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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-31-000-2010-01857-02

Fecha
7 de mayo de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-31-000-2010-01857-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. AVOCAR conocimiento del proceso de la referencia, por las razones expuestas en la parte motiva. Segundo. ADICIONAR el ordinal cuarto de la sentencia apelada, de la siguiente manera: «La bonificación por compensación únicamente constituye factor salarial para efectos de cotización a pensión y no incide en la liquidación de prestaciones sociales.» Tercero. CONFIRMAR en lo demás la sentencia proferida el veintiocho (28) de marzo de dos mil veintidós (2022) por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por medio de la cual accedió parcialmente a las pretensiones. Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8 Radicado: 76001-23-31-000-2010-01857-02 (4091-2022) Cuarto. Sin condena en costas en esta instancia. Quinto. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones pertinentes en el aplicativo SAMAI. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-31-000-2010-01857-02

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

7 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., siete (7) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 76001-23-31-000-2010-01857-02 (4091-2022)
Demandante: Bertha Lucía Luna Benítez
Demandado: Nación — Rama Judicial — Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial

Temas: Bonificación por compensación. Factor salarial. Efectos de la
nulidad del Decreto 4040 de 2004. Competencia del superior.
MODIFICA SENTENCIA

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA (Decreto 01 de 1984)

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la demandada contra la
sentencia proferida el veintiocho (28) de marzo de dos mil veintidós (2022) por
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por medio de la cual accedió
parcialmente a las pretensiones.

ANTECEDENTES

1. La señora Bertha Lucía Luna Benítez instauró demanda1 en contra de la Nación
— Rama Judicial — Dirección Ejecutiva de Administración Judicial en ejercicio
de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo
85 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984), con el fin de
que se acceda a las siguientes

PRETENSIONES

2. Que se declare la nulidad de la Resolución 2409 del 27 de abril de 2010, por
medio de la cual la entidad negó el reajuste salarial. Como restablecimiento del
derecho, sea condenada a pagar, de manera indexada, la bonificación por
compensación prevista en el Decreto 610 de 1998 y se ordene su liquidación
teniendo en cuenta que los magistrados de altas cortes perciben los mismos
ingresos laborales de los congresistas, conforme al artículo 15 de la Ley 4ª de
1992.

1 Folios 77 a 101.

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HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:

3. Que ha desempeñado el cargo de magistrada del Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca desde el 11 de enero de 1989 al menos hasta la presentación
de la demanda. Que de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 4040 de
2004, desistió de la demanda previamente presentada y no promovió
controversia respecto de la bonificación por compensación.

4. Afirmó que mediante acción de tutela se ordenó el reconocimiento y pago del
mencionado emolumento en los términos del Decreto 610 de 1998, desde el 1.°
de enero de 2001; sin embargo, en el cumplimiento de dicha decisión la entidad
no incluyó las cesantías de los congresistas en la base liquidación de la
remuneración de los magistrados de altas cortes.

5. Que el 18 de enero de 2010 solicitó la reliquidación de sus salarios teniendo en
cuenta la realidad jurídica de los ingresos de los magistrados de altas cortes,
pero la administración negó su petición a través del acto acusado.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

6. Considera violados los artículos 13, 25, 53, 122 al 131 y 150 de la Constitución
Política; 1, 2 y 15 de la Ley 4 de 1992; 1 y 2 del Decreto 10 de 1993; 11, 19, 125,
127, 128 Ley estatutaria de la Administración de justicia N.° 270 de 1996; 127 y
128 del Código Sustantivo del Trabajo; 85 del Código Contencioso
Administrativo; Decreto Ley 3135 de 1968 y Decretos 1950 de 1973; 10 de 1993;
4040 de 2004 y 610 de 1998.

7. Que la entidad no ha incluido dentro de la remuneración de los magistrados de
altas cortes el valor de las cesantías percibidas por los congresistas, alterando
la equivalencia entre ambos ingresos laborales y reduciendo la base del cálculo
de la remuneración de dichos funcionarios judiciales, impactando directamente
los salarios y prestaciones de los magistrados de tribunal. Con ello, desconoció
lo previsto en el artículo 15 de la Ley 4.ta de 1992; criterio que ha sido rechazado
por la jurisprudencia del Consejo de Estado al considerarlo abiertamente ilegal.

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

8. La demanda fue admitida el 12 de diciembre de 20112. La entidad manifestó3
que las cesantías no constituyen un ingreso permanente y no pueden incluirse
para calcular el 80 % previsto en el Decreto 610 de 1998, pues ello excedería

2 Folio 241.
3 Folios 254 a 259.

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los límites salariales fijados legalmente. También sostuvo que la prima especial
de servicios no tiene carácter salarial y, por tanto, no puede integrar la base de
liquidación de la bonificación por compensación.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN4

9. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia del 28 de
marzo de 2022, accedió parcialmente a las pretensiones. Expresó que a la
actora le asiste derecho a la reliquidación de su salario en aplicación de la
sentencia del 18 de mayo de 2016 proferida por la Sala de Conjueces del
Consejo de Estado, pues la norma que regula a su caso es el Decreto 610 de
1998, la cual consagra la bonificación por compensación, equivalente al 80 % de
lo que por todo concepto devenga un magistrado de alta corte, incluyendo las
cesantías.

10. Sin perjuicio de lo anterior, solo reconoció el derecho a partir del 3 de diciembre
de 2004 hasta la fecha en la que la actora se retire de la entidad, teniendo en
cuenta que realizó la reclamación administrativa el 20 de enero de 2010, esto
es, antes de la fecha de ejecutoria del fallo que declaró la nulidad del Decreto
4040 de 2004.

RECURSO DE APELACIÓN

11. La parte demandada5 interpuso recurso de apelación por considerar que el
Decreto 4040 de 2004 produjo efectos durante todo el tiempo de su vigencia,
esto es, hasta el año 2011, por cuanto la sentencia que declaró su nulidad surte
efectos hacia el futuro, contados desde la ejecutoria del respectivo fallo. Con
fundamento en ello, sostuvo que a la actora no le asiste derecho al
reconocimiento del retroactivo del 80%.

12. Además, enfatizó en que la bonificación por compensación únicamente tiene
incidencia salarial para efectos de la cotización al Sistema de Seguridad Social.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

13. El 7 de mayo de 20246 se admitió el recurso. Las partes presentaron sus
alegatos de conclusión7. Puntualmente, la demandante manifestó que no resulta
procedente aplicar la prescripción fijada en la sentencia del 2 de septiembre
2019, porque el artículo 41 del Decreto 3135 de 1968 fue derogado. Agregó que
el término para ejercer las acciones derivadas de los derechos consagrados en
dicha norma únicamente puede contabilizarse desde el momento en que la
respectiva obligación se haga exigible.

4 Ver índice 66 de SAMAI—Tribunales.
5 Ver índice 69 de SAMAI—Tribunales.
6 Ver índice 25 de SAMAI.
7 Ver SAMAI índices 36 y 37.

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14. El Ministerio Público guardó silencio.

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES
Avoca conocimiento

15. Cuando se modifica la integración de la sala, los nuevos magistrados desplazan
a los conjueces, siempre que respecto de aquellos no se predique causal de
impedimento o recusación, como ocurre en este caso8; por ello se avocará
conocimiento del proceso.

16. La Sala debe determinar si la demandante tiene derecho al reconocimiento y
pago de la bonificación por compensación prevista en el Decreto 610 de 1998
en consideración a los efectos de la nulidad del Decreto 4040 de 2004, y si esta
constituye factor salarial para efectos de liquidar prestaciones sociales.

Marco normativo y jurisprudencial

Bonificación por compensación

17. La bonificación por compensación fue creada mediante el Decreto 610 de 1998
tras el reconocimiento de una brecha salarial entre los magistrados de tribunal y
otros funcionarios frente a los magistrados de altas cortes, pues para ese
momento aquellos percibían apenas el 46 % de la remuneración de estos
últimos.

18. Con tal finalidad, la norma adoptó un esquema de nivelación salarial progresiva,
mediante el cual se dispuso un incremento gradual de los ingresos laborales de
los funcionarios destinatarios del decreto9, iniciando en 1999 con un
reconocimiento equivalente al 60% de lo percibido por los magistrados de las
altas cortes y alcanzando el 80% en el 2001. Con ese propósito, la norma
dispuso una nivelación progresiva de sus ingresos, hasta alcanzar el 80 % de lo
devengado por estos últimos.

8 La Sección Segunda, actualmente, declara infundados los impedimentos manifestados por los integrantes de

la Sala, en los casos en que no se demuestre un interés actual directo o indirecto. En efecto, así se observa en
la siguiente decisión: Consejo de Estado. Auto del 6 de febrero de 2025. C.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
41001-23-33-000-2012-00203-04 (1969-2022).
9 Artículo 2.°, Decreto 610 de 1998: «La Bonificación por Compensación de que trata el artículo anterior, se

aplicará a los Magistrados de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, Contencioso Administrativo,
Nacional y Superior Militar; a los Magistrados Auxiliares de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional,
y el Consejo Superior de la Judicatura; a los Abogados Auxiliares del Consejo de Estado; a los Fiscales y Jefes
de Unidad ante el Tribunal Nacional; a los Fiscales del Tribunal Superior Militar, los Fiscales ante el Tribunal de
Distrito, y los jefes de Unidad de Fiscalía ante Tribunal de Distrito.»
Adicionado por el artículo 1 del Decreto 1239 de 1998: «a los Secretarios Generales de la Corte Suprema de
Justicia, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional y al Secretario Judicial de la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.»

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19. Con la expedición del Decreto 2668 de 1998 se derogaron los Decretos 610 de
1998 y el 1239 del mismo año—que lo había adicionado—, lo que impedía la
posibilidad de reclamar la Bonificación por Compensación. Sin embargo, dicha
disposición fue declarada nula mediante sentencia de la Sala de Conjueces de
la Sección Segunda del Consejo de Estado, del 25 de septiembre de 200110, con
lo cual recobraron vigencia los decretos derogados y se restableció la mentada
bonificación, configurándose este como un primer momento en que la asignación
resultó plenamente exigible.

20. No obstante, en el año 2004, mediante el Decreto 4040 el Gobierno Nacional
creó la denominada «Bonificación de Gestión Judicial», destinada a los mismos
beneficiarios del Decreto 610 de 1998, con el propósito de nivelar sus
emolumentos hasta en un 70% de lo devengado, por todo concepto, por los
magistrados de las altas cortes.

21. Esta medida se adoptó pese a la existencia previa de la Bonificación por
Compensación, que perseguía el mismo objetivo de subsanar la desigualdad
salarial, lo que dio lugar a la concurrencia de dos regímenes salariales aplicables
a un mismo grupo de servidores públicos. En ese contexto, el régimen
introducido por el Decreto 4040 de 2004 (incompatible con la Bonificación por
Compensación) reconoció un porcentaje inferior de nivelación salarial y
condicionó su acceso al desistimiento de las acciones judiciales promovidas con
ocasión de la bonificación del Decreto 610 de 1998 o, en su defecto, a la
suscripción de contratos de transacción cuando no se hubieran formulado
reclamaciones previas.

22. El Decreto 4040 de 2004 fue objeto de control jurisdiccional y, mediante
sentencia del 14 de diciembre de 201111, la Sala de Conjueces de la Sección
Segunda del Consejo de Estado declaró su nulidad al considerar que el Gobierno
nacional excedió su potestad reglamentaria por establecer un régimen salarial
regresivo frente a uno previamente reconocido y vigente, en desconocimiento de
los principios de igualdad, progresividad y favorabilidad aplicables en materia
salarial para los beneficiarios de la norma.

23. Como consecuencia, el régimen previsto en el Decreto 4040 de 2004 fue
excluido del ordenamiento jurídico, y en su lugar, recobró vigencia el esquema
de la Bonificación por Compensación, sin las limitaciones, incompatibilidades ni
condicionamientos introducidos por la norma anulada, consolidándose
nuevamente la posibilidad de hacer efectiva dicha remuneración.

24. Ahora bien, lo cierto es que mientras coexistieron ambos regímenes no era
viable determinar con certeza cuál de ellos resultaba aplicable, y, en todo caso,

10 Consejo de Estado. Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 25 de septiembre de 2001. Exp.

CE-SEC2-EXP2001-N395-99. Radicado. 395-99. CP. Alvaro Lecompte Luna.
11 Consejo de Estado. Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 14 de diciembre de 2011. Exp.

11001-03-25-000-2005-00244-01 (10067-2005). CP. Carlos Arturo Orjuela Góngora.

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una vez declarada la nulidad de la Bonificación de Gestión Judicial, tampoco
había claridad del momento a partir del cual era exigible la Bonificación por
Compensación.

25. En atención a lo anterior, la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, mediante sentencia del 18 de mayo de 2016 12, desarrolló
una interpretación sobre la aplicación del Decreto 610 de 1998 y la prescripción
trienal, precisando que esta última solo comienza a contarse a partir de la
exigibilidad del derecho una vez superada la dualidad de normas presentada, la
cual se configuró con la ejecutoria de la sentencia que excluyó del ordenamiento
jurídico el Decreto 4040 de 2004, esto es, desde el 28 de enero de 2012.

26. Además, precisó que, al momento de fijar el monto de la bonificación, las sumas
reconocidas a los congresistas por concepto de cesantías constituyen ingresos
laborales permanentes, por lo que integran la base de liquidación de la prima
especial de servicios de los magistrados de altas cortes, criterio que también
aplica a la bonificación por compensación, en la medida en que esta se
determina con base en lo que por todo concepto devenguen dichos funcionarios.

Resolución del caso concreto

27. Previo a resolver el problema jurídico que convoca esta instancia, la Sala
advierte que la demandante en sus alegatos de conclusión pretende que se
inaplique la prescripción determinada en primera instancia con sustento en el
criterio fijado en la sentencia del 2 de septiembre de 2019. No obstante,
conforme a la competencia del superior prevista en el artículo 328 del CGP13, el
análisis del juez en esta oportunidad se circunscribe a los argumentos
planteados en el recurso de apelación.

28. En ese contexto, se observa que, en el trámite procesal surtido, la entidad
demandada actúa como apelante único, pues la parte actora no interpuso
recurso alguno en el expusiera sus motivos de inconformidad frente a la decisión
de primera instancia. En consecuencia, cualquier disposición encaminada a
reconocer tiempos adicionales a los definidos por el tribunal de origen,
necesariamente agravaría las condiciones ya definidas en contra de la
demandada, vulnerándose el principio de la non reformatio in pejus previsto en
el artículo 328 del CGP14. Por lo tanto, los planteamientos de la actora en sus
alegatos no serán objeto de pronunciamiento.

12 Consejo de Estado. Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 18 de mayo de 2016. Exp. 25000-

23-25-000-2010-00246-02(0845-15). CP. Jorge Iván Acuña Arrieta.
13 ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse

solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de
oficio, en los casos previstos por la ley.
14 «[…] Artículo 328. Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente

sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en
los casos previstos por la ley.

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29. En ese orden de ideas, la discusión deberá enfocarse en los motivos de
inconformidad expuestos por la entidad, que consisten en el desacuerdo con el
reconocimiento de la bonificación por compensación considerando los efectos
de la nulidad del Decreto 4040 de 2004, y si está constituye factor salarial o no.

30. Pues bien, en relación con el derecho al reajuste de la remuneración, la Sala
comparte las consideraciones del tribunal de origen sobre la procedencia de su
reconocimiento, porque la actora, como magistrada de tribunal, es beneficiaria
de la bonificación por compensación prevista en el Decreto 610 de 1998, cuyo
objeto es equiparar sus ingresos al ochenta por ciento (80 %) de lo que perciben
anualmente los magistrados de las altas cortes, quienes deben percibir los
mismos ingresos laborales de los congresistas, incluidas las cesantías.

31. En cuanto a los efectos de la nulidad del Decreto 4040 de 2004, la Sala
desestima los planteamientos del recurrente en este aspecto. Si bien la
mencionada la providencia que anuló la citada norma no determinó de manera
expresa sus efectos, la jurisprudencia15 ha sido clara en afirmar que la nulidad
de un acto administrativo de carácter general afecta su validez desde su
expedición, de manera que el acto nace viciado y la decisión judicial que lo
excluye del ordenamiento declara que nunca fue jurídicamente válido, y, por
regla general, sus efectos son ex tunc, es decir que se retrotraen las cosas a su
estado anterior. Sin embargo, este criterio no opera de forma absoluta frente a
todos los supuestos, pues el elemento diferenciador radica en establecer si
existe una situación jurídica consolidada, caso en el cual la decisión surte efectos
ex nunc por razones de seguridad jurídica.

32. Ahora, no puede entenderse que la aplicación del Decreto 4040 de 2004 y el
reconocimiento del emolumento allí previsto constituya una situación jurídica
consolidada para efectos de predicar la aplicación ex nunc de la declaratoria de
nulidad. La consolidación supone la existencia de un derecho cierto e
indiscutible, circunstancia que no se configuró en el escenario de dualidad

(…)
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación
fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
[…]»
15 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 10 de diciembre de 2015. Exp. 13001-

23-31-000-2001-00817-01 (1723-11). C.P. Luis Rafael Vergara Quintero. Al respecto: «[…] La declaratoria de
nulidad del acto administrativo afecta su validez y, por lo mismo, sus efectos se proyectan hacia el pasado. Así
pues, la doctrina ha señalado de manera unánime, como lo establece Sayagués Laso que “Al dictarse sentencia
anulatoria, el acto se extingue de pleno derecho en virtud de pronunciamiento jurisdiccional. Además, como la
extinción se funda en la invalidez del acto, considerase (sic) que ésta no ha tenido existencia válida y por tanto
los efectos de la extinción se proyectan hacia el pasado (Giorgi) SAYAGUES LASO, Enrique, Tratado de
Derecho Administrativo, Tomo II, Clásicos Jurídicos Uruguayos, Ed. Fundación de Cultura Universitaria,
Montevideo, 2005, No. 1068, p. 548 y 549. […]».
Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 22 de septiembre de 2022. Exp. 11001-03-
25-000-2012-00179-00 (0755-2012). C.P. William Hernández Gómez: «Sobre el particular, debe precisar la Sala
que la declaratoria de nulidad de actos administrativos de carácter general tiene efectos ex tunc o retroactivos
desde la fecha misma de expedición del acto, salvo las situaciones jurídicas consolidadas en favor del trabajador
antes de la decisión anulatoria las que deben mantenerse íntegramente en virtud del principio de seguridad
jurídica.».

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normativa existente entre los Decretos 4040 de 2004 y 610 de 1998. Cualquier
pago efectuado con fundamento en una norma posteriormente expulsada del
ordenamiento no transforma la situación en inmutable ni genera, en favor de la
administración, un derecho a mantener una liquidación inferior a la prevista en
el régimen válido. En consecuencia, tratándose de una situación no consolidada
y sometida a debate judicial, la nulidad del acto general impide su aplicación al
caso concreto y conduce a definir el derecho con base en la norma que conservó
su validez.

33. No obstante, en lo que respecta a la inconformidad sobre el carácter salarial de
la bonificación por compensación, debe señalarse que, conforme a lo dispuesto
en el inciso 2.° del artículo 1.° del Decreto 610 de 1998, dicho emolumento
únicamente tiene incidencia como factor salarial para efectos de cotización a
pensión, conforme a lo dispuesto en el inciso 2.° del artículo 1.° del Decreto 610
de 1998. Como, el tribunal de origen no realizó esta precisión en su orden,
corresponde adicionar el ordinal cuarto del fallo en ese sentido, en atención a lo
requerido por la demandada en su recurso. En lo demás, la sentencia se
confirmará.

De la condena en costas en segunda instancia

34. No hay lugar a condenar en costas porque no se demostró temeridad o mala fe
de las partes, tal y como lo regula el artículo 171 del CCA, vigente para este
proceso, que consagra un criterio subjetivo para tales efectos.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. AVOCAR conocimiento del proceso de la referencia, por las razones
expuestas en la parte motiva.

Segundo. ADICIONAR el ordinal cuarto de la sentencia apelada, de la siguiente
manera:

«La bonificación por compensación únicamente constituye factor salarial para
efectos de cotización a pensión y no incide en la liquidación de prestaciones
sociales.»

Tercero. CONFIRMAR en lo demás la sentencia proferida el veintiocho (28) de
marzo de dos mil veintidós (2022) por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
por medio de la cual accedió parcialmente a las pretensiones.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8

Radicado: 76001-23-31-000-2010-01857-02 (4091-2022)

Cuarto. Sin condena en costas en esta instancia.

Quinto. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones
pertinentes en el aplicativo SAMAI.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
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