Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2014-00477-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2014-00477-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 76001-23-33-000-2014-00477-02
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
3 de julio de 2026
Radicación: 76001-23-33-000-2014-00477-02 (3557-2025)
Demandante: Bárbara Liliana Talero Ortíz
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá, D.C., tres (3) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 76001-23-33-000-2014-00477-02 (3557-2025)
Demandante: Bárbara Liliana Talero Ortíz
Demandado: Nación-Rama Judicial- Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial
Tema: Prima especial de servicios art. 14 de la Ley 4 de 1992.
Decisión: Revoca Sentencia. Con condena en costas
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
1. Comoquiera que ninguno de los miembros de la Sala advierte causal de
impedimento para conocer del presente asunto1, se procede a resolver el recurso
de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del 16 de
septiembre de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
que accedió parcialmente las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
Pretensiones de la demanda
2. La parte demandante solicitó la nulidad de la Resolución No. 1729 del 6 de
junio de 2013,2 mediante el cual la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Seccional Cali- Valle del Cauca negó el reajuste solicitado; y la Resolución 5737
de 29 de noviembre de 20133 que resolvió el recurso de apelación.
3. A título de restablecimiento del derecho, peticionó: «2. […] tener como factor
1 Actualmente los miembros de la Sala no tienen un proceso pendiente o interés actual frente a aspectos
relacionados con el reconocimiento de la prima especial del artículo 14 de la Ley 4 de 1992, objeto del
presente proceso. Cabe precisar que, si bien el consejero Luis Eduardo Mesa Nieves manifestaba
impedimento para conocer de asuntos relacionados con la prima especial del artículo 14 de la Ley 4 de
1992, por tener un proceso en trámite en el que se debatía un asunto similar, el mismo fue definido mediante
sentencia del 16 de septiembre de 2025, decisión que se encuentra ejecutoriada, por lo que a la fecha no
existe pleito pendiente entre las partes o interés actual sobre la controversia. Por otra parte, se advierte que
el ponente en casos anteriores había manifestado impedimento por pleito pendiente; sin embargo, este fue
resuelto por la Sala mediate auto del 9 de abril de 2026, declarándolo infundado.
2 Índice 52 expediente digital, documento 002Contrato […] págs. 22-27, gestión en otros despachos de
Samai.
3 Índice 52 expediente digital, documento 002Contrato […] págs. 40-57, gestión en otros despachos de
Samai.
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Demandante: Bárbara Liliana Talero Ortíz
salarial, la prima especial de servicios y la bonificación por compensación, y se
proceda a reliquidar y pagar retroactivamente, indexado, con los respectivos
intereses moratorios de todas sus prestaciones sociales- prima de navidad,
vacaciones, cesantías, intereses de cesantías, bonificaciones y las demás a las
que haya lugar […] como Magistrada del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá, Sala Civil, desde el 15 de agosto de 2006 hasta el 29 de marzo de 2007,
como Magistrada del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, Sala Civil,
desde el 6 de junio de 2008 hasta el 12 de enero de 2009 y como Magistrada del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Guadalajara de Buga, Sala Civil, desde
el 13 de enero de 2009 hasta la fecha […]» 4.
Hechos que fundamentan la demanda
4. La actora presta sus servicios a la Rama Judicial como como magistrada del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, desde el 15 de agosto
de 2006 hasta el 29 de marzo de 2007, como magistrada del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Medellín, Sala Civil; desde el 6 de junio de 2008 hasta el
12 de enero de 2009; y como magistrada del Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Guadalajara de Buga, Sala Civil, desde el 13 de enero de 2009 hasta la fecha.
5. Elevó petición ante la entidad demandada5 solicitando el reajuste de sus
prestaciones sociales teniendo en cuenta prima especial de servicios y a
bonificación por compensación. La anterior solicitud fue resuelta de manera
negativa mediante los actos acusados.
Fundamentos de derecho
6. Para el abogado de la parte actora, las decisiones enjuiciadas vulneraron los
artículos 2, 4, 6, 13, 23, 25, 29, 53, 55, 58, 150, 228, 277 y 280 de la Constitución
Política; 2, 10, 14, 15 y 16 de la Ley 4 de 1992; 2 de la Ley 244 de 1995; 152 de
la Ley 270 de 1996; 5 de la Ley 1071 de 2006; 10 de la Ley 1437 de 2011; 12 del
Decreto 717 de 1978; Convenios 95, 100 y 111 de la OIT; Convención Americana
sobre Derechos Humanos; Ley 22 de 1967; Decreto 610 de 1998.
7. Al desarrollar el concepto de violación, señaló que la entidad demandada ha
venido liquidando las prestaciones sociales de la accionante, excluyendo la prima
especial y la bonificación por compensación, como factores salariales, razón por
la que se le está vulnerando su derecho a recibir en forma íntegra, completa y
oportuna de sus acreencias laborales y prestacionales.
Contestación de la demanda
4 Se hace transcripción textual de la pretensión de la demanda del numeral 2.
5 En los hechos no se hace relación a la fecha en que radicó la solicitud en sede administrativa.
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Demandante: Bárbara Liliana Talero Ortíz
8. La Rama judicial contestó la demanda6 y se opuso a la prosperidad de las
pretensiones, por considerar que ha efectuado lo pagos de la bonificación de
conformidad con los lineamientos fijados por el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, por lo que a la demandante no le asiste el derecho a que se cancele
retroactivamente el 80% de lo que por todo concepto devenguen los magistrados
de las Altas Cortes, en razón a que los efectos de la sentencia de nulidad son
hacia futuro.
9. Agregó, que la prima especial de servicios no tiene carácter salarial.
10. Además, presentó las excepciones de «prescripción trienal», «ausencia de
causa petendi», e innominada.
Sentencia de primera instancia
11. Mediante sentencia del 16 de septiembre de 2025,7 el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca accedió a las súplicas de la demanda.
12. Para arribar a esa decisión, el a quo indicó que, la prima especial de
servicios regulada en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 es un concepto cuya
inclusión como factor salarial para todas las prestaciones es el objeto principal de
la demanda. Al respecto, consideró que, conforme a la sentencia del 2 de
septiembre de 2019 del Consejo de Estado, el 80% de la bonificación por
compensación para los magistrados y cargos homólogos es un límite que no
puede ser superado con el reconocimiento de la prima especial de servicios ni de
ningún otro beneficio económico laboral.
13. Por otro lado, en torno a la bonificación por compensación, señaló que
«aunque su naturaleza salarial es parte de la controversia, es un monto que la
demandante ha percibido de forma regular y periódica. Inicialmente se registra
como "Bonificación por Gestión Judicial" y luego como "Bonificación
Compensación", reflejando una continuidad en la percepción de un concepto con
propósito de nivelación salarial».
14. Concluyó que la Rama Judicial no logró esclarecer plenamente que los
pagos anuales percibidos por la demandante realmente alcanzaron el total del
80% de lo devengado en cada periodo anual por un magistrado de Alta Corte. En
consecuencia, dispuso:
TERCERO: Como restablecimiento del derecho, condenar a la Nación – Rama
Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (y/o Consejo Superior de
la Judicatura) a reconocer, liquidar y pagar correctamente la bonificación por
compensación establecida en el Decreto 610 de 1998, incluyendo en su cálculo la
totalidad de los ingresos laborales anuales devengados por los Magistrados de las
Altas Cortes, tales como cesantías y prima especial de servicios, desde el 15 de
6 Índice 52 expediente digital, documento 012Contrato […], gestión en otros despachos de Samai.
7 Índice 76, gestión en otros despachos de Samai.
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agosto de 2006 y mientras perdure la vinculación del demandante como
Magistrada y se haya normalizado el pago.
Para la liquidación de las diferencias la entidad demandada deberá comparar los
ingresos anuales de los Magistrados de las altas Cortes con todas las asignaciones
anuales percibidos por la demandante (incluyendo las cesantías y demás
prestaciones y beneficios laborales).
En consecuencia, la entidad deberá pagar a la Dra. Bárbara Liliana Talero Ortiz,
identificada con cédula de ciudadanía No. 51.919.019, las diferencias que resulten
a su favor, sin que la suma total de lo percibido (incluyendo primas, cesantías,
bonificaciones y demás conceptos) supere el 80% de los ingresos anuales
devengados por los Magistrados de las Altas Cortes.
Recurso de apelación
15. La apoderada de la parte demandada recurrió en apelación8 la sentencia
de primera instancia.
16. Adujo que los ingresos de los magistrados de Tribunal no pueden
sobrepasar el tope del 80% de lo que por todo concepto devenguen los
Magistrados de las Altas Cortes. Este límite fue concebido por el legislador en la
Ley 4 de 1992 para garantizar el principio de igualdad y eliminar las
descompensaciones salariales, materializándose a través del Decreto 610 de
1998 con la creación de la bonificación por compensación, por lo que dentro de
ese porcentaje ya se encuentra reconocida la prima especial.
17. Adujo que conforme al artículo 1º del Decreto 1102 de 2012 la bonificación
por compensación solo constituye factor salarial para efectos del ingreso base de
cotización del Sistema General de Pensiones y del Sistema General de
Seguridad Social en Salud.
18. Afirmó que otorgarle un carácter salarial más amplio, como lo pretende la
demandante y como parece insinuar el fallo al ordenar una reliquidación general,
no solo contraviene la ley, sino que genera una imposibilidad matemática y lógica
conocida como «referencia circular». La bonificación se calcula como la
diferencia para llegar al tope del 80% después de haber liquidado las
prestaciones sociales; si se incluye la propia bonificación en la base para liquidar
esas prestaciones, se crea un ciclo de cálculo infinito que, además, sobrepasaría
inevitablemente dicho tope legal.
19. Por otro lado, invocó como excepciones derivadas de la sentencia de
primera instancia: «prescripción trienal»; «inexistencia de la obligación», respecto
de la obligación de acceder al reajuste de la prima especial de servicios;
«improcedencia del carácter salarial amplio la bonificación por compensación»; y
«pleito pendiente», respecto del cual hizo referencia a que «se informó sobre la
existencia de otro proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho cursando
en el Consejo de Estado bajo el radicado 76001-23-31-000-2011-01115, entre
8 Índice 79, gestión en otros despachos de Samai.
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las mismas partes y sobre el mismo asunto», en aras de evitar un detrimento
patrimonial.
Trámite correspondiente a la segunda instancia
20. Por auto del 30 de enero de 20269, se admitió el recurso de apelación, y
se ordenó correr traslado a las partes y al agente del Ministerio Público para que
presentaran sus alegatos de conclusión.
21. Las partes guardaron silencio.
22. Control de legalidad. La Sala observa que el proceso se ha tramitado en
legal forma, sin que se advierta causal de nulidad que invalide lo actuado, por lo
que se resolverá la apelación, previas las siguientes:
II. CONSIDERACIONES
Competencia
23. De conformidad con lo establecido en el artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo10, esta Sala de
Subsección del Consejo de Estado es competente para resolver los recursos de
apelación interpuestos contra las sentencias dictadas en primera instancia por
los Tribunales Administrativos.
Problema jurídico
24. La Sala debe determinar si la bonificación por compensación constituye factor
salarial para efectos prestacionales.
25. Determinado lo anterior, si al acceder las pretensiones se superaría el tope
establecido en la ley, si hay inexistencia de la obligación frente al reajuste de la
prima especial, si operó la prescripción trienal y si podría generarse un detrimento
patrimonial por la existencia de otro proceso en el que se debate un asunto igual
al que ahora ocupa la atención de la Sala.
26. Para resolver los problemas planteados se abordarán los siguientes
aspectos: 1. La prima especial de servicios contemplada en el artículo 14 de la
Ley 4 de 1992 y el precedente jurisprudencial; 2. Hechos probados; y 3. Caso
concreto.
La prima especial de servicios del artículo 14 de la Ley 4 de 1992
9 Índice 4 de Samai.
10 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
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27. La Ley 4 de 1992, en el artículo 14, determinó que «el Gobierno Nacional
establecerá una prima no inferior al 30% ni superior al 60% del salario básico, sin
carácter salarial11 para los Magistrados de todo orden de los Tribunales
Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, Agentes del
Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial y para los Jueces de la
República, incluidos los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar,
Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar, excepto los que opten
por la escala de salarios de la Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir
del primero (1o.) de enero de 1993. Igualmente tendrán derecho a la prima de
que trata el presente artículo, los delegados departamentales del Registrador
Nacional del Estado Civil, los Registradores del Distrito Capital y los niveles
Directivo y Asesor de la Registraduría Nacional del Estado Civil».
28. En cumplimiento del mandato anterior, el Gobierno nacional desde 1993 ha
expedido anualmente los decretos salariales de los servidores públicos. Sin
embargo, aquellos emitidos entre los años 1993 y 2007, fueron declarados nulos
por el Consejo de Estado, Sala de Conjueces de la Sección Segunda, el 29 de
abril de 201412 bajo el argumento de que «de acuerdo con los criterios
establecidos en la ley marco, esto es la Ley 4ª de 1992, es claro que el Gobierno
Nacional contravino los criterios fijados por el legislador con la expedición de los
decretos demandados, pues como se pudo observar, el literal a) del artículo 2°
de la mencionada Ley estableció que de ninguna manera se podían desmejorar
los salarios y prestaciones sociales. Sin embargo, los decretos demandados
interpretaron erróneamente y aplicaron indebidamente la ley 4ª de 1992 al
haber mermado el salario de un grupo de servidores públicos, razón
suficiente para determinar que son contrarios a la Constitución y la Ley, así como
para declarar su nulidad».
29. Ahora, la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado
mediante la sentencia del 2 de septiembre de 201913, respecto del carácter o no
salarial de la prima especial de servicios determinó lo siguiente:
1. La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o asignación
básica de los servidores públicos beneficiarios de esta. En consecuencia, los
beneficiarios tienen derecho, en los términos de esta sentencia, al reconocimiento
y pago de las diferencias que por concepto de la prima resulten a su favor. La prima
especial sólo constituye factor salarial para efectos de pensión de jubilación.
11 Aparte subrayado declarado exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-279-96 de 24 de
junio de 1996, magistrado ponente Hugo Palacios Mejía. «El legislador conserva una cierta libertad para
establecer, qué componentes constituyen, o no salario; así como la de definir y desarrollar el concepto de
salario, pues es de su competencia desarrollar la Constitución. El considerar que los pagos por primas
técnicas y especiales no sean factor salarial, no lesiona los derechos de los trabajadores, y no implica una
omisión o un incorrecto desarrollo del especial deber de protección que el Estado colombiano tiene en
relación con el derecho al trabajo, ni se aparta de los deberes que Colombia ha adquirido ante la comunidad
internacional».
12 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencia del 29 de abril de 2014. Radicación:
11001-03-25-000-2007-00087-00 (1686-07). CP: María Carolina Rodríguez Ruiz
13 Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-18) MP. Carmen
Anaya De Castellanos (Conjuez)
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De la bonificación por compensación
30. En el año 1998, el Gobierno nacional expidió el Decreto 610 y en su artículo
1 creó la bonificación por compensación, equivalente al 60%, 70% y 80% para
las vigencias fiscales 1999, 2000 y 2001 en adelante; en otros términos, se creó
una bonificación por compensación, equivalente al 60% de lo que por todo
concepto devenguen los magistrados de las Altas Cortes para el año 1999,
el 70% para el año 2000 y del año 2001 en adelante el 80%.
31. Así que, el valor que se cancela por bonificación por compensación es el
resultado de tener en cuenta los ingresos anuales que «por todo concepto»
reciban los magistrados de Alta Corte, para así poder fijar los ingresos anuales
del magistrado de tribunal y demás cargos equivalentes, en un 80% a partir del
año 2001. Así mismo, en el inciso 2.° del artículo 1.° en mención dispuso que
dicho emolumento solo constituirá factor salarial para efectos de determinar las
pensiones de vejez, invalidez y sobrevivientes.
Hechos probados
32. Acreditado está en el expediente, que la actora14 ha prestado sus servicios
a la Rama Judicial como magistrada del Tribunal Superior, así: del 15 de agosto
de 2006 al 29 de marzo de 2007, y desde el 6 de junio de 2008 sin que a la fecha
de expedición de la certificación laboral se reporte retiro del servicio.15
33. Que ha percibido la prima especial de servicios y la bonificación por
compensación16.
34. Que el 7 de mayo de 2013,17 la actora le solicitó a la demandada el reajuste
de sus prestaciones sociales, pero esta petición fue negada mediante los actos
demandados.
Caso concreto
35. En el presente proceso la demandante pretendió que se tenga «como factor
salarial, la prima especial de servicios y la bonificación por compensación, y se
proceda a reliquidar y pagar retroactivamente, indexado, con los respectivos
intereses moratorios de todas sus prestaciones sociales- prima de navidad,
vacaciones, cesantías, intereses de cesantías, bonificaciones y las demás a las
que haya lugar […]».
36. Por su parte, el Tribunal de instancia señaló que el objeto principal de la
14 La actora reporta tiempo de servicios como juez de la República; sin embargo, no se relacionan ya que la
demanda se refiere únicamente a los tiempos que se desempeñó como magistrada.
15 Índice 52 expediente digital, documento 019, gestión en otros despachos de Samai. Fecha de certificación
25 de agosto de 2023.
16 Índice 52 expediente digital, documentos 014 y 015, gestión en otros despachos de Samai.
17 Folios 2-8 del expediente físico.
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controversia era tener en cuenta el carácter salarial de la prima especial de
servicios y de la bonificación por compensación. Frente a la prima especial,
determinó que el límite del 80% de lo que por todo concepto devenga un
magistrado no podía ser superado con el reconocimiento de dicho emolumento.
37. Y respecto de la bonificación por compensación, concluyó que «aunque su
naturaleza salarial es parte de la controversia» al ser un monto percibido
periódicamente y con propósito de nivelación salarial procedía su reajuste
conforme al Decreto 610 de 1998.
38. La entidad recurrente en su escrito de apelación sostuvo que otorgarle a
la bonificación por compensación un carácter salarial más amplio, como lo
pretende la demandante y como lo establece el fallo de primera instancia, al
ordenar una reliquidación general, contraviene la ley y el tope del 80%
establecido en el Decreto 610 de 1998.
39. Ahora, en relación con la bonificación por compensación como factor
salarial para liquidar las prestaciones sociales, la Sala precisa que por mandato
expreso de los Decretos 610 de 1998, 4040 de 2004 (cuando estuvo vigente) y
el actual 1102 de 2012, y conforme a la jurisprudencia reiterada de esta
Corporación18, ese emolumento «sólo constituye factor salarial para efecto del
ingreso base de cotización del Sistema General de Pensiones y del Sistema
General de Seguridad Social en Salud»; por lo que dicha bonificación no es factor
salarial para liquidar las prestaciones sociales, exceptuando lo antes precisado.
En consecuencia, le asiste razón a la entidad recurrente.
40. Asimismo, en relación con la prima especial de servicios, la apelante
sostuvo que no resulta procedente acceder a su reajuste ante la inexistencia de
la obligación, por cuanto la prima se encontraba comprendida dentro de la
bonificación por compensación. Sobre el particular, se advierte que el a quo
acogió dicha postura y, en tal sentido, sostuvo que no era posible reajustar la
prima especial ya que la demandante percibía la bonificación por compensación;
en consecuencia, la Sala se abstendrá de efectuar consideraciones adicionales
sobre este aspecto.
41. Ahora, la Sala reitera lo manifestado por esta Corporación en sentencia
de unificación del 12 de mayo de 202219, al precisar que, tanto el Gobierno
nacional en su configuración legislativa, así como el legislador, tienen la facultad
de regular el régimen salarial y prestacional de los servidores públicos, así como
decidir qué emolumentos constituyen factor salarial para efectos de liquidar
prestaciones sociales y cuáles no, potestad que no vulnera derechos de los
18Sentencia proferida el 18 de mayo de 2016 por la Sala de Conjueces – Sección Segunda del Consejo de
Estado, Rad. 250002325000201000246-02, Demandante: Jorge Luis Quiroz Alemán. Conjuez Ponente
Doctor Jorge Iván Acuña Arrieta.
19 Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia de unificación del 12 de mayo de 2022. Exp. 05001-33-
33-000-2013-01009-01(2263-2018).
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trabajadores pues no existe una obligación constitucional que exija que todos los
ingresos deban ser tenidos en cuenta como base para dichas prestaciones.
42. Además, como lo precisó la entidad en su recurso de alzada, debe tenerse
en cuenta que la bonificación por compensación no tiene carácter salarial. Este
criterio ha sido sostenido de manera pacífica20 por esta corporación y resulta
acorde con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la cual ha reconocido la
facultad de configuración del legislador para determinar qué conceptos
constituyen salario.
43. No debe perderse de vista que el artículo 243 de la Constitución Política
dispone que los fallos proferidos por la Corte Constitucional en ejercicio del
control jurisdiccional hacen tránsito a cosa juzgada constitucional, por lo que sus
decisiones tienen efectos generales y vinculantes frente a todas las personas y
autoridades, tal como lo ha precisado la mentada corporación21. En
consecuencia, como lo ha señalado la Corte Constitucional en la sentencia C-
279 de 1996, el legislador tiene la facultad para excluir determinados
emolumentos de la base de liquidación de prestaciones sociales, sin que ello
implique desconocimiento de derechos laborales.
44. Por otro lado, es pertinente mencionar que el proceso con radicado
76001-23-31-000-2011-01115-0222, el cual la entidad recurrente alude que versa
sobre el mismo asunto, se advierte que la Sala de Conjueces de la Sección
Segunda de esta Corporación profirió sentencia de segunda instancia el 3 de
diciembre de 2024, mediante la cual confirmó el fallo del 11 de marzo de 2022,
emitida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que accedió al reajuste
de la bonificación conforme lo dispuesto en el Decreto 610 de 1998. Por lo tanto,
se advierte que la actora había iniciado un proceso distinto para solicitar el
reajuste del mencionado emolumento.
45. Así las cosas, la Sala encuentra que el Tribunal dio un alcance equivocado
a las pretensiones de la demanda, pues es evidente que la actora pretendía el
20 Sentencia proferida el 18 de mayo de 2016 por la Sala de Conjueces – Sección Segunda del Consejo de
Estado, Rad. 250002325000201000246-02, Demandante: Jorge Luis Quiroz Alemán. Conjuez Ponente
Doctor Jorge Iván Acuña Arrieta. Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso Administrativo Sección
Segunda- Sala de Conjueces, conjuez ponente: Clara Elisa Cifuentes Ortiz Bogotá, sentencia tres (03) de
diciembre de dos mil veinticuatro (2024). Referencia: 25000234200020180071602 Número interno: 0499-
2022; Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso Administrativo-Sección Segunda- Sala de Conjueces,
conjuez ponente: Miguel Arcángel Villalobos Chavarro sentencia ocho (8) de octubre de dos mil veinticuatro
(2024) Referencia: Expediente N° 17001-23-33-000-2012-00115-02 Número interno: 4006-2015; Consejo
de Estado- Sala de lo Contencioso Administrativo- Sección Segunda- Sala de Conjueces- conjuez ponente:
Jorge Edisson Portocarrero Banguera- sentencia seis (06) de junio de dos mil veintitrés (2023), Referencia:
25000-23-25-000-2011-00150-02- NI:1139-2019; entre otros.
21 Corte Constitucional. Sentencia T-836/04. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra: «La cosa juzgada
constitucional de los fallos de la Corte, lo dicen la ley y la jurisprudencia, produce efectos erga omnes, es
decir, son vinculantes para todo el mundo, tienen “carácter obligatorio general, oponible a todas las personas
y a las autoridades públicas, sin excepción alguna».
22 Ver índice 50 de Samai de ese radicado.
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Radicación: 76001-23-33-000-2014-00477-02 (3557-2025)
Demandante: Bárbara Liliana Talero Ortíz
reajuste de sus prestaciones sociales teniendo en cuenta como factores
salariales la bonificación por compensación y la prima especial de servicios23.
46. Por las razones expuestas, se revocará la sentencia apelada que declaró
la nulidad de los actos acusados, pues teniendo en cuenta que la bonificación por
compensación objeto de discusión no constituye factor salarial para efectos
prestacionales, deberán negarse la totalidad de las pretensiones de la demanda.
Condena en costas en ambas instancias
47. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47
de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.
48. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese
sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida
en el proceso.
49. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
50. Dado que, se revoca totalmente la sentencia del inferior, en este caso
procede la condena en costas a la parte demandante en ambas instancias.
51. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO. REVOCAR la sentencia del 16 de septiembre de 2025, proferida por
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por medio de la cual accedió
parcialmente a las súplicas de la demanda. En su lugar, se dispone:
23 Esta posición ya ha sido reiterada por esta Sala con ponencia del consejero Jorge Iván Duque Gutiérrez
en sentencias del 21 de mayo de 2026, radicado 25000-23-42-000-2014-02855-02 (6647-2019); y del 4 de
junio de 2026, radicado 15001-23-33-000-2013-00906-02 (2412-2019).
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Demandante: Bárbara Liliana Talero Ortíz
NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en
la parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO. Condenar en costas en ambas instancias a la parte demandante.
Para tal efecto, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente
de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la Secretaría del
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
TERCERO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior decisión fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada por los consejeros de Estado, en la sede electrónica
para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley y el artículo 186 del CPACA.
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