Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2013-01294-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2013-01294-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2013-01294-02
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
17 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D.C., diecisiete (17) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 25000 23 42 000 2013 01294 02 (1360-2020)
Demandantes: Gemma Saldarriaga Agudelo y Cecilia Páez Ángel
Demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación
Tema: Bonificación por compensación, Decreto 610 de 1998
Decisión: Se modifica el numeral cuarto de la parte resolutiva de la sentencia
recurrida, para declarar la prescripción de las diferencias de
bonificación por compensación reclamadas por una demandante y de
unos periodos respecto de los pretendidos por la otra, con excepción
de los aportes pensionales, los cuales se ordenan, de conformidad
con la ley.
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada contra la
sentencia de primera instancia expedida el 30 de agosto de 2019 por la Sala Transitoria
de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
I. ANTECEDENTES
Demanda
1. Las accionantes instauraron demanda en ejercicio del medio de control de la
referencia con el objeto de que se declare la nulidad del acto ficto o presunto negativo
que se configuró ante la falta de respuesta, por parte de la entidad, frente a las peticiones
formuladas el «29 de octubre de 2012»1.
2. Manifestaron que mediante el acto demandado la entidad negó «el
reconocimiento del reajuste que resulte de la diferencia salarial entre el régimen del
Decreto 610 de 1998 y el Decreto 4040 de 2004, incluyendo la prima especial de servicios
del artículo 15 de la Ley 4ª de 1992 y al momento de liquidar se haga teniendo en cuenta
el carácter salarial y las consecuencias prestacionales del 30% de la remuneración
mensual»2.
3. A título de restablecimiento del derecho solicitaron que se ordene a la
demandada reconocer y pagar la bonificación por compensación del Decreto 610 de 1998
por un valor equivalente «a la diferencia entre la asignación que se les viene pagando y
el 80%»3 de lo que por todo concepto perciben los magistrados de las altas cortes. Para
estos efectos, señalaron que el salario de estos últimos debe equipararse al de los
1
Información extraída del memorial aportado por el demandante visible en el índice 79 de Samai.
2
Pretensión primera de la demanda, visible en folios 21 y 22.
3
Pretensión segunda de la demanda, folio 22.
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Radicación: 25000 23 42 000 2013 01294 02 (1360-2020)
Demandantes: Gemma Saldarriaga Agudelo y Cecilia Páez Ángel
congresistas. Asimismo, pidieron que en dicha liquidación se incluya la prima especial de
servicios prevista en el artículo 15 de la Ley 4ª de 1992.
4. Además, solicitaron otorgarle carácter salarial a la prima especial del 30% con
sus respectivas consecuencias prestacionales, el ajuste de la condena, el cumplimiento
de la sentencia en los términos del artículo 192 del CPACA4 y que se impongan costas a
la entidad demandada.
5. Mencionaron que la señora Gemma Saldarriaga Agudelo laboró como fiscal
auxiliar ante la Corte Suprema de Justicia entre el 13 de diciembre de 1993 y el 30 de
noviembre de 1996 y desde el «6 de agosto de 2001 hasta el 30 de noviembre de 2003»5,
mientras que la señora Cecilia Páez Ángel se desempeñó como fiscal delegada ante el
Tribunal entre el 1° de febrero y el «29»6 de noviembre de 2002 y en virtud de ello
consideran tener derecho a percibir la bonificación creada a través del Decreto 610 de
1998 la cual tiene carácter permanente y que sumada a la prima especial de servicios y
a los demás ingresos laborales debe igualar el 80% de lo que por todo concepto reciben
los magistrados de las altas cortes.
6. Por tal motivo, formularon las reclamaciones administrativas que dieron origen
a los actos fictos acusados7.
Contestación de la demanda
7. La Fiscalía General de la Nación 8 se opuso a las pretensiones de la demanda
alegando que ha pagado los salarios y prestaciones sociales de conformidad con las
leyes que rigen para los funcionarios vinculados a su planta de personal; por lo tanto, no
es posible efectuar reconocimientos laborales adicionales al 70%, pues el Decreto 610
de 1998 se «aplicó solamente durante el periodo comprendido entre los meses de enero
y agosto de 1999»9.
8. Manifestó que no es posible acceder al reconocimiento de la prima especial de
servicios prevista en el artículo 15 de la Ley 4ª de 1992 pues se dirige a los funcionarios
que ostentan ciertos cargos, dentro de los cuales no están incluidos ocupados por las
demandantes. En consecuencia, propuso las excepciones de ausencia de causa petendi,
prescripción y cualquier otra que se encuentre probada.
Sentencia apelada 10
9. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró probada la excepción de
prescripción formulada por la entidad «respecto de la prima especial de servicios de que
4
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
5
Información que se precisará más adelante, pues revisado el material probatorio se advierte que este
período comprende otras fechas.
6
Ibidem.
7
Folio 21.
8
Folios 64 a 86.
9
Folio 85.
10
Folios 136 a 153.
2
Radicación: 25000 23 42 000 2013 01294 02 (1360-2020)
Demandantes: Gemma Saldarriaga Agudelo y Cecilia Páez Ángel
trata el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992»11 y negó las demás excepciones; decidió estarse
a lo resuelto en la sentencia del 14 de diciembre de 2011, que anuló el Decreto 4040 de
2004 y declaró la nulidad del acto ficto acusado.
10. Como consecuencia de lo anterior, condenó a la entidad a reconocer y pagar
a favor de las demandantes el equivalente al 80% de la totalidad de lo que perciben los
magistrados de las altas cortes y las diferencias por concepto de prima especial de
servicios 12, teniendo en cuenta en su liquidación todos los ingresos laborales anuales que
de forma permanente perciben los congresistas, incluidas las cesantías. El periodo de
reconocimiento comprendió del 6 de agosto de 2001 al 30 de noviembre de 2003 para la
señora Saldarriaga Agudelo y del 1° de febrero al 29 de noviembre de 2002 para la señora
Páez Ángel. En todo caso, precisó que el pago corresponde a la diferencia del 10% con
los respectivos ajustes legales y señaló que de haberse pagado dineros por concepto de
la bonificación del Decreto 4040 de 2004, se podrían hacer las deducciones del caso.
11. Indicó que el derecho a la reliquidación de la prima especial de servicios del
artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 está prescrito13 en la medida en que se hizo exigible a
partir del 12 de agosto de 2002, esto es, desde la ejecutoria de la sentencia emitida el 14
de febrero de 2002 14, por medio de la cual se declaró la nulidad del artículo 7° del Decreto
038 de 199915, en la que se negaba su carácter salarial, por manera que las partes podían
interrumpir la prescripción hasta el 12 de agosto de 2005; no obstante lo hicieron el 26
de octubre de 2012.
12. Adicionalmente, señaló que la prima especial del artículo 15 de la Ley 4ª de
1992 debe ser computada dentro de la totalidad de los ingresos de los magistrados de
alta corte, y no constituye un ítem adicional al 80% sino que forma parte de este. Agregó
que para su liquidación se deben tener en cuenta los ingresos laborales totales anuales
que de forma permanente perciben los congresistas, incluidas las cesantías.
Recurso de apelación
13. Inconforme con la decisión, la Fiscalía General de la Nación interpuso recurso
de apelación 16 en el que expuso que no se tuvo en cuenta la jurisprudencia del Consejo
de Estado frente a los efectos de la sentencia que declaró la nulidad del Decreto 4040 de
2004 y que los términos en los que se ordenó la liquidación de lo adeudado desconocen
lo dispuesto en el Decreto 610 de 1998.
11
Así se afirmó en el folio 150 revés de la sentencia, aunque dicha precisión no se incluyó en la parte
resolutiva.
12
Así se ordenó en el numeral cuarto de la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia «Condenar
a [...] reconocer y pagar [...] el derecho adquirido a recibir las diferencias adeudadas por concepto de
bonificación por compensación [...] las diferencias adeudadas por concepto de prima especial de servicios
[...]»; sin embargo, en el numeral segundo se declaró la prescripción de dicho emolumento.
13
Ver precisión en el pie de página anterior.
14
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, radicado N° 11001 03 25
000 1999 0031 00 (197-99).
15
«Por el cual se dictan normas sobre el régimen salarial y prestacional para los servidores públicos de la
Fiscalía General de la Nación y se dictan otras disposiciones».
16
Folios 157 a 161.
3
Radicación: 25000 23 42 000 2013 01294 02 (1360-2020)
Demandantes: Gemma Saldarriaga Agudelo y Cecilia Páez Ángel
14. Consideró que el a quo no estudió correctamente la prescripción, pues en la
sentencia del 25 de septiembre de 2001 el Consejo de Estado declaró la nulidad del
Decreto 2668 del 31 de diciembre de 1998 por medio del cual se derogaron los Decretos
610 y 1239 de 1998; por lo tanto, quedó nuevamente vigente el Decreto 610 de 1998, en
consecuencia, los tres años para interrumpir la prescripción se debían contabilizar a partir
de la ejecutoria de la providencia mencionada, esto es, desde el 1° de octubre de 2001 17.
Dicho esto, las partes tenían hasta el 1° de octubre de 2004 para formular la reclamación
administrativa, pero lo hicieron el 26 de octubre de 2012, lo que conllevó la configuración
de la prescripción del derecho.
II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
15. Luego de resolver la manifestación de impedimento formulada por los
consejeros que integraban la Sección Segunda de esta Corporación 18 y proceder al
sorteo de conjueces, mediante auto del 19 de enero de 2022 19 se admitió el recurso de
apelación y el 23 de agosto de 2022 se corrió traslado a las partes para alegar de
conclusión20.
16. En la mencionada etapa, la parte actora 21 insistió en que se debe acceder a
las pretensiones de la demanda. Por su parte, la entidad demandada 22 refirió que los
actos acusados fueron expedidos en cumplimiento de las normas en que debían
fundarse, por lo tanto, no se debe acceder a lo pedido.
17. El proceso regresó a la Subsección, debido a la nueva integración de la Sala,
que llevó a desplazar a los conjueces.
18. A través de providencia del 4 de septiembre de 2025 23, se declaró fundado el
impedimento manifestado por el consejero Luis Eduardo Mesa Nieves y se le separó del
conocimiento del asunto. En dicho auto24, se decretó prueba de oficio con el fin de obtener
copia de las peticiones formuladas por las demandantes en las que constara la fecha en
que fueron radicadas. Las partes 25 atendieron el requerimiento y allegaron la información
solicitada.
III. CONSIDERACIONES
Competencia
17
Así se indicó, aunque la ejecutoria de dicha providencia se produjo el 5 de octubre de 2001, como se
mencionó en la sentencia que se transcribe en el párrafo 31.
18
Folios 172, 174, 175 y 182.
19
Folio 180.
20
Folio 184.
21
Índice 43 de Samai.
22
Índice 46 de Samai.
23
Folios 191 y 192.
24
Índice 73 de Samai.
25
Las demandantes en índice 79 de Samai y la entidad en índice 83.
4
Radicación: 25000 23 42 000 2013 01294 02 (1360-2020)
Demandantes: Gemma Saldarriaga Agudelo y Cecilia Páez Ángel
19. De conformidad con lo previsto en el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), modificado por el artículo 615
del Código General del Proceso (CGP), el Consejo de Estado es competente para resolver
los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias dictadas en primera
instancia por los Tribunales Administrativos.
Problema jurídico
20. En concordancia con lo expuesto en el recurso de apelación, esta Sala debe
determinar si el Tribunal desconoció los efectos de la sentencia que declaró la nulidad
del Decreto 4040 de 2004 al reconocer la bonificación por compensación; si los términos
en los que se ordenó el restablecimiento del derecho desconocen lo dispuesto en el
Decreto 610 de 1998 y, por último, si se configuró la prescripción de ese derecho.
Análisis del problema jurídico
21. La Sala modificará el numeral cuarto de la parte resolutiva de la sentencia de
primera instancia para declarar prescritas las diferencias reclamadas por Cecilia Páez
Ángel por concepto de bonificación por compensación y de un periodo respecto de
Gemma Saldarriaga Agudelo, y reconocer las que no están afectadas por dicho
fenómeno; en ambos casos se exceptúan las relativas a los aportes pensionales; por lo
tanto, se ordenará a la entidad demandada reliquidarlos y pagarlos de conformidad con
la ley.
22. En el sub lite está acreditado que la señora Gemma Saldarriaga Agudelo 26
laboró como fiscal auxiliar ante la Corte Suprema de Justicia entre el 16 de agosto de
1994 y el 7 de agosto de 2001 y como fiscal delegada ante Tribunal de Distrito desde el
«8 de agosto de 2001 hasta el «28»27 de noviembre de 2003»28. Según consta en la
certificación29 aportada por la entidad, dentro de su asignación mensual percibió la prima
especial de servicios, la bonificación por compensación y la bonificación por gestión
judicial le fue reconocida mediante Resolución 116 del 18 de marzo de 2005 30.
26
Información extraída del memorial aportado por la entidad visible en índice 83 de Samai
También en el Cuaderno 2, folios 78 a 80 obra el Acta de posesión 1371 del 16 de agosto de 1994 y la
Resolución de nombramiento 0-1635 del 5 de agosto de 1994.
27
Si bien en el memorial visible en índice 83 de Samai se certifica que fue hasta el 29 de noviembre de
2003, lo cierto es que en la Resolución 244 del 3 de diciembre de 2003, por la cual se reconocieron sus
cesantías definitivas se precisó que el período laborado fue hasta el 28 de noviembre de 2003, por ende,
se tendrá como extremo final el 28. Información visible en Cuaderno 3, folios 66 y 74.
28
Cuaderno 2, folios 68 y 72 Acta de posesión 180 en virtud del nombramiento realizado 0-1188 del 6 de
agosto de 2001; folios 118, 121, 123, 124; Cuaderno 3, folio 63 Resolución 2-2962 del 20 de octubre de
2003 mediante la cual se le aceptó la renuncia a partir del 29 de noviembre de 2003.
29
Cuaderno 2, folios 54, 72, 112, 116, 129, 130; Cuaderno 3, folios 117 a 119.
30
Cuaderno 2, folios 112 y 113 en la Resolución 116 del 18 de marzo de 2005 se reconoció la bonificación
por gestión judicial en virtud del Decreto 4040 de 2004 producto del contrato de transacción celebrado, en
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Demandantes: Gemma Saldarriaga Agudelo y Cecilia Páez Ángel
23. Por su parte, la señora Cecilia Páez Ángel demostró que laboró como fiscal
auxiliar ante la Corte Suprema de Justicia desde el «1° de febrero de 2002 hasta el 28 de
noviembre de 2002»31. Según consta en la certificación aportada por la entidad 32, dentro
de su asignación mensual percibió la prima especial de servicios y la bonificación por
compensación.
24. Por tal motivo, el «29 de octubre de 2012»33 formularon petición en la que
reclamaron la nivelación salarial hasta alcanzar el 80% de lo que por todo concepto
perciben los magistrados de las altas cortes, en virtud de lo previsto en el Decreto 610 de
1998, así como el pago de la prima especial de servicios, con carácter salarial para
efectos prestacionales 34. Dicha petición dio origen al acto ficto demandado.
25. La Sala advierte que para acreditar la fecha de radicación de la petición en
sede administrativa 35 la parte actora aportó copia de los oficios 36 20123100064741 y
20123100064941 del 6 y 7 de diciembre de 2012, mediante los cuales la entidad negó
las reclamaciones presentadas el «29 de octubre de 2012». Ahora bien, aunque a través
de dichos documentos la entidad habría dado respuesta a tales peticiones, no obra
prueba de su notificación 37 y la entidad, en su defensa 38, no manifestó oposición frente al
donde se constatan los siguientes valores «en el año 2001 $ 10.328.581 (por 143 días laborados); en el
año 2002 $ 21.706.721 (por 270 días laborados); en el año 2003 $ 15.212.084 (por 178 días laborados)»,
114 se acogió al régimen del Decreto 4040 de 2004, 115 copia del contrato de transacción con fecha de
radicado 28 de diciembre de 2004.
31
Cuaderno principal, folios 15, 16; Cuaderno 3, folios 55 y 56. En la Resolución 2-2468 del 8 de noviembre
de 2002 se acepta la renuncia a partir del 29 de noviembre de 2002 (por ende, laboró hasta el 28 de
noviembre de 2002), visible en Cuaderno 2, folio 99. Folio 60 Acta de posesión 0031, folio 61 Resolución
0-2038 del 21 de diciembre de 2001 por medio de la cual se efectúa un nombramiento y folio 91 Resolución
en donde consta que «laboró desde el 1° de febrero de 2002 al 28 de noviembre de 2002». Lo anterior
también consta en los documentos aportados por la entidad producto de la prueba de oficio decretada
visible en el índice 83 de Samai.
32
Cuaderno principal, folios 17 y Cuaderno 2, folios 54, 72, 112, 116, 129, 130; Cuaderno 3, folios 117 a
119.
33
Información extraída del documento aportado por el apoderado de las demandantes visible en índice 79
de Samai, donde se constata lo siguiente «ASUNTO: Derecho de petición recibido en la Oficina de Personal
bajo radicado No. 20126111686612 del 29 de octubre de 2012».
34
Textualmente solicitaron de manera independiente: «Sírvase darle aplicación a los Decretos 610 y 1239
de 1998, autorizando la cancelación del incremento consagrado a favor de mi poderdante nivelándolo en
sus ingresos salariales hasta en el 80% entre Agosto 06 de 2001 a Noviembre 30 de 2003, que por todo
concepto devengaron (sic) los Magistrados de las Altas Cortes, MENSUALMENTE y por nómina, lo mismo
que la prima especial de servicios nivelada y todas las demás dejadas de pagar, que constituiría factor
salarial para efectos de determinar las pensiones de vejez, invalidez y sobrevivientes, reconociendo el pago
con base en los ingresos salariales certificados y acreditados, entre Diciembre 13 de 1993 a Noviembre 30
de 1995 y entre Agosto 06 de 2001 a Noviembre 30 de 2003 y en adelante, y para que tenga en cuanta al
momento de la liquidación, el carácter salarial y las consecuencias prestacionales del 30% de la
remuneración mensual devengada».
35
Según lo solicitado en la prueba de oficio decretada por la sala.
36
Índice 79 de Samai.
37
Teniendo en cuenta que las demandantes aportaron los referidos documentos, aunque ello demuestra
que habrían tenido conocimiento de los oficios, con ello no se puede constatar la fecha en que ello ocurrió,
a fin de determinar si fue antes de que se trabara la litis; en consecuencia, se entenderá que tal decisión
no produjo efectos legales, de conformidad con lo previsto en el artículo 72 del CPACA.
38
Ni en la contestación de la demanda ni en el recurso formuló reparo contra el acto que se controvierte
en este asunto.
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Radicación: 25000 23 42 000 2013 01294 02 (1360-2020)
Demandantes: Gemma Saldarriaga Agudelo y Cecilia Páez Ángel
acto que se controvierte en este asunto 39. Por lo tanto, no se hará pronunciamiento al
respecto, por exceder los límites definidos en los artículos 320 y 328 del CGP.
26. Precisado lo anterior, se impone determinar si el a quo tuvo en cuenta los
efectos de la sentencia que declaró la nulidad del Decreto 4040 de 2004. Al respecto, se
advierte que dicha providencia y sus efectos sí fueron considerados por el Tribunal,
concretamente en las páginas 11 y 12 se expuso: «El decreto 4040 de 2004 fue declarado
NULO en su totalidad por la Sala de Conjueces del Consejo de Estado mediante
Sentencia de 14 de Diciembre de 2011 [...]» «Por consiguiente, al declararse nulo [...]
vuelve a nacer idénticamente a la vida jurídica el Decreto 610 de 1998. Siendo así, la
“Bonificación por Compensación” [...] se considera como un derecho vigente, adquirido y
cierto para el actor [sic]”»40.
27. Según lo expuesto, no prospera el primer planteamiento de la entidad, pues
tanto la sentencia que anuló el Decreto 4040 de 2004 como sus efectos sí fueron tenidos
en cuenta en la providencia recurrida. Con todo, la Sala considera que la declaratoria de
nulidad del mencionado decreto no genera ningún impacto en el estudio del caso
concreto, pues los periodos reclamados 41 datan de fechas anteriores a su expedición 42,
como se precisó en los párrafos 22 y 23, ello quiere decir que para esa época el único
régimen aplicable era el previsto en el Decreto 610 de 1998.
28. El segundo reparo se concretó en que el Tribunal erró en el estudio de la
prescripción de la bonificación por compensación, pues la recurrente considera que el
término se debió contabilizar a partir de la ejecutoria 43 de la sentencia del 25 de
septiembre de 200144, mediante la cual se anuló el Decreto 2668 de 1998. Al revisar la
providencia apelada se advierte que el fenómeno extintivo se examinó únicamente
respecto de la prima especial de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 45,
por lo que prospera el argumento en cuanto el Tribunal omitió realizar dicho análisis.
29. En esa materia, la Sala ha acogido el criterio adoptado en las sentencias del
23 de mayo de 2018 46 y 2 de septiembre de 2019, por parte de la Sala de Conjueces del
Consejo de Estado. En la primera de ellas se indicó:
[…] Sobre este punto, esta Sala de Conjueces precisa que si bien a través de estas
sentencias se declaró que con la ejecutoria de la sentencia que declaró de nulidad del
Decreto 4040 de 2004, se hizo exigible el derecho al reconocimiento y pago de la diferencia
en el porcentaje que contempla el Decreto 610 de 1998 y el 4040 de 2004, y que por tal
razón no se aplicaría la prescripción, lo cierto es que entre el período comprendido
entre la ejecutoria de la sentencia que anuló el Decreto 2668 de 1998 y la fecha de
39
Actos fictos negativos derivados de la omisión de respuesta frente a las peticiones formuladas.
40
Folios 141 y 141 vuelto.
41
Párrafos 22 y 23.
42
El Decreto 4040 de 2004 fue expedido el 3 de diciembre.
43
Refirió que ello ocurrió el 1° de octubre de 2001. Sin embargo, tal como se precisó en la sentencia cuya
transcripción se incluye en el párrafo 31, en realidad ocurrió el 5 de octubre de 2001.
44
Mediante la cual se declaró la nulidad del Decreto 2668 de 1998 por medio del cual se derogaron los
Decretos 610 y 1239 de 1998.
45
Folios 147 vuelto a 150.
46
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sala de Conjueces,
radicado 17001 23 33 000 2012 00144 92 (0602-2015).
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Radicación: 25000 23 42 000 2013 01294 02 (1360-2020)
Demandantes: Gemma Saldarriaga Agudelo y Cecilia Páez Ángel
expedición del Decreto 4040 de 2004, si procede decretarla, pues en este lapso no
hubo dualidad de normas y por lo tanto, los beneficiarios de que trata el artículo 2º
del Decreto 610 de 1998 tenían la oportunidad de demandar el reconocimiento y pago
del 80% de lo que devengaban los magistrados de las altas cortes; salvo que se
encontraran en una de las dos situaciones descritas en el numeral 2º del Decreto
4040 de 2004, que son :i) haber iniciado acciones judiciales relacionadas con la
bonificación por compensación y haber desistido a sus pretensiones y ii) haber
efectuado reclamaciones y suscribir contratos de transacción. [Subrayado y negrilla
fuera del texto original]
30. Se tiene entonces que durante el lapso comprendido entre la ejecutoria de la
sentencia47 que anuló el Decreto 2668 de 1998 48 y la fecha de expedición del Decreto
4040 de 2004 49, sí procedía declarar la prescripción en la medida en que estuviera
demostrada, siempre y cuando el interesado no se encontrara en una de las dos
situaciones transcritas.
31. Por su parte, en la sentencia del 2 de septiembre de 2019 50 la Sala de
Conjueces del Consejo de Estado indicó:
[…] En efecto, la prescripción trienal del derecho se computa a partir de la vigencia del
Decreto 4040 de 2004, toda vez que antes de la expedición de éste el único régimen
vigente respecto de la bonificación por compensación era el Decreto 610 de 1998 y
el derecho era plenamente exigible, por lo que quien consideraba tenía derecho a
percibirla tenía la carga de solicitarla antes de que operara el fenómeno de la prescripción
trienal de que tratan los Decretos 3135 de 1968 y 102 del Decreto 1848 de 1969.
Esta Sala de igual manera ha reconocido al resolver casos análogos que si bien a través
de estas sentencias se declaró que con la ejecutoria de la sentencia que declaró la nulidad
del Decreto 4040 de 2004 el día 27 de enero de 2012 se hizo exigible el derecho al
reconocimiento y pago de la diferencia en el porcentaje que contempla el Decreto 610 de
1998 y el 4040 de 2004, y que por tal razón no se aplicaría la prescripción trienal, lo cierto
es que entre el período comprendido entre la ejecutoria de la sentencia que anuló el
Decreto 2668 de 1998 y la fecha de expedición del Decreto 4040 de 2004, procede
decretarla. Durante este lapso no hubo dualidad de normas y por lo tanto, los beneficiarios
de que trata el artículo 2° del Decreto 610 de 1998 tenían la oportunidad de interrumpirla.
(Negrilla y subrayado fuera del texto original)
En consecuencia, procede la prescripción de la bonificación por compensación entre
el 5 de [octubre]51 de 2001 y el 2 de diciembre de 2004. Lo anterior es la regla general.
Esta regla tiene una excepción, que consiste en que, si la persona logra demostrar en
el expediente, con pruebas [sic] documental, que antes del 3 de diciembre de 2004 había
interrumpido la prescripción conforme a la ley. En ese caso la prescripción va más allá
del 4 de diciembre de 2004 y se retrotraería hasta la fecha de presentación de esa
interrupción, fecha entonces que debe ser posterior al 25 de septiembre de 2001 y anterior
al 3 de diciembre de 2004. Esta excepción y como toda excepción, es de aplicación
restrictiva.
47
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sala de Conjueces.
Expediente 395-99.
48
«Por el cual se derogan los decretos 610 de marzo 26 de 1998 y 1239 de julio 2 de 1998».
49
Fue expedido el 3 de diciembre de 2004.
50
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sala Plena de Conjueces.
Radicado 41001 23 33 000 2016 00041 02 (2204-2018), Actor: Joaquín Vega Pérez.
51
Entiéndase incluido el auto de la misma Sala de Conjueces del 7 de octubre de 2019 que aclaró
parcialmente y la corrigió. En ese sentido se entiende que la prescripción de la bonificación por
compensación procede entre el 5 de octubre de 2001 y no del 5 de septiembre de 2001.
8
Radicación: 25000 23 42 000 2013 01294 02 (1360-2020)
Demandantes: Gemma Saldarriaga Agudelo y Cecilia Páez Ángel
Y para las reclamaciones posteriores al 27 de enero de 2012 la prescripción trienal aplica
ya sin excepciones. [Negrilla original del texto y subraya de la Sala]
32. Para decantar lo relativo a la prescripción, en sentencia complementaria del 7
de mayo de 202452, de la Sala de conjueces, se definió lo siguiente:
Entonces es posible identificar cuatro períodos diferentes, a saber:
• PRIMER PERÍODO: Del 26 de marzo de 1998 al 5 de octubre de 2001: no corría la
prescripción, porque el derecho no era exigible, pues se encontraba derogado.
• SEGUNDO PERÍODO: Del 5 de octubre de 2001 al 3 de diciembre de 2004: el
derecho era claro y exigible y entonces sí corría la prescripción.
• TERCER PERÍODO: Del 4 de diciembre de 2004 al 27 de enero de 2012: no corría
la prescripción porque el derecho no era claro, había dualidad de regímenes aplicable
y no había exigibilidad del derecho.
• CUARTO PERÍODO: Del 27 de enero de 2012 en adelante, hasta la fecha actual: sí
corre la prescripción.
Según esto, el conteo de la prescripción de la bonificación por compensación se hace
así: en cada caso hay que establecer en qué momento se interrumpió la prescripción, por
haberse presentado un derecho de petición ante la DEAJ, y qué régimen regía en ese
momento, y a partir de ahí contar tres años hacia atrás.
33. En aplicación del criterio expuesto y de cara a lo demostrado en el expediente,
la Sala precisa que respecto de la señora Gemma Saldarriaga limitará el estudio al
período comprendido entre el 1° de enero de 1999 y 28 de noviembre de 2003, en la
medida en que el artículo 3 del Decreto 610 de 1998 dispuso que la bonificación por
compensación tendría efectos fiscales a partir de la primera fecha indicada.
34. En consecuencia, como ostentó un cargo 53 beneficiario de la bonificación
prevista en el Decreto 610 de 1998 tiene derecho a esta. A efectos de establecer la
exigibilidad del derecho, se analizará el tiempo laborado según la división de períodos
referida en el párrafo 32.
35. De manera que del 1° de enero de 1999 al 5 de octubre de 2001 no corrió la
prescripción, puesto que el derecho no era exigible debido a que se encontraba derogado,
y únicamente se tornó exigible a partir del 5 de octubre de 2001, fecha desde la cual
empezó a correr el término de tres años para reclamarlo, por lo que el plazo para
interrumpir la prescripción de las sumas causadas entre el 1° de enero de 1999 y el 4 de
octubre de 2001 vencía el 5 de octubre de 2004. Como en el expediente no obra prueba
de que dicha interrupción se hubiese producido dentro de ese lapso, ya que el contrato
de transacción fue suscrito el 28 de diciembre de 2004 54, esto es, después de vencido
dicho término – las sumas correspondientes a ese período se encuentran prescritas, en
los términos precisados por esta Subsección 55.
52
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sala de Conjueces.
Radicado 25000 23 25 000 2009 00648 02 (1832-2014).
53
Como se indicó en el párrafo 22; cargo beneficiario de la bonificación prevista en el Decreto 610 de 1998.
54
Y en él no se menciona la existencia de un proceso o reclamación previa.
55 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 12 de agosto de 2026, radicado 05001 23
33 000 2014 00076 02 (3842-2023) en esta además se citó lo siguiente: Sección Segunda, Subsección A,
9
Radicación: 25000 23 42 000 2013 01294 02 (1360-2020)
Demandantes: Gemma Saldarriaga Agudelo y Cecilia Páez Ángel
36. Ahora, si bien es cierto que la demandante presentó petición hasta el 29 de
octubre de 2012, también lo es que el 28 de diciembre de 2004 56 celebró un contrato de
transacción en el cual se acogió a las disposiciones del Decreto 4040 de 2004, lo cual
encuadra «en principio» dentro del supuesto de hecho fijado en las sentencias que
anteceden y por esa razón se encontraba dentro de la excepción de «haber [suscrito]
contratos de transacción».
37. En ese contexto, dicho contrato interrumpió el término de prescripción respecto
del periodo en que no hubo dualidad normativa, esto es, por el comprendido a partir del
5 de octubre de 2001. En ese orden de ideas, se modificará el numeral cuarto de la parte
resolutiva de la sentencia para precisar que el reconocimiento se concede desde el 5 de
octubre de 2001 hasta el 28 de noviembre de 2003 57.
38. En cuanto a la señora Cecilia Páez Ángel también ostentó un cargo 58
beneficiario de la bonificación por compensación y reclama el reconocimiento de las
diferencias por tal concepto entre el 1° de febrero y el 28 de noviembre de 2002, de allí
que tiene derecho a estas; sin embargo, se encuentra afectado por la prescripción
extintiva, toda vez que la reclamación se formuló el 29 de octubre de 2012. En
consecuencia, se modificará el numeral cuarto para revocar el reconocimiento efectuado
a su favor y, en su lugar, declarar prescritas las acreencias reclamadas.
39. Como consecuencia de lo expuesto, como se revocará el reconocimiento
otorgado en primera instancia a las dos demandantes, la Sala se abstendrá de resolver
los demás reparos de la alzada.
40. Sin perjuicio de lo anterior, se advierte que los aportes pensionales con destino
al Sistema de Seguridad Social en Pensiones constituyen un derecho imprescriptible
e irrenunciable a favor del trabajador y por virtud de lo dispuesto en el artículo 17 de la
Ley 100 de 1993 tales cotizaciones son obligatorias.
sentencia del 5 de marzo de 2026, radicados 25000 23 25 000 2011 00826 02 (1261-2019) y 25000 23 25 000
2012 01329 02 (1945-2024).
56
El documento tiene fecha de 23 de diciembre de 2004, sin embargo, fue radicado en la entidad el 28 de
diciembre de 2004, visible en Cuaderno 2, folios 114 y 115; por tal motivo se tendrá como fecha de
presentación esta última.
57
Fecha de finalización de la relación laboral, como se mencionó en el párrafo 22.
58
Como se indicó en el párrafo 23. No obstante se precisa que el cargo de «fiscal auxiliar ante la Corte
Suprema de Justicia» no fue previsto como beneficiario en el Decreto 610 de 1998, sino hasta la expedición
del Decreto 1102 de 2012 en el artículo 1°. Sin embargo, se estudia el derecho a la bonificación por
compensación en la medida en que dicho cargo es equiparable al de magistrado auxiliar de Alta Corte,
los cuales son destinatarios del mencionado emolumento tal como lo prevé el artículo 2 del Decreto 610 de
1998. Al respecto en la sentencia C 384 de 2017 la Corte Constitucional indicó: «20. En el presente caso,
a partir del siguiente cuadro comparativo de requisitos, principales funciones, remuneración mensual
correspondiente al año 2016, y ubicación en la estructura de la Rama Judicial y de la Fiscalía General de
la Nación, la Corte concluye que el cargo de Fiscal Auxiliar ante la Corte Suprema de Justicia, es
equiparable al cargo de Magistrado Auxiliar de Alta Corte».
10
Radicación: 25000 23 42 000 2013 01294 02 (1360-2020)
Demandantes: Gemma Saldarriaga Agudelo y Cecilia Páez Ángel
41. Por tal razón, se ordenará a la entidad reajustar y pagar las diferencias de
dichos aportes de conformidad con la ley 59, tomando como base el 60% para el año 1999,
el 70% para el año 2000 y el 80% desde el año 2001 en adelante, de lo que por todo
concepto devengue un magistrado de alta corte, considerando que para determinar ese
porcentaje es necesario tener en cuenta que estos últimos perciben la prima especial
prevista en el artículo 15 de la Ley 4ª de 1992, la cual se liquida en equivalencia con los
ingresos de los congresistas, incluyendo las cesantías. Los periodos objeto de
reconocimiento son los siguientes: para el caso de Gemma Saldarriaga Agudelo desde
el 1° de enero de 1999 60 hasta el 28 de noviembre de 2003 y para Cecilia Páez Ángel
desde el 1° de febrero hasta el 28 de noviembre de 2002.
Condena en costas
42. La modificación del artículo 188 del CPACA efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación frente
a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura armónica
y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera significó un
apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta materia.
43. La pretensión del legislador con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público creando así
una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en este tipo
de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso de los
trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del
CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena
en costas sobre la parte vencida en el proceso.
44. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la remisión
contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
45. En este contexto, en el caso concreto no procede la condena en costas, toda
vez que los reparos del recurso de apelación están siendo concedidos de manera
parcial61, por manera que no puede predicarse que alguna de las partes haya sido
vencida en el proceso. En consecuencia, se prescindirá de la condena en costas en esta
instancia.
59
Teniendo en cuenta que si bien en la sentencia de primera instancia no se ordenó expresamente su
reconocimiento, sí se definió que las demandantes tenían derecho al recibir «las diferencias adeudadas
por concepto de BONIFICACIÓN POR COMPENSACIÓN» y dentro de tales diferencias deben entenderse
las de los aportes pensionales.
60
En atención a que el artículo 3 del Decreto 610 de 1998 dispuso que la bonificación por compensación
tendría efectos fiscales a partir del 1° de enero de 1999 en los porcentajes en él señalados, estos son, en
el año 1999 en el 60%; en el 2000 en el 70% y en el 2001 en adelante en el 80%; de manera que no es
posible ordenarlos con anterioridad a dicha fecha.
61
Se acogió el reparo de la prescripción.
11
Radicación: 25000 23 42 000 2013 01294 02 (1360-2020)
Demandantes: Gemma Saldarriaga Agudelo y Cecilia Páez Ángel
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO. MODIFICAR el numeral cuarto de la sentencia expedida el 30 de agosto de
2019 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el cual quedará así:
Condenar a la Nación, Fiscalía General de la Nación a reconocer y pagar las diferencias
que surjan de la correcta liquidación de la bonificación por compensación, a favor de
Gemma Saldarriaga Agudelo, la cual deberá efectuarse teniendo en cuenta la prima
especial del artículo 15 de la Ley 4ª de 1992 de la que son titulares los magistrados de las
Altas Cortes, incluyendo en ello lo que por todo concepto perciben los congresistas, lo
cual comprende las cesantías de estos últimos dignatarios, sin que en ningún caso se
pueda superar el tope del 80%; por el periodo comprendido entre el 5 de octubre de 2001
y el 28 de noviembre de 2003.
DECLARAR la prescripción extintiva de las diferencias de bonificación por compensación
reclamadas por Gemma Saldarriaga Agudelo con antelación al 5 de octubre de 2001 y
la totalidad de las reclamadas por Cecilia Páez Ángel, en ambos casos con excepción
de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones.
ORDENAR a la entidad demandada reliquidar y pagar los aportes en pensiones de las
demandantes, de conformidad con la ley; a Gemma Saldarriaga Agudelo desde el 1° de
enero de 1999 hasta el 28 de noviembre de 2003; y a Cecilia Páez Ángel del 1° de febrero
al 28 de noviembre de 2002, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.
SEGUNDO. CONFIRMAR en lo demás la providencia recurrida.
TERCERO. ABSTENERSE DE CONDENAR en costas en segunda instancia.
CUARTO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
Con impedimento
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
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Radicación: 25000 23 42 000 2013 01294 02 (1360-2020)
Demandantes: Gemma Saldarriaga Agudelo y Cecilia Páez Ángel
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
CMTG
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