Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2015-04222-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2015-04222-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2015-04222-02
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
7 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., siete (7) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-42-000-2015-04222-02 (6339-2019)
Demandante: María Isabel Barbosa Ramírez
Demandado: Nación — Ministerio de Defensa Nacional
Temas: Bonificación por compensación. Factor salarial. Contratos de
transacción no impiden el reconocimiento del derecho.
Prescripción periodo anterior a la expedición del Decreto 4040
de 2004 - Análisis excepción jurisprudencial. REVOCA
SENTENCIA
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la demandada contra la
sentencia proferida el treinta y uno (31) de julio de dos mil diecinueve (2019) por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio de la cual accedió a las
pretensiones.
ANTECEDENTES
1. La señora María Isabel Barbosa Ramírez instauró demanda1 en contra de la
Nación — Ministerio de Defensa Nacional en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin
de que se acceda a las siguientes
PRETENSIONES
2. Que se declare la nulidad del oficio 20152120026321/MDN-CGFM-JEMC-
SEMCA-SEPER-APRES 1-9 del 28 de enero de 2015, por medio del cual la
entidad negó la bonificación por compensación. Como restablecimiento del
derecho, sea condenada a pagar, de manera indexada, desde el 1.° de enero de
2000 hasta el 30 de junio de 2002, el emolumento consagrado en el Decreto 610
de 1998, equivalente al 80 % de lo que por todo concepto devengan los
1 Folios 14 a 23.
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magistrados de altas cortes, quienes deben percibir la totalidad de los ingresos
laborales de los congresistas, conforme al artículo 15 de la Ley 4.ta de 1992.
HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:
3. Que se desempeñó como magistrada del Tribunal Superior Militar desde 1993
hasta el 30 de junio de 2002, y que el 18 de noviembre de 2014, solicitó a la
entidad el reconocimiento de la bonificación por compensación, pero esta fue
negada a través del acto acusado.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
4. Considera violados los artículos 2, 4, 13, 25, 29, 53, 55, 58 y 280 de la
Constitución Política; 15 del Código Sustantivo del Trabajo; el Pacto
Internacional de Derechos Económicos y Culturales; el Convenio Internacional
del Trabajo n.° 111; el Decreto 610 de 1998 y la Ley 4.ta de 1992.
5. Que el acto acusado desconoce el marco normativo de la bonificación por
compensación y la jurisprudencia aplicable, y vulnera los principios de
favorabilidad, igualdad e irrenunciabilidad.
TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA
6. La demanda fue admitida el 26 septiembre de 20162. La entidad manifestó3 que
los magistrados del Tribunal Superior Militar optaron por la bonificación de
gestión judicial mediante contrato de transacción del 7 de diciembre de 2004, la
cual ha sido pagada a dichos funcionarios en el porcentaje acordado. Estimó
que la demanda debería estar dirigida al pago de la diferencia entre el Decreto
610 de 1998 y el Decreto 4040 de 2004, es decir el 10% para completar el 80 %,
pues ya se recibió el 70%, de lo contrario se estaría enriqueciendo
injustificadamente.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN4
7. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia del 31 de julio
de 2019, accedió a las pretensiones. Expresó que la demandante era
destinataria del Decreto 610 de 1998, por acreditar que laboró entre el año 1993
y el 30 de junio de 2002 como magistrada del Tribunal Superior Militar. De igual
forma, afirmó que estaba demostrado que no se le había pagado debidamente
2 Folio 98 y 101.
3 Folios 114 a 121.
4 Folios 162 a 166.
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la bonificación por compensación, pues solo se le ha reconoció el 70 % previsto
en el Decreto 4040 de 2004.
8. Como restablecimiento del derecho, ordenó el reconocimiento y pago de la
bonificación por compensación, desde el 1.° de enero de 2001 hasta el 30 de
junio de 2002, equivalente al 80% de lo devengado por un magistrado de alta
corte, para cuya liquidación debían tenerse en cuenta todos los ingresos
laborales anuales percibidos por los congresistas, incluyendo las cesantías, así
como las diferencias correspondientes al 10% dejado de percibir entre el periodo
señalado.
RECURSO DE APELACIÓN
9. La parte demandada5 interpuso recurso de apelación por considerar que el
tribunal de origen omitió pronunciarse sobre la oposición a las pretensiones
plasmadas en el escrito de contestación, en el que advirtió el desconocimiento
de las obligaciones adquiridas en el contrato de transacción celebrado para el
pago de la bonificación por gestión judicial.
10. Por otro lado, expuso motivos de inconformidad respecto del carácter salarial de
la bonificación judicial, de la prima especial de servicios del artículo 14 de la Ley
4.ta de 1992, y de la bonificación por compensación, última sobre la cual precisó
que solo constituye factor para efectos pensionales.
11. En cuanto a la prescripción del derecho, manifestó que, conforme a la
jurisprudencia, el término se contabiliza desde que el derecho se hace exigible,
esto es, a partir del 28 de enero de 2012. Expuso que, como la demandante se
desempeñó como “juez de instrucción penal militar” en el 1.° de enero de 2014
y presentó reclamación el 21 de julio de 2014, operó la prescripción extintiva.
TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
12. El 25 de octubre de 20216 se admitió el recurso. Las partes presentaron sus
alegatos de conclusión7 y el Ministerio Público guardaron silencio.
Se decidirá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
Avoca conocimiento
13. Cuando se modifica la integración de la sala, los nuevos magistrados desplazan
a los conjueces, siempre que respecto de aquellos no se predique causal de
5 Folios 175 a 200.
6 Folio 219.
7 Ver SAMAI índice 22 y 27.
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impedimento o recusación, como ocurre en este caso8; por ello se avocará
conocimiento del proceso.
14. La Sala debe determinar si la demandante tiene derecho a la bonificación por
compensación, si esta constituye factor salarial para efectos de liquidar
prestaciones sociales y si operó el fenómeno prescriptivo.
Marco normativo y jurisprudencial
Bonificación por compensación
15. La bonificación por compensación fue creada mediante el Decreto 610 de 1998
tras el reconocimiento de una brecha salarial entre los magistrados de tribunal y
otros funcionarios frente a los magistrados de altas cortes, pues para ese
momento aquellos percibían apenas el 46 % de la remuneración de estos
últimos.
16. Con tal finalidad, la norma adoptó un esquema de nivelación salarial progresiva,
mediante el cual se dispuso un incremento gradual de los ingresos laborales de
los funcionarios destinatarios del decreto9, iniciando en 1999 con un
reconocimiento equivalente al 60% de lo percibido por los magistrados de las
altas cortes y alcanzando el 80% en el 2001. Con ese propósito, la norma
dispuso una nivelación progresiva de sus ingresos, hasta alcanzar el 80 % de lo
devengado por estos últimos.
17. Con la expedición del Decreto 2668 de 1998 se derogaron los Decretos 610 de
1998 y el 1239 del mismo año—que lo había adicionado—, lo que impedía la
posibilidad de reclamar la Bonificación por Compensación. Sin embargo, dicha
disposición fue declarada nula mediante sentencia de la Sala de Conjueces de
la Sección Segunda del Consejo de Estado, del 25 de septiembre de 200110, con
lo cual recobraron vigencia los decretos derogados y se restableció la mentada
bonificación, configurándose este como un primer momento en que la asignación
resultó plenamente exigible.
8 La Sección Segunda, actualmente, declara infundados los impedimentos manifestados por los integrantes de
la Sala, en los casos en que no se demuestre un interés actual directo o indirecto. En efecto, así se observa en
la siguiente decisión: Consejo de Estado. Auto del 6 de febrero de 2025. C.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
41001-23-33-000-2012-00203-04 (1969-2022).
9 Artículo 2.°, Decreto 610 de 1998: «La Bonificación por Compensación de que trata el artículo anterior, se
aplicará a los Magistrados de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, Contencioso Administrativo,
Nacional y Superior Militar; a los Magistrados Auxiliares de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional,
y el Consejo Superior de la Judicatura; a los Abogados Auxiliares del Consejo de Estado; a los Fiscales y Jefes
de Unidad ante el Tribunal Nacional; a los Fiscales del Tribunal Superior Militar, los Fiscales ante el Tribunal de
Distrito, y los jefes de Unidad de Fiscalía ante Tribunal de Distrito.»
Adicionado por el artículo 1 del Decreto 1239 de 1998: «a los Secretarios Generales de la Corte Suprema de
Justicia, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional y al Secretario Judicial de la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.»
10 Consejo de Estado. Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 25 de septiembre de 2001. Exp.
CE-SEC2-EXP2001-N395-99. Radicado. 395-99. CP. Alvaro Lecompte Luna.
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18. No obstante, en el año 2004, mediante el Decreto 4040 el Gobierno Nacional
creó la denominada «Bonificación de Gestión Judicial», destinada a los mismos
beneficiarios del Decreto 610 de 1998, con el propósito de nivelar sus
emolumentos hasta en un 70% de lo devengado, por todo concepto, por los
magistrados de las altas cortes.
19. Esta medida se adoptó pese a la existencia previa de la Bonificación por
Compensación, que perseguía el mismo objetivo de subsanar la desigualdad
salarial, lo que dio lugar a la concurrencia de dos regímenes salariales aplicables
a un mismo grupo de servidores públicos. En ese contexto, el régimen
introducido por el Decreto 4040 de 2004 (incompatible con la Bonificación por
Compensación) reconoció un porcentaje inferior de nivelación salarial y
condicionó su acceso al desistimiento de las acciones judiciales promovidas con
ocasión de la bonificación del Decreto 610 de 1998 o, en su defecto, a la
suscripción de contratos de transacción cuando no se hubieran formulado
reclamaciones previas.
20. El Decreto 4040 de 2004 fue objeto de control jurisdiccional y, mediante
sentencia del 14 de diciembre de 201111, la Sala de Conjueces de la Sección
Segunda del Consejo de Estado declaró su nulidad al considerar que el Gobierno
nacional excedió su potestad reglamentaria por establecer un régimen salarial
regresivo frente a uno previamente reconocido y vigente, en desconocimiento de
los principios de igualdad, progresividad y favorabilidad aplicables en materia
salarial para los beneficiarios de la norma.
21. Como consecuencia, el régimen previsto en el Decreto 4040 de 2004 fue
excluido del ordenamiento jurídico, y en su lugar, recobró vigencia el esquema
de la Bonificación por Compensación, sin las limitaciones, incompatibilidades ni
condicionamientos introducidos por la norma anulada, consolidándose
nuevamente la posibilidad de hacer efectiva dicha remuneración.
22. Ahora bien, lo cierto es que mientras coexistieron ambos regímenes no era
viable determinar con certeza cuál de ellos resultaba aplicable, y, en todo caso,
una vez declarada la nulidad de la Bonificación de Gestión Judicial, tampoco
había claridad del momento a partir del cual era exigible la Bonificación por
Compensación.
23. En atención a lo anterior, la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, mediante sentencia del 18 de mayo de 2016 12, desarrolló
una interpretación sobre la aplicación del Decreto 610 de 1998 y la prescripción
trienal, precisando que esta última solo comienza a contarse a partir de la
exigibilidad del derecho una vez superada la dualidad de normas presentada, la
11 Consejo de Estado. Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 14 de diciembre de 2011. Exp.
11001-03-25-000-2005-00244-01 (10067-2005). CP. Carlos Arturo Orjuela Góngora.
12 Consejo de Estado. Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 18 de mayo de 2016. Exp. 25000-
23-25-000-2010-00246-02(0845-15). CP. Jorge Iván Acuña Arrieta.
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cual se configuró con la ejecutoria de la sentencia que excluyó del ordenamiento
jurídico el Decreto 4040 de 2004, esto es, desde el 28 de enero de 2012.
24. Además, precisó que, al momento de fijar el monto de la bonificación, las sumas
reconocidas a los congresistas por concepto de cesantías constituyen ingresos
laborales permanentes, por lo que integran la base de liquidación de la prima
especial de servicios de los magistrados de altas cortes, criterio que también
aplica a la bonificación por compensación, en la medida en que esta se
determina con base en lo que por todo concepto devenguen dichos funcionarios.
Resolución del caso concreto
25. Inicialmente la Subsección debe precisar que, en virtud del principio de
congruencia derivado del artículo 281 del CGP, así como de la competencia del
superior en segunda instancia conforme al artículo 328 del CGP, es claro que en
esta oportunidad solo es posible emitir pronunciamientos de fondo respecto de
los argumentos de reparo puntuales de la apelante.
26. En ese orden, se observa que parte del sustento de la impugnación de la entidad
fue abordar temas de bonificación judicial y prima especial de servicios del
artículo 14 de la Ley 4.ta de 1992, los cuales no son objeto del litigio en el
presente proceso. Por tanto, lo que procede en este caso es abstenerse de
resolver estos puntos específicos por falta de correspondencia entre lo fallado
y lo formulado como inconformidad.
27. El asunto bajo estudio deberá enfocarse en los motivos de disenso expuestos
por el apelante único, que consisten en el derecho al pago de la bonificación por
compensación, la naturaleza salarial de la misma, y la prescripción del derecho.
28. Pues bien, en relación con el derecho al reajuste de la remuneración, la Sala
comparte las consideraciones del tribunal de origen sobre la procedencia de su
reconocimiento, porque la actora, como magistrada del Tribunal Superior Militar,
es beneficiaria de la bonificación por compensación prevista en el Decreto 610
de 1998, cuyo objeto es equiparar su remuneración al ochenta por ciento (80 %)
de lo que perciben anualmente los magistrados de las altas cortes; emolumento
que únicamente tiene incidencia como factor salarial para efectos de cotización
a pensión, conforme a lo dispuesto en el inciso 2.° del artículo 1.° del Decreto
610 de 1998.
29. Respecto al argumento de la entidad sobre los contratos de transacción
celebrados por los magistrados del Tribunal Superior Militar para disfrutar de la
bonificación de gestión judicial, se recuerda que, la sentencia de la Sala de
Conjueces del Consejo de Estado, proferida el 14 de diciembre de 2011,
mediante la cual se declaró la nulidad del Decreto 4040 de 2004, soportó su
decisión en la desigualdad generada por dicha norma al permitir un trato
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diferenciado fundado únicamente en la validez del consentimiento del
interesado, y, reiteró la prohibición constitucional de renunciar a los derechos
adquiridos o de conciliar sobre derechos ciertos e indiscutibles; por tanto, su
argumento no está llamado a prosperar.
30. En todo caso, de haberse efectuado un pago con fundamento en una norma
posteriormente expulsada del ordenamiento, esto no genera, en favor de la
administración un derecho a mantener una liquidación inferior a la prevista en el
régimen válido. Sin perjuicio de lo anterior, la aplicación del Decreto 610 de 1998
no implica el reconocimiento simultáneo de dos emolumentos; las sumas
canceladas con fundamento en el Decreto 4040 de 2004, en caso de existir,
deben imputarse al cumplimiento parcial de la obligación. Es por ello que,
precisamente, el tribunal de origen, en la orden dada dispuso que la entidad
pagara la diferencia del 10%.
31. En cuanto a la prescripción, debe acudirse a los decretos de nombramiento de
la actora en calidad de magistrada del Tribunal Militar13 y a la resolución de retiro
del servicio14 para acreditar que laboró el mencionado cargo desde el 15 de julio
de 1993 hasta el 31 de mayo de 2002.
32. En consideración a dicho periodo y a que antes de la entrada en vigencia del
Decreto 4040 de 2004 (3 de diciembre de 2004) no existía dualidad normativa
que afectara la exigibilidad del derecho, como regla general operaría la
prescripción, pues así lo ha reconocido esta corporación, al señalar que la misma
procede para los periodos causados con anterioridad al 3 de diciembre de 2004.
33. No obstante, la jurisprudencia15 también ha admitido un alcance excepcional en
el cómputo de dicho fenómeno, al sostener que, si el interesado demuestra
haber interrumpido la prescripción antes de esa fecha, resulta posible retrotraer
sus efectos. Esta excepción, de carácter restrictivo, fue desarrollada por la Sala
de Conjueces en sentencia del 23 de mayo de 2018, en la que se identificaron
los supuestos previstos en el artículo 2.º del Decreto 4040 de 2004 como
escenarios habilitantes para entender configurada dicha interrupción. En esa
providencia se determinó:
«[…] lo cierto es que entre el periodo comprendido entre la ejecutoria de la sentencia
que anuló el Decreto 2668 de 1998 y la fecha de expedición del Decreto 4040 de
2004, si procede decretarla, pues en este lapso no hubo dualidad de normas y por
lo tanto, los beneficiarios de que trata el artículo 2º del Decreto 610 de 1998 tenían
la oportunidad de demandar el reconocimiento y pago del 80% de lo que
devengaban los magistrados de las altas cortes; salvo que se encontraran en una
13 Folios 21 y 19.
14 Folio 24.
15 Consejo de Estado. Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 23 de mayo de 2018. Exp. 17001-
23-33-000-2012-00144-02 (0602-15). C.P. Pedro Simón Vargas Sáenz; Consejo de Estado. Sección Segunda,
Sala de Conjueces. Sentencia del 2 de septiembre de 2019. Exp. 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-18).
C.P. Carmen Anaya de Castellanos; Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 26 de
junio de 2025. Exp. 25000 23 42 000 2013 00267 02 (1132-2020). C.P. Luis Eduardo Mesa Nieves.
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de las dos situaciones descritas en el numeral 2º del Decreto 4040 de 2004, que
son: i) haber iniciado acciones judiciales relacionadas con la bonificación por
compensación y haber desistido a sus pretensiones y ii) haber efectuado
reclamaciones y suscribir contratos de transacción.»
34. A partir de ese entendimiento, esta Subsección16 ha aplicado la línea
jurisprudencial referida y, particularmente frente al supuesto contemplado en el
literal b), ha considerado necesario, además de la suscripción del contrato de
transacción, acreditar la presentación de una petición ante la entidad.
35. Sin embargo, en recientes decisiones17 de la sala sobre el alcance de esa
interpretación se ha precisado que, de la lectura del literal b) del artículo 2.º del
Decreto 4040 de 2004 no se requiere la exigencia de actuaciones adicionales a
la suscripción del contrato de transacción, pues este señala que: «[…] b). Los
que no han efectuado tales reclamaciones y suscriban contratos de
transacción para precaver litigios futuros relacionados con la Bonificación por
Compensación.»
36. A partir de lo expuesto, en el caso concreto de la actora no obra en el expediente
copia de contrato de transacción relacionado con las reclamaciones del derecho
consagrado en el Decreto 610 de 1998, ni del desistimiento de demanda
instaurada por la demandante en la que se pretendiera la referida bonificación.
37. Ahora, aunque en el recurso de apelación la entidad afirma de manera general
que, los magistrados del Tribunal Superior Militar suscribieron contratos de
transacción para acceder a la bonificación por gestión judicial, tal manifestación
no constituye, por sí sola, un medio de convicción idóneo para tener por
acreditado la existencia de dicho documento y, en consecuencia, favorecer a la
demandante con la configuración de la excepción jurisprudencial encaminada a
interrumpir la prescripción.
38. Sobre el particular, corresponde precisar que era carga de la demandante
acreditar los supuestos en los que sustenta sus pretensiones para acceder al
reconocimiento de su derecho, pues tal como lo prevé la regulación procesal,
quien afirma la existencia de una ilegalidad es quien debe invocar las normas
violadas, el concepto de la violación, y además, desplegar una actividad
probatoria18 suficiente y adecuada para lograr el efecto jurídico de los preceptos
16 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 26 de junio de 2025. Exp. 25000 23 42
000 2013 00267 02 (1132-2020). C.P. Luis Eduardo Mesa Nieves.
17 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A. Sentencias del 5 de marzo de 2026. Exp. 25000-23-
25-000-2011-00826-02 (1261-2019) y 25000-23-25-000-2012-01329-02 (1945-2024). C.P. Jorge Iván Duque
Gutiérrez.
18 El concepto de carga procesal debe entenderse, tal y como fue definido por la Corte Constitucional, en
Sentencia C-123 del 18 de febrero de 2004. M.P. Álvaro Tafur Galvis, así:
«Las cargas procesales son aquellas situaciones instituidas por la ley que comportan o demandan una conducta
de realización facultativa, normalmente establecida en beneficio del mismo sujeto y cuya omisión trae aparejada
para él consecuencias desfavorables, como la preclusión de una oportunidad o un derecho procesal e inclusive
hasta la pérdida del derecho sustancial debatido en el proceso.
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Radicado: 25000-23-42-000-2015-04222-02 (6339-2019)
que fundamentan el derecho reclamado a través del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho, lo cual se traduce en la concreción del postulado
adjetivo de la carga de la prueba al tenor del artículo 167 del CGP19.
39. En consecuencia, no se configura ninguno de los supuestos que permiten la
interrupción del término respecto del derecho causado con anterioridad a la
expedición del Decreto 4040 de 2004; por tal razón, procede declarar su
prescripción por el tiempo laborado antes del 3 de diciembre de 2004, esto es
por la totalidad del periodo reclamado. Por tanto, se revocará el fallo de primera
instancia y se negarán las pretensiones.
De la condena en costas en ambas instancias
40. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.
41. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público;
creando así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha
imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás
asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.
42. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
43. En consecuencia, se impondrán costas en ambas instancias en contra de la
parte demandante, por cuanto se accede totalmente a las peticiones del recurso
de apelación. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 de la misma
norma, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la
primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del tribunal
de origen.
Por tanto, no debe perderse de vista que este principio, ante todo es una carga procesal, cuya inobservancia
genera una desestimación de las pretensiones o excepciones alegadas por los sujetos procesales».
19 «Artículo 167. Carga de la prueba. Artículo 167. Carga de la prueba
Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas
persiguen.[…]»
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Radicado: 25000-23-42-000-2015-04222-02 (6339-2019)
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. AVOCAR conocimiento del proceso de la referencia, por las razones
expuestas en la parte motiva.
Segundo. REVOCAR la sentencia proferida el treinta y uno (31) de julio de dos mil
diecinueve (2019) por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. En su lugar,
Tercero. Negar las pretensiones de la demanda.
Cuarto. Condenar en costas a la demandante en ambas instancias.
Quinto. Reconocer personería a la abogada Laura Natali Feo Peláez, portadora de
la tarjeta profesional 318.520, en calidad de apoderada de la demandada conforme
al memorial visible en el índice 40 de la plataforma SAMAI.
Sexto. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones
pertinentes en el aplicativo SAMAI.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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