Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 47001-23-33-000-2014-00203-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 47001-23-33-000-2014-00203-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 47001-23-33-000-2014-00203-02
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
23 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., veintitrés (23) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 47001-23-33-000-2014-00203-02 (2906-2024)
Demandante: Rafael Enrique Rojas Forero
Demandado: Nación — Fiscalía General de la Nación
Temas: Bonificación por compensación. Efectos nulidad Decreto 4040
de 2004. Factor salarial. MODIFICA SENTENCIA
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada
contra la sentencia proferida el diecisiete (17) de julio de dos mil diecinueve
(2019) por el Tribunal Administrativo del Magdalena, por medio de la cual
accedió a las pretensiones.
ANTECEDENTES
1. El señor Rafael Enrique Rojas Forero instauró demanda1 en contra de la Nación
— Fiscalía General de la Nación, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin de
que se acceda a las siguientes
PRETENSIONES
2. Que se declare la nulidad parcial del oficio OP-001327 del 17 de octubre de
2013, por medio del cual la entidad negó la bonificación por compensación.
Como restablecimiento del derecho, sea condenada a pagar las diferencias
salariales que resulten de la aplicación del Decreto 610 de 1998, hasta nivelar el
80 % de los ingresos que por todo concepto perciben los magistrados de altas
cortes, desde el 26 de julio de 2010 en adelante, teniendo en cuenta el carácter
salarial del emolumento reclamado.
HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:
1 Ver índice 2 de SAMAI, expediente digital, archivo: 1.EXPEDIENTE.
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3. Que presta sus servicios a favor de la entidad como fiscal delegado ante tribunal,
desde el 26 de julio de 2010, y que la demandada le reconoció la bonificación
por gestión judicial. Solicitó a la entidad el reajuste salarial, pero este fue negado
a través de los actos acusados.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
4. Considera violados los artículos 1, 2, 13, 25, 53, 58 y 209 de la Constitución
Política; la Ley 4.ta de 1992 y el Decreto 610 de 1998.
5. Que el acto acusado incurre en falsa motivación por desconocer sus derechos
laborales adquiridos. Sostiene que la negativa de reconocer la bonificación por
compensación como factor salarial vulnera principios como la igualdad, el
derecho al trabajo y la protección de derechos adquiridos.
TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA
6. La demanda fue admitida el 22 de enero de 20162. La entidad manifestó3 que
actuó conforme a la ley al pagar salarios y prestaciones según las normas
vigentes, sin incurrir en irregularidades. Que la nulidad del Decreto 4040 de 2004
no podía afectar situaciones jurídicas ya consolidadas durante su vigencia.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN4
7. El Tribunal Administrativo de Magdalena, mediante sentencia del 17 de julio de
2019, accedió a las pretensiones. Expresó que, aunque la vinculación del actor
estuvo regida por el Decreto 4040 de 2004, su nulidad con efectos retroactivos
conlleva la aplicación del Decreto 610 de 1998; en consecuencia, para el periodo
comprendido entre junio de 2010 y enero de 2012, ordenó reconocer y reliquidar
las diferencias salariales entre lo pagado por concepto de bonificación de gestión
judicial y lo debido por bonificación por compensación, así como las diferencias
en la liquidación de las prestaciones sociales, al considerar esta última como
factor salarial.
RECURSO DE APELACIÓN
8. La parte demandada5 interpuso recurso de apelación por considerar que no
procede el reconocimiento de la bonificación por compensación porque la norma
aplicable al período reclamado por el demandante es el Decreto 4040 de 2004,
cuya bonificación por gestión judicial es incompatible con la prevista en el
Decreto 610 de 1998.
2 Ibid, página 71.
3 Ibid, páginas 80 a 94.
4 Ibid, páginas 274 a 281.
5 Ibid, páginas 287 a 291.
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9. Afirmó que las sentencias de nulidad proferidas por el Consejo de Estado
producen efectos ex nunc, esto es, hacia el futuro, de modo que, el equivalente
al 80 % de lo devengado por los magistrados de altas cortes no puede aplicarse
de forma retroactiva para reconocer y pagar la diferencia frente al 70 % ya
percibido por el actor. Sostuvo además que las situaciones jurídicas originadas
durante la vigencia del acto anulado deben respetarse.
10. Además, advirtió que la bonificación por compensación no constituye factor
salarial para efectos prestacionales, pues el Decreto 610 de 1998 circunscribe
expresamente ese carácter a su incidencia en las pensiones de vejez, invalidez
y sobrevivientes.
TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
11. El 23 de septiembre de 20256 se admitió el recurso. Las partes y el Ministerio
Público guardaron silencio.
Se decidirá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
12. La Sala debe determinar si el demandante tiene derecho al reconocimiento y
pago de la bonificación por compensación prevista en el Decreto 610 de 1998
en consideración a los efectos de la nulidad del Decreto 4040 de 2004, y si esta
constituye factor salarial para efectos de liquidación de prestaciones sociales.
Marco normativo y jurisprudencial
Bonificación por compensación
13. La bonificación por compensación fue creada mediante el Decreto 610 de 1998
tras el reconocimiento de una brecha salarial entre los magistrados de tribunal y
otros funcionarios frente a los magistrados de altas cortes, pues para ese
momento aquellos percibían apenas el 46 % de la remuneración de estos
últimos.
14. Con tal finalidad, la norma adoptó un esquema de nivelación salarial progresiva,
mediante el cual se dispuso un incremento gradual de los ingresos laborales de
los funcionarios destinatarios del decreto7, iniciando en 1999 con un
6 Ver índice 21 de SAMAI.
7 Artículo 2.°, Decreto 610 de 1998: «La Bonificación por Compensación de que trata el artículo anterior, se
aplicará a los Magistrados de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, Contencioso Administrativo,
Nacional y Superior Militar; a los Magistrados Auxiliares de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional,
y el Consejo Superior de la Judicatura; a los Abogados Auxiliares del Consejo de Estado; a los Fiscales y Jefes
de Unidad ante el Tribunal Nacional; a los Fiscales del Tribunal Superior Militar, los Fiscales ante el Tribunal de
Distrito, y los jefes de Unidad de Fiscalía ante Tribunal de Distrito.»
Adicionado por el artículo 1 del Decreto 1239 de 1998: «a los Secretarios Generales de la Corte Suprema de
Justicia, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional y al Secretario Judicial de la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.»
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reconocimiento equivalente al 60% de lo percibido por los magistrados de las
altas cortes y alcanzando el 80% en el 2001. Con ese propósito, la norma
dispuso una nivelación progresiva de sus ingresos, hasta alcanzar el 80 % de lo
devengado por estos últimos.
15. Con la expedición del Decreto 2668 de 1998 se derogaron los Decretos 610 de
1998 y el 1239 del mismo año—que lo había adicionado—, lo que impedía la
posibilidad de reclamar la Bonificación por Compensación. Sin embargo, dicha
disposición fue declarada nula mediante sentencia de la Sala de Conjueces de
la Sección Segunda del Consejo de Estado, del 25 de septiembre de 20018, con
lo cual recobraron vigencia los decretos derogados y se restableció la mentada
bonificación, configurándose este como un primer momento en que la asignación
resultó plenamente exigible.
16. No obstante, en el año 2004, mediante el Decreto 4040 el Gobierno Nacional
creó la denominada «Bonificación de Gestión Judicial», destinada a los mismos
beneficiarios del Decreto 610 de 1998, con el propósito de nivelar sus
emolumentos hasta en un 70% de lo devengado, por todo concepto, por los
magistrados de las altas cortes.
17. Esta medida se adoptó pese a la existencia previa de la Bonificación por
Compensación, que perseguía el mismo objetivo de subsanar la desigualdad
salarial, lo que dio lugar a la concurrencia de dos regímenes salariales aplicables
a un mismo grupo de servidores públicos. En ese contexto, el régimen
introducido por el Decreto 4040 de 2004 (incompatible con la Bonificación por
Compensación) reconoció un porcentaje inferior de nivelación salarial y
condicionó su acceso al desistimiento de las acciones judiciales promovidas con
ocasión de la bonificación del Decreto 610 de 1998 o, en su defecto, a la
suscripción de contratos de transacción cuando no se hubieran formulado
reclamaciones previas.
18. El Decreto 4040 de 2004 fue objeto de control jurisdiccional y, mediante
sentencia del 14 de diciembre de 20119, la Sala de Conjueces de la Sección
Segunda del Consejo de Estado declaró su nulidad al considerar que el Gobierno
nacional excedió su potestad reglamentaria por establecer un régimen salarial
regresivo frente a uno previamente reconocido y vigente, en desconocimiento de
los principios de igualdad, progresividad y favorabilidad aplicables en materia
salarial para los beneficiarios de la norma.
19. Como consecuencia, el régimen previsto en el Decreto 4040 de 2004 fue
excluido del ordenamiento jurídico, y en su lugar, recobró vigencia el esquema
de la Bonificación por Compensación, sin las limitaciones, incompatibilidades ni
8 Consejo de Estado. Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 25 de septiembre de 2001. Exp. CE-
SEC2-EXP2001-N395-99. Radicado. 395-99. CP. Alvaro Lecompte Luna.
9 Consejo de Estado. Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 14 de diciembre de 2011. Exp.
11001-03-25-000-2005-00244-01 (10067-2005). CP. Carlos Arturo Orjuela Góngora.
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condicionamientos introducidos por la norma anulada, consolidándose
nuevamente la posibilidad de hacer efectiva dicha remuneración.
20. Ahora bien, lo cierto es que mientras coexistieron ambos regímenes no era
viable determinar con certeza cuál de ellos resultaba aplicable, y, en todo caso,
una vez declarada la nulidad de la Bonificación de Gestión Judicial, tampoco
había claridad del momento a partir del cual era exigible la Bonificación por
Compensación.
21. En atención a lo anterior, la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, mediante sentencia del 18 de mayo de 2016 10, desarrolló
una interpretación sobre la aplicación del Decreto 610 de 1998 y la prescripción
trienal, precisando que esta última solo comienza a contarse a partir de la
exigibilidad del derecho una vez superada la dualidad de normas presentada, la
cual se configuró con la ejecutoria de la sentencia que excluyó del ordenamiento
jurídico el Decreto 4040 de 2004, esto es, desde el 28 de enero de 2012.
22. Además, precisó que, al momento de fijar el monto de la bonificación, las sumas
reconocidas a los congresistas por concepto de cesantías constituyen ingresos
laborales permanentes, por lo que integran la base de liquidación de la prima
especial de servicios de los magistrados de altas cortes, criterio que también
aplica a la bonificación por compensación, en la medida en que esta se
determina con base en lo que por todo concepto devenguen dichos funcionarios.
Resolución del caso concreto
23. El objeto de discusión deberá enfocarse en los motivos de inconformidad
expuestos por el apelante único, que consisten en el desacuerdo con el
reconocimiento de la bonificación por compensación considerando los efectos
de la nulidad del Decreto 4040 de 2004, y si está constituye factor salarial o no.
24. Sobre el particular, la Sala comparte la decisión del tribunal de origen sobre la
procedencia del reconocimiento del derecho, porque el actor, como fiscal
delegado ante tribunal11, es beneficiario de la bonificación por compensación
prevista en el Decreto 610 de 1998, cuyo objeto es equiparar sus ingresos al
ochenta por ciento (80 %) de lo que perciben anualmente los magistrados de las
altas cortes.
25. En cuanto a los efectos de la nulidad del Decreto 4040 de 2004, norma aplicada
al demandante durante el tiempo laborado en la entidad con anterioridad a la
sentencia del 14 de diciembre de 2011, y en virtud del cual se le reconoció la
bonificación por gestión judicial, la Sala desestima los planteamientos del
recurrente en este aspecto.
10 Consejo de Estado. Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 18 de mayo de 2016. Exp. 25000-
23-25-000-2010-00246-02(0845-15). CP. Jorge Iván Acuña Arrieta.
11 Ver índice 2 de SAMAI, expediente digital, archivo: 1.EXPEDIENTE, página 105.
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26. Si bien la mencionada providencia que anuló el acto no determinó de manera
expresa sus efectos, la jurisprudencia12 ha sido clara en afirmar que la nulidad
de un acto administrativo de carácter general afecta su validez desde su
expedición, de manera que el acto nace viciado y la decisión judicial que lo
excluye del ordenamiento declara que nunca fue jurídicamente válido, y, por
regla general, sus efectos son ex tunc, es decir que se retrotraen las cosas a su
estado anterior. Sin embargo, este criterio no opera de forma absoluta frente a
todos los supuestos, pues el elemento diferenciador radica en establecer si
existe una situación jurídica consolidada, caso en el cual la decisión surte efectos
ex nunc por razones de seguridad jurídica.
27. Ahora, no puede entenderse que el reconocimiento de la bonificación por gestión
judicial sustentada en el Decreto 4040 de 2004 constituya una situación jurídica
consolidada para efectos de predicar la aplicación ex nunc de la declaratoria de
nulidad. La consolidación supone la existencia de un derecho cierto e
indiscutible, circunstancia que no se configuró en el escenario de dualidad
normativa existente entre los Decretos 4040 de 2004 y 610 de 1998. En caso de
haberse efectuado un pago con fundamento en una norma posteriormente
expulsada del ordenamiento, esto no transforma la situación en inmutable ni
genera, en favor de la administración, un derecho a mantener una liquidación
inferior a la prevista en el régimen válido. En consecuencia, tratándose de una
situación no consolidada y sometida a debate judicial, la nulidad del acto general
impide su aplicación al caso concreto y conduce a definir el derecho con base
en la norma que conservó su validez.
28. En todo caso, la aplicación del Decreto 610 de 1998 no implica el reconocimiento
simultáneo de dos emolumentos; las sumas canceladas con fundamento en el
Decreto 4040 de 2004, en caso de existir, deben imputarse al cumplimiento
parcial de la obligación; por ello, solo hay lugar al reconocimiento y pago del
mayor valor que resulte de la diferencia entre el 70 % ya pagado y el 80 %
previsto en el régimen aplicable, sin que proceda cancelar nuevamente lo ya
satisfecho.
12 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 10 de diciembre de 2015. Exp. 13001-
23-31-000-2001-00817-01 (1723-11). C.P. Luis Rafael Vergara Quintero. Al respecto: «[…] La declaratoria de
nulidad del acto administrativo afecta su validez y, por lo mismo, sus efectos se proyectan hacia el pasado. Así
pues, la doctrina ha señalado de manera unánime, como lo establece Sayagués Laso que “Al dictarse sentencia
anulatoria, el acto se extingue de pleno derecho en virtud de pronunciamiento jurisdiccional. Además, como la
extinción se funda en la invalidez del acto, considerase (sic) que ésta no ha tenido existencia válida y por tanto
los efectos de la extinción se proyectan hacia el pasado (Giorgi) SAYAGUES LASO, Enrique, Tratado de
Derecho Administrativo, Tomo II, Clásicos Jurídicos Uruguayos, Ed. Fundación de Cultura Universitaria,
Montevideo, 2005, No. 1068, p. 548 y 549. […]».
Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 22 de septiembre de 2022. Exp. 11001-03-
25-000-2012-00179-00 (0755-2012). C.P. William Hernández Gómez: «Sobre el particular, debe precisar la Sala
que la declaratoria de nulidad de actos administrativos de carácter general tiene efectos ex tunc o retroactivos
desde la fecha misma de expedición del acto, salvo las situaciones jurídicas consolidadas en favor del trabajador
antes de la decisión anulatoria las que deben mantenerse íntegramente en virtud del principio de seguridad
jurídica.».
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29. No obstante, en lo que respecta a la inconformidad sobre el carácter salarial de
la bonificación por compensación, debe señalarse que, conforme a lo dispuesto
en el inciso 2.° del artículo 1.° del Decreto 610 de 1998, dicho emolumento
únicamente tiene incidencia como factor salarial para efectos de cotización a
pensión, pero se advierte que el tribunal de origen le otorgó carácter salarial
pleno y condenó a la entidad a reliquidar las prestaciones sociales bajo este
entendimiento, por tanto, se modificarán los ordinales segundo y tercero del fallo
según lo expuesto, precisando a su vez que, deberá ordenarse a la entidad
efectuar los aportes a seguridad social, de conformidad con la ley.
De la condena en costas en segunda instancia
30. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.
31. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público. Esto
creó una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición
en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como
es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto
en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume. En ese sentido la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.
32. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida. La liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
33. En consecuencia, no se impondrán costas en esta instancia a la parte recurrente,
por cuanto se accedió parcialmente a las peticiones del recurso de apelación en
la medida en que se modificará el fallo en algunos aspectos a su favor.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. MODIFICAR el ordinal segundo de la sentencia apelada, el cual quedará
de la siguiente forma:
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«2. CONDÉNASE a la Nación- Fiscalía General de la Nación a reconocer y
pagar al actor a título de restablecimiento del derecho, reconocer y reliquidar
a favor del demandante, señor RAFAEL ROJAS FORERO, las diferencias
salariales surgidas entre lo pagado con fundamento en el Decreto 4040 de
2004 (70%) de todo lo percibido por los Magistrados de las Altas Cortes y el
monto establecido en el decreto 610 de 1998 (80% de todo lo percibido por
los magistrados de las Altas Cortes), teniendo en cuenta las actualización,
conforme a la parte motiva.»
Segundo. MODIFICAR el ordinal tercero de la sentencia apelada, el cual quedará
de la siguiente forma:
«3. en el periodo comprendido entre julio de 2010 y enero de 2012, conforme
a la parte considerativa, la bonificación allí establecida y a la cual tiene
derecho el demandante, únicamente constituye factor salarial para efectos
de cotización a pensión y no incide en la liquidación de prestaciones sociales.
La entidad deberá efectuar los aportes a seguridad social, de conformidad
con la ley.»
Tercero. CONFIRMAR en lo demás la sentencia proferida el diecisiete (17) de julio
de dos mil diecinueve (2019) por el Tribunal Administrativo del Magdalena, por
medio de la cual accedió a las pretensiones.
Cuarto. Sin condena en costas en segunda instancia.
Quinto. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones
pertinentes en el aplicativo SAMAI.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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