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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 54001-23-33-000-2014-00142-02

Fecha
3 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 54001-23-33-000-2014-00142-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. MODIFICAR el ordinal primero de la sentencia apelada, el cual quedará de la siguiente forma: «Primero: A título de restablecimiento del derecho CONDÉNESE a la Nación- Procuraduría General de la Nación a reconocer y pagar a la parte demandante la bonificación por compensación prevista en el Decreto 610 de 1998, equivalente al ochenta por ciento (80%) de lo que por todo concepto devengan los magistrados de altas cortes, por el periodo comprendido entre el 5 de octubre de 2001 y el 31 de julio de 2003. Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9 Radicado: 54001-23-33-000-2014-00142-02 (5539-2023) La entidad deberá reajustar la remuneración percibida por el ex procurador y, en todo caso, pagar únicamente la diferencia entre los valores previamente reconocidos, si existieren, y los que resulten de la liquidación ordenada. La bonificación por compensación no constituye factor salarial para los efectos de reliquidación de prestaciones sociales. La suma de dinero que resulte de la condena anterior se ajustará conforme a las previsiones planteadas en la parte considerativa del fallo» Segundo. Modificar el ordinal cuarto de la sentencia apelada, el cual quedará así: «DECLARAR probada, parcialmente, la excepción de prescripción trienal propuesta por la Nación – Procuraduría General de la Nación, de las sumas causadas con anterioridad al 4 de octubre de 2001, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia» Tercero: CONFIRMAR en lo demás la sentencia proferida el seis (6) de diciembre de dos mil veintiuno (2021) por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, por medio de la cual se accedió parcialmente a las pretensiones. Cuarto. Abstenerse de condenar en costas en esta instancia, según lo manifestado en esta sentencia. Quinto. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones pertinentes en el aplicativo SAMAI. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 54001-23-33-000-2014-00142-02

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

3 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., tres (03) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 54001-23-33-000-2014-00142-02 (5539-2023)
Demandante: Addy Montañez de Pacheco y otros1.
Demandado: Nación - Procuraduría General de la Nación

Temas: Bonificación por compensación. Prescripción. MODIFICA
SENTENCIA

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el seis (6) de diciembre de dos mil veintiuno (2021) por el
Tribunal Administrativo de Norte de Santander, por medio de la cual se accedió a
las súplicas de la demanda, y se declaró la prescripción del derecho.

ANTECEDENTES

1. La señora Addy Montañez de Pacheco, en calidad de cónyuge, y Adrian
Alberto, Diana Patricia, Alexander y Fabian Alfonso Pacheco Montañez, en su
condición de hijos del señor Luis Alfonso Pacheco Montagut, presentaron demanda2
en contra de la Nación - Procuraduría General de la Nación en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con
el fin de que se acceda a las siguientes

PRETENSIONES

2. Que se declare la nulidad del Oficio SG3817 del 10 de septiembre de 2012 y
de la Resolución 990 del 12 de octubre de 2012, expedidos por la Procuraduría
General de la Nación.

1 Addy Montañez de Pacheco, en calidad de cónyuge, y Adrian Alberto Pacheco Montañez, Diana Patricia

Pachecho Montañez, Alexander Pacheco Montañez y Fabian Alfonso Pacheco Montañez, en su condición de
hijos del señor Luis Alfonso Pacheco Montagut.
2 Folios 12 a 31 del documento “001Demanda” contenido en el archivo zip “ED_54001233300020140014(.zip)

NroActua 2” obrante en el índice 2 de SAMAI.

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3. Como restablecimiento del derecho, se declare la pérdida de fuerza
ejecutoria del contrato de transacción suscrito con la entidad demandada; se
condene a reconocer y pagar las sumas dejadas de cancelar a partir del 1º enero
de 2001 y hasta cuando el señor Pacheco Montagut se desempeñó como
procurador II, derivadas de la diferencia existente entre el salario mensual
devengado y el 80% de lo que por todo concepto perciben los magistrados de alta
corte, conforme a lo dispuesto en el Decreto 610 de 1998, quienes a su vez deben
recibir una remuneración igual a la que devenga un congresista, según lo prevé el
artículo 15 de la Ley 4ª de 1992.

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que resumen de la siguiente manera:

4. Que el señor Luis Alfonso Pacheco Montagut prestó sus servicios a la
Procuraduría General de la Nación, desde el «16 de septiembre de 1985»3 hasta el
31 de julio de 2003. El último cargo que ocupó fue el de procurador 88 Judicial II
Penal de Cúcuta.

5. Que suscribió contrato de transacción con la entidad demandada en
diciembre de 2004. Posteriormente, el 31 de mayo de 2005 falleció.

6. Que el 17 de agosto de 2012 la cónyuge y los hijos, solicitaron a la
Procuraduría General de la Nación, el reconocimiento y pago de las diferencias
salariales de conformidad con las disposiciones contenidas en el Decreto 610 de
1998 durante el periodo en el que el causante se desempeñó como procurador
Judicial II. Petición que fue negada a través de los actos demandados.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

7. Consideraron violados los artículos 2, 4, 13, 25, 29, 53, 55, 58 y 280 de la
Constitución Política; 15 del CST; Convenio 111 de la OIT aprobado por la Ley 22
de 1967; el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales adoptado por la
Ley 74 de 1968; 2 de la Ley 4 de 1992 y el Decreto 610 de 1998.

8. Que los actos acusados desconocieron la Constitución, en particular el
derecho a la igualdad, así como los principios de no regresividad, trabajo igual
remuneración igual e irrenunciabilidad de los beneficios mínimos establecidos. En
su criterio, existe un derecho adquirido de los destinatarios del Decreto 610 de 1998
a percibir la bonificación por compensación equivalente al 80 % de lo devengado
por los magistrados de altas cortes, el cual ha sido reiteradamente reconocido por
la jurisprudencia.

3 Así se indicó expresamente en el folio 15 de la demanda. Documento denominado “001Demanda” en el

contenido en el archivo zip “ED_54001233300020140014(.zip) NroActua 2” obrante en el índice 2 de SAMAI.

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TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

9. La demanda fue admitida el 8 de julio de 20164, y la entidad manifestó5 que
los actos se profirieron con observancia de la Constitución y la ley. Propuso como
excepciones las que denominó: (i) inepta demanda por indebida escogencia del
medio de control, (ii) falta de legitimación por pasiva, (iii) prescripción extintiva y (iv)
innominada.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN6

10. El Tribunal Administrativo de Norte de Santander mediante sentencia del 6
de diciembre de 2021, resolvió: (i) declarar la nulidad de los actos demandados; (ii)
declarar probada la prescripción del derecho y (iii) negar las demás pretensiones.
Concluyó que, revisadas las pruebas obrantes en el expediente, así como las
disposiciones contenidas en el Decreto 610 de 1998, en principio, el causante tiene
derecho a percibir el 80% de lo que por todo concepto devengó un magistrado de
alta corte, durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2001 y el 31 de
julio de 2003.

11. No obstante, teniendo en consideración que el trabajador se retiró del servicio
el 31 de julio de 2003, que la petición se radicó por parte de sus beneficiarios el 17
de agosto de 2012 y que no se demostró la existencia de un contrato de transacción
suscrito en diciembre de 2004 entre el fallecido y la entidad, declaró probada la
prescripción del derecho reclamado. Particularmente, expuso que no se aportó
prueba alguna de que la prescripción se hubiere interrumpido antes del 3 de
diciembre de 2004.

RECURSOS DE APELACIÓN

12. La parte demandante7 sostuvo que el periodo comprendido entre el 1.° de
enero de 2001 y el 31 de julio de 2003 no se encuentra sometido a prescripción,
porque esta inició a correr a partir de la ejecutoria de la sentencia que declaró la
nulidad del Decreto 4040 de 2004, esto es, desde el 27 de enero de 2012.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

13. El 19 de agosto de 20258 se admitió el recurso. Las partes guardaron silencio.
El Ministerio Público emitió concepto9 solicitando confirmar la sentencia por

4 Índice 16 SAMAI, otros despachos.
5 Folios 1 a 9 del documento “008ContestacionDemanda” contenido en el archivo zip
“ED_54001233300020140014(.zip) NroActua 2” obrante en el índice 2 de SAMAI.
6 Documento “019SentenciaNyR” contenido en el archivo zip “ED_54001233300020140014(.zip) NroActua 2”

obrante en el índice 2 de SAMAI.
7 Folios 2 a 3 del documento “020RecursoApelacion” contenido en el archivo zip
“ED_54001233300020140014(.zip) NroActua 2” obrante en el índice 2 de SAMAI.
7 Documento “019SentenciaNyR” contenido en el archivo zip “ED_54001233300020140014(.zip) NroActua 2”

obrante en el índice 2 de SAMAI.
8 Índice 21 de SAMAI.
9 Índice 25 de SAMAI.

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considerar que esta se ajustó al marco normativo y jurisprudencial aplicable a la
bonificación por compensación y a la figura de la prescripción.

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES
Problema jurídico

14. La Sala debe determinar si operó la prescripción del derecho de la parte
demandante a la bonificación por compensación prevista en el Decreto 610 de 1998.

Marco normativo y jurisprudencial

Bonificación por compensación

15. La bonificación por compensación fue creada mediante el Decreto 610 de
1998 tras el reconocimiento de una brecha salarial entre los magistrados de tribunal
y otros funcionarios frente a los magistrados de altas cortes, pues aquellos percibían
una remuneración inferior a la de estos últimos.

16. Con tal finalidad, la norma adoptó un esquema de nivelación salarial
progresiva, mediante el cual se dispuso un incremento gradual de los ingresos
laborales de los funcionarios destinatarios del decreto10, iniciando en 1999 con un
reconocimiento equivalente al 60% de lo percibido por los magistrados de las altas
cortes y alcanzando el 80% en el 2001.

17. Con la expedición del Decreto 2668 de 1998 se derogaron los Decretos 610
de 1998 y el 1239 del mismo año—que lo había adicionado—, lo que impedía la
posibilidad de reclamar la Bonificación por Compensación. Sin embargo, dicha
disposición fue declarada nula mediante sentencia de la Sala de Conjueces de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, del 25 de septiembre de 200111, con lo
cual recobraron vigencia los decretos derogados y se restableció la mentada
bonificación, configurándose este como un primer momento en que la asignación
resultó plenamente exigible.

18. No obstante, en el año 2004, mediante el Decreto 4040 el Gobierno Nacional
creó la denominada «Bonificación de Gestión Judicial», destinada a los mismos
beneficiarios del Decreto 610 de 1998, con el propósito de nivelar sus emolumentos

10 Artículo 2.°, Decreto 610 de 1998: «La Bonificación por Compensación de que trata el artículo anterior, se

aplicará a los Magistrados de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, Contencioso Administrativo,
Nacional y Superior Militar; a los Magistrados Auxiliares de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional,
y el Consejo Superior de la Judicatura; a los Abogados Auxiliares del Consejo de Estado; a los Fiscales y Jefes
de Unidad ante el Tribunal Nacional; a los Fiscales del Tribunal Superior Militar, los Fiscales ante el Tribunal de
Distrito, y los jefes de Unidad de Fiscalía ante Tribunal de Distrito.»
Adicionado por el artículo 1 del Decreto 1239 de 1998: «a los Secretarios Generales de la Corte Suprema de
Justicia, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional y al Secretario Judicial de la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.»
11 Consejo de Estado. Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 25 de septiembre de 2001. Exp.

CE-SEC2-EXP2001-N395-99. Radicado. 395-99. CP. Alvaro Lecompte Luna.

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hasta en un 70% de lo devengado, por todo concepto, por los magistrados de las
altas cortes.

19. Esta medida se adoptó pese a la existencia previa de la Bonificación por
Compensación, que perseguía el mismo objetivo de subsanar la desigualdad
salarial, lo que dio lugar a la concurrencia de dos regímenes salariales aplicables a
un mismo grupo de servidores públicos. En ese contexto, el régimen introducido por
el Decreto 4040 de 2004 (incompatible con la Bonificación por Compensación)
reconoció un porcentaje inferior de nivelación salarial y condicionó su acceso al
desistimiento de las acciones judiciales promovidas con ocasión de la bonificación
del Decreto 610 de 1998 o, en su defecto, a la suscripción de contratos de
transacción cuando no se hubieran formulado reclamaciones previas.

20. El Decreto 4040 de 2004 fue objeto de control jurisdiccional y, mediante
sentencia del 14 de diciembre de 201112, la Sala de Conjueces de la Sección
Segunda del Consejo de Estado declaró su nulidad al considerar que el Gobierno
nacional excedió su potestad reglamentaria por establecer un régimen salarial
regresivo frente a uno previamente reconocido y vigente, en desconocimiento de los
principios de igualdad, progresividad y favorabilidad aplicables en materia salarial
para los beneficiarios de la norma.

21. Como consecuencia, el régimen previsto en el Decreto 4040 de 2004 fue
excluido del ordenamiento jurídico, y en su lugar, recobró vigencia el esquema de
la Bonificación por Compensación, sin las limitaciones, incompatibilidades ni
condicionamientos introducidos por la norma anulada, consolidándose nuevamente
la posibilidad de hacer efectiva dicha remuneración.

22. Ahora bien, lo cierto es que mientras coexistieron ambos regímenes no era
viable determinar con certeza cuál de ellos resultaba aplicable, y, en todo caso, una
vez declarada la nulidad de la Bonificación de Gestión Judicial, tampoco había
claridad del momento a partir del cual era exigible la Bonificación por
Compensación.

23. En atención a lo anterior, la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, mediante sentencia del 18 de mayo de 2016 13, desarrolló una
interpretación sobre la aplicación del Decreto 610 de 1998 y la prescripción trienal,
precisando que esta última solo comienza a contarse a partir de la exigibilidad del
derecho una vez superada la dualidad de normas presentada, la cual se configuró
con la ejecutoria de la sentencia que excluyó del ordenamiento jurídico el Decreto
4040 de 2004, esto es, desde el 28 de enero de 2012.

24. Además, precisó que, al momento de fijar el monto de la bonificación, las
sumas reconocidas a los congresistas por concepto de cesantías constituyen

12 Consejo de Estado. Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 14 de diciembre de 2011. Exp.

11001-03-25-000-2005-00244-01 (10067-2005). CP. Carlos Arturo Orjuela Góngora.
13 Consejo de Estado. Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 18 de mayo de 2016. Exp. 25000-

23-25-000-2010-00246-02(0845-15). CP. Jorge Iván Acuña Arrieta.

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ingresos laborales permanentes, por lo que integran la base de liquidación de la
prima especial de servicios de los magistrados de altas cortes, criterio que también
aplica a la bonificación por compensación, en la medida en que esta se determina
con base en lo que por todo concepto devenguen dichos funcionarios.

Resolución del caso concreto

25. Para resolver el asunto en cuestión, es indispensable determinar el momento
en el que se causó el derecho y la fecha en la que se acudió a la administración
para solicitar el mismo.

26. El señor Luis Alfonso Pacheco Montagut prestó sus servicios como
procurador judicial II entre el 1 de julio de 1992 y el 31 de julio de 200314 y se reclama
el pago de la bonificación por compensación causada entre el 1º enero de 2001 y el
31 de julio de 2003, fecha de retiro del servicio. Sobre el particular, se advierte que,
si bien se retiró del servicio en esta última fecha, lo cierto es que dicha circunstancia
no implica por sí sola la pérdida del derecho, pues tal como lo sostuvo esta
subsección15 habrá de examinarse sí se configuró alguna de las excepciones para
interrumpir la prescripción.

27. En efecto, la jurisprudencia16 ha admitido que, si el interesado demuestra
haber interrumpido la prescripción antes del 4 de diciembre de 2004, resulta posible
retrotraer sus efectos. Esta excepción, de carácter restrictivo, fue desarrollada por
la Sala de Conjueces en sentencia del 23 de mayo de 2018, mencionada en párrafos
precedentes, en la que se identificaron los supuestos previstos en el artículo 2.º del
Decreto 4040 de 2004 como escenarios habilitantes para entender configurada
dicha interrupción. Sobre el particular determinó:

«[…] lo cierto es que entre el periodo comprendido entre la ejecutoria de
la sentencia que anuló el Decreto 2668 de 1998 y la fecha de expedición
del Decreto 4040 de 2004, si procede decretarla, pues en este lapso no
hubo dualidad de normas y por lo tanto, los beneficiarios de que trata el
artículo 2º del Decreto 610 de 1998 tenían la oportunidad de demandar
el reconocimiento y pago del 80% de lo que devengaban los magistrados
de las altas cortes; salvo que se encontraran en una de las dos
situaciones descritas en el numeral 2º del Decreto 4040 de 2004, que
son: i) haber iniciado acciones judiciales relacionadas con la bonificación
por compensación y haber desistido a sus pretensiones y ii) haber
efectuado reclamaciones y suscribir contratos de transacción.»

14 Tal como consta en la certificación emitida por la jefe de la División de Gestión Humana de la Procuraduría

General de la Nación el 11 de junio de 2026, en cumplimiento del auto para mejor proveer del 14 de mayo de
2026, expedido por el despacho sustanciador. Véase índice 32 de SAMAI.
15 Consejo De Estado Sala De Lo Contencioso Administrativo Sección Segunda – Subsección A Consejero

Ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves. Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de julio de dos mil veinticinco (2025),
Radicación: 19001 23 33 000 2015 00107 02 (3843-2021)
16 Consejo de Estado. Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 23 de mayo de 2018. Exp. 17001-

23-33-000-2012-00144-02 (0602-15). C.P. Pedro Simón Vargas Sáenz; Consejo de Estado. Sección Segunda,
Sala de Conjueces. Sentencia del 2 de septiembre de 2019. Exp. 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-18).
C.P. Carmen Anaya de Castellanos; Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 26 de
junio de 2025. Exp. 25000 23 42 000 2013 00267 02 (1132-2020). C.P. Luis Eduardo Mesa Nieves.

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28. A partir de ese entendimiento, esta Subsección17 ha aplicado la línea
jurisprudencial referida y, particularmente frente al supuesto contemplado en el
literal b), ha considerado necesario, además de la suscripción del contrato de
transacción, acreditar la presentación de una petición ante la entidad.

29. Sin embargo, en recientes decisiones18 de la sala sobre el alcance de esa
interpretación se ha precisado que, de la lectura del literal b) del artículo 2.º del
Decreto 4040 de 2004 no se requiere la exigencia de actuaciones adicionales a la
suscripción del contrato de transacción, pues este señala que: «[…] b). Los que no
han efectuado tales reclamaciones y suscriban contratos de transacción para
precaver litigios futuros relacionados con la Bonificación por Compensación.»

30. Lo anterior sin perjuicio de que esta interpretación se aplique de igual forma
en lo que al supuesto del literal a) se refiere, esto es, «a). Quienes han iniciado
acciones judiciales relacionadas con la Bonificación por Compensación y desistan
de sus pretensiones […]»

31. Así pues, la exigibilidad del derecho para reclamar el reconocimiento de la
bonificación por compensación, contenida en el Decreto 610 de 1998, se dio en dos
tiempos diferentes, a saber: (i) entre el 5 de octubre de 2001 y el 3 de diciembre de
2004, periodo entre la ejecutoria de la sentencia que anuló el Decreto 2668 de 1998
y la expedición del Decreto 4040 de 2004 y (ii) entre el 27 de enero de 2012 y el 27
de enero de 2015, lapso comprendido entre la ejecutoriada de la decisión que anuló
el Decreto 4040 de 2004 y los tres años para reclamar el reconocimiento y pago de
la prestación (entre el 4 de diciembre de 2004 y 27 de enero de 2012, hubo dualidad
normativa, en tanto que coexistieron el Decreto 4040 de 2004 y Decreto 610 de
1998).

32. En estos términos, es preciso aclarar que es a partir del 5 de octubre de 2001
que inicia el cómputo del término prescriptivo señalado en los Decretos 3135 de
1968 y 1848 de 1969, por cuanto solo desde esa fecha el derecho adquirió
exigibilidad. Así, aunque los efectos ex tunc de la sentencia que declaró la nulidad
del Decreto 2668 de 1998 permiten determinar la causación del derecho desde la
vigencia del Decreto 610 de 1998, su exigibilidad únicamente se configuró desde el
5 de octubre de 2001, razón por la cual el término trienal de prescripción debe
contarse a partir de esta última fecha, con incidencia sobre los derechos causados
con anterioridad.

33. Así las cosas, teniendo en consideración el periodo reclamado, esto es, del
1º enero de 2001 al 31 de julio de 2003, y a que antes de la entrada en vigencia del
Decreto 4040 de 2004 (3 de diciembre de 2004) no existía dualidad normativa que
incidiera en la exigibilidad del derecho, como regla general operaría la prescripción

17 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 26 de junio de 2025. Exp. 25000 23 42

000 2013 00267 02 (1132-2020). C.P. Luis Eduardo Mesa Nieves.
18 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A. Sentencias del 5 de marzo de 2026. Exp. 25000-23-

25-000-2011-00826-02 (1261-2019) y 25000-23-25-000-2012-01329-02 (1945-2024). C.P. Jorge Iván Duque
Gutiérrez.

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respecto del lapso solicitado, pues así lo ha reconocido esta corporación, al señalar
que la misma procede para los periodos causados con anterioridad al 3 de diciembre
de 2004.

34. No obstante, revisado el proceso se observa que, si bien, como lo expuso el
juez de instancia, no obra contrato de transacción, lo cierto que es sí se aportó
desistimiento de la demanda, suscrito el 16 de diciembre de 2004, con destino al
radicado: 1999-4134 adelantado ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
en el que expresamente se indicó «desistir en los términos del decreto 4040 del día 3
de Diciembre de 2004 […] a través del cual se creó la prestación de gestión judicial,
retroactiva e incompatible con la prestación […] Bonificación por Compensación, acto que
permite un acuerdo sobre la reclamación judicial en controversia […]»19.

35. Dicho desistimiento fue aceptado por la referida corporación a través de
providencia del 1 de febrero de 200520; elemento suficiente para tener por
configurado uno de los supuestos que habilitan la interrupción del término, por lo
que procede el reconocimiento de las diferencias, si las hay entre 5 de octubre de
2001 y el 31 de julio de 2003.

36. Ahora, en lo que corresponde al periodo anterior al 5 de octubre de 2001,
revisado el expediente, la Sala no encuentra probado que el trabajador hubiere
presentado petición alguna tendiente a obtener el pago de las diferencias por
concepto de la bonificación por compensación durante un lapso anterior al 5 de
octubre de 2001, de ahí que no se ordenará reconocimiento por los periodos
anteriores a esta fecha.

37. Por tal razón, se modificarán los ordinales primero y cuarto de la sentencia
apelada para en su lugar, a título de restablecimiento del derecho, ordenar el
reconocimiento de la bonificación por compensación, prevista en el Decreto 610 de
1998, cuyo objeto es equiparar su remuneración al ochenta por ciento (80 %) de lo
que perciben anualmente los magistrados de las altas cortes, durante el lapso
comprendido entre el 5 de octubre de 2001 y el 31 de julio de 2003, ordenando su
reliquidación en la forma expuesta en esta providencia; y declarar prescritas las
sumas causadas con anterioridad al 4 de octubre de 2001. Con la claridad de que
este emolumento, en términos de la norma citada, no constituye factor salarial para
liquidar las prestaciones sociales, salvo para pensión.

38. La suma de dinero que resulte de la condena se ajustará al valor presente de
acuerdo con el artículo 187 del CPACA y la fórmula adoptada por el Consejo de
Estado, según la cual:

R= RH Índice Final
Índice inicial

19 Folio 24 del documento “015Pruebas” contenido en el archivo zip “ED_54001233300020140014(.zip)
NroActua 2” obrante en el índice 2 de SAMAI.
20 Folios 27 a 29 ibidem.

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Radicado: 54001-23-33-000-2014-00142-02 (5539-2023)

39. En la que el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico
(RH), que es lo dejado de percibir por la parte demandante por concepto de
mesadas pensionales, por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios
al consumidor certificado por el DANE, vigente a la ejecutoria de la sentencia, por
el indicie inicial, vigente para la fecha en que debió hacerse el pago. Por tratarse de
prestaciones de tracto sucesivo, la indexación deberá hacerse mes por mes.

De la condena en costas en segunda instancia

40. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior,
de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de
ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que
gobierna esta materia.

41. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente
de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público. Esto
creó una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición
en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el
caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el
artículo 188 del CPACA se mantiene incólume. En ese sentido la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.

42. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida. La
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

43. En consecuencia, no se impondrán costas en esta instancia a la parte
recurrente, por cuanto se accedió parcialmente a las peticiones del recurso de
apelación en la medida en que se modificará el fallo en algunos aspectos a su favor.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. MODIFICAR el ordinal primero de la sentencia apelada, el cual quedará
de la siguiente forma:

«Primero: A título de restablecimiento del derecho CONDÉNESE a la
Nación- Procuraduría General de la Nación a reconocer y pagar a la parte
demandante la bonificación por compensación prevista en el Decreto 610 de
1998, equivalente al ochenta por ciento (80%) de lo que por todo concepto
devengan los magistrados de altas cortes, por el periodo comprendido entre el
5 de octubre de 2001 y el 31 de julio de 2003.

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La entidad deberá reajustar la remuneración percibida por el ex procurador y,
en todo caso, pagar únicamente la diferencia entre los valores previamente
reconocidos, si existieren, y los que resulten de la liquidación ordenada.

La bonificación por compensación no constituye factor salarial para los efectos
de reliquidación de prestaciones sociales.

La suma de dinero que resulte de la condena anterior se ajustará conforme a
las previsiones planteadas en la parte considerativa del fallo»

Segundo. Modificar el ordinal cuarto de la sentencia apelada, el cual quedará así:

«DECLARAR probada, parcialmente, la excepción de prescripción trienal
propuesta por la Nación – Procuraduría General de la Nación, de las sumas
causadas con anterioridad al 4 de octubre de 2001, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia»

Tercero: CONFIRMAR en lo demás la sentencia proferida el seis (6) de diciembre
de dos mil veintiuno (2021) por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander,
por medio de la cual se accedió parcialmente a las pretensiones.

Cuarto. Abstenerse de condenar en costas en esta instancia, según lo manifestado
en esta sentencia.

Quinto. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones
pertinentes en el aplicativo SAMAI.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

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