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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2013-06825-02

Fecha
23 de abril de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2013-06825-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. AVOCAR conocimiento del proceso de la referencia, por las razones expuestas en la parte motiva. Segundo. CONFIRMAR la sentencia proferida el dieciséis (16) de septiembre de dos mil diecinueve (2019) por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio de la cual accedió a las pretensiones. Tercero. Condenar en costas a la demandada en segunda instancia. Cuarto. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones pertinentes en el aplicativo SAMAI La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2013-06825-02

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

23 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., veintitrés (23) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-42-000-2013-06825-02 (0927-2021)
Demandante: Mauricio García Cadena
Demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación

Temas: Bonificación por compensación. Incidencia prima especial de
servicios artículo 15 de la Ley 4.ta de 1992. Efectos nulidad
Decreto 4040 de 2004. CONFIRMA SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la demandada contra la
sentencia proferida el dieciséis (16) de septiembre de dos mil diecinueve (2019)
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio de la cual accedió a
las pretensiones.

ANTECEDENTES

1. El señor Mauricio García Cadena instauró demanda1 en contra de la Nación -
Fiscalía General de la Nación en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin de
que se acceda a las siguientes

PRETENSIONES

2. Que se declare la nulidad de la Resolución 20133100040881 del 28 de junio de
2013, por medio de la cual la entidad negó la nivelación salarial conforme a lo
establecido en el Decreto 610 de 1998. A título de restablecimiento del derecho,
que se condene al pago de las diferencias adeudadas por concepto de
bonificación por compensación, desde el 6 de mayo de 2008, liquidada en un 80
% de lo que por todo conceto perciben los magistrados de altas cortes, y la prima
especial de servicios equivalente a lo que por el mismo concepto reciben los
congresistas.

1 Folios 70 a 92.

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Radicado: 25000-23-42-000-2013-06825-02 (0927-2021)

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:

3. Que se desempeñó como fiscal delegado ante tribunal y es beneficiario de la
bonificación por compensación. Solicitó a la entidad la nivelación salarial, pero
fue negada a través del acto acusado.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

4. Considera violados los artículos 2, 13, 25, 53, 58, 90, 123, 209 y 280 de la
Constitución Política; 15 y 21 del Código Sustantivo del Trabajo; 1, 3, 35, 36, 84,
78, 87, 92, 138, 158 y 206 a 214 del Código Sustantivo del Trabajo; las Leyes
4.ta de 1992, 201 de 1995, y los Decretos 10 de 1993, 610 de 1998, 1239 de
1998, 262 de 2000.

5. Que existe una diferencia salarial respecto al valor que se le canceló en virtud
de la aplicación del Decreto 4040 de 2004 y al que perciben otros funcionarios a
quienes se les paga el 80 % de lo devengado por los magistrados de altas cortes,
y con los que se encuentra en condiciones de igualdad.

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

6. La demanda fue admitida el 28 de junio de 20152. La entidad manifestó3 que ha
dado aplicación a lo definido en materia salarial y prestacional para los
servidores de la Fiscalía General de la Nación. Propuso como excepciones las
que denominó: (i) la genérica y (ii) prescripción trienal.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN4

7. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante sentencia del 16 de
septiembre de 2019, accedió a las pretensiones. Expuso que el actor es
beneficiario de la bonificación por compensación en atención a su vínculo como
fiscal delegado ante tribunal, desde el 6 de mayo de 2008 y mientras desempeñe
dicho cargo; además, precisó que la prima especial de servicios del artículo 15
de la Ley 4.ta de 1992 debe integrarse a la totalidad de los ingresos de los
magistrados de altas cortes para efectos de determinar el 80%. Advirtió que, en
caso de que el actor hubiera recibido algún pago en aplicación del Decreto 4040
de 2004, este deberá ser descontado de la condena.

2 Folios 117 a 118.
3 Folios 113 a 154.
4 Folios 199 a 212.

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RECURSO DE APELACIÓN

8. La parte demandada5 interpuso recurso de apelación por considerar que la
norma aplicable al período reclamado por el demandante es el Decreto 4040 de
2004 y que, pese a haber sido retirada del ordenamiento jurídico, los fallos de
simple nulidad producen efectos ex nunc, por lo que las situaciones jurídicas
originadas durante la vigencia del acto anulado deben respetarse. En
consecuencia, sostuvo que el equivalente al 80 % de lo devengado por los
magistrados de altas cortes no puede aplicarse de forma retroactiva para
reconocer y pagar la diferencia frente al 70 % que ya percibido por el actor.

9. Además, advirtió que, en caso de reconocerse el emolumento pretendido, la
forma en que se ordenó la liquidación no es acertada, en tanto el tribunal de
origen reconoció diferencias adeudadas por concepto de prima especial de
servicios del artículo 15 de la Ley 4.ta de 1992, pese a que el cargo desempeñado
por el demandante no hace parte de los beneficiarios de dicha prestación.

10. A su vez, enfatizó que el 80 % debe calcularse con base en los ingresos de los
magistrados de altas cortes y no con los de los congresistas, últimos que no
guardan relación con el proceso. Por ello, manifestó que la orden dada buscó
eludir la naturaleza salarial de la prima especial, la cual solo constituye factor
para efectos de pensión y no incide en las cesantías de los magistrados de altas
cortes, las cuales, a diferencia de las de los congresistas, resultan inferiores.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

11. El 25 de febrero de 20226 se admitió el recurso. Las partes7 reiteraron los
argumentos de la demanda y la apelación. El Ministerio Público emitió concepto
en el que solicitó confirmar el fallo de primera instancia, por considerar que, con
base en el desarrollo jurisprudencial, la nulidad del Decreto 4040 de 2004
produce efectos ex tunc, por lo que se restablecen las condiciones previas,
reconociendo la bonificación por compensación como un derecho vigente para
sus beneficiarios y las diferencias adeudadas derivadas de su aplicación
progresiva.

CONSIDERACIONES
Avoca conocimiento

12. De conformidad con lo previsto en el artículo 116 del CPACA, cuando se
modifica la integración de la sala, los nuevos magistrados desplazan a los
conjueces, siempre que respecto de aquellos no se predique causal de

5 Folios 218 a 222.
6 Ver índice 16 de SAMAI.
7 Ver índice 38 y 39 de SAMAI.

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impedimento o recusación, tal como ocurre en este caso8 y por ello se avocará
conocimiento del proceso.

13. La Sala debe determinar si el demandante tiene derecho al reconocimiento y
pago de la bonificación por compensación prevista en el Decreto 610 de 1998
en consideración a los efectos de la nulidad del Decreto 4040 de 2004, y si se
debe incluir en la base de liquidación del emolumento la prima especial de
servicios que devengan los magistrados de las altas cortes, calculada con los
ingresos totales de los congresistas.

Marco normativo y jurisprudencial

Bonificación por compensación

14. La bonificación por compensación fue creada mediante el Decreto 610 de 1998
tras el reconocimiento de una brecha salarial entre los magistrados de tribunal y
otros funcionarios frente a los magistrados de altas cortes, pues para ese
momento aquellos percibían apenas el 46 % de la remuneración de estos
últimos.

15. Con tal finalidad, la norma adoptó un esquema de nivelación salarial progresiva,
mediante el cual se dispuso un incremento gradual de los ingresos laborales de
los funcionarios destinatarios del decreto9, iniciando en 1999 con un
reconocimiento equivalente al 60% de lo percibido por los magistrados de las
altas cortes y alcanzando el 80% en el 2001.

16. Con la expedición del Decreto 2668 de 1998 se derogaron los Decretos 610 de
1998 y el 1239 del mismo año—que lo había adicionado—, lo que impedía la
posibilidad de reclamar la Bonificación por Compensación. Sin embargo, dicha
disposición fue declarada nula mediante sentencia de la Sala de Conjueces de
la Sección Segunda del Consejo de Estado, del 25 de septiembre de 200110, con
lo cual recobraron vigencia los decretos derogados y se restableció la mentada
bonificación, configurándose este como un primer momento en que la asignación
resultó plenamente exigible.

8 La Sección Segunda, actualmente, declara infundados los impedimentos manifestados por los integrantes de

la Sala, en los casos en que no se demuestre un interés actual directo o indirecto. En efecto, así se observa en
la siguiente decisión: Consejo de Estado. Auto del 6 de febrero de 2025. C.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
41001-23-33-000-2012-00203-04 (1969-2022).
9 Artículo 2.°, Decreto 610 de 1998: «La Bonificación por Compensación de que trata el artículo anterior, se

aplicará a los Magistrados de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, Contencioso Administrativo,
Nacional y Superior Militar; a los Magistrados Auxiliares de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional,
y el Consejo Superior de la Judicatura; a los Abogados Auxiliares del Consejo de Estado; a los Fiscales y Jefes
de Unidad ante el Tribunal Nacional; a los Fiscales del Tribunal Superior Militar, los Fiscales ante el Tribunal de
Distrito, y los jefes de Unidad de Fiscalía ante Tribunal de Distrito.»
Adicionado por el artículo 1 del Decreto 1239 de 1998: «a los Secretarios Generales de la Corte Suprema de
Justicia, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional y al Secretario Judicial de la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.»
10 Consejo de Estado. Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 25 de septiembre de 2001. Exp.

CE-SEC2-EXP2001-N395-99. Radicado. 395-99. CP. Alvaro Lecompte Luna.

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17. No obstante, en el año 2004, mediante el Decreto 4040 el Gobierno Nacional
creó la denominada «Bonificación de Gestión Judicial», destinada a los mismos
beneficiarios del Decreto 610 de 1998, con el propósito de nivelar sus
emolumentos hasta en un 70% de lo devengado, por todo concepto, por los
magistrados de las altas cortes.

18. Esta medida se adoptó pese a la existencia previa de la Bonificación por
Compensación, que perseguía el mismo objetivo de subsanar la desigualdad
salarial, lo que dio lugar a la concurrencia de dos regímenes salariales aplicables
a un mismo grupo de servidores públicos. En ese contexto, el régimen
introducido por el Decreto 4040 de 2004 (incompatible con la Bonificación por
Compensación) reconoció un porcentaje inferior de nivelación salarial y
condicionó su acceso al desistimiento de las acciones judiciales promovidas con
ocasión de la bonificación del Decreto 610 de 1998 o, en su defecto, a la
suscripción de contratos de transacción cuando no se hubieran formulado
reclamaciones previas.

19. El Decreto 4040 de 2004 fue objeto de control jurisdiccional y, mediante
sentencia del 14 de diciembre de 201111, la Sala de Conjueces de la Sección
Segunda del Consejo de Estado declaró su nulidad al considerar que el Gobierno
nacional excedió su potestad reglamentaria por establecer un régimen salarial
regresivo frente a uno previamente reconocido y vigente, en desconocimiento de
los principios de igualdad, progresividad y favorabilidad aplicables en materia
salarial para los beneficiarios de la norma.

20. Como consecuencia, el régimen previsto en el Decreto 4040 de 2004 fue
excluido del ordenamiento jurídico, y en su lugar, recobró vigencia el esquema
de la Bonificación por Compensación, sin las limitaciones, incompatibilidades ni
condicionamientos introducidos por la norma anulada, consolidándose
nuevamente la posibilidad de hacer efectiva dicha remuneración.

21. Ahora bien, lo cierto es que mientras coexistieron ambos regímenes no era
viable determinar con certeza cuál de ellos resultaba aplicable, y, en todo caso,
una vez declarada la nulidad de la Bonificación de Gestión Judicial, tampoco
había claridad del momento a partir del cual era exigible la Bonificación por
Compensación.

22. En atención a lo anterior, la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, mediante sentencia del 18 de mayo de 2016 12, desarrolló
una interpretación sobre la aplicación del Decreto 610 de 1998 y la prescripción
trienal, precisando que esta última solo comienza a contarse a partir de la
exigibilidad del derecho una vez superada la dualidad de normas presentada, la

11 Consejo de Estado. Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 14 de diciembre de 2011. Exp.

11001-03-25-000-2005-00244-01 (10067-2005). CP. Carlos Arturo Orjuela Góngora.
12 Consejo de Estado. Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 18 de mayo de 2016. Exp. 25000-

23-25-000-2010-00246-02(0845-15). CP. Jorge Iván Acuña Arrieta.

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cual se configuró con la ejecutoria de la sentencia que excluyó del ordenamiento
jurídico el Decreto 4040 de 2004, esto es, desde el 28 de enero de 2012.

23. Además, precisó que, al momento de fijar el monto de la bonificación, las sumas
reconocidas a los congresistas por concepto de cesantías constituyen ingresos
laborales permanentes, por lo que integran la base de liquidación de la prima
especial de servicios de los magistrados de altas cortes, criterio que también
aplica a la bonificación por compensación, en la medida en que esta se
determina con base en lo que por todo concepto devenguen dichos funcionarios.

Resolución del caso concreto

24. El objeto de discusión deberá enfocarse en los motivos de inconformidad
expuestos por el apelante único, que consisten en el desacuerdo con el
reconocimiento de la bonificación por compensación considerando los efectos
de la nulidad del Decreto 4040 de 2004, y si está debe liquidarse teniendo en
cuenta el artículo 15 de la Ley 4.ta de 1992.

25. Pues bien, en relación con el derecho al reajuste de la remuneración, la Sala
comparte las consideraciones del tribunal de origen sobre la procedencia de su
reconocimiento, porque el actor, como fiscal delegado ante tribunal a partir del 6
de mayo de 200813, es beneficiario de la bonificación por compensación prevista
en el Decreto 610 de 1998, cuyo objeto es equiparar sus ingresos al ochenta por
ciento (80 %) de lo que perciben anualmente los magistrados de las altas cortes.

26. En cuanto a los efectos de la nulidad del Decreto 4040 de 2004, norma aplicada
al actor durante el tiempo laborado en la entidad con anterioridad a la sentencia
del 14 de diciembre de 2011, y en virtud del cual se le reconoció la bonificación
por gestión judicial, la Sala desestima los planteamientos del recurrente en este
aspecto.

27. Si bien la mencionada providencia que anuló el acto no determinó de manera
expresa sus efectos, la jurisprudencia14 ha sido clara en afirmar que la nulidad

13 Según constancia de servicios prestados No. 125893 expedida por la Fiscalía General de la Nación el 1.° de

febrero de 2017, Cuaderno de pruebas.
14 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 10 de diciembre de 2015. Exp. 13001-

23-31-000-2001-00817-01 (1723-11). C.P. Luis Rafael Vergara Quintero. Al respecto: «[…] La declaratoria de
nulidad del acto administrativo afecta su validez y, por lo mismo, sus efectos se proyectan hacia el pasado. Así
pues, la doctrina ha señalado de manera unánime, como lo establece Sayagués Laso que “Al dictarse sentencia
anulatoria, el acto se extingue de pleno derecho en virtud de pronunciamiento jurisdiccional. Además, como la
extinción se funda en la invalidez del acto, considerase (sic) que ésta no ha tenido existencia válida y por tanto
los efectos de la extinción se proyectan hacia el pasado (Giorgi) SAYAGUES LASO, Enrique, Tratado de
Derecho Administrativo, Tomo II, Clásicos Jurídicos Uruguayos, Ed. Fundación de Cultura Universitaria,
Montevideo, 2005, No. 1068, p. 548 y 549. […]».
Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 22 de septiembre de 2022. Exp. 11001-03-
25-000-2012-00179-00 (0755-2012). C.P. William Hernández Gómez: «Sobre el particular, debe precisar la Sala
que la declaratoria de nulidad de actos administrativos de carácter general tiene efectos ex tunc o retroactivos
desde la fecha misma de expedición del acto, salvo las situaciones jurídicas consolidadas en favor del trabajador
antes de la decisión anulatoria las que deben mantenerse íntegramente en virtud del principio de seguridad
jurídica.».

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de un acto administrativo de carácter general afecta su validez desde su
expedición, de manera que el acto nace viciado y la decisión judicial que lo
excluye del ordenamiento declara que nunca fue jurídicamente válido, y, por
regla general, sus efectos son ex tunc, es decir que se retrotraen las cosas a su
estado anterior. Sin embargo, este criterio no opera de forma absoluta frente a
todos los supuestos, pues el elemento diferenciador radica en establecer si
existe una situación jurídica consolidada, caso en el cual la decisión surte efectos
ex nunc por razones de seguridad jurídica.

28. Ahora, no puede entenderse que el reconocimiento de la bonificación por gestión
judicial sustentada en el Decreto 4040 de 2004 constituya una situación jurídica
consolidada para efectos de predicar la aplicación ex nunc de la declaratoria de
nulidad. La consolidación supone la existencia de un derecho cierto e
indiscutible, circunstancia que no se configuró en el escenario de dualidad
normativa existente entre los Decretos 4040 de 2004 y 610 de 1998. En caso de
haberse efectuado un pago con fundamento en una norma posteriormente
expulsada del ordenamiento, esto no transforma la situación en inmutable ni
genera, en favor de la administración, un derecho a mantener una liquidación
inferior a la prevista en el régimen válido. En consecuencia, tratándose de una
situación no consolidada y sometida a debate judicial, la nulidad del acto general
impide su aplicación al caso concreto y conduce a definir el derecho con base
en la norma que conservó su validez.

29. En todo caso, la aplicación del Decreto 610 de 1998 no implica el reconocimiento
simultáneo de dos emolumentos; las sumas canceladas con fundamento en el
Decreto 4040 de 2004, en caso de existir, deben imputarse al cumplimiento
parcial de la obligación; por ello, solo hay lugar al reconocimiento y pago del
mayor valor que resulte de la diferencia entre el 70 % ya pagado y el 80 %
previsto en el régimen aplicable, sin que proceda cancelar nuevamente lo ya
satisfecho. Sobre este aspecto se pronunció el tribunal de primera instancia al
advertir que: «en el hipotético caso que el demandante hubiese recibido algún
pago por concepto del derecho contenido en el extinto Decreto 4040 de 2004, le
deberá ser descontado de la suma que le corresponda por la condena impuesta
en esta sentencia».

30. Ahora, en lo que respecta a la inconformidad sobre la base liquidación de la
bonificación por compensación, se debe precisar que, de acuerdo con la
jurisprudencia de esta corporación15, este beneficio se fija como un porcentaje
de lo que por todo concepto reciben los magistrados de altas cortes, razón por

15 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 4 de septiembre de 2025. Exp. 47001 -

23-33-000-2014-00057-02 (4173-2023). C.P. Luis Eduardo Mesa Nieves. Consejo de Estado. Sección Segunda.
Sala de Conjueces. Sentencias proferidas el 18 de mayo de 2016. Exp. 25000-23-25-000-2010-00246-02 (0845-
2015). C.P. Jorge Iván Acuña Arrieta; el 3 de diciembre de 2024. Exp. 25000-23-42-000-2018-00716-02 (0499-
2022). C.P. Clara Elisa Cifuentes Ortiz Bogotá; el 8 de octubre de 2024. Exp 17001-23-33-000-2012-00115-02
(4006-2015). C.P. Miguel Arcángel Villalobos Chavarro.

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la cual su cuantía depende también del valor de la prima especial de servicios
reconocida a estos funcionarios y la base utilizada para su cálculo.

31. Dicha prima se liquida a partir de la equiparación de la totalidad de los
emolumentos percibidos por los congresistas, dentro de los cuales se destaca
que, las cesantías han sido reconocidas16 como ingresos laborales anuales de
carácter permanente, y, por tanto, consideradas como factor de liquidación, sin
que esto implique la superación del límite porcentual previsto por la norma, pues
lo que debe entenderse es que, una vez sumados todos los ingresos labores,
incluida la prima especial, sobre el valor resultante se aplica el porcentaje
correspondiente para determinar el monto de la bonificación.

32. Por lo anterior, le asiste razón al tribunal de origen, pues, contrario a lo sostenido
por el apelante, no reconoció la mencionada prima como un derecho propio del
actor, sino que consideró que, para la liquidación de la bonificación por
compensación de la cual sí es beneficiario directo, debe incluirse el rubro de la
prima especial de servicios del artículo 15 de la Ley 4. ta de 1992, calculada con
la inclusión de las referidas cesantías.

33. Por las razones expuestas, se confirmará el fallo apelado.

De la condena en costas en segunda instancia

34. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.

35. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público. Esto
creó una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición
en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como
es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto
en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume. En ese sentido la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.

36. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida. La liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

16 Consejo de Estado. Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 4 de mayo de 2009. 25000-23-25-

000-2004-05209-02(0552-07). CP. Luis Fernando Velandia Rodríguez.

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37. En consecuencia, se impondrán costas en esta instancia a la parte demandada,
por cuanto se niegan las peticiones del recurso de apelación. Para el efecto, de
conformidad con el artículo 366 de la misma norma, las agencias en derecho
serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas
serán liquidadas por la secretaría del tribunal de origen.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. AVOCAR conocimiento del proceso de la referencia, por las razones
expuestas en la parte motiva.

Segundo. CONFIRMAR la sentencia proferida el dieciséis (16) de septiembre
de dos mil diecinueve (2019) por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
por medio de la cual accedió a las pretensiones.

Tercero. Condenar en costas a la demandada en segunda instancia.

Cuarto. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones
pertinentes en el aplicativo SAMAI

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente
sesión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
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