Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-25-000-2012-01329-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-25-000-2012-01329-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-25-000-2012-01329-02
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
5 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., cinco (5) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-25-000-2012-01329-02 (1945-2024)
Demandante: Luz Marina Villota Valencia
Demandado: Nación - Procuraduría General de la Nación
Temas: Bonificación por compensación. Prescripción. REVOCA
PARCIALMENTE Y CONFIRMA EN LO DEMÁS.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la
sentencia proferida el veintinueve (29) de mayo de dos mil veinte (2020) por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio de la cual accedió
parcialmente a las pretensiones.
ANTECEDENTES
La señora Luz Marina Villota Valencia instauró demanda1 en contra de la Nación
• Procuraduría General de la Nación en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin de
que se acceda a las siguientes
PRETENSIONES
1. Que se declare la nulidad del acto administrativo S.G. 1443 del 13 de abril de
2012 por medio del cual la entidad negó el pago de la diferencia que ha dejado
de cancelársele conforme al Decreto 610 de 1998; como restablecimiento del
derecho, se condene a la entidad a pagar el reajuste derivado de la nivelación
de sus ingresos al 80 % del total percibido por un congresista en equilibrio con
1 Folios 10 a 18.
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un magistrado de alta corte, desde el 2 de septiembre de 2002 hasta el 31 de
diciembre de 2003.
HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:
2. Que se desempeñó como procuradora delegada ante tribunal desde el 2 de
septiembre de 2002 hasta el 31 de diciembre de 2003, y se le pagó el equivalente
al 70 % de lo que perciben anualmente los magistrados de altas cortes.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
3. Considera violados los artículos 2, 25, 29 y 53 de la Constitución Política, la Ley
4.ta de 1992 y el Decreto 610 de 1998.
4. Afirmó que la entidad vulneró sus derechos adquiridos por pagarle una suma
inferior al 80 % de los ingresos recibidos por los magistrados de altas cortes.
TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA
5. La demanda fue admitida el 4 de marzo de 20142. La entidad manifestó3 que no
estaba facultada para definir el régimen salarial de sus funcionarios. A su vez,
manifestó que la bonificación por compensación no constituye factor salarial, y
que las cesantías no tienen incidencia en la liquidación de la prima especial de
servicios. Propuso como excepciones las que denominó: (i) inepta demanda-no
concepto de violación, (ii) prescripción extintiva del derecho, (iii) el núcleo
esencial del derecho al trabajo no se desconoce, por el hecho de existir la
prescripción de la acción laboral concreta, (iv) inexistencia del derecho
pretendido, (v) innominada o genérica, y (vi) de la imposibilidad de expedir fallos
ultra y extra petita.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN4
6. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia del 29 de mayo
de 2020 accedió parcialmente a las pretensiones. Expuso que la actora es
beneficiaria del Decreto 610 de 1998 y tiene derecho al reconocimiento del 80%
2 Folio 54.
3 Folios 108 a 113.
4 Folios 126 a 132.
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de lo devengado por los magistrados de altas cortes, y no únicamente al 70 %
ya percibido.
7. No obstante, con fundamento en la sentencia de conjueces del 2 de septiembre
de 2019, al no acreditarse una interrupción de la prescripción antes del 3 de
diciembre de 2004, declaró probada dicha excepción respecto del periodo
laborado entre el 2 de septiembre de 2002 y el 31 de diciembre de 2003, pues
solo se evidencia una reclamación para el 20 de marzo de 2012. En
consecuencia, declaró la nulidad del acto acusado sin ordenar el
restablecimiento del derecho, por encontrarse prescrito. No condenó en costas.
RECURSOS DE APELACIÓN
8. La parte demandante5 interpuso recurso de apelación. Expresó que la sentencia
de unificación utilizada como fundamento de la decisión no es extensible a su
situación. Destacó que los efectos de la nulidad del Decreto 4040 de 2004
conducen a que prosperen sus pretensiones, en tanto imponen como único
régimen aplicable el previsto en el Decreto 610 de 1998. De ahí que, al
reclamarse un periodo durante el cual se encontraban vigentes dos regímenes
a la fecha de su retiro, la prescripción debía computarse a partir del día siguiente
a la declaratoria de nulidad del Decreto 4040, esto es, desde el 28 de enero de
2012, por cuanto solo desde ese momento el derecho adquirió certeza jurídica.
9. A partir de lo anterior, estimó que debía condenarse a la entidad a reconocer la
diferencia de los conceptos salariales y prestacionales, incluyendo las cesantías
dejadas de pagar.
TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
10. El 31 de julio de 20256 se admitió el recurso de apelación. Las partes y el
Ministerio Público guardaron silencio.
Se decidirá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
11. La Sala debe determinar primero si hay lugar al reconocimiento de las
diferencias salariales y prestacionales (incluidas las cesantías) por concepto de
bonificación por compensación, y luego si opera la prescripción del periodo
comprendido entre el 2 de septiembre de 2002 y el 31 de diciembre de 2003.
5 Folios 140 a 142.
6 Ver índice 21 de SAMAI.
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Marco normativo y jurisprudencial
Bonificación por compensación
12. La bonificación por compensación fue creada mediante el Decreto 610 de 1998
tras el reconocimiento de una brecha salarial entre los magistrados de tribunal y
otros funcionarios frente a los magistrados de altas cortes, pues para ese
momento aquellos percibían apenas el 46 % de la remuneración de estos
últimos.
13. Con tal finalidad, la norma adoptó un esquema de nivelación salarial progresiva,
mediante el cual se dispuso un incremento gradual de los ingresos laborales de
los funcionarios destinatarios del decreto7, iniciando en 1999 con un
reconocimiento equivalente al 60% de lo percibido por los magistrados de las
altas cortes y alcanzando el 80% en el 2001.
14. Con la expedición del Decreto 2668 de 1998 se derogaron los Decretos 610 de
1998 y el 1239 del mismo año—que lo había adicionado—, lo que impedía la
posibilidad de reclamar la Bonificación por Compensación. Sin embargo, dicha
disposición fue declarada nula mediante sentencia de la Sala de Conjueces de
la Sección Segunda del Consejo de Estado, del 25 de septiembre de 20018, con
lo cual recobraron vigencia los decretos derogados y se restableció la mentada
bonificación, configurándose este como un primer momento en que la asignación
resultó plenamente exigible.
15. No obstante, en el año 2004, mediante el Decreto 4040 el Gobierno Nacional
creó la denominada «Bonificación de Gestión Judicial», destinada a los mismos
beneficiarios del Decreto 610 de 1998, con el propósito de nivelar sus
emolumentos hasta en un 70% de lo devengado, por todo concepto, por los
magistrados de las altas cortes.
16. Esta medida se adoptó pese a la existencia previa de la Bonificación por
Compensación, que perseguía el mismo objetivo de subsanar la desigualdad
salarial, lo que dio lugar a la concurrencia de dos regímenes salariales aplicables
a un mismo grupo de servidores públicos. En ese contexto, el régimen
introducido por el Decreto 4040 de 2004 (incompatible con la Bonificación por
Compensación) reconoció un porcentaje inferior de nivelación salarial y
7 Artículo 2.°, Decreto 610 de 1998: «La Bonificación por Compensación de que trata el artículo anterior, se
aplicará a los Magistrados de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, Contencioso Administrativo,
Nacional y Superior Militar; a los Magistrados Auxiliares de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional,
y el Consejo Superior de la Judicatura; a los Abogados Auxiliares del Consejo de Estado; a los Fiscales y Jefes
de Unidad ante el Tribunal Nacional; a los Fiscales del Tribunal Superior Militar, los Fiscales ante el Tribunal de
Distrito, y los jefes de Unidad de Fiscalía ante Tribunal de Distrito.»
Adicionado por el artículo 1 del Decreto 1239 de 1998: «a los Secretarios Generales de la Corte Suprema de
Justicia, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional y al Secretario Judicial de la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.»
8 Consejo de Estado. Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 25 de septiembre de 2001. Exp. CE-
SEC2-EXP2001-N395-99. Radicado. 395-99. CP. Alvaro Lecompte Luna.
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condicionó su acceso al desistimiento de las acciones judiciales promovidas con
ocasión de la bonificación del Decreto 610 de 1998 o, en su defecto, a la
suscripción de contratos de transacción cuando no se hubieran formulado
reclamaciones previas.
17. El Decreto 4040 de 2004 fue objeto de control jurisdiccional y, mediante
sentencia del 14 de diciembre de 20119, la Sala de Conjueces de la Sección
Segunda del Consejo de Estado declaró su nulidad al considerar que el Gobierno
nacional excedió su potestad reglamentaria por establecer un régimen salarial
regresivo frente a uno previamente reconocido y vigente, en desconocimiento de
los principios de igualdad, progresividad y favorabilidad aplicables en materia
salarial para los beneficiarios de la norma.
18. Como consecuencia, el régimen previsto en el Decreto 4040 de 2004 fue
excluido del ordenamiento jurídico, y en su lugar, recobró vigencia el esquema
de la Bonificación por Compensación, sin las limitaciones, incompatibilidades ni
condicionamientos introducidos por la norma anulada, consolidándose
nuevamente la posibilidad de hacer efectiva dicha remuneración.
19. Ahora bien, lo cierto es que mientras coexistieron ambos regímenes no era
viable determinar con certeza cuál de ellos resultaba aplicable, y, en todo caso,
una vez declarada la nulidad de la Bonificación de Gestión Judicial, tampoco
había claridad del momento a partir del cual era exigible la Bonificación por
Compensación.
20. En atención a lo anterior, la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, mediante sentencia del 18 de mayo de 2016 10, desarrolló
una interpretación sobre la aplicación del Decreto 610 de 1998 y la prescripción
trienal, precisando que esta última solo comienza a contarse a partir de la
exigibilidad del derecho una vez superada la dualidad de normas presentada, la
cual se configuró con la ejecutoria de la sentencia que excluyó del ordenamiento
jurídico el Decreto 4040 de 2004, esto es, desde el 28 de enero de 2012.
21. Además, precisó que, al momento de fijar el monto de la bonificación, las sumas
reconocidas a los congresistas por concepto de cesantías constituyen ingresos
laborales permanentes, por lo que integran la base de liquidación de la prima
especial de servicios de los magistrados de altas cortes, criterio que también
aplica a la bonificación por compensación, en la medida en que esta se
determina con base en lo que por todo concepto devenguen dichos funcionarios.
9 Consejo de Estado. Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 14 de diciembre de 2011. Exp.
11001-03-25-000-2005-00244-01 (10067-2005). CP. Carlos Arturo Orjuela Góngora.
10 Consejo de Estado. Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 18 de mayo de 2016. Exp. 25000-
23-25-000-2010-00246-02(0845-15). CP. Jorge Iván Acuña Arrieta.
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Resolución del caso concreto
22. El objeto de discusión en el presente caso se circunscribe a la incidencia de la
bonificación por compensación en liquidación de las prestaciones sociales,
incluidas las cesantías y a la prescripción del derecho.
23. Pues bien, considerando que bonificación por compensación únicamente
constituye factor salarial para efectos de cotización a pensión, esto según
expresamente lo dispone el inciso 2.° del artículo 1.° del Decreto 610 de 1998,
no prospera el reparo del apelante respecto al reconocimiento de las diferencias
salariales y prestacionales, teniendo como base para lo propio, lo reconocido por
este concepto. Sin embargo, sí deberá ordenarse a la entidad a efectuar los
aportes a seguridad social, de conformidad con la ley.
24. Ahora, para el análisis de la prescripción, debe acudirse a la constancia expedida
por el jefe de la división de gestión humana de la Procuraduría General de la
Nación el 16 de diciembre de 200411, en la que se señala que la actora estuvo
vinculada a la entidad desde el 2 de septiembre de 2002 como procuradora
judicial II y que continuaba desempeñando el cargo al menos hasta la fecha de
certificación12.
25. En consideración a la fecha de ingreso, al periodo expresamente reclamado, y
a que, antes de la entrada en vigencia del Decreto 4040 de 2004 (3 de diciembre
de 2004) no existía dualidad normativa que incidiera en la exigibilidad del
derecho, como regla general operaría la prescripción respecto del lapso
solicitado, pues así lo ha reconocido esta corporación, al señalar que la misma
procede para los periodos causados con anterioridad al 3 de diciembre de 2004.
26. No obstante, la jurisprudencia13 también ha admitido un alcance excepcional en
el cómputo de dicho fenómeno, al sostener que, si el interesado demuestra
haber interrumpido la prescripción antes de esa fecha, resulta posible retrotraer
sus efectos. Esta excepción, de carácter restrictivo, fue desarrollada por la Sala
de Conjueces en sentencia del 23 de mayo de 2018, en la que se identificaron
los supuestos previstos en el artículo 2.º del Decreto 4040 de 2004 como
escenarios habilitantes para entender configurada dicha interrupción. Sobre el
particular determinó:
11 Antecedentes administrativos, archivo: primera parte, página 10. CD visible en folio 117.
12 Aunque del certificado se desprende que la actora continuó vinculada como procuradora judicial II al menos
hasta el 16 de diciembre de 2004, tanto en la demanda como en el recurso de apelación delimitó su solicitud al
reconocimiento de la bonificación por compensación respecto del periodo comprendido entre el 2 de septiembre
de 2002 y el 31 de diciembre de 2003. Por tanto, en aplicación del artículo 328 del CGP, esta instancia se
circunscribe a lo planteado en la alzada, de modo que la Sala se pronunciará únicamente sobre el lapso
señalado.
13 Consejo de Estado. Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 23 de mayo de 2018. Exp. 17001-
23-33-000-2012-00144-02 (0602-15). C.P. Pedro Simón Vargas Sáenz; Consejo de Estado. Sección Segunda,
Sala de Conjueces. Sentencia del 2 de septiembre de 2019. Exp. 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-18).
C.P. Carmen Anaya de Castellanos; Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 26 de
junio de 2025. Exp. 25000 23 42 000 2013 00267 02 (1132-2020). C.P. Luis Eduardo Mesa Nieves.
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«[…] lo cierto es que entre el periodo comprendido entre la ejecutoria de la sentencia
que anuló el Decreto 2668 de 1998 y la fecha de expedición del Decreto 4040 de
2004, si procede decretarla, pues en este lapso no hubo dualidad de normas y por
lo tanto, los beneficiarios de que trata el artículo 2º del Decreto 610 de 1998 tenían
la oportunidad de demandar el reconocimiento y pago del 80% de lo que
devengaban los magistrados de las altas cortes; salvo que se encontraran en una
de las dos situaciones descritas en el numeral 2º del Decreto 4040 de 2004, que
son: i) haber iniciado acciones judiciales relacionadas con la bonificación por
compensación y haber desistido a sus pretensiones y ii) haber efectuado
reclamaciones y suscribir contratos de transacción.»
27. A partir de ese entendimiento, esta Subsección ha aplicado la línea
jurisprudencial referida y, particularmente frente al supuesto contemplado en el
literal b), ha considerado necesario, además de la suscripción del contrato de
transacción, acreditar la presentación de una petición ante la entidad.
28. Sin embargo, a sala en esta oportunidad debe precisar el alcance de esa
interpretación. En efecto, de la lectura del literal b) del artículo 2.º del Decreto
4040 de 2004 no se requiere la exigencia de actuaciones adicionales a la
suscripción del contrato de transacción, pues este señala que: «[…] b). Los que
no han efectuado tales reclamaciones y suscriban contratos de transacción
para precaver litigios futuros relacionados con la Bonificación por
Compensación.»
29. De la disposición se desprende que, a diferencia de lo señalado por la Sala de
Conjueces en la citada decisión, el supuesto contemplado en la norma exigió
exclusivamente acreditar la suscripción de un contrato de transacción, requisito
que debe considerarse autónomo y suficiente para la interrupción del término
prescriptivo, pues la excepción reconocida debe comprenderse como una figura
encaminada a salvaguardar el derecho de quienes se vieron afectados por la
expedición del mencionado acto al acogerse a las condiciones impuestas por el
Gobierno en ese momento, lo que explica la configuración de la interrupción bajo
supuestos específicos, pero no implica extenderlos más allá de lo expresamente
previsto. Exigir requisitos no contemplados en el tenor literal del decreto conlleva
ampliar los presupuestos de la excepción y restringir su alcance.
30. A partir de lo expuesto, para el caso concreto de la actora, aunque en el
expediente no obra constancia de la reclamación administrativa correspondiente
al periodo laborado con anterioridad a la expedición del Decreto 4040, sí se
encuentra acreditada la suscripción de un contrato de transacción del día 10 de
diciembre de 200414, elemento suficiente para tener por configurado uno de los
supuestos requeridos que habilitan la interrupción del término.
31. Por tal razón, se revocará el ordinal cuarto de la sentencia apelada para que en
su lugar, a título de restablecimiento del derecho, se declare que a la actora le
asiste derecho al reconocimiento de la bonificación por compensación prevista
14 Antecedentes administrativos, archivo: primera parte, página 16. CD visible en folio 117.
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en el Decreto 610 de 1998, cuyo objeto es equiparar su remuneración al ochenta
por ciento (80 %) de lo que perciben anualmente los magistrados de las altas
cortes, por el lapso comprendido entre el 2 de septiembre de 2002 y el 31 de
diciembre de 2003, ordenando su reliquidación en la forma expuesta en esta
providencia. La entidad deberá pagar únicamente la diferencia entre los valores
previamente reconocidos, si existieren, y los que resulten de la liquidación
ordenada.
32. La suma de dinero que resulte de la condena se ajustará al valor presente de
acuerdo con el artículo 187 del CPACA y la fórmula adoptada por el Consejo de
Estado, según la cual:
R= RH Índice Final
Índice inicial
33. En la que el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (RH),
que es lo dejado de percibir por la parte demandante por concepto de mesadas
pensionales, por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al
consumidor certificado por el DANE, vigente a la ejecutoria de la sentencia, por
el índice vigente a la fecha en que la parte actora obtuvo el estatus pensional.
Por tratarse de prestaciones de tracto sucesivo, la indexación deberá hacerse
mes por mes.
De la condena en costas en segunda instancia
34. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.
La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público. Esto
creó una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición
en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como
es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto
en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume. En ese sentido la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.
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En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida. La liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
En consecuencia, se impondrán costas en esta instancia a la parte demandada,
por cuanto se accede totalmente las peticiones del recurso de apelación. Para
el efecto, de conformidad con el artículo 366 de la misma norma, las agencias
en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las
expensas serán liquidadas por la secretaría del tribunal de origen.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. REVOCAR el ordinal cuarto de la sentencia apelada. En su lugar,
CUARTO. A título de restablecimiento del derecho CONDÉNESE a la
Nación- Procuraduría General de la Nación a reconocer y pagar a la señora
Luz Marina Villota Valencia la bonificación por compensación prevista en el
Decreto 610 de 1998, equivalente al ochenta por ciento (80%) de lo que por
todo concepto devengan los magistrados de altas cortes, en concordancia
con los ingresos percibidos por los congresistas, incluyendo el auxilio de
cesantías que reciben dichos funcionarios como factor para la liquidación de
la prima especial de servicios prevista en el artículo 15 de la Ley 4.ta de 1992,
por el periodo comprendido entre el 2 de septiembre de 2002 y el 31 de
diciembre de 2003.
La entidad deberá reajustar la remuneración percibida por la actora y, en todo
caso, pagar únicamente la diferencia entre los valores previamente
reconocidos, si existieren, y los que resulten de la liquidación ordenada.
La bonificación por compensación únicamente constituye factor salarial para
efectos de cotización a pensión y no incide en la liquidación de prestaciones
sociales. La entidad deberá efectuar los aportes a seguridad social, de
conformidad con la ley.
La suma de dinero que resulte de la condena anterior se ajustará conforme
a las previsiones planteadas en la parte considerativa del fallo.
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Segundo. CONFIRMAR en lo demás la sentencia proferida el veintinueve (29) de
mayo de dos mil veinte (2020) por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por
medio de la cual accedió parcialmente a las pretensiones.
Tercero. Condenar en costas a la demandada en segunda instancia.
Cuarto. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones
pertinentes en el aplicativo SAMAI
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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