de abril de 2004, declaró la ilegalidad de la suspensión
colectiva del trabajo promovida por la USO, teniendo como fundamento el artículo
1.°, literal h) del Decreto Extraordinario 753 de 1956, que considera como servicio
público esencial las actividades de explotación, refinación, transporte y distribución
de petróleo y sus derivados, cuando estén destinados al abastecimiento de
combustible del país.
5. Como consecuencia de la declaratoria de ilegalidad del cese de actividades, la
entidad demandada procedió a adelantar «trámite convencional» en contra del
señor Gerben Linington Castro Salazar, que dio como resultado la terminación de
su contrato de trabajo de manera unilateral y por justa causa.
6. El demandante al encontrarse en desacuerdo con la anterior decisión, suscitó un
conflicto, el cual las partes acordaron resolver a través de un tribunal de
arbitramento, estamento que el día 21 de enero de 2005 ordenó el reintegro del
trabajador y que, en aplicación del debido proceso se acudiera a las normas
previstas en el Código Único Disciplinario.
7. En efecto, Ecopetrol S.A. por intermedio de su Oficina de Control Interno abrió
investigación disciplinaria, omitiendo la etapa de indagación preliminar, que aun
cuando no es obligatoria debió surtirse.
8. El 23 de mayo de 2005, se elevó pliego de cargos calificándolos del primero al
quinto como faltas gravísimas y el sexto como grave dolosa, de la siguiente manera:
• Primer cargo: presunta participación en la huelga declarada ilegal por el Ministerio
de Protección Social mediante Resolución 1116 del 22 de abril de 2004.
• Segundo cargo: no presentarse a laborar los días 23, 24, 25, 27, 28, 30 de abril y 1,
2, 4, 5, 6, 7, 8, y 9 de mayo de 2004.
• Tercer cargo: abandono del cargo en los días señalados anteriormente.
• Cuarto cargo: haber abandonado sus funciones los días 23, 24, 25, 27, 28, 30 de
abril y 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, y 9 de mayo de 2004.
• Quinto cargo: «abandonar el servicio» en las fechas precitadas.
• Sexto cargo: «incurrió en falta disciplinaria al no cumplir con lo dispuesto por sus
superiores jerárquicos en el oficio del 29 de abril de 2004 referente a la reincorporación a
sus labores».
9. El señor Castro Salazar al presentar los descargos respectivos solicitó el decreto y
práctica de una serie de pruebas que en su mayoría fueron negadas y no se
tuvieron como tales otras aportadas, debiendo ser apelado el auto, actuación
«reprochable» y que coartó el derecho de defensa del investigado.
10. Surtidas las etapas pertinentes, Ecopetrol S.A. expidió la decisión disciplinaria del
14 de marzo de 2006, por medio del cual la Oficina de Control Disciplinario Interno
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de la entidad demandada sancionó al señor Gerben Linington Castro Salazar, con
destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos por el término de 12 años.
11. Contra la anterior decisión, el interesado interpuso recurso de apelación, el cual fue
desatado por parte del presidente de Ecopetrol S.A., mediante decisión del 29 de
junio de 2006, en la cual se modificó la sanción recurrida en el sentido de disminuir
la inhabilidad general para ejercer cargos públicos por 10 años y 1 mes.
12. Con ocasión de la destitución que se decretó, se vio afectado su núcleo familiar
conformado por su cónyuge, por cuanto ambos eran beneficiarios de los servicios
de salud y el plan educacional que se les brindaba, asimismo, ocasionó graves
perjuicios morales y materiales.
Normas violadas y concepto de violación
Para la parte demandante, los actos administrativos sancionatorios acusados
desconocieron, entre otras, las siguientes normas: artículos 2.°, 6.°, 25, 29 y 125 de
la Constitución Política de Colombia; artículos 128, 129 y 141 de la Ley 734 de 2002;
Convención Colectiva vigente para el año 2004.
En síntesis, el concepto de violación lo formuló así:
a) Falta de competencia para adelantar la investigación disciplinaria: Señaló
que de conformidad con los artículos 74, 75, 76 y 80 de la Ley 734 de 2002, son
factores para determinar la competencia en materia disciplinaria, entre otros, la
calidad del sujeto disciplinable y el territorio donde se cometió la falta. Luego
entonces, teniendo en cuenta que el cese de actividades se llevó a cabo en
Barrancabermeja y que el disciplinado es un trabajador oficial, la competencia para
iniciar y finalizar el proceso disciplinario radicaba en la oficina de Ecopetrol ubicada
en la referida ciudad y no en Bogotá, como equivocadamente lo determinó la
demandada.
Así mismo, enfatizó en que el factor territorial es de imperativo cumplimiento por ser
una disposición de orden público, con la cual se asegura que las probanzas dentro
del proceso puedan ser recaudadas y practicadas por quienes residen en el lugar
donde ocurrieron los hechos, garantizándose de esta manera, entre otros, el principio
de inmediatez de la prueba.
b) Vulneración del debido proceso e indebida valoración probatoria: En relación
con las pruebas tenidas en cuenta para determinar las faltas en las que incurrió
Gerben Linington Castro Salazar con su conducta, señaló que aun cuando la
demandada realizó una relación de ellas, no expuso de forma razonada si cumplían
los criterios de utilidad, pertinencia y conducencia como lo establece la ley. Resaltó
además que, habiéndolas revisado, no es claro que con estas se comprobara la
responsabilidad del demandante, por el contrario, quedó probada su ausencia.
Seguidamente, manifestó que en aplicación de la sentencia SU-036 del 27 de enero de
1999 proferida por la Corte Constitucional, las Resoluciones 1064 de 1959 y 342 de
1977 emitidas por el Ministerio de Protección Social y el principio de favorabilidad de
que trata el artículo 14 de la Ley 734 de 2002, Ecopetrol S.A. debió adelantar el
procedimiento pertinente preceptuado en el numeral 2.° del artículo 450 del Código
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Sustantivo del Trabajo, para individualizar y determinar el verdadero grado de
participación y responsabilidad del disciplinado en el cese de actividades, previo a
expedir los actos administrativos objeto de censura, en garantía de sus derechos de
defensa y contradicción.
Agregó que los motivos por los cuales el disciplinado incumplió con sus obligaciones
laborales con ocasión del contrato de trabajo, no fueron las esbozadas por la Oficina
de Control Interno Disciplinario de Ecopetrol S.A., sino las esgrimidas en los
descargos por el disciplinado, a saber: i) la imposibilidad de su ingreso a su sitio
habitual de trabajo por la restricción implementada por la G.C.B. en la ciudad de
Barrancabermeja, a partir del 22 de abril de 2004; ii) por el fundado temor que tenía
con ocasión de los ataques a él y a su cónyuge por grupos armados al margen de la
ley, circunstancia que se demostró dentro del proceso disciplinario, pero que la
entidad omitió analizar, configurándose con ello una de las causales de exclusión de
responsabilidad contempladas en el artículo 28 de la Ley 734 de 2002, consistente
en fuerza mayor o caso fortuito.
De igual manera, sostuvo que la entidad analizó e hizo uso de algunas declaraciones
fuera de contexto, y dio mayor importancia a los testimonios rendidos por las
directivas de la misma, para declarar responsable disciplinariamente al señor Castro
Salazar, sin tener en consideración que estos empleados pudieron actuar bajo la
subordinación de sus superiores.
c) Indebida notificación: Señaló que en el trámite del proceso disciplinario se dieron
puntuales circunstancias, que implican la violación al derecho de defensa, en primer
lugar, con ocasión de la irregularidad en el proceso de notificación de las
providencias sancionatorias, por cuanto aquellas se surtieron en la ciudad de Bogotá
D.C. y no en Barrancabermeja; y en segundo lugar, no existe en el plenario dentro de
las notificaciones del auto de apertura de investigación, del pliego de cargos y mucho
menos de las decisiones disciplinarias, que se hubiese comisionado a las oficinas de
la entidad del Municipio de Barrancabermeja para llevar a cabo tales diligencias,
omitiendo de esta forma dar aplicación a lo ordenado por el artículo 107 de la Ley
734 de 2002; por tanto, el funcionario que llevó a cabo la notificación no se
encontraba debidamente facultado para efectuarla, advirtiéndose una indebida
notificación.
d) Limitación del derecho de asociación: Consideró que a la luz del artículo 59 del
CST se prohíbe a los empleadores limitar o presionar en cualquier forma a los
trabajadores en el ejercicio del derecho de asociación, empero la entidad demandada
persiguió al señor Castro Salazar por encontrarse sindicalizado, al sancionarlo por
ejercer la huelga. Para sustentar su argumento transcribió abundante jurisprudencia
de la Corte Constitucional6 en la cual se examinó la facultad prevista en el artículo 39
Superior.
En estos términos, afirmó que el demandante no se adhirió ni hizo parte de la aludida
suspensión de actividades, sino que por el contrario se le restringió su entrada a las
oficinas, aunado a la falta de asesoría por parte de los directivos de la empresa al no
persuadirlo directamente a que no se realizara el cese de actividades.
6 Sentencias: T-441 de 1992, C-009 de 1994, SU-036 de 1999, C-385 de 2000, T-636 de 2004.
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e) Ambigüedad de los cargos impuestos: Adujo que todas las conductas que se
reprochan al disciplinado y por las cuales se le impuso el correctivo de destitución e
inhabilidad por el término de 10 años y un mes, se subsumen en el cargo primero,
esto es, haber participado en la suspensión colectiva de trabajo promovida,
organizada y ejecutada por la USO7, puesto que las demás son consecuencia de un
mismo hecho y solo se afecta un bien jurídico tutelado, por lo que no es razonable
señalar la existencia de un concurso aparente de tipos disciplinarios.
En ese mismo sentido, manifestó que la confusión entre los cargos menoscaba los
principios de legalidad y congruencia, toda vez que la cita de normas para atribuir
faltas graves no concuerda con la calificación de los cargos primero a quinto que se
han determinado como gravísimos.
f) Atipicidad: De manera general aseveró que, en palabras de la Corte
Constitucional, abandonar el cargo o el servicio implica la dejación voluntaria y
definitiva de los deberes y responsabilidades que exige el empleo. No obstante, esta
situación no se consolidó en el sub examine, puesto que el demandante jamás tuvo
esa intención y, si bien transitoriamente no pudo desempeñar las funciones de
manera ordinaria, lo cierto es que ello obedeció a causas externas e independientes
a su voluntad.
En todo caso, al referirse a los cargos segundo, cuarto y quinto que le fueron
formulados en el proceso disciplinario, explicó que los mismos son atípicos, pues
contrario a lo expuesto por la autoridad disciplinaria, Gerben Linington Castro Salazar
no tiene la calidad de empleado público sino de trabajador oficial, en atención a que
su vinculación se realizó mediante un contrato de trabajo que se rige por el Código
Sustantivo del Trabajo, y dentro del cual no se prevé como causal de terminación el
abandono del cargo, que sí es propia de los servidores públicos del orden nacional,
como lo disponen los artículos 25 y 126 del Decreto 2400 de 1968 y 123 del Decreto
1468 de 1979.
Subsiguientemente, consideró que no debió endilgarse el cargo sexto ya que el
escrito mediante el cual se ordenó la reincorporación al empleo no llegó a su
domicilio, circunstancia que hizo imposible su cumplimiento. En ese sentido, solicitó
no dar credibilidad a la certificación de ADPOSTAL ni tampoco a las presuntas
comunicaciones que emitió el presidente de la empresa ordenándole a los
trabajadores retornar a sus labores, porque, en su orden, la primera no reúne los
requisitos que comprueben que efectivamente fue entregada y, de la segunda, solo
tenían acceso las personas que conformaban el plan de contingencia del cual no
hacía parte el disciplinado.
g) Violación del derecho a la igualdad: Arguyó que sin justificación y en detrimento
del derecho a la igualdad, la empresa demandada efectuó un proceso de selección, en
atención a las condiciones laborales de los trabajadores, para determinar quiénes
serían despedidos y posteriormente investigados disciplinariamente; como ejemplo citó
el caso del señor José Luis Romero Guerra, quien pese a haber faltado a su trabajo
entre los días 21 de abril y 13 de mayo de 2004, no fue despedido ni se inició en su
contra proceso alguno para efectos de establecer la causa de su conducta.
7 Unión Sindical Obrera.
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Resaltó que mientras al demandante se le sancionó por abandono del servicio, de
funciones, por participar en la huelga y por no laborar entre el 24 de abril y 9 de mayo
de 2004, al referido testigo no se le inició trámite alguno, por el contrario, se le llamó
para que hiciera parte del plan de emergencia de la entidad, facilitándosele a su vez
seguridad, alojamiento e incluso fue ascendido.
Reforma de la demanda8:
Dentro de la oportunidad procesal establecida, la parte demandante manifestó «[…]
renunciar a las pretensiones de la demanda, EXCEPTO A LAS REFERIDAS A LA
REPARACIÓN DEL DAÑO MORAL, por cuanto la demandada sin haber sido compelida por
sentencia emanada de la competencia contencioso administrativa atendió los demás
requerimientos del accionante […]».
De acuerdo con lo anterior, sostuvo que el reconocimiento de las peticiones de
reintegro, pago de salarios y demás prestaciones por parte de Ecopetrol S.A. daba
lugar a un fenómeno de «sustracción de materia» e «inexistencia de derecho
lesionado» que explicaba el desistimiento respecto de las pretensiones primera,
segunda, tercera y cuarta de la demanda.
Por tal motivo, agregó que la demanda debía seguir su curso respecto de las
pretensiones quinta a novena, que a continuación se indican:
«[…] QUINTA: Se condene a la entidad demandada al pago de los perjuicios morales
causados a él y a su cónyuge, en cuantía de 100 salarios mínimos mensuales vigentes a
la fecha del fallo para cada uno de ellos.
SEXTA: Que se ordene el cumplimiento de la sentencia dentro del término de (sic)
establecido en el artículo 176 del Código Contencioso Administrativo.
SÉPTIMA: Si no se efectúa el pago en forma oportuna, la entidad liquidará los intereses
comerciales y moratorios como lo ordena el artículo 177 del Código Contencioso
Administrativo.
OCTAVA: La condena respectiva será actualizada de conformidad con lo previsto en el
artículo 178 del Código Contencioso Administrativo, aplicando los ajustes de valor
(indexación) desde la fecha de la desvinculación hasta la fecha de ejecutoria de la
sentencia que le ponga fin al proceso.
NOVENA: La condena en costas de conformidad a la previsión del artículo 171 del
Código Contencioso Administrativo a la parte accionada. […]».
En relación con los fundamentos fácticos de la demanda, sostuvo que se tornaban
irrelevantes por haber accedido la empresa demandada al reintegro del señor
Gerben Linington Castro Salazar y al pago de la indemnización correspondiente. No
obstante, consideró necesario explicar que los pedimentos formulados inicialmente
en este proceso fueron incluidos en una acción de tutela que interpuso el
demandante junto con otros compañeros de trabajo en contra de Ecopetrol S.A.
En la tutela, alegaron como vulnerados sus derechos fundamentales a la vida,
familia, reconocimiento del derecho internacional, igualdad, trabajo, reunión, libre
asociación, organización sindical, estabilidad en el empleo, seguridad social, huelga
8 Folios 485 a 493 del cuaderno principal.
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y respeto por los derechos humanos y los tratados internacionales de la OIT, en tanto
no fueron acogidas las recomendaciones emitidas por el Comité de Libertad Sindical
del referido organismo relacionadas con el reintegro de los trabajadores que fueron
despedidos con ocasión de la declaratoria de ilegalidad de la huelga que tuvo lugar
en el Municipio de Barrancabermeja en el año 2004.
Mediante sentencia del 4 de junio de 2010 proferida en primera instancia, el Juzgado
Tercero Laboral del Circuito de Cúcuta declaró improcedente el amparo bajo el
argumento de que el juez constitucional no puede invadir instancias ordinarias
instituidas por la ley para darle solución a conflictos de naturaleza laboral como el
suscitado entre Ecopetrol S.A. y sus empleados.
Seguidamente, señaló que tal decisión fue revocada por el Tribunal Superior de
Cúcuta a través de proveído del 22 de julio de 2010, en el que se le ordenó a la
empresa petrolera reintegrar y reconocer en favor de los accionantes los salarios y
prestaciones que dejaron de percibir, considerándose para todos los efectos legales
que no ha existido solución de continuidad.
El anterior pronunciamiento, manifestó, fue seleccionado para revisión por la Corte
Constitucional, quien en sentencia T-171 de 2011 resolvió declarar la carencia de
objeto por configurarse un hecho superado, en la medida en que la empresa
petrolera ya había accedido al reintegro laboral de la totalidad de los accionantes.
De acuerdo con ello, ratificó la existencia de una «carencia actual de objeto» y, por
ende, solicitó que se falle única y exclusivamente la pretensión de indemnización de
daño moral en los términos en que se plasmó originariamente en la demanda.
Pronunciamiento en relación con la reforma de la demanda9
Mediante providencia del 3 de marzo de 2017, el despacho ponente rechazó la
reforma de la demanda presentada, al considerar que el estudio sobre la legalidad de
los actos administrativos resultaba determinante para establecer la viabilidad de un
pronunciamiento de fondo sobre la pretensión resarcitoria, aunado a lo anterior, el
fallo de tutela no evitaba que se profiriera una decisión en el sub examine, en la
medida en que aquella no tenía la virtualidad de definir si los actos administrativos se
ajustaban o no al ordenamiento constitucional y legal en que debieron fundarse.
CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
Vencido el término de fijación en lista señalado en el artículo 207, numeral 5.°, del
Código Contencioso Administrativo, la Empresa Colombiana de Petróleos contestó la
demanda de forma extemporánea10.
La anterior decisión fue confirmada por esta Corporación por medio de auto del 12 de
septiembre de 2019, al desatar de forma desfavorable el recurso de súplica invocado
por la entidad demandada11.
9 Folios 667 a 669 vuelto del cuaderno principal.
10 Según se advirtió en providencia del 27 de julio de 2017, que abrió el proceso a pruebas visible a folio 671
anverso y reverso del cuaderno principal.
11 Folios 670 a 675, ídem.
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ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
Ecopetrol S.A.12 solicitó que en el presente asunto se dicte «sentencia inhibitoria por
hecho superado y carencia actual de objeto» debido a que el accionante fue
reintegrado a su cargo el 22 de julio de 2010 y, como consecuencia de ello, le fue
reconocida la suma de $210.848.334 en razón de los salarios y prestaciones dejados
de percibir, sin que a la fecha exista algún valor pendiente de reconocimiento. En
todo caso, destacó que a lo largo del proceso el demandante no había logrado
acreditar que Ecopetrol S.A. vulneró su derecho al debido proceso dentro del trámite
disciplinario como tampoco que le asistía mala fe en su actuación ni que se
estructuraran los vicios de nulidad alegados en la demanda.
En relación con la pretensión de reparación de perjuicios inmateriales, precisó que no
hay lugar a condena alguna, habida cuenta de que nunca se señalaron aspectos
tales como los perjuicios ocasionados por el cambio de vivienda del trabajador,
derivados de su situación de desvinculado de la empresa, tampoco se aportaron
documentos tales como certificados de libertad u otros que demostraran la compra o
venta de su nueva vivienda, igualmente en diligencia de testimonios se hizo
referencia a las situaciones a las cuales se vio expuesto en el nuevo barrio al cual
debió mudarse, sin embargo tampoco se aportan pruebas contundentes como lo
podrían ser denuncias ante Policía Nacional, alcaldías u otras autoridades, dado que,
solamente se hizo referencia a tales hechos sin aportar el material probatorio que dé
cuenta de lo sucedido.
Agregó que no obra prueba real y contundente de que tales mudanzas y las
situaciones que allí hubieren ocurrido, tuvieron como causa el despido de Ecopetrol
S.A., o que al demandante se le hubiere impedido iniciar una nueva relación laboral
con la cual solventar sus gastos de manutención, máxime si se tiene en cuenta que
se trata de un hombre joven, sin discapacidad alguna que le hubiere impedido
generar nuevos ingresos económicos.
Aunado a ello, aludió que en la diligencia de testimonios se hizo referencia al daño
moral causado en razón a que durante el tiempo del despido, el trabajador no pudo
fecundar con éxito a su esposa, y los daños sicológicos que esto pudo traerle,
situación que debió probarse con certificaciones médicas, informes de profesionales
de la salud, reportes médicos, u otras pruebas de orden técnico más allá del dicho de
sus amigos, quienes intentaron dar cuenta de la situación médica de la esposa del
demandante y del nexo de causalidad entre el despido y aquella situación.
De igual forma, puntualizó que acorde con lo determinado por del Consejo de
Estado13 para esta clase de reconocimiento deben figurar como demandantes dentro
del presente proceso judicial las posibles víctimas, en caso contrario no hará lugar al
reconocimiento.
Por otro lado, sostuvo que, en virtud de la situación ya anotada, cualquier
reconocimiento adicional en favor del demandante constituiría un enriquecimiento sin
justa causa y pago de lo no debido con el consecuente detrimento de los recursos de
naturaleza pública que administra Ecopetrol S.A.
12 Índices 84, 85 y 86 de la plataforma SAMAI.
13 Para tal fin citó la sentencia de la Sección Segunda Subsección A del 6 de junio de 2019, sin señalar el
radicado.
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Finalmente, anotó que tampoco se estructuraban los presupuestos de una
responsabilidad estatal toda vez que no había ni daño ni nexo causal entre lo
reclamado por el demandante y los hechos que esgrimió como fundamento; y adujo
que la demanda era inepta por cuanto los argumentos expuestos en el concepto de
violación carecían de precisión, pues la parte activa en la presente litis se limitó a
relacionar una serie de hechos que eventualmente pueden apuntar a las
pretensiones deprecadas, pero de cuya enunciación no es posible deducir un
verdadero sentido.
La parte demandante y el Ministerio Público guardaron silencio en el desarrollo de
esta etapa procesa, según se advierte de la constancia secretarial visible a folio 690
del cuaderno principal.
CONSIDERACIONES
Breve recuento del procedimiento disciplinario
Los cargos y la sanción disciplinaria
En la investigación que adelantó la Empresa Colombiana de Petróleos en contra del
señor Gerben Linington Castro Salazar se le formuló al demandante seis cargos
disciplinarios y, por tres, fue finalmente sancionado. En el siguiente cuadro se
resume la concordancia entre el pliego de cargos y el acto administrativo
sancionatorio:
PLIEGO DE CARGOS DEL 20 DE MAYO ACTO ADMINISTRATIVO
DE 200514 SANCIONATORIO
DEL 14 DE MARZO DE 200615
MODIFICADA LA INHABILIDAD EN
SEGUNDA INSTANCIA EL 26 DE JULIO
DEL MENCIONADO AÑO16
Primer cargo: «… incurrió en falta Se subsumió el cargo primero en el
disciplinaria al participar durante los días segundo y se le absolvió de los cargos
23, 24, 25, 27, 28 y 30 de abril y 1, 2, 4, 5, tercero y sexto. En este sentido, los
6, 7, 8 y 9 de mayo de 2004, en la cargos por los que el demandante fue
suspensión colectiva de trabajo promovida, declarado responsable disciplinariamente
organizada y ejecutada por la USO a partir fueron:
del 22 de abril y hasta fines del mes de «Segundo cargo: «…incurrió en falta
mayo del citado año, pese a la declaratoria disciplinaria al no presentarse a laborar
de ilegalidad de la misma decretada por el durante los días 23, 24, 25, 27, 28 y 30 de
Ministerio de la Protección Social mediante abril y 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de mayo de
Resolución No. 1116 del 22 de abril de 2004, en su sitio de trabajo en el
2004»; Departamento de Refinación, en el turno
Segundo cargo: «…incurrió en falta asignado los referidos días (A, B o C) de
disciplinaria al no presentarse a laborar conformidad con la programación
durante los días 23, 24, 25, 27, 28 y 30 de establecida en los Cuadros de Turnos del
abril y 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de mayo de Departamento de Refinación,
2004, en su sitio de trabajo en el correspondiente a los meses en comento,
Departamento de Refinación, en el turno obrante…»;
14 Folios 288 a 316 del cuaderno 2.
15 Folios 74 a 117 del cuaderno principal.
16 Folios 124 a 151 ibidem.
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asignado los referidos días (A, B o C) de Cuarto cargo: «…en su condición de
conformidad con la programación Operador Refinería II para la época de los
establecida en los Cuadros de Turnos del hechos, incurrió en la falta disciplinaria al
Departamento de Refinación, abandonar durante los días 23, 24, 25, 27,
correspondiente a los meses en comento, 28 y 30 de abril y 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de
obrante…»; mayo de 2004, sin causa justificada, las
Tercer cargo: «…abandonar los días […], funciones asignadas por la empresa
sin causa justificada el cargo de Operador ECOPETROL S.A., en concordancia con
de Refinería II en el Departamento de lo establecido en el Sistema de
Refinación, ostentado por usted en Información de Personal, …»;
ECOPETROL S.A. para la referida fecha, Quinto cargo: «… incurrió en la falta
generando como consecuencia de su disciplinaria al abandonar durante los días
conducta la afectación de las actividades a […], el servicio contratado por la empresa
cargo del personal que debió suplirlo»; ECOPETROL S.A., con ocasión del
Cuarto cargo: «…en su condición de Contrato de Trabajo a Término Indefinido
Operador Refinería II para la época de los celebrado entre usted y el Representante
hechos, incurrió en la falta disciplinaria al de la citada empresa, de fecha 31 de
abandonar durante los días 23, 24, 25, 27, agosto de 1998»;
28 y 30 de abril y 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de
mayo de 2004, sin causa justificada, las
funciones asignadas por la empresa
ECOPETROL S.A., en concordancia con lo
establecido en el Sistema de Información
de Personal, …»;
Quinto cargo: «… incurrió en la falta
disciplinaria al abandonar durante los días
[…], el servicio contratado por la empresa
ECOPETROL S.A., con ocasión del
Contrato de Trabajo a Término Indefinido
celebrado entre usted y el Representante
de la citada empresa, de fecha 31 de
agosto de 1998»;
Sexto cargo: «… incurrió en la falta
disciplinaria al desconocer la orden
impartida mediante escrito del 29 de abril
de 2004 (folio 77), Asunto: Reincorporación
a sus labores, firmado por el …Jefe de
Departamento de Refinación y no
reincorporándose a laborar en los términos
señalados en aquél documento».
Falta imputada: Falta gravísima de Falta por la que fue sancionado: Falta
acuerdo con el numeral 49 del artículo 48 gravísima de acuerdo con el numeral 49
del CDU. En concordancia con el numeral del artículo 48 del CDU. En concordancia
4.° del artículo 60 y literal a) del artículo 62 con el numeral 4.° del artículo 60 y literal
del CST. a) del artículo 62 del CST.
Falta gravísima de acuerdo con el numeral Falta gravísima de acuerdo con el numeral
55 del artículo 48 del CDU. 55 del artículo 48 del CDU.
Culpabilidad:
Culpabilidad:
Las autoridades disciplinarias hicieron la
La falta se imputó a título de culpa misma valoración de la culpabilidad en los
gravísima. actos sancionatorios. Sin embargo, en el
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fallo de segunda instancia, se consideró
que en virtud del derecho a la igualdad la
sanción debería disminuirse a 10 años y 1
mes.
Decisión sancionatoria de primera instancia:
«PRIMERO: DECLARAR responsable a GERBEN LININGTON CASTRO SALAZAR
[…], Operador de Refinería II en el Departamento de Refinación, de los cargos
SEGUNDO, CUARTO Y QUINTO, En consecuencia se impone la sanción de Destitución
e Inhabilidad para ejercer cargos públicos por el término de doce (12) años […].
SEGUNDO: DECLARAR que el cargo PRIMERO se subsume en el cargo SEGUNDO.
TERCERO: ABSOLVER de los cargos TERCERO Y SEXTO a GERBEN LININGTON
CASTRO SALAZAR […]». (Negrita y mayúsculas propias del texto original).
Decisión sancionatoria en la que se resolvió el recurso de apelación:
«PRIMERO: NIÉGANSE las nulidades impetradas […]
SEGUNDO: CONFÍRMASE el ordinal primero del fallo de primera instancia del 14 de
marzo de 2006, […] en cuanto declaró probados los cargos segundo (subsumido en éste
el primero), cuarto y quinto, y sancionó al investigado con destitución e inhabilidad
general para ejercer cargos públicos; no obstante, por las razones expuestas en la parte
motiva, MODIFÍCASE el término de inhabilidad, el cual se reduce a diez (10 ) años y
un (1) mes […].». (Negrita y mayúsculas conforme a la transcripción).
Cuestión previa
Competencia del Consejo de Estado
• Naturaleza jurídica de Ecopetrol S.A. y régimen aplicable a su personal:
La Constitución Política, en el artículo 123, prevé que «Son servidores públicos los
miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de sus
entidades descentralizadas territorialmente y por servicios […]».
Por su parte, la Ley 489 de 1998, en el artículo 68, define las entidades
descentralizadas así:
«Artículo 68.- Entidades descentralizadas. Son entidades descentralizadas del orden
nacional, los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del
Estado, las sociedades públicas y las sociedades de economía mixta, las
superintendencias y las unidades administrativas especiales con personería jurídica, las
empresas sociales del Estado, las empresas oficiales de servicios públicos y las demás
entidades creadas por la ley o con su autorización, cuyo objeto principal sea el ejercicio
de funciones administrativas, la prestación de servicios públicos o la realización de
actividades industriales o comerciales con personería jurídica, autonomía administrativa y
patrimonio propio. Como órganos del Estado aun cuando gozan de autonomía
administrativa están sujetas al control político y a la suprema dirección del órgano de la
administración al cual están adscritas.». (Resaltado intencional).
En virtud de los textos constitucional y legal precitados, los empleados y trabajadores al
servicio de las entidades descentralizadas, tales como las empresas industriales y
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comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta, entre otras, tienen la
calidad de servidores públicos.
Pues bien, repárese que el presidente de la República, en cumplimiento de la
autorización otorgada por el Congreso a través de la Ley 165 del 27 de diciembre de
194817, profirió el Decreto 30 del 9 de enero de 195118 por medio del cual creó la
Empresa Colombiana de Petróleos como una empresa industrial y comercial del Estado
del orden nacional, vinculada al Ministerio de Minas y Energía, con autonomía y
personería jurídica; lo que significa que el personal perteneciente a esta tenía la
categoría de servidor público.
Luego, con la expedición del Decreto 1760 del 26 de junio de 2003, el Ministerio de
Minas y Energía escindió la aludida entidad y dispuso su organización como una
sociedad pública por acciones, manteniéndoles a los funcionarios las mismas
condiciones laborales con las cuales se vincularon19. Posteriormente, su naturaleza
jurídica fue modificada a través de la Ley 1118 del 27 de diciembre de 200620, pasando
a ser una sociedad de economía mixta de carácter comercial, vinculada al Ministerio de
Minas y Energía, con domicilio principal en la ciudad Bogotá, en los siguientes
términos:
«ARTÍCULO 1o. NATURALEZA JURÍDICA DE ECOPETROL S. A. Autorizar a Ecopetrol
S. A., la emisión de acciones para que sean colocadas en el mercado y puedan ser
adquiridas por personas naturales o jurídicas. Una vez emitidas y colocadas total o
parcialmente las acciones de que trata la presente Ley, la sociedad quedará organizada
como una Sociedad de Economía Mixta de carácter comercial, del orden nacional,
vinculada al Ministerio de Minas y Energía; se denominará Ecopetrol S.A., su domicilio
principal será la ciudad de Bogotá, D. C. […]». (Se subraya).
En cuanto al régimen laboral aplicable a los empleados con ocasión de la citada
variación, el artículo 7 ibidem dispuso:
«ARTÍCULO 7o. RÉGIMEN LABORAL. Una vez ocurra el cambio de naturaleza jurídica
de Ecopetrol S. A., la totalidad de los servidores públicos de Ecopetrol S. A. tendrán el
carácter de trabajadores particulares y por ende, a los contratos individuales de trabajo
continuarán aplicándoles las disposiciones contenidas en el Código Sustantivo del
Trabajo, en la Convención Colectiva de Trabajo y en el Acuerdo 01 de 1977, según sea el
caso, con las modificaciones y adiciones que se presenten […]». (Resaltado fuera del
texto original).
La Corte Constitucional, en sentencia C-722 de 2007, al analizar la constitucionalidad
del artículo transcrito, sostuvo:
«[…] en la disposición acusada no se está disponiendo que, al producirse el cambio de
naturaleza jurídica de Ecopetrol S.A., quienes laboran para la aludida empresa perderán
su condición de servidores públicos para pasar a convertirse en trabajadores particulares.
17 «Por la cual se promueve la organización de una empresa colombiana de petróleos y se dictan otras
disposiciones».
18 «Por el cual se organiza la Empresa Colombiana de Petróleos».
19 «Artículo 55. Planta de personal actual. Los funcionarios de la planta de personal de la Empresa Colombiana
de Petróleos -Empresa Industrial y Comercial del Estado- vigente a la fecha de promulgación del presente decreto
continuarán con sus contratos laborales, en las mismas condiciones en las que fueron suscritos».
20 «Artículo 2. Capitalización de Ecopetrol SA. En el proceso de capitalización autorizado en el artículo 1 de esta
ley, se garantizará que la Nación conserve, como mínimo, el ochenta por ciento (80%) de las acciones, en
circulación, con derecho a voto, de Ecopetrol S. A.».
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Si se toma el texto integral de la disposición contenida en el artículo 7º. de la Ley 1118 de
2006, se pone en evidencia cómo, de lo que se trata es de señalar el régimen laboral
aplicable a los servidores de Ecopetrol S.A. y, para tal efecto, se empieza por ratificar su
condición de servidores públicos, para señalar luego que dichos servidores públicos tendrán
el carácter de trabajadores particulares para efectos de la determinación del régimen jurídico
aplicable a sus contratos individuales de trabajo, disposición que se encuentra en
consonancia con lo dispuesto en el artículo 123 de la Constitución, según el cual los
empleados y los trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas
territorialmente y por servicios son servidores públicos.
Significa lo anterior que la asignación del carácter de trabajadores particulares a los
servidores públicos - para efectos de la aplicabilidad de las normas del Código Sustantivo
de Trabajo y para asegurar la vigencia de las prerrogativas plasmadas en las
convenciones colectivas de trabajo y demás acuerdos que puedan existir entre la entidad
empleadora y sus trabajadores - resulta constitucionalmente admisible en la medida en
que se respeten los derechos adquiridos de los trabajadores y se asegure la plena
observancia de lo dispuesto en los artículos 53 y 58 de la Constitución Política […]».
(Destacado de la Sala).
De lo anterior se colige, en armonía con lo expuesto por la Subsección B de la Sección
Segunda21, a partir de la vigencia de la Ley 1118 de 2006 los empleados de Ecopetrol
S.A. tienen el carácter de trabajadores particulares y por consiguiente a sus contratos
les serán aplicables las disposiciones del Código Sustantivo del Trabajo, con el fin de
salvaguardar las prerrogativas y derechos adquiridos; sin que ello implique que los
mismos fueron despojados de su condición de servidores públicos, máxime cuando
están vinculados a una entidad estatal del orden nacional, adscrita al Ministerio de
Minas y Energía.
De la misma manera, esta Subsección, de forma reciente y en un caso en donde se
sancionó disciplinariamente a un trabajador oficial vinculado a Ecopetrol S.A., dijo lo
siguiente22:
«[…] El señor ORLANDO ESCOBAR GARCÉS insistió en el recurso de apelación
interpuesto que no le era aplicable el régimen disciplinario consagrado en la Ley 734 de
2002 pues de acuerdo con el artículo 5323 de esa norma, los artículos 123 y 12424 de la
Constitución Política debió considerar lo dispuesto en el Código Sustantivo del Trabajo y la
Convención Colectiva del Trabajo de tal manera que al considerar el Código Disciplinario
Único para resolver su situación desconoció el principio de favorabilidad laboral y sus
derechos al debido proceso y de asociación y negociación colectiva.
21 Sentencia del 6 de diciembre de 2012. Radicado: 110010325000201100575 01 (2202-11). Actor: Luis
Hernando Castañeda Galvis. Demandado: Ecopetrol SA.
22 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 5 de noviembre de 2020, radicado 76001-
23-33-000-2014-00036-01 (0940-2019). Demandante: Orlando Escobar Garcés. Demandado: Ecopetrol S. A.
23 « ARTÍCULO 53. SUJETOS DISCIPLINABLES. El presente régimen se aplica a los particulares que cumplan
labores de interventoría o supervisión en los contratos estatales; también a quienes ejerzan funciones públicas,
de manera permanente o transitoria, en lo que tienen que ver con estas, y a quienes administren recursos
públicos u oficiales.
Se entiende que ejerce función pública aquel particular que, por disposición legal, acto administrativo, convenio o
contrato, realice funciones administrativas o actividades propias de los órganos del Estado, que permiten el
cumplimiento de los cometidos estatales, así como el que ejerce la facultad sancionadora del Estado; lo que se
acreditará, entre otras manifestaciones, cada vez que ordene o señale conductas, expida actos unilaterales o
ejerza poderes coercitivos. [ … ] »
24 « ARTICULO 124. La ley determinará la responsabilidad de los servidores públicos y la manera de hacerla
efectiva» .
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En punto al tema, esta Sala de Decisión advierte que el artículo 123 de la Constitución
Política, dispone:
«ARTICULO 123. Son servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas, los
empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y
por servicios.
Los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad; ejercerán sus funciones en
la forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento.
La ley determinará el régimen aplicable a los particulares que temporalmente desempeñen
funciones públicas y regulará su ejercicio.» Destacado fuera del texto.
En desarrollo de ese precepto constitucional, el artículo 68 de la Ley 489 de 199825,
señaló:
«ARTICULO 68. ENTIDADES DESCENTRALIZADAS. Son entidades descentralizadas del orden
nacional, los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las
sociedades públicas y las sociedades de economía mixta, las superintendencias y las unidades
administrativas especiales con personería jurídica, las empresas sociales del Estado, las
empresas oficiales de servicios públicos y las demás entidades creadas por la ley o con su
autorización, cuyo objeto principal sea el ejercicio de funciones administrativas, la prestación de
servicios públicos o la realización de actividades industriales o comerciales con personería jurídica,
autonomía administrativa y patrimonio propio. Como órganos del Estado aun cuando gozan de
autonomía administrativa están sujetas al control político y a la suprema dirección del órgano de la
administración al cual están adscritas.[…]»
De acuerdo con estas normas, los empleados y trabajadores de las entidades
descentralizadas, como es el caso de las empresas industriales y comerciales del Estado y
las sociedades de economía mixta, ostenta la calidad de servidores públicos.
Ahora bien, según el artículo 1 de la Ley 1118 de 200626 ECOPETROL S.A. es una
empresa de economía mixta, en los siguientes términos:
«ARTÍCULO 1o. NATURALEZA JURÍDICA DE ECOPETROL S. A. Autorizar a Ecopetrol S. A., la
emisión de acciones para que sean colocadas en el mercado y puedan ser adquiridas por
personas naturales o jurídicas. Una vez emitidas y colocadas total o parcialmente las acciones de
que trata la presente Ley, la sociedad quedará organizada como una Sociedad de Economía
Mixta de carácter comercial, del orden nacional, vinculada al Ministerio de Minas y Energía;
se denominará Ecopetrol S. A., su domicilio principal será la ciudad de Bogotá, D. C., y podrá
establecer subsidiarias, sucursales y agencias en el territorio nacional y en el exterior. […]»
Destacado fuera del texto.
En ese orden de ideas, al tener ECOPETROL S.A. el carácter de una sociedad de
economía mixta, sus trabajadores tienen la calidad de servidores públicos.
Ahora bien, los artículos 7 y 8 de Ley 1118 de 2006, indicaron, respectivamente:
«ARTÍCULO 7o. RÉGIMEN LABORAL. Una vez ocurra el cambio de naturaleza jurídica de
Ecopetrol S. A., la totalidad de los servidores públicos de Ecopetrol S. A. tendrán el carácter de
trabajadores particulares y por ende, a los contratos individuales de trabajo continuarán
aplicándoles las disposiciones contenidas en el Código Sustantivo del Trabajo, en la Convención
Colectiva de Trabajo y en el Acuerdo 01 de 1977, según sea el caso, con las modificaciones y
adiciones que se presenten.
25 « Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se
expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los
numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones».
26 « Por la cual se modifica la naturaleza jurídica de Ecopetrol S. A. y se dictan otras disposiciones» .
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Los trabajadores y pensionados de Ecopetrol S. A. continuarán rigiéndose por las normas que hoy
les son aplicables en materia de seguridad social.
[…]
ARTÍCULO 8o. TRANSICIÓN EN MATERIA DISCIPLINARIA. La Oficina de Control Disciplinario
Interno de Ecopetrol S. A. continuará conociendo de los procesos de investigación disciplinaria»
A propósito, la Corte Constitucional en sentencia C-722 de 200727, que estudió la
exequibilidad del artículo 7 de la Ley 1118 de 2006, precisó:
«[…]Si se toma el texto integral de la disposición contenida en el artículo 7º. de la Ley 1118
de 2006, se pone en evidencia cómo, de lo que se trata es de señalar el régimen laboral
aplicable a los servidores de Ecopetrol S.A. y, para tal efecto, se empieza por ratificar su
condición de servidores públicos, para señalar luego que dichos servidores públicos
tendrán el carácter de trabajadores particulares para efectos de la determinación del
régimen jurídico aplicable a sus contratos individuales de trabajo, disposición que se
encuentra en consonancia con lo dispuesto en el artículo 123 de la Constitución, según el cual los
empleados y los trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por
servicios son servidores públicos.
Significa lo anterior que la asignación del carácter de trabajadores particulares a los
servidores públicos - para efectos de la aplicabilidad de las normas del Código Sustantivo
de Trabajo y para asegurar la vigencia de las prerrogativas plasmadas en las convenciones
colectivas de trabajo y demás acuerdos que puedan existir entre la entidad empleadora y sus
trabajadores - resulta constitucionalmente admisible en la medida en que se respeten los derechos
adquiridos de los trabajadores y se asegure la plena observancia de lo dispuesto en los artículos
53 y 58 de la Constitución Política. […]» Destacado fuera del texto.
Es decir, los trabajadores de ECOPETROL S.A. tendrán el carácter de trabajadores
particulares solo en cuanto al régimen laboral aplicable respecto del cual se tendrá
en cuenta el Código Sustantivo del Trabajo y las Convenciones Colectivas pues en todo
lo demás conservarán su calidad de servidores públicos máxime cuando se
encuentran vinculados a una entidad estatal del orden nacional adscrito al Ministerio de
Minas y Energía.
Bajo ese contexto y de acuerdo con el artículo 25 de la Ley 734 de 2002, a dichos
servidores públicos se les aplican las disposiciones contenidas en ese régimen
disciplinario […]». (Resaltados originales).
En este orden de ideas, en virtud del artículo 25 de la Ley 734 de 2002 (antes artículo
20 de la Ley 200 de 1995) a dichos servidores públicos se les aplicarán las
disposiciones disciplinarias contenidas en la aludida ley, aun cuando su vinculación con
Ecopetrol obedezca a un contrato de trabajo, dada su calidad de servidores y en
atención a que prestan una función pública bajo la subordinación del Estado28.
• Competencia del Consejo de Estado en materia disciplinaria para conocer del
presente asunto:
En vigencia del Decreto 01 de 1984, esta Corporación, por medio de los autos del 4
de agosto de 201029 y 18 de mayo de 201130, determinó que la competencia para
27 Expediente D-6697 de 12 de septiembre de 2007. Demandante: David Suárez. M.P. Dra. Clara Inés Vargas
Hernández.
28 En un caso de contornos similares a los aquí estudiados, esta Subsección se pronunció en pronunció en igual
sentido, en sentencia del 4 de julio de 2019, radicado: 11001-03-25-000-2012-00206-00(0824-12).
29 Sección Segunda, Subsección B. Expediente: 11001-03-25-000-2010-00163-00 (1203-2010) Actor: Carlos
Alberto Velásquez. Demandado: Procuraduría General de la Nación.
30 Sección Segunda, Subsección B. Radicado: 11001-03-25-000-2010-00020-00. Actor: Anastasio Avendaño
Tangarife. Demandado: Ministerio de Transporte.
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conocer de las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho, en las que se
controviertan actos administrativos que impongan sanciones disciplinarias de
destitución o suspensión en el ejercicio del cargo, con o sin cuantía, es privativa en
única instancia del Consejo de Estado; en concordancia con lo dispuesto en los
numerales 2.º y 13 del artículo 12831 del CCA.
Con lo expuesto en precedencia, es viable concluir que para la fecha en que se
emitió decisión de segunda instancia, esto es el 29 de junio de 2006, aquel ostentaba
la calidad de servidor público, pues fue solo hasta el 27 de diciembre de la misma
anualidad, con la expedición de la Ley 1118 que Ecopetrol S.A. varió su naturaleza
jurídica. En todo caso, aun cuando se dispuso que los empleados vinculados a la
empresa tendrían la condición de trabajadores particulares, ello no significó la
pérdida de su carácter como servidor público, como lo explicó la Corte
Constitucional.
En esta medida, esta Corporación es competente para conocer en única instancia la
actual demanda, pues si bien Ecopetrol S.A. cambió de naturaleza jurídica y a sus
empleados se les consideró trabajadores particulares, ello no implicó la pérdida de su
calidad de servidores públicos.
Control judicial integral respecto de las decisiones administrativas
sancionatorias
Con la sentencia de unificación proferida el 9 de agosto de 2016 por la Sala Plena de
lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado32, se dio inicio a una nueva
línea interpretativa en torno al control que ejerce la jurisdicción de lo contencioso
administrativo sobre los actos administrativos de naturaleza disciplinaria.
Al respecto, señaló la providencia que, con el fin de garantizar la tutela judicial
efectiva, ese control es de carácter integral por cuanto exige una revisión legal y
constitucional de las actuaciones surtidas ante los titulares de la acción disciplinaria,
sin que, para tales efectos, el juez se encuentre sometido a limitantes que restrinjan
su competencia.
En dicha oportunidad, la Corporación fue enfática en explicar que, siendo la función
disciplinaria una manifestación de la potestad pública sancionatoria que busca
mantener la actividad estatal sujeta a los límites legales y constitucionales, no es
dable restringir las facultades de la jurisdicción en la realización de dicho estudio.
Esta integralidad se proyecta en múltiples aspectos que son destacados en la
providencia en los siguientes términos:
31 «ARTICULO 128. COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN ÚNICA INSTANCIA. *Subrogado por la
Ley 446 de 1998, nuevo texto: El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá de los
siguientes procesos privativamente y en única instancia: […]
2. De los de nulidad y restablecimiento del derecho que carezcan de cuantía, en los cuales se controviertan actos
administrativos expedidos por autoridades del orden nacional, con excepción de los de carácter laboral. No
obstante, las controversias sobre los actos de declaratoria de unidad de empresa y calificación de huelga son de
competencia del Consejo de Estado en única instancia.
[…]»
13. De todas las demás de carácter Contencioso Administrativo, para los cuales no exista regla especial de
competencia»
32 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de unificación del 9 de agosto de
2016, radicado: 110010325000201100316 00 (2011-1210).
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Radicado: 110010325000201200179 00 (0755-2012)
Demandante: Gerben Linington Castro Salazar
«1) La competencia del juez administrativo es plena, sin “deferencia especial” respecto de
las decisiones adoptadas por los titulares de la acción disciplinaria. 2) La presunción de
legalidad del acto administrativo sancionatorio es similar a la de cualquier acto
administrativo. 3) La existencia de un procedimiento disciplinario extensamente regulado
por la ley, de ningún modo restringe el control judicial. 4) La interpretación normativa y la
valoración probatoria hecha en sede disciplinaria, es controlable judicialmente en el
marco que impone la Constitución y la ley. 5) Las irregularidades del trámite procesal,
serán valoradas por el juez de lo contencioso administrativo, bajo el amparo de la
independencia e imparcialidad que lo caracteriza. 6) El juez de lo contencioso
administrativo no sólo es de control de la legalidad, sino también garante de los derechos.
7) El control judicial integral involucra todos los principios que rigen la acción disciplinaria.
8) El juez de lo contencioso administrativo es garante de la tutela judicial efectiva […]».
Así pues, el control judicial que ha de efectuarse en el presente caso tiene como hoja
de ruta los parámetros dispuestos en aquella decisión judicial, lo que desde ya
implica descartar los argumentos que pretendan desconocer las amplísimas
facultades del juez de lo contencioso administrativo para efectuar una revisión seria y
profunda de todas las actuaciones y etapas surtidas en el procedimiento disciplinario.
Problemas jurídicos
A partir de lo sostenido por las partes, y en el marco de las causales de nulidad
deprecadas en el libelo introductor, los problemas jurídicos a resolver en esta
sentencia son los siguientes:
1. ¿Las decisiones disciplinarias del 14 de marzo y del 29 de junio de 2006 de primera
y segunda instancia proferidas por la jefe de la Oficina de Control Disciplinario
Interno de Ecopetrol S.A y el presidente de dicho ente, en su orden, mediante los
cuales se sancionó disciplinariamente al señor Gerben Linington Castro Salazar,
finalmente, con destitución e inhabilidad general de 10 años y un mes, por
vincularse al cese de actividades declarado ilegal y no justificar por cualquier medio
su inasistencia, son nulos por falta de competencia, falsa motivación y
desconocimiento al derecho al debido proceso?. Se examinará el decaimiento de
tales actos, como situación sobreviniente.
2. ¿El demandante tiene derecho al pago de los perjuicios morales que alega le
fueron generados con ocasión de la destitución de que fue objeto, mediante los
actos disciplinarios enjuiciados?
Primer problema jurídico
¿Las decisiones disciplinarias del 14 de marzo y del 29 de junio de 2006 de primera y
segunda instancia proferidas por la jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno de
Ecopetrol S.A y el presidente de dicho ente, en su orden, mediante los cuales se
sancionó disciplinariamente al señor Gerben Linington Castro Salazar, finalmente, con
destitución e inhabilidad general de 10 años y un mes, por vincularse al cese de
actividades declarado ilegal y no justificar por cualquier medio su inasistencia, son nulos
por falta de competencia, falsa motivación y desconocimiento al derecho al debido
proceso?. Se examinará el decaimiento de tales actos, como situación sobreviniente.
Al respecto, la Sala sostendrá la tesis de que es procedente la anulación de los actos
disciplinarios demandados con ocasión del decaimiento de aquellos por pérdida de
fuerza ejecutoria del acto en que se fundaron, tal como se explica a continuación.
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Demandante: Gerben Linington Castro Salazar
Las partes coinciden en solicitar que en que en la presente litis debe declararse
hecho superado y carencia actual de objeto en virtud de que el demandante fue
reintegrado a su cargo y recibió el pago de todos los salarios y prestaciones dejados
de percibir, en cumplimiento de un fallo de tutela que así lo ordenó, empero, la Sala
considera que es necesario determinar si existió decaimiento de los actos
demandados y su incidencia en el caso sub examine, por cuanto estos no fueron
anulados y podrían seguir produciendo efectos jurídicos.
De la pérdida de fuerza de ejecutoria
Por regla general, los actos administrativos de contenido general o particular, son
obligatorios por cuanto gozan de la presunción de legalidad. Sin embargo,
excepcionalmente pueden perder su fuerza ejecutoria si ocurre alguna de las
causales que prevé el artículo 66 del Código Contencioso Administrativo, aplicable al
caso sub examine33, establecía:
«ARTICULO 66. PÉRDIDA DE FUERZA EJECUTORIA. Salvo norma expresa en
contrario, los actos administrativos serán obligatorios mientras no hayan sido anulados o
suspendidos por la jurisdicción en lo contencioso administrativo, pero perderán su fuerza
ejecutoria en los siguientes casos:
1. […]
2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho. […]».
De acuerdo con la referida norma, la pérdida de fuerza ejecutoria del acto
administrativo ocurre cuando, después de su expedición, sobreviene la ausencia de
obligatoriedad de ejecución por alguna de las causales señaladas en el artículo 66
del Código Contencioso Administrativo, entre ellas y para el caso que nos ocupa, por
la desaparición de una circunstancia de hecho o de un fundamento de derecho
necesario para la vigencia del acto jurídico, como podría ser la anulación del acto o la
inconstitucionalidad de la disposición que le sirvió de fundamento.
La Corte Constitucional34 al estudiar la exequibilidad de la normativa en cita y
particularmente, respecto de las causales que se acaban de mencionar, precisó por
una parte, que un acto administrativo decae cuando las disposiciones legales o
reglamentarias que le sirven de sustento, desaparecen. Así, cuando se declara la
inexequibilidad o la nulidad de la norma en la cual se funda el acto administrativo
este pierde fuerza ejecutoria, pues ello hace que no pueda continuar con la
producción de sus efectos hacia el futuro, en razón a que desapareció su
fundamento legal o su objeto.
Por otra parte, en lo atinente a la pérdida de fuerza ejecutoria de los actos
administrativos cuando pierdan su vigencia por razón de su derogatoria, destacó que,
si la norma ha dejado de regir por haber sido sustraída del ordenamiento jurídico, la
consecuencia es que deja de ser aplicable por la administración y, por consiguiente,
pierde el carácter obligatorio para los asociados.
33 Disposición que se encontraba vigente al momento de la expedición de los actos administrativos demandados
del 14 de marzo y 26 de mayo de 2006 (folios 74 a 117 y 124 a 151 del cuaderno principal).
34 Corte Constitucional Sentencia C-069 de 1995.
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Sobre el particular, esta Sección35 ha señalado: «La jurisprudencia y la doctrina, han
desarrollado la institución del “decaimiento del acto administrativo”, haciéndola consistir en
una “extinción” del acto acusado, que tiene ocurrencia cuando se presentan circunstancias
que comportan la desaparición de los fundamentos jurídicos del respectivo acto
administrativo.36».
Ahora bien, al estudiar el acto administrativo, la doctrina y la jurisprudencia han
diferenciado entre su validez y su eficacia. Las principales características de estas
figuras pueden sintetizarse como sigue a continuación:
VALIDEZ EFICACIA
Concepto Es la conformidad de la Consiste en la capacidad que
decisión administrativa con tiene el acto administrativo para
el ordenamiento jurídico, de producir los efectos jurídicos
manera que su elaboración, que persigue, es decir, su
expedición y contenido se aptitud para materializar en el
ajusten a las normas y mundo exterior los objetivos que
principios que lo integran. busca alcanzar. Un acto
Así, el acto administrativo administrativo eficaz es un acto
es válido cuando quiera oponible y obligatorio. La regla
que, al confrontarlo con los general es que este tipo de
preceptos jurídicos que le manifestaciones de voluntad de
sirven de fundamento, se la administración tenga eficacia
encuentra que ha sido fiel a inmediata a partir de su firmeza
ellos. y que ella sea constante en el
tiempo37.
Requisitos para Que el acto administrativo Que no haya ocurrido ninguna
que se predique reúna las siguientes de las hipótesis de pérdida de
condiciones: (i) que se haya fuerza ejecutoria del acto,
dictado por autoridad fenómeno que se configura
competente; (ii) que su cuando (i) sus efectos se
contenido se ajuste a la suspenden provisionalmente por
Constitución y al medio de una decisión judicial;
ordenamiento jurídico (ii) desaparecen sus
vigente; (iii) que su fundamentos de hecho o de
expedición se haya hecho derecho; (iii) al cabo de cinco
de manera regular; (iv) que años de estar en firme, la
los motivos que lo justifican administración no ha realizado
resultan acordes con la los actos que le correspondan
realidad; y (v) que el para ejecutarlos; (iv) se cumple
ejercicio de la atribución la condición resolutoria a que se
con base en la cual se encuentra sometida el acto; y (v)
profirió, satisfaga intereses el acto pierde vigencia.
públicos o los específicos a
35 Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 11 de abril de 2018, radicado: 11001-03-25-000-2012-00209-
00(0828-12)
36 Sección segunda, subsección B, sentencia de 15 de noviembre de 2007, C.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez,
radicado 76001-23-31-000-2004-03804-01 (0264-2007).
37 En vigencia del CCA, esa eficacia inmediata y constante quedó consagrada en el artículo 66, de acuerdo con el
cual «Salvo norma expresa en contrario, los actos administrativos serán obligatorios mientras no hayan sido
anulados o suspendidos por la jurisdicción en lo contencioso administrativo». Este concepto fue consagrado en
términos muy similares, aunque con algunas precisiones teóricas, en el artículo 91 de la Ley 1437 de 2011.
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los que responde dicha
competencia38
• La declaratoria de nulidad - La pérdida de obligatoriedad
Consecuencia del acto administrativo, del acto administrativo; este deja
del decisión que conlleva su de producir efectos y, por ende,
incumplimiento expulsión del ordenamiento no puede ser ejecutado.
de requisitos jurídico. - Es competente para
• Es competente para declararla, la autoridad
declararla el juez de lo administrativa que profirió el acto
contencioso administrativo. correspondiente.
Como es posible concluir del marco teórico expuesto, las causales de nulidad operan
en la etapa de formación del acto administrativo pues nótese que las hipótesis que la
generan se encuentran ligadas a circunstancias, internas o externas, predicables del
acto en el momento en que nace a la vida jurídica.
Por su parte, las causales de pérdida de fuerza ejecutoria dan cuenta de situaciones
que se presentan con posterioridad al surgimiento de la decisión administrativa, sin que
tengan la capacidad de conducir a su anulación.
En este orden de ideas, cuando opera el decaimiento de los actos administrativos, el
Consejo de Estado ha sostenido39 que aquella situación no vicia de nulidad el acto,
ni impide que sea demandado ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo,
pues sigue amparado por la presunción de legalidad, y así «[…] su enjuiciamiento debe
efectuarse con base en los fundamentos de hecho y de derecho existentes en el momento
de su expedición; máxime si se considera que sólo el fallo de nulidad, al producir efectos ex
tunc, desvirtúa la presunción de legalidad que los acompañó mientras produjeron
efectos[…]40.
Caso concreto
Bajo el contexto legal y jurisprudencial citado en precedencia, es necesario analizar
el acervo probatorio recaudado y practicado en el presente proceso a fin de
evidenciar si los actos demandados se expidieron en acatamiento de los requisitos
legales exigidos para determinar la concreción del derecho en litigio.
Al respecto se observa que en el expediente reposan las siguientes pruebas
documentales relevantes para la resolución de la controversia:
38 En armonía con ello, el artículo 137 del CPACA dispone que la nulidad de los actos administrativos «[…]
procederá cuando hayan sido expedidos con infracción de las normas en que deberían fundarse, o sin
competencia, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, o mediante falsa
motivación, o con desviación de las atribuciones propias de quien los profirió […]».
39 Sobre el particular ver las sentencias del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Primera, Sentencia de 1 de agosto de 1991, Rad. 949, la Sección Tercera, sentencia del 5 de julio de 2006,
Radicación número: 25000-23-26-000-1999-00482-01(21051); sentencias del 10 de marzo de 2011, expediente
13857, Sección Tercera; 10 de mayo de 2012 expediente 00353-01, Sección Primera; 12 de octubre de 2006,
expediente 14438, Sección Cuarta; 3 de agosto de 2000, expediente 5722, Sección Primera y del 3 de febrero de
2010, Sección Tercera.
40 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 10 de marzo de 2011, Radicación número: 11001-03-24-
000-2004-00380-01.
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Demandante: Gerben Linington Castro Salazar
El señor Gerben Linington Castro Salazar suscribió contrato de trabajo a
término indefinido (nómina convencional) con Ecopetrol S.A., el 31 de agosto
de 1998, en el cargo de operador de refinería IV41.
Acorde con Resolución 1116 del 22 de abril de 2004, el Ministerio de la
Protección Social declaró ilegal la suspensión colectiva de trabajo realizada
por los trabajadores de Ecopetrol S.A., el día 22 de abril de la mencionada
anualidad, promovida por la Unión Sindical Obrera, USO, al considerar que las
actividades de explotación, refinación y transporte de petróleo y sus derivados
eran consideradas un servicio público esencial, de conformidad con el literal c)
del artículo 430 del CST y el literal a) del numeral 1.° del artículo 65 de la Ley
50 de 199042.
Posteriormente, por medio de Oficio PRE-179 del 11 de mayo de 2004, el jefe
del Departamento de Refinación de la entidad demandada, le comunicó señor
Castro Salazar la terminación del mencionado contrato por justa causa 43, de
conformidad con las siguientes consideraciones:
«[…] mediante comunicación PRE-159 de fecha cuatro (4) de mayo de 2004, usted
fue convocado para que compareciera a diligencia de descargos, por lo que la
misma debía surtirse en la Oficina de Empleos Temporales de la Regional de
Gestión de Personal Magdalena medio de ECOPETROL S.A., ubicada […].
A pesar de lo anterior, usted no compareció a la reseñada diligencia, de lo cual se
dejó constancia por parte de los representantes de la Empresa y testigos, momento
para el cual tuvo la oportunidad de ejercer su derecho a la defensa para
manifestarse sobre el siguiente hecho:
“A partir del 30 de abril de 2004, usted estaba programado para laborar en su sitio
de trabajo desde las 6: 00 a.m., tal y como se le comunicó a efectos de que se
reincorporara a sus labores, sin que desde ese día y hasta la fecha usted se haya
hecho presente a su sitio de trabajo, haciendo caso omiso de tal instrucción,
adhiriéndose con ello a la suspensión colectiva de trabajo decretada por la Unión
Sindical Obrera de la Industria de Petróleo – USO y declarada ilegal por el Ministro
de la Protección Social mediante Resolución No. 1116 del 22 de abril de 2004”.
[…]
Así las cosas, con su conducta, usted violó el Reglamento Interno de Trabajo en los
numerales 1° y 31 del artículo 76 y numerales 5 y 33 del artículo 78, lo que el mismo
Reglamento califica como falta grave en el numeral 5 del artículo 85.
Del mismo modo, trasgredió el Código Sustantivo de Trabajo en el numeral 1° del
artículo 58 y numeral 5 del artículo 60.
Por lo anterior, la Empresa ha decidido dar por terminado su contrato de trabajo
unilateralmente y por justa causa a partir del día doce (12) de mayo de 2004, […].».
(Mayúsculas del texto original).
De conformidad con el Acta de Acuerdo del 26 de mayo de 2004 suscrita entre
el Gobierno Nacional y la USO, se concertó la constitución de un tribunal de
41 Folios 85 a 87 del cuaderno 6.
42 Folios 10 a 13 del cuaderno 2.
43 Folios 89 a 90, el cuaderno 6.
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Demandante: Gerben Linington Castro Salazar
arbitramento voluntario con el fin de dirimir el conflicto laboral entre las partes
por la huelga general que tuvo como consecuencia la terminación de varios
contratos de individuales de trabajo44.
Mediante Laudo Arbitral del 21 de enero de 2005, el Tribunal de Arbitramento
decidió ordenar a Ecopetrol S.A., el reintegro de varios trabajadores, entre
ellos el aquí demandante, con el fin de dar aplicación al Código Disciplinario
Único y al debido proceso45. Tal reintegro se dio el 1.° de marzo de 200546.
En vista de lo anterior, la Oficina de Control Disciplinario Interno de Ecopetrol
S.A. ordenó apertura de investigación el 4 de marzo de 2005, en contra del
señor Gerben Linington Castro Salazar, por el cese de actividades que se
llevó a cabo en dicha entidad y que fuere declarada ilegal por Resolución 1116
del 22 de abril de 2004 por parte del Ministerio de la Protección Social, pues
pese a dicha declaratoria aquel desatendió el llamado para reintegrase a sus
labores47. Dicho acto fue notificado personalmente el 8 de marzo de 200548.
El 20 de mayo de 2005, la mencionada oficina le formuló 6 cargos al
demandante, de la siguiente manera:
Primer cargo: «… incurrió en falta disciplinaria al participar durante los días 23, 24,
25, 27, 28 y 30 de abril y 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de mayo de 2004, en la suspensión
colectiva de trabajo promovida, organizada y ejecutada por la USO a partir del 22 de
abril y hasta fines del mes de mayo del citado año, pese a la declaratoria de
ilegalidad de la misma decretada por el Ministerio de la Protección Social mediante
Resolución No. 1116 del 22 de abril de 2004»;
Segundo cargo: «…incurrió en falta disciplinaria al no presentarse a laborar durante
los días 23, 24, 25, 27, 28 y 30 de abril y 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de mayo de 2004, en
su sitio de trabajo en el Departamento de Refinación, en el turno asignado los
referidos días (A, B o C) de conformidad con la programación establecida en los
Cuadros de Turnos del Departamento de Refinación, correspondiente a los meses
en comento, obrante…»;
Tercer cargo: «…abandonar los días […], sin causa justificada el cargo de Operador
de Refinería II en el Departamento de Refinación, ostentado por usted en
ECOPETROL S.A. para la referida fecha, generando como consecuencia de su
conducta la afectación de las actividades a cargo del personal que debió suplirlo»;
Cuarto cargo: «…en su condición de Operador Refinería II para la época de los
hechos, incurrió en la falta disciplinaria al abandonar durante los días 23, 24, 25, 27,
28 y 30 de abril y 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de mayo de 2004, sin causa justificada, las
funciones asignadas por la empresa ECOPETROL S.A., en concordancia con lo
establecido en el Sistema de Información de Personal, …»;
Quinto cargo: «… incurrió en la falta disciplinaria al abandonar durante los días […],
el servicio contratado por la empresa ECOPETROL S.A., con ocasión del Contrato
de Trabajo a Término Indefinido celebrado entre usted y el Representante de la
citada empresa, de fecha 31 de agosto de 1998»;
Sexto cargo: «… incurrió en la falta disciplinaria al desconocer la orden impartida
mediante escrito del 29 de abril de 2004 (folio 77), Asunto: Reincorporación a sus
44 Folios 124 a 128 del anexo 1.
45 Folios 1 a 22 del cuaderno 2.
46 Según certificación del 24 de septiembre de 2010, signada por el jefe regional de servicios al personal
Magdalena Medio de Ecopetrol S.A., visible de folios 102 a 103 del cuaderno 6.
47 Folios 23 a 27, del cuaderno 2.
48 Folio 30, ídem.
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labores, firmado por el …Jefe de Departamento de Refinación y no
reincorporándose a laborar en los términos señalados en aquél documento»49.
Surtido el trámite procesal pertinente, la Oficina de Control Disciplinario Interno
de Ecopetrol S.A. profirió fallo el 14 de marzo de 2006, mediante el cual: i)
declaró responsable al señor Gerben Linington Castro Salazar de los cargos
segundo, cuarto y quinto, en consecuencia le impuso sanción de destitución e
inhabilidad para ejercer cargos públicos por el término de 12 años; ii) ordenó
que el cargo primero se subsumía en el cargo segundo; y iii) absolvió de los
cargos tercero y sexto al señor Castro Salazar50.
Al resolver el recurso de apelación interpuesto por el demandante, el
presidente de Ecopetrol S.A. modificó la inhabilidad para desempeñar cargos
públicos a 10 años y 1 mes, y confirmó en todo lo demás la decisión
disciplinaria recurrida51.
Por medio de Oficio del 7 de julio de 2006, la entidad demandada le informó al
interesado la ejecución de la sanción disciplinaria y por ende la terminación
del contrato individual de trabajo a partir del 11 de julio del año en comento 52.
Ahora bien, de acuerdo con los medios de prueba aportados y anteriormente
relacionados, es palmario que en el caso sub examine, los hechos que motivaron la
sanción disciplinaria impuesta a través de los actos demandados tuvieron como
supuesto fáctico el cese de actividades entre los días 23 de abril y 9 de mayo del año
2004, cuando una vez declarada por la Unión Sindical Obrera de la Industria del
Petróleo, USO, la suspensión colectiva de trabajo en Ecopetrol S.A., el disciplinado
no retornó a laborar.
Ello, al considerar la autoridad disciplinaria de que a pesar que mediante Resolución
1116 del mismo día de inicio de la huelga, el Ministerio de Protección Social declaró
su ilegalidad por afectar la prestación de un servicio público, el trabajador Gerben
Linington Castro Salazar omitió concurrir a su trabajo, desconociendo no solo la
obligación que le surgía de reintegrarse a sus labores como consecuencia de dicho
pronunciamiento ministerial, sino las órdenes que en tal sentido le fueron dadas por
las directivas de la entidad demandada.
De modo que con fundamento en la declaratoria de ilegalidad del cese de actividades
realizada por el Ministerio de la Protección Social (hoy de Salud y Protección Social)
fue que se originaron las faltas disciplinarias imputadas por la entidad al demandante
a través de los cargos segundo, cuarto y quinto del pliego, dado el abandono de la
función o servicio durante el citado cese laboral53; con base en el mismo supuesto de
ilegalidad «[…] ya que al no haber concurrido a su lugar de trabajo durante los días 23, 24,
25, 27, 28 y 30 del mes de abril y 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de mayo de 2004, sin causa que
injustificada su inasistencia, se hace evidente su intención de no atender el servicio que
debía prestar en el Departamento de Refinación y las funciones que a él se encontraban
asignadas, conforme al documento denominado manual de funciones…»54
49 Folios 288 a 316, ídem.
50 Folios 74 a 117 del cuaderno principal.
51 Folios 124 a 151, ídem.
52 Folio 166 del cuaderno 4.
53 Folio 115 del cuaderno principal.
54 Folio 111, ídem.
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Se observa que también en segunda instancia la entidad demandada, al examinar la
culpabilidad y la sanción impuesta al demandante, insistió en que de la ilegalidad del
cese de actividades declarada por el Ministerio surgió la falta disciplinaria de
abandono de la función o servicio, puesto que «[…] Demostrado como se encuentra que,
GERBEN LININGTON CASTRO SALAZAR participó en el cese de actividades declarado
ilegal mediante Resolución 1116 del 22 de abril de 2004, proferida por el Ministerio de la
protección Social y, de manera intencional y voluntaria, incumplió el deber funcional, que le
asistía como trabajador de la empresa, de ejercer sus funciones y prestar el servicio para el
cual fue contratado como Operador de Refinería I A de ECOPETROL…».55
Las faltas fueron imputadas a título de dolo y respecto de la ilicitud la entidad sostuvo
que la afectación del deber funcional fue sustancial, porque el señor Castro Salazar
con su actuar desconoció la Resolución 1116 del 22 de abril de 2004, por medio de
la cual el Ministerio de la Protección Social declaró la ilegalidad del cese de
actividades convocado por la USO, y adicionalmente incumplió las funciones propias
de su empleo en tanto no se reincorporó al servicio como se había solicitado por
parte de la demandada.
Se concluye que, según la motivación de las decisiones sancionatorias cuestionadas,
el hecho determinante de la medida disciplinaria fue la participación del accionante
en la mencionada huelga, a pesar de haber sido declarada ilegal por el Ministerio de
la Protección Social.
No obstante, advierte la Sala que el Consejo de Estado, mediante sentencia de 27 de
octubre 201156, declaró la nulidad de la Resolución 1116 del 22 de abril de 2004, a
través de la cual el Ministerio de la Protección Social había dispuesto la ilegalidad de
la suspensión colectiva de trabajo realizada por trabajadores de Ecopetrol S.A. el 22
de abril de 2004, promovida por la USO.
La decisión se produjo dentro de un proceso judicial promovido por la Unión Sindical
Obrera de la Industria del Petróleo, USO, quien alegó que, para la declaratoria de
ilegalidad de un cese de actividades, era necesario que el Ministerio de la Protección
Social adelantara un trámite previo en el que le hubiera dado la oportunidad a los
trabajadores de ejercer sus derechos de defensa y contradicción.
Dentro de las consideraciones de la referida providencia se concluyó lo siguiente:
«[…] NO se cumplió con los presupuestos señalados en la jurisprudencia transcrita, pues
el Ministerio de la Protección Social se limitó a dar cumplimiento a su circular 019 de
1991, que contiene los requisitos mínimos y la forma como debe avanzar la diligencia de
constatación, en cuanto se invitó a participar a los directivos del sindicato en la
elaboración del acta como posibles afectados, se procedió a realizar el recorrido por la
Empresa, y finalmente a elaborar las actas respectivas.
La omisión, como lo señala la jurisprudencia transcrita, está relacionada con el
procedimiento que desencadena la petición de declaratoria de ilegalidad del cese de
actividades, y no en el procedimiento previo de constatación, en cuanto no se escuchó a
los posibles afectados y no se practicaron pruebas, transgrediendo con ello los postulados
55 Folio 149, ídem.
56 Sección segunda, Subsección A, radicado 110010325000200400140 01 (2309-2004), demandante: Unión
Sindical Obrera de la Industria del Petróleo (USO) y otros. (Folios 472 a 484, ídem).
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del artículo 29 de la Carta Política sobre la garantía del debido proceso que envuelve
tanto a las actuaciones judiciales como a las administrativas.
No bastaba, en consecuencia, como lo hizo la Empresa, con dejar constancia sobre la
negativa de la junta directiva del sindicato de participar en la elaboración de las Actas,
sino que han debido brindarse las garantías constitucionales y legales a quienes podían
resultar afectados con la decisión que habría de tomar. En las anteriores condiciones, se
impone la declaración de nulidad del acto acusado, por haber infringido las normas en que
debía fundarse y así se hará en la parte resolutiva de la presente providencia. […]».
Sobre el particular, debe precisar la Sala que la declaratoria de nulidad de actos
administrativos de carácter general tiene efectos ex tunc o retroactivos desde la
fecha misma de expedición del acto, salvo las situaciones jurídicas consolidadas en
favor del trabajador antes de la decisión anulatoria las que deben mantenerse
íntegramente en virtud del principio de seguridad jurídica.
Bajo esta línea de intelección, teniendo en cuenta que para la fecha de la
declaratoria de nulidad no existía una situación jurídica consolidada que pudiera serle
más favorable al demandante, los efectos de la anulación de la resolución en
comento se retrotraen al 22 de abril de 2004, lo que ratifica que las decisiones
disciplinarias acusadas carecen de sustento jurídico ante la imposibilidad de calificar
de ilegal la suspensión colectiva de trabajo.
En efecto, conforme se analizó en acápites anteriores, de conformidad con el artículo
66 del CCA, la pérdida de fuerza ejecutoria del acto administrativo ocurre cuando,
después de su expedición, sobreviene la ausencia de obligatoriedad de ejecución por
alguna de las causales señaladas en la citada norma, entre ellas, por la desaparición
de una circunstancia de hecho o de un fundamento de derecho necesario para la
vigencia del acto jurídico, como es la anulación del acto o la inconstitucionalidad de
la disposición que le sirvió de fundamento.
Lo anterior significa que al anularse por el Consejo de Estado el acto administrativo
que declaró la ilegalidad del aludido cese de actividades, se produjo el decaimiento o
pérdida de fuerza ejecutoria de los actos disciplinarios enjuiciados, por haber
desaparecido del mundo jurídico los fundamentos de hecho y de derecho en que se
apoyaron, la cual opera ipso iure, esto es, que no requiere ser declarada ni en sede
administrativa ni mucho menos en sede judicial.
En un asunto de similares contornos al aquí estudiado, esta Sección mediante
providencia de fecha 11 de abril de 201857, se pronunció de la siguiente manera:
«[…] Lo anterior significa que al anularse por el Consejo de Estado el acto administrativo
que declaró la ilegalidad del aludido cese de actividades, se produjo el decaimiento o
pérdida de fuerza ejecutoria de los actos disciplinarios demandados por el actor, por
haber desaparecido del mundo jurídico los fundamentos de hecho y de derecho en que se
apoyaron, cuanto más por el derecho a la protesta que tienen tales trabajadores oficiales,
como el demandante, en particular por su condición de sindicalizado de la USO. Esta
consecuencia resulta armónica con el orden jurídico, pues, como lo sostuvo la
Corte, existen ocasiones en las que a pesar de que el acto administrativo fue
expedido legalmente, en el transcurso del tiempo en que debe exigirse su ejecución
57 Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 11 de abril de 2018, radicado: 11001-03-25-000-2012-00209-
00(0828-12) Actor: GERMÁN LUIS ALVARINO SORACÁ Demandado: EMPRESA COLOMBIANA DE
PETRÓLEOS (ECOPETROL S.A.)
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se presentan sucesos que excluyen su respaldo normativo, «[…] tal es el caso, por
ejemplo, de la derogatoria, o de la inexequibilidad de una ley en cuya vigencia se
expidieron actos administrativos que desarrollaban plenamente sus mandatos, o de la
declaratoria de nulidad del acto administrativo de carácter general que sirvió de sustento a
un acto particular (artículo 175 del Código Contencioso Administrativo)». Y, según la
misma jurisprudencia, la insistencia de la autoridad pública en darle plenos efectos a un
acto administrativo, que por efectos del decaimiento ante la declaratoria de inexequibilidad
(o ilegalidad) de la norma legal que le servía de fundamento pierde fuerza ejecutoria,
constituye una vía de hecho.
Ahora, la pérdida de ejecutoria opera automáticamente y hacia el futuro; no se
requiere declaración judicial; basta el desaparecimiento de las circunstancias de
hecho o los presupuestos de derecho en que se basaron los actos administrativos,
y que se requerían para su existencia para que dejen de surtir efectos. Al respecto, la
Corte Constitucional ha expresado: «[…] en relación con la pérdida de fuerza ejecutoria
del acto administrativo por desaparición de los fundamentos de derecho que lo
sustentaban, la jurisprudencia y la doctrina especializada han dicho reiteradamente que
opera ipso iure, esto es, que no requiere ser declarada ni en sede administrativa ni mucho
menos en sede judicial, pues, incluso, no puede solicitarse al juez contencioso
administrativo porque no existe una acción autónoma que lo permita (recuérdese que el
decaimiento del acto administrativo no constituye causal de nulidad del mismo). Su
análisis puede hacerse en la vía judicial, de manera excepcional, cuando, por ejemplo,
para evitar la ejecución forzosa se interpone la excepción de pérdida de fuerza ejecutoria»
(sentencia T152 de 2009). […]». (Resaltado intencional).
Con fundamento en la decisión transcrita en lo pertinente, concluye la Sala que la
anulación del acto administrativo que sirvió de fundamento a los aquí acusados hizo
que aquellos perdieran automáticamente su sustento jurídico y, por consiguiente,
dejaran de ser aplicables.
Ahora como entre la fecha de expedición de los actos demandados y el momento en
que perdieron ejecutoria, estuvieron vigentes y amparados por la presunción de
legalidad, inclusive continúan produciendo efectos jurídicos por el hecho de que la
sanción disciplinaria decaída constituye legalmente antecedente disciplinario a pesar
que la inhabilidad para desempeñar cargos públicos por espacio de 10 años y un
mes, ya se encuentra superada por el paso del tiempo, debe examinarse la legalidad
de las decisiones cuestionadas pese a que decayeron, pues se trata de dos
momentos diferentes, en razón a que el decaimiento del acto administrativo no
constituye causal de nulidad del mismo.
Si bien, la pérdida de ejecutoria opera automáticamente y hacia el futuro, no se
requiere declaración judicial, pues basta el desaparecimiento de las circunstancias
de hecho o los presupuestos de derecho en que se basaron los actos
administrativos, y que se requerían para su existencia para que dejen de surtir
efectos, no obstante, estos últimos sí deben ser anulados por parte del juez
administrativo.
Ello, porque al operar dicha figura jurídica, se debe efectuar un pronunciamiento para
restablecer la legalidad de los mismos, por cuanto si los fundamentos jurídicos de la
Resolución 1116 de 22 de abril de 2004, con la que el Ministerio de la Protección
Social declaró ilegal el cese de actividades de los trabajadores de Ecopetrol S.A,
fueron contrarios a derecho «transgrediendo con ello (no se escuchó a los posibles
afectados y no se practicaron pruebas) los postulados del artículo 29 de la Carta Política
sobre la garantía del debido proceso que envuelve tanto a las actuaciones judiciales como a
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las administrativas» y porque no se brindaron «las garantías constitucionales y legales a
quienes podían resultar afectados con la decisión que habría de tomar», como lo declaró el
Consejo de Estado en la sentencia del 27 de octubre de 2011, no hay duda de que,
en consecuencia y por comunicabilidad de circunstancias, los actos disciplinarios que
se examinan, al haber sido fundados en dicha Resolución, son igualmente
vulneratorios de la Constitución y la ley, por lo tanto, son nulos, pero por los mismos
motivos que el Consejo de Estado anuló el acto que les sirvió de fundamento y que
los puso fuera del ámbito jurídico por decaimiento, por lo señalado se deberá
acceder a las súplicas de la demanda en este sentido.
Al prosperar la tesis del decaimiento de los actos sancionatorios, no es del caso
proceder a realizar el estudio respecto de los demás cargos endilgados, por
sustracción de materia.
Conclusión: la anulación del acto administrativo que sirvió de fundamento a los aquí
acusados hizo que estos perdieran automáticamente su sustento jurídico y, por
consiguiente, dejaran de ser aplicables. En ese orden de ideas, los planteamientos
esbozados en cuanto a la nulidad de las decisiones disciplinarias demandadas están
llamados a prosperar.
Segundo problema jurídico
¿El demandante tiene derecho al pago de los perjuicios morales que alega le fueron
generados con ocasión de la destitución de que fue objeto, mediante los actos
disciplinarios enjuiciados?
Al respecto la Subsección sostendrá la tesis de que el interesado no probó los
perjuicios que depreca con motivo de la expedición de los actos administrativos
disciplinarios, habida cuenta de que los elementos de juicio aportados al proceso no
llevan a este juez plural a la plena convicción de la existencia del padecimiento
deprecado, conforme se analiza a continuación.
Ahora, antes de examinar los medios de convicción allegados al plenario, ha de
señalarse que el accionante solicitó el reconocimiento de perjuicios morales para sí
mismo y para su cónyuge; en relación con ésta última se observa que esta Sala no
puede pronunciarse al respecto, toda vez que ni siquiera tiene la calidad de
demandante dentro de la presente litis. Nótese que en la demanda figura como único
accionante el señor Gerben Linington Castro Salazar, lo que se advierte desde el
encabezado mismo de dicho acto procesal cuando el abogado Carlos Augusto
Jaimes Bohórquez sostiene que obra de acuerdo al poder que le confirió aquel.
Lo enunciado, se acompasa con el acápite denominado «LAS PERSONAS EN EL PROCESO
Y SUS REPRESENTANTES», que se limita a anunciar como parte demandante al señor
Castro Salazar58. En igual sentido se indicó en el escrito de reforma de la demanda al
indicar que las partes dentro del proceso seguían siendo las inicialmente
enunciadas59.
En línea con lo anterior, se observa que, por activa, solo obra un poder en el
expediente y fue el que le confirió el demandante al abogado en cuestión de la
58 Folio 57 del cuaderno principal.
59 Folio 486, ídem.
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siguiente manera: «[…] GERBEN LININGTON CASTRO SALAZAR, mayor de edad, de
esta vecindad, identificado con la cédula de ciudadanía […] por medio del presente escrito
otorgo poder especial, amplio y suficiente al doctor CARLOS AUGUSTO JAIMES
BOHÓRQUEZ, abogado, identificado con la cédula de ciudadanía […], para que en mi
nombre y representación inicie y lleve hasta su terminación proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho contra LA EMPRESA COLOMBIANA DE PETRÓLEOS
“ECOPETROL S.A.” […]»60. (Se destaca). En los iguales términos fue sustituido el
poder a la abogada Edelmira Amaris Aussant61.
En esta medida, resulta diáfano que la única persona que constituyó apoderado
judicial para instaurar la demanda que dio origen al presente proceso fue el señor
Castro Salazar, quien no actuó más que a su nombre al momento de conferir tal
mandato. Lo anterior, aunado al hecho de que su cónyuge no fue anunciada como
parte actora en el libelo introductor, circunstancia que lleva a concluir que la señora
Lucero Villamil Fajardo no es demandante dentro del presente proceso, condición
básica que tendría que asistirle para que la jurisdicción pueda siquiera proceder al
estudio de procedencia de algún reconocimiento a su favor.
Si bien con la demanda se allegó el registro civil del matrimonio62 que contrajo el
actor con la señora Lucero Villamil Fajardo, el alcance de dicho documento no es
otro que acreditar el parentesco de aquella con el señor Gerben Linington Castro
Salazar, careciendo de todo valor a efectos de subsanar la omisión en que
incurrieron los citados para hacerse parte dentro de la relación jurídico procesal.
En este punto, es importante recordar que el derecho de acción se ha entendido
como aquel que faculta a toda persona a pretender la intervención del Estado en la
solución de las controversias que se suscitan en sociedad, lo que se logra a través
de mandatos que materializan la protección de intereses jurídicamente tutelados,
proferidos por la administración de justicia.
Sobre la materia, la Corte Constitucional ha señalado que «[…] el derecho de acción se
ejerce mediante la demanda. Su propósito es presentar unas pretensiones al Estado con el
fin de que las resuelva mediante sentencia dictada por un funcionario de la rama
jurisdiccional, por regla general […]»63.
Visto lo anterior, es preciso destacar como una de las características esenciales del
derecho de acción que es de carácter individual, de manera que en la composición
de un determinado litigio solo podrá tenerse como demandante a quien
efectivamente lo haya ejercido, bien sea en forma directa o por interpuesta persona.
En otras palabras, para ser parte demandante basta demandar, es el simple acto de
voluntad de promover la iniciación de un proceso judicial lo que da paso a que se
consolide tal condición.
El anterior planteamiento ha sido aterrizado coherentemente en el derecho de la
responsabilidad, donde la doctrina y la jurisprudencia sostienen como uno de los
elementos del perjuicio que sea personal. Esto significa que tan solo la víctima o sus
herederos tienen derecho a pretender su reparación.
60 Folio 58, ídem.
61 Folio 438, ídem.
62 Folio 59, ídem.
63 Sentencia C-551 del 12 de octubre de 2016, Referencia: Expediente D-11304.
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En tales condiciones, queda claro que el demandante pretende la reparación de un
daño moral a favor de su cónyuge quien no es parte del presente proceso y bajo
dicho entendido, no es posible analizar el posible detrimento para aquella; motivo por
el cual solo podrá analizarse respecto del señor Gerben Linington Castro Salazar.
De los perjuicios morales
El artículo 16 de la Ley 446 de 199864 prevé que «dentro de cualquier proceso que se
surta ante la Administración de Justicia la valoración de daños irrogados a las personas y a
las cosas, atenderá los principios de reparación integral y equidad y observará los criterios
técnicos actuariales.».
De acuerdo con la postura de esta Corporación65, la reparación integral a la que se
refiere ese artículo busca el restablecimiento del derecho, bien o interés
jurídicamente tutelado que fue afectado por el hecho dañoso. En ese sentido, ha
identificado una serie de perjuicios, entre ellos los morales, que están compuestos
«por el dolor, la aflicción y en general los sentimientos de desesperación, congoja,
desasosiego, temor, zozobra, etc., que invaden a la víctima directa o indirecta de un daño
antijurídico, individual o colectivo.».
Del mismo modo, la doctrina ha considerado que los daños morales son «esos
dolores, padecimientos, etc., que pueden presentarse solamente como secuela de los daños
infligidos a la persona. Que no son entonces daños propiamente dichos, y que por otra parte,
constituyen un sacrificio de intereses puramente morales, que justifican una extensión del
resarcimiento, esta vez con función principalmente satisfactoria.».66.
La jurisprudencia de esta Corporación67, ha señalado la necesidad de que quien
pretende el reconocimiento de esta clase de perjuicios acredite la ocurrencia de los
mismos, salvo en aquellos casos en que se presumen.68 Se ha indicado que para
que proceda el reconocimiento de la indemnización por concepto de perjuicios
morales en los procesos disciplinarios, es necesario convencer plenamente al juez
de la existencia de un padecimiento causado con ocasión de la sanción y la
publicidad que se hizo de la misma, de tal manera que este, dentro de su
discrecionalidad judicial, determine la magnitud del dolor padecido y con fundamento
en él, la indemnización a reconocer.
Ahora bien, el demandante aportó las siguientes pruebas con el fin de que le fueran
reconocidos los perjuicios morales presuntamente a él causados como consecuencia
de la sanción disciplinaria impuesta:
64 «Por la cual se adoptan como legislación permanente algunas normas del Decreto 2651 de 1991, se modifican
algunas del Código de Procedimiento Civil, se derogan otras de la Ley 23 de 1991 y del Decreto 2279 de 1989, se
modifican y expiden normas del Código Contencioso Administrativo y se dictan otras disposiciones sobre
descongestión, eficiencia y acceso a la justicia».
65 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 28 de agosto de
2014, radicado: 05001-23-25-000-1999-01063-01(32988).
66 SCOGNAMIGLIO Renato. El daño moral. Contribución a la teoría del daño extracontractual. Tratado de
Fernando Hinestrosa, Bogotá, Edit. Antares, 1962. pág. 46.
67 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B, sentencia del 10
de julio de 2014, radicado: 52001-23-31-000-2006-00268-01(0354-09), demandante: Hermes Sánchez Adrada.
Demandado: Procuraduría General de la Nación.
68 Por cuestiones de parentesco se presumen cuando se produjo la muerte de un ser querido, cuando alguien fue
privado de su libertad o cuando existen daños en la salud. Sentencia de unificación proferida el 28 de agosto de 2014,
Sección Tercera. Expediente: 31172.
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Demandante: Gerben Linington Castro Salazar
En efecto, se comisionó al Juzgado Único Administrativo del Circuito de
Barrancabermeja para recepcionar los testimonios de los señores Libardo Pertuz
González, Yasmín Villamil Fajardo, Alexander Galvis Ramírez y José Israel Rojas69,
audiencia que se llevó a cabo el 16 de junio y 26 de agosto de 2021 70, de la
siguiente manera:
• Yasmín Villamil Fajardo71 quien manifestó ser cuñada del aquí accionante,
conocerlo desde hace aproximadamente 30 años y le consta que el señor Gerben
Linington Castro Salazar se vinculó a Ecopetrol S.A. desde la década de los noventa
y continúa prestando sus servicios a dicha empresa en el cargo de operador de
planta.
«Preguntado: ¿infórmele al despacho si el señor Gerben Linington Castro Salazar se vio
involucrado en algún proceso disciplinario por cuenta de Ecopetrol? Contestó: Tengo
entendido de que Ecopetrol le abrió un proceso disciplinario, pero en realidad no sé a
ciencia cierta el motivo por el cual Ecopetrol le abrió ese proceso. Preguntado: ¿usted
sabe en qué terminó o cuál fue la decisión dentro de ese proceso disciplinario en contra del
señor Gerben Linington? Contestó: no. Preguntado: se dice en los hechos de la
demanda, que como consecuencia de ese proceso disciplinario contra el señor Gerben, se
produjeron unas consecuencias en el ámbito familiar, ¿conoce usted, qué efectos produjo
ese proceso disciplinario en el ámbito familiar del señor Gerben? Contestó: sí señor,
ocurrieron muchas cosas, ellos a raíz de eso, pues Gerben quedó inhabilitado, fue un
proceso sin trabajo, por lo que perdieron la casa que ellos tenían, la cual habían adquirido
a través de un préstamo que se le había hecho por Cavipetrol, y pues no pudieron pagar
las cuotas y debido a eso tuvieron que vender la casa y con eso devolverle la plata a
Cavipetrol, se quedaron sin casa, Gerben sin trabajo. En el ámbito de la salud también
ellos se vieron perjudicados, porque a raíz de eso ya no tuvieron más tratamientos, mi
hermana incluso estaba en un tratamiento de fertilidad y pues no pudieron continuar con
eso. De ahí, que cuando les tocó salir de la casa, ellos llegaron a la casa de mis papás y
ahí vivieron un tiempo, prácticamente como dicen en Colombia de arrimados, ellos tuvieron
una situación bastante complicada, bastante compleja, porque no tenían ingresos de
ninguna parte y a raíz de la inhabilidad que él tenía no le dieron trabajo en ninguna parte,
[ininteligible], pues su situación no les permitía llevar una calidad de vida y surgieron
muchas cosas a raíz de ese desplazamiento (sic) porque a ellos les tocó salir también de
Barranca por una situación familiar que se presentó, ellos después compraron un lote, y
después de eso se presentó una situación familiar y ellos tuvieron que salir de Barranca
para Bogotá. Fueron una cantidad de situaciones que se les presentaron, falta de un lugar
dónde vivir, de dónde estar bien, vivieron muchas situaciones complejas.
Preguntado (apoderada parte demandante): ¿infórmele al despacho cómo era el estado
emocional y el nivel socioeconómico de la pareja conformada por el señor Gerben y su
esposa durante el tiempo que permaneció trabajando en Ecopetrol? Contestó: gracias a
los ingresos y a la oportunidad que le dio Ecopetrol a Gerben de laborar allí, pues digamos
que ellos tenían una calidad de vida estable emocional y físicamente, estaban bien, eran
unas personas que dentro de la sociedad les permitía llevar una calidad de vida buena,
[…]. Preguntado: ¿cómo asumió la familia de Gerben confirmada por su esposa y su
familia extensa, la noticia de la destitución del cargo que el señor Gerben desempeñaba en
Ecopetrol, qué significó eso para toda la familia? Contestó: para los papás fue un golpe
fuerte porque dependían económicamente de él, también los hermanos dependían de él.
ÉL tenía una hermana menor y la mamá de Gerben también ha tenido complicaciones
médicas y ella no ha tenido una estabilidad laboral, y a raíz de eso [ininteligible] como ya
69 Folio 680 del cuaderno principal.
70 Archivos 09 y 013 del expediente electrónico del despacho comisorio visible en índices 69 y 70 de la plataforma
SAMAI.
71 Minuto 25:11 a 1:21.40, ídem.
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no hubo ingresos, a ellos les desmejoró la calidad de vida porque ellos también perdieron
el acceso a la salud, entonces también por ese lado se vieron perjudicados, aparte de ver a
su hijo destituido, eso acarrea problemas emocionales, son sentimientos que ya llegan a la
familia, porque cualquiera que tenga un familiar que sea destituido de su empleo pues eso
acarrea tristeza a su familia, emocionalmente ellos se vieron muy afectados, aparte que
son adultos mayores, entonces a ellos también les generó situaciones emocionales
bastante complejas, fue impacto bastante fuerte para la familia. Preguntado: para Gerben
y su esposa, la señora Lucero, ¿cómo fue esa afectación, por favor precísele al despacho?
Contestó: ellos emocionalmente se vieron muy afectados, ellos dependían de los ingresos
de Gerben, entonces ya no tener esos ingresos económicos pues eso desestabilizó
bastante el entorno familiar, teniendo en cuenta que ya no había cómo solventarlos, ya no
tenían su estilo y calidad de vida, ya no pudieron estudiar, ya no tuvieron ese respaldo
económico, perder su casa, tener que desplazarse, pasar necesidades básicas, a ellos la
canasta familiar fue lo primero que se les vio afectado, no tener un lugar dónde acogerse,
no tener una casa, ellos literalmente perdieron todo, quedaron en la calle.
Preguntado: ¿hubo alguna necesidad especial de los servicios de salud de que eran
beneficiarios de algún miembro del grupo en particular al ya no tener acceso a esos
servicios, informe cuál fue esa situación? Contestó: digamos que la más notoria fue el
tratamiento de fertilidad para mi hermana, se les quitó ese beneficio y el tratamiento se
detuvo. Preguntado: ¿con posterioridad al restablecimiento de Gerben al ser reintegrado 4
años y medio después, esa situación de salud se pudo superar y cómo fue el desenlace de
ese tratamiento de fertilidad? Contestó: sí, tengo entendido que Ecopetrol al reintegra a
Gerben pues obviamente tuvieron todos los beneficios de salud, y realmente no tengo
mucho conocimiento si después de eso fue que mi hermana reactivó el tratamiento, hasta
ahora no me he atrevido a preguntarle a mi hermana cómo concluyó esa situación del
tratamiento. Preguntado: ¿sabe si una vez que lo reintegraron el tratamiento de fertilidad
dio resultado y pudieron tener familia y eso significó que tuvieron que aplazar esa decisión
de vida de tener familia a raíz del despido de él? Contestó: sí claro, porque al interrumpir
el tratamiento evidentemente se desplazó la oportunidad que ellos fueran papás, se les
negó la oportunidad de ser papás en el momento que ellos querían y con prontitud, fue
tardía esa situación de llegar a ser papás, entonces también los afectó en ese ámbito.
Preguntado: ¿en su concepto, esa situación qué sufrimiento o qué afectación emocional
causó en Gerben y su esposa? Contestó: sí, pues fue bastante frustrante para ellos
porque es una ilusión que toda mujer tiene, entonces el no poder ser mamá en el tiempo
que uno quiere acarrea sentimientos emocionales que afloran, por ejemplo ella tiene
sobrinos y verlos y no poder ser mamá esto también la afectaba mucho, y Gerben también
fue bastante tocado al tener que desplazar esa opción de ser papá, entonces para él
también fue bastante frustrante […]; ellos se casaron con esta ilusión de ser padres, tener
una descendencia. […]. Agregó que tuvieron un aislamiento social porque ya no tenían la
disponibilidad económica, desplazándolos de su entorno. Preguntado: ¿fueron objeto de
rechazo de la comunidad por esa pérdida del empleo? Contestó: pues se llega sentir
incómodo presentarse en un evento donde los demás compañeros siguen laborando,
alguien así específicamente que los haya señalado tampoco, pero es difícil manejar una
situación así. Preguntado (apoderada entidad demandada): ¿cómo tuvo conocimiento
usted cuando señaló que al señor Gerben se le dio una muerte laboral? Contestó: porque
yo soy cuñada de Gerben y hemos tenido una cercanía familiar, entonces esto me ha
permitido conocer de cerca las situaciones por las que él ha atravesado. […]. Preguntado:
¿si el señor Gerben llevaba más de una década de vinculación a Ecopetrol, sabe usted en
que utilizó el dinero por concepto de la liquidación laboral que recibió una vez se
desvinculó? Contestó: no, yo tengo entendido que a él lo despidieron sin haberle dado
ningún valor económico. […].
Preguntado: ¿sabe usted si el señor Gerben durante el tiempo de desvinculación intentó
algún negocio o actividad independiente para garantizar el sustento de su familia?
Contestó: sí claro, ellos intentaron tener un internet que también fue con un préstamo,
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pero tampoco pudieron tener ingresos de ese negocio, no fue próspero para ellos, inclusive
ellos tuvieron que desplazarse a Bogotá por una situación que también se sumó a ello.
Preguntado: ¿ellos no pudieron continuar con el negocio de internet porque tuvieron que
desplazarse a Bogotá? Contestó: sí, porque a ellos les tocó salir de Barranca, entonces
les tocó dejar el negocio a terceros y lo perdieron. Preguntado: ¿ese desplazamiento que
usted refiere tiene relación con el proceso disciplinario que Ecopetrol le inició al señor
Gerben? Contestó: no, ese desplazamiento se dio por una situación familiar que hubo y
esto los obligó a salir de Barranca. Preguntado: ¿por cuánto tiempo adelantó el negocio
que usted refiere? Contestó: fue por poco tiempo, exactamente no recuerdo cuánto tiempo
duraron con el negocio. Preguntado: ¿tiene usted conocimiento si la esposa del señor
Gerben realizó algún tipo de actividad laboral que le permitiera mantener el sustento de su
familia? Contestó: mi hermana tuvo una vinculación laboral pero fue también muy poco
tiempo, porque también a raíz de la situación laboral ellos tuvieron que irse de Barranca,
ellos duraron mucho tiempo de un lugar para otro, no tenían una estabilidad no económica
ni social». Agregó que como perdieron la vivienda tuvieron que comprar un lote y
tuvieron un problema con las AUC por lo que salieron de la ciudad para vivir en
Bogotá.
• Alexander Galvis Ramírez72, quien indicó laborar en Ecopetrol S.A. como
operador de refinería desde hace más de 20 años y conocer al demandante desde el
año 2001, como compañero de trabajo. Sostuvo que el proceso disciplinario que se
llevó a cabo en contra del señor Castro Salazar fue con ocasión de la huelga de la
USO en el año 204 y que tuvo como consecuencia su destitución del cargo en
Ecopetrol S.A.
«Preguntado: ¿infórmele al despacho si usted sabe o le consta, qué consecuencias desde
el punto de vista económico trajo para el señor Gerben Linington Castro Salazar y su
núcleo familiar la sanción que se le impuso en ese proceso disciplinario ? Contestó:
me consta, porque cuando él sale despedido como todos sabemos acá, todos tenemos un
proyecto de vida, entonces cuando él fue despedido, para él y su familia fue impacto tanto
económico como emocional bastante grande, nosotros acá a través de rifas, a través de
reuniones le ayudamos con una parte económica y se la hacíamos llegar a la casa de él,
esas ayudas salían de cada uno de los salarios de nosotros. Lo otro que yo pude ver en
ese momento es que Gerben salió con alguna perturbación digamos que emocional porque
un despido no es nada fácil para él y obviamente para su familia, entonces lo invitábamos
a reuniones como partidos de fútbol, como algunos cumpleaños, para tratar de motivarlo,
pero el hombre no podía asistir, pues digamos por la misma situación. Preguntado: ¿sabe
usted si el señor Gerben tenía personas que dependieran de él económicamente antes del
despido? Contestó: sí claro, su esposa y sus padres, no conozco el nombre de sus
padres, pero sí claro dependían económicamente de él. Preguntado (apoderada parte
demandante): […] ¿infórmele al despacho si le consta aspectos más detallados de la
situación económica y emocional del señor Gerben Castro y su familia después del
despido? Contestó: como le acabé de mencionar al señor juez, pues la parte económica
fue impactante para él y su familia, a tal punto que nosotros los compañeros hacíamos rifas
y cualquier otra situación para poderle recoger dinero, y lo mismo que la parte emocional
ya él no se reunía con nosotros, ya él se aisló completamente porque es una situación muy
difícil. Preguntado: ¿en relación con la pérdida de la vivienda y el sitio donde tuvo que ir a
vivir, usted pudo presenciar la diferencia de calidad de vida que el señor Gerben tuvo que
soportar? Contestó: sí claro, las condiciones económicas impactan a tal punto que ya el
pago de los servicios me imagino que tuvo que cambiar, o sea, claro que sí. Preguntado:
¿precise al despacho en qué condiciones estaba viviendo antes y en qué condiciones tuvo
que asumir una nueva vivienda, comparando las calidades de las viviendas? Contestó:
digamos que al llegar allá a mirar pues no conocí realmente la otra vivienda donde él
72 Minuto 1:23:56 a 1:43:58, ídem
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estaba, pero digamos que por todo lo que nosotros hacíamos aquí para recolectar dinero
para algunos fondos me imagino que tuvo que cambiar.».
La apoderada sustituta de la parte demandante desistió del testimonio del señor
Libardo Pertuz González73.
• José Israel Rojas74 el cual señaló que conoce al demandante hace más de 30
años pues es el padrino de una de sus hijas y «supone» que nuevamente el
accionante se encuentra vinculado a Ecopetrol S.A.
«Preguntado: ¿conoce los vínculos familiares del señor Gerben? Contestó: está casado
con Lucero y tiene hijos. Preguntado (apoderada parte demandante): ¿le puede
informar el señor juez dónde vivía el señor Gerben hasta el momento de ser retirado de
Ecopetrol? Contestó: él vivió el Barrancabermeja en el Barrio Galán. Preguntado:
¿usted manifestó que eran vecinos? Contestó: la esposa de él, en ese tiempo que eran
novios, es decir vecinos pero de la esposa de él en el Barrio Gaitán. Preguntado: ¿?
Contestó: Preguntado: ¿infórmele al señor juez si después de que fue despedido de
Ecopetrol, el señor Gerben continuó viviendo ahí en el mismo barrio? Contestó: no,
después de que fue despedido de Ecopetrol la vida le cambió, pasó de vivir en un barrio
estrato 5 o estrato 6 a un rancho por allá en una invasión. Preguntado: ¿tuvo usted
conocimiento de hechos en la parte económica del señor Gerben por su despido de
Ecopetrol? Contestó: claro sí, rebuscarse, ya le tocó ponerse a vencer una cosa y la
otra, rebuscarse lo de la comida de él y de su mujer, no es lo mismo tener un salario fijo a
ser independiente como lo soy yo, pasó dificultad, incluso allá en Barranca por estar en
esa invasión también tuvo problemas, no que este lote es mío que es de otro, y se le
presentaron muchos problemas como a cualquier persona que deja de trabajar en
Ecopetrol o cualquier persona que sea uno fijo a ir a trabajar al rebusque, usted sabe
cómo es eso. […]. Mi residencia es Barrancabermeja pero yo me la paso más en San
Pablo que en Barranca. Preguntado: ¿tuvo usted conocimiento si él trató de buscar
trabajo en otra empresa? Contestó: sí, nadie le daba trabajo porque prácticamente
Ecopetrol le cerró las puertas y ahí fue cuando le tocó trabajar de su parte,
independiente, tocó muchas puertas (sic) pero como que no le funcionó. Preguntado:
¿qué cambios percibió usted a raíz del despido de Ecopetrol en la familia del señor
Gerben y su señora? Contestó: no, un cambio muy verraco, como le decía yo al señor
juez, uno pasar de vivir en estrato 6 a irse a vivir en una invasión, y por acá en
Barrancabermeja siempre se ha sabido que es una zona roja y siempre se ha vivido con
la zozobra y todo, cualquiera en lugar del compadre le da miedo, pero ya por la
necesidad a él le tocó meterse por allá en esa invasión y lógico que la vida le cambió, eso
adaptarse no es nada fácil, como cuando uno es rico y pasa a ser pobre. Preguntado
(apoderada entidad demandada): ¿usted vivió en el Barrio Galán? Contestó: no, yo no
viví allí. Preguntado: ¿usted fue vecino de la familia conformada por el señor Gerben y
su esposa? Contestó: no, yo fui vecino de Lucero que hoy en día fue la esposa de él,
que éramos vecinos, pero de ella, en el Barrio Galán yo nunca he vivido. Preguntado:
¿el vínculo que usted tiene con el señor Gerben es de compadre y no de vecino?
Contestó: sí, es de compadres. […]. Preguntado: ¿usted recuerda el nombre del barrio
de invasión en el que señala que vivió el señor Gerben? Contestó: no sé cómo se
llamaba antes pero ahora se llama el 22 de marzo.» La apoderada de Ecopetrol S.A.
tachó el testimonio de conformidad con el artículo 211 del CGP, en razón al
vínculo creado entre el deponente y el demandante.
Ahora bien, antes de entrar a analizar la prueba testimonial practicada, es preciso
efectuar el pronunciamiento de la tacha realizada al señor José Israel Rojas por
73 Minuto 16:40 a 17:44, ídem.
74 Minuto 14:40 a 38:04, ídem.
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parte de la entidad demandada. Al respecto, se observa que el artículo 211 del
Código General del Proceso, en relación con esta figura jurídica dispone:
«Artículo 211. Imparcialidad del testigo. Cualquiera de las partes podrá tachar el
testimonio de las personas que se encuentren en circunstancias que afecten su
credibilidad o imparcialidad, en razón de parentesco, dependencias, sentimientos o
interés en relación con las partes o sus apoderados, antecedentes personales u otras
causas.
La tacha deberá formularse con expresión de las razones en que se funda. El juez
analizará el testimonio en el momento de fallar de acuerdo con las circunstancias de cada
caso. […]». (Negrillas fuera del texto original).
De esta forma, la tacha es un cuestionamiento que se realiza respecto del
declarante, bien por sus calidades personales, por sus relaciones afectivas o
convencionales con las partes, de modo que su declaración pueda estar influenciada
por elementos ajenos a su simple percepción, lo que lo torna en «sospechoso».
Son entonces los fundamentos de la tacha: i) la inhabilidad del testigo, ii) las
relaciones afectivas o comerciales, iii) la preparación previa al interrogatorio, iv) la
conducta del testigo durante el interrogatorio, v) el seguimiento de libretos, vi) la
ausencia de concordancia entre las calidades del testigo y su lenguaje y; vii) la
incongruencia entre los hechos narrados.
En línea con lo expuesto, es dable señalar que la manifestación que se realice en
relación con la duda en la imparcialidad del testigo, no genera de entrada la
necesidad de enjuiciar la admisibilidad o no de la prueba, sino que obliga a examinar
con mayor rigor la declaración para verificar que sea consistente y objetiva. En este
sentido se examinarán las declaraciones de los señores José Israel Rojas y Yasmín
Villamil Fajardo, pues si bien ésta última no fue objeto de tacha, lo cierto es que
afirmó ser cuñada del demandante y en esa medida podría tener interés en las
resultas del proceso.
De la relación probatoria que antecede, al analizar el dicho de la señora Yasmín
Villamil Fajardo se observa que aquella aludió que toda la familia se vio afectada
emocionalmente porque su esposa y sus padres dependían económicamente de él,
circunstancia que no puede ser objeto de examen en el sub lite habida cuenta de
que no son demandantes en el presente proceso.
De otro lado, expuso que la cónyuge del señor Gerben Linington se encontraba en
un tratamiento de fertilidad el cual se vio interrumpido con ocasión de la destitución
del trabajador, y se vio afectado «al tener que desplazar esa opción de ser papá,
entonces para él también fue bastante frustrante […]; ellos se casaron con esta ilusión de
ser padres, tener una descendencia», empero esta situación no fue probada con la
debida historia laboral o soportes médicos que dieran cuenta de que en efecto, se
encontraban en dicho procedimiento de salud y que a raíz de ello, debieron
suspenderlo. Sumado a lo anterior al ser indagada de que, si al ser reintegrado el
accionante pudieron continuar con aquel método para fecundar, manifestó que sí,
que tuvieron hijos, sin embargo, que ella no se atrevió a preguntarle a su hermana si
los hijos que procrearon fueron producto de la fertilización, motivo por el cual la
mentada situación tampoco se encuentra plenamente acreditada y que permite
deducir de acuerdo a las reglas de la sana crítica, que la testigo, que valga anotar,
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tenía lazos familiares con el señor Castro Salazar y su esposa, no le constaban las
condiciones reales y de aparente sufrimiento que vivió el demandante como
consecuencia de la aludida interrupción del tratamiento médico.
Asimismo, la deponente Villamil Fajardo puntualizó que a raíz de la desvinculación
del señor Gerben Linington de Ecopetrol S.A., perdieron su vivienda y se vieron
abocados a venderla y con el dinero producto de dicho negocio jurídico pagaron el
crédito hipotecario que recaía sobre el bien inmueble, no obstante tampoco se
aportaron medios de convicción documentales que apoyen dicha afirmación, tales
como el certificado de libertad u otros que demostraran la compra o venta de su
vivienda. Igual análisis conlleva al señalamiento de que tuvieron que adquirir un
predio en una invasión, habida cuenta de que no se arrimaron al plenario otros
medios que permitan tener por cierto tal circunstancia.
Las observaciones efectuadas por la testigo en relación con que se desestabilizó
bastante el entorno familiar ya que le fue imposible continuar con la calidad de vida
que antes poseían, pues el accionante durante ese tiempo no pudo ejercer ninguna
labor económica que supliera los gastos, lo cierto es que dicha afirmación se
desvirtúa con el dicho del señor José Israel Rojas quien advirtió que le consta que
aquel ejerció varias actividades económicas de forma independiente.
Sobre el particular, se destaca que el legislador consagró un régimen disciplinario el
cual se encuentra dispuesto en la Ley 734 de 2002, que es aplicable a los servidores
públicos, que en caso de ser incumplido, el Estado, en virtud de la potestad
disciplinaria, tiene la facultad de iniciar las actuaciones administrativas que considere
pertinentes tendientes a establecer las faltas cometidas en ejercicio de sus
funciones, así como su responsabilidad.
Así las cosas, la sanción disciplinaria que se le imputa a un servidor público es el
resultado de una decisión administrativa luego de haber dado trámite a un
procedimiento dentro del cual el investigado tuvo la oportunidad de ejercer su
derecho de defensa y contradicción. Dicha sanción, si bien, en principio, impide el
acceso a cargos públicos y a devengar un salario, también lo es, que no vulnera el
derecho al trabajo, en tanto que dicha limitación se presenta solamente en la esfera
del empleo público, razón por la cual no podría decirse que toda decisión disciplinaria
conlleva a la materialización de perjuicios morales75.
Al efectuar el estudio del dicho del señor Alexander Galvis Ramírez se observa que
aquel emite juicios subjetivos tales como «Gerben salió con alguna perturbación digamos
que emocional porque un despido no es nada fácil para él y obviamente para su familia,
entonces lo invitábamos a reuniones como partidos de fútbol, como algunos cumpleaños,
para tratar de motivarlo, pero el hombre no podía asistir, pues digamos por la misma
situación» o «sí claro, las condiciones económicas impactan a tal punto que ya el pago de
los servicios me imagino que tuvo que cambiar, o sea, claro que sí», sin llegar a ahondar
de qué forma percibió su congoja y sufrimiento como consecuencia de la
desvinculación de la entidad y no otorga más elementos de juicio que permitan
verificar que tiene conocimiento pleno de que la desvinculación en efecto le originó
un daño moral.
75
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 31 de octubre de 2019, radicado: 11001-
03-25-000-2010-00287-00(2382-10).
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En iguales condiciones se presenta el testimonio del señor José Israel Rojas el cual
al ser indagado sobre las implicaciones emocionales del demandante señaló «un
cambio muy verraco, como le decía yo al señor juez, uno pasar de vivir en estrato 6 a irse a
vivir en una invasión, y por acá en Barrancabermeja siempre se ha sabido que es una
zona roja y siempre se ha vivido con la zozobra y todo, cualquiera en lugar del compadre
le da miedo, pero ya por la necesidad a él le tocó meterse por allá en esa invasión y lógico
que la vida le cambió, eso adaptarse no es nada fácil, como cuando uno es rico y pasa a ser
pobre», sin mencionar detalles específicos de la intensidad o causa del deprecado
dolor con ocasión del retiro del servicio.
Aunado a ello, efectuó manifestaciones de carácter subjetivo sin un respaldo
probatorio al enunciar que «nadie le daba trabajo porque prácticamente Ecopetrol le
cerró las puertas y ahí fue cuando le tocó trabajar de su parte, independiente, tocó muchas
puertas (sic) pero como que no le funcionó», circunstancia que nunca fue alegada dentro
del plenario y mucho menos demostrada en la litis, pues no se arguyó ningún
momento que la entidad demandada llevó a cabo medidas tendientes a impedir el
ejercicio de actividad laboral y económica del señor Castro Salazar posterior a
destitución, situación que prueba un grado de opinión personal en el dicho del
testigo.
Bajo esta línea argumentativa, no se evidencia afectación emocional de la que se
genere el resarcimiento del perjuicio moral deprecado, pues a pesar de que la
imposición de una sanción disciplinaria le haya podido generar un decrecimiento de
orden económico, ello no constituye per se razón suficiente para tener como
demostrado el daño alegado, toda vez que con los testimonios practicados no fueron
aportados otros medios de prueba que permitan corroborar tales manifestaciones, en
relación con la pérdida de la vivienda, la interrupción de tratamiento médico de
fertilidad de su cónyuge o que, durante los cuatro años aproximadamente en que
estuvo desvinculado le fue imposible ejercer actividad económica alguna que le
originó una profunda tristeza y congoja.
Aunado a ello, el presunto dolor o congoja se detuvo con el cumplimiento del fallo
tutela del 22 de julio de 2010 proferido por el Tribunal Superior de Cúcuta, que
ordenó a la empresa petrolera reintegrar y reconocer en favor de los accionantes,
entre ellos el señor Castro Salazar, los salarios y prestaciones que dejaron de
percibir, considerándose para todos los efectos legales que no había existido
solución de continuidad.
En tales condiciones, no es posible acceder al pago de los perjuicios que solicita el
demandante le deben ser reconocidos y que señala le fueron ocasionados como
consecuencia de la expedición de las decisiones enjuiciadas.
En conclusión: los elementos de probatorios aportados al proceso no llevan a este
juez plural a la plena convicción de la existencia de un padecimiento causado con
ocasión de la sanción disciplinaria impuesta al señor Gerben Linington Castro
Salazar y en estas condiciones es improcedente el reconocimiento y pago de
perjuicios morales a su favor.
Del restablecimiento del derecho
Reclama la parte demandante, se ordene el reintegro a un cargo de igual o superior
categoría, declarando la no solución de continuidad, y el pago de los salarios y
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prestaciones legales y extralegales, desde la fecha de retiro y hasta que sea
vinculado nuevamente.
No obstante ello, se observa que acorde con certificación del 24 de septiembre de
2010, signada por el gerente de la Regional de Servicios al Personal Magdalena
Medio de Ecopetrol S.A., el señor Gerben Linington Castro Salazar fue reintegrado al
empleo que desempeñaba al momento de la desvinculación a partir del 28 de julio de
la anualidad en comento76.
De igual manera, en el expediente obran los Oficios del 3 de noviembre y del 14 de
diciembre de 2010, suscritos por Ecopetrol S.A. donde se hacen constar la
liquidación efectuada entre otros, a favor del demandante por concepto de salarios y
prestaciones sociales desde la fecha del retiro del servicio hasta su reintegro 77, con
ocasión del cumplimiento de la sentencia del 22 de julio de 2010, proferida por el
Tribunal dl Distrito Judicial de Cúcuta, Sala Laboral, que ordenó el reintegro sin
solución de continuidad de los accionantes, entre los que se encuentra el accionante,
a los mismos cargos o a otros de igual o superior jerarquía y que participaron en el
cese de actividades el 22 de abril de 2004 en las instalaciones de Ecopetrol S.A. 78
Las anteriores circunstancias fueron afirmadas tanto por la parte demandante 79 como
por Ecopetrol S.A.80, al señalar que la entidad demandada cumplió con su obligación
de reconocer y pagar los salarios y demás emolumentos de naturaleza laboral y
prestacional a que había lugar con ocasión del reintegro.
Finalmente, se ordenará a la Procuraduría General de la Nación que a través de la
División de Registro y Control inscriba esta decisión en el Sistema de Información de
Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI) y, en consecuencia, elimine la
anotación de la sanción impuesta.
DECISIÓN DE ÚNICA INSTANCIA
Al encontrarse probada la causal de nulidad de pérdida de fuerza de ejecutoria en
contra de los actos acusados, la Subsección accederá a las pretensiones de la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho presentada por el señor Gerben
Linington Castro Salazar, en contra de la Empresa Colombiana de Petróleos,
Ecopetrol S.A. únicamente respecto de la anulación de los actos administrativos
sancionatorios demandados.
CONDENA EN COSTAS
No hay lugar a condenar en costas porque no se demostró temeridad o mala fe de
las partes, tal y como lo regulaba el artículo 171 del CCA81 vigente para este
proceso, que consagraba un criterio subjetivo para efectos de la imposición de
costas.
76 Folios 102 a 103 del cuaderno 6.
77 Folios 598 y 590 del cuaderno principal.
78
Folios 605 a 611, ídem.
79 Folios 485 a 493, ídem.
80 Índices 84, 85 y 86 de la plataforma SAMAI.
81 CCA, artículo 171: «Condena en costas. En todos los procesos, con excepción de las acciones públicas, el
juez, teniendo en cuenta la conducta asumida por las partes, podrá condenar en costas a la vencida en el
proceso, incidente o recurso, en los términos del Código de Procedimiento Civil».
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Demandante: Gerben Linington Castro Salazar
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Declarar la nulidad de las decisiones del 14 de marzo de 2006, expedida
por la Oficina de Control Interno Disciplinario de la Empresa Colombiana de
Petróleos, Ecopetrol S.A., a través de la cual se sancionó disciplinariamente al señor
Gerben Linington Castro Salazar con destitución e inhabilidad para ejercer cargos
públicos por 12 años, y del 26 de mayo de la citada anualidad, por el cual el
presidente de la entidad en comento, modificó la anterior decisión al reducir la
inhabilidad a 10 años y 1 mes, y confirmó en lo demás la sanción primigenia.
Segundo: Ordenar a la Procuraduría General de la Nación que a través de la División
de Registro y Control inscriba esta decisión en el Sistema de Información de Registro
de Sanciones e Inhabilidades (SIRI) y, en consecuencia, elimine la anotación de la
sanción impuesta al señor Gerben Linington Castro Salazar.
Tercero: Denegar las demás pretensiones de la demanda.
Cuarto: Sin condena en costas.
Cuarto: Ejecutoriada esta providencia, háganse las anotaciones pertinentes en la
plataforma SAMAI.
Notifíquese y cúmplase
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Aclara voto
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente
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