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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-25-000-2011-00826-02

Fecha
5 de marzo de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez
Citada por
12 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-25-000-2011-00826-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. AVOCAR conocimiento del proceso de la referencia, por las razones expuestas en la parte motiva. Segundo. MODIFICAR el ordinal segundo de la sentencia apelada, el cual quedará de la siguiente forma: «[…]SEGUNDO.- Declarar la nulidad del Acto Administrativo contenido en el oficio S.G. n.° 1806 del quince (15) de abril de dos mil once (2011), por medio del cual la Secretaría General de la Procuraduría General de la Nación resolvió no acceder a la petición de pago de la diferencia salarial mensual resultante entre lo recibido por la parte demandante como salario (70 %) y lo que legamente debía recibir (80 %), por concepto de bonificación por compensación contenido en el Decreto 610 de 1998, a que tiene derecho la doctora LYANA VICTORIA GARCIA DE BARRAGAN a partir del 25 de noviembre de 2002 y hasta la fecha en que esté o estuvo vinculado en calidad de Procurador Judicial II, código 3PJ-EC.» Tercero. MODIFICAR el ordinal tercero de la sentencia apelada, el cual quedará de la siguiente forma: «[…] TERCERO.- Condenar a la PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, a reconocer y pagar a la demandante LYANA VICTORIA GARCIA DE BARRAGAN, en su calidad de procuradora judicial II, el derecho adquirido a recibir las diferencias adeudadas por concepto BONIFICACION POR COMPENSACIÓN (Decreto 610 de 1998), equivalente al ochenta por ciento (80 %) de lo que por todo concepto devengan como salario los magistrados de las altas cortes, en concordancia con los ingresos percibidos por los congresistas, incluyendo el auxilio de cesantías que reciben dichos funcionarios, como factor para la liquidación de la prima especial de servicios prevista en el artículo 15 de la Ley 4.ta de 1992; de lo cual se descontará lo ya cancelado a la demandante de acuerdo con lo establecido por el decreto Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9 Radicado: 25000-23-25-000-2011-00826-02 (1261-2019) 4040 de 2004, a partir del 25 de noviembre de 2002 y hasta la fecha en que esté o estuvo vinculado en calidad de Procurador Judicial II, código 3PJ-EC. Cuarto. CONFIRMAR en lo demás, la sentencia proferida el treinta y uno (31) de […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-25-000-2011-00826-02

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

5 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., cinco (5) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-25-000-2011-00826-02 (1261-2019)
Demandante: Lyana Victoria García de Barragán
Demandado: Nación - Procuraduría General de la Nación

Temas: Bonificación por compensación. Prescripción. MODIFICA
SENTENCIA

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA (Decreto 01 de 1984)

Decide la Sala los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la
sentencia proferida el treinta y uno (31) de agosto de dos mil diecisiete (2017)
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio de la cual accedió a
las pretensiones.

ANTECEDENTES

La señora Lyana Victoria García de Barragán instauró demanda1 en contra de la
Nación - Procuraduría General de la Nación en ejercicio de la acción de nulidad
y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del Código
Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984), con el fin de que se acceda a
las siguientes

PRETENSIONES

1. Que se declare la nulidad del oficio S.G. 1806 del 15 de abril de 2011 por medio
del cual la entidad negó la bonificación por compensación del Decreto 610 de
1998; como restablecimiento del derecho, se condene a reconocer y pagar el
reajuste de su remuneración, equivalente al 80% de todo lo percibido por los
magistrados de altas cortes, como el pago del retroactivo indexado y con
intereses moratorios de las diferencias salariales existentes entre el 70 %

1 Folios 111 a 124.

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reconocido y el 80 % debido, desde el 21 de febrero de 2002 hasta que se
profiera el fallo.

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:

2. Que se desempeña como procuradora judicial II desde el 21 de febrero de 2002
hasta la presentación de la demanda, y que celebró acuerdo de conciliación con
la entidad, aceptando recibir un 70% de lo que perciben los magistrados de altas
cortes. El 10 de marzo de 2011 solicitó a la entidad su reliquidación salarial y el
pago de las diferencias dejadas de percibir, pero fue negada a través del acto
acusado.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

3. Considera violados los artículos 2, 4, 6, 13, 23, 25, 29, 53, 55, 58, 150, 228, 277
y 280 de la Constitución Política; las Leyes 10 de 1987, 63 de 1988, 4.a de 1992,
y los Decretos 610 de 1998 y 4040 de 2004.

4. Que su derecho a la bonificación por compensación se encuentra expresamente
consagrado en las normas mencionadas, y el acto desconoce un derecho
adquirido, cierto e irrenunciable, vigente desde su ingreso al cargo.

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

5. La demanda fue admitida el 30 de abril de 20132. La entidad manifestó3 que no
estaba facultada para definir el régimen salarial de sus funcionarios, y que el
régimen aplicable era el Decreto 4040 de 2004, al cual se acogió de manera
voluntaria mediante contrato de transacción. Propuso como excepciones las que
denominó: (i) ineptitud sustantiva de la demanda por indebido agotamiento de la
vía administrativa- reliquidación de prestaciones sociales, y (ii) prescripción
extintiva del derecho.

6. El 1.° de octubre de 20144 se decretaron las pruebas; una vez practicadas, el 9
de septiembre de 20165 se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión.

2 Folio 142.
3 Folios 197 a 210.
4 Folio 218.
5 Folio 262.

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SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN6

7. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante sentencia del 31 de
agosto de 2017 accedió a las pretensiones. Expuso que la actora es beneficiaria
del Decreto 610 de 1998, por lo que ordenó el reconocimiento del 80% de lo
devengado por los magistrados de altas cortes. Ordenó el pago de la diferencia
del 10 %, descontando lo ya percibido en aplicación del Decreto 4040 de 2004,
con los respectivos ajustes anuales y debidamente indexados mes a mes.

8. Precisó que no se configuró la prescripción de mesadas porque la fecha de
exigibilidad del derecho se cuenta a partir de la ejecutoria de la sentencia que
declaró la nulidad del Decreto 4040 de 2004. No condenó en costas

RECURSOS DE APELACIÓN

9. La parte demandada7 interpuso recurso de apelación. Expresó que la decisión
de primera instancia desconoció el fallo del Consejo de Estado del 15 de mayo
de 2017, radicado 27001233300020130027501, según el cual no es posible
extender los efectos de la nulidad del Decreto 4040 de 2004 a situaciones
causadas antes de su vigencia para asumir que esta es fundamento constitutivo
del derecho para la contabilización de la prescripción. Por tanto, manifestó que
no procede el reconocimiento de los derechos anteriores al 3 de diciembre de
2004, y que, por tal motivo, solo puede reconocerse la bonificación por
compensación desde el 10 de marzo de 2008, por encontrarse prescritos los
derechos reclamados entre el 21 de febrero de 2002 y esa fecha.

10. Por su parte, la demandante en su recurso8 sostuvo que el restablecimiento del
derecho fue parcial, en la medida en que el fallo omitió pronunciarse sobre la
incidencia de los ingresos de los magistrados de altas cortes en la bonificación
por compensación. Insistió en que dichos ingresos deben coincidir con los totales
anuales de carácter permanente de los congresistas y que, desde la
presentación de la demanda, enfatizó en que la entidad acusada toma una base
errónea para determinar los ingresos de los procuradores judiciales II. Esta
omisión afecta directamente la liquidación de la bonificación alegada porque el
auxilio de cesantías integra la base del cálculo de la prima especial de servicios
de los magistrados de altas cortes y, por ende, impacta en el parámetro para el
ajuste del 80 %.

6 Folios 284 a 298.
7 Folios 315 a 318.
8 Folios 300 a 304.

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Radicado: 25000-23-25-000-2011-00826-02 (1261-2019)

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

11. El 28 de octubre de 20199 se admitió el recurso de apelación. La demandante
reiteró10 los argumentos de la demanda y la apelación; la demandada y el
Ministerio Público guardaron silencio.

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

Avoca conocimiento

12. Cuando se modifica la integración de la sala, los nuevos magistrados desplazan
a los conjueces, siempre que respecto de aquellos no se predique causal de
impedimento o recusación, como ocurre en este caso11; por ello se avocará
conocimiento del proceso.

13. La Sala debe determinar primero la forma en la que debe liquidarse la prima
especial de servicios de los magistrados de altas cortes, como parámetro para
el ajuste al 80 %, y luego si opera la prescripción del reajuste por concepto
bonificación por compensación correspondiente al periodo comprendido entre el
21 de febrero de 2002 y 10 de marzo de 2008.

Marco normativo y jurisprudencial

Bonificación por compensación

14. La bonificación por compensación fue creada mediante el Decreto 610 de 1998
tras el reconocimiento de una brecha salarial entre los magistrados de tribunal y
otros funcionarios frente a los magistrados de altas cortes, pues para ese
momento aquellos percibían apenas el 46 % de la remuneración de estos
últimos.

15. Con tal finalidad, la norma adoptó un esquema de nivelación salarial progresiva,
mediante el cual se dispuso un incremento gradual de los ingresos laborales de
los funcionarios destinatarios del decreto12, iniciando en 1999 con un

9 Folio 387.
10 Folios 390 a 398.
11 La Sección Segunda, actualmente, declara infundados los impedimentos manifestados por los integrantes de

la Sala, en los casos en que no se demuestre un interés actual directo o indirecto. En efecto, así se observa en
la siguiente decisión: Consejo de Estado. Auto del 6 de febrero de 2025. C.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
41001-23-33-000-2012-00203-04 (1969-2022).
12 Artículo 2.°, Decreto 610 de 1998: «La Bonificación por Compensación de que trata el artículo anterior, se

aplicará a los Magistrados de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, Contencioso Administrativo,
Nacional y Superior Militar; a los Magistrados Auxiliares de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional,

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reconocimiento equivalente al 60% de lo percibido por los magistrados de las
altas cortes y alcanzando el 80% en el 2001.

16. Con la expedición del Decreto 2668 de 1998 se derogaron los Decretos 610 de
1998 y el 1239 del mismo año—que lo había adicionado—, lo que impedía la
posibilidad de reclamar la Bonificación por Compensación. Sin embargo, dicha
disposición fue declarada nula mediante sentencia de la Sala de Conjueces de
la Sección Segunda del Consejo de Estado, del 25 de septiembre de 200113, con
lo cual recobraron vigencia los decretos derogados y se restableció la mentada
bonificación, configurándose este como un primer momento en que la asignación
resultó plenamente exigible.

17. No obstante, en el año 2004, mediante el Decreto 4040 el Gobierno Nacional
creó la denominada «Bonificación de Gestión Judicial», destinada a los mismos
beneficiarios del Decreto 610 de 1998, con el propósito de nivelar sus
emolumentos hasta en un 70% de lo devengado, por todo concepto, por los
magistrados de las altas cortes.

18. Esta medida se adoptó pese a la existencia previa de la Bonificación por
Compensación, que perseguía el mismo objetivo de subsanar la desigualdad
salarial, lo que dio lugar a la concurrencia de dos regímenes salariales aplicables
a un mismo grupo de servidores públicos. En ese contexto, el régimen
introducido por el Decreto 4040 de 2004 (incompatible con la Bonificación por
Compensación) reconoció un porcentaje inferior de nivelación salarial y
condicionó su acceso al desistimiento de las acciones judiciales promovidas con
ocasión de la bonificación del Decreto 610 de 1998 o, en su defecto, a la
suscripción de contratos de transacción cuando no se hubieran formulado
reclamaciones previas.

19. El Decreto 4040 de 2004 fue objeto de control jurisdiccional y, mediante
sentencia del 14 de diciembre de 201114, la Sala de Conjueces de la Sección
Segunda del Consejo de Estado declaró su nulidad al considerar que el Gobierno
nacional excedió su potestad reglamentaria por establecer un régimen salarial
regresivo frente a uno previamente reconocido y vigente, en desconocimiento de
los principios de igualdad, progresividad y favorabilidad aplicables en materia
salarial para los beneficiarios de la norma.

y el Consejo Superior de la Judicatura; a los Abogados Auxiliares del Consejo de Estado; a los Fiscales y Jefes
de Unidad ante el Tribunal Nacional; a los Fiscales del Tribunal Superior Militar, los Fiscales ante el Tribunal de
Distrito, y los jefes de Unidad de Fiscalía ante Tribunal de Distrito.»
Adicionado por el artículo 1 del Decreto 1239 de 1998: «a los Secretarios Generales de la Corte Suprema de
Justicia, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional y al Secretario Judicial de la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.»
13 Consejo de Estado. Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 25 de septiembre de 2001. Exp.

CE-SEC2-EXP2001-N395-99. Radicado. 395-99. CP. Alvaro Lecompte Luna.
14 Consejo de Estado. Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 14 de diciembre de 2011. Exp.

11001-03-25-000-2005-00244-01 (10067-2005). CP. Carlos Arturo Orjuela Góngora.

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20. Como consecuencia, el régimen previsto en el Decreto 4040 de 2004 fue
excluido del ordenamiento jurídico, y en su lugar, recobró vigencia el esquema
de la Bonificación por Compensación, sin las limitaciones, incompatibilidades ni
condicionamientos introducidos por la norma anulada, consolidándose
nuevamente la posibilidad de hacer efectiva dicha remuneración.

21. Ahora bien, lo cierto es que mientras coexistieron ambos regímenes no era
viable determinar con certeza cuál de ellos resultaba aplicable, y, en todo caso,
una vez declarada la nulidad de la Bonificación de Gestión Judicial, tampoco
había claridad del momento a partir del cual era exigible la Bonificación por
Compensación.

22. En atención a lo anterior, la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, mediante sentencia del 18 de mayo de 2016 15, desarrolló
una interpretación sobre la aplicación del Decreto 610 de 1998 y la prescripción
trienal, precisando que esta última solo comienza a contarse a partir de la
exigibilidad del derecho una vez superada la dualidad de normas presentada, la
cual se configuró con la ejecutoria de la sentencia que excluyó del ordenamiento
jurídico el Decreto 4040 de 2004, esto es, desde el 28 de enero de 2012.

23. Además, precisó que, al momento de fijar el monto de la bonificación, las sumas
reconocidas a los congresistas por concepto de cesantías constituyen ingresos
laborales permanentes, por lo que integran la base de liquidación de la prima
especial de servicios de los magistrados de altas cortes, criterio que también
aplica a la bonificación por compensación, en la medida en que esta se
determina con base en lo que por todo concepto devenguen dichos funcionarios.

Resolución del caso concreto

24. El objeto de discusión en el presente caso se circunscribe a la forma de
liquidación del derecho y a la prescripción parcial.

25. Respecto a la base de liquidación apelada, se precisa que, el Consejo de
Estado16 ha determinado que la bonificación por compensación se fija como un
porcentaje de lo que por todo concepto reciben los magistrados de altas cortes,
razón por la cual su cuantía depende también de la base utilizada para el cálculo
de la prima especial de servicios reconocida a estos funcionarios. Esta prima, a
su vez, se liquida con fundamento en la equiparación de la totalidad de los
emolumentos percibidos por los congresistas, dentro de los cuales las cesantías

15 Consejo de Estado. Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 18 de mayo de 2016. Exp. 25000-

23-25-000-2010-00246-02(0845-15). CP. Jorge Iván Acuña Arrieta.
16 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 4 de septiembre de 2025. Exp. 47001 -

23-33-000-2014-00057-02 (4173-2023). C.P. Luis Eduardo Mesa Nieves. Consejo de Estado. Sección Segunda.
Sala de Conjueces. Sentencias proferidas el 18 de mayo de 2016. Exp. 25000-23-25-000-2010-00246-02 (0845-
2015). C.P. Jorge Iván Acuña Arrieta; el 3 de diciembre de 2024. Exp. 25000-23-42-000-2018-00716-02 (0499-
2022). C.P. Clara Elisa Cifuentes Ortiz Bogotá; el 8 de octubre de 2024. Exp 17001-23-33-000-2012-00115-02
(4006-2015). C.P. Miguel Arcángel Villalobos Chavarro.

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han sido reconocidas17 como ingresos laborales anuales de carácter
permanente, y, por tanto, consideradas como factor de liquidación.

26. Por lo expuesto, se modificará el ordinal tercero del fallo apelado, para incluir en
la orden dada la precisión realizada respecto a la liquidación del emolumento.

27. En cuanto a la prescripción, debe acudirse al acta de posesión 802 del 25 de
noviembre de 2002, en la que se observa que la demandante asumió el cargo
de procuradora 11 judicial penal II a partir de esa fecha, y no desde el 21 de
febrero de 2002, como lo sostuvo el tribunal de primera instancia.

28. En consideración a la fecha de ingreso, y a que antes de la entrada en vigencia
del Decreto 4040 de 2004 (3 de diciembre de 2004) no existía dualidad normativa
que afectara la exigibilidad del derecho, como regla general operaría la
prescripción respecto del lapso solicitado, pues así lo ha reconocido esta
corporación, al señalar que la misma procede para los periodos causados con
anterioridad al 3 de diciembre de 2004.

29. No obstante, la jurisprudencia18 también ha admitido un alcance excepcional en
el cómputo de dicho fenómeno, al sostener que, si el interesado demuestra
haber interrumpido la prescripción antes de esa fecha, resulta posible retrotraer
sus efectos. Esta excepción, de carácter restrictivo, fue desarrollada por la Sala
de Conjueces en sentencia del 23 de mayo de 2018, en la que se identificaron
los supuestos previstos en el artículo 2.º del Decreto 4040 de 2004 como
escenarios habilitantes para entender configurada dicha interrupción. Sobre el
particular determinó:

«[…] lo cierto es que entre el periodo comprendido entre la ejecutoria de la sentencia
que anuló el Decreto 2668 de 1998 y la fecha de expedición del Decreto 4040 de
2004, si procede decretarla, pues en este lapso no hubo dualidad de normas y por
lo tanto, los beneficiarios de que trata el artículo 2º del Decreto 610 de 1998 tenían
la oportunidad de demandar el reconocimiento y pago del 80% de lo que
devengaban los magistrados de las altas cortes; salvo que se encontraran en una
de las dos situaciones descritas en el numeral 2º del Decreto 4040 de 2004, que
son: i) haber iniciado acciones judiciales relacionadas con la bonificación por
compensación y haber desistido a sus pretensiones y ii) haber efectuado
reclamaciones y suscribir contratos de transacción.»

17 Consejo de Estado. Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 4 de mayo de 2009. 25000-23-25-

000-2004-05209-02(0552-07). CP. Luis Fernando Velandia Rodríguez.
18 Consejo de Estado. Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 23 de mayo de 2018. Exp. 17001-

23-33-000-2012-00144-02 (0602-15). C.P. Pedro Simón Vargas Sáenz; Consejo de Estado. Sección Segunda,
Sala de Conjueces. Sentencia del 2 de septiembre de 2019. Exp. 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-18).
C.P. Carmen Anaya de Castellanos; Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 26 de
junio de 2025. Exp. 25000 23 42 000 2013 00267 02 (1132-2020). C.P. Luis Eduardo Mesa Nieves.

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30. A partir de ese entendimiento, esta Subsección19 ha aplicado la línea
jurisprudencial referida y, particularmente frente al supuesto contemplado en el
literal b), ha considerado necesario, además de la suscripción del contrato de
transacción, acreditar la presentación de una petición ante la entidad.

31. Sin embargo, la sala en esta oportunidad debe precisar el alcance de esa
interpretación. En efecto, de la lectura del literal b) del artículo 2.º del Decreto
4040 de 2004 no se requiere la exigencia de actuaciones adicionales a la
suscripción del contrato de transacción, pues este señala que: «[…] b). Los que
no han efectuado tales reclamaciones y suscriban contratos de transacción
para precaver litigios futuros relacionados con la Bonificación por
Compensación.»

32. De la disposición se desprende que, a diferencia de lo señalado por la Sala de
Conjueces en la citada decisión, el supuesto contemplado en la norma exigió
exclusivamente acreditar la suscripción de un contrato de transacción, requisito
que debe considerarse autónomo y suficiente para la interrupción del término
prescriptivo, pues la excepción reconocida debe comprenderse como una figura
encaminada a salvaguardar el derecho de quienes se vieron afectados por la
expedición del mencionado acto al acogerse a las condiciones impuestas por el
Gobierno en ese momento, lo que explica la configuración de la interrupción bajo
supuestos específicos, pero no implica extenderlos más allá de lo expresamente
previsto. Exigir requisitos no contemplados en el tenor literal del decreto conlleva
ampliar los presupuestos de la excepción y restringir su alcance.

33. A partir de lo expuesto, para el caso concreto de la actora, aunque en el
expediente no obra constancia de la reclamación administrativa correspondiente
al periodo laborado con anterioridad a la expedición del Decreto 4040, sí se
encuentra acreditada la suscripción de un contrato de transacción del día 10 de
diciembre de 200420, elemento suficiente para tener por configurado uno de los
supuestos requeridos que habilitan la interrupción del término.

34. Por lo anterior, la bonificación por compensación equivalente a un 80 % de lo
que por todo concepto devenguen los magistrados de altas cortes, deberá ser
reconocida a partir del 25 de noviembre de 2002, por lo que el fallo objeto de
apelación será modificado en este sentido, en los ordinales segundo y tercero,
pues se determinó que esta debería ser reconocida desde el 21 de febrero de
2002. En lo demás, se confirmará.

19 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 26 de junio de 2025. Exp. 25000 23 42

000 2013 00267 02 (1132-2020). C.P. Luis Eduardo Mesa Nieves.
20 Folio 190.

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Radicado: 25000-23-25-000-2011-00826-02 (1261-2019)

De la condena en costas en segunda instancia

35. No hay lugar a condenar en costas porque no se demostró temeridad o mala fe
de las partes, tal y como lo regula el artículo 171 del CCA, vigente para este
proceso, que consagra un criterio subjetivo para tales efectos.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. AVOCAR conocimiento del proceso de la referencia, por las razones
expuestas en la parte motiva.

Segundo. MODIFICAR el ordinal segundo de la sentencia apelada, el cual quedará
de la siguiente forma:

«[…]SEGUNDO.- Declarar la nulidad del Acto Administrativo contenido en el
oficio S.G. n.° 1806 del quince (15) de abril de dos mil once (2011), por medio
del cual la Secretaría General de la Procuraduría General de la Nación
resolvió no acceder a la petición de pago de la diferencia salarial mensual
resultante entre lo recibido por la parte demandante como salario (70 %) y lo
que legamente debía recibir (80 %), por concepto de bonificación por
compensación contenido en el Decreto 610 de 1998, a que tiene derecho la
doctora LYANA VICTORIA GARCIA DE BARRAGAN a partir del 25 de
noviembre de 2002 y hasta la fecha en que esté o estuvo vinculado en calidad
de Procurador Judicial II, código 3PJ-EC.»

Tercero. MODIFICAR el ordinal tercero de la sentencia apelada, el cual quedará de
la siguiente forma:

«[…] TERCERO.- Condenar a la PROCURADURIA GENERAL DE LA
NACION, a reconocer y pagar a la demandante LYANA VICTORIA GARCIA
DE BARRAGAN, en su calidad de procuradora judicial II, el derecho adquirido
a recibir las diferencias adeudadas por concepto BONIFICACION POR
COMPENSACIÓN (Decreto 610 de 1998), equivalente al ochenta por ciento
(80 %) de lo que por todo concepto devengan como salario los magistrados
de las altas cortes, en concordancia con los ingresos percibidos por los
congresistas, incluyendo el auxilio de cesantías que reciben dichos
funcionarios, como factor para la liquidación de la prima especial de servicios
prevista en el artículo 15 de la Ley 4.ta de 1992; de lo cual se descontará lo
ya cancelado a la demandante de acuerdo con lo establecido por el decreto

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Radicado: 25000-23-25-000-2011-00826-02 (1261-2019)

4040 de 2004, a partir del 25 de noviembre de 2002 y hasta la fecha en que
esté o estuvo vinculado en calidad de Procurador Judicial II, código 3PJ-EC.

Cuarto. CONFIRMAR en lo demás, la sentencia proferida el treinta y uno (31) de
agosto de dos mil diecisiete (2017) por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
por medio de la cual accedió a las pretensiones.

Quinto. Abstenerse de condenar en costas en esta instancia a la parte demandada,
según lo manifestado en esta sentencia.

Sexto. Reconocer personería al abogado Luis Fernando Pinzón Galindo, portador
de la tarjeta profesional 72.169, en calidad de apoderado de la Procuraduría General
de la Nación conforme al memorial visible en el índice 40 de la plataforma SAMAI.

Séptimo. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones
pertinentes en el aplicativo SAMAI.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

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