Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2016-02127-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2016-02127-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2016-02127-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
24 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., veinticuatro (24) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 05001-23-33-000-2016-02127-01 (2274-2025)
Demandantes: Elcira de Jesús Castaño de Muñoz, Jorge Mario, Juan Diego,
María Isabel y Andrés Felipe Muñoz Castaño; en calidad de
sucesores procesales del señor Julián Muñoz Sánchez
Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Temas: Reliquidación pensional ante el reajuste de la bonificación por
compensación concedido previamente en vía judicial. No se
requiere el giro anticipado de aportes sobre dicho concepto para
ordenar la reliquidación ante la facultad de cobro de las
cotizaciones adeudadas por parte de la entidad de previsión.
MODIFICA SENTENCIA Y CONFIRMA EN LO DEMÁS
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala1 el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia proferida el veintisiete (27) de mayo de dos mil veinticinco (2025) por
el Tribunal Administrativo de Antioquia, por medio de la cual se accedió a las
pretensiones.
ANTECEDENTES
1. El señor Julián Muñoz Sánchez instauró demanda2 contra la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP), en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), con el
fin de que se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
1 Actualmente los miembros de la subsección no tienen un proceso pendiente o interés actual frente a aspectos
relacionados con el reconocimiento de la bonificación por compensación del Decreto 610 de 1998, objeto del
presente proceso.
2 Folios 87 a 112.
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2. Que se declare la nulidad de las siguientes Resoluciones: (i) RDP 044799 del 29
de octubre de 2015, por medio de la cual le fue negada la solicitud de reliquidación
pensional con inclusión de la diferencia por el mayor valor de la bonificación por
compensación reconocida vía judicial; (ii) RDP 053053 de 14 de diciembre de 2015
con la que se resolvió el recurso de reposición; (iii) RDP 000618 del 13 de enero de
2016 mediante la cual se resolvió el recurso de apelación; (iv) RDP 021652 del 8 de
junio de 2016 que nuevamente negó la petición de reliquidación de su pensión; y (v)
RDP 026923 del 22 de julio de 2016 con la que se resolvió el recurso de reposición
contra el acto anterior.
3. A título de restablecimiento del derecho, se condene a la referida entidad a
reliquidar y pagar su pensión de jubilación reconocida en virtud de la Resolución
10543 del 5 de mayo de 1998 y reajustada conforme la Resolución UGM 10802 del
28 de septiembre de 2011, en cuantía del 75% del valor de los factores salariales
percibidos en el último año de servicio, con inclusión de la suma por concepto de
nivelación de la bonificación por compensación de que trata el Decreto 610 de 1998,
concedida en cumplimiento de una orden judicial a través de la Resolución 2792 del
19 de marzo de 2015 por los años 2001 a 2003; con efectividad desde el 1.º de
mayo de 2003, junto con los montos debidos por incrementos anuales y la
indexación a que haya lugar.
4. Que se dé cumplimiento al fallo en los términos del artículo 192 del CPACA y que
se condene en costas a la parte accionada.
HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
5. Que prestó sus servicios a la Rama Judicial desde el 2 de febrero de 1970 hasta
el 30 de abril de 2003 en los cargos de juez promiscuo municipal, juez octavo penal
municipal, juez primero penal del circuito, juez superior del municipio de Andes, juez
once superior de Medellín y por último como magistrado del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Medellín.
6. Que Cajanal EICE, le reconoció una pensión a través de la Resolución 10543 del
5 de mayo de 1998, por un valor de $2.254.652 efectiva a partir del 1º de agosto de
1997, la cual fue incrementada a $2.739.136 desde el 1º de junio de 1998 según la
Resolución 29790 del 9 de diciembre de 1998 que resolvió una reposición.
Posteriormente tuvo dos reliquidaciones de la prestación por medio de las
Resoluciones 12689 del 6 de julio de 2000 y 2209 del 11 de febrero de 2003 que
aumentaron su monto final a la suma de $4.729.310 desde el 1.º de junio de 2001.
7. Que en cumplimiento de un fallo de tutela proferido por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Medellín, la entidad demandada expidió la Resolución 14766 del
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8 de agosto de 2003 con la que reajustó la pensión con la inclusión de nuevos
factores salariales y de conformidad con el régimen del Decreto 546 de 1971, la cual
se fijó en un valor de $6.180.000 efectiva a partir del 17 de mayo de 2003 debido a
la prescripción trienal.
8. Que al acatar las sentencias proferidas el 30 del julio de 2007 por el Juzgado
Primero Laboral del Circuito, confirmada el 5 de octubre de 2007 por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Medellín, la UGPP emitió la Resolución UGM 10802
del 28 de septiembre de 2011 por medio de la cual elevó la cuantía de la pensión a
$6.593.854 con efectos desde el 1.º de mayo de 2003.
9. Que interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho con el fin de
que se reajustara y reconociera la bonificación por compensación de que trata el
Decreto 610 de 1998 en un 80% del total de ingresos percibidos por todo concepto
los magistrados de Altas Cortes, pretensión a la cual se accedió mediante la
sentencia proferida el 21 de junio de 2013 por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, por lo que la entidad demandada expidió la Resolución 2792 del 19 de
marzo de 2015 con la que dio cumplimiento al mencionado fallo judicial al ordenar
el pago de una suma equivalente a $113.726.896.
10. Que el 20 de abril de 2015 solicitó ante la UGPP la reliquidación de su pensión
de jubilación en virtud de la modificación en el valor de la bonificación por
compensación de conformidad con la referida sentencia y acto administrativo, pero
dicha autoridad la negó a través de la Resolución RDP 044799 del 29 de octubre de
2015 contra la cual se interpusieron recursos de reposición y apelación que fueron
resueltos negativamente con las Resoluciones RDP 053053 del 14 de diciembre de
2015 y RDP 000618 del 13 de enero de 2016 respectivamente.
11. Que debido a esta negativa volvió a solicitar lo mismo el 21 de enero de 2016 y
aportó las pruebas requeridas en la anterior actuación, pero aun así se le negó la
reclamación por medio de la Resolución RDP 021652 del 8 de junio de 2016,
confirmada con la Resolución RDP 026923 del 22 de julio de 2016, bajo el entendido
de que la mesada pensional ya había alcanzado su tope legal de 20 salarios
mínimos legales mensuales vigentes.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
12. Considera vulnerados: los artículos 2, 4, 6, 13, 23, 25, 29, 53, 55, 58, 150,
numeral 19, literal e) y 250, numeral 3 y 5 de la Constitución Política; Leyes 10 de
1987, 63 de 1988, y 4ª de 1992; Decretos 57 de 1993, 610 de 1998, 1239 de 1998,
664 de 1999, 2738 de 2000, 1476 de 2001, 2726 de 2001, 663 de 2002 y 4040 de
2004; y Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
13. Expresa que el Tribunal Administrativo de Antioquia mediante sentencia del 21
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de Junio de 2013, ejecutoriada el 21 de Junio de 2013, cuyo cumplimiento se dio en
la Resolución 2792 del 19 de Marzo de 2015, reconoció y canceló el 10% del ajuste
establecido en el Decreto 610 de 1998, no obstante este aumento no se ha visto
reflejado en el valor de su mesada pensional, pese a que corresponde a un beneficio
mínimo, irrenunciable, reconocido como derecho cierto e indiscutible, no transigible,
ni conciliable conforme al artículo 53 constitucional.
14. Indica que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha fijado un criterio amplio
en torno a la interpretación de las normas que tienen relación directa con la
nivelación establecida en el Decreto 610 de 1998, para igualar el ingreso salarial de
los magistrados al 80% de lo que por todo concepto perciben los magistrados de
Alta Corte en desarrollo de la Ley 4ª de 1992, por lo que solicitó que dicha línea sea
tenida en cuenta, ya que, de no hacerlo así, se vulneraría el derecho a la igualdad
al permitirse que dos normas diferentes regulan un mismo tema.
TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA
15. El 23 de noviembre de 2016 fue admitida la demanda.3 La UGPP4 planteó que,
si bien mediante sentencia se ordenó el reconocimiento al actor de la bonificación
por compensación, lo cierto es que la Rama Judicial no ha realizado el pago de
aportes correspondientes a este factor, lo cual hace que sea improcedente la
solicitud de reliquidación pensional por encontrarse la mesada calculada conforme
a derecho y de acuerdo con los emolumentos que fueron objeto de cotización.
16. Propuso como excepciones las de falta de integración del contradictorio,
ausencia de vicios en los actos administrativos, inexistencia de la obligación,
prescripción total del derecho y subrogación en el empleador.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN5
17. El Tribunal Administrativo de Antioquia mediante sentencia del 27 de mayo de
2025 inicialmente declaró la sucesión procesal del demandante debido a su
fallecimiento, por lo que sus intereses quedaron representados por su esposa e
hijos, puntualmente por la señora Elcira de Jesús Castaño de Muñoz y los señores
Jorge Mario, Juan Diego, María Isabel y Andrés Felipe Muñoz Castaño.
18. Luego accedió a las pretensiones, en el sentido de declarar la nulidad de los
actos demandados y ordenar a la UGPP realizar una reliquidación de la pensión de
jubilación percibida por el causante y sustituida a su cónyuge con la inclusión de la
bonificación por compensación reconocida en la Resolución 2792 del 19 de marzo
de 2015 y demás factores objeto de cotización pensional que fueron devengados
3 Folio 114.
4 Folios 142 a 151.
5 Ver índice 110 de SAMAI – Tribunales.
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dentro del periodo fijado por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, según corresponda
desde mayo de 2003, pero con efectos fiscales a partir del 20 de abril de 2012 por
efectos de la prescripción trienal que declaró probada.
19. Añadió que, una vez efectuada la anterior reliquidación, esta se comparará con
la mesada pensional que devenga el actor, por lo que procederá a continuar su pago
con tal reajuste, solo si este le resulta más favorable y, en todo caso, hasta el tope
de 20 smlmv según lo regulado por el artículo 18 de Ley 100 de 1993, vigente para
la época.
20. Dispuso que como la pensión se sustituyó en la señora Elcira de Jesús Castaño
de Muñoz a partir del 22 de octubre de 2019, el mayor valor resultante de las
mesadas causadas entre el 20 de abril de 2012 y el 21 de octubre de 2019, se
destinará para acrecentar la masa sucesoral del actor. Además, de las sumas
adeudadas autorizó el descuento de los montos para aportes según la proporción,
e hizo lo propio que la UGPP efectúe el recobro de las cotizaciones a que haya
lugar. Finalmente negó las demás pretensiones y se abstuvo de condenar en costas.
21. Afirmó que las razones expuestas por la UGPP para negar el derecho
reclamado son imprecisas, pues de conformidad con las pruebas, el último reajuste
realizado al causante se pagó con fundamento en la Resolución UGM 010802 del
28 de septiembre de 2011 cuyo monto no llegó a superar los 20 smlmv para el año
2003, pues si bien este límite sí se impuso en la Resolución 14766 del 8 de agosto
de 2003, dicho valor fue inferior al enunciado por la entidad en la Resolución RDP
053053 del 14 de diciembre de 2015.
22. Añadió que también se equivoca la entidad demandada al señalar que una vez
reliquidada la pensión, esta se limitaría a 20 smlmv equivalentes a $8.300.000, lo
que desmejoraría la pensión que devengaba el actor; puesto que dicha cifra para el
año 2003 no corresponde a 20 smlmv sino a 25 smlmv, por lo que la prestación de
conformidad con lo establecido por el artículo 18 de Ley 100 de 1993 correspondía
a 20 smlmv, cuyo límite máximo era de $6.640.000, el cual no fue superado si se
tiene en cuenta que al reclamante se le concedió finalmente la suma de $6.593.854;
lo que hace que los actos demandados estén viciados de nulidad por ser contrarios
a las normas en que debían fundarse.
23. Al revisar reconocimiento pensional del accionante, planteó que, debido a que
la fecha estatus fue el 2 de julio de 1994, en su momento se desconocieron los
lineamientos de la sentencia de unificación CE-SUJ-S2-021 20 del 11 de junio de
2020 proferida por el Consejo de Estado sobre la forma de calcular las pensiones
de los beneficiarios del régimen del Decreto 546 de 1971, pues dicha prestación le
fue otorgada con el salario más alto del último año de servicio, cuando en su caso
correspondía aplicar el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, dado que le faltaban
menos de 10 años para adquirir el derecho a la pensión, además porque fue
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reliquidada con factores adicionales, pues se incluyeron las doceavas
correspondientes a las primas de navidad, vacaciones y servicios, lo que excede lo
regulado por Decreto 1158 de 1994 como factores de cotización.
24. No obstante, aseguró que en observancia del principio del interés en la
pretensión u oposición para la sentencia de fondo desarrollado por el Consejo de
Estado, en virtud del cual no se puede hacer más gravosa al administrado la
situación que tenía antes de acudir a la jurisdicción, pues se entiende que demanda
para obtener un beneficio; no podría variarse la forma de liquidación pensional en
sede judicial, por lo que si bien en principio le asiste razón respecto a la solicitud de
reajuste con la inclusión de la diferencia de la bonificación por compensación que le
fue reconocida en la Resolución 2792 del 19 de marzo de 2015, la decisión de
acceder a las pretensiones deberá ser condicional, es decir, siempre y cuando no
se afecte el derecho del reclamante que tenía creado con anterioridad.
25. Precisó que, aunque en la actualidad el tope máximo de las mesadas
pensionales es de 25 smlmv, según lo preceptúa el artículo 5 de la Ley 797 de 2003
y el Acto Legislativo 01 de 2005, debe tenerse en cuenta que el causante adquirió
el estatus pensional el 2 de julio de 1994, fecha para la que se encontraba vigente
el artículo 18 de la Ley 100 de 1993, sin las modificaciones introducidas por la Ley
797 de 2003, y por tanto, tal como se estableció en la sentencia SU-210 de 2017, el
monto de su pensión se sujeta a los lineamientos de la Ley 100 de 1993, sin que
opere la excepción prevista en el artículo 3.º del Decreto 314 de 1994.
26. Frente a la prescripción de los eventuales valores adeudados explicó que, como
la pensión es una prestación periódica, es imprescriptible y solo se ven afectadas
las mesadas respecto de las no reclamadas en tiempo, y, además, debido a que
con la petición radicada por el demandante el 20 de abril de 2015 se interrumpió
dicho fenómeno, consideró que, de ser procedente, se reconocerá la reliquidación
pretendida a partir del 20 de abril de 2012.
RECURSO DE APELACIÓN6
27. La parte demandada interpuso recurso de apelación bajo el argumento de que,
cuando el demandante se retiró del servicio, su situación laboral fue afectada por el
Decreto 610 de 1998 y posteriormente, y en especial, por el Decreto 4040 de 2004,
que estableció la llamada bonificación por gestión judicial, frente a la cual se reitera
en la norma que «… solo constituirá factor salarial para efectos de determinar las
pensiones de vejez, invalidez y sobrevivientes», con la precisión de que «La suma
de que trata el presente artículo no constituye salario ni prestación social, ni será
factor para ningún efecto». Dijo que, en virtud de lo anterior, la DEAJ obvió el pago
6 Ver índice 112 de SAMAI – Tribunales.
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de la cotización sobre este concepto al Sistema General de Seguridad Social en
Pensiones, basada en el artículo 18 de la Ley 100 de 1993.
28. Que por esa razón actuó bajo el principio de legalidad, pues liquidó la pensión
en atención a los factores salariales reconocidos como tales por el empleador, sobre
los cuales este cumplió con su obligación de pagar la debida cotización al sistema,
donde lejos de existir falsa motivación o cualquier otro vicio en los actos
administrativos proferidos, se configuró el cumplimiento del deber normativo
asignado por el ordenamiento jurídico a la entidad de previsión.
29. Planteó que, conforme a lo anterior, no podría hacerse un juicio de reproche
frente a su conducta, cuando a quien debió demandarse fue al empleador, esto es,
a la Rama Judicial, porque al declararse la nulidad del Decreto 4040 de 2004 por
parte del Consejo de Estado en el año 2011, debió solicitarse por vía administrativa
en primera instancia y por vía judicial si fuera necesario, el reconocimiento de la
bonificación por gestión judicial como un factor salarial, y con base en el mismo, la
reliquidación de los salarios, prestaciones sociales y cotizaciones pagadas al
sistema general de seguridad social en pensiones.
30. Aseguró que el fallo apelado le impone una carga desproporcionada que
redunda en el enriquecimiento sin causa del empleador, causándole un daño
antijurídico y un detrimento en el patrimonio público.
TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
31. El 8 de septiembre de 2025 se admitió el recurso de apelación.7
32. El Ministerio Público8 solicitó que se confirme el fallo apelado, para lo cual
manifestó que el tribunal estableció que la Resolución 10802 del 28 de septiembre
de 2011 que reliquidó la pensión, tomó como tope la suma de $6’593.854, cuando
el límite correcto era $6’400.000, lo cual arroja una diferencia que explica la decisión
de reajustar la prestación periódica, a pesar de la cifra pequeña establecida, pero
que indica la inclusión mal calculada de la bonificación por compensación. Además,
destacó que los motivos de apelación aludidos no apuntan al centro de la discusión
y están planteados sin soporte probatorio ni legal idóneo, lo que hace que la
sentencia de primera instancia haya acertado en lo sustancial.
Se decidirá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
7 Ver índice 5 de SAMAI.
8 Ver índice 9 de SAMAI.
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33. Deberá resolver la Subsección si al demandante con una pensión de jubilación
reconocida y reliquidada con base en el Decreto 546 de 1971, tiene derecho al
reajuste de su mesada con la inclusión en el IBL de la diferencia existente entre la
bonificación por gestión judicial del Decreto 4040 de 2004 y la bonificación por
compensación del Decreto 610 de 1998, pese a que eventualmente sobre tal
concepto no se hubiesen realizado los respectivos aportes al Sistema de Seguridad
Social en Pensiones.
Marco normativo y jurisprudencial
Sobre la bonificación por compensación y su liquidación como factor del IBL
pensional
34. La bonificación por compensación fue creada mediante el Decreto 610 de 1998
tras el reconocimiento de una brecha salarial entre los magistrados de tribunal y
otros funcionarios frente a los magistrados de altas cortes, pues para ese momento
aquellos percibían apenas el 46% de la remuneración de estos últimos.
35. Con tal finalidad, la norma adoptó un esquema de nivelación salarial progresiva,
mediante el cual se dispuso un incremento gradual de los ingresos laborales de los
funcionarios destinatarios del decreto, iniciando en 1999 con un reconocimiento
equivalente al 60% de lo percibido por los magistrados de las altas cortes y
alcanzando el 80% en el 2001. Con ese propósito, la norma dispuso una nivelación
progresiva de sus ingresos, hasta alcanzar el 80% de lo devengado por estos
últimos, precisando, en el inciso 2.° del artículo 1.° que el emolumento solo
constituirá factor salarial, precisamente para efectos de determinar el IBL de las
pensiones de vejez, invalidez y sobrevivientes como se reclama en el presente
asunto.
36. Ahora, respecto de la base de liquidación de este factor, el Consejo de Estado9
ha determinado que se fija como un porcentaje de lo que por todo concepto reciben
los magistrados de altas cortes, razón por la cual su cuantía depende también de la
base utilizada para el cálculo de la prima especial de servicios reconocida a estos
funcionarios. Esta última, a su vez, se liquida con fundamento en la equiparación de
la totalidad de los emolumentos percibidos por los congresistas, dentro de los cuales
las cesantías han sido reconocidas10 como ingresos laborales anuales de carácter
permanente, y, por tanto, consideradas como factor de liquidación.
9 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 4 de septiembre de 2025. Exp. 47001 -
23-33-000-2014-00057-02 (4173-2023). C.P. Luis Eduardo Mesa Nieves. Consejo de Estado. Sección Segunda.
Sala de Conjueces. Sentencias proferidas el 18 de mayo de 2016. Exp. 25000-23-25-000-2010-00246-02 (0845-
2015). C.P. Jorge Iván Acuña Arrieta; el 3 de diciembre de 2024. Exp. 25000-23-42-000-2018-00716-02 (0499-
2022). C.P. Clara Elisa Cifuentes Ortiz Bogotá; el 8 de octubre de 2024. Exp 17001-23-33-000-2012-00115-02
(4006-2015). C.P. Miguel Arcángel Villalobos Chavarro.
10 Consejo de Estado. Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 4 de mayo de 2009. 25000-23-25-
000-2004-05209-02(0552-07). CP. Luis Fernando Velandia Rodríguez.
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Resolución del caso concreto
37. Es claro que la entidad demandada es la única apelante y su inconformidad se
refiere a que la reliquidación ordenada implica un detrimento patrimonial de la UGPP
ante el enriquecimiento sin justa causa del empleador del reclamante, al haber
omitido el giro de los aportes sobre la diferencia en el pago de la bonificación por
compensación que se dispuso incluir como factor dentro del IBL pensional, pues
conforme la sentencia C-258 de 2013 se impide computar esos valores para fijar el
monto final de la prestación, en razón de que solo se pueden tener en cuenta los
emolumentos sobre los cuales se hubiesen efectuado cotizaciones, al punto de
asegurar que a quien debió demandarse primero frente a tal pretensión es a la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.
38. Frente a este último argumento, se destaca que el reconocimiento de los
aportes al Sistema de Seguridad Social en Pensiones es una obligación legal que
tienen los empleadores sobre todos los ingresos salariales de sus trabajadores de
conformidad con el artículo 22 de la Ley 100 de 1993,11 sin que se requiera
previamente una orden administrativa o judicial que ordene efectuar tales abonos,
pues los derechos que se consolidan con dichos pagos son imprescriptibles e
irrenunciables12 y, por virtud de lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 100 de 199313
son obligatorios, no solo por su naturaleza parafiscal, sino por la sostenibilidad del
propio sistema.14
39. Lo expuesto significa que no es cierto que el actor tuviese que haber instaurado
una demanda contra la Rama Judicial para primero asegurar el reconocimiento de
los mencionados recursos, pues al margen de que estos se hubiesen o no solicitado
y concedido en el proceso adelantado ante el Tribunal Administrativo de Antioquia
contra la referida entidad en el asunto radicado 2009-01509, en el que se resolvió
acceder al pago de la diferencia de la bonificación por compensación, lo cierto es
que los aludidos aportes corresponden a un deber y un derecho derivado de normas
11 «ARTÍCULO 22. Obligaciones del Empleador. El empleador será responsable del pago de su aporte y del
aporte de los trabajadores a su servicio. Para tal efecto, descontará del salario de cada afiliado, al momento de
su pago, el monto de las cotizaciones obligatorias y el de las voluntarias que expresamente haya autorizado por
escrito el afiliado, y trasladará estas sumas a la entidad elegida por el trabajador, junto con las correspondientes
a su aporte, dentro de los plazos que para el efecto determine el Gobierno.
El empleador responderá por la totalidad del aporte aun en el evento de que no hubiere efectuado el descuento
al trabajador.»
12 La sentencia del 25 de agosto de 2016, radicación 23001 23 33 000 2013 00260 01 (0088-15) consejero
ponente, Carmelo Perdomo Cuéter, precisó: «[…] la Sala aclara que la prescripción extintiva no es dable aplicar
frente a los aportes para pensión, en atención a la condición periódica del derecho pensional, que los hace
imprescriptibles, pues aquellos se causan día a día y en tal sentido se pueden solicitar en cualquier época,
mientras que las prestaciones sociales y salariales, al ser pagadas por una sola vez, sí son susceptibles del
mencionado fenómeno, por tener el carácter de emolumentos económicos temporales. […]».
13 «[…] ARTÍCULO 17. Obligatoriedad de las Cotizaciones. Durante la vigencia de la relación laboral deberán
efectuarse cotizaciones obligatorias a los Regímenes del Sistema General de Pensiones por parte de los
afiliados y empleadores, con base en el salario que aquéllos devenguen. […]»
14 Ver sentencia del Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala de conjueces de la Sección
Segunda- providencia del 4 de julio de 2024, conjuez ponente: Clara Elisa Cifuentes Ortíz, radicación: 25000-
23-42-0002017-05349-02 (2828-2021).
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de orden público que no pueden ser desatendidos o renunciados ante la falta de
petición explícita en ese sentido.15
40. Incluso, es por esa misma razón que, pese a que los artículos 4 y 9 de la Ley
797 de 2003 que modificaron los artículos 17 y 33 de la Ley 100 de 1993
establecieron desde 2003 como exigencia para el reconocimiento o reliquidación de
la pensión de jubilación que se demostraran los aportes al sistema pensional, lo
cierto es que ni antes ni después de esta fecha debe verificarse como requisito para
ello la realización efectiva de las cotizaciones por parte del empleador en nombre
del trabajador, sino al menos que estas efectivamente se adeuden, pues como se
mencionó, son imprescriptibles y por tanto pueden ser recaudadas en cualquier
tiempo.
41. Es por eso que, en todo caso, las cotizaciones pendientes de pago, por ejemplo,
ante un mayor valor derivado del reajuste de un factor salarial computable en el IBL
como sucede en este caso, necesariamente deben ser abonadas a la respectiva
entidad de previsión y esta tiene la facultad y el deber de efectuar el cobro completo
y actualizado de lo adeudado por tal concepto, pues su naturaleza parafiscal
conlleva la obligatoriedad del recaudo con base en las acciones previstas en los
artículos 24 de la Ley 100 de 1993 y 2.2.3.3.3. del Decreto 1833 de 2016, mediante
gestiones adelantadas ante el empleador de conformidad con las obligaciones
legales contempladas en el artículo 22 de la primera norma en mención.
42. En consecuencia, no encuentra respaldo el argumento del supuesto detrimento
patrimonial de la parte apelante, en la medida en que esta siempre contará con los
mecanismos legales para obtener los recursos necesarios para la financiación plena
de la prestación.
43. Ahora bien, esta facultad de cobro no puede ser el fundamento para hacer más
gravosa la situación jurídica creada al actor en vía administrativa antes de acudir a
la jurisdicción, quien con su demanda pretende una reliquidación pensional para
aumentar el valor de su mesada y obtener el pago de un retroactivo por este
concepto.
44. Por tal motivo, aunque el tribunal autorizó los descuentos que por ley sean
procedentes para asumir el pago de estas cotizaciones al SGSS en los porcentajes
15 Esta tesis ya fue expuesta por la Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia de unificación del 25
de agosto de 2016, dictada en el radicado: 23001-23-33-000-2013-00260-01(0088-15) CE-SUJ2-005-16, en la
que, si bien se habla de la obligatoriedad de pronunciarse en materia de aportes a pensión, se considera que
tal postura corre la misma suerte en lo que respecta a los aportes a salud, por ser un subsistema integral del
propio Sistema General de Seguridad Social como se ha explicado previamente. En dicha providencia se indicó
lo siguiente: «[…] vii) El juez contencioso-administrativo se debe pronunciar, aunque no se haya deprecado de
manera expresa, respecto de los aportes al sistema de seguridad social en pensiones, una vez determinada la
existencia del vínculo laboral entre el demandante y la agencia estatal accionada, sin que ello implique la
adopción de una decisión extra petita, sino una consecuencia indispensable para lograr la efectividad de los
derechos del trabajador. […]»
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que le corresponda a cada parte, deberá tenerse en cuenta que conforme el
parágrafo del artículo 22 de la Ley 100 de 1993, «[…] El empleador responderá por
la totalidad del aporte aun en el evento de que no hubiere efectuado el descuento
al trabajador. […]»
45. De allí que, sin que se agrave la situación jurídica creada a la entidad en calidad
de apelante única, deberán modificarse los ordinales 4.4. y 4.5. de la sentencia
recurrida a fin de establecer que la referida orden de gestión de cobro de la UGPP
deberá adelantarse únicamente ante el empleador de acuerdo con lo anterior, sin
que se autoricen descuentos de la eventual condena a cargo del demandante.
Ahora, con base en lo expuesto y de acuerdo con la solicitud del Ministerio Público,
se confirmará el fallo en todo lo demás que no fue materia de apelación.
Condena en costas de segunda instancia
46. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una
lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.
47. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público. Esto
creó una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición
en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el
caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el
artículo 188 del CPACA se mantiene incólume. En ese sentido la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.
48. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida. La liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
49. En consecuencia, se impondrán costas en esta instancia a la parte recurrente,
por cuanto la modificación ordenada no la favorece directamente, por lo que, ante
la confirmación de la providencia censurada, no prosperan los argumentos de su
recurso de apelación.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
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FALLA
Primero. MODIFICAR los numerales 4.4. y 4.5. de la sentencia proferida el
veintisiete (27) de mayo de dos mil veinticinco (2025) por el Tribunal Administrativo
de Antioquia, por medio de la cual se accedió a las pretensiones, los cuales
quedarán de la siguiente forma:
«[…] 4.4. y 4.5. La UGPP adelantará las gestiones de cobro que le son
propias de conformidad con la ley para obtener de parte del empleador del
causante, el pago total y actualizado del monto faltante por concepto de
mayor valor en los aportes a pensión, derivados del reajuste de la
bonificación por compensación, de conformidad con los períodos y montos
reconocidos en la Resolución 2792 del 19 de marzo de 2015, al ser dicho
emolumento factor salarial computable en el IBL pensional. […]»
Segundo. CONFIRMAR en todo lo demás la providencia apelada.
Tercero. Condenar en costas de segunda instancia a la parte apelante.
Cuarto. Reconocer personería para actuar como apoderado general de la UGPP al
abogado Alberto Elías González Mebarak, portador de la tarjeta profesional
149.736, y como apoderado sustituto a la abogada María Camila Araque Rosas,
portadora de la tarjeta profesional 441.199; de conformidad y para los fines de los
poderes que les fueron conferidos, obrantes en el índice 13 de SAMAI.
Quinto. Devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
LOS MAGISTRADOS,
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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