Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2015-03711-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 25000-23-42-000-2015-03711-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2015-03711-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2015-03711-02
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
22 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., veintidós (22) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-42-000-2015-03711-02 (5991-2019)
Demandante: Gabriel Humberto Salamanca Roa
Demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación
Temas: Bonificación por compensación. Efectos nulidad Decreto 4040
de 2004. Análisis prescripción durante dualidad normativa.
CONFIRMA SENTENCIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la demandada contra la
sentencia proferida el veinticinco (25) de junio de dos mil diecinueve (2019) por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio de la cual accedió a las
pretensiones.
ANTECEDENTES
1. El señor Gabriel Humberto Salamanca Roa instauró demanda1 en contra de la
Nación - Fiscalía General de la Nación en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin
de que se acceda a las siguientes
PRETENSIONES
2. Que se declare la nulidad de los comunicados DAP 20143100037521 del 26 de
junio de 2014 y DAP 20143100068891 del 17 de octubre de 2014, y de la
Resolución 2-0986 del 29 de mayo de 2015, por medio de las cuales la entidad
negó la nivelación salarial conforme a lo dispuesto en el Decreto 610 de 1998.
Como restablecimiento del derecho, que se condene al pago de las diferencias
adeudadas por concepto de bonificación por compensación, desde el 9 de
diciembre de 2009. Esto es, una remuneración equivalente al 80 % de lo que por
1 Folios 55 a 77.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-42-000-2015-03711-02 (5991-2019)
todo conceto perciben los magistrados de altas cortes, quienes deben recibir los
mismos ingresos de los congresistas a través de la prima especial de servicios.
HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:
3. Que presta sus servicios como fiscal delegado ante tribunal y le fue reconocida
la bonificación por gestión judicial del Decreto 4040 de 2004 generándose una
diferencia del 10% frente el derecho consagrado en el decreto 610 de 1998, pues
solo se le paga un 70%. Que el 21 de abril de 2014 solicitó el pago de la
bonificación por compensación, la cual fue negada a través de los actos
acusados.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
4. Considera violados los artículos 1, 2, 6, 13, 25, 53, 58, 90, 123 y 209 de la
Constitución Política; 15 y 21 del Código Sustantivo del Trabajo; 1, 3, 35, 36, 84,
78, 85, 158 y 206 a 214 del CCA; 138 del CPACA; articulo 2 literal a) y parágrafo
de los artículos 14 y 15 de la Ley 4.ta de 1992; 84 y 152 de la Ley 270 de 1996,
y los Decretos 610 de 1998, 1239 de 1998, 10 de 1993 y 1102 de 2012.
5. Que la entidad vulneró los derechos a la igualdad, al trabajo digno y a la
favorabilidad laboral al negarle la nivelación salarial prevista en el Decreto 610
de 1998. Argumentó que la aplicación del Decreto 4040 de 2004, que fijó una
bonificación equivalente al 70 %, creó una desigualdad injustificada entre
funcionarios del mismo nivel y supuso una desmejora laboral contraria a los
derechos adquiridos y al principio de favorabilidad, motivo por el que el Consejo
de Estado declaró nulo ese decreto en 2011, por considerar que generaba un
régimen salarial discriminatorio.
TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA
6. La demanda fue admitida el 15 de septiembre de 20162. La entidad manifestó3
que liquidó y pagó correctamente la bonificación conforme a las normas
vigentes. Explicó que el demandante, al vincularse en 2009, quedó sometido al
régimen de la bonificación de gestión judicial creado por el Decreto 4040 de
2004, equivalente al 70 % de lo devengado por magistrados de altas cortes.
Propuso como excepciones las que denominó: (i) omisión a los requisitos de
procedibilidad que determina la ley, (ii) falta de integración de litisconsorcio
necesario pasivo -cumplimiento de un deber legal, y (iii) genérica.
2 Folio 101.
3 Folios 114 a 145.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2
Radicado: 25000-23-42-000-2015-03711-02 (5991-2019)
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN4
7. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante sentencia del 25 de junio
de 2019, accedió a las pretensiones. Expuso que el actor, en su calidad de fiscal
delegado ante tribunal, es beneficiario de la bonificación por compensación
prevista en los Decretos 610 y 1239 de 1998, y tiene derecho a percibir una
remuneración equivalente al 80 % de lo devengado por los magistrados de altas
cortes. Por ello, ordenó reliquidar los salarios del demandante, reconociendo la
diferencia del 10 % dejada de pagar desde el 9 de diciembre de 2009 y mientras
ejerció cargos destinatarios del Decreto 610 de 1998. También dispuso incluir
en la liquidación la prima especial de servicios del artículo 15 de la Ley 4.ta de
1992, teniendo en cuenta para su cálculo la remuneración total de los
congresistas.
RECURSO DE APELACIÓN
8. La parte demandada5 interpuso recurso de apelación por considerar que operó
la prescripción respecto de los derechos reclamados de conformidad con el
Decreto 3135 de 1998, pues la solicitud administrativa fue presentada el 21 de
abril de 2014, de modo que cualquier derecho causado antes del 21 de abril de
2011 estaría prescrito. Frente a la prima especial, afirmó que también operó la
prescripción trienal del Decreto 1848 de 1969, toda vez que las sentencias que
declararon la nulidad de las normas pertinentes quedaron ejecutoriadas en 2002
y 2007, fechas en las cuales surgió el derecho para el actor, pero este solo elevó
su solicitud hasta el 2011.
9. Además, manifestó que las sentencias de nulidad de actos administrativos
producen efectos hacia el futuro y no afectan situaciones jurídicas consolidadas
bajo la vigencia de las normas anuladas, como es el caso del Decreto 4040 de
2004, disposición aplicable al actor.
10. Sobre la prima especial, sostuvo que desde el año 2003 los salarios y
prestaciones de los funcionarios de la Fiscalía se liquidan sobre el 100 % del
salario, debido a que el Decreto 3549 de 2003 incorporó el porcentaje
correspondiente dentro de la asignación salarial y eliminó la regulación separada
de la prima del 30 %. Por ello, afirmó que carecía de objeto la pretensión
relacionada, especialmente porque el demandante ingresó a la entidad en
diciembre de 2009.
TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
11. El 5 de agostos de 20216 se admitió el recurso. Las partes7 allegaron alegatos
de conclusión. El Ministerio Público guardó silencio.
4 Folios 207 a 212.
5 Folios 216 a 219.
6 Ver índice 11 de SAMAI.
7 Ver índices 23 y 25 de SAMAI.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3
Radicado: 25000-23-42-000-2015-03711-02 (5991-2019)
CONSIDERACIONES
Avoca conocimiento
12. De conformidad con lo previsto en el artículo 116 del CPACA, cuando se
modifica la integración de la sala, los nuevos magistrados desplazan a los
conjueces, siempre que respecto de aquellos no se predique causal de
impedimento o recusación, tal como ocurre en este caso8 y por ello se avocará
conocimiento del proceso.
13. La Sala debe determinar si el demandante tiene derecho al reconocimiento y
pago de la bonificación por compensación prevista en el Decreto 610 de 1998
en consideración a los efectos de la nulidad del Decreto 4040 de 2004, y de ser
así, establecer si su derecho se encuentra prescrito.
Marco normativo y jurisprudencial
Bonificación por compensación
14. La bonificación por compensación fue creada mediante el Decreto 610 de 1998
tras el reconocimiento de una brecha salarial entre los magistrados de tribunal y
otros funcionarios frente a los magistrados de altas cortes, pues para ese
momento aquellos percibían apenas el 46 % de la remuneración de estos
últimos.
15. Con tal finalidad, la norma adoptó un esquema de nivelación salarial progresiva,
mediante el cual se dispuso un incremento gradual de los ingresos laborales de
los funcionarios destinatarios del decreto9, iniciando en 1999 con un
reconocimiento equivalente al 60% de lo percibido por los magistrados de las
altas cortes y alcanzando el 80% en el 2001.
16. Con la expedición del Decreto 2668 de 1998 se derogaron los Decretos 610 de
1998 y el 1239 del mismo año—que lo había adicionado—, lo que impedía la
posibilidad de reclamar la Bonificación por Compensación. Sin embargo, dicha
disposición fue declarada nula mediante sentencia de la Sala de Conjueces de
la Sección Segunda del Consejo de Estado, del 25 de septiembre de 200110, con
8 La Sección Segunda, actualmente, declara infundados los impedimentos manifestados por los integrantes de
la Sala, en los casos en que no se demuestre un interés actual directo o indirecto. En efecto, así se observa en
la siguiente decisión: Consejo de Estado. Auto del 6 de febrero de 2025. C.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
41001-23-33-000-2012-00203-04 (1969-2022).
9 Artículo 2.°, Decreto 610 de 1998: «La Bonificación por Compensación de que trata el artículo anterior, se
aplicará a los Magistrados de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, Contencioso Administrativo,
Nacional y Superior Militar; a los Magistrados Auxiliares de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional,
y el Consejo Superior de la Judicatura; a los Abogados Auxiliares del Consejo de Estado; a los Fiscales y Jefes
de Unidad ante el Tribunal Nacional; a los Fiscales del Tribunal Superior Militar, los Fiscales ante el Tribunal de
Distrito, y los jefes de Unidad de Fiscalía ante Tribunal de Distrito.»
Adicionado por el artículo 1 del Decreto 1239 de 1998: «a los Secretarios Generales de la Corte Suprema de
Justicia, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional y al Secretario Judicial de la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.»
10 Consejo de Estado. Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 25 de septiembre de 2001. Exp.
CE-SEC2-EXP2001-N395-99. Radicado. 395-99. CP. Alvaro Lecompte Luna.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4
Radicado: 25000-23-42-000-2015-03711-02 (5991-2019)
lo cual recobraron vigencia los decretos derogados y se restableció la mentada
bonificación, configurándose este como un primer momento en que la asignación
resultó plenamente exigible.
17. No obstante, en el año 2004, mediante el Decreto 4040 el Gobierno Nacional
creó la denominada «Bonificación de Gestión Judicial», destinada a los mismos
beneficiarios del Decreto 610 de 1998, con el propósito de nivelar sus
emolumentos hasta en un 70% de lo devengado, por todo concepto, por los
magistrados de las altas cortes.
18. Esta medida se adoptó pese a la existencia previa de la Bonificación por
Compensación, que perseguía el mismo objetivo de subsanar la desigualdad
salarial, lo que dio lugar a la concurrencia de dos regímenes salariales aplicables
a un mismo grupo de servidores públicos. En ese contexto, el régimen
introducido por el Decreto 4040 de 2004 (incompatible con la Bonificación por
Compensación) reconoció un porcentaje inferior de nivelación salarial y
condicionó su acceso al desistimiento de las acciones judiciales promovidas con
ocasión de la bonificación del Decreto 610 de 1998 o, en su defecto, a la
suscripción de contratos de transacción cuando no se hubieran formulado
reclamaciones previas.
19. El Decreto 4040 de 2004 fue objeto de control jurisdiccional y, mediante
sentencia del 14 de diciembre de 201111, la Sala de Conjueces de la Sección
Segunda del Consejo de Estado declaró su nulidad al considerar que el Gobierno
nacional excedió su potestad reglamentaria por establecer un régimen salarial
regresivo frente a uno previamente reconocido y vigente, en desconocimiento de
los principios de igualdad, progresividad y favorabilidad aplicables en materia
salarial para los beneficiarios de la norma.
20. Como consecuencia, el régimen previsto en el Decreto 4040 de 2004 fue
excluido del ordenamiento jurídico, y en su lugar, recobró vigencia el esquema
de la Bonificación por Compensación, sin las limitaciones, incompatibilidades ni
condicionamientos introducidos por la norma anulada, consolidándose
nuevamente la posibilidad de hacer efectiva dicha remuneración.
21. Ahora bien, lo cierto es que mientras coexistieron ambos regímenes no era
viable determinar con certeza cuál de ellos resultaba aplicable, y, en todo caso,
una vez declarada la nulidad de la Bonificación de Gestión Judicial, tampoco
había claridad del momento a partir del cual era exigible la Bonificación por
Compensación.
11 Consejo de Estado. Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 14 de diciembre de 2011. Exp.
11001-03-25-000-2005-00244-01 (10067-2005). CP. Carlos Arturo Orjuela Góngora.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5
Radicado: 25000-23-42-000-2015-03711-02 (5991-2019)
22. En atención a lo anterior, la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, mediante sentencia del 18 de mayo de 201612, desarrolló
una interpretación sobre la aplicación del Decreto 610 de 1998 y la prescripción
trienal, precisando que esta última solo comienza a contarse a partir de la
exigibilidad del derecho una vez superada la dualidad de normas presentada, la
cual se configuró con la ejecutoria de la sentencia que excluyó del ordenamiento
jurídico el Decreto 4040 de 2004, esto es, desde el 28 de enero de 2012.
23. Además, precisó que, al momento de fijar el monto de la bonificación, las sumas
reconocidas a los congresistas por concepto de cesantías constituyen ingresos
laborales permanentes, por lo que integran la base de liquidación de la prima
especial de servicios de los magistrados de altas cortes, criterio que también
aplica a la bonificación por compensación, en la medida en que esta se
determina con base en lo que por todo concepto devenguen dichos funcionarios.
Resolución del caso concreto
24. Inicialmente la Subsección debe precisar que, en virtud del principio de
congruencia derivado del artículo 281 del CGP, así como de la competencia del
superior en segunda instancia conforme al artículo 328 del CGP, es claro que en
esta oportunidad solo es posible emitir pronunciamientos de fondo respecto de
los argumentos de reparo puntuales de la apelante.
25. En ese orden, se observa que parte del sustento de la impugnación de la entidad
fue abordar temas de prima especial de servicios del artículo 14 de la Ley 4.ta de
1992, los cuales no son objeto del litigio en el presente proceso. Por tanto, lo
que procede en este caso es abstenerse de resolver
estos puntos específicos por falta de correspondencia entre lo fallado y lo
formulado como inconformidad.
26. El asunto bajo estudio deberá enfocarse en los motivos de disenso expuestos,
esto es, en el desacuerdo con el reconocimiento de la bonificación por
compensación considerando los efectos de la nulidad del Decreto 4040 de 2004
y la procedencia de la prescripción.
27. Sobre el particular, la Sala comparte la decisión del tribunal de origen sobre la
procedencia de su reconocimiento, porque el actor, como fiscal delegado ante
tribunal13 es beneficiario de la bonificación por compensación prevista en el
Decreto 610 de 1998, cuyo objeto es equiparar sus ingresos al ochenta por
ciento (80 %) de lo que perciben anualmente los magistrados de las altas cortes.
12 Consejo de Estado. Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 18 de mayo de 2016. Exp. 25000-
23-25-000-2010-00246-02(0845-15). CP. Jorge Iván Acuña Arrieta.
13 Folio 200.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6
Radicado: 25000-23-42-000-2015-03711-02 (5991-2019)
28. En cuanto a los efectos de la nulidad del Decreto 4040 de 2004, norma aplicada
al actor durante el tiempo laborado en la entidad con anterioridad a la sentencia
del 14 de diciembre de 2011, y en virtud del cual se le reconoció la bonificación
por gestión judicial —según lo afirman tanto el actor como la entidad—, la Sala
desestima los planteamientos del recurrente en este aspecto.
29. Si bien la mencionada providencia que anuló el acto no determinó de manera
expresa sus efectos, la jurisprudencia14 ha sido clara en afirmar que la nulidad
de un acto administrativo de carácter general afecta su validez desde su
expedición, de manera que el acto nace viciado y la decisión judicial que lo
excluye del ordenamiento declara que nunca fue jurídicamente válido, y, por
regla general, sus efectos son ex tunc, es decir que se retrotraen las cosas a su
estado anterior. Sin embargo, este criterio no opera de forma absoluta frente a
todos los supuestos, pues el elemento diferenciador radica en establecer si
existe una situación jurídica consolidada, caso en el cual la decisión surte efectos
ex nunc por razones de seguridad jurídica.
30. Ahora, no puede entenderse que el reconocimiento de la bonificación por gestión
judicial sustentada en el Decreto 4040 de 2004 constituya una situación jurídica
consolidada para efectos de predicar la aplicación ex nunc de la declaratoria de
nulidad. La consolidación supone la existencia de un derecho cierto e
indiscutible, circunstancia que no se configuró en el escenario de dualidad
normativa existente entre los Decretos 4040 de 2004 y 610 de 1998. En caso de
haberse efectuado un pago con fundamento en una norma posteriormente
expulsada del ordenamiento, esto no transforma la situación en inmutable ni
genera, en favor de la administración, un derecho a mantener una liquidación
inferior a la prevista en el régimen válido. En consecuencia, tratándose de una
situación no consolidada y sometida a debate judicial, la nulidad del acto general
impide su aplicación al caso concreto y conduce a definir el derecho con base
en la norma que conservó su validez.
31. En todo caso, la aplicación del Decreto 610 de 1998 no implica el reconocimiento
simultáneo de dos emolumentos; las sumas canceladas con fundamento en el
Decreto 4040 de 2004, en caso de existir, deben imputarse al cumplimiento
14 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 10 de diciembre de 2015. Exp. 13001-
23-31-000-2001-00817-01 (1723-11). C.P. Luis Rafael Vergara Quintero. Al respecto: «[…] La declaratoria de
nulidad del acto administrativo afecta su validez y, por lo mismo, sus efectos se proyectan hacia el pasado. Así
pues, la doctrina ha señalado de manera unánime, como lo establece Sayagués Laso que “Al dictarse sentencia
anulatoria, el acto se extingue de pleno derecho en virtud de pronunciamiento jurisdiccional. Además, como la
extinción se funda en la invalidez del acto, considerase (sic) que ésta no ha tenido existencia válida y por tanto
los efectos de la extinción se proyectan hacia el pasado (Giorgi) SAYAGUES LASO, Enrique, Tratado de
Derecho Administrativo, Tomo II, Clásicos Jurídicos Uruguayos, Ed. Fundación de Cultura Universitaria,
Montevideo, 2005, No. 1068, p. 548 y 549. […]».
Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 22 de septiembre de 2022. Exp. 11001-03-
25-000-2012-00179-00 (0755-2012). C.P. William Hernández Gómez: «Sobre el particular, debe precisar la Sala
que la declaratoria de nulidad de actos administrativos de carácter general tiene efectos ex tunc o retroactivos
desde la fecha misma de expedición del acto, salvo las situaciones jurídicas consolidadas en favor del trabajador
antes de la decisión anulatoria las que deben mantenerse íntegramente en virtud del principio de seguridad
jurídica.».
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7
Radicado: 25000-23-42-000-2015-03711-02 (5991-2019)
parcial de la obligación; por ello, solo hay lugar al reconocimiento y pago del
mayor valor que resulte de la diferencia entre el 70 % ya pagado y el 80 %
previsto en el régimen aplicable, sin que proceda cancelar nuevamente lo ya
satisfecho. Sobre este aspecto fue claro el tribunal de primera instancia al
ordenar el pago de la diferencia existente entre lo percibido y lo que debió
devengar el actor por concepto de bonificación por compensación.
32. Ahora bien, el reparo relacionado con la prescripción del derecho también debe
ser desestimado, pues el reconocimiento del reajuste solicitado debe efectuarse
a partir del 9 de diciembre de 200915, como lo consideró el tribunal de primera
instancia, pues como se expuso previamente, esta corporación, en sentencia del
18 de mayo de 2016, definió el cómputo de la prescripción en los siguientes
términos:
«El asunto que se debate en torno a la aplicación de la prescripción trienal, es
que ante la coexistencia de dos regímenes salariales diferentes, no es posible
hablar de exigibilidad del derecho a reclamar, debido a que para los
beneficiarios de los derechos existía la disyuntiva del Decreto 610 de 1998, que
reconoce la Bonificación por Compensación Judicial y el régimen salarial del
Decreto 4040 de 2004, que reconocía la Bonificación por Gestión Judicial. Es
decir, no se podía establecer con exactitud cuál de los regímenes era el
aplicable, ante lo cual resultaba imposible referirse a la exigibilidad del derecho.
En este sentido solo puede hablarse de exigibilidad de la Bonificación por
Compensación, a partir de la fecha de ejecutoria del fallo que declaró la nulidad
del Decreto 40403, es decir el 28 de enero de 2012.
(…) Ahora bien; Sobre el tema de la prescripción, la Sala de Conjueces ha
resuelto en casos análogos, que el término de prescripción se cuenta desde que
el derecho se hace exigible, que para el caso específico se reputa sólo hasta la
fecha de ejecutoria de la sentencia que declaró la nulidad del Decreto 4040 de
2004, es decir, a partir del 28 de enero de 2012.»
33. En efecto, en dicha decisión se determinó que, ante la coexistencia de los
regímenes previstos en los Decretos 610 de 1998 y 4040 de 2004, no era posible
predicar la exigibilidad del derecho, de manera que esta solo surgió a partir del
28 de enero de 2012, fecha de ejecutoria del fallo mencionado. Por tanto, no
prospera el argumento del apelante encaminado a declarar prescritas las
mesadas con fundamento en la petición elevada el 21 de abril de 201416, pues,
contrario a lo esgrimido por este, la reclamación se formuló dentro del término
previsto en el Decreto 3135 de 1998, el cual comienza a correr únicamente
desde que el derecho se hace exigible. Así, el actor interrumpió oportunamente
la prescripción.
34. Por todo lo expuesto, le asiste razón al tribunal de origen, motivo por el cual se
confirmará el fallo apelado.
15 Fecha de ingreso al cargo de fiscal delegado ante tribunal conforme con certificado visible en folio 200.
16 Sello de radicado visible en folio 9.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8
Radicado: 25000-23-42-000-2015-03711-02 (5991-2019)
De la condena en costas en segunda instancia
35. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.
36. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público. Esto
creó una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición
en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como
es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto
en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume. En ese sentido la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.
37. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida. La liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
38. En consecuencia, se impondrán costas en esta instancia a la parte demandada,
por cuanto se niegan las peticiones del recurso de apelación. Para el efecto, de
conformidad con el artículo 366 de la misma norma, las agencias en derecho
serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas
serán liquidadas por la secretaría del tribunal de origen.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. AVOCAR conocimiento del proceso de la referencia, por las razones
expuestas en la parte motiva.
Segundo. CONFIRMAR la sentencia proferida el veinticinco (25) de junio de dos
mil diecinueve (2019) por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio
de la cual accedió a las pretensiones.
Tercero. Condenar en costas a la demandada en segunda instancia.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9
Radicado: 25000-23-42-000-2015-03711-02 (5991-2019)
Cuarto. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones
pertinentes en el aplicativo SAMAI.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente
sesión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
10
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.