RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 52001-23-33-000-2013-00212-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2013-00212-02

Fecha
4 de junio de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2013-00212-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el seis (6) de octubre de dos mil veintitrés (2023) por el Tribunal Administrativo de Nariño, por medio de la cual accedió a las pretensiones. Segundo. Condenar en costas a la demandada en segunda instancia. Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9 Radicado: 52001-23-33-000-2013-00212-02 (1234-2024) Tercero. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones pertinentes en el aplicativo SAMAI. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 52001-23-33-000-2013-00212-02

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

4 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Cuatro (4) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 52001-23-33-000-2013-00212-02 (1234-2024)
Demandante: Filipo Benjamín Burgos López
Demandado: Nación - Procuraduría General de la Nación

Temas: Bonificación por compensación. Efectos nulidad Decreto 4040
de 2004. Contratos de transacción no impiden el
reconocimiento del derecho bajo la norma vigente. Costas en
primera instancia. CONFIRMA SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la demandada contra la
sentencia proferida el seis (6) de octubre de dos mil veintitrés (2023) por el
Tribunal Administrativo de Nariño, por medio de la cual accedió a las
pretensiones.

ANTECEDENTES

1. El señor Filipo Benjamín Burgos López instauró demanda1 en contra de la
Nación - Procuraduría General de la Nación en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin
de que se acceda a las siguientes

PRETENSIONES

2. Que se declare la nulidad del acto administrativo proferido el 18 de diciembre de
2012, por medio del cual la entidad negó la bonificación por compensación.
Como restablecimiento del derecho, que se condene al pago del 80 % de lo que

1 Folios 2 a 18.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 52001-23-33-000-2013-00212-02 (1234-2024)

por todo concepto perciben los magistrados de altas cortes, desde el 1.° de
enero de 2001 hasta el 31 de octubre de 2002.

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:

3. Que desde el 31 de agosto de 1991 hasta el 31 de octubre de 2002 prestó sus
servicios como procurador judicial II para asuntos administrativos ante el
Tribunal Administrativo de Nariño. Afirmó que interpuso demanda contra la
entidad, pero esta le solicitó realizar una transacción con el fin de reconocer el
pago del 70% de la bonificación por gestión judicial con la condición de que
desistiera de la demanda, lo cual aceptó el actor.

4. Que el 21 de marzo de 2012 solicitó el pago retroactivo de la diferencia
económica que resultara entre la bonificación del Decreto 4040 de 2004 y la
bonificación por compensación del Decreto 610 de 1998, pero esta fue negada
a través del acto acusado.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

5. Considera violados los artículos 2, 4, 13, 25, 53, 58 y 228 de la Constitución
Política; las Leyes 1987 de 1998 (sic), 63 de 1998, 4.ta de 1992, 10 de 1987; el
Código Sustantivo del Trabajo, la Convención Americana de Derechos
Humanos, el Protocolo de San Salvador, los Convenios 11, 95 y 100 de la OIT
sobre la protección del salario, igualdad de remuneración y no discriminación en
materia de empleo, y el Decreto 610 de 1998.

6. Que la entidad vulneró los derechos del actor al imponerle el régimen de
bonificación por gestión judicial del Decreto 4040 de 2004, el cual redujo sus
condiciones salariales frente al régimen previsto en el Decreto 610 de 1998.
Explicó que el Consejo de Estado anuló dicho decreto por desconocer los
principios de igualdad, progresividad e irrenunciabilidad de los derechos
laborales, especialmente porque obligaba a desistir de acciones judiciales o
renunciar a reclamaciones para acceder al nuevo beneficio. Que en todo caso,
la bonificación por compensación constituye un derecho adquirido e
irrenunciable reconocido por la jurisprudencia, por lo que las conciliaciones,
transacciones y desistimientos realizados con fundamento en el Decreto 4040
de 2004 carecen de validez.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2

Radicado: 52001-23-33-000-2013-00212-02 (1234-2024)

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

7. La demanda fue admitida el 13 de febrero de 20152. La entidad manifestó3 que
carece de competencia para fijar el régimen salarial de sus funcionarios, pues
dicha facultad corresponde exclusivamente al Gobierno nacional, el cual reguló
la bonificación por gestión judicial y la bonificación por compensación mediante
los Decretos 4040 de 2004 y 1102 de 2012. Manifestó que ambas bonificaciones
corresponden a una misma prestación con porcentajes distintos y afirmó que las
situaciones jurídicas consolidadas bajo el Decreto 4040 de 2004 debían
respetarse, pues la nulidad de dicha norma no podía aplicarse retroactivamente
frente a quienes se acogieron a ella. En el caso del demandante, expresó que
este desistió de acciones judiciales para acogerse al régimen previsto en dicho
decreto, por lo que no podía iniciar nuevas reclamaciones.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN4

8. El Tribunal Administrativo de Nariño mediante sentencia del 6 de octubre de
2023, accedió a las pretensiones. Expuso que el actor adquirió el derecho a
percibir una remuneración equivalente al 80 % de lo que por todo concepto
devengaban los magistrados de altas cortes. Precisó que la bonificación por
compensación debía calcularse teniendo en cuenta la totalidad de los ingresos
de dichos magistrados, incluida la prima especial de servicios del artículo 15 de
la Ley 4.ta de 1992. Aclaró que el emolumento reconocido únicamente constituye
factor salarial para efectos pensionales y no para liquidar otras prestaciones
sociales, y que el tope del 80 % no puede superarse.

9. Respecto de la prescripción, explicó que el término trienal solo puede
contabilizarse desde que el derecho se hace exigible, y que, en el caso
particular, la coexistencia entre el régimen del Decreto 610 de 1998 y el del
Decreto 4040 de 2004 generó incertidumbre sobre cuál era el aplicable, razón
por la cual no podía hablarse de exigibilidad plena del derecho. Por ello, estimó
que el término de prescripción comenzó a contarse a partir del 28 de enero de
2012, fecha en que quedó ejecutoriada la sentencia que anuló el Decreto 4040
de 2004. Como el demandante presentó reclamación administrativa el 23 de
marzo de 2012, la Sala concluyó que no operó la prescripción.

RECURSO DE APELACIÓN

10. La parte demandada5 interpuso recurso de apelación por considerar que,
respecto de la nulidad del Decreto 4040 de 2004, no existe una norma regule

2 Folio 189.
3 Folios 220 a 239.
4 Folios 207 a 212.
5 Folios 216 a 219.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3

Radicado: 52001-23-33-000-2013-00212-02 (1234-2024)

expresamente las consecuencias de la declaratoria de nulidad de los actos
administrativos. Sobre el particular, citó jurisprudencia de la Corte Constitucional
según la cual la anulación de un acto produce efectos ex tunc, siempre que no
existan situaciones jurídicas consolidadas.

11. En ese contexto, expresó que al momento de excluirse del ordenamiento jurídico
el Decreto 4040 de 2004, ya se encontraba consolidada la situación jurídica
derivada de la reclamación presentada por el actor, que se concretó mediante el
contrato de transacción celebrado por las partes, el cual debe mantenerse pese
a la nulidad de dicha norma, máxime cuando no ha sido modificado ni
demandado ante esta jurisdicción.

12. Manifestó su desacuerdo con la condena en costas impuesta en primera
instancia, por considerar que la conducta procesal asumida por la entidad fue
adecuada y leal.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

13. El 20 de abril de 20266 se admitió el recurso. En la oportunidad para
pronunciarse, las partes guardaron silencio. El Ministerio Público emitió
concepto7 en el que solicitó confirmar la sentencia apelada al estimar que la
bonificación por compensación constituye un derecho consolidado y no una
mera expectativa, por lo que el Decreto 4040 de 2004 no podía reducir su
porcentaje al 70 % ni supeditar su reconocimiento a la renuncia de acciones
judiciales, al tratarse de una medida regresiva contraria al orden constitucional.
Que, en consecuencia, la nulidad de dicha norma implicó su exclusión del
ordenamiento jurídico y la aplicación de la regulación anterior más favorable, lo
que impone el reconocimiento integral de la bonificación en el 80 % y de las
diferencias salariales causadas.

CONSIDERACIONES

14. La Sala debe determinar si el demandante tiene derecho al reconocimiento y
pago de la bonificación por compensación prevista en el Decreto 610 de 1998,
en atención a los efectos de la nulidad del Decreto 4040 de 2004 y a la existencia
de una presunta situación jurídica consolidada previa a la anulación de la
mencionada norma, derivada de la suscripción de un contrato de transacción
entre las partes. Además, corresponde definir si resultaba procedente la
condena en costas impuesta en primera instancia.

6 Ver índice 24 de SAMAI.
7 Ver índice 28 de SAMAI.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4

Radicado: 52001-23-33-000-2013-00212-02 (1234-2024)

Marco normativo y jurisprudencial

Bonificación por compensación

15. La bonificación por compensación fue creada mediante el Decreto 610 de 1998
tras el reconocimiento de una brecha salarial entre los magistrados de tribunal y
otros funcionarios frente a los magistrados de altas cortes, pues para ese
momento aquellos percibían apenas el 46 % de la remuneración de estos
últimos.

16. Con tal finalidad, la norma adoptó un esquema de nivelación salarial progresiva,
mediante el cual se dispuso un incremento gradual de los ingresos laborales de
los funcionarios destinatarios del decreto8, iniciando en 1999 con un
reconocimiento equivalente al 60% de lo percibido por los magistrados de las
altas cortes y alcanzando el 80% en el 2001.

17. Con la expedición del Decreto 2668 de 1998 se derogaron los Decretos 610 de
1998 y el 1239 del mismo año—que lo había adicionado—, lo que impedía la
posibilidad de reclamar la Bonificación por Compensación. Sin embargo, dicha
disposición fue declarada nula mediante sentencia de la Sala de Conjueces de
la Sección Segunda del Consejo de Estado, del 25 de septiembre de 20019, con
lo cual recobraron vigencia los decretos derogados y se restableció la mentada
bonificación, configurándose este como un primer momento en que la asignación
resultó plenamente exigible.

18. No obstante, en el año 2004, mediante el Decreto 4040 el Gobierno Nacional
creó la denominada «Bonificación de Gestión Judicial», destinada a los mismos
beneficiarios del Decreto 610 de 1998, con el propósito de nivelar sus
emolumentos hasta en un 70% de lo devengado, por todo concepto, por los
magistrados de las altas cortes.

19. Esta medida se adoptó pese a la existencia previa de la Bonificación por
Compensación, que perseguía el mismo objetivo de subsanar la desigualdad
salarial, lo que dio lugar a la concurrencia de dos regímenes salariales aplicables
a un mismo grupo de servidores públicos. En ese contexto, el régimen
introducido por el Decreto 4040 de 2004 (incompatible con la Bonificación por

8 Artículo 2.°, Decreto 610 de 1998: «La Bonificación por Compensación de que trata el artículo anterior, se

aplicará a los Magistrados de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, Contencioso Administrativo,
Nacional y Superior Militar; a los Magistrados Auxiliares de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional,
y el Consejo Superior de la Judicatura; a los Abogados Auxiliares del Consejo de Estado; a los Fiscales y Jefes
de Unidad ante el Tribunal Nacional; a los Fiscales del Tribunal Superior Militar, los Fiscales ante el Tribunal de
Distrito, y los jefes de Unidad de Fiscalía ante Tribunal de Distrito.»
Adicionado por el artículo 1 del Decreto 1239 de 1998: «a los Secretarios Generales de la Corte Suprema de
Justicia, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional y al Secretario Judicial de la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.»
9 Consejo de Estado. Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 25 de septiembre de 2001. Exp. CE-

SEC2-EXP2001-N395-99. Radicado. 395-99. CP. Alvaro Lecompte Luna.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5

Radicado: 52001-23-33-000-2013-00212-02 (1234-2024)

Compensación) reconoció un porcentaje inferior de nivelación salarial y
condicionó su acceso al desistimiento de las acciones judiciales promovidas con
ocasión de la bonificación del Decreto 610 de 1998 o, en su defecto, a la
suscripción de contratos de transacción cuando no se hubieran formulado
reclamaciones previas.

20. El Decreto 4040 de 2004 fue objeto de control jurisdiccional y, mediante
sentencia del 14 de diciembre de 201110, la Sala de Conjueces de la Sección
Segunda del Consejo de Estado declaró su nulidad al considerar que el Gobierno
nacional excedió su potestad reglamentaria por establecer un régimen salarial
regresivo frente a uno previamente reconocido y vigente, en desconocimiento de
los principios de igualdad, progresividad y favorabilidad aplicables en materia
salarial para los beneficiarios de la norma.

21. Como consecuencia, el régimen previsto en el Decreto 4040 de 2004 fue
excluido del ordenamiento jurídico, y en su lugar, recobró vigencia el esquema
de la Bonificación por Compensación, sin las limitaciones, incompatibilidades ni
condicionamientos introducidos por la norma anulada, consolidándose
nuevamente la posibilidad de hacer efectiva dicha remuneración.

22. Ahora bien, lo cierto es que mientras coexistieron ambos regímenes no era
viable determinar con certeza cuál de ellos resultaba aplicable, y, en todo caso,
una vez declarada la nulidad de la Bonificación de Gestión Judicial, tampoco
había claridad del momento a partir del cual era exigible la Bonificación por
Compensación.

23. En atención a lo anterior, la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, mediante sentencia del 18 de mayo de 201611, desarrolló
una interpretación sobre la aplicación del Decreto 610 de 1998 y la prescripción
trienal, precisando que esta última solo comienza a contarse a partir de la
exigibilidad del derecho una vez superada la dualidad de normas presentada, la
cual se configuró con la ejecutoria de la sentencia que excluyó del ordenamiento
jurídico el Decreto 4040 de 2004, esto es, desde el 28 de enero de 2012.

24. Además, precisó que, al momento de fijar el monto de la bonificación, las sumas
reconocidas a los congresistas por concepto de cesantías constituyen ingresos
laborales permanentes, por lo que integran la base de liquidación de la prima
especial de servicios de los magistrados de altas cortes, criterio que también
aplica a la bonificación por compensación, en la medida en que esta se
determina con base en lo que por todo concepto devenguen dichos funcionarios.

10 Consejo de Estado. Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 14 de diciembre de 2011. Exp.

11001-03-25-000-2005-00244-01 (10067-2005). CP. Carlos Arturo Orjuela Góngora.
11 Consejo de Estado. Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 18 de mayo de 2016. Exp. 25000-

23-25-000-2010-00246-02(0845-15). CP. Jorge Iván Acuña Arrieta.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6

Radicado: 52001-23-33-000-2013-00212-02 (1234-2024)

Resolución del caso concreto

25. El objeto de discusión deberá enfocarse en los motivos de inconformidad
expuestos por el apelante único, que consisten en el desacuerdo con el
reconocimiento de la bonificación por compensación considerando los efectos
de la nulidad del Decreto 4040 de 2004 y la existencia de una situación jurídica
consolidada, así como con la condena en costas.

26. Sobre el particular, la Sala desestima los planteamientos del recurrente respecto
a las consecuencias de la exclusión de la mentada norma del ordenamiento
jurídico. Si bien la providencia que anuló el decreto no determinó de manera
expresa sus efectos, la jurisprudencia12 ha sido clara en afirmar que la nulidad
de un acto administrativo de carácter general afecta su validez desde su
expedición, de manera que el acto nace viciado y la decisión judicial que lo
excluye declara que nunca fue jurídicamente válido, y, por regla general, sus
efectos son ex tunc, es decir que se retrotraen las cosas a su estado anterior.
Sin embargo, este criterio no opera de forma absoluta frente a todos los
supuestos, pues el elemento diferenciador radica en establecer si existe una
situación jurídica consolidada, caso en el cual la decisión surte efectos ex nunc
por razones de seguridad jurídica.

27. Ahora, no puede entenderse que el reconocimiento de la bonificación por gestión
judicial sustentada en el Decreto 4040 de 2004 o la suscripción de un contrato
de transacción para el reconocimiento de dicho emolumento constituya una
situación jurídica consolidada para efectos de predicar la aplicación ex nunc de
la declaratoria de nulidad.

28. La consolidación supone la existencia de un derecho cierto e indiscutible,
circunstancia que no se configuró en el escenario de dualidad normativa
existente entre los Decretos 4040 de 2004 y 610 de 1998. En caso de haberse
efectuado un pago o firmarse un acuerdo con fundamento en una norma
posteriormente expulsada del ordenamiento, no transforma la situación en
inmutable ni genera, en favor de la administración, un derecho a mantener una
liquidación inferior a la prevista en el régimen válido.

12 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 10 de diciembre de 2015. Exp. 13001-

23-31-000-2001-00817-01 (1723-11). C.P. Luis Rafael Vergara Quintero. Al respecto: «[…] La declaratoria de
nulidad del acto administrativo afecta su validez y, por lo mismo, sus efectos se proyectan hacia el pasado. Así
pues, la doctrina ha señalado de manera unánime, como lo establece Sayagués Laso que “Al dictarse sentencia
anulatoria, el acto se extingue de pleno derecho en virtud de pronunciamiento jurisdiccional. Además, como la
extinción se funda en la invalidez del acto, considerase (sic) que ésta no ha tenido existencia válida y por tanto
los efectos de la extinción se proyectan hacia el pasado (Giorgi) SAYAGUES LASO, Enrique, Tratado de
Derecho Administrativo, Tomo II, Clásicos Jurídicos Uruguayos, Ed. Fundación de Cultura Universitaria,
Montevideo, 2005, No. 1068, p. 548 y 549. […]».
Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 22 de septiembre de 2022. Exp. 11001-03-
25-000-2012-00179-00 (0755-2012). C.P. William Hernández Gómez: «Sobre el particular, debe precisar la Sala
que la declaratoria de nulidad de actos administrativos de carácter general tiene efectos ex tunc o retroactivos
desde la fecha misma de expedición del acto, salvo las situaciones jurídicas consolidadas en favor del trabajador
antes de la decisión anulatoria las que deben mantenerse íntegramente en virtud del principio de seguridad
jurídica.».

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7

Radicado: 52001-23-33-000-2013-00212-02 (1234-2024)

29. En consecuencia, tratándose de una situación no consolidada y sometida a
debate judicial, la nulidad del acto general impide su aplicación al caso concreto
y conduce a definir el derecho con base en la norma que conservó su validez,
esto es, el Decreto 610 de 1998.

30. Ahora, sobre los contratos de transacción celebrados en este contexto, es
indispensable aclarar que la sentencia proferida el 14 de diciembre de 2011 por
la Sala de Conjueces del Consejo de Estado, mediante la cual se declaró la
nulidad del Decreto 4040 de 2004, soportó su decisión en la desigualdad
generada por dicha norma al permitir un trato diferenciado fundado únicamente
en la validez del consentimiento del interesado, y, reiteró la prohibición
constitucional de renunciar a los derechos adquiridos o de conciliar sobre
derechos ciertos e indiscutibles; por lo tanto, el argumento expuesto en este
aspecto no está llamado a prosperar.

31. En todo caso, la aplicación del Decreto 610 de 1998 no implica el reconocimiento
simultáneo de dos emolumentos; las sumas canceladas con fundamento en el
Decreto 4040 de 2004, en caso de existir, deben imputarse al cumplimiento
parcial de la obligación; por ello, solo hay lugar al reconocimiento y pago del
mayor valor que resulte de la diferencia entre el 70 % ya pagado y el 80 %
previsto en el régimen aplicable, sin que proceda cancelar nuevamente lo ya
satisfecho. Sobre este aspecto fue claro el tribunal de primera instancia al
advertir en el ordinal tercero de la parte resolutiva del fallo apelado que: «De la
liquidación que resulte por el cumplimiento de esta providencia, se descontarán
las sumas de lo que la entidad hubiese cancelado al demandante en caso de
haber efectuado transacción, conciliación, pago de la diferencia por orden de
tutela o equivalentes y en todo caso, de los valores pagados por concepto de
bonificación por gestión judicial durante dicho periodo.»

32. En virtud de todo lo expuesto, se confirmará la sentencia de primera instancia
que accedió a las pretensiones de la demanda.

De la condena en costas: análisis de primera y segunda instancia

33. Pues bien, en lo que respecta a este punto de impugnación de la parte
demandada, la Sala advierte que la modificación del artículo 188 del CPACA,
efectuada por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos
entendimientos por parte de esta corporación frente a la procedencia de la
condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura armónica y útil de la
norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera significó un
apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta materia.

34. En este contexto, es preciso aclarar que el término «dispondrá» de la referida
norma equivale a condenar a la parte vencida como regla general, y no debe

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8

Radicado: 52001-23-33-000-2013-00212-02 (1234-2024)

interpretarse como una facultad del juez para decidir si procede o no la condena,
además porque la norma no permite efectuar valoración alguna sobre su
procedencia en razón de la actuación de las partes como se aseguró en el
recurso, salvo cuando se trate de procesos donde se ventile un interés público.

35. Es por ello que, la pretensión del legislador con la reforma introducida por la
mencionada ley no fue establecer una regla nueva o distinta a la objetividad de
la condena, sino aclarar que, incluso en procesos de interés público, si la
demanda carece manifiestamente de fundamento legal, también procede la
condena.

36. De esta forma, se creó una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos, pero tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento
del derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume.
En ese sentido la sentencia dispondrá, es decir, ordenará, la condena en costas
sobre la parte vencida en el proceso.

37. En consecuencia, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

38. Con base en lo anterior se concluye que sí era procedente la condena en costas
impuesta en primera instancia contra la accionada al haberse accedido a las
pretensiones, pues esto implicó una decisión desfavorable en su contra.

39. Por lo mismo, también se fijará lo propio en esta instancia a su cargo como
recurrente, por cuanto se niega totalmente la petición del recurso de apelación.

40. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 de la misma norma, las
agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera
instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del tribunal de origen.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el seis (6) de octubre de dos mil
veintitrés (2023) por el Tribunal Administrativo de Nariño, por medio de la cual
accedió a las pretensiones.

Segundo. Condenar en costas a la demandada en segunda instancia.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9

Radicado: 52001-23-33-000-2013-00212-02 (1234-2024)

Tercero. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones
pertinentes en el aplicativo SAMAI.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente
sesión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
10

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.