Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-31-000-2014-00091-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-31-000-2014-00091-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 08001-23-31-000-2014-00091-02
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
9 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., nueve (9) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 08001-23-31-000-2014-00091-02 (6102-2018)
Demandante: Fredy Pulgar Daza
Demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación
Temas: Bonificación por compensación. Factor Salarial. MODIFICA
SENTENCIA
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la demandada contra la
sentencia proferida el ocho (8) de abril de dos mil dieciocho (2018) por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, por medio de la cual accedió a las pretensiones.
ANTECEDENTES
1. El señor Fredy Pulgar Daza instauró demanda1 en contra de la Nación – Fiscalía
General de la Nación en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin de
que se acceda a las siguientes
PRETENSIONES
2. Que se declare la nulidad parcial del oficio DSAF 001779 del 26 de septiembre
de 2013, por medio del cual la entidad negó el pago de los valores resultantes
entre lo pagado por aplicación del Decreto 4040 de 2004 y el monto establecido
en el Decreto 610 de 1998. Como restablecimiento del derecho, sea condenada
a reconocer y pagar, de manera indexada, las sumas derivadas de la variación
entre el 70 % cancelado y el 80 % debido, calculado sobre lo que devengan los
magistrados de altas cortes, por el periodo comprendido entre el mes de abril de
2008 y el 11 de abril de 2011, así como los ajustes que se generen en la
liquidación de las prestaciones sociales.
1 Folios 1 a 16.
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HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:
3. Que se desempeñó como fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Justicia
desde el 6 de abril de 2008 hasta abril de 20112, y se le pagó el 70% de lo
recibido por los magistrados de altas cortes en cada anualidad. Solicitó el
reconocimiento de las diferencias adeudadas en aplicación del Decreto 610 de
1998, pero estas fueron negadas por la entidad mediante el acto acusado.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
4. Considera violados los artículos 1, 2, 13, 25, 53, 58 y 209 de la Constitución
Política. Afirmó que la negativa a reconocer la bonificación por compensación
como factor salarial desconoce los mandatos constitucionales, en particular, el
derecho fundamental a la igualdad. Agregó que el acto acusado adolece de falsa
motivación por sustentarse en razones equivocadas.
TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA
5. La demanda fue admitida el 26 de enero de 20163. La entidad manifestó4 que
dio estricta aplicación al Decreto 4040 de 2004, pues era esta la norma aplicable
al actor según la fecha del ejercicio del cargo, y que este no tenía derechos
adquiridos respecto del Decreto 610 de 1998 por el momento en que se causó
su derecho. Propuso la excepción genérica.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN5
6. El Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante sentencia del 8 de abril de
2018 accedió a las pretensiones. Expresó que los efectos de la nulidad del
Decreto 4040 de 2004 eran ex tunc, lo que implica que este nunca produjo
efectos jurídicos, por lo que el régimen aplicable es el previsto en el Decreto 610
de 1998. En consecuencia, ordenó el pago de las sumas resultantes de la
diferencia entre lo cancelado con fundamento en el Decreto 4040 de 2004 y el
porcentaje establecido en el Decreto 610 de 1998, equivalente al 80 % de lo
percibido por los magistrados de altas cortes, por el periodo comprendido entre
el 7 de abril de 2008 y el 13 de abril de 2011. A su vez, reconoció que la
bonificación por compensación constituye factor salarial y dispuso la
reliquidación de las prestaciones sociales derivada de dicho reconocimiento.
2 No se indicó día específico.
3 Folio 172.
4 Folios 184 a 194.
5 Folios 412 a 429.
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7. Precisó que no procedía la prescripción porque el derecho reclamado solo se
hizo exigible con la nulidad del Decreto 4040 de 2004, y a partir de entonces
existió certeza sobre la aplicación del Decreto 610 de 1998, y en ese contexto,
la solicitud se presentó dentro del término legal. No condenó en costas.
RECURSO DE APELACIÓN
8. La parte demandada6 interpuso recurso de apelación por considerar que la
sentencia desconoció la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre los efectos
de la nulidad del Decreto 4040 de 2004, declarada mediante providencia del 14
de diciembre de 2011, cuyos efectos son ex nunc y no retroactivos. Enfatizó que
tal criterio resulta aplicable a los servidores vinculados con posterioridad a su
expedición, como el demandante, quien ingresó en 2008, cuando el decreto
anulado se encontraba vigente; por tanto, afirmó que la bonificación por
compensación no puede reconocerse, además, por ser incompatible con la
bonificación por gestión judicial ya reconocida en aplicación de la norma vigente
para el periodo reclamado por el actor.
9. Consideró que la bonificación por compensación no constituye factor salarial
general, pues el Decreto 610 de 1998 circunscribe expresamente ese carácter a
su incidencia en las pensiones de vejez, invalidez y sobrevivientes.
TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
10. El 15 de enero de 20197 se admitió el recurso, la demandada presentó alegatos
de conclusión8 en los que reiteró los argumentos del recurso. El demandante y
el Ministerio público guardaron silencio.
Se decidirá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
Avoca conocimiento
11. De conformidad con lo previsto en el artículo 116 del CPACA, cuando se
modifica la integración de la sala, los nuevos magistrados desplazan a los
conjueces, siempre que respecto de aquellos no se predique causal de
impedimento o recusación, como ocurre en este caso9; por ello se avocará
conocimiento del proceso.
6 Folios 431 a 437.
7 Folio 489.
8 Ver índice 45 de SAMAI.
9La Sección Segunda, actualmente, declara infundados los impedimentos manifestados por los integrantes de
la Sala, en los casos en que no se demuestre un interés actual directo o indirecto. En efecto, así se observa en
la siguiente decisión: Consejo de Estado. Auto del 6 de febrero de 2025. C.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
41001-23-33-000-2012-00203-04 (1969-2022).
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12. La Sala debe determinar si el demandante tiene derecho al reconocimiento y
pago del mayor valor salarial derivado de la aplicación del Decreto 610 de 1998,
pese a haberse acogido a la bonificación por gestión judicial prevista en el
Decreto 4040 de 2004 y en consideración a los efectos de la nulidad de la
mencionada norma, y si la bonificación por compensación constituye factor
salarial para efectos de liquidación de prestaciones sociales.
Marco normativo y jurisprudencial
Bonificación por compensación
13. La bonificación por compensación fue creada mediante el Decreto 610 de 1998
tras el reconocimiento de una brecha salarial entre los magistrados de tribunal y
otros funcionarios frente a los magistrados de altas cortes, pues para ese
momento aquellos percibían apenas el 46 % de la remuneración de estos
últimos.
14. Con tal finalidad, la norma adoptó un esquema de nivelación salarial progresiva,
mediante el cual se dispuso un incremento gradual de los ingresos laborales de
los funcionarios destinatarios del decreto10, iniciando en 1999 con un
reconocimiento equivalente al 60% de lo percibido por los magistrados de las
altas cortes y alcanzando el 80% en el 2001. Con ese propósito, la norma
dispuso una nivelación progresiva de sus ingresos, hasta alcanzar el 80 % de lo
devengado por estos últimos.
15. Con la expedición del Decreto 2668 de 1998 se derogaron los Decretos 610 de
1998 y el 1239 del mismo año—que lo había adicionado—, lo que impedía la
posibilidad de reclamar la Bonificación por Compensación. Sin embargo, dicha
disposición fue declarada nula mediante sentencia de la Sala de Conjueces de
la Sección Segunda del Consejo de Estado, del 25 de septiembre de 200111, con
lo cual recobraron vigencia los decretos derogados y se restableció la mentada
bonificación, configurándose este como un primer momento en que la asignación
resultó plenamente exigible.
16. No obstante, en el año 2004, mediante el Decreto 4040 el Gobierno Nacional
creó la denominada «Bonificación de Gestión Judicial», destinada a los mismos
beneficiarios del Decreto 610 de 1998, con el propósito de nivelar sus
10 Artículo 2.°, Decreto 610 de 1998: «La Bonificación por Compensación de que trata el artículo anterior, se
aplicará a los Magistrados de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, Contencioso Administrativo,
Nacional y Superior Militar; a los Magistrados Auxiliares de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional,
y el Consejo Superior de la Judicatura; a los Abogados Auxiliares del Consejo de Estado; a los Fiscales y Jefes
de Unidad ante el Tribunal Nacional; a los Fiscales del Tribunal Superior Militar, los Fiscales ante el Tribunal de
Distrito, y los jefes de Unidad de Fiscalía ante Tribunal de Distrito.»
Adicionado por el artículo 1 del Decreto 1239 de 1998: «a los Secretarios Generales de la Corte Suprema de
Justicia, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional y al Secretario Judicial de la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.»
11 Consejo de Estado. Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 25 de septiembre de 2001. Exp.
CE-SEC2-EXP2001-N395-99. Radicado. 395-99. CP. Alvaro Lecompte Luna.
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emolumentos hasta en un 70% de lo devengado, por todo concepto, por los
magistrados de las altas cortes.
17. Esta medida se adoptó pese a la existencia previa de la Bonificación por
Compensación, que perseguía el mismo objetivo de subsanar la desigualdad
salarial, lo que dio lugar a la concurrencia de dos regímenes salariales aplicables
a un mismo grupo de servidores públicos. En ese contexto, el régimen
introducido por el Decreto 4040 de 2004 (incompatible con la Bonificación por
Compensación) reconoció un porcentaje inferior de nivelación salarial y
condicionó su acceso al desistimiento de las acciones judiciales promovidas con
ocasión de la bonificación del Decreto 610 de 1998 o, en su defecto, a la
suscripción de contratos de transacción cuando no se hubieran formulado
reclamaciones previas.
18. El Decreto 4040 de 2004 fue objeto de control jurisdiccional y, mediante
sentencia del 14 de diciembre de 201112, la Sala de Conjueces de la Sección
Segunda del Consejo de Estado declaró su nulidad al considerar que el Gobierno
nacional excedió su potestad reglamentaria por establecer un régimen salarial
regresivo frente a uno previamente reconocido y vigente, en desconocimiento de
los principios de igualdad, progresividad y favorabilidad aplicables en materia
salarial para los beneficiarios de la norma.
19. Como consecuencia, el régimen previsto en el Decreto 4040 de 2004 fue
excluido del ordenamiento jurídico, y en su lugar, recobró vigencia el esquema
de la Bonificación por Compensación, sin las limitaciones, incompatibilidades ni
condicionamientos introducidos por la norma anulada, consolidándose
nuevamente la posibilidad de hacer efectiva dicha remuneración.
20. Ahora bien, lo cierto es que mientras coexistieron ambos regímenes no era
viable determinar con certeza cuál de ellos resultaba aplicable, y, en todo caso,
una vez declarada la nulidad de la Bonificación de Gestión Judicial, tampoco
había claridad del momento a partir del cual era exigible la Bonificación por
Compensación.
21. En atención a lo anterior, la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, mediante sentencia del 18 de mayo de 2016 13, desarrolló
una interpretación sobre la aplicación del Decreto 610 de 1998 y la prescripción
trienal, precisando que esta última solo comienza a contarse a partir de la
exigibilidad del derecho una vez superada la dualidad de normas presentada, la
cual se configuró con la ejecutoria de la sentencia que excluyó del ordenamiento
jurídico el Decreto 4040 de 2004, esto es, desde el 28 de enero de 2012.
12 Consejo de Estado. Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 14 de diciembre de 2011. Exp.
11001-03-25-000-2005-00244-01 (10067-2005). CP. Carlos Arturo Orjuela Góngora.
13 Consejo de Estado. Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 18 de mayo de 2016. Exp. 25000-
23-25-000-2010-00246-02(0845-15). CP. Jorge Iván Acuña Arrieta.
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22. Además, precisó que, al momento de fijar el monto de la bonificación, las sumas
reconocidas a los congresistas por concepto de cesantías constituyen ingresos
laborales permanentes, por lo que integran la base de liquidación de la prima
especial de servicios de los magistrados de altas cortes, criterio que también
aplica a la bonificación por compensación, en la medida en que esta se
determina con base en lo que por todo concepto devenguen dichos funcionarios.
Resolución del caso concreto
23. El objeto de discusión deberá enfocarse en los motivos de inconformidad
expuestos por el apelante único, que consisten en el desacuerdo con el
reconocimiento de la bonificación por compensación considerando los efectos
de la nulidad del Decreto 4040 de 2004, y si está constituye factor salarial o no.
24. Pues bien, en relación con el derecho al reajuste de la remuneración, la Sala
comparte las consideraciones del tribunal de origen sobre la procedencia de su
reconocimiento, porque el actor, como fiscal delegado ante tribunal, es
beneficiario de la bonificación por compensación prevista en el Decreto 610 de
1998, cuyo objeto es equiparar sus ingresos al ochenta por ciento (80 %) de lo
que perciben anualmente los magistrados de las altas cortes.
25. En cuanto a los efectos de la nulidad del Decreto 4040 de 2004, norma aplicada
al demandante durante el tiempo laborado en la entidad con anterioridad a la
sentencia del 14 de diciembre de 2011, y en virtud del cual se le reconoció la
bonificación por gestión judicial, la Sala desestima los planteamientos del
recurrente en este aspecto.
26. Si bien la mencionada providencia que anuló el acto no determinó de manera
expresa sus efectos, la jurisprudencia14 ha sido clara en afirmar que la nulidad
de un acto administrativo de carácter general afecta su validez desde su
expedición, de manera que el acto nace viciado y la decisión judicial que lo
excluye del ordenamiento declara que nunca fue jurídicamente válido, y, por
regla general, sus efectos son ex tunc, es decir que se retrotraen las cosas a su
estado anterior. Sin embargo, este criterio no opera de forma absoluta frente a
todos los supuestos, pues el elemento diferenciador radica en establecer si
14 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 10 de diciembre de 2015. Exp. 13001-
23-31-000-2001-00817-01 (1723-11). C.P. Luis Rafael Vergara Quintero. Al respecto: «[…] La declaratoria de
nulidad del acto administrativo afecta su validez y, por lo mismo, sus efectos se proyectan hacia el pasado. Así
pues, la doctrina ha señalado de manera unánime, como lo establece Sayagués Laso que “Al dictarse sentencia
anulatoria, el acto se extingue de pleno derecho en virtud de pronunciamiento jurisdiccional. Además, como la
extinción se funda en la invalidez del acto, considerase (sic) que ésta no ha tenido existencia válida y por tanto
los efectos de la extinción se proyectan hacia el pasado (Giorgi) SAYAGUES LASO, Enrique, Tratado de
Derecho Administrativo, Tomo II, Clásicos Jurídicos Uruguayos, Ed. Fundación de Cultura Universitaria,
Montevideo, 2005, No. 1068, p. 548 y 549. […]».
Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 22 de septiembre de 2022. Exp. 11001-03-
25-000-2012-00179-00 (0755-2012). C.P. William Hernández Gómez: «Sobre el particular, debe precisar la Sala
que la declaratoria de nulidad de actos administrativos de carácter general tiene efectos ex tunc o retroactivos
desde la fecha misma de expedición del acto, salvo las situaciones jurídicas consolidadas en favor del trabajador
antes de la decisión anulatoria las que deben mantenerse íntegramente en virtud del principio de seguridad
jurídica.».
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existe una situación jurídica consolidada, caso en el cual la decisión surte efectos
ex nunc por razones de seguridad jurídica.
27. Ahora, no puede entenderse que el reconocimiento de la bonificación por gestión
judicial sustentada en el Decreto 4040 de 2004 constituya una situación jurídica
consolidada para efectos de predicar la aplicación ex nunc de la declaratoria de
nulidad. La consolidación supone la existencia de un derecho cierto e
indiscutible, circunstancia que no se configuró en el escenario de dualidad
normativa existente entre los Decretos 4040 de 2004 y 610 de 1998. El pago
efectuado con fundamento en una norma posteriormente expulsada del
ordenamiento no transforma la situación en inmutable ni genera, en favor de la
administración, un derecho a mantener una liquidación inferior a la prevista en
el régimen válido. En consecuencia, tratándose de una situación no consolidada
y sometida a debate judicial, la nulidad del acto general impide su aplicación al
caso concreto y conduce a definir el derecho con base en la norma que conservó
su validez.
28. En todo caso, la aplicación del Decreto 610 de 1998 no implica el reconocimiento
simultáneo de dos emolumentos; las sumas canceladas con fundamento en el
Decreto 4040 de 2004 deben imputarse al cumplimiento parcial de la obligación.
En consecuencia, solo hay lugar al reconocimiento y pago del mayor valor que
resulte de la diferencia entre el 70 % ya pagado y el 80 % previsto en el régimen
aplicable, sin que proceda cancelar nuevamente lo ya satisfecho, aspecto que
no es objeto de controversia en el presente proceso, pues así lo acepta el actor
en el escrito de la demanda y en el mismo sentido lo declara la entidad en sus
certificados15. Por tanto, le asiste razón al tribunal en el fallo apelado respecto
de la orden dada a la entidad para que efectúe el pago de las diferencias
salariales existentes entre el 70 % reconocido y el 80 % debido.
29. No obstante, en lo que respecta a la inconformidad sobre el carácter salarial de
la bonificación por compensación, debe señalarse que, conforme a lo dispuesto
en el inciso 2.° del artículo 1.° del Decreto 610 de 1998, dicho emolumento
únicamente tiene incidencia como factor salarial para efectos de cotización a
pensión, pero se advierte que el tribunal de origen le otorgó carácter salarial
pleno y condenó a la entidad a reliquidar las prestaciones sociales bajo este
entendimiento, por tanto, se modificará el ordinal segundo del fallo según lo
expuesto, precisando a su vez que, deberá ordenarse a la entidad efectuar los
aportes a seguridad social, de conformidad con la ley.
De la condena en costas en segunda instancia
30. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
15 Folios 282 a 285.
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anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.
31. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público. Esto
creó una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición
en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como
es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto
en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume. En ese sentido la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.
32. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida. La liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
33. En consecuencia, no se impondrán costas en esta instancia a la parte recurrente,
por cuanto se accedió parcialmente a las peticiones del recurso de apelación en
la medida en que se modificará el fallo en algunos aspectos a su favor.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. AVOCAR conocimiento del proceso de la referencia, por las razones
expuestas en la parte motiva.
Segundo. MODIFICAR el ordinal segundo de la sentencia apelada, el cual quedará
de la siguiente forma:
«[…] SEGUNDO.- CONDENAR a título de restablecimiento del derecho a la
FISCALÍA GENERAL DE LA NACION a reconocer y pagar al demandante
señor FREDY PULGAR DAZA, las diferencias salariales surgidas entre lo
pagado con fundamento en el Decreto 4040 de 2004 (70 % de todo lo
percibido por los magistrados de las altas cortes) y el monto establecido en
el Decreto 610 de 1998 (80 % de todo lo percibido por los magistrados de
altas cortes), en el periodo comprendido entre el día 07 de abril de 2008 hasta
el 13 de abril de 2011, entendiéndose que la bonificación por compensación
únicamente constituye factor salarial para efectos de cotización a pensión y
no incide en la liquidación de prestaciones sociales. La entidad deberá
efectuar los aportes a seguridad social, de conformidad con la ley.
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Radicado: 08001-23-31-000-2014-00091-02 (6102-2018)
Las sumas de dinero cuyo reconocimiento se ordena en esta sentencia,
deberán ajustarse con fundamento en las preceptivas del artículo 187 del
CPACA, para lo cual se tendrá en cuenta la siguiente fórmula:
R= RH x IPC Final
IPC Inicial
En donde el valor presente ® se determina multiplicando el valor histórico
(Rh), que es lo dejado de percibir por el actor por las acreencias laborales
que se indica en la parte resolutiva, por el guarismo que resulta de dividir el
índice final de precios al consumidor, certificado por el D.A.N.E. (vigente a la
fecha de ejecutoria de esta sentencia), por el índice inicial (vigente para la
fecha en que debió hacerse el pago).
Es claro que por tratarse de obligaciones de tracto sucesivo, la fórmula se
aplicará separadamente, mes por mes, para cada mesada salarial y
prestaciones, teniendo en cuenta que el índice inicial es el vigente al
momento de la causación de cada uno de ellos. Asimismo, deberá deducirse
de la condena, el monto de las sumas de dinero que el accionante hubiere
percibido parcialmente por todo concepto salarial.
Tercero. CONFIRMAR en lo demás la sentencia proferida el ocho (8) de abril de
dos mil dieciocho (2018) por el Tribunal Administrativo del Atlántico, por medio de
la cual accedió a las pretensiones.
Cuarto. Sin condena en costas en segunda instancia.
Quinto. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones
pertinentes en el aplicativo SAMAI
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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