Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-04503-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-04503-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2016-04503-02
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
27 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., veintisiete (27) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-42-000-2016-04503-02 (0575-2023)
Demandante: Claudia Marcela Granados Romero y otro.
Demandado: Nación — Rama Judicial - Consejo Superior de la Judicatura —
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Temas: Bonificación por compensación. Incidencia prima especial de
servicios del artículo 15 de la Ley 4.ta de 1992. Análisis de la
prescripción antes y después de la entrada en vigencia del
Decreto 4040 de 2004. MODIFICA SENTENCIA
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto tanto por la parte demandante
como demandada contra la sentencia proferida el treinta (30) de junio de dos mil
veintidós (2022) por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio de la
cual accedió parcialmente a las pretensiones.
ANTECEDENTES
1. Las señoras Claudia Marcela Granados Romero y Rosana Paola Zuluaga
Montaña instauraron demanda1 en contra de la Nación - Rama Judicial - Consejo
Superior de la Judicatura — Dirección Ejecutiva de Administración Judicial en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado
en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, con el fin de que se acceda a las siguientes
PRETENSIONES
2. Que se declare la nulidad de la Resolución 2387 del 9 de febrero de 2016 por
medio de la cual la entidad negó la bonificación por compensación; como
1 Folios 84 a 112.
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restablecimiento del derecho, se condene a reconocer y pagar, de manera indexada
y con intereses moratorios, la diferencia en su remuneración, equivalente al 80% de
todo lo percibido por los magistrados de altas cortes, para Claudia Marcela
Granados Romero y Rosana Paola Zuluaga Montaña, en su orden, desde el 1º de
mayo de 2003 y el 3 de septiembre de 2009 y hasta que se profiera el fallo, teniendo
en cuenta la diferencia salarial entre congresistas y magistrados de alta corte.
HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
3. Que Claudia Marcela Granados Romero se ha desempeñado como abogada
auxiliar, profesional asistente, magistrada auxiliar de la Sala Administrativa y
directora de la Unidad de Carrera Judicial de la Sala Administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura, desde el 1 de mayo de 2003 y hasta la presentación de
la demanda.
4. Que Rosana Paola Zuluaga Montaña ha laborado como directora del Centro
de Documentación Judicial, CENDOJ, de la Sala Administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura desde el 3 de septiembre de 2009 y hasta la fecha de
presentación de la demanda.
5. Que las demandantes solicitaron a la entidad el pago de las diferencias
dejadas de percibir, petición que fue negada mediante el acto acusado.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
6. Considera violados los artículos 1, 2, 6, 13, 25, 53, 58, 90, 123 y 209 de la
Constitución Política; 15 y 21 del CST; 1, 3, 35, 36, 84, 78, 85, 158, 206 a 214 del
CCA; 2 literal a), 14 y 15 de la Ley 4ª de 1992; 84 y 152 numeral 7 de la Ley 270 de
1996; Decreto 10 de 1993; Decreto 610 de 1998; Decretos 1239 de 1998 y Decreto
1102 de 2012.
7. Que el acto demandado desconoció la Constitución, en particular el derecho
a la igualdad, así como los principios de no regresividad, trabajo igual remuneración
igual e irrenunciabilidad de los beneficios mínimos establecidos.
TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA
8. La demanda fue admitida el 16 de julio de 20192. La entidad manifestó3 que
el acto fue expedido de conformidad con la Constitución y la Ley. Propuso como
2 Folio 155.
3 Folios 174 a 182.
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excepciones: (i) Integración del litis consorcio necesario; (ii) Prescripción; (iii)
Ausencia de causa petendi y (iv) innominada.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN4
9. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante sentencia del 30 de
junio de 2022 accedió parcialmente a las pretensiones. Expuso que las
demandantes son beneficiarias del Decreto 610 de 1998 y ordenó reconocer su
derecho a percibir una remuneración equivalente al 80% de lo devengado por los
magistrados de altas cortes, desde el «30 de octubre de 2011» y mientras ocupen
uno de los empleos titulares del derecho.
10. Declaró probada la prescripción respecto de las sumas causadas con
anterioridad al «31 de octubre de 2011», en atención a que la solicitud administrativa
se presentó el 31 de octubre de 2014. En consecuencia, dispuso pagar la
bonificación por compensación equivalente al 80% de todo lo devengado por los
magistrados de alta corte, teniendo en cuenta para la liquidación de esta todos los
ingresos laborales totales anuales de carácter permanente devengados por los
congresistas, incluida la incidencia de la prima especial del artículo 15 de la Ley 4ª
de 1992.
RECURSO DE APELACIÓN
11. La parte demandante5 interpuso recurso de apelación por considerar que en
el presente asunto no operó el fenómeno de la prescripción, toda vez que para ello
es necesario que exista el derecho y la certeza sobre este, circunstancia que solo
surgió a partir de la ejecutoria de la sentencia que declaró la nulidad del Decreto
4040 de 2004. Precisó que entre el 3 de diciembre de 2004 y el 27 de enero de 2012
no corrió prescripción alguna en tanto que coexistieron los Decretos 610 de 1998 y
4040 de 2004.
12. Que el Tribunal no podía decretar de oficio la prescripción trienal de la prima
especial de que trata el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, toda vez que esta debía
ser alegada y probaba por parte de la entidad.
13. La parte demandada6 interpuso recurso de apelación, bajo el argumento de
que se vulneró el principio de congruencia. Explicó que el juez de instancia expuso
que la diferencia a reconocer en favor de las demandantes debía liquidarse teniendo
en cuenta la prima especial reconocida en favor de los magistrados de alta corte, la
cual se calcula con base en lo recibido por los congresistas anualmente, incluidas
las cesantías; pese a que esto no fue objeto de pretensión en sede administrativa
ni judicial.
4 Folios 250 a 263.
5 Folios 267 a 276.
6 Folios 280 a 284
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14. Que la parte accionante podrá reclamar el derecho dentro de los tres años a
que se hizo exigible, so pena de que operé la prescripción trienal.
TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
15. El 8 de abril de 20257 se admitieron los recursos de apelación. Las partes
guardaron silencio en la etapa de alegaciones y el Ministerio Público no rindió
concepto.
Se decidirá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
Problema jurídico
16. La Sala debe determinar si se desconoció el principio de
congruencia al ordenar la reliquidación de la bonificación por compensación
teniendo en cuenta la incidencia de la prima especial de servicios del artículo 15 de
la Ley 4.ta de 1992, y si operó la prescripción del reajuste.
Marco normativo y jurisprudencial
Bonificación por compensación
17. La bonificación por compensación fue creada mediante el Decreto 610 de
1998 tras el reconocimiento de una brecha salarial entre los magistrados de tribunal
y cargos equivalentes frente a los magistrados de altas cortes, pues para ese
momento aquellos percibían apenas el 46 % de la remuneración de estos últimos.
18. Con tal finalidad, la norma adoptó un esquema de nivelación salarial
progresiva, mediante el cual se dispuso un incremento gradual de los ingresos
laborales de los funcionarios destinatarios del decreto8, iniciando en 1999 con un
reconocimiento equivalente al 60% de lo percibido por los magistrados de las altas
cortes y alcanzando el 80% en el 2001.
7 Folios 308 a 309.
8 Artículo 2.°, Decreto 610 de 1998: «La Bonificación por Compensación de que trata el artículo anterior, se
aplicará a los Magistrados de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, Contencioso Administrativo,
Nacional y Superior Militar; a los Magistrados Auxiliares de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional,
y el Consejo Superior de la Judicatura; a los Abogados Auxiliares del Consejo de Estado; a los Fiscales y Jefes
de Unidad ante el Tribunal Nacional; a los Fiscales del Tribunal Superior Militar, los Fiscales ante el Tribunal de
Distrito, y los jefes de Unidad de Fiscalía ante Tribunal de Distrito.»
Adicionado por el artículo 1 del Decreto 1239 de 1998: «a los Secretarios Generales de la Corte Suprema de
Justicia, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional y al Secretario Judicial de la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.»
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19. Con la expedición del Decreto 2668 de 1998 se derogaron los Decretos 610
de 1998 y el 1239 del mismo año—que lo había adicionado—, lo que impedía la
posibilidad de reclamar la Bonificación por Compensación. Sin embargo, dicha
disposición fue declarada nula mediante sentencia de la Sala de Conjueces de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, del 25 de septiembre de 20019, con lo
cual recobraron vigencia los decretos derogados y se restableció la mentada
bonificación, configurándose este como un primer momento en que la asignación
resultó plenamente exigible.
20. No obstante, en el año 2004, mediante el Decreto 4040 el Gobierno Nacional
creó la denominada «Bonificación de Gestión Judicial», destinada a los mismos
beneficiarios del Decreto 610 de 1998, con el propósito de nivelar sus emolumentos
hasta en un 70% de lo devengado, por todo concepto, por los magistrados de las
altas cortes.
21. Esta medida se adoptó pese a la existencia previa de la Bonificación por
Compensación, que perseguía el mismo objetivo de subsanar la desigualdad
salarial, lo que dio lugar a la concurrencia de dos regímenes salariales aplicables a
un mismo grupo de servidores públicos. En ese contexto, el régimen introducido por
el Decreto 4040 de 2004 (incompatible con la Bonificación por Compensación)
reconoció un porcentaje inferior de nivelación salarial y condicionó su acceso al
desistimiento de las acciones judiciales promovidas con ocasión de la bonificación
del Decreto 610 de 1998 o, en su defecto, a la suscripción de contratos de
transacción cuando no se hubieran formulado reclamaciones previas.
22. El Decreto 4040 de 2004 fue objeto de control jurisdiccional y, mediante
sentencia del 14 de diciembre de 201110, la Sala de Conjueces de la Sección
Segunda del Consejo de Estado declaró su nulidad al considerar que el Gobierno
nacional excedió su potestad reglamentaria por establecer un régimen salarial
regresivo frente a uno previamente reconocido y vigente, en desconocimiento de los
principios de igualdad, progresividad y favorabilidad aplicables en materia salarial
para los beneficiarios de la norma.
23. Como consecuencia, el régimen previsto en el Decreto 4040 de 2004 fue
excluido del ordenamiento jurídico, y en su lugar, recobró vigencia el esquema de
la Bonificación por Compensación, sin las limitaciones, incompatibilidades ni
condicionamientos introducidos por la norma anulada, consolidándose nuevamente
la posibilidad de hacer efectiva dicha remuneración.
24. Ahora bien, lo cierto es que mientras coexistieron ambos regímenes no era
viable determinar con certeza cuál de ellos resultaba aplicable, y, en todo caso, una
vez declarada la nulidad de la Bonificación de Gestión Judicial, tampoco había
9 Consejo de Estado. Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 25 de septiembre de 2001. Exp. CE-
SEC2-EXP2001-N395-99. Radicado. 395-99. CP. Alvaro Lecompte Luna.
10 Consejo de Estado. Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 14 de diciembre de 2011. Exp.
11001-03-25-000-2005-00244-01 (10067-2005). CP. Carlos Arturo Orjuela Góngora.
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claridad del momento a partir del cual era exigible la Bonificación por
Compensación.
25. En atención a lo anterior, la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, mediante sentencia del 18 de mayo de 2016 11, desarrolló una
interpretación sobre la aplicación del Decreto 610 de 1998 y la prescripción trienal,
precisando que esta última solo comienza a contarse a partir de la exigibilidad del
derecho una vez superada la dualidad de normas presentada, la cual se configuró
con la ejecutoria de la sentencia que excluyó del ordenamiento jurídico el Decreto
4040 de 2004, esto es, desde el 28 de enero de 2012.
26. Además, precisó que, al momento de fijar el monto de la bonificación, las
sumas reconocidas a los congresistas por concepto de cesantías constituyen
ingresos laborales permanentes, por lo que integran la base de liquidación de la
prima especial de servicios de los magistrados de altas cortes, criterio que también
aplica a la bonificación por compensación, en la medida en que esta se determina
con base en lo que por todo concepto devenguen dichos funcionarios.
Del principio de congruencia
27. El artículo 281 del CGP, respecto de la congruencia de la sentencia, prevé lo
siguiente:
«ARTÍCULO 281. CONGRUENCIAS. La sentencia deberá estar en
consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en
las demás oportunidades que este código contempla y con las excepciones que
aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley.
No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto
del pretendido en la demanda ni por causa diferente a la invocada en esta.
Si lo pedido por el demandante excede de lo probado se le reconocerá
solamente lo último.
En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del
derecho sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de haberse
propuesto la demanda, siempre que aparezca probado y que haya sido alegado
por la parte interesada a más tardar en su alegato de conclusión o que la ley
permita considerarlo de oficio […]»
28. Al respecto, esta corporación en diferentes decisiones, entre otras, las
emitidas el 25 de enero de 201812, 4 de marzo de 202113 y 22 de noviembre de la
misma anualidad14, ha sostenido que el principio de congruencia constituye un límite
11 Consejo de Estado. Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 18 de mayo de 2016. Exp. 25000-
23-25-000-2010-00246-02(0845-15). CP. Jorge Iván Acuña Arrieta.
12 Consejo de Estado, Sección Primera. Radicado: 25000-23-41-000-2013-00911-01.
13 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 4 de marzo de 2021, radicación: 11001-
03-25-000-2013-01223-00 (3095-13), MP. César Palomino Cortes.
14 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 22 de noviembre de 2021, radicación:
11001-03-26-000-2019-00001-00 (63.104), M.P. María Adriana Marín.
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al contenido de las decisiones judiciales, de manera que lo resuelto guarde identidad
jurídica con las peticiones y excepciones propuestas por las partes en el marco del
litigio, salvo que la ley otorgue facultades oficiosas al juez. Dicho de otro modo, este
principio es entendido como la correspondencia entre lo que se decide por el juez y
lo que constituye la materia del litigio, sin incurrir en fallos ultrapetita, extrapetita o
minuspetita15, como regla general.
29. Dicho principio tiene dos connotaciones, a saber, i) externa: cuando la
decisión está en armonía con lo pedido y alegado por las partes y ii) interna: cuando
existe coherencia en lo dispuesto en la parte resolutiva y lo argüido en la parte
motiva de la providencia16.
Resolución del caso concreto
30. El objeto de discusión en el presente caso se circunscribe a la forma de
liquidación del derecho y a la prescripción parcial.
31. En la petición presentada en sede administrativa, las demandantes pidieron
«Se les reconozca […] el porcentaje del ochenta por ciento (80%) de los ingresos
que por todo concepto perciben los magistrados de las Altas Cortes […]» así como
también que «[…] reconozca, se liquide y pague […] la diferencia cancelada por
concepto de prima especial de servicios, conforme al artículo 15 y 16 de la Ley 4ª
de 1992».
32. A su turno, en la demanda solicitaron «[…] se cancele […] el valor
correspondiente de las diferencias adeudadas por concepto de bonificación por
compensación […] conforme al decreto 610 de 1998 equivalente al 80% que por
todo concepto perciben los magistrados de Altas Cortes, extensiva a lo que por el
mismo concepto reciben los congresistas […]» e igualmente «[…] cancelar […] una
suma equivalente al 80% de las diferencias adeudadas por concepto de prima
especial de servicios […] teniendo en cuenta para su liquidación, reconocimiento y
pago todos los ingresos laborales totales anuales de carácter permanente
devengados por los Congresistas […]».
33. De acuerdo con lo anterior, la incidencia de la prima especial de servicios fue
solicitada desde la demanda, por lo que no le asiste razón a la entidad al afirmar la
vulneración del principio de congruencia ni al calificar la sentencia apelada como
15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala 22 Especial de Revisión, providencia de 7
de abril de 2015, radicación 11001-03-15-000-2013-00358-00 (REV).
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 16 de agosto de 2002,
radicación: 76001232400019970434501 (12668): «[…] Cuando en una providencia judicial, no se respeta el
principio de la congruencia, se incurre en lo que la doctrina ha llamado fallo “ultrapetita” que consiste en
reconocer un mayor derecho que el invocado por el demandante, “extrapetita”: cuando se reconoce un derecho
que no ha sido reclamado o cuando se reconoce un derecho reclamado o se acoge la pretensión pero por una
causa diferente o deducida de hechos no alegados, y “minuspetita”: cuando se omite el pronunciamiento sobre
una de las pretensiones.»
16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Sentencia de 21 de noviembre
de 2007. Expediente: 50001233100020020019802 (15770). Actor: Germán Darío Ospina Garzón. Demandado:
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN.
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Radicado: 25000-23-42-000-2016-04503-02 (0575-2023)
una decisión extra petita.
34. En todo caso, comparte la Sala lo decidido por el tribunal respecto de la base
de liquidación de la bonificación por compensación, por cuanto, según la
jurisprudencia de esta corporación17, dicho emolumento se fija como un porcentaje
de lo que por todo concepto reciben los magistrados de altas cortes, por lo que su
cuantía también depende de la base utilizada para el cálculo de la prima especial
de servicios prevista en el artículo 15 de la Ley 4a de 1992, reconocida a dichos
funcionarios. A su vez, esta prima se liquida con fundamento en la equiparación de
la totalidad de los emolumentos percibidos por los congresistas, dentro de los cuales
las cesantías han sido reconocidas18 como ingresos laborales anuales de carácter
permanente, y, por tanto, consideradas como factor de liquidación.
35. Ahora, para efectos de examinar la prescripción, se advierte que las
demandantes han prestado sus servicios a la Rama Judicial, así:
Demandante Cargo y tiempo
• Abogada auxiliar del Consejo de Estado,
Sección Cuarta19: Del 1 de mayo de 2003 al 29 de
febrero de 2004.
• Profesional asistente, Sala Administrativa
del CS de la J.: Del 1 de marzo de 2004 al 6 de abril
Claudia Marcela Granados Romero de 2008
• Magistrada auxiliar del CS de la J.: Del 7 de
abril de 2008 hasta el 12 de enero de 2012
• Directora de la Unidad de Carrera Judicial
de la Sala Administrativa del CS de la J.: Del 13 de
enero de 2012 y hasta la fecha20.
17 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 4 de septiembre de 2025. Exp. 47001 -
23-33-000-2014-00057-02 (4173-2023). C.P. Luis Eduardo Mesa Nieves. Consejo de Estado. Sección Segunda.
Sala de Conjueces. Sentencias proferidas el 18 de mayo de 2016. Exp. 25000-23-25-000-2010-00246-02 (0845-
2015). C.P. Jorge Iván Acuña Arrieta; el 3 de diciembre de 2024. Exp. 25000-23-42-000-2018-00716-02 (0499-
2022). C.P. Clara Elisa Cifuentes Ortiz Bogotá; el 8 de octubre de 2024. Exp 17001-23-33-000-2012-00115-02
(4006-2015). C.P. Miguel Arcángel Villalobos Chavarro.
18 Consejo de Estado. Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 4 de mayo de 2009. 25000-23-25-
000-2004-05209-02(0552-07). CP. Luis Fernando Velandia Rodríguez.
19 De acuerdo con lo previsto en el Acuerdo 250 de 1998 proferido por la Sala Administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura «PARAGRAFO 2. De conformidad con el artículo segundo del Decreto 064 de 1998,
establécese para todos los efectos la equivalencia de los cargos de PROFESIONAL ASISTENTE, ABOGADO
ASISTENTE DE LA OFICINA JURIDICA Y DIRECTOR DE UNIDAD DE LA SALA ADMINISTRATIVA
mencionados en el presente Acuerdo con el cargo de MAGISTRADO AUXILIAR». Para el efecto, se puede
consultar: https://actosadministrativos.ramajudicial.gov.co/Home/GetFile?nombreArchivo=GACETA03-98.pdf
De igual manera, en el Acuerdo 2868 de 2005, expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura «Los cargos de Abogado Asistente de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado, de la
Corte Constitucional y del Consejo Superior de la Judicatura, se denominan Magistrado Auxiliar.» así como
también «ARTÍCULO 2.- Los cargos de Abogado Auxiliar del Consejo de Estado, se denominan Magistrado
Auxiliar.» y «Los cargos de Profesional Asistente del Consejo Superior de la Judicatura, se denominan
Magistrado Auxiliar» y. Para el efecto, se puede consultar:
https://actosadministrativos.ramajudicial.gov.co/Home/GetFile?nombreArchivo=EXTRA-07-05.pdf
20 Tal como se advierte en la constancia DEAJRH 14-6726 del 20 de agosto de 2014 emitida por la directora
Administrativa de la División de Asuntos Laborales de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, obrante
a folio 29.
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• Directora del CENDOJ de la Sala
Rosana Paola Zuluaga Montaña Administrativa del CS de la J.: Del 3 de septiembre
de 2009 y a la fecha21.
36. En consideración a la fecha de ingreso, y a que antes de la entrada en
vigencia del Decreto 4040 de 2004 (3 de diciembre de 2004) no existía dualidad
normativa que afectara la exigibilidad del derecho, como regla general operaría la
prescripción respecto del lapso laborado antes de la expedición de la mentada
norma, pues así lo ha reconocido esta corporación, al señalar que la misma procede
para los periodos causados con anterioridad al 3 de diciembre de 2004.
37. No obstante, la jurisprudencia22 también ha admitido un alcance excepcional
en el cómputo de dicho fenómeno, al sostener que, si el interesado demuestra haber
interrumpido la prescripción antes de esa fecha, resulta posible retrotraer sus
efectos. Esta excepción, de carácter restrictivo, fue desarrollada por la Sala de
Conjueces en sentencia del 23 de mayo de 2018, en la que se identificaron los
supuestos previstos en el artículo 2.º del Decreto 4040 de 2004 como escenarios
habilitantes para entender configurada dicha interrupción. Sobre el particular
determinó:
«[…] lo cierto es que entre el periodo comprendido entre la ejecutoria de la
sentencia que anuló el Decreto 2668 de 1998 y la fecha de expedición del
Decreto 4040 de 2004, si procede decretarla, pues en este lapso no hubo
dualidad de normas y por lo tanto, los beneficiarios de que trata el artículo 2º
del Decreto 610 de 1998 tenían la oportunidad de demandar el reconocimiento
y pago del 80% de lo que devengaban los magistrados de las altas cortes; salvo
que se encontraran en una de las dos situaciones descritas en el numeral 2º del
Decreto 4040 de 2004, que son: i) haber iniciado acciones judiciales
relacionadas con la bonificación por compensación y haber desistido a sus
pretensiones y ii) haber efectuado reclamaciones y suscribir contratos de
transacción.»
38. A partir de ese entendimiento, esta Subsección23 ha aplicado la línea
jurisprudencial referida y, particularmente frente al supuesto contemplado en el
literal b), ha considerado necesario, además de la suscripción del contrato de
transacción, acreditar la presentación de una petición ante la entidad.
21 Tal como se observa en la constancia DEAJRH14-6691 del 20 de agosto de 2014 expedida por la directora
Administrativa de la División de Asuntos Laborales de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, obrante
a folio 30.
22 Consejo de Estado. Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 23 de mayo de 2018. Exp. 17001-
23-33-000-2012-00144-02 (0602-15). C.P. Pedro Simón Vargas Sáenz; Consejo de Estado. Sección Segunda,
Sala de Conjueces. Sentencia del 2 de septiembre de 2019. Exp. 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-18).
C.P. Carmen Anaya de Castellanos; Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 26 de
junio de 2025. Exp. 25000 23 42 000 2013 00267 02 (1132-2020). C.P. Luis Eduardo Mesa Nieves.
23 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 26 de junio de 2025. Exp. 25000 23 42
000 2013 00267 02 (1132-2020). C.P. Luis Eduardo Mesa Nieves.
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Radicado: 25000-23-42-000-2016-04503-02 (0575-2023)
39. Sin embargo, en recientes decisiones24 de la sala sobre el alcance de esa
interpretación se ha precisado que, de la lectura del literal b) del artículo 2.º del
Decreto 4040 de 2004 no se requiere la exigencia de actuaciones adicionales a la
suscripción del contrato de transacción, pues este señala que: «[…] b). Los que no
han efectuado tales reclamaciones y suscriban contratos de transacción para
precaver litigios futuros relacionados con la Bonificación por Compensación.»
40. A partir de lo expuesto, en el caso concreto de Claudia Marcela Granados
Romero no obra en el expediente copia de contrato de transacción relacionado con
las reclamaciones del derecho consagrado en el Decreto 610 de 1998, ni del
desistimiento de la demanda en la que se pretendiera la referida bonificación, con
base en las cuales se pueda concluir que el término de prescripción se interrumpió
antes del 3 de diciembre de 2004 (para el periodo del 5 de octubre de 200125 al 2 de
diciembre de 2004- cuando no se presentó la dualidad de normas). Así mismo del 1 de
enero al 4 de octubre de 2001 no obra prueba que la demandante haya interrumpido
la prescripción dentro de los 3 años siguientes - a la ejecutoria de la sentencia que
declaró la nulidad del Decreto 2668 de 1998 (que había derogado el Decreto 610 de
199826)-, con la reclamación administrativa a la entidad, por lo que estarían
prescritas las diferencias anteriores al 3 de diciembre de 2004.
41. Ahora, aunque se aportó con el recurso de apelación copia de la petición que,
en un primer momento, la señora Granados Romero radicó ante la administración
el 29 de marzo de 2007, lo cierto es que esta no podrá ser objeto de valoración por
parte de la Sala, en tanto que no se allegó dentro de las oportunidades probatorias
que prevé el artículo 212 del CPACA, a saber:
«En primera instancia, son oportunidades para aportar o solicitar la práctica de
pruebas: la demanda y su contestación; la reforma de la misma y su respuesta;
la demanda de reconvención y su contestación; las excepciones y la oposición
a las mismas; y los incidentes y su respuesta […]
En segunda instancia, cuando se trate de apelación de sentencia, en el término
de ejecutoria del auto que admite el recurso, las partes podrán pedir pruebas,
que se decretarán únicamente en los siguientes casos:
1. Cuando las partes las pidan de común acuerdo. […]
2. Cuando fuere negado su decreto en primera instancia o no obstante haberse
decretado se dejaron de practicar sin culpa de la parte que las pidió. […]
3. Cuando versen sobre hechos acaecidos después de transcurrida la
oportunidad para pedir pruebas en primera instancia, pero solamente para
demostrar o desvirtuar estos hechos.
24 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A. Sentencias del 5 de marzo de 2026. Exp. 25000-23-
25-000-2011-00826-02 (1261-2019) y 25000-23-25-000-2012-01329-02 (1945-2024). C.P. Jorge Iván Duque
Gutiérrez.
25 Ejecutoria de la sentencia que declaró la nulidad del Decreto 2668 de 1998.
26 Ver Sentencia complementaria de la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado, del
7 de mayo de 2024, expediente: 250002325000200900648 02, Número interno: 1832-2014.
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Radicado: 25000-23-42-000-2016-04503-02 (0575-2023)
4. Cuando se trate de pruebas que no pudieron solicitarse en la primera
instancia por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.
5. Cuando con ellas se trate de desvirtuar las pruebas de que tratan los
numerales 3 y 4, las cuales deberán solicitarse dentro del término de ejecutoria
del auto que las decreta. […]».
42. En este punto es de resaltar que tal como lo prevé la regulación procesal,
quien afirma la existencia de una ilegalidad es quien debe invocar las normas
violadas, el concepto de la violación, y además, desplegar una actividad probatoria27
suficiente y adecuada para lograr el efecto jurídico de los preceptos que
fundamentan el derecho reclamado a través de un medio de control como el nulidad
y restablecimiento del derecho, lo cual se traduce en la concreción del postulado
adjetivo de la carga de la prueba al tenor del artículo 167 del CGP28 .
43. En consecuencia, no se configura ninguno de los supuestos que permiten la
interrupción del término respecto del derecho causado con anterioridad a la
expedición del Decreto 4040 de 2004; por tal razón, procede declarar su
prescripción parcial, esto es, por el tiempo laborado antes del 3 de diciembre de
2004, respecto de Claudia Marcela Granados Romero. Por tanto, se modificarán los
ordinales tercero y quinto de la sentencia apelada para declarar probada la
excepción, pero desde la fecha mencionada.
44. En consecuencia, el reconocimiento del reajuste solicitado por las
demandantes debe efectuarse a partir del 3 de diciembre de 2004 para la señora
Granados Romero, y desde el 3 de septiembre de 2009 para la señora Zuluaga
Montaña, pues como se expuso previamente, esta corporación, en sentencia del 18
de mayo de 2016, definió el cómputo de la prescripción en los siguientes términos:
«El asunto que se debate en torno a la aplicación de la prescripción trienal, es
que ante la coexistencia de dos regímenes salariales diferentes, no es posible
hablar de exigibilidad del derecho a reclamar, debido a que para los
beneficiarios de los derechos existía la disyuntiva del Decreto 610 de 1998, que
reconoce la Bonificación por Compensación Judicial y el régimen salarial del
Decreto 4040 de 2004, que reconocía la Bonificación por Gestión Judicial. Es
27 El concepto de carga procesal debe entenderse, tal y como fue definido por la Corte Constitucional, en
Sentencia C-123 del 18 de febrero de 2004. M.P. Álvaro Tafur Galvis, así:
«Las cargas procesales son aquellas situaciones instituidas por la ley que comportan o demandan una conducta
de realización facultativa, normalmente establecida en beneficio del mismo sujeto y cuya omisión trae aparejada
para él consecuencias desfavorables, como la preclusión de una oportunidad o un derecho procesal e inclusive
hasta la pérdida del derecho sustancial debatido en el proceso.
Por tanto, no debe perderse de vista que este principio, ante todo es una carga procesal, cuya inobservancia
genera una desestimación de las pretensiones o excepciones alegadas por los sujetos procesales».
28 «Artículo 167. Carga de la prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que
consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. No obstante, según las particularidades del caso, el juez podrá,
de oficio o a petición de parte, distribuir, la carga al decretar las pruebas, durante su práctica o en cualquier
momento del proceso antes de fallar, exigiendo probar determinado hecho a la parte que se encuentre en una
situación más favorable para aportar las evidencias o esclarecer los hechos controvertidos. La parte se
considerará en mejor posición para probar en virtud de su cercanía con el material probatorio, por tener en su
poder el objeto de prueba, por circunstancias técnicas especiales, por haber intervenido directamente en los
hechos que dieron lugar al litigio, o por estado de indefensión o de incapacidad en la cual se encuentre la
contraparte, entre otras circunstancias similares. […]»
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Radicado: 25000-23-42-000-2016-04503-02 (0575-2023)
decir, no se podía establecer con exactitud cuál de los regímenes era el
aplicable, ante lo cual resultaba imposible referirse a la exigibilidad del derecho.
En este sentido solo puede hablarse de exigibilidad de la Bonificación por
Compensación, a partir de la fecha de ejecutoria del fallo que declaró la nulidad
del Decreto 40403, es decir el 28 de enero de 2012.
(…) Ahora bien; Sobre el tema de la prescripción, la Sala de Conjueces ha
resuelto en casos análogos, que el término de prescripción se cuenta desde que
el derecho se hace exigible, que para el caso específico se reputa sólo hasta la
fecha de ejecutoria de la sentencia que declaró la nulidad del Decreto 4040 de
2004, es decir, a partir del 28 de enero de 2012.»
45. En atención a que las demandantes presentaron la reclamación
administrativa el 31 de octubre de 201429 y a que el cómputo del término prescriptivo
se cuenta a partir del 28 de enero de 2012, se concluye que no operó el fenómeno
respecto del tiempo laborado a partir del 3 de diciembre de 2004, en relación con la
señora Granados Romero; y desde el 3 de septiembre de 2009, en favor de Zuluaga
Montaña fecha en la que ingreso al servicio en un cargo beneficiario de la
Bonificación por compensación, por tanto, se modificarán los ordinales tercero y
quinto de la sentencia apelada en lo relativo a la fecha desde la cual debe
reconocerse el derecho.
De la condena en costas en segunda instancia
46. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior,
de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de
ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que
gobierna esta materia.
47. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente
de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público. Esto
creó una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición
en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el
caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el
artículo 188 del CPACA se mantiene incólume. En ese sentido la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.
48. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida. La
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
29 Folios 3 a 12.
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Radicado: 25000-23-42-000-2016-04503-02 (0575-2023)
49. En consecuencia, no se impondrán costas en esta instancia a la parte
recurrente, por cuanto se accedió parcialmente a las peticiones del recurso de
apelación en la medida en que se modificará el fallo en algunos aspectos a su favor.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. MODIFICAR el ordinal tercero de la sentencia apelada, el cual quedará
de la siguiente forma:
«[…] TERCERO.- Declarar parcialmente probada la excepción de prescripción a
partir del 2 de diciembre de 2004 hacia atrás, conforme a la parte motiva de esta
sentencia»
Segundo. MODIFICAR el ordinal quinto de la sentencia apelada, el cual quedará
de la siguiente forma:
«[…] QUINTO.- Condenar a la NACIÓN - RAMA JUDICIAL, a reconocer y pagar a
ROSANA PAOLA ZULUAGA MONTAÑA y CLAUDIA MARCELA GRANADOS
ROMERO, retroactivamente, el derecho a recibir una bonificación por compensación
equivalente al ochenta por ciento (80%) mensual, de conformidad con el Decreto
610 de 1998, incluyendo la prima de servicios, prima de vacaciones, prima de
navidad, bonificación por servicios y las diferencias adeudadas por concepto de
prima especial de servicios, teniendo en cuenta para la liquidación de esta todos los
ingresos laborales totales anuales de carácter permanente devengados por los
congresistas, que son: sueldo básico, gastos de representación, prima de
localización y vivienda, prima de salud, primas de servicios, prima de navidad y
cesantías, con la incidencia que tiene el artículo 15 de la Ley 4ª de 1992 con la
inclusión de todo lo devengado por un Magistrado de Alta Corte, para la señora
Granados romero a partir del 3 de diciembre de 2004, y para la señora Zuluaga
Montaña desde el 3 de septiembre de 2009 y hasta cuando funjan en uno de los
cargos titulares de los derechos aquí reconocidos, todo ello con los
correspondientes reajustes, salvo que éstos si deben ser tenidos en cuenta para la
reliquidación de la pensión de jubilación o aportes para el sistema de seguridad
social en pensiones, por ser un derecho irrenunciable e imprescriptible y constituir
factor salarial para estos efectos, conforme a lo expuesto en el acápite del caso
concreto de la presente sentencia […]»
Tercero CONFIRMAR en lo demás, la sentencia proferida el treinta (30) de junio de
dos mil veintidós (2022) por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio
de la cual accedió parcialmente a las pretensiones.
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13
Radicado: 25000-23-42-000-2016-04503-02 (0575-2023)
Cuarto. Abstenerse de condenar en costas en esta instancia, según lo manifestado
en esta sentencia.
Quinto. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones
pertinentes en el aplicativo SAMAI.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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