Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2013-00513-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 05001-23-33-000-2013-00513-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2013-00513-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2013-00513-02
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
3 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D.C., tres (03) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 05001 23 33 000 2013 00513 02 (4945-2023)
Demandante: Ramiro Isaza Mejía
Demandado: Procuraduría General de la Nación
Tema: Bonificación por compensación del Decreto 610 de 1998.
Contrato de transacción del Decreto 4040 de 2004.
Prescripción trienal e interrupción.
Decisión: Se confirma el fallo apelado por cuanto no operó el
fenómeno de prescripción alegado por la entidad
demandada
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia de primera instancia del 7 de febrero de 2023, proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia.
I. ANTECEDENTES
Demanda
1. La parte demandante, en ejercicio del medio de control de la referencia,
solicitó que se declare la nulidad del Oficio S. G. 3977 del 17 de septiembre de
2012 y de la Resolución 1126 del 23 de noviembre de 2012 expedidos por la
Secretaría General de la Procuraduría General de la Nación, mediante los cuales
se le negó el reconocimiento y pago de la bonificación por compensación prevista
en el Decreto 610 de 1998.
2. Igualmente, pidió que se declare la inexistencia de pleno derecho o la
nulidad del contrato de transacción celebrado en el mes de diciembre de 2004
con la Procuraduría General de la Nación, por estimar que sus cláusulas
contenían un objeto ilícito.
3. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se condene a la
entidad demandada a reconocer y pagar a su favor la referida bonificación por
compensación equivalente al 70% de lo devengado por todo concepto por los
magistrados de las altas cortes entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2000,
y al 80% de tales emolumentos entre el 1 de enero de 2001 y el 28 de abril de
2006 con inclusión de las primas de servicios, de navidad, de vacaciones y las
cesantías correspondientes.
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 1
Bogotá D.C. – Colombia
Radicación: 05001 23 33 000 2013 00513 02 (4945-2023)
Demandante: Ramiro Isaza Mejía
4. Asimismo, pidió que de la liquidación resultante se descuente el valor
cancelado por concepto de bonificación de gestión judicial reconocida con
fundamento en el Decreto 4040 de 2004 y que las sumas reconocidas sean
debidamente indexadas y canceladas con los intereses causados, junto con la
condena en costas del proceso.
5. Como fundamento fáctico de sus pretensiones, indicó que prestó sus
servicios para la Procuraduría General de la Nación en el cargo de procurador
judicial II de Familia, con funciones ante tribunal superior de distrito judicial,
durante el período comprendido entre los años 2000 y 2006.
6. Señaló que los Decretos 610 y 1239 de 1998 expedidos en desarrollo de
la Ley 4 de 1992, crearon la bonificación por compensación a favor de
determinados funcionarios en cuantía equivalente al 70% de lo percibido por todo
concepto por los magistrados de las altas cortes para el año 2000 y al 80% para
el año 2001 y los siguientes.
7. Manifestó que el Decreto 2668 del 31 de diciembre de 1998 derogó los
referidos decretos y que el Consejo de Estado, mediante sentencia del 25 de
septiembre de 2001, declaró su nulidad con efectos erga omnes y ex tunc con lo
cual revivieron los efectos de los Decretos 610 y 1239 de 1998.
8. Expuso que con posterioridad se expidió el Decreto 4040 de 2004, que
creó la bonificación de gestión judicial y condicionó su percepción a la renuncia
a futuras reclamaciones o a la celebración de transacciones y que dicho decreto
fue declarado nulo en su totalidad por el Consejo de Estado mediante sentencia
del 14 de diciembre de 2011, ejecutoriada el 27 de enero de 2012.
9. Sostuvo que en el año 2005 la entidad le canceló unos valores concretos
equivalentes al 70% de lo que por todo concepto devengaron los magistrados de
alta corte, en atención a la bonificación de gestión judicial prevista en el Decreto
4040 de 2004.
10. Finalmente, adujo que, con fundamento en la referida declaratoria de
nulidad elevó ante la Procuraduría General de la Nación solicitud de
reconocimiento y pago de la bonificación por compensación conforme al Decreto
610 de 1998, la cual fue negada mediante los actos administrativos acusados
respecto de los cuales agotó los recursos procedentes.
Contestación de la demanda
11. La entidad demandada, por conducto de apoderado judicial, se opuso a la
totalidad de las pretensiones al considerar que los actos administrativos
acusados se ajustan a derecho y que la parte demandante no acreditaba el
cumplimiento de los presupuestos para acceder al reconocimiento reclamado.
12. Frente a la bonificación reclamada, señaló que la parte demandante se
acogió de manera libre y voluntaria al régimen del Decreto 4040 de 2004
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 2
Bogotá D.C. – Colombia
Radicación: 05001 23 33 000 2013 00513 02 (4945-2023)
Demandante: Ramiro Isaza Mejía
mediante escrito del 15 de diciembre de 2004 y que en virtud del contrato de
transacción se obligó a no presentar reclamaciones derivadas de la bonificación
por compensación.
13. Indicó además que el monto de la bonificación por compensación
correspondiente al año 2000 coincidía con el de la bonificación de gestión judicial
ya cancelada, ambos equivalentes al 70% de lo devengado por los magistrados
de las altas cortes, de modo que la entidad no adeuda suma alguna por ese
período y que las sumas correspondientes a las vigencias 2001 a 2006 se
encuentran prescritas.
14. Sostuvo que tanto la bonificación por compensación como la bonificación
de gestión judicial solo constituían factor salarial para efectos de determinar las
pensiones de vejez, invalidez y sobrevivientes, razón por la cual sus montos no
podían computarse para la reliquidación de las prestaciones sociales de la parte
demandante.
15. Finalmente, propuso las excepciones de mérito que denominó «cobro de
lo no debido», «inexistencia de la obligación» y la genérica o innominada.
Sentencia apelada
16. La Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo de Antioquia profirió
sentencia del 7 de febrero de 2023, a través de la cual declaró la nulidad de los
actos administrativos demandados y accedió parcialmente a las pretensiones de
la demanda.
17. En consecuencia, condenó a la entidad demandada a reconocer y pagar
la nivelación de la bonificación por compensación al 70% entre el 1 de enero y el
31 de diciembre de 2000 y al 80% entre el 1 de enero de 2001 y el 28 de abril de
2006, previa deducción de lo ya reconocido.
18. Dispuso la indexación de las sumas resultantes y negó el pago de
intereses comerciales y moratorios por resultar excluyentes con la actualización
ordenada, así como la reliquidación de las prestaciones sociales estimando que
la bonificación solo constituía factor salarial para efectos del ingreso base de
cotización.
19. Como sustento de su decisión, el Tribunal encontró acreditado, con la
certificación expedida por la División de Gestión Humana de la entidad, que la
parte demandante prestó servicios entre el 1 de febrero de 1991 y el 28 de abril
de 2006 y que el régimen aplicable a su situación laboral era el del Decreto 610
de 1998, por haber sido declarado nulo el Decreto 4040 de 2004, al cual se había
acogido.
20. Finalmente, frente al contrato de transacción que suscribieron el
demandante y la entidad en virtud del Decreto 4040 de 2004, apreció que este
desconoció los Convenios 95 y 100 de la OIT, así como disposiciones
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 3
Bogotá D.C. – Colombia
Radicación: 05001 23 33 000 2013 00513 02 (4945-2023)
Demandante: Ramiro Isaza Mejía
constitucionales relativas a la prohibición de renunciar a los derechos adquiridos
ciertos e indiscutibles, o de transarlos o conciliarlos.
Recurso de apelación
21. Inconforme con la decisión de primera instancia, la entidad demandada
interpuso recurso de apelación con el fin de que se revoque en su totalidad y, en
su lugar, se nieguen las pretensiones reclamadas.
22. Indicó que al demandante no le son aplicables los efectos de la sentencia
del 14 de diciembre de 2011, a través de la cual esta Corporación declaró la
nulidad del Decreto 4040 de 2004, por cuanto entre la parte demandante y la
entidad se celebró contrato de transacción el 20 de diciembre de 2004, mediante
el cual la primera se obligó a no presentar reclamaciones derivadas de la
bonificación por compensación, y que dicho contrato continúa vigente y
produciendo efectos, al no haber sido declarada su nulidad o inexistencia,
circunstancia que el a quo habría desconocido.
23. Argumentó que, según la jurisprudencia del Consejo de Estado, los
efectos ex tunc de la declaratoria de nulidad de un acto administrativo de carácter
general solo afectan situaciones jurídicas no consolidadas y que, para la fecha
de la referida sentencia del 14 de diciembre de 2011, la parte demandante no
tenía en trámite reclamación ni litigio alguno, por haber operado la caducidad de
la acción de controversias contractuales respecto del contrato de transacción.
24. Por otro lado, alegó que el a quo omitió pronunciarse sobre la prescripción
trienal de los derechos reclamados, prevista en los artículos 41 del Decreto 3135
de 1968, 102 del Decreto 1848 de 1969 y 151 del Código Procesal del Trabajo y
de la Seguridad Social.
25. Con apoyo en las sentencias de la Sala de Conjueces del Consejo de
Estado del 18 de mayo de 2016 y del 2 de septiembre de 2019, sostuvo que la
exigibilidad de la bonificación por compensación surgió con la ejecutoria de la
sentencia que declaró la nulidad del Decreto 4040 de 2004, y que para las
reclamaciones posteriores al 27 de enero de 2012 la prescripción trienal aplicaba
sin excepciones.
26. Precisó que la parte demandante formuló su petición en sede
administrativa el 27 de agosto de 2012, por el tiempo comprendido entre el 1 de
enero de 2000 y el 28 de abril de 2006, por lo que solo tendría derecho al pago
de los tres años anteriores a dicha reclamación, período durante el cual no se
encontraba vinculada a la entidad, circunstancia que, en su criterio, impedía el
reconocimiento reclamado.
II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
27. Por auto del 13 de febrero de 2025, se admitió el recurso de apelación de
la referencia.
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 4
Bogotá D.C. – Colombia
Radicación: 05001 23 33 000 2013 00513 02 (4945-2023)
Demandante: Ramiro Isaza Mejía
28. El Ministerio Público, en el término previsto en el artículo 247 (numeral 7)
del CPACA, subrogado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, emitió concepto
en el sentido de revocar el fallo impugnado por cuanto resulta viable declarar la
prescripción de la bonificación por compensación causada entre el 5 de
septiembre de 2001 y el 3 de diciembre de 2004, en razón de que en el
expediente no se aportó prueba que permita determinar que el actor haya
interrumpido la prescripción conforme a la ley, presupuesto necesario para
aplicar la regla de excepción de prescripción trienal indicada en la sentencia del
2 de septiembre de 2019, proferida por la Sala de Conjueces de la Sección
Segunda del Consejo de Estado.
29. Asimismo, señaló que para la bonificación causada entre el 3 de diciembre
de 2004 y el 28 de abril de 2006, también operó la prescripción, aduciendo que,
de acuerdo con la mencionada sentencia de 2019, para ese lapso no había
dualidad de normas, por lo que los beneficiarios de que trata el artículo 2 del
Decreto 610 de 1998 tenían la oportunidad de interrumpirla, lo cual tampoco
ocurrió.
30. Finalmente, mediante auto del 19 de mayo de 2025, se rechazó por
extemporánea la solicitud de pruebas en segunda instancia, elevada por la parte
actora.
III. CONSIDERACIONES
Competencia
31. De conformidad con lo previsto en el artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), el
Consejo de Estado es competente para resolver los recursos de apelación
interpuestos contra las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales
administrativos.
Problema jurídico
32. En concordancia con los reparos formulados en el recurso de apelación,
corresponde a la Sala resolver: i) si el contrato de transacción suscrito el 20 de
diciembre de 2004 impide al demandante beneficiarse de los efectos de la nulidad
del Decreto 4040 de 2004 declarada por sentencia del 14 de diciembre de 2011;
ii) si se configuró la prescripción trienal de los derechos causados con
anterioridad a la petición en sede administrativa del 27 de agosto de 2012; y iii)
si hay lugar a condena en costas en esta instancia.
Análisis del problema jurídico
33. La Sala advierte que confirmará la sentencia de primera instancia, por
cuanto el contrato de transacción suscrito por el demandante no le impide
beneficiarse de los efectos de la nulidad del Decreto 4040 de 2004 y, además, su
suscripción interrumpió la prescripción de las diferencias causadas con
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 5
Bogotá D.C. – Colombia
Radicación: 05001 23 33 000 2013 00513 02 (4945-2023)
Demandante: Ramiro Isaza Mejía
anterioridad al 3 de diciembre de 2004. Asimismo, condenará en costas a la parte
demandada en esta instancia, al no haber prosperado su recurso.
34. En el presente asunto, no está en discusión que el señor Ramiro Isaza
Mejía prestó sus servicios como procurador judicial II de Familia, con sede en
Medellín, desde el 1 de febrero de 1991 hasta el 28 de abril de 20061.
35. Por otro lado, obra copia del contrato de transacción suscrito entre el
demandante y la entidad accionada el 20 de diciembre de 2004 2, teniendo en
cuenta lo previsto en el Decreto 4040 del 3 de diciembre de 2004, con el objeto
de precaver cualquier eventual litigio futuro relacionado con reclamaciones
derivadas de la bonificación por compensación dispuesta en el Decreto 610 de
1998.
36. Con base en lo anterior, para resolver el primer reparo de apelación,
tendiente a que el actor no es beneficiario de los efectos de la sentencia del 14
de diciembre de 2011, en atención al contrato de transacción referido en el
párrafo anterior, vale traer a colación que, en el mencionado fallo de 2011, la Sala
de Conjueces de esta Sección indicó que la bonificación creada mediante el
Decreto 610 de 1998 constituía un derecho cierto e indiscutible y, a su vez,
irrenunciable, no susceptible de ser transado o conciliado, lo cual fundamentó la
declaratoria de nulidad del Decreto 4040, por ser regresivo y desconocer dichas
características. Al respecto, el fallador sostuvo lo siguiente3:
[…]
En efecto, tal y como lo expresó el A-quo, es inconstitucional el decreto 4040 de
2004, respecto de los Magistrados de Tribunales, posibilitado un trato diferenciado
basado en la validez del consentimiento dado para aceptar una transacción o
desistimiento de un derecho irrenunciable, ya que está prohibido
constitucionalmente renunciar a sus derechos adquiridos, o transar o conciliar
sobre derechos ciertos e indiscutibles.
De tal manera, el decreto 4040 de 2004 creó una desigualdad manifiesta entre
iguales, como son los Magistrados de Tribunales, posibilitando un trato
diferenciado basado en la validez del consentimiento dado para aceptar una
transacción o desistimiento de un derecho irrenunciable.
Para la Sala, independientemente de la situación, categoría o status social,
político, económico o intelectual de un trabajador público o privado, está prohibido
constitucionalmente renunciar a sus derechos adquiridos, o transar o conciliar
sobre derechos ciertos e indiscutibles.
La jurisprudencia Constitucional, Contenciosa y Laboral, han sido uniformes en
definir que los derechos laborales ciertos e indiscutidos por las partes y más aún
cuando están establecidos y reconocidos en la Constitución y en las leyes, no
pueden ser materia u objeto de transacción o conciliación. […]
1 Cfr. Constancia del 21 de febrero de 2013, obrante en el folio 38 del expediente digitalizado y Decreto 502
del 28 de febrero de 2006, que reposa en el folio 55 ibidem.
2 Folio 48 ibidem.
3 Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sala de Conjueces.
Sentencia del 14 de diciembre de 2011, proferida dentro del proceso 11001-03-25-000-2005-00244-
01(10067-05).
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 6
Bogotá D.C. – Colombia
Radicación: 05001 23 33 000 2013 00513 02 (4945-2023)
Demandante: Ramiro Isaza Mejía
37. En este sentido, pese a que el mencionado contrato de transacción no
ha sido anulado por la jurisdicción, está claro que carece de validez debido a la
ilicitud de su objeto por cuanto se fundamentó en una norma que obligó a los
beneficiarios de la bonificación por compensación, entre ellos, a los procuradores
judiciales II, a transar un derecho irrenunciable, a cambio de acogerse a un
régimen laboralmente regresivo, como lo fue el establecido en el pluricitado
Decreto 4040 de 2004.
38. Ahora bien, frente al segundo componente del primer reparo, según el
cual los efectos ex tunc de la nulidad no cobijan al demandante porque, para el
14 de diciembre de 2011, había operado la caducidad de la acción de
controversias contractuales respecto del contrato de transacción, este tampoco
tiene vocación de prosperidad, toda vez que el sub lite no corresponde a dicho
medio de control ni se juzga la legalidad del contrato con efectos generales.
39. Por el contrario, lo que se controvierte es la legalidad del Oficio S. G.
3977 del 17 de septiembre de 2012 y de la Resolución 1126 del 23 de noviembre
de 2012, que negaron el reconocimiento de la bonificación por compensación.
Por tanto, la caducidad de aquel medio de control es ajena al debate y no sanea
el objeto ilícito del acuerdo transaccional aludido.
40. Por lo expuesto, no prosperan los argumentos de la entidad apelante.
41. En cuanto al segundo reparo de la apelación, relativo a la declaratoria
de prescripción, esta Subsección se remite al criterio adoptado por la Sala de
Conjueces del Consejo de Estado en sentencias del 18 de mayo de 20164 y del
2 de septiembre de 20195. En la primera de ellas se llegó a la siguiente
conclusión:
El asunto que se debate en torno a la aplicación de la
prescripción trienal, es que ante la coexistencia de dos regímenes salariales
diferentes, no es posible hablar de exigibilidad del derecho a reclamar,
debido a que para los beneficiarios de los derechos existía la disyuntiva del
Decreto 610 de 1998, que reconoce la Bonificación por Compensación Judicial y
el régimen salarial del Decreto 4040 de 2004, que reconocía la Bonificación por
Gestión Judicial. Es decir, no se podía establecer con exactitud cuál de los
regímenes era el aplicable, ante lo cual resultaba imposible referirse a la
exigibilidad del derecho.
En este sentido solo puede hablarse de exigibilidad de la Bonificación por
Compensación, a partir de la fecha de ejecutoria del fallo que declaró la
nulidad del Decreto 4040. [Se destaca]
42. Por su parte, en la del 2 de septiembre de 2019 se precisó lo siguiente:
[…] En efecto, la prescripción trienal del derecho se computa a partir de la
vigencia del Decreto 4040 de 2004, toda vez que antes de la expedición de éste
4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sala de
Conjueces. Radicado 25000 23 25 000 2010 00246 02 (0845-2015), conjuez ponente Jorge Iván
Acuña Arrieta.
5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sala Plena de
Conjueces. Radicado 41001 23 33 000 2016 00041 02 (2204-2018), Actor: Joaquín Vega Pérez.
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 7
Bogotá D.C. – Colombia
Radicación: 05001 23 33 000 2013 00513 02 (4945-2023)
Demandante: Ramiro Isaza Mejía
el único régimen vigente respecto de la bonificación por compensación era el
Decreto 610 de 1998 y el derecho era plenamente exigible, por lo que quien
consideraba tenía derecho a percibirla tenía la carga de solicitarla antes de que
operara el fenómeno de la prescripción trienal de que tratan los Decretos 3135
de 1968 y 102 del Decreto 1848 de 1969.
Esta Sala de igual manera ha reconocido al resolver casos análogos que si bien
a través de estas sentencias se declaró que con la ejecutoria de la sentencia que
declaró la nulidad del Decreto 4040 de 2004 el día 27 de enero de 2012 se hizo
exigible el derecho al reconocimiento y pago de la diferencia en el porcentaje que
contempla el Decreto 610 de 1998 y el 4040 de 2004, y que por tal razón no se
aplicaría la prescripción trienal, lo cierto es que entre el período comprendido
entre la ejecutoria de la sentencia que anuló el Decreto 2668 de 1998 y la
fecha de expedición del Decreto 4040 de 2004, procede decretarla. Durante
este lapso no hubo dualidad de normas y por lo tanto, los beneficiarios de que
trata el artículo 2° del Decreto 610 de 1998 tenían la oportunidad de interrumpirla.
En consecuencia, procede la prescripción de la bonificación por compensación
entre el 5 de [octubre]30 de 2001 y el 2 de diciembre de 2004. Lo anterior es la
regla general. Esta regla tiene una excepción, que consiste en que, si la persona
logra demostrar en el expediente, con pruebas [sic] documental, que antes del 3
de diciembre de 2004 había interrumpido la prescripción conforme a la ley. En
ese caso la prescripción va más allá del 4 de diciembre de 2004 y se retrotraería
hasta la fecha de presentación de esa interrupción, fecha entonces que debe ser
posterior al 25 de septiembre de 2001 y anterior al 3 de diciembre de 2004. Esta
excepción y como toda excepción, es de aplicación restrictiva.
Y para las reclamaciones posteriores al 27 de enero de 2012 la prescripción
trienal aplica ya sin excepciones.
(Negrilla y subrayado fuera del texto original)
43. Asimismo, conviene precisar que esta Subsección, en sentencia del 5 de
marzo de 20266 revisó la tesis expuesta en el citado fallo del 2 de septiembre de
2019 y estableció que la suscripción de contratos de transacción en virtud del
Decreto 4040 de 2004 ha de entenderse como una forma de interrupción de la
prescripción respecto de los períodos anteriores al 3 de diciembre de 2004. Al
respecto, la Sala expuso lo siguiente:
[…]
27. A partir de ese entendimiento, esta Subsección ha aplicado la línea
jurisprudencial referida y, particularmente frente al supuesto contemplado en el
literal b), ha considerado necesario, además de la suscripción del contrato de
transacción, acreditar la presentación de una petición ante la entidad.
28. Sin embargo, la Sala en esta oportunidad debe precisar el alcance de esa
interpretación. En efecto, de la lectura del literal b) del artículo 2.º del Decreto 4040
de 2004 no se requiere la exigencia de actuaciones adicionales a la suscripción
del contrato de transacción, pues este señala que: «[…] b). Los que no han
efectuado tales reclamaciones y suscriban contratos de transacción para
precaver litigios futuros relacionados con la Bonificación por Compensación.»
29. De la disposición se desprende que, a diferencia de lo señalado por la Sala de
Conjueces en la citada decisión, el supuesto contemplado en la norma exigió
6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia
del 5 de marzo de 2026, proferida dentro del expediente 25000-23-25-000-2012-01329-02 (1945-2024), con
ponencia del magistrado Jorge Iván Duque Gutiérrez.
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 8
Bogotá D.C. – Colombia
Radicación: 05001 23 33 000 2013 00513 02 (4945-2023)
Demandante: Ramiro Isaza Mejía
exclusivamente acreditar la suscripción de un contrato de transacción,
requisito que debe considerarse autónomo y suficiente para la interrupción
del término prescriptivo, pues la excepción reconocida debe comprenderse
como una figura encaminada a salvaguardar el derecho de quienes se vieron
afectados por la expedición del mencionado acto al acogerse a las
condiciones impuestas por el Gobierno en ese momento, lo que explica la
configuración de la interrupción bajo supuestos específicos, pero no implica
extenderlos más allá de lo expresamente previsto. Exigir requisitos no
contemplados en el tenor literal del decreto conlleva ampliar los presupuestos de
la excepción y restringir su alcance.
(Se resalta)
44. En aplicación de los criterios expuestos, es necesario precisar
dos momentos frente a la exigibilidad del derecho a las diferencias derivadas de
la bonificación por compensación. El primero, desde la ejecutoria de la
sentencia que anuló el Decreto 2668 de 1998 (5 de octubre de 2001), a partir del
cual los beneficiarios podían solicitar su reconocimiento dentro de los tres años
siguientes, esto es, hasta el 5 de octubre de 2004, so pena de prescripción, sin
perjuicio de la interrupción a que se refiere el párrafo previamente transcrito. El
segundo, con la ejecutoria de la sentencia del 14 de diciembre de 2011 7 que
anuló el Decreto 4040 de 2004 (27 de enero de 2012), de manera que entre el 3
de diciembre de 20048 y el 26 de enero de 20129 no se configura la prescripción
pues hubo dualidad normativa y ello impedía establecer la exigibilidad del
derecho.
45. En ese contexto, resulta pertinente señalar que el señor Ramiro Isaza
Mejía desempeñó un cargo beneficiario de la bonificación prevista en el Decreto
610 de 1998, razón por la cual le asiste el derecho a su reconocimiento. Para
efectos de contabilizar la prescripción, el período de reclamo está comprendido
entre el 1 de enero de 2000 y el 28 de abril de 2006.
46. Por lo tanto, comoquiera que el demandante suscribió contrato de
transacción con la entidad, con el objeto de precaver cualquier eventual litigio
futuro relacionado con reclamaciones derivadas de la bonificación por
compensación dispuesta en el Decreto 610 de 1998, debe entenderse
interrumpido el fenómeno de prescripción respecto de las diferencias causadas
entre el 5 de octubre de 2001 y el 3 de diciembre de 2004.
47. No obstante, dicha interrupción no opera sobre lo reclamado entre el 1
de enero de 2000 y el 4 de octubre de 2001, por cuanto no obra en el expediente
prueba de que para esa época hubiese elevado petición sobre esas sumas.
Adicionalmente, dicho interregno supera los tres años anteriores al momento en
el que se celebró el precitado acuerdo transaccional.
7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sala Plena de
Conjueces. Radicado 11001 03 25 000 2005 00244 01 (10067-2005), Actor: Jairo Hernán
Valcárcel y otro.
8 Fecha de expedición del Decreto 4040 de 2004.
9 Día anterior a la fecha en que quedó ejecutoriada la sentencia que declaró la nulidad del Decreto
4040 de 2004.
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 9
Bogotá D.C. – Colombia
Radicación: 05001 23 33 000 2013 00513 02 (4945-2023)
Demandante: Ramiro Isaza Mejía
48. Entre tanto, y con relación al lapso trascurrido a partir del 3 de diciembre
de 2004 hasta el 28 de abril de 2006, no opera el fenómeno prescriptivo,
comoquiera que la reclamación que dio origen a los actos acusados se presentó
el 27 de agosto de 2012, esto es, dentro de los tres años siguientes a la
ejecutoria de la sentencia que anuló el Decreto 4040 de 2004.
49. Por consiguiente, habrá lugar, de un lado, a modificar el numeral segundo
de la parte resolutiva de la sentencia apelada, en el sentido de ordenar el
reconocimiento de las diferencias salariales causadas entre el 5 de octubre de
2001 y el 28 de abril de 2006. Por otro lado, se adicionará dicho numeral, en el
sentido de declarar la prescripción de las diferencias salariales con anterioridad
al 5 de octubre de 2001.
Condena en costas en segunda instancia
50. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47
de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.
51. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue habilitar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas a la parte vencida
en el proceso.
52. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirán conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
53. En consecuencia, no procede la condena en costas a la parte demandada
en segunda instancia, toda vez que prosperó parcialmente el recurso de
apelación. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las
agencias en derecho serán fijadas y las expensas liquidadas por el Tribunal
Administrativo de Antioquia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 10
Bogotá D.C. – Colombia
Radicación: 05001 23 33 000 2013 00513 02 (4945-2023)
Demandante: Ramiro Isaza Mejía
IV. RESUELVE
PRIMERO. MODIFICAR el numeral segundo de la sentencia del 7 de febrero de
2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda incoada por el señor Ramiro
Isaza Mejía contra la Procuraduría General de la Nación, el cual quedará así:
«SEGUNDO: CONDENAR a título de restablecimiento del Derecho a reconocer y
pagar al demandante RAMIRO ISAZA MEJÍA, el reajuste debidamente indexado
y dejado de pagar, entre los valores cancelados por concepto de sueldos y demás
factores salariales devengados en el desempeño de su cargo como Procurador
Judicial II con funciones ante Tribunal Superior de Distrito Judicial, hasta
completar o nivelar el 80% de la remuneración que percibían por todo concepto
los Magistrados de Altas Cortes, en el periodo comprendido entre el 5 de
octubre de 2001 y el 28 de abril de 2006, fecha de su retiro definitivo del servicio;
previa deducción de todo lo que ya le hubiere sido reconocido y pagado por dicho
concepto, de acuerdo con lo expuesto en las consideraciones que anteceden. El
valor resultante deberá ser indexado con la fórmula indicada en la parte motiva de
esta providencia.
No obstante, se declararán prescritas las diferencias salariales causadas con
anterioridad al 5 (de octubre de 2001, por los motivos expuestos».
SEGUNDO. Sin condena en costas en esta instancia.
TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR
las anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de
origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 11
Bogotá D.C. – Colombia
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.