Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 19001-23-33-000-2015-00107-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 19001-23-33-000-2015-00107-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 19001-23-33-000-2015-00107-02
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
24 de julio de 2025
Radicado: 19001 23 33 000 2015 00107 02
Demandante: Silvio Castrillón Paz
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de julio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 19001 23 33 000 2015 00107 02 (3843-2021)
Demandante: Silvio Castrillón Paz
Demandado: Fiscalía General de la Nación
Tema: Bonificación por compensación.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
I. Asunto Previo
1. Mediante auto del 7 de marzo de 20251, proferido por la conjuez de la Sección
Segunda María Andrea Calero Tafur, se ordenó remitir el expediente de la
referencia al despacho de origen para que asumiera su trámite, en razón a lo
dispuesto en el artículo 116 del CPACA2, el cual señala que cuando se modifica
la integración de la sala, los nuevos magistrados desplazan a los conjueces.
2. Ahora, comoquiera que ninguno de los miembros de la Sala advierte causal de
impedimento para conocer del presente asunto3, se procede a resolver el recurso
de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del 28 de
octubre de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca- Sala de
Conjueces, que accedió a las pretensiones de la demanda.
1 Índice 42 de SAMAI.
2 «Artículo 116. Posesión y duración del cargo de conjuez. […]
Los conjueces que entren a conocer de un asunto deberán actuar hasta que termine completamente la
instancia o recurso, aunque concluya el período para el cual fueron elegidos, pero si se modifica la
integración de la sala, los nuevos Magistrados desplazarán a los conjueces, siempre que respecto de
aquellos no se les predique causal de impedimento o recusación que dé lugar al nombramiento de
estos […]» [Se resalta].
3 Actualmente los miembros de la Sala no tienen un proceso pendiente o interés actual frente a aspectos
relacionados con el reconocimiento de la bonificación por compensación del Decreto 610, ni prima especial
del artículo 15 de la Ley 4 de 1992, objeto del presente proceso. Cabe precisar que si bien los consejeros
Luis Eduardo Mesa Nieves y Jorge Iván Duque Gutiérrez en oportunidades anteriores manifestaban
impedimento en los procesos donde se debatía la bonificación por compensación del Decreto 610, tales
manifestaciones en decisiones recientes, entre ellas dentro del expediente con radicación interna 1969-
2022, han sido declaradas infundadas por la Subsección B, al considerar que no se configura la causal
contenida en el numeral 1 del artículo 141 del CGP, atendiendo los criterios esbozados por la Sala de
conjueces en proveído de 5 de diciembre de 2023, radicado 0502-2023.
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Radicado: 19001 23 33 000 2015 00107 02
Demandante: Silvio Castrillón Paz
II. ANTECEDENTES
Pretensiones de la demanda.
3. La parte demandante solicitó la nulidad de los siguientes actos administrativos:
Oficio DAF-003353 de 21 de agosto de 2012 y el Oficio 20133100038951 de 18
de junio de 20134, mediante los cuales la Fiscalía General de la Nación negó el
reconocimiento y pago del reajuste de la bonificación por compensación al actor;
el Oficio 20133100044851 del 18 de julio de 20135 por el cual se resolvió el
recurso de reposición y concedió en subsidio el recurso de apelación; y el acto
ficto o presunto que negó el recurso de apelación.
4. A título de restablecimiento del derecho, peticionó:1) se reconozca y cancele
al demandante las sumas y el respectivo retroactivo que la demandada adeuda,
por concepto de pago de bonificación por compensación a que tiene derecho
como fiscal delegado ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán,
desde el 1 de enero de 2001 hasta el 15 de septiembre de 2008, conforme lo
establece el Decreto 610 de 1998; 2) se reconozca la indexación, desde la fecha
en que se causó el derecho hasta el pago total de la obligación; 3) dar
cumplimiento a la sentencia en los términos del CPACA; y 4) reconocer intereses
moratorios.
Hechos que fundamentan la demanda.
5. Como hechos relevantes, el apoderado judicial del demandante señaló los
siguientes:
6. El actor se desempeñó desde el año de 1992 hasta el 15 de septiembre de
2008, como fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Distrito Judicial de
Popayán y fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Distrito de la Unidad
Nacional de Fiscalía para la justicia y paz de Medellín.
7. Por otro lado, indicó que el contrato de transacción firmado por el actor cuando
se acogió al Decreto 4040 de 2004 es nulo, toda vez que los derechos laborales
son irrenunciables, por lo que el acuerdo efectuado es ineficaz, tal y como lo
señaló la sentencia del 14 de diciembre de 2011, proferida por la Sala de
Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado que declaró la nulidad
de dicha norma.
8. Con el fin de obtener el reconocimiento y pago de la diferencia salarial, por
razón de la bonificación por compensación de que trata el Decreto 610 de 1998,
4 Índice 39 expediente digital, ED_C01_01DemandaAdjuntaAnexos(.pdf) pág. 26; 27-28 de SAMAI
5 Índice 39 expediente digital, ED_C01_01DemandaAdjuntaAnexos(.pdf), pág. 31-32 de SAMAI
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elevó petición a la entidad demandada el 1 de agosto de 20126, la cual fue negada
mediante los Oficios DAF-003353 de 21 de agosto de 2012 y 20133100038951
del 18 de junio de 2013. Igualmente, por Oficio 20133100044851 del 18 de julio
de 2013 negó el recurso de reposición y concedió el recurso de apelación ante el
secretario general de la Fiscalía General de la Nación, el cual no fue resuelto.
Fundamentos de derecho.
9. Para el abogado de la parte actora, las decisiones sometidas a juicio
vulneraron las siguientes disposiciones: artículos 13, 29 y 53 de la Constitución
Política; Decreto 610 de 1998; Ley 10 de 1987, Ley 63 de 1988 y el Decreto 4040
de 2004.
10. Al desarrollar el concepto de violación, adujo:
i) Violación de normas superiores de derecho.
11. Desconocer el derecho que tiene el actor a obtener el pago de sus servicios
laborales a favor de la Fiscalía General de la Nación, bajo las preceptivas
establecidas por el Decreto 610 de 1998, y por el contrario cancelarle sus
emolumentos laborales bajo el régimen del Decreto 4040 de 2004, quebranta su
derecho a la igualdad y al debido proceso.
ii) Falsa motivación.
12. Los actos administrativos demandados se encuentran motivados
erróneamente, pues la entidad desconoció los derechos laborales adquiridos por
el actor, quien debió percibir en su calidad de fiscal delegado ante el Tribunal,
como asignación mensual el equivalente al 80% de lo que por todo concepto
perciben los magistrados de las Altas Cortes; sin embargo, el demandante recibió
el 70% de lo que por todo concepto devengan dichos funcionarios; es decir, el
equivalente a un 10% menos de lo que perciben los beneficiarios de la
bonificación por compensación, desconociendo el Decreto 610 de 1998.
iii) Expedición irregular del acto administrativo
13. El Decreto 4040 de 2004, conforme a la sentencia del Consejo de Estado de
diciembre de 2011 creo una desigualdad manifiesta entre iguales, posibilitando
un trato diferenciado basado en la validez del consentimiento dado para aceptar
una transacción o desistimiento de un derecho irrenunciable.
Contestación de la demanda.
6 Si bien el escrito de petición tiene fecha de febrero de 2012 no tiene constancia de recibido. La entidad en
el acto administrativo que resuelve la petición señala que fue radicada el 1 de agosto de 2012.
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14. Dentro de la oportunidad de ley, la Fiscalía General de la Nación contestó la
demanda7, oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones en ella contenidas.
Con tales fines, hizo un recuento normativo y precisó que ha actuado en
cumplimiento del deber legal, de conformidad a lo consagrado en los «Decretos
610 de 1998, 4040 de 2004 y 1102 de 2012» pues ha cancelado el 70% de lo que
por todo concepto devenga un magistrado de Alta Corte.
15. A su vez, sostuvo que el demandante no manifiesta de manera concreta en
qué casos se le trató de forma desigual o con violación al debido proceso, pues
las actuaciones de la administración han estado enmarcadas dentro de la
Constitución y la ley.
16. Por otro lado, señaló que operó la prescripción de los derechos reclamados,
pues se realizó la solicitud en el 2012, respecto al derecho que consideraba tener
desde el «1 de agosto de 1992 hasta el 15 de septiembre de 2008».
Sentencia de primera instancia.
17. Mediante sentencia proferida el 28 de octubre de 20198, se accedió a las
súplicas de la demanda. Para arribar a esa decisión, el a quo, luego de referenciar
el marco normativo y jurisprudencial aplicable al caso concreto, concluyó:
18. El demandante en principio era destinatario del derecho adquirido del Decreto
610 de 1998, y posteriormente le fue aplicado el 4040 de 2004, el cual fue
regresivo de los derechos laborales del trabajador, pues desconoció lo
preceptuado en el capítulo III Derechos económicos, Sociales y Culturales,
articulo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
19. Así las cosas, los actos demandados transgredieron lo dispuesto en los
artículos 2, 4, 13, 25, 53, 58 y 228 de la Constitución política, ya que éstos se
basan en el reconocimiento de la bonificación por gestión judicial del Decreto 4040
de 2004, mismo que fue anulado por el Consejo de Estado.
20. En la decisión, declaró la nulidad de los actos administrativos demandados9 y
ordenó a título de restablecimiento10 reconocer y pagar al demandante las sumas
que le adeudan por concepto de pago de bonificación por compensación conforme
lo establece el Decreto 610 de 1998, desde el 1 de enero de 2005 «La certificación
salarial expedida por el analista de tesorería de la Fiscalía General de la Nación,
7 Índice 39 expediente digital, D_C01_12ContestacionDeLaDemandaFiscaliaGeneralDeLaNacion(.pdf) de
SAMAI.
8 Índice 39 expediente digital, ED_C02_10FalloDePrimeraInstancia(.pdf) de SAMAI.
9 Numeral 2 de la parte resolutiva del fallo.
10 Numeral 2 (sic) de la parte resolutiva del fallo. El a quo en la parte resolutiva del fallo frente al
restablecimiento repitió la numeración.
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indica que el doctor Silvio Castrillón Paz, comenzó a percibir la bonificación por
gestión judicial del Decreto 4040 de 2004, desde enero de 2005», hasta el 15 de
septiembre de 2008; lapso en el cual el demandante se desempeñó como fiscal
ante Tribunal de Distrito; teniendo en cuenta el 80% de los ingresos laborales que
por todo concepto perciben los magistrados de las Altas Cortes, los cuales deben
coincidir con los ingresos totales anuales permanentes de los Congresistas de la
Republica de conformidad con artículos 15 y 16 de la Ley 4 de 1992.
21. Por otro lado, frente a la excepción de prescripción señaló que la bonificación
por compensación se hizo exigible a partir del 28 de enero de 2012, fecha en la
cual se declaró nulo el Decreto 4040 de 2004, y como la solicitud del demandante
fue presentada el 1 de agosto de 2012, y la demanda fue radicada el 26 de febrero
de 2015, no transcurrieron 3 años desde entonces, por lo que en la parte resolutiva
en su numeral primero declaró no probada dicha excepción.
22. Finalmente, condenó en costas a la entidad demandada.
Recurso de apelación.
23. Inconforme con esa decisión, el apoderado de la parte demandada la recurrió
en apelación11. En su intervención, censuró que el tribunal de primera instancia
accediera a las pretensiones de la demanda, pues a su juicio:
24. La Fiscalía General de la Nación solicitó se estimen los cargos contenidos en
Ia contestación de la demanda presentada. Igualmente, indicó que ha actuado en
estricto cumplimiento de la normatividad vigente, cancelando los valores
indicados por el Gobierno Nacional por concepto de bonificación de gestión
judicial de conformidad con el Decreto 4040 de 2004, el cual establece
taxativamente que la bonificación por gestión judicial es incompatible con el pago
de la bonificación por compensación que pretende el accionante.
25. Así mismo, indicó que la bonificación por compensación solo tendría carácter
salarial para efectos de determinar el valor de las pensiones de cualquier
naturaleza, tal como lo indica taxativamente el artículo 1 del Decreto 610 de 1998,
por lo que considera que las pretensiones están llamadas a fracasar.
26. Por otra parte, solicitó se revoque la condena en costas, puesto que conforme
a lo dispuesto en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 y el artículo 365 del
Código General del Proceso, solo habrá lugar a ello, cuando en el expediente
aparezcan causadas y comprobadas.
Trámite correspondiente a la segunda instancia.
11 Índice 39 expediente digital, ED_C02_13RecursoApelacionFiscaliaGeneralDeLaNacion(.pdf) de SAMAI.
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27. Por auto del 1 de noviembre de 202212, se admitió el recurso de apelación. Y
mediante providencia del 2 de mayo de 2023 13 se ordenó correr traslado a las
partes y al agente del Ministerio Público para que presentaran sus alegatos de
conclusión.
28. La parte demandante14 reiteró los argumentos señalados en el escrito de
demanda.
29.La parte demandada15 insistió en las alegaciones expuestas en el recurso de
apelación y agregó que, teniendo en cuenta la sentencia del 2 de septiembre de
2019, habiendo el demandante presentado el derecho de petición de «febrero de
2012», es esta fecha la que se debe tener en cuenta para calcular la prescripción,
por lo tanto, los derechos del actor estarían prescritos desde el mes de febrero
de 2009 hacia atrás.
30. En esta oportunidad el Ministerio Público guardó silencio.
31. Control de legalidad. La Sala observa que el proceso se ha tramitado en
legal forma, sin que se advierta causal de nulidad que invalide lo actuado, por lo
que se resolverá la apelación, previas las siguientes:
III. CONSIDERACIONES
Competencia.
32. De conformidad con lo establecido en el artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo16, esta Sala de
Subsección del Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de
apelación presentado.
33. De igual forma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 328 del Código
General del Proceso, la competencia del juez de segunda instancia está
circunscrita a lo expuesto por el apelante y, comoquiera que, en este caso, solo
una de las partes presentó recurso de apelación, el análisis se limita a los
argumentos del respectivo recurso. Sin hacer más desfavorable la situación del
apelante único salvo que la modificación sea indispensable para reformar puntos
relacionados íntimamente con ella.
12 Índice 22 de SAMAI.
13 Índice 28 de SAMAI.
14 Índice 34 de SAMAI.
15 Índice 35 de SAMAI.
16 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
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Problemas jurídicos.
34. Le corresponde a la Sala establecer ¿si el señor Silvio Castrillón Paz tiene
derecho al pago de la diferencia entre el valor reconocido por la demandada y el
valor que resultaría de reconocerle la bonificación por compensación consagrada
en el Decreto 610 de 1998, equivalente al 80% de lo que por todo concepto
devenguen los magistrados de las Altas Cortes, en la forma ordenada en la
sentencia de primera instancia, o si por el contrario se debe mantener el
porcentaje reconocido con fundamento en el Decreto 4040 de 2004?.
Igualmente, si dicha prestación constituye factor salarial.
35. Para resolver los problemas planteados se abordarán los siguientes
aspectos: 1. La bonificación por compensación y el precedente jurisprudencial,
2. Hechos probados y 3. Caso concreto.
De la bonificación por compensación.
36.El Congreso de la República expidió la Ley 4ª de 199217, la cual en el artículo
15 estableció una prima especial de servicios, sin carácter salarial, para los
magistrados de Alta Corte, que sumada a los demás ingresos laborales, igualen
a los percibidos en su totalidad, por los miembros del Congreso, sin que en
ningún caso los supere, es decir, se equiparó el salario de los magistrados de las
Altas Cortes al de los congresistas.
37. En el año 1998, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 610 de 1998 y en su
artículo 1 creó la bonificación por compensación, equivalente al 60%, 70% y 80%
para las vigencias fiscales 1999, 2000 y 2001 en adelante; en otros términos,
se creó una bonificación por compensación, equivalente al 60% de lo que
por todo concepto devenguen los magistrados de las Altas Cortes para el
año 1999, el 70% para el año 2000 y del año 2001 en adelante el 80%.
38. En la sentencia dictada por la Sala de conjueces de la Sección Segunda del
Consejo de Estado18, en la cual se analizó el reajuste de la prima especial de
servicios del artículo 15 de la Ley 4º de 1992, se concluyó que se deben tener en
cuenta todos los pagos realizados a los congresistas, incluidas las cesantías para
calcular la asignación de los magistrados de las Altas Cortes. En la mencionada
decisión se consideró lo siguiente:
17 «Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional
para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso
Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales
y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales
e) y f) de la Constitución Política».
18Sentencia proferida el 18 de mayo de 2016 por la Sala de Conjueces – Sección Segunda del Consejo de
Estado, Rad. 250002325000201000246-02, Demandante: Jorge Luis Quiroz Alemán. Conjuez Ponente
Doctor Jorge Iván Acuña Arrieta.
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Demandante: Silvio Castrillón Paz
«Las cesantías percibidas por los miembros del Congreso de la República
han sido consideradas ingresos laborales anuales permanentes por la
jurisprudencia del Consejo de Estado en ocasiones anteriores, lo que tiene
plena razón de ser pues se trata de una erogación que realiza el empleador
anualmente a favor de su trabajador y que se causa por cada día de trabajo
del empleado.
De allí que esta corporación haya concluido que el auxilio de cesantías debe
ser tenido en cuenta para realizar la liquidación de la prima especial de
servicios de los funcionarios mencionados en el artículo 15 de la Ley 4ª de
1992, quienes tienen derecho a percibir una suma equivalente a lo que por
todo concepto devengan los congresistas.
Este régimen tiene una clara incidencia en la determinación de la
bonificación por compensación de los servidores públicos que se
encuentran sujetos al Decreto 610 de 1998 […]
En este sentido, y teniendo en cuenta que la prima especial de
servicios no solo es un ingreso laboral sino que también cuenta con
un carácter salarial limitado en atención a lo decidido por la Corte
Constitucional en la sentencia C-681 del 6 de agosto de 2003, habría
que señalarse que no existen razones para que se haga abstracción
de la misma, o de cualquiera de los factores que se tienen en cuenta
para su liquidación, al momento de fijar el monto a cancelar por
concepto de bonificación por compensación a favor de los servidores
mencionados en el artículo 2º del Decreto 610 de 1998. Habiendo
señalado que el auxilio de cesantías es un ingreso laboral percibido
de manera permanente por los jueces de mayor jerarquía de todas las
jurisdicciones, es evidente que resultaría violatorio del principio de
igualdad que surge del artículo 13 de la Constitución Política de
Colombia el señalar que esta prestación social carece de tal naturaleza
únicamente con el propósito de disminuir la base de liquidación de la
bonificación por compensación de la que son acreedores los
funcionarios mencionados en el artículo 2º del Decreto 610 de 1998.
En consecuencia, se concluye que únicamente teniendo en cuenta los
pagos que el Estado debe realizar a los Congresistas por concepto de
cesantías puede calcularse la diferencia total entre lo que ellos
perciben y la asignación de los Magistrados de las Altas Cortes para,
así, determinar el valor de la prima especial de servicio a la que tienen
derecho estos últimos…» (negrilla fuera de texto).
39. Así que, el valor que se cancela por bonificación por compensación es el
resultado de la diferencia entre lo proyectado como ingresos anuales que «por
todo concepto» reciban los magistrados de Alta Corte y los ingresos anuales de
magistrado de tribunal y demás cargos equivalentes, para fijar el ingreso laboral
de éstos últimos en un 80% a partir del año 2001.
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40. En distintas providencias19, ha precisado esta Corporación con fundamento
en el marco normativo reseñado que los beneficiarios de la bonificación por
compensación tienen derecho al 80% de los ingresos que por todo concepto
salarial y prestacional devengan los magistrados de Alta Corte, teniendo en
cuenta que éstos deben percibir lo mismo que devengan los congresistas
incluyendo el auxilio de cesantías como parámetro para determinar la liquidación
de la prima especial de servicios de que trata el artículo 15 de la Ley 4 de 1992.
De la exigibilidad y prescripción de la bonificación por compensación
41. Frente a la exigibilidad de la bonificación por compensación20, en sentencia
precitada, se estableció, lo siguiente:
«El asunto que se debate en torno a la aplicación de la prescripción trienal,
es que, ante la coexistencia de dos regímenes salariales diferentes, no es
posible hablar de exigibilidad del derecho a reclamar, debido a que para los
beneficiarios de los derechos existía la disyuntiva del Decreto 610 de 1998,
que reconoce la Bonificación por Compensación Judicial y el régimen
salarial del Decreto 4040 de 2004, que reconocía la Bonificación por
Gestión Judicial. Es decir, no se podía establecer con exactitud cuál de los
regímenes era el aplicable, ante lo cual resultaba imposible referirse a la
exigibilidad del derecho.
En este sentido solo puede hablarse de exigibilidad de la Bonificación por
Compensación, a partir de la fecha de ejecutoria del fallo que declaró la
nulidad del Decreto 4040, es decir el 28 de enero de 2012.» (Subrayado
fuera de texto)
42. Igualmente, la Sala de conjueces de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, mediante sentencia de 2 de septiembre de 2019, realizó las siguientes
precisiones sobre la prescripción, en cuanto se refiere a la bonificación por
compensación:
«6. La bonificación por compensación para magistrados y cargos
equivalentes no podrá superar en ningún caso el 80% de lo que por todo
concepto devenguen anualmente los Magistrados de Alta Corte, que es
19 Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda- Sala de Conjueces, conjuez
ponente: Clara Elisa Cifuentes Ortiz Bogotá, sentencia tres (03) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024).
Referencia: 25000234200020180071602 Número interno: 0499-2022; Consejo de Estado- Sala de lo
Contencioso Administrativo-Sección Segunda- Sala de Conjueces, conjuez ponente: Miguel Arcángel
Villalobos Chavarro sentencia ocho (8) de octubre de dos mil veinticuatro (2024) Referencia: Expediente N°
17001-23-33-000-2012-00115-02 Número interno: 4006-2015; Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso
Administrativo- Sección Segunda- Sala de Conjueces- conjuez ponente: Jorge Edisson Portocarrero
Banguera- sentencia seis (06) de junio de dos mil veintitrés (2023), Referencia: 25000-23-25-000-2011-
00150-02- NI:1139-2019; entre otros.
20 ARTÍCULO 187 del CPACA. CONTENIDO DE LA SENTENCIA.
(…)
En la sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el fallador
encuentre probada El silencio del inferior no impedirá que el superior estudie y decida todas las
excepciones de fondo, propuestas o no, sin perjuicio de la no reformatio in pejus.
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Radicado: 19001 23 33 000 2015 00107 02
Demandante: Silvio Castrillón Paz
igual a lo que por todo concepto reciben los congresistas, incluido el auxilio
de cesantías. Ese 80% es un piso y un techo.
La reliquidación de la bonificación por compensación procede respecto a
los magistrados de tribunal y cargos equivalentes, siempre que, en la
respectiva anualidad, sus ingresos anuales efectivamente percibidos NO
hayan alcanzado el tope del ochenta por ciento (80 %) de lo que por todo
concepto devenga un magistrado de alta corte, incluido en ello las cesantías
de los congresistas. Sin embargo, en ese caso, la reliquidación debe
efectuarse únicamente hasta que se alcance el tope del 80% señalado.
7. Procede la prescripción de la bonificación por compensación entre el 5
de septiembre21 de 2001 y el 2 de diciembre de 2004. Lo anterior es la regla
general. Esta regla tiene una excepción que consiste en que si la persona
logra demostrar en el expediente, con pruebas (sic) documental, que antes
del 3 de diciembre de 2004 había interrumpido la prescripción conforme a
la ley. En este caso la prescripción va más allá del 4 de diciembre de 2004
y se retrotraería hasta la fecha de presentación de esa interrupción, fecha
entonces que debe ser posterior al 25 de septiembre de 2001 y anterior al
3 de diciembre de 2004. Esta excepción, como toda excepción, es de
aplicación restrictiva.
8. La sentencia de unificación que hoy se adopta no implica que se está
variando o modificando el régimen salarial y prestacional de los servidores
beneficiarios de la prima especial de servicios del artículo 14 de la Ley 4 de
1992 – jueces, magistrados y otros funcionarios -, en la medida en que en
ningún caso se podrán superar los porcentajes máximos o topes fijados por
el Gobierno Nacional22.
43. En consecuencia, resulta que la exigibilidad del derecho para reclamar el
reconocimiento de la bonificación por compensación regulada en el Decreto 610
de 1998 se dio en dos tiempos diferentes, con la ejecutoria de la sentencia que
declaró la nulidad del Decreto 2668 (originado durante los períodos
comprendidos entre el 5 de octubre de 2001 y el 2 de diciembre de 2004, periodo
en el cual no hubo dualidad de normas) y con la ejecutoria de la sentencia que
declaró la nulidad del Decreto 4040 (3 de diciembre de 2004 y el 27 de enero de
2012 solamente se hicieron exigibles a partir del 28 de enero de 2012), y ese
momento de exigibilidad debe analizarse en cada caso concreto. Sirve para
ilustrar lo dicho el siguiente esquema:
21 Mediante Auto del 7 de octubre de 2019 se aclaró que se refiere es al mes de octubre de 2001.
22 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala Plena de Conjueces, expediente N° 41001-23-33-000-2016-
00041-02 (número interno 2204-2018), del 2 de septiembre de 2019.
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Hechos probados.
44. Acreditado está en el expediente, que el actor prestó sus servicios a la
Fiscalía General de la Nación, en el cargo de fiscal delegado ante Tribunal de
Distrito del 3 de julio de 1992 al 16 de septiembre de 200823.
45. Que percibió como remuneración el 70% de lo que devengan los magistrados
de las Altas Cortes, con base en la bonificación por gestión judicial24 consagrada
en el Decreto 4040 de 200425.
46. Que el día 1 de agosto de 2012 26 realizó petición a la entidad demandada,
solicitando el reajuste de la bonificación por compensación, la cual fue negada
mediante los Oficios DAF-003353 de 21 de agosto de 2012 y 20133100038951
del 18 de junio de 201327. Los anteriores actos administrativos fueron
confirmados mediante Oficio 20133100044851 del 18 de julio de 201328.
47. Según certificación emitida por la Fiscalía General de la Nación del 29 de
agosto de 201829, el demandante no suscribió contrato de transacción.
Caso concreto
48. A la luz de la argumentación arriba expuesta, la Sala concluye lo siguiente:
49. El demandante, en su calidad de fiscal delegado ante Tribunal de Superior de
Distrito, tiene derecho al reconocimiento y pago de la bonificación por
compensación consagrada en el Decreto 610 de 1998, es decir, al 80% de lo
que por todo concepto recibe un magistrado de Alta Corte, el cual a su vez, tiene
derecho a recibir el 100% de la remuneración y prestaciones sociales que recibe
un congresista de la República por todo concepto, incluyendo el auxilio de
cesantías de dichos dignatarios como parámetro para determinar la liquidación
de la prima especial de servicios de que trata el artículo 15 de la Ley 4 de 1992.
50. Toda vez, que conforme a lo señalado en precedencia el valor que se cancela
por bonificación por compensación es el resultado de la diferencia entre lo
proyectado como ingresos anuales que “por todo concepto” reciban los
magistrados de Alta Corte y los ingresos anuales de magistrado de Tribunal y
23 Índice 39 expediente digital, ED_C02_04OtrosRespuestaRequerimientoFiscaliaGeneralDeLaNacion(.pdf)
de SAMAI.
24 Percibida desde enero de 2005.
25 Ibidem.
26 Índice 39 expediente digital, ED_C01_01DemandaAdjuntaAnexos(.pdf) pág. 8-13 de SAMAI
27 Índice 39 expediente digital, ED_C01_01DemandaAdjuntaAnexos(.pdf) pág. 26; 27-28 de SAMAI
28 Índice 39 expediente digital, ED_C01_01DemandaAdjuntaAnexos(.pdf), pág. 31-32 de SAMAI
29 Índice 39 expediente digital, ED_C02_04OtrosRespuestaRequerimientoFiscaliaGeneralDeLaNacion(.pdf)
de SAMAI.
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demás cargos equivalentes, para fijar el ingreso laboral de éstos últimos en un
80%.
51. Por lo que no le asiste razón a la entidad apelante cuando afirma que su
actuación estuvo acorde con el principio de legalidad, en tanto que con la nulidad
del Decreto 4040 de 2004, quedó vigente solo el Decreto 610 de 1998, que
contempla la bonificación por compensación en un 80%.
52. Ahora, la bonificación por compensación por mandato expreso de los
Decretos 610 de 1998, 4040 de 2004 (cuando estuvo vigente) y el actual 1102
de 2012, sólo constituye factor salarial como parte del ingreso base de cotización
del Sistema General de Pensiones y del Sistema General de Seguridad Social en
Salud, por lo que le asiste razón a la apelante frente a dicho punto, ya que la
sentencia recurrida no precisó tal aspecto, por lo que será adicionada en dicho
sentido.
53. En lo que hace a la manifestación de la entidad en el recurso de apelación
frente a que se tenga en cuenta los cargos alegados en la contestación de la
demanda, y lo reiterado en los alegatos de conclusión, en el sentido de advertir
que, en el presente caso operó el fenómeno jurídico de la prescripción, la Sala
encuentra necesario verificar si en el presente caso la sentencia de primera
instancia aplicó en debida forma dicho fenómeno, conforme a lo establecido en
el artículo 187 del CPACA30.
54. Al respecto, cabe recordar que en sentencia de 23 de mayo de 2018 31, se
realizaron las siguientes precisiones sobre la prescripción trienal y sus
excepciones:
«Sobre este punto, esta Sala de Conjueces precisa que si bien a través
de estas sentencias se declaró que con la ejecutoria de la sentencia
que declaró de nulidad del Decreto 4040 de 2004, se hizo exigible el
derecho al reconocimiento y pago de la diferencia en el porcentaje que
contempla el Decreto 610 de 1998 y el 4040 de 2004, y que por tal razón
no se aplicaría la prescripción, lo cierto es que entre el período
comprendido entre la ejecutoria de la sentencia que anuló el Decreto
2668 de 1998 y la fecha de expedición del Decreto 4040 de 2004, si
procede decretarla, pues en este lapso no hubo dualidad de normas y
por lo tanto, los beneficiarios de que trata el artículo 2º del Decreto 610
de 1998 tenían la oportunidad de demandar el reconocimiento y pago
del 80% de lo que devengaban los magistrados de las altas cortes;
salvo que se encontraran en una de las dos situaciones descritas en
30 ARTÍCULO 187 del CPACA. CONTENIDO DE LA SENTENCIA.
(…)
En la sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el fallador
encuentre probada El silencio del inferior no impedirá que el superior estudie y decida todas las excepciones
de fondo, propuestas o no, sin perjuicio de la no reformatio in pejus.
31 Conjuez Ponente: Dr. Pedro Simón Vargas Sáenz. Exp. No.170012333000201200144 92 (0602-2015).
Actor: María Rubby Montoya de Uribe.
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el numeral 2º del Decreto 4040 de 2004, que son: i) haber iniciado
acciones judiciales relacionadas con la bonificación por compensación y
haber desistido a sus pretensiones y ii) haber efectuado reclamaciones
y suscribir contratos de transacción.». (Se subraya y negrillas fuera de
texto).
55. Ahora bien, con relación al periodo solicitado en la demanda del 1 de enero
de 2001 al 2 de diciembre de 2004, se advierte que frente a este operó la
prescripción trienal, pues no obra prueba dentro del expediente que dé cuenta de
la ocurrencia de alguna de las excepciones antes señaladas o que hubiere
interrumpido la prescripción antes del 3 de diciembre de 2004. En consecuencia,
la sentencia será revocada parcialmente para declarar prescrito el periodo
mencionado.
56. Así mismo, como la petición fue radicada el 1 de agosto de 2012, no operó
dicho fenómeno32, frente a los periodos posteriores al 3 de diciembre de 2004,
por lo que en este caso procedería su reconocimiento desde dicha fecha; sin
embargo, como el a quo accedió a las pretensiones de la demanda a partir del 1
de enero de 200533, la Sala no hará modificación alguna, ya que en el presente
caso el único apelante es la entidad demandada, y la fecha desde la cual se
ordenó el restablecimiento no fue objeto de recurso por la parte interesada.
57. En consecuencia, el demandante tiene derecho a que se le pague la
diferencia entre lo efectivamente recibido y lo dejado de percibir, desde el día 1
de enero de 2005, fecha para la cual ya ostentaba el cargo de fiscal delegado
ante Tribunal de Distrito, y en la cual no corría la prescripción trienal por la
ausencia de exigibilidad del derecho34, hasta 16 de septiembre de 2008 (fecha
de retiro del servicio).
58. Ahora, la Sala considera que pertinente señalar que el límite porcentual del
80% fue impuesto por el mismo legislador al regular la prestación objeto de este
litigio, por lo tanto, la entidad demandada al efectuar el reajuste como se ordena
en esta sentencia, debe respetar lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto 610 de
1998, esto es, que los ingresos labores no superen el 80% de lo que por todo
concepto perciben los magistrados de Alta Corte35, por lo que se adicionará la
sentencia en tal sentido, conforme lo establecido en el artículo 287 del CGP.
32 La exigibilidad del derecho fue a partir del 28 de enero de 2012. Ya que hubo ambigüedad de la norma
aplicable desde el 3 de diciembre de 2004 hasta el 27 de enero de 2012.
33 En la sentencia impugnada, el a quo consideró que el restablecimiento del derecho procedía a partir del
1 de enero de 2005, ya que el actor había comenzado a devengar la bonificación por gestión judicial en
dicha fecha. Vale la pena señalar que no analizó si la bonificación por compensación devengada entre el
2001 a 2004 había sido reconocida en debida forma.
34 Si bien es cierto que a través de la ejecutoria de la sentencia que declaró la nulidad del Decreto 4040 de
2004, se hizo exigible el derecho al reconocimiento y pago de la diferencia en el porcentaje que contempla
el Decreto 610 de 1998; a partir de la ejecutoria de la sentencia que declaró la nulidad del Decreto 4040 (3
de diciembre de 2004 y el 27 de enero de 2012 solamente se hicieron exigibles a partir del 28 de enero de
2012).
35 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala Plena de Conjueces, expediente N° 41001-23-33-000-2016-
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59. Ahora bien, la cotización a pensión está íntimamente relacionada con el
restablecimiento del derecho, por lo que, al ordenar el reajuste de dicho
emolumento, es deber de la entidad deducir de la condena el pago de los aportes
que corresponden al empleado y para efectos pensionales aportar lo que
corresponde al empleador, por tratarse de un derecho cierto, irrenunciable e
imprescriptible.
60. Lo anterior, por cuanto el propio legislador contempló frente a la bonificación
por compensación su incidencia como factor de liquidación pensional y conforme
lo dispone el artículo 17 de la Ley 100 de 199336 es obligatorio realizar las
respectivas cotizaciones, no solo por la naturaleza parafiscal de las mismas sino
por la sostenibilidad del sistema37, frente a los cuales no opera la prescripción.
Lo anterior, se adicionará conforme lo dispuesto en el artículo 287 del CGP.
61. En cuanto a la condena en costas de primera instancia, el apelante afirmó
que no hubo un análisis motivado en la sentencia respecto de la imposición de
éstas, por lo que no era procedente tal condena.
62. Advierte la Sala que la sentencia de primera instancia fue proferida en
vigencia de la Ley 1437 de 2011, sin la modificación de la Ley 2080 de 2021.
Ahora, el artículo 365 el CGP, aplicable al caso por remisión expresa del artículo
188 del CPACA, el cual dispuso que «1. Se condenará en costas a la parte
vencida en el proceso [...]». Además, estableció la siguiente regla: «8. Solo habrá
lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida
de su comprobación». Igualmente, en materia de lo contencioso administrativo,
la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, a través del
Acuerdo 10554 de 2016 fijó las agencias en derecho.
63. Al respecto, se advierte que en el presente caso la sentencia recurrida no
sustentó de manera alguna como se causaron ni estableció como fueron
comprobadas dentro del trámite del proceso, no era procedente la condena en
costas por parte del a quo38, por lo que advierte la Sala que le asiste razón al
recurrente, y en consecuencia se revocará la sentencia en dicho aspecto.
64. De conformidad con lo anterior, se procederá a revocar parcialmente la
sentencia de primera instancia respecto al restablecimiento ordenado y la
prescripción conforme lo indicado, y se adicionará frente a que la bonificación no
constituye factor de salario para la liquidación de las prestaciones sociales, que
36 ARTÍCULO 17. Obligatoriedad de las Cotizaciones. Durante la vigencia de la relación laboral deberán
efectuarse cotizaciones obligatorias a los Regímenes del Sistema General de Pensiones por parte de los
afiliados y empleadores, con base en el salario que aquéllos devenguen.
37 Ver sentencia del Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala de conjueces de la
Sección Segunda- providencia del 4 de julio de 2024, conjuez ponente: Clara Elisa Cifuentes Ortíz,
radicación: 25000-23-42-0002017-05349-02 (2828-2021).
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no puede superar el tope establecido en la ley, y los aportes a pensión. Así
mismo, se revocará la condena en costas de primera instancia.
Condena en costas.
64. En el caso concreto, no se advierte que haya lugar a condenar en costas a la
Fiscalía General de la Nación. Lo expresado, en razón a que si bien en anteriores
oportunidades esta Sala de Subsección realizaba una valoración objetiva para
determinar si había o no lugar a aplicar esa sanción, lo cierto es que actualmente,
con la entrada en vigor de la Ley 2080 de 2021, es procedente verificar si el
recurso de apelación se presentó con carencia de fundamento legal.
65. En ese orden, comoquiera que en este caso se revocará parcialmente la
sentencia de primera instancia, la Sala se abstendrá de condenar en costas de
ambas instancias, toda vez que se sustentaron las razones esgrimidas por la
entidad en defensa jurídica de sus intereses.
66. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
IV. FALLA
PRIMERO. Avocar conocimiento del presente asunto, conforme a las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. REVOCAR el numeral 1º de la sentencia impugnada, en el
sentido de declarar probada la excepción de prescripción frente a los
periodos reclamados entre el 1 de enero de 2001 al 2 de diciembre de 2004, con
excepción de la obligación de la demandada de efectuar las cotizaciones o
aportes al Sistema General de Seguridad Social en materia de pensiones, por las
razones expuestas en el presente proveído.
TERCERO. REVOCAR parcialmente y ADICIONAR el numeral segundo de la
sentencia impugnada, el cual quedará así:
“SEGUNDO.- Condénese a la Nación- Fiscalía General de la Nación
a reconocer y pagar al señor Silvio Castrillón Paz el derecho a recibir
la diferencia de la bonificación por compensación, conforme a lo
dispuesto en el Decreto 610 de 1998, equivalente al ochenta por
ciento (80%) de lo que por todo concepto devenga un magistrado de
Alta Corte, teniendo en cuenta que éstos deben percibir lo mismo que
devengan los congresistas, incluyendo el auxilio de cesantías de
dicho dignatarios como parámetro para determinar la liquidación de
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la prima especial de servicios de que trata el artículo 15 de la Ley
4°de 1992, sin que de manera alguna sobrepase el límite porcentual
fijado en el Decreto referido, desde el 1 de enero de 2005 hasta el 16
de septiembre de 2008 (fecha de retiro del servicio). Dicha
bonificación no constituirá factor salarial para los fines de
reliquidación de sus prestaciones sociales.
TERCERO.- ADICIONÁSE la sentencia apelada en el sentido de ORDENAR
realizar los descuentos de ley para seguridad social conforme a la proporción que
le corresponda al empleado y al empleador de acuerdo con los porcentajes de
ley, respecto de las diferencias no cotizadas, los cuales deberán consignarse en
el fondo de pensiones donde hubiere estado afilado, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta sentencia.
CUARTO- REVOCAR el numeral 3° de la parte resolutiva de la sentencia
apelada, y en su lugar abstenerse de condenar en costas en ambas instancias,
de conformidad con lo expuesto.
QUINTO.- CONFIRMAR en sus demás apartados la sentencia impugnada, por las
razones y con las precisiones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
SEXTO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para
la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior decisión fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente)
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente)
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente)
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los consejeros de Estado, en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley y el artículo 186 del CPACA.
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