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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2013-05386-02

Fecha
25 de junio de 2026
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2013-05386-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. MODIFICAR el numeral primero de la parte resolutiva de la sentencia del 31 de mayo de 2019 expedida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en el sentido de excluir la mención que se hace a la sentencia del 18 de mayo de 2016, según lo expuesto en las consideraciones. SEGUNDO. CONFIRMAR en lo demás la sentencia recurrida. 7 Radicación: 25000 23 42 000 2013 05386-02 (0698-2020) Demandante: Pedro Gabriel Palacios Osma TERCERO. Condenar en costas de segunda instancia a la entidad demandada. CUARTO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2013-05386-02

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

25 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011 /
Radicación: 25000 23 42 000 2013 05386 02 (0698-2020)
Demandante: Pedro Gabriel Palacios Osma
Demandado: Nación - Ministerio de Defensa Nacional

Tema: Bonificación por compensación, Decreto 610 de 1998
Decisión: Modifica el numeral primero de la parte resolutiva de la sentencia de
primera instancia porque se estuvo a una sentencia que no es de
unificación jurisprudencial; confirma lo demás porque no se configuró
la prescripción del derecho. Se imponen costas a la demandada.

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la
sentencia de primera instancia del 31 de mayo de 2019, expedida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.

I. ANTECEDENTES

Demanda

1. El accionante instauró demanda en ejercicio del medio de control de la
referencia con el objeto de que se declare la nulidad del oficio 20132120122861 del 14
de junio de 2013, expedido por el jefe de personal del Comando General de las Fuerzas
Militares1, a través del cual negó el reajuste, reconocimiento y pago de la diferencia que
se le adeuda por concepto de la bonificación por compensación establecida en el Decreto
610 de 1998.

2. A título de restablecimiento del derecho pidió que se ordene a la demandada
reconocer, liquidar y pagar las diferencias «salariales» adeudadas por concepto de la
mencionada bonificación entre el 27 de noviembre de 2009 y el 26 de enero de 2012,
hasta nivelar sus ingresos en el 80% de lo que por todo concepto percibe un magistrado
de alta corte, teniendo en cuenta que las sumas recibidas se fundaron en el Decreto 4040
de 2004 que fue anulado mediante sentencia del 14 de diciembre de 2011. Por último,
solicitó el ajuste de las sumas debidas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
192 del CPACA2.

1 En adelante FFMM.
2 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 25000 23 42 000 2013 05386-02 (0698-2020)
Demandante: Pedro Gabriel Palacios Osma

3. Indicó que labora como magistrado en el Tribunal Superior Militar desde el 27
de noviembre de 2009 y «en adelante»3 y desde su vinculación no se le ha remunerado
según lo prevé el Decreto 610 de 1998, sino con el 70% de lo que por todo concepto
perciben los magistrados de alta corte, de conformidad con el Decreto 4040 de 2004.

4. El 20 de mayo de 20134 formuló reclamación ante la entidad demandada con el
fin de obtener el reconocimiento y pago de las diferencias adeudadas por concepto de
bonificación por compensación, petición que fue resuelta negativamente mediante el
oficio acusado.

Contestación de la demanda

5. El Ministerio de Defensa Nacional5 se opuso a las pretensiones de la demanda;
sin embargo, expuso aspectos que carecen de congruencia con el objeto de la
controversia, relativos a las diferencias existentes entre las pensiones de jubilación y de
vejez6.

Sentencia apelada

6. La Sala Transitoria de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca7 decidió estarse a lo resuelto en las sentencias del 14 de diciembre de
2011, por la cual se anuló el Decreto 4040 de 2004 y la del 18 de mayo de 2016 y declaró
la nulidad parcial del acto enjuiciado.

7. En consecuencia, condenó a la entidad a reconocer y pagar a favor del
demandante de forma retroactiva, la diferencia entre lo que percibió y lo que debió percibir
«por concepto de ingresos mensuales en aplicación de la bonificación por compensación
consagrada en el Decreto 610 de 1998» para lo cual ordenó el pago del 80% de lo que
perciben los magistrados de altas cortes entre el 27 de noviembre de 2009 y el 26 de
enero de 2012. Se abstuvo de reconocer la reliquidación de las prestaciones sociales
pues tanto la prima especial de servicios como la bonificación por compensación carecen
de carácter salarial.

8. Para arribar a esa decisión, manifestó que como el actor ostentó un cargo
beneficiario de la bonificación por compensación, según lo previsto en el Decreto 610 de
1998, entonces tiene derecho a percibir el 80% de «todo lo devengado por los

3 En el hecho segundo se refiere que para el momento de la presentación de la demanda, el vínculo laboral

en dicho cargo se encuentra vigente; la demanda se radicó el 20 de septiembre de 2013.
4 Pretensión primera de la demanda.
5 Folios 57 a 64.
6 Alegó que de conformidad con lo previsto en el Decreto Ley 1214 de 1990 no hay identidad entre la

pensión de jubilación y de vejez, pues mientras la primera se causa cuando se acredite tiempo continuo o
discontinuo por 20 años en el Ministerio de Defensa Nacional o 20 años de servicio discontinuo en
entidades del sector defensa, sin importar la edad; la segunda está consagrada en el sistema especial para
los empleados públicos cuyo retiro se da por haber cumplido 65 años de edad y no reúnen los requisitos
para tener derecho a una pensión de jubilación o invalidez.
7 Folios 173 a 179.

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Demandante: Pedro Gabriel Palacios Osma

Magistrados de las Altas Cortes»8, quienes a su vez perciben lo mismo que los
congresistas, «lo cual se erige en la prima especial de servicios».

9. Examinado el período reclamado, determinó que durante el mismo, el
demandante percibió como remuneración la bonificación por gestión judicial. En
consecuencia, ordenó el pago de la diferencia entre lo efectivamente recibido y lo que
debió percibir por concepto de bonificación por compensación mientras ejerció el cargo
de magistrado de Tribunal Superior Militar, teniendo en cuenta que la prima especial y
dicha bonificación no tienen carácter salarial.

Recurso de apelación

10. Inconforme con la decisión, el Ministerio de Defensa Nacional9 interpuso
recurso de apelación10 en el que adujo que si bien se reclaman sumas periódicas, operó
la prescripción cuatrienal respecto de ellas, la cual se debe contabilizar a partir de la fecha
en que hizo exigible el derecho; en ese contexto, como «la»11 demandante se retiró del
cargo en 2008 tendría hasta el 2012 para formular su reclamación. Aseguró que aun en
el evento de examinar dicha figura a partir de la fecha en que la demandante considera
que adquirió su derecho, esto es, desde la sentencia del 2 de abril de 2009 emitida por
el Consejo de Estado, entonces el término con el que contaba para hacer su solicitud
venció el 2 de abril de 2013, empero como acudió en sede administrativa hasta el 15 de
octubre de 2014 operó la extinción del derecho.

II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

11. Luego de resolver la manifestación de impedimento formulada por los
consejeros que integraban la Sección Segunda de esta Corporación 12 y proceder al
sorteo de conjueces13, mediante auto del 19 de enero de 202214 se admitió el recurso de
apelación y a través de auto del 22 de noviembre de 202215 se corrió traslado a las partes
para alegar de conclusión.

12. En su intervención, el demandante16 reiteró los argumentos esgrimidos en la
demanda. En cuanto a la prescripción indicó que con la sentencia del 14 de diciembre de
2011 que anuló el Decreto 4040 de 2004 se hizo exigible la obligación al pago de la
diferencia reclamada, de manera que, a partir de la ejecutoria de esta, contaba con tres
años para reclamar su derecho, lo cual hizo en tiempo, por manera que no se configuró
el fenómeno prescriptivo.

8 Folio 177, acápite 5.4 El caso concreto.
9 Folios 184 a 189.
10 En el recurso también se indicó que la prima especial del 30% del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 no

tiene carácter salarial para liquidar las prestaciones sociales, sino únicamente para efectos pensionales,
por tal motivo, el juez de segunda instancia debe negar el derecho solicitado; sin embargo, dicho
planteamiento no constituye un reparo concreto frente a lo decidido en primera instancia, cuyo análisis se
concretó en el derecho a las diferencias reclamadas por concepto de bonificación por compensación.
11 Así lo señaló expresamente en el folio 185.
12 Folios 200 y 202.
13 Folio 204.
14 Folio 208.
15 Folio 211.
16 Índice 31 de Samai.

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Demandante: Pedro Gabriel Palacios Osma

13. Por su parte, el Ministerio de Defensa Nacional17 reiteró los argumentos
expuestos en el recurso de apelación.

14. El proceso regresó a la Subsección debido a la nueva integración de la Sala
que llevó a desplazar a los conjueces del conocimiento del asunto18.

15. En auto del 13 de noviembre de 202519 se decretó prueba de oficio en la que
se ordenó a las partes allegar copia i) del certificado de tiempo de servicios en el período
en el que el demandante fungió como magistrado del Tribunal Superior Militar y ii) del
certificado salarial y prestacional mientras ostentó dicho empleo. La entidad atendió el
requerimiento y allegó la información solicitada20.

III. CONSIDERACIONES

Competencia

16. De conformidad con lo previsto en el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), modificado por el artículo 615
del Código General del Proceso (CGP), el Consejo de Estado es competente para resolver
los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias dictadas en primera
instancia por los Tribunales Administrativos.

Problema jurídico

17. Según los reparos concretos planteados procederá la Sala a determinar si
operó el fenómeno de la prescripción.

Análisis del problema jurídico

18. La Sala modificará el numeral primero de la sentencia de primera instancia, en
cuanto se estuvo a una sentencia que no es de unificación y confirmará lo demás porque
se no configuró la prescripción del derecho e impondrá costas a la entidad demandada.

19. En el presente caso se encuentra acreditado que el señor Pedro Gabriel
Palacios Osma laboró como magistrado del Tribunal Superior Militar de Bogotá desde el
27 de noviembre de 200921 hasta el 20 de agosto de 201422. Según consta en la
certificación de haberes, dentro de su asignación mensual recibió como remuneración la

17 Índice 30 de Samai.
18 Índice 43 de Samai.
19 Folios 213 y 124.
20 Visible en índices 59 a 61, 65, 72 a 76.
21 Decreto de nombramiento 4547 del 23 de noviembre de 2009 y Acta de posesión 0031-2009 del 27 de

noviembre de 2009, índice 61 de Samai.
22 Índice 72, certificación expedida por el fiscal subdirector con funciones administrativas de director de

prestaciones sociales en el hecho tercero indicó que el demandante fue «retirado del servicio activo el 2 de
agosto de 2014 por la causal de retiro SOLICITUD PROPIA».

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Demandante: Pedro Gabriel Palacios Osma

bonificación por gestión judicial23 desde diciembre de 2009 hasta febrero de 2013 y la
bonificación por compensación24 desde marzo de 2013 hasta agosto de 201425.

20. Por lo anterior, el «20 de mayo de 2013»26 formuló petición en la que reclamó
el reconocimiento y pago de la diferencia que surja entre lo devengado y lo que resulte al
reconocer la bonificación por compensación en el 80% de lo que por todo concepto
perciben los magistrados de las altas cortes que es equivalente con lo que por todo
concepto devengan los congresistas, entre el 27 de noviembre de 2009 y el 26 de enero
de 2012, pues a partir de tal fecha con la expedición del Decreto 1102 de 2012 se le viene
reconociendo la referida bonificación en el 80%. Dicha petición dio origen al acto
demandado, a saber, oficio 20132120122861 del 14 de junio de 201327.

21. Para resolver el planteamiento formulado en el recurso de apelación,
relacionado con la prescripción del derecho, se advierte que en el memorial la entidad
refirió datos que no corresponden ni guardan coherencia con lo probado en este proceso.
No obstante, el reparo será examinado de manera general, con el fin de determinar si, en
efecto, se configuró.

22. En ese contexto, esta Sala se remite al criterio adoptado por la Sala de
Conjueces del Consejo de Estado en sentencias del 18 de mayo de 201628 y del 2 de
septiembre de 201929. En la primera de ellas se llegó a la siguiente conclusión:

El asunto que se debate en torno a la aplicación de la prescripción trienal, es que ante la
coexistencia de dos regímenes salariales diferentes, no es posible hablar de
exigibilidad del derecho a reclamar, debido a que para los beneficiarios de los derechos
existía la disyuntiva del Decreto 610 de 1998, que reconoce la Bonificación por
Compensación Judicial y el régimen salarial del Decreto 4040 de 2004, que reconocía la
Bonificación por Gestión Judicial. Es decir, no se podía establecer con exactitud cuál de
los regímenes era el aplicable, ante lo cual resultaba imposible referirse a la exigibilidad
del derecho.
En este sentido solo puede hablarse de exigibilidad de la Bonificación por
Compensación, a partir de la fecha de ejecutoria del fallo que declaró la nulidad del
Decreto 404030, es decir el 28 de enero de 2012. [Se destaca]

23. Por su parte, en la del 2 de septiembre de 2019 se precisó lo siguiente:

23 Índice 65, certificación de haberes, expedido por el oficial de la Sección de atención al usuario DIPER,

donde consta que percibió la «bonpgestjud».
24 Índice 65, certificación de haberes, donde consta que percibió la «bonporcomp JPM».
25 Ibidem; esta certificación se expidió el 3 de marzo de 2026 por los valores que el demandante «devengó

durante el lapso comprendido entre el 01 de junio de 1994 y hasta el 30 de agosto de 2014».
26 Folios 2 y 3. Se menciona esa fecha pues así consta en el sello de recibido por parte de la entidad; no

obstante, se precisa que en el acto acusado -folio 5- se refiere que la petición fue allegada el 14 de junio
de 2013, razón por la cual se tendrá en cuenta la primera, como fecha de la solicitud.
27 Folio 5.
28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sala de Conjueces.

Radicado 25000 23 25 000 2010 00246 02 (0845-2015), Conjuez ponente Jorge Iván Acuña Arrieta.
29 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sala Plena de Conjueces.

Radicado 41001 23 33 000 2016 00041 02 (2204-2018), Actor: Joaquín Vega Pérez.
30 Cita propia del texto transcrito: «Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Secc 2ª, Sala

de Conjueces, Rad. N° 11001-0325-000-2005-00244-01 (10067-2005), Sentencia de 14 de diciembre de
2011 M.P. Carlos Arturo Orjuela Góngora».

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Radicación: 25000 23 42 000 2013 05386-02 (0698-2020)
Demandante: Pedro Gabriel Palacios Osma

[…] En efecto, la prescripción trienal del derecho se computa a partir de la vigencia del
Decreto 4040 de 2004, toda vez que antes de la expedición de éste el único régimen
vigente respecto de la bonificación por compensación era el Decreto 610 de 1998 y el
derecho era plenamente exigible, por lo que quien consideraba tenía derecho a percibirla
tenía la carga de solicitarla antes de que operara el fenómeno de la prescripción trienal de
que tratan los Decretos 3135 de 1968 y 102 del Decreto 1848 de 1969.

Esta Sala de igual manera ha reconocido al resolver casos análogos que si bien a través
de estas sentencias se declaró que con la ejecutoria de la sentencia que declaró la
nulidad del Decreto 4040 de 2004 el día 27 de enero de 2012 se hizo exigible el
derecho al reconocimiento y pago de la diferencia en el porcentaje que contempla
el Decreto 610 de 1998 y el 4040 de 2004, y que por tal razón no se aplicaría la
prescripción trienal, lo cierto es que entre el período comprendido entre la ejecutoria de
la sentencia que anuló el Decreto 2668 de 1998 y la fecha de expedición del Decreto 4040
de 2004, procede decretarla. Durante este lapso no hubo dualidad de normas y por lo
tanto, los beneficiarios de que trata el artículo 2° del Decreto 610 de 1998 tenían la
oportunidad de interrumpirla. (Negrilla y subrayado fuera del texto original)

En consecuencia, procede la prescripción de la bonificación por compensación entre el 5
de [octubre]31 de 2001 y el 2 de diciembre de 2004. Lo anterior es la regla general. Esta
regla tiene una excepción, que consiste en que, si la persona logra demostrar en el
expediente, con pruebas [sic] documental, que antes del 3 de diciembre de 2004 había
interrumpido la prescripción conforme a la ley. En ese caso la prescripción va más allá del
4 de diciembre de 2004 y se retrotraería hasta la fecha de presentación de esa
interrupción, fecha entonces que debe ser posterior al 25 de septiembre de 2001 y anterior
al 3 de diciembre de 2004. Esta excepción y como toda excepción, es de aplicación
restrictiva.

Y para las reclamaciones posteriores al 27 de enero de 2012 la prescripción trienal
aplica ya sin excepciones. [Se destaca]

24. En virtud de lo anterior, resulta pertinente señalar que el señor Pedro Gabriel
Palacios Osma desempeñó32 un cargo beneficiario de la bonificación prevista en el
Decreto 610 de 1998, razón por la cual le asiste el derecho a su reconocimiento. En
aplicación de este criterio y para efectos de contabilizar la prescripción se advierte que
en el presente asunto se reclama la diferencia del 10% entre lo dispuesto en el Decreto
610 de 1998 y el Decreto 4040 de 2004, por el período comprendido entre el 27 de
noviembre de 2009 y el 26 de enero de 2012, esto es, cuando hubo coexistencia
normativa.

25. En ese contexto, el derecho solo se hizo exigible a partir de la ejecutoria de la
sentencia que anuló el Decreto 4040 de 2004; en consecuencia, el término de tres años33
para reclamar se extendía hasta el 28 de enero de 2015. Como la solicitud fue presentada
el 20 de mayo de 2013, se concluye que se formuló oportunamente y no operó la
prescripción. Ahora, si bien el Tribunal no abordó expresamente el fenómeno prescriptivo,

31 Entiéndase incluido el auto de la misma Sala de Conjueces del 7 de octubre de 2019 que aclaró
parcialmente y la corrigió. En ese sentido se entiende que la prescripción de la bonificación por
compensación procede entre el 5 de octubre de 2001 y no del 5 de septiembre de 2001.
32 Como se indicó en el párrafo 19.
33 Para este caso no aplica la prescripción cuatrienal a que se refiere el recurso, sino la trienal examinada

en las providencias citadas previamente, toda vez que el artículo 174 del Decreto 1211 de 1990, que
establece el término cuatrienal solo rige en materia de los derechos reconocidos en dicha disposición y la
bonificación por compensación objeto de este proceso no está contemplada en dicha disposición, por lo
que es aplicable la prescripción establecida en los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969, como lo ha
examinado esta Corporación al resolver este tipo de controversias.

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Radicación: 25000 23 42 000 2013 05386-02 (0698-2020)
Demandante: Pedro Gabriel Palacios Osma

lo cierto es que reconoció el derecho por la totalidad del periodo reclamado, decisión que
resulta acertada conforme a lo expuesto. En ese orden, el reparo formulado por la entidad
no prospera.

26. Finalmente, la Sala modificará el numeral primero de la parte resolutiva de la
sentencia de primera instancia en cuanto se estuvo a lo resuelto en una providencia que
no es de unificación jurisprudencial, esto es, la del 18 de mayo de 2016.

Condena en costas

27. La modificación del artículo 188 del CPACA efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación frente
a la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura armónica y útil de la norma
se colige que la aludida reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración
del criterio objetivo que gobierna esta materia.

28. La pretensión del legislador con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal respecto de asuntos donde se ventile un interés público, creando así
una excepción a la regla general según la cual no procede dicha imposición en este tipo
de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso de los
trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del
CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena
en costas sobre la parte vencida en el proceso.

29. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la remisión
contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

30. En el caso concreto, se condenará en costas a la parte demandada,
comoquiera que no prosperó el recurso de apelación. Para el efecto, de conformidad con
el artículo 366 ibidem, las agencias en derecho serán fijadas por el despacho
sustanciador de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la Secretaría del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

IV. RESUELVE

PRIMERO. MODIFICAR el numeral primero de la parte resolutiva de la sentencia del
31 de mayo de 2019 expedida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en el
sentido de excluir la mención que se hace a la sentencia del 18 de mayo de 2016, según
lo expuesto en las consideraciones.

SEGUNDO. CONFIRMAR en lo demás la sentencia recurrida.

7

Radicación: 25000 23 42 000 2013 05386-02 (0698-2020)
Demandante: Pedro Gabriel Palacios Osma

TERCERO. Condenar en costas de segunda instancia a la entidad demandada.

CUARTO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
CMTG

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