Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2012-00266-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2012-00266-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2012-00266-00
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
5 de diciembre de 2024
Radicación: 11001-03-25-000-2012-00266-00 (0988-2012)
Demandante: César Augusto Muñoz Suárez
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Bogotá D.C., cinco (5) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 11001-03-25-000-2012-00266-00 (0988-2012)
Demandante: César Augusto Muñoz Suárez
Demandado: Empresa Colombiana de Petróleos – Ecopetrol S.A.
Tema: Sanción disciplinaria de destitución e inhabilidad de 10 años y 1 mes. Subtema
1: Decaimiento del acto administrativo.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a proferir
sentencia de única instancia en el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho de la referencia.
I. SÍNTESIS DEL CASO
El demandante estuvo vinculado con Ecopetrol a través de contrato de trabajo a
término indefinido desde el 30 de enero de 1996 hasta el 30 de junio de 2006 que fue
destituido del cargo. Entre la USO y Ecopetrol se suscitó un conflicto laboral que
conllevó el cese de actividades a partir del 22 de abril de 2004. El Ministerio de la
Protección Social mediante la Resolución 1116 de 22 de abril de 2004 declaró la
ilegalidad de la suspensión. A través de Oficio RGPMM-082 del 27 de abril de 2004,
Ecopetrol le ordenó al accionante la reincorporación a sus labores. No obstante, éste
no se reintegró. Mediante fallos disciplinarios de primera y segunda instancia del 16
de marzo y 24 de mayo de 2006, fue sancionado con destitución e inhabilidad de 10
años y 1 mes. El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, a través de
sentencia de única instancia del 27 de octubre de 2011, anuló la Resolución 001116
del 22 de abril de 2004 proferida por el Ministerio de la Protección Social. El
demandante desistió de sus pretensiones, salvo de las relacionadas con el
reconocimiento y pago del daño moral. Para el efecto, informó a esta corporación que
Ecopetrol S.A. lo reintegró al cargo de Analista E-10 el 10 de agosto de 2010, y que
con ocasión del reintegro se le pagaron todos los salarios y prestaciones dejados de
percibir durante el tiempo que estuvo desvinculado.
II. ANTECEDENTES
2.1. La demanda
1.César Augusto Muñoz Suárez, por conducto de apoderado judicial, presentó
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho1 de acuerdo con las pretensiones,
hechos y fundamentos jurídicos que a continuación se señalan.
1 El medio de control instaurado es el previsto en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, en adelante
CCA. La demanda fue presentada el 27 de octubre de 2006, de acuerdo con el acta de radicación visible a f. 49 del
expediente físico. Se puede ver la demanda a ff. 8 a 48, su reforma a ff. 364 a 372 y la subsanación a la reforma ff.
386 y 387 del cuaderno principal.
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Radicación: 11001-03-25-000-2012-00266-00 (0988-2012)
Demandante: César Augusto Muñoz Suárez
2.1.1. Pretensiones
2. Inicialmente, el demandante solicitó que se declarara la nulidad de: (i) el fallo
disciplinario de primera instancia del 16 de marzo de 2006 proferido por la Oficina de
Control Disciplinario Interno de Ecopetrol, por el cual se le sancionó con destitución e
inhabilidad para ejercer cargos públicos por el término de 13 años; (ii) el fallo
disciplinario de segunda instancia del 23 de junio de 2006 proferido por el presidente
de Ecopetrol -por el que resolvió el recurso de apelación presentado por el
demandante- y confirmó la decisión y modificó el término de la inhabilidad, el cual se
redujo a 10 años.
3. A título de restablecimiento del derecho solicitó que se condenara a Ecopetrol a: (i)
reintegrarlo al cargo que desempeñaba o a uno igual o de superior jerarquía, (ii)
reconocerle y pagarle todos los salarios, primas, bonificaciones, subsidios y demás
emolumentos a que hubiera lugar, dejados de percibir desde la fecha de su
desvinculación del servicio hasta cuando sea efectivamente reintegrado, (iii) que se
declare que no hubo solución de continuidad, (iii) pagarle los valores correspondientes
de manera indexada y con los intereses a que hubiere lugar, (iv) a pagarle los perjuicios
morales causados a su compañera permanente, 2 hijas y a su madre, en una cuantía
de 100 SMLMV, (v) que se le dé cumplimiento a la sentencia en los términos de los
artículos 176, 177 y 178 del CCA, y (vi) pagar los gastos y costas procesales.
4. No obstante, al reformar la demanda manifestó «renunciar a las pretensiones de la
demanda EXCEPTO A LAS REFERIDAS A LA REPARACIÓN DEL DAÑO MORAL y las
conexas y consecuentes, por cuanto la entidad demandada sin haber sido compelida por
sentencia emanada de la competencia contencioso administrativa, atendió los demás
requerimientos del accionante».
5. Así las cosas, las pretensiones de la demanda, tras su reforma, son las siguientes:
«PRIMERA: Declarar nulidad del acto administrativo calendado 16 de marzo de 2006,
mediante el cual la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Empresa Colombiana
de Petróleos - ECOPETROL S. A. destituyó al señor CESAR AUGUSTO MUÑOZ
SUAREZ del cargo de Operador de Refinería 1A en la GERENCIA COMPLEJO
BARRANCABERMEJA, así como el acto administrativo del día 24 de mayo de 2006,
emanado de la Presidencia de la misma entidad, a través del cual se desató
desfavorablemente el recurso interpuesto, decisiones que se profirieron en el proceso
disciplinario radicado PD-1204-05.
QUINTA: Que se condene a la entidad demandada al pago de los perjuicios morales
causados a su compañera permanente OLGA LUCIA JULIAO FLOREZ, y sus hijos
ADRIANA LUCIA MUÑOZ JULIAO y CLARA INES MUÑOZ JULIAO, por cuanto todos
eran beneficiarios del plan educacional que la entidad demandante concedía a la
cónyuge e hijos de sus empleados, aunado a lo anterior, la señora ALICIA SUAREZ
RUIZ, en su condición de madre de mi mandante dependía económicamente de este,
en cuantía de 100 salarios mínimos mensuales vigentes a la fecha del fallo.
SEXTA: Que se ordene el cumplimiento de la sentencia dentro del término establecido
en el artículo 176 del CODIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
SEPTIMA: Si no se efectúa el pago en forma oportuna, la entidad liquidará los intereses
comerciales y moratorios como lo ordena el artículo 177 del Código Contencioso
Administrativo.
OCTAVA: La condena respectiva será actualizada de conformidad con lo previsto en
el artículo 178 del Código Contencioso Administrativo, aplicando los ajustes de valor
(indexación) desde la fecha de la desvinculación hasta la fecha de ejecutoria de la
sentencia que le ponga fin al proceso
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Demandante: César Augusto Muñoz Suárez
NOVENA: Se condene en costas a la parte demandada por haber dado lugar a ello.»2
(sic)
2.1.2. Hechos
6. La Sala sintetiza los principales hechos del caso de la siguiente manera:
1) César Augusto Muñoz Suárez estuvo vinculado con Ecopetrol S.A. a través de
contrato de trabajo a término indefinido3 desde el 30 de enero de 1996 hasta el 30
de junio de 2006 que fue destituido del cargo.
2) Entre la Unión Sindical Obrera -USO- y Ecopetrol S.A. se suscitó un conflicto
laboral que conllevó el cese de actividades por parte de la USO a partir del 22 de
abril de 2004.
3) El Ministerio de la Protección Social mediante la Resolución 1116 de 22 de abril
de 2004 declaró la ilegalidad de la suspensión colectiva de trabajo promovida por
la USO, con base en las siguientes consideraciones y en los siguientes términos:
«Que en el día de hoy 22 de abril de 2004 los trabajadores de ECOPETROL
S.A., iniciaron una suspensión colectiva ilegal de trabajo, situación que es de
público conocimiento, siendo informada la opinión nacional por los medios de
comunicación y por la misma organización sindical. (…)
Que no obstante lo anterior y con el fin de garantizar el debido proceso y el
derecho de defensa, funcionarios administrativos de este Ministerio se
desplazaron a las diferentes dependencias de la empresa, incluida la Policlínica
"Ismael Darío Rincón" de Ecopetrol S.A. y constataron los ceses de actividades,
como consta en las actas anexas al expediente. (…)
Que de lo anteriormente expuesto, se infiere que la participación de los
trabajadores en esta clase de actividades debe realizarse en horas no laborales
o dentro de la jornada de trabajo con el consentimiento del empleador, hechos
éstos que no acontecieron en el caso analizado. (…)
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO.- Declarar la ilegalidad de la suspensión colectiva de
trabajo realizada por trabajadores de ECOPETROL S.A., el día 22 de abril de
2004, promovida por la UNION SINDICAL OBRERA - USO, en dependencias
de la empresa, por las razones expuestas en la parte motiva de esta resolución.
ARTICULO SEGUNDO.- Para efecto de lo establecido en el numeral 2o. del
artículo 450 del Código Sustantivo del Trabajo, subrogado por el artículo 65 de
la Ley 50 de 1990, el empleador deberá observar el procedimiento que
legalmente corresponda para los servidores de Ecopetrol S.A.
ARTICULO TERCERO.- La presente resolución rige a partir de su expedición y
en su contra sólo proceden las acciones ante el Honorable Consejo de Estado,
de acuerdo con lo previsto en el artículo 451 del Código Sustantivo del Trabajo.»
4) En virtud de la declaratoria de ilegalidad del cese de actividades por parte del
Ministerio de la Protección Social, Ecopetrol S.A. profirió el Oficio RGPMM-082 del
27 de abril de 20044 dirigido a César Augusto Muñoz Suárez, en el que se le ordena
la reincorporación a sus labores para cubrir los turnos programados, so pena de
2 Ff. 386 y 387 del expediente.
3 Ff. 72 a 74 del cuaderno 1 de antecedentes administrativos PD-1204-05.
4 F. 41 del cuaderno 1 de antecedentes administrativos PD-1204-05.
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Demandante: César Augusto Muñoz Suárez
que la empresa adelantara las acciones que considerara pertinentes. No obstante,
éste no se reintegró.
5) El 27 de abril de 2004 se suscribió entre el Inspector de Trabajo de
Barrancabermeja y Ecopetrol S.A. un «ACTA DE CONSTATACIÓN CESE DE
ACTIVIDADES»5.
6) Ecopetrol S.A. a través de Comunicación GTB075 del 29 de abril de 20046 citó al
demandante a diligencia de descargos, en tanto se consideró que, al no
reincorporarse a sus labores se adhirió e hizo partícipe de la suspensión colectiva
de trabajo adelantada por la USO, la cual había sido declarada ilegal por la
autoridad competente.
7) En atención a que el demandante no se presentó a rendir descargos, como consta
en el acta de no comparecencia del 30 de abril de 20047, su contrato individual de
trabajo fue terminado por justa causa mediante Comunicación GTB-100 del 3 de
mayo de 20048.
8) El Tribunal de Arbitramento Voluntario Ad-Hoc Ecopetrol S.A. y la Unión Sindical
Obrera de la Industria del Petróleo -USO profirió laudo arbitral9 del 21 de enero de
2005. Así las cosas, en su acápite resolutivo, numeral séptimo, se dispuso:
«Ordenar el reintegro, a fin de aplicar el CDU y cumplir el debido proceso con
la consecuencia económica única de la indemnización (con base en el último
salario básico) de (…) 55. César Augusto Muñoz Suárez»
9) Mediante comunicación 03951 del 23 de febrero de 200510 Ecopetrol S.A. le
notificó al demandante de su reintegro al empleo que desempeñaba, de
conformidad con lo ordenado en el laudo arbitral.
10) En virtud de lo pactado en el referido laudo arbitral, la Oficina de Control
Disciplinario Interno de Ecopetrol S.A. profirió auto11 del 25 de febrero de 2005 por
el cual ordenó la apertura de la investigación disciplinaria PD1204-05 contra César
Augusto Muñoz Suárez, con ocasión del «cese de actividades declarado ilegal, la
desatención a los llamados que hizo la administración para conseguir la reanudación de
labores, la omisión en el cumplimiento de las jornadas de trabajo, la omisión o
inconsistencia en la información suministrada de dirección residencial y otros hechos
conexos a estos.»
11) Agotada la etapa de investigación disciplinaria, la Oficina de Control Interno
Disciplinario formuló pliego de cargos dentro del proceso disciplinario PD1204-05
adelantado contra César Augusto Muñoz Suárez en su calidad de Analista I
adscrito a la Coordinación Inspección de Calidad de la Gerencia Complejo
Barrancabermeja de Ecopetrol S.A.
«CARGO PRIMERO.-
Presuntamente usted señor CESAR AUGUSTO MUÑOZ SUÁREZ, Registro
Interno No. 2 - 2545, identificado con la cédula de ciudadanía N° 91.432.422 de
Barrancabermeja, en ejercicio del cargo denominado ANALISTA I el cual venia
ejerciendo en la COORDINACIÓN INSPECCIÓN DE CALIDAD, de la Gerencia
5 Ff. 45 y 46 del cuaderno 1 de antecedentes administrativos PD-1204-05.
6 F. 47 del cuaderno 1 de antecedentes administrativos PD-1204-05.
7 F. 49 del cuaderno 1 de antecedentes administrativos PD-1204-05.
8 Ff. 50 y 51 del cuaderno 1 de antecedentes administrativos PD-1204-05.
9 Ff 1 a 22 del cuaderno 1 de antecedentes administrativos PD-1204-05.
10 Ff. 89 del cuaderno 1 de antecedentes administrativos PD-1204-05.
11 Ff. 23 a 28 del cuaderno 1 de antecedentes administrativos PD-1204-05.
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Demandante: César Augusto Muñoz Suárez
Complejo Barrancabermeja de ECOPETROL S.A., para la época de los hechos,
incurrió en falta disciplinaria (incumplimiento de sus deberes e incursión en
prohibiciones) al participar durante el lapso comprendido entre los días 23 y 30
de abril; 1° y 3 de mayo de 2004 (fecha en la que fue despedido de
ECOPETROL S.A.), en la suspensión colectiva de trabajo promovida,
organizada y ejecutada por la USO a partir del día 22 de abril y hasta fines del
mes de mayo del citado año aproximadamente, pese a la declaratoria de
ilegalidad de la misma decretada por el Ministerio de la Protección Social
mediante Resolución No. 1116 del 22 de abril de 2004. (…)
CARGO SEGUNDO.-
Presuntamente usted señor CESAR AUGUSTO MUÑOZ SUÁREZ, Registro
Interno No. 2 - 2545, identificado con la cédula de ciudadanía N° 91.432.422 de
Barrancabermeja, en ejercicio del cargo denominado ANALISTA I el cual venia
ejerciendo en la COORDINACIÓN INSPECCIÓN DE CALIDAD, de la Gerencia
Complejo Barrancabermeja de ECOPETROL S. A., para la época de los
hechos, incurrió en falta disciplinaria (incumplimiento de sus deberes e incursión
en prohibiciones), al no presentarse a trabajar sin justa causa y sin permiso del
patrono durante los días 23 al 30 de abril, 1° y 2 de mayo de 2004, conforme la
programación de turnos establecida para la segunda quincena de abril y primera
de mayo de 2004, según consta en las comunicaciones, testimonio y
documentación anexa a folios 39 al 51, 44, 55 al 59, 67 al 69, 70 al 74, 91 al
118, 141 al 143, 144 al 303 del expediente. (…)
CARGO TERCERO.-
Presuntamente usted señor CESAR AUGUSTO MUÑOZ SUÁREZ, Registro
Interno No. 2 - 2545, identificado con la cedula de ciudadanía N° 91.432.422 de
Barrancabermeja, en ejercicio del cargo denominado ANALISTA I el cual venia
ejerciendo en la COORDINACIÓN INSPECCIÓN DE CALIDAD, de la Gerencia
Complejo Barrancabermeja de ECOPETROL S. A., para la época de los
hechos, incurrió en falta disciplinaria al abandonar entre el 23 y el 30 de abril;
1° y 2 de mayo del año 2004, sin causa justificada, el cargo de ANALISTA I,
mencionado, generando como consecuencia de su conducta la afectación de
las actividades a cargo del personal que debía suplirlo. (…)
CARGO CUARTO.-
Presuntamente usted señor, CESAR AUGUSTO MUÑOZ SUÁREZ, Registro
Interno No. 2 - 2545, identificado con la cédula de ciudadanía N° 91.432.422 de
Barrancabermeja, en ejercicio del cargo denominado ANALISTA | el cual venia
ejerciendo en la COORDINACIÓN INSPECCIÓN DE CALIDAD, de la Gerencia
Complejo Barrancabermeja de ECOPETROL S. A., para la época de los
hechos, incurrió en falta disciplinaria al abandonar entre el 23 y el 30 de abril;
1° y 2 de (sic)12 (…)
CARGO QUINTO.-
Presuntamente usted señor CESAR AUGUSTO MUÑOZ SUÁREZ, Registro
Interno No. 2 - 2545, identificado con la cédula de ciudadanía N° 91.432.422 de
Barrancabermeja, en ejercicio del cargo denominado ANALISTA I el cual venia
ejerciendo en la COORDINACIÓN INSPECCIÓN DE CALIDAD, de la Gerencia
Complejo Barrancabermeja de ECOPETROL S. A., para la época de los
hechos, incurrió en falta disciplinaria como Trabajador Oficial en virtud del
Contrato de Trabajo a Término Indefinido suscrito con la citada empresa, al
abandonar entre el 23 y el 30 de abril; 1° y 2 de mayo del año 2004, sin causa
justificada, el servicio asignado por la empresa ECOPETROL S. A. (…)
CARGO SEXTO.-
12 Falta la página 19 del pliego de cargos.
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Demandante: César Augusto Muñoz Suárez
Presuntamente usted señor CESAR AUGUSTO MUÑOZ SUÁREZ, Registro
Interno No. 2 - 2545, identificado con la cédula de ciudadanía N° 91,432.422 de
Barrancabermeja, en ejercicio del cargo denominado ANALISTA I el cual venía
ejerciendo en la COORDINACIÓN INSPECCIÓN DE CALIDAD, de la Gerencia
Complejo Barrancabermeja de ECOPETROL S. A., para la época de los
hechos, incurrió en falta disciplinaria como Trabajador Oficial en virtud del
Contrato de Trabajo a Término Indefinido suscrito con la citada empresa, al
desconocer la orden impartida mediante escrito de 27 de abril de 200445,
Asunto: Reincorporación a sus labores, firmado por el doctor RUTH MARITZA
SALCEDO SILVA, de la Coordinación Inspección de Calidad de
Barrancabermeja, y no reincorporarse a laborar en los términos señalados en
aquél documento. (…)»
12) El pliego de cargos le fue notificado personalmente al investigado el 24 de mayo
de 200513, quien se opuso mediante escrito presentado por su apoderado el 9 de
junio de 200514, rindió versión libre el 13 de marzo de 200615 y presentó alegatos
de conclusión el 30 de noviembre de 200516.
13) La Oficina de Control Interno Disciplinario profirió fallo de primera instancia el 16
de marzo de 200617, notificado personalmente el 17 de marzo de 200618, en el que
sancionó a César Augusto Muñoz Suárez, en los siguientes términos:
«RESUELVE
PRIMERO.- DECLARAR responsable a CÉSAR AUGUSTO MUÑOZ
SUÁREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 91.432.422 de
Barrancabermeja (Santander) y Registro de ECOPETROL S.A. No. 2-2545,
Analista I, en Coordinación Inspección de Calidad, de los cargos SEGUNDO,
CUARTO, QUINTO Y SEXTO. En consecuencia, se le impone la sanción de
Destitución e Inhabilidad para ejercer cargos públicos por el término de trece
(13) años, que de conformidad con el artículo 45 numeral 1° literales c) y d) de
la Ley 734 de 2002 implica Terminación del Contrato de Trabajo y la
imposibilidad de ejercer cualquier cargo o función pública por el término aquí
señalado.
SEGUNDO.- DECLARAR que el cargo PRIMERO se subsume en el cargo
SEGUNDO.
TERCERO.- ABSOLVER del cargo TERCERO a CÉSAR AUGUSTO
MUÑOZ SUÁREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 91.432.422 de
Barrancabermeja (Santander) y Registro de ECOPETROL S.A. No. 2-2545,
Analista l en Coordinación Inspección de Calidad para la época de los hechos.
CUARTO.- Por la secretaria de este Despacho en la ciudad de
Barrancabermeja NOTIFICAR personalmente esta decisión al sancionado y/o
a su apoderado, de conformidad con lo previsto por el artículo 101 de la Ley 734
de 2002, o subsidiariamente por edicto en los términos señalados en el artículo
107 de la misma norma, si concurrieren las circunstancias previstas en su
artículo 103.
QUINTO.- Una vez en firme esta decisión, la Oficina de Control Disciplinario
Interno ubicada en la ciudad de Bogotá, compulsará copia de esta Providencia
y de la constancia de ejecutoria a la Presidencia de la entidad, a través de la
13 F. 362 del cuaderno 2 de antecedentes administrativos PD-1204-05.
14 Ff. 365 a 377 del cuaderno 2 de antecedentes administrativos PD-1204-05.
15 Fl. 494 a 499 del cuaderno 2 de antecedentes administrativos PD-1204-05.
16 Ff. 474 a 489 del cuaderno 3 de antecedentes administrativos PD-1204-05.
17 Ff. 54 a 100 del cuaderno principal.
18 F. 101 del cuaderno principal.
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Demandante: César Augusto Muñoz Suárez
Central de Servicios al Personal a efectos de la ejecución de la sanción, en los
términos del artículo 172 del Código Disciplinario Único.
SEXTO.- Allegar copia de esta providencia a la hoja de vida del señor CÉSAR
AUGUSTO MUÑOZ SUÁREZ, y comunicar a la Oficina de Registro y Control
de la Procuraduría General de la Nación a través de la Oficina de Control
Disciplinario Interno de la ciudad de Bogotá, una vez en firme esta decisión.
(…)»
14) El demandante apeló19 el fallo disciplinario de primera instancia y solicitó su
revocatoria, debido a la «atipicidad de las conductas objeto de reproche atribuidas al
disciplinado con ocasión de su presunta participación en la huelga a que se hace
referencia desde el inicio de esta investigación, también procede el archivo por estarse
desconociendo el principio NON BIS IN IDEM al estarse adelantando este procedimiento
aun cuando por los mismos hechos ya se profirió una sanción de carácter disciplinario,
como se esbozó en la argumentación expuesta». Asimismo, planteó como nulidades
procesales la falta de competencia, violación del derecho de defensa del
investigado, ambigüedad en los cargos atribuidos al disciplinado e indebida
sustentación y soporte probatorio.
15) El presidente de Ecopetrol S.A. profirió fallo disciplinario de segunda instancia el
24 de mayo de 200620, mediante el cual negó las nulidades propuestas por
disciplinado y confirmó la sanción disciplinaria impuesta al demandante por
abandonar el cargo de Analista I adscrito a la Coordinación de Inspección de
Calidad, de la Gerencia del Complejo Barrancabermeja de ECOPETROL S. A., sin
causa justificada, disminuyendo el término de la inhabilidad impuesta a 10 años y
1 mes.
16) El fallo disciplinario de segunda instancia se le notificó a César Augusto Muñoz
Suárez mediante edicto fijado el 21 de junio de 200621 en la Oficina de Control
Interno de la Gerencia Complejo Barrancabermeja y Bogotá de Ecopetrol S.A.,
quien interpuso recurso de reposición22 contra la decisión, el cual fue rechazado
por improcedente23 en auto del 17 de julio de 2006.
17) De forma concomitante al proceso disciplinario adelantado en contra de César
Augusto Muñoz Suárez, la USO en ejercicio de la acción de nulidad prevista en el
artículo 84 del CCA, demandó ante el Consejo de Estado la nulidad de la
Resolución 001116 del 22 de abril de 2004 proferida por el Ministerio de la
Protección Social, por medio de la cual se declaró la ilegalidad de una suspensión
colectiva de trabajo realizada por los trabajadores de Ecopetrol S.A. el día 22 de
abril de 2004.
18) El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, a través de sentencia de
única instancia del 27 de octubre de 2011, anuló la Resolución 001116 del 22 de
abril de 2004 proferida por el Ministerio de la Protección Social, al encontrar que
fue expedida con violación del debido proceso.
«Consideran los actores y a esto se reduce el problema jurídico que, para la
declaratoria de ilegalidad de un cese de actividades, es necesario que el
Ministerio de la Protección Social, adelante un trámite previo en el que dé la
oportunidad a los trabajadores de ejercer sus derechos de defensa y
contradicción.
19 F. 555 del cuaderno 3 de antecedentes administrativos PD-1204-05.
20 Ff. 609 a 656 del cuaderno 3 de antecedentes administrativos PD-1204-05.
21 F. 652 del cuaderno 3 de antecedentes administrativos PD-1204-05.
22 Ff. 654 a 656 del cuaderno 3 de antecedentes administrativos PD-1204-05.
23 Ff. 660 a 663 del cuaderno 3 de antecedentes administrativos PD-1204-05.
7
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Demandante: César Augusto Muñoz Suárez
Las normas del código laboral, no consagran un procedimiento especial.
Simplemente, el artículo 451 dispone que la ilegalidad debe ser declarada
administrativamente por el Ministerio de la Protección Social.
No obstante lo anterior, la jurisprudencia de esta Subsección ha sido enfática
en señalar que el trámite abreviado que debe adelantar la autoridad encargada,
no significa, en manera alguna, el desconocimiento de las reglas generales del
procedimiento administrativo, que obliga a las autoridades a informar a los
afectados que en su contra se adelanta una actuación y por consiguiente a
brindarles los mecanismos que el debido proceso establece. (…)
En el presente caso, el Ministerio de la Protección Social, quien tiene la
competencia para la declaración de legalidad o ilegalidad de un cese de
actividades, a través de sus Inspectores de Trabajo, procedió a verificar la
información en relación con las circunstancias puestas en su conocimiento, para
lo cual se trasladó a las instalaciones de la Entidad, en distintas ciudades el día
22 de abril de 2004.
De cada una de esas visitas levantó un Acta en la cual dejó constancia de que
se presentaba un cese de actividades. (…)
De igual manera en la ciudad de Barrancabermeja (folios 151 a 155), de la
Regional salud de Magdalena medio de ECOPETROL S.A. manifestó:
"...El suscrito inspector deja constancia que habiéndose requerido al
señor Víctor Jaimes, dirigente sindical para que se hiciera partícipe en
el diligenciamiento del Acta, manifestó no estar interesado en la
diligencia, sugiriendo que se dejara constancia de tal situación..."
(...)
..Dejando constancia que en otras de sus instalaciones que no fue
posible la localización de un representante del
Sindicato USO..."
De lo anterior se colige, que NO se cumplió con los presupuestos señalados en
la jurisprudencia transcrita, pues el Ministerio de la Protección Social se limitó a
dar cumplimiento a su circular 019 de 1991, que contiene los requisitos mínimos
y la forma como debe avanzar la diligencia de constatación, en cuanto se invitó
a participar a los directivos del sindicato en la elaboración del acta como
posibles afectados, se procedió a realizar el recorrido por la Empresa, y
finalmente a elaborar las actas respectivas.
La omisión, como lo señala la jurisprudencia transcrita, está relacionada con el
procedimiento que desencadena la petición de declaratoria de ilegalidad del
cese de actividades, y no en el procedimiento previo de constatación, en cuanto
no se escuchó a los posibles afectados y no se practicaron pruebas,
transgrediendo con ello los postulados del artículo 29 de la Carta Política sobre
la garantía del debido proceso que envuelve tanto a las actuaciones judiciales
como a las administrativas.
No bastaba, en consecuencia, como lo hizo la Empresa, con dejar constancia
sobre la negativa de la junta directiva del sindicato de participar en la
elaboración de las Actas, sino que han debido brindarse las garantías
constitucionales y legales a quienes podían resultar afectados con la decisión
que habría de tomar.» (se subraya)
19) El demandante al reformar la demanda desistió de sus pretensiones, salvo de las
relacionadas con el reconocimiento y pago del daño moral. Para el efecto, informó
a esta Corporación que Ecopetrol S.A. lo reintegró al cargo de Analista E-10 el 10
de agosto de 2010, y que con ocasión del reintegro se le pagaron todos los salarios
y prestaciones dejados de percibir durante el tiempo que estuvo desvinculado.
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2.1.3. Normas violadas y concepto de la violación
7. Como tales el demandante señaló los artículos 2, 6 y 25, 29 y 125 de la Constitución
Política; 128, 101, 104, 129 y 141 de la Ley 734 de 2002; Código Sustantivo del Trabajo
y la Convención Colectiva vigente para el año 2004.
8.En el concepto de violación expuso que los actos disciplinarios de primera y
segunda instancia fueron expedidos con desconocimiento de las normas en que
debían fundarse y adolecen de falsa motivación por las siguientes razones:
a) Se violó el debido proceso porque el operador disciplinario no era competente por
factor territorial para fallar el proceso, pues el proceso disciplinario se adelantó en
Bogotá y los hechos acontecieron en Barrancabermeja.
b) Se desconoció el debido proceso del disciplinado porque no se le garantizó el
derecho a la defensa, en tanto hubo una indebida notificación de las providencias
proferidas en el marco del proceso disciplinario, pues no hay prueba de que la
oficina de Ecopetrol S.A. en Bogotá hubiera comisionado a un empleado en
Barrancabermeja, para llevar a cabo la diligencia de notificación del pliego de
cargos, lo cual desconoce el concepto contenido en el Oficio PAD 2993 del 9 de
agosto de 2005, emitido por la Procuraduría General de la Nación y los artículos
101 y 104 de la Ley 734 de 2002.
c) Los actos administrativos demandados están falsamente motivados, pues en la
relación probatoria no se expusieron de forma clara y precisa los criterios de
utilidad, pertinencia y conducencia de las pruebas decretadas y no se escuchó en
versión libre al investigado. Destacó que el análisis probatorio realizado estuvo
parcializado pues sólo se tomaron en cuenta las pruebas que perjudicaban al
disciplinado.
d) Ecopetrol S.A. desconoció el trámite administrativo que debía llevar a cabo ante el
Ministerio de Protección Social a fin de calificar la participación de los trabajadores
en un cese de actividades declarado ilegal.
e) La entidad demandada incumplió el contrato de trabajo suscrito con el demandante,
comoquiera que impuso restricciones de ingreso a sus instalaciones al personal
sindicalizado o convencional, imposibilitando el ingreso del hoy demandante.
f) Se violó el derecho a la igualdad del demandante al iniciarle una investigación
disciplinaria, pues solo fueron unos pocos trabajadores a los que se les reintegró
para adelantar procesos disciplinarios.
g) Ambigüedad de los cargos impuestos, toda vez que las conductas reprochadas se
subsumen en el cargo primero, esto es, haber participado en la suspensión
colectiva de trabajo promovida, organizada y ejecutada por la USO, puesto que las
demás son consecuencia de un mismo hecho y solo se afecta un bien jurídico
tutelado, por lo que no es razonable señalar la existencia de un concurso aparente
de tipos disciplinarios.
2.2. Contestación de la demanda
9.Ecopetrol S.A. defendió la legalidad de los actos administrativos demandados24. En
concreto argumentó:
24 Contestación a la demanda a ff. 313 a 349 y contestación a la reforma de la demanda a fs. 389 a 396 del cuaderno
principal del expediente físico.
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a) No existió violación del debido proceso por falta de competencia del funcionario
que falló el proceso, pues de conformidad con lo previsto en el artículo 76 de la Ley
734 de 2002, la competencia para conocer del proceso disciplinario en primera
instancia recae sobre el jefe de la Oficina de Control Disciplinario y fue esta la
funcionaria que profirió la decisión.
b) No se vulneró el debido proceso del demandante pues fue notificado
personalmente de todas las providencias proferidas por el operador disciplinario,
salvo del fallo de segunda instancia que se le notificó por edicto.
c) No se violó el debido proceso, en tanto se valoraron la totalidad de las pruebas que
fueron debidamente incorporadas en el proceso disciplinario y se indicó su
pertenencia para cada uno de los cargos estudiados. No obstante, se resaltó que
el demandante no indicó cuáles habían sido aquellas que, en su criterio, o no fueron
valoradas por los operadores disciplinarios o lo fueron de forma indebida.
d) En el marco de la actuación disciplinaria adelantada en contra del demandante se
le respetaron todas las garantías procesales previstas en la Constitución Política y
la Ley 734 de 2002.
e) No existió incumplimiento del contrato de trabajo por parte de Ecopetrol S.A. en
tanto quedó probado en el proceso disciplinario que la conducta asumida por el
demandante de no presentarse a laborar no fue ocasionada por un impedimento
para su ingreso a las instalaciones o por posibles acciones violentas en su contra.
f) No se violó el derecho a la igualdad del demandante al iniciarle una investigación
disciplinaria, pues no se encontraba en iguales condiciones a aquellos que fueron
jubilados con ocasión de los mismos hechos.
g) Se configura el hecho superado porque Ecopetrol S.A. reintegró al demandante en
cumplimiento del fallo de tutela de segunda instancia proferido por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Cúcuta del 22 de julio de 2010.
2.3. Actuación procesal
10. La demanda fue presentada el 27 de octubre de 200625 y correspondió, por reparto,
al Juzgado Único Administrativo del Circuito de Barrancabermeja, el cual admitió la
demanda en auto del 1 de octubre de 2007.
11. En auto del 12 de diciembre de 201126, el Juzgado Único Administrativo del Circuito
de Barrancabermeja advirtió su falta de competencia, declaró la nulidad de lo actuado,
desde el auto admisorio inclusive, dejando a salvo las pruebas válidamente
practicadas, y remitió el proceso por competencia al Consejo de Estado.
12. Elproceso correspondió a la Sección Segunda, Subsección B. El despacho
sustanciador a través de auto del 15 de noviembre de 201227 dispuso avocar
conocimiento del proceso. Luego, mediante providencia del 6 de agosto de 201428 se
admitió la demanda en única instancia y se corrió traslado a la demandada.
2.4. Alegatos de conclusión
25 F. 49 del cuaderno principal.
26 Ff. 257 a 260.
27 Ff. 264 a 267 del cuaderno principal.
28 Ff. 280 a 284 del expediente.
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13. Agotadas las etapas correspondientes, a través de auto del 6 de mayo de 2021 29 se
corrió traslado a las partes para que alegaran de conclusión.
14. Ecopetrol S.A.30 radicó alegatos de conclusión, en los que reiteró los argumentos
de la contestación. Así las cosas, solicitó que se dicte sentencia inhibitoria por hecho
superado y carencia actual de objeto, puesto que el demandante había sido
reintegrado a su empleo desde el año 2010. En relación con los perjuicios morales
solicitados, manifestó que no se configuran los requisitos legales para su
reconocimiento, pues no obra prueba alguna de su causación en el expediente.
15. El demandante al alegar de conclusión31 indicó que, con ocasión de la sentencia del
Consejo de Estado, Sección Segunda Subsección A, del 27 de octubre de 2011
proferida en el proceso de radicado interno 2309-2004, sobrevino el decaimiento de
las resoluciones administrativas sancionatorias demandadas. Asimismo, que está
probado que el demandante fue reintegrado y que están probados los perjuicios
morales ocasionados por su despido injusto.
2.5. El Ministerio Público
16. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no emitió concepto.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
17. El presente asunto, al tratarse de un proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho en el que se controvierten sanciones administrativas que implican retiro
definitivo o temporal del servicio proferidas por autoridades del orden nacional, es de
competencia privativa de esta corporación de conformidad con lo señalado en el auto
de 12 octubre de 200632.
18. Aunado a lo anterior, la Sala resalta que la jurisprudencia de esta Sección tiene
definido que la corporación es competente para conocer en única instancia de los
asuntos como el de la referencia, pues si bien Ecopetrol cambió de naturaleza jurídica
y a sus empleados se les consideró trabajadores particulares, ello no implicó la pérdida
de su calidad de servidores públicos. En sentencia del 6 de junio de 201933, al resolver
un caso parecido al que ocupa la atención de la Sala, la Subsección A, definió lo
siguiente:
«a. Competencia del Consejo de Estado
• Naturaleza jurídica de Ecopetrol S.A. y régimen aplicable a su personal:
La Constitución Política, en el artículo 123, prevé que «Son servidores públicos los
miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de
sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios […]».
Por su parte, la Ley 489 de 1998, en el artículo 68, define las entidades
descentralizadas así:
«Artículo 68.- Entidades descentralizadas. Son entidades descentralizadas
del orden nacional, los establecimientos públicos, las empresas industriales
y comerciales del Estado, las sociedades públicas y las sociedades de
29 Samai índice 47.
30 Samai índice 96.
31 Samai índice 98.
32 Expediente 0799-06. Rad. 110010322400020050050033300.
33 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, expediente 11001-03-25-000-2012-00230-00(0884-12).
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economía mixta, las superintendencias y las unidades administrativas especiales con
personería jurídica, las empresas sociales del Estado, las empresas oficiales de
servicios públicos y las demás entidades creadas por la ley o con su autorización, cuyo
objeto principal sea el ejercicio de funciones administrativas, la prestación de servicios
públicos o la realización de actividades industriales o comerciales con personería
jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio. Como órganos del Estado aun
cuando gozan de autonomía administrativa están sujetas al control político y a la
suprema dirección del órgano de la administración al cual están adscritas.» (Se
subraya)
En virtud de los textos constitucional y legal precitados, los empleados y trabajadores
al servicio de las entidades descentralizadas, tales como las empresas industriales y
comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta, entre otras, tienen la
calidad de servidores públicos.
Pues bien, repárese que el presidente de la República, en cumplimiento de la
autorización otorgada por el Congreso a través de la Ley 165 del 27 de diciembre de
1948, profirió el Decreto 30 del 9 de enero de 195 por medio del cual creó la Empresa
Colombiana de Petróleos como una empresa industrial y comercial del Estado del
orden nacional, vinculada al Ministerio de Minas y Energía, con autonomía y personería
jurídica; lo que significa que el personal perteneciente a la esta tenía la categoría de
servidor público.
Luego, con la expedición del Decreto 1760 del 26 de junio de 2003, el Ministerio de
Minas y Energía escindió la aludida entidad y dispuso su organización como una
sociedad pública por acciones, manteniéndoles a los funcionarios las mismas
condiciones laborales con las cuales se vincularon. Posteriormente, su naturaleza
jurídica fue modificada a través de la Ley 1118 del 27 de diciembre de 2006, pasando
a ser una sociedad de economía mixta de carácter comercial, vinculada al Ministerio
de Minas y Energía, con domicilio principal en la ciudad Bogotá, en los siguientes
términos:
Artículo 1. Naturaleza jurídica de Ecopetrol S.A. Autorizar a Ecopetrol S. A., la
emisión de acciones para que sean colocadas en el mercado y puedan ser adquiridas
por personas naturales o jurídicas. Una vez emitidas y colocadas total o parcialmente
las acciones de que trata la presente Ley, la sociedad quedará organizada como una
Sociedad de Economía Mixta de carácter comercial, del orden nacional, vinculada al
Ministerio de Minas y Energía; se denominará Ecopetrol S. A., su domicilio principal
será la ciudad de Bogotá, D. C. […] (Se subraya).
En cuanto al régimen laboral aplicable a los empleados con ocasión de la citada
variación, el artículo 7 ibidem dispuso:
Artículo 7. Régimen laboral. Una vez ocurra el cambio de naturaleza jurídica de
Ecopetrol S. A., la totalidad de los servidores públicos de Ecopetrol S. A. tendrán el
carácter de trabajadores particulares y por ende, a los contratos individuales de trabajo
continuarán aplicándoles las disposiciones contenidas en el Código Sustantivo del
Trabajo, en la Convención Colectiva de Trabajo y en el Acuerdo 01 de 1977, según sea
el caso, con las modificaciones y adiciones que se presenten […]
La Corte Constitucional, en sentencia C-722 de 2007, al analizar la constitucionalidad
del artículo transcrito, sostuvo:
[…] en la disposición acusada no se está disponiendo que, al producirse el cambio de
naturaleza jurídica de Ecopetrol S.A., quienes laboran para la aludida empresa
perderán su condición de servidores públicos para pasar a convertirse en trabajadores
particulares.
Si se toma el texto integral de la disposición contenida en el artículo 7º. de la Ley 1118
de 2006, se pone en evidencia cómo, de lo que se trata es de señalar el régimen laboral
aplicable a los servidores de Ecopetrol S.A. y, para tal efecto, se empieza por ratificar
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su condición de servidores públicos, para señalar luego que dichos servidores públicos
tendrán el carácter de trabajadores particulares para efectos de la determinación del
régimen jurídico aplicable a sus contratos individuales de trabajo, disposición que se
encuentra en consonancia con lo dispuesto en el artículo 123 de la Constitución, según
el cual los empleados y los trabajadores del Estado y de sus entidades
descentralizadas territorialmente y por servicios son servidores públicos.
Significa lo anterior que la asignación del carácter de trabajadores particulares a los
servidores públicos - para efectos de la aplicabilidad de las normas del Código
Sustantivo de Trabajo y para asegurar la vigencia de las prerrogativas plasmadas en
las convenciones colectivas de trabajo y demás acuerdos que puedan existir entre la
entidad empleadora y sus trabajadores - resulta constitucionalmente admisible en la
medida en que se respeten los derechos adquiridos de los trabajadores y se asegure
la plena observancia de lo dispuesto en los artículos 53 y 58 de la Constitución Política
[…] (Se subraya)
De lo anterior se colige, en armonía con lo expuesto por la Subsección B de la Sección
Segunda[13], que a partir de la vigencia de la Ley 1118 de 2006 los empleados de
Ecopetrol S.A. tienen el carácter de trabajadores particulares y por consiguiente a sus
contratos les serán aplicables las disposiciones del Código Sustantivo del Trabajo, con
el fin de salvaguardar las prerrogativas y derechos adquiridos; sin que ello implique que
los mismos fueron despojados de su condición de servidores públicos, máxime cuando
están vinculados a una entidad estatal del orden nacional, adscrita al Ministerio de
Minas y Energía.
Por lo tanto, en virtud del artículo 25 de la Ley 734 de 2002 (antes artículo 20 de la Ley
200 de 1995) a dichos servidores públicos se les aplicarán las disposiciones
disciplinarias contenidas en la aludida ley, aun cuando su vinculación con Ecopetrol
obedezca a un contrato de trabajo, dada su calidad de servidores y en atención a que
prestan una función pública bajo la subordinación del Estado.
• Competencia del Consejo de Estado en materia disciplinaria:
En vigencia del Decreto 01 de 1984, esta corporación, por medio de los autos del 4 de
agosto de 2010 y 18 de mayo de 2011, determinó que la competencia para conocer de
las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho, en las que se controviertan
actos administrativos que impongan sanciones disciplinarias de destitución o
suspensión en el ejercicio del cargo, con o sin cuantía, es privativa en única instancia
del Consejo de Estado; en concordancia con lo dispuesto en los numerales 2º y 13 del
artículo 128 del CCA.
Con lo expuesto en precedencia, es viable concluir que para la fecha en que se abrió
investigación disciplinaria en contra del actor, esto es, 5 de marzo de 2005, y para
cuando se emitió decisión de segunda instancia el 4 de septiembre de 2006 aquel
ostentaba la calidad de servidor público, pues fue solo hasta el 27 de diciembre de la
misma anualidad, con la expedición de la Ley 1118 que Ecopetrol S.A. varió su
naturaleza jurídica. En todo caso, aun cuando se dispuso que los empleados
vinculados a la empresa tendrían la condición de trabajadores particulares, ello no
significó la pérdida de su carácter como servidor público, como lo explicó la Corte
Constitucional.
Así las cosas, dado que en el dossier se pretende la nulidad de las decisiones
disciplinarias proferidas por la Oficina de Control Disciplinario Interno y el presidente
de Ecopetrol S.A., por medio de las cuales se impuso a Jimmy Alexander Patiño Reyes,
como servidor público, sanción disciplinaria de destitución del empleo e inhabilidad por
el término de 10 años y 1 mes, la competencia para conocer del proceso de la
referencia recae en esta Sala».
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19. El anterior criterio fue reiterado por la Subsección A de esta Sección, entre otras, en
la sentencia del 22 de septiembre de 202234.
3.2. Problema jurídico y metodología de su resolución
20. De acuerdo con lo expuesto, la Sala analizará el fondo del asunto a partir del
siguiente problema jurídico: ¿Los actos administrativos demandados deben anularse
por haber sido expedidos con infracción de las normas en que debían fundarse, falsa
motivación y violación del debido proceso?
21. En caso de que la respuesta al interrogante planteado sea positiva, se deberá
determinar si hay lugar a reconocimiento y pago por parte de Ecopetrol S.A. de los
perjuicios morales solicitados por el demandante.
22. Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala se referirá al decaimiento del
acto administrativo como situación sobreviniente. Seguidamente, se analizará el caso
en concreto.
3.3. El decaimiento del acto administrativo
23. De conformidad con el artículo 66 del CCA, los actos administrativos a pesar de no
haber sido anulados por sentencia judicial, perderán su fuerza ejecutoria por las
siguientes causales:
«Artículo 66. Salvo norma expresa en contrario, los actos administrativos serán
obligatorios mientras no hayan sido anulados o suspendidos por la jurisdicción en lo
contencioso administrativo, pero perderán su fuerza ejecutoria en los siguientes casos:
1. Por suspensión provisional.
2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho.
3. Cuando al cabo de cinco (5) años de estar en firme, la administración no ha realizado
los actos que le correspondan para ejecutarlos.
4. Cuando se cumpla la condición resolutoria a que se encuentre sometido el acto.
5. Cuando pierdan su vigencia.» (se subraya)
24. Ahora bien, en relación con la segunda causal de pérdida de ejecutoria, esto es, la
desaparición de los fundamentos de hecho y de derecho de los actos administrativos,
esta corporación ha precisado que se configura el «decaimiento del acto administrativo».
25. En cuanto al decaimiento del acto, se ha precisado jurisprudencialmente que «es
una figura en virtud de la cual se predica que estos, a pesar de no haber sido anulados por
sentencia judicial, pierden su fuerza ejecutoria»35.
26. En ese sentido, esta institución ha sido definida por la Sala de Consulta y del
Servicio Civil del Consejo de Estado en los siguientes términos:
«La doctrina foránea, y la nacional que ha seguido esas concepciones sin mayor
profundidad, bueno es reconocerlo, al tratar las formas de extinción de los actos
administrativos, generales o de efectos particulares, ha reconocido y consagrado la
figura jurídica del decaimiento del acto administrativo, o sea, la extinción de ese acto
jurídico producida por circunstancias supervinientes que hacen desaparecer un
presupuesto de hecho o de derecho indispensable para la existencia del acto: a)
derogación o modificación de la norma legal en que se fundó el acto administrativo; b)
declaratoria de inexequibilidad de la norma constitucional o legal hecha por el juez que
ejerce el control de constitucionalidad, en los países donde ello existe; c) declaratoria
34 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, expediente 201200179 00 (0755-2012).
35 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección Cuarta, sentencia del 27 de septiembre de
2012. Radicación número: 25000-23-27-000-2008-00199-01(18373).
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de nulidad del acto administrativo de carácter general en que se fundamenta la decisión
de contenido individual o particular; y d) desaparición de las circunstancias fácticas o
de hecho que determinaron el reconocimiento de un derecho o situación jurídica
particular y concreta»36. (La Sala Subraya).
27. Así las cosas, se tiene que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha decantado
que el decaimiento del acto administrativo opera por ministerio de la ley, por lo cual,
para que para opere esta figura no se requiere de declaración judicial37.
28. Aunado ello, se ha precisado que sus efectos son a futuro, desde el momento en
que desaparecen sus fundamentos de derecho38. Es decir, que no se afecta la validez
ni presunción de legalidad del acto administrativo afectado. No obstante, ha resaltado
esta corporación, que las circunstancias descritas no impiden que el juez contencioso-
administrativo adelante el estudio de legalidad respectivo39. En ese sentido, se destaca
es necesario precisar que no es que el decaimiento del acto administrativo dé lugar a
la nulidad del mismo, pues pueden existir otras razones para su anulación.
3.6. Estudio del caso concreto
3.6.1. Hechos probados
29. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente se puede establecer lo
siguiente:
a) Según el fallo de primera instancia del 16 de marzo de 200640, las sanciones
disciplinarias endilgadas al demandante se derivan de la declaratoria de ilegalidad del
cese de actividades por parte del Ministerio de la Protección Social en la Resolución
1116 del 22 de abril de 2004. En efecto, al adelantar el análisis de culpabilidad, la
Oficina de Control Disciplinario Interno de Ecopetrol S.A. señaló:
«El servidor involucrado, al momento de iniciarse la suspensión colectiva de trabajo
había sido advertido por la Administración acerca de la declaratoria de la ilegalidad del
cese que se pretendía realizar y de sus efectos, esto, mediante comunicados
elaborados por la Presidencia de la entidad de fechas enero y abril 22 de 2004;
adicional a ello, el mismo día en que se inició el cese de actividades el Ministerio de la
Protección Social declaró mediante Resolución No. 1116 la pronosticada ilegalidad, y
aunado a lo anterior, él tenía conocimiento de las obligaciones adquiridas con la
empresa ECOPETROL S.A. previamente y de los turnos que debía prestar durante los
meses de abril y mayo, de tal suerte que, este trabajador sabía claramente de la ilicitud
de su comportamiento, sin embargo, a pesar de todo lo anterior desconoció la
mencionada ilegalidad, las invitaciones a reincorporarse a sus labores y persistió en el
cese de actividades objeto de tratamiento en este averiguatorio. (…)
El señor CÉSAR AUGUSTO MUÑOZ SUÁREZ es responsable de los comportamientos
imputados, conductas que cometió a título de dolo, entendido este como el
conocimiento y voluntad de realización de los elementos que estructuran la infracción.
Sin duda, en el proceder del disciplinado se conjugaron los elementos cognoscitivo y
volitivo que integran el dolo, porque como se dijo una y otra vez en la valoración del
haz probatorio, conoció lo ilegal del cese de actividades en el que estuvo inmersa y
sabía las potenciales consecuencias de dicho proceder y aún así, quiso su realización
36 Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 14 de diciembre de 2020. Radicación número:
11001-03-06-000-2020-00225-00(C).
37 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección Segunda, sentencia del 11 de abril de 2018.
Radicación no. 11001032500020120020900(00828-12)
38 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección Cuarta, sentencia del 15 de agosto de 2018.
Radicación número: 11001-03-27-000-2016-00012-00(22362)
39 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 12 de noviembre de
2020. Radicación Número: 63001-23-33-000-2014-00244-01 (2991-16).
40 F. 54 de cuaderno principal.
15
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y se sostuvo en él, estando siempre en pleno uso de sus facultades mentales. » (se
subraya)
b) Asimismo, en el fallo disciplinario de segunda instancia del 24 de mayo de 2006 al
analizar la culpabilidad del demandante, se indicó:
«Demostrado como se encuentra que CESAR AUGUSTO MUÑOZ SUAREZ participó
en el cese de actividades declarado ilegal mediante Resolución 1116 del 22 de abril de
2004, proferida por el Ministerio de la Protección Social y, de manera intencional y
voluntaria, incumplió el deber funcional que le asistía como trabajador de la empresa,
de ejercer sus funciones y prestar el servicio para el cual fue contratado como Analista
I de la Coordinación de Inspección de Calidad, corresponde ahora referirse a la
intencionalidad de tales comportamientos., (…)»
c) El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, en sentencia de única
instancia del 27 de octubre de 2011, anuló la Resolución 001116 del 22 de abril de
2004 proferida por el Ministerio de la Protección Social, al encontrar que este acto fue
expedido con violación del debido proceso.
d) El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta en fallo de tutela de segunda
instancia del 22 de julio de 2010, le ordenó a la Ecopetrol S.A. reintegrar y reconocer
en favor de los accionantes «[…] los salarios y prestaciones que dejaron de percibir,
considerándose para todos los efectos legales que no ha existido solución de continuidad en
su relación laboral con la empresa accionada y entendiéndose que los procesos disciplinarios
adelantados por la misma causa y que hayan tenido como consecuencias la desvinculación
de los actores tampoco tienen efecto alguno […]».
e) César Augusto Muñoz Suárez fue reintegrado al empleo de Analista E-10 el 10 de
agosto de 2010 a través de un programa de inducción y reincorporación laboral.
Asimismo, según certificación laboral expedida por Ecopetrol S.A. el 30 de octubre de
202341, al demandante se le pagaron los salarios y prestaciones dejados de devengar
durante el tiempo que estuvo desvinculado y se le reconoció de forma directa el
subsidio familiar y el beneficio de plan educacional a sus beneficiarios.
3.6.2. Análisis sustancial de la Sala
30. En el sub lite la discusión recae sobre la legalidad de los fallos disciplinarios de
primera instancia del 16 de marzo de 2006 proferido por la Oficina de Control
Disciplinario Interno de Ecopetrol, y de segunda instancia del 23 de junio de 2006
proferido por el presidente de Ecopetrol, por los cuales se sancionó al demandante
con destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos por el término de 10 años y
1 mes.
31. Como viene expuesto, la sanción impuesta a través de los referidos actos
administrativos obedeció a la declaratoria de ilegalidad del cese de actividades que
hizo el Ministerio de la Protección Social a través de la Resolución 1116 de 22 de abril
de 2004.
32. No obstante, mientras la presente demanda se hallaba en curso, se profirió la
sentencia de nulidad del 27 de octubre de 201142, por la cual la Sección Segunda de
esta corporación consideró que el aludido ministerio violó el debido proceso
administrativo de los empleados que participaron del cese de actividades. Al respecto,
en este fallo se consideró que, en el marco del trámite abreviado que adelantó la
autoridad encargada, se desconocieron las reglas generales del procedimiento
41 Visible a índice Samai 79 y 80.
42 Radicado 110010325000200400140 01, expediente 2309-2004.
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administrativo, ya que no se les informó a los afectados que se adelantaba una
actuación en su contra.
33. Entonces, al estar evidenciado que la motivación de las decisiones sancionatorias
cuestionadas en esta oportunidad consistió en la participación del demandante en la
mencionada huelga que, pese a haber sido declarada como ilegal por el Ministerio de
la Protección Social, posteriormente fue validada por esta corporación anular el acto
administrativo que adoptó tal determinación, se configuró en el sub lite el decaimiento
de los actos administrativos demandados.
34. En ese orden, se tiene que, respecto de las decisiones disciplinarias del 16 de marzo
de 2006 y del 24 de mayo de 2006 que se demandan, se produjo la pérdida de fuerza
ejecutoria por haber desaparecido del mundo jurídico los fundamentos de hecho y de
derecho en que se apoyaron, esto es, la Resolución 1116 de 22 de abril de 2004, con
ocasión del referido fallo del 27 de octubre de 2011.
35. Empero, ello no es impedimento para que en esta oportunidad se estudie la
legalidad de los actos, comoquiera que su decaimiento no implica que no sigan
produciendo efectos jurídicos.
36. Ahora bien, es importante resaltar que esta Subsección, al estudiar casos análogos
al que ocupa su atención en esta oportunidad, ha considerado que «no hay duda de
que, en consecuencia y por comunicabilidad de circunstancias, los actos disciplinarios que se
examinan, al haber sido fundados en dicha resolución, son igualmente violatorios de la
Constitución y la ley, por lo tanto, son nulos, pero por los mismos motivos que el Consejo de
Estado anuló el acto que les sirvió de fundamento y que los puso fuera de la órbita jurídica por
decaimiento»43.
37. En ese sentido, la Sala se acoge al mencionado criterio jurisprudencial y, en
consecuencia, se anularán los actos administrativos demandados por haber sido
expedidos con desconocimiento del debido proceso previsto en el artículo 29 de la
Constitución Política, puesto que el Ministerio de la Protección Social, tal y como se
indicó en la sentencia del 27 de octubre de 2011, no escuchó a los posibles afectados
y no practicó pruebas, o en otras palabras, no brindó las garantías constitucionales y
legales a quienes se podrían ver afectados con la decisión de declarar ilegal el cese
de actividades.
38. De otro lado, observa la Sala que César Augusto Muñoz Suárez fue reintegrado a
su empleo el 10 de agosto de 2010 en cumplimiento del fallo de tutela de segunda
instancia proferido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta del 22 de
julio de 2010. Sobre el particular, se evidencia que, tanto el demandante como la
empresa demandada alegan el hecho superado y la carencia actual de objeto respecto
de las pretensiones de restablecimiento del derecho relacionadas con su reintegro y
pago de salarios y prestaciones dejados de devengar.
39. No obstante, no sucede lo mismo respecto de aquellas pretensiones relacionadas
con el reconocimiento y pago de los perjuicios morales causados la compañera
permanente del demandante y a sus hijas, al haber sido beneficiarias del plan
educacional que la entidad concedía a los beneficiarios de sus trabajadores, así como
de aquellos causados a su madre, quien supuestamente dependía económicamente
de él. Por lo tanto, procederá la Sala a pronunciarse respecto de ello.
40. Revisado el plenario, encuentra la Sala que a índice 80 de Samai obra certificación
laboral expedida por Ecopetrol S.A. el 30 de octubre de 2023, donde consta que, a las
43 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 11 de abril de 2018.
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hijas del demandante, Adriana Lucía Muñoz Juliao y Clara Inés Muñoz Juliao se les ha
reconocido el beneficio educativo que otorga la empresa en virtud del artículo 32 de la
Convención Colectiva de Trabajo vigente, desde que cursaban primero de preescolar
y hasta cuando se graduaron de la universidad44:
44 Folio 5 de la certificación
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41. Mientras que se certificó que no existían solicitudes de reconocimiento de plan
educacional a favor de su compañera permanente, Olga Lucía Juliao Flórez.
42. Por lo tanto, no hay lugar al reconocimiento y pago de los perjuicios morales
alegados en favor Olga Lucía Juliao Flórez, Adriana Lucía Muñoz Juliao y Clara Inés
Muñoz Juliao. Ello, en la medida en que, de un lado, a las hijas del demandante se les
concedió el beneficio educativo que, según la demanda, no se les había otorgado; y
del otro, porque no obra prueba alguna en el expediente que permita evidenciar que
su compañera permanente hubiera sido beneficiaria del subsidio de educación pactado
en la Convención Colectiva. Más aún, cuando no existe prueba de las presuntas
afectaciones morales que sufrieron con ocasión del presunto no pago del beneficio
indicado.
43. En lo que respecta a su madre, Alicia Suárez Ruiz, advierte la Sala que los perjuicios
solicitados no se encuentran acreditados. En efecto, no obra en el plenario prueba
alguna que permita determinar que ella dependía económicamente del demandante,
así como tampoco que se vio afectada moralmente por la sanción disciplinaria que le
fue impuesta.
44. Finalmente, es necesario resaltar que, inclusive si se llegaren a encontrar probados
los perjuicios morales solicitados por el demandante en favor de sus familiares Olga
Lucía Juliao Flórez, Adriana Lucía Muñoz Juliao, Clara Inés Muñoz Juliao y Alicia
Suárez Ruiz, no es procedente su reconocimiento y pago, comoquiera que estas no
tienen la calidad de demandantes en el sub lite.
45. Al respecto, la Sección Segunda de esta Corporación, Subsección A, en sentencia
del 4 de julio de 2019, al estudiar un caso similar, indicó:
«Visto lo anterior, es preciso destacar como una de las características esenciales del
derecho de acción que es de carácter individual, de manera que en la composición de
un determinado litigio solo podrá tenerse como demandante a quien efectivamente lo
haya ejercido, bien sea en forma directa o por interpuesta persona. En otras palabras,
para ser parte demandante basta demandar, es el simple acto de voluntad de promover
la iniciación de un proceso judicial lo que da paso a que se consolide tal condición.
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El anterior planteamiento ha sido aterrizado coherentemente en el derecho de la
responsabilidad, donde la doctrina y la jurisprudencia sostienen como uno de los
elementos del perjuicio que sea personal. Esto significa que tan solo la víctima o sus
herederos tienen derecho a pretender su reparación.
Sobre el carácter personal del daño, el profesor Juan Carlos Henao señala […] que el
perjuicio sea sufrido por la persona que solicita reparación es un principio elemental del
derecho de la responsabilidad […] el daño es personal cuando quien demanda
reparación es la persona que lo sufrió […]45.
En tales condiciones, queda claro que el demandante pretende la reparación de un
daño moral que no satisface el requisito de ser personal como quiera que, en el
hipotético caso de haber existido, su sufrimiento no se predica de aquel sino de sus
padres, cónyuge e hijas, quienes no son parte del presente proceso.»46
46. De conformidad con lo expuesto, no es procedente la reparación del daño moral
solicitado por César Augusto Muñoz Suárez, comoquiera que este no se predica de él
directamente sino de su madre, compañera permanente e hijas, quienes no tienen la
calidad de parte en el presente proceso47.
3.7. Conclusión de la decisión
47. Con fundamento en lo expuesto, la respuesta al problema jurídico planteado es que,
si bien aconteció el decaimiento de los actos administrativos demandados, estos
deben anularse por parte de esta jurisdicción al ser violatorios del debido proceso
previsto en el artículo 29 de la Constitución Política, y en ese sentido se accederá a
las pretensiones de la demanda.
48. No obstante, serán negadas las pretensiones de restablecimiento del derecho, en
tanto las relacionadas con el reintegro y pago de los salarios y prestaciones sociales
dejados de percibir durante el tiempo que estuvo desvinculado ya fueron satisfechas
por parte de la demandada, mientras que las atinentes a los perjuicios morales sufridos
por sus familiares con ocasión de su despido no fueron acreditadas y, en todo caso,
no fueron solicitadas de forma personal por los afectados, pues no son parte del
presente proceso.
3.8. Costas
49. El Decreto 01 de 1984, «Código Contencioso Administrativo», señalaba en su
artículo 171 que «en todos los procesos, con excepción de los de nulidad y de los electorales,
habrá condena en costas para el litigante vencido en el proceso, incidente o recurso, en los
términos del artículo 392 del Código de Procedimiento Civil». Artículo que fue declarado
exequible por la Sala de Asuntos Constitucionales de la Corte Suprema de Justicia,
mediante sentencia del 16 de agosto de 1984.
50. El artículo 171 del CCA, fue modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, de
la siguiente manera: «[e]n todos los procesos, con excepción de las acciones públicas,
el Juez, teniendo en cuenta la conducta asumida por las partes, podrá condenar en
45 Henao, Juan Carlos. El daño: Análisis comparativo de la responsabilidad extracontractual del Estado en derecho
colombiano y francés. Bogotá D.C. Ed. Universidad Externado de Colombia; segunda reimpresión: abril de 2007;
pp. 88 y 104.
46 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 4 de julio de 2019, expediente
11001032500020120020600, 0824-2012.
47 Esta posición ha sido reiterada por esta Corporación en otras oportunidades, verbigracia en sentencia del 22 de
septiembre de 2022, proferida en el proceso 11001032500020120017900 (0755-2012), por la Subsección A de esta
Sección.
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Demandante: César Augusto Muñoz Suárez
costas a la vencida en el proceso, incidente o recurso, en los términos del Código de
Procedimiento Civil.»
51. Por ello, debe entenderse que esta disposición define un carácter subjetivo de la
responsabilidad por el pago de dichas costas, es decir una responsabilidad que sólo
opera cuando existe una conducta reprochable atribuible a la parte vencida. En efecto,
su lectura lleva a concluir que tal condena no se producirá necesariamente, sino que
podrá darse o no dependiendo de si ha mediado o no una conducta reprochable en la
parte vencida, durante el trámite del proceso. Por lo que es necesario realizar un juicio
de ponderación o valoración subjetiva respecto de la conducta procesal asumida por
las partes, por lo tanto, debe verificarse que la parte vencida actuó de mala fe, de
manera temeraria o dilatoria, etc.
52. Así las cosas, en esta oportunidad no se condenará en costas, porque no se
advierte que la parte demandante haya incurrido en las anteriores conductas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
Primero: Declárese la nulidad de los fallos disciplinarios de primera instancia del 16
de marzo de 2006 proferido por la Oficina de Control Disciplinario Interno de Ecopetrol,
y de segunda instancia del 23 de junio de 2006 proferido por el presidente de Ecopetrol,
por los cuales se sancionó con destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos
a César Augusto Muñoz Suárez por el término de 10 años y 1 mes.
Segundo: Negar las demás pretensiones de la demanda.
Tercero: No condenar en costas.
Cuarto: En firme esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen, previas
las anotaciones en el aplicativo SAMAI.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI.
En consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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