Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2014-02855-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2014-02855-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2014-02855-02
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
22 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., veintidós (22) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-42-000-2014-02855-02 (6647-2019)
Demandante: Julio Enrique Mogollón González
Demandado: Nación — Rama Judicial — Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial
Temas: Naturaleza salarial prima especial de servicios artículo 14 de la
Ley 4.ta de 1992 y de la bonificación por compensación.
CONFIRMA SENTENCIA
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Como ninguno de los miembros de la Sala advierte causal de impedimento para
conocer del presente asunto1, se procede a resolver el recurso de apelación
interpuesto por el demandante contra la sentencia proferida el quince (15) de
agosto de dos mil diecinueve (2019) por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, por medio de la cual negó las pretensiones.
ANTECEDENTES
1. El señor Julio Enrique Mogollón González instauró demanda2 en contra de la
Nación — Rama Judicial — Dirección Ejecutiva de Administración Judicial en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo, con el fin de que se acceda a las siguientes
1 Actualmente los miembros de la Sala no tienen un proceso pendiente o interés actual frente a aspectos
relacionados con el reconocimiento de la bonificación por compensación del Decreto 610 de 1998, ni prima
especial del artículo 14 y 15 de la Ley 4 de 1992, objeto del presente proceso. De otro lado, mediante proveídos
del 9 de abril del año en curso entre otros procesos dentro de los radicados 0276-2023, 2102-2021, 2526-2025,
2694-2023, 6334-2018; la sala declaró infundado el impedimento manifestado por el consejero Luis Eduardo
Mesa Nieves por la causal de pleito pendiente, tras considerar frente al proceso en curso que «si bien existe
coincidencia entre las partes, no integran el mismo extremo procesal en uno y otro proceso; no coincide el medio
de control bajo el cual se tramitan ni la causa y objeto que se examina en ellos».
2 Folios 90 a 110.
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Radicado: 25000-23-42-000-2014-02855-02 (6647-2019)
PRETENSIONES
2. Inaplicar por inconstitucionales los Decretos: 57 de 1993, 106 de 1994, 43 de
1995, 36 de 1996, 076 de 1997, 64 de 1998, 44 de 1999, 2740 de 2000, 2720 de
2001, 0673 de 2002, 3569 de 2003, 4172 de 2004, 936 de 2005, 389 de 2006,
618 de 2007, 658 de 2008, 723 de 2009, 1388 de 2010, 1039 de 2011, 874 de
2012, y 1024 de 2013, y las expresiones contenidas en los decretos 610 de 1998,
944 de 2005, 401 de 2006, 630 de 2007, 670 de 2008, 735 de 2009, 1400 de
2010, 1051 de 2011, 877 de 2012 y 1102 de 2012, que establecen que la
bonificación por compensación solo constituye factor salarial para efectos
pensionales.
3. Que se declare la nulidad del oficio DESAJ13-JR-3684 del 19 de julio de 2013 y
de las Resoluciones n.° 4122 del 6 de agosto de 2013 y 5860 del 5 de diciembre
de 2013, por medio de las cuales la entidad negó la reliquidación y el pago
retroactivo de las prestaciones sociales teniendo en cuenta la prima especial de
servicios y la bonificación por compensación. Como restablecimiento del
derecho, se ordene a reconocer dichos emolumentos como factor salarial y
pagar las diferencias entre los valores efectivamente recibidos y los que
correspondían, desde el 1.° de septiembre de 2006 y, por lo menos hasta la
fecha de presentación de la demanda.
HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:
4. Que ha prestado sus servicios como magistrado de tribunal desde el 1.° de
septiembre de 2006 al menos hasta la fecha de presentación de la demanda; sin
embargo, la entidad liquidó sus prestaciones sociales sin incluir como factor
salarial el 30 % correspondiente a la prima especial ni la bonificación por
compensación. Sostuvo que recibe ambos beneficios de manera mensual como
contraprestación de sus servicios y, por tanto, constituyen factor salarial.
5. Que el 3 de julio de 2013 elevó la solicitud de reconocimiento de su reliquidación
ante la entidad demandada, pero esta fue resuelta de manera negativa a través
de los actos acusados.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
6. Considera violados los artículos 2, 4, 13, 23, 25, 29, 53, 55, 58, 150, 228, 277 y
280 de la Constitución Política; Acto Legislativo 03 de 2002; Convenios 95, 100
y 111 de la OIT, Convención Americana sobre Derechos Humanos, Derechos
Económicos, Sociales y Culturales; Leyes 22 de 1967, 4.ta de 1992, 270 de 1996,
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244 de 1995, 1071 de 2006, 1437 de 2011, y los Decretos 610 de 1998 y 717 de
1978.
7. Que los actos desconocieron sus derechos salariales y prestacionales al excluir
la prima especial de servicios y la bonificación por compensación de la base de
liquidación de las prestaciones sociales, pese a que tales conceptos constituían
salario conforme a las normas laborales aplicables a los servidores judiciales y
a la jurisprudencia del Consejo de Estado.
TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA
8. La demanda fue admitida el 7 de septiembre de 20183. La entidad manifestó4
que, en relación con la prima especial del 30 %, el artículo 14 de la Ley 4.ta de
1992 le otorgó expresamente carácter no salarial y que tal previsión fue
declarada exequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-279 de 1996.
Expresó que, aunque constituye un ingreso mensual, no puede integrar la base
de liquidación de prestaciones sociales, salvo para efectos pensionales
conforme a la Ley 332 de 1996. Frente a la bonificación por compensación,
argumentó que reconocer simultáneamente la prima especial como factor
salarial generaría un doble pago y ocasionaría que los magistrados de tribunal
superaran el límite del 80 % de lo percibido por magistrados de altas cortes.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN5
9. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante sentencia del 15 de
agosto de 2019 negó las pretensiones. Expresó que, conforme a la Ley 4.ta de
1992, el Decreto 610 de 1998 y la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del
Consejo de Estado, la prima especial y la bonificación por compensación no
tienen carácter salarial para efectos de liquidar prestaciones sociales, sino
únicamente para efectos pensionales. Por tanto, consideró ajustados a derecho
los actos acusados, por cuanto dichos conceptos no podían integrar la base de
liquidación de las prestaciones reclamadas.
RECURSO DE APELACIÓN
10. El demandante6 interpuso recurso de apelación por considerar que el fallo
desconoció precedentes judiciales vinculantes y la naturaleza salarial de los
rubros reclamados. Respecto de la prima especial de servicios citó
jurisprudencia del Consejo de Estado para afirmar que este concepto, al ser una
remuneración habitual y periódica por el servicio prestado, constituye salario.
Señaló que la exclusión de esta prima de la base prestacional vulnera el principio
3 Folio 160.
4 Folios 172 a 186.
5 Folios 213 a 224.
6 Folios 242 a 251.
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de igualdad, dado que a otros funcionarios de similar categoría (como los de la
Fiscalía) sí se les reconoce su incidencia prestacional.
11. En cuanto a la bonificación por compensación, precisó que esta debe entenderse
como factor salarial conforme al artículo 12 de Decreto 717 de 1978, al tratarse
también de una suma que se recibe de manera habitual y periódica. Añadió que,
la sentencia que declaró la nulidad del Decreto 4040 de 2004 y el principio de
progresividad, respaldan su naturaleza salarial.
TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
12. El 5 de agosto de 20217 se admitió el recurso. Las partes allegaron sus alegatos
de conclusión8. El Ministerio Público guardó silencio.
Se decidirá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
Avoca conocimiento
13. Cuando se modifica la integración de la sala, los nuevos magistrados desplazan
a los conjueces, siempre que respecto de aquellos no se predique causal de
impedimento o recusación, como ocurre en este caso9; por ello se avocará
conocimiento del proceso.
14. La Sala debe determinar si la prima especial de servicios del artículo 14 de la
Ley 4.ta de 1992 y la bonificación por compensación constituyen factor salarial
para efectos prestacionales.
Marco normativo y jurisprudencial
De la prima especial. Artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992
15. La Ley 4.ª de 1992 en el artículo 14 determinó que el Gobierno nacional
establecerá una prima especial no inferior al 30 % ni superior al 60 % del salario
básico, sin carácter salarial, en favor de los magistrados de todo orden de los
tribunales superiores de distrito judicial y de lo contencioso administrativo, los
agentes del Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial, los jueces de la
7 Ver índice 14 de SAMAI.
8 Ver índices 23 y 28 de SAMAI.
9 La Sección Segunda, actualmente, declara infundados los impedimentos manifestados por los integrantes
de la Sala, en los casos en que no se demuestre un interés actual directo o indirecto. En efecto, así se
observa en las siguientes decisiones: Auto del 05 de diciembre de 2023. C.P. Clara Elisa Cifuentes Ortiz.
Radicado: 7600123000201800326 02 (0502-2023). Consejo de Estado. Auto del 29 de noviembre de 2024.
M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar. Radicado: 050012333000201601007 02 (1587-2023). Consejo de
Estado. Auto del 29 de noviembre de 2024. M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar. Radicado: 05001-23-33-000-
2016-00857-02 (4942-2023). Consejo de Estado. Auto del 6 de febrero de 2025. C.P. Juan Enrique Bedoya
Escobar. 41001-23-33-000-2012-00203-04 (1969-2022).
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República, incluidos los magistrados y fiscales del Tribunal Superior Militar, los
auditores de guerra y los jueces de instrucción penal militar, los delegados
departamentales del Registrador Nacional del Estado Civil, los registradores del
Distrito Capital y los servidores de los niveles directivo y asesor de la
Registraduría Nacional del Estado Civil.
16. En desarrollo de dicho mandato, el Gobierno nacional ha expedido anualmente
los decretos salariales aplicables a los servidores públicos. No obstante,
aquellos proferidos entre los años 1993 y 2007 fueron declarados nulos por el
Consejo de Estado, Sala de Conjueces, mediante sentencia del 29 de abril de
201410, al considerar que reconocer el treinta por ciento (30%) de la asignación
básica a título de prima especial despoja de efectos salariales esa porción de la
remuneración total y, en consecuencia, reduce el monto de las prestaciones
sociales, al liquidarlas sobre un setenta por ciento (70%). Con lo que se
inobserva la prohibición establecida en el artículo 2, literal a), de la Ley 4.ª de
1992, según la cual «En ningún caso se podrán desmejorar sus salarios y
prestaciones sociales», y además se desconoce que la prima «debe entenderse
como un fenómeno retributivo de carácter adicional».
17. A partir de dicha providencia, el Consejo de Estado ha emitido varias decisiones
en las cuales ha mantenido este criterio, entre ellas, las sentencias del 2 de
septiembre de 201911, 11 de julio de 202312, 5 de septiembre de 202313, 5 de
diciembre de 202314, 6 de agosto de 202415 y 18 de diciembre de 202416. En
particular, se ha precisado que:
• La prima especial es un incremento del salario básico, por ende, sus
beneficiarios tienen derecho al reconocimiento y pago de las diferencias que
por dicho concepto resulten a su favor.
• No tiene carácter salarial, salvo para efectos de pensión, lo cual guarda
armonía con lo sostenido por la Corte Constitucional en la sentencia C-279
de 1996.
• El reconocimiento de las sumas adeudadas no podrá, en ningún caso,
superar el porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional para cada uno
10 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencia del 29 de abril de 2014. Radicación:
11001-03-25-000-2007-00087-00 (1686-07). CP: María Carolina Rodríguez Ruiz
11 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala Plena de Conjueces, sentencia del 2 de septiembre de 2019.
Radicación: 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-2018). CP. Carmen Anaya de Castellanos.
12 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 11 de julio de 2023. Radicación:
25000-23-42-000-2017-04777-02 (6109-2019). CP: Bernardo Andrés Carvajal Sánchez
13 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 5 de septiembre 2023. Radicación:
73001-23-31-000-2011-00775-02 (4667-2019) CP: Hugo Alberto Marín Hernández
14 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 5 de diciembre de 2023. Radicación:
250002342000201703771 02 (0232-2021). CP: Carmen Anaya de Castellanos.
15 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 6 de agosto de 2024. Radicación:
250002342000201402796 02 (5358-2022). CP: Carmen Anaya de Castellanos.
16 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 3 de diciembre 2024. Radicación:
25000-2342-000-2019-01001-02 (4400-2021). CP: Jorge Iván Acuña Arrieta.
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de los cargos que perciban el referido emolumento.
• Los beneficiarios tienen derecho a la reliquidación y pago de las prestaciones
sociales sobre el 100% de su asignación básica, sin restarle ni sumarle a este
el 30%, ya que la prima especial de servicios no tiene carácter salarial y por
tanto, no incide en la liquidación de las prestaciones sociales.
Bonificación por compensación
18. La bonificación por compensación fue creada mediante el Decreto 610 de 1998
tras el reconocimiento de una brecha salarial entre los magistrados de tribunal y
otros funcionarios frente a los magistrados de altas cortes, pues para ese
momento aquellos percibían apenas el 46 % de la remuneración de estos
últimos.
19. Con tal finalidad, la norma adoptó un esquema de nivelación salarial progresiva,
mediante el cual se dispuso un incremento gradual de los ingresos laborales de
los funcionarios destinatarios del decreto17, iniciando en 1999 con un
reconocimiento equivalente al 60% de lo percibido por los magistrados de las
altas cortes y alcanzando el 80% en el 2001. Con ese propósito, la norma
dispuso una nivelación progresiva de sus ingresos, hasta alcanzar el 80 % de lo
devengado por estos últimos, precisando, en el inciso 2.° del artículo 1.° que el
emolumento solo constituirá factor salarial para efectos de determinar las
pensiones de vejez, invalidez y sobrevivientes.
Resolución del caso concreto
20. El asunto bajo estudio deberá enfocarse en los motivos de inconformidad
expuestos por el apelante único, que consisten en la naturaleza salarial de la
prima especial de servicios del artículo 14 de la Ley 4.ta de 1992 y de la
bonificación por compensación.
21. Sobre el particular, se tiene en primera medida que no existe controversia sobre
la titularidad del derecho que tiene el demandante a los mencionados
emolumentos. En ese contexto, procede aclarar que, tal como lo estimó el
tribunal de primera instancia, estos únicamente constituyen factor salarial para
efectos pensionales, pues así lo señalan las normas que los consagran. A saber,
el inciso 1.° del artículo 14 de la Ley 4.ta de 1992 dispone: «El Gobierno Nacional
17 Artículo 2.°, Decreto 610 de 1998: «La Bonificación por Compensación de que trata el artículo anterior, se
aplicará a los Magistrados de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, Contencioso Administrativo,
Nacional y Superior Militar; a los Magistrados Auxiliares de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional,
y el Consejo Superior de la Judicatura; a los Abogados Auxiliares del Consejo de Estado; a los Fiscales y Jefes
de Unidad ante el Tribunal Nacional; a los Fiscales del Tribunal Superior Militar, los Fiscales ante el Tribunal de
Distrito, y los jefes de Unidad de Fiscalía ante Tribunal de Distrito.»
Adicionado por el artículo 1 del Decreto 1239 de 1998: «a los Secretarios Generales de la Corte Suprema de
Justicia, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional y al Secretario Judicial de la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.»
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establecerá una prima no inferior al 30% ni superior al 60% del salario básico,
sin carácter salarial (…)»; el artículo 1.° de la Ley 332 de 1996 establece: «La
prima especial prevista en el primer inciso del artículo 14 de la Ley 4a. de 1992
(…), harán parte del ingreso base únicamente para efectos de la liquidación de
la pensión de jubilación, para lo cual se harán las cotizaciones de pensiones
establecidas por la ley», y el inciso 2.° del artículo 1.° del Decreto 610 de 1998
señala: «La Bonificación por Compensación sólo constituirá factor salarial para
efectos de determinar las pensiones de vejez, invalidez y sobrevivientes (…)».
22. Al respecto, se reitera lo manifestado por esta corporación en sentencia de
unificación del 12 de mayo de 202218, al precisar que, tanto el Gobierno nacional
en su configuración legislativa, así como el legislador, tienen la facultad de
regular el régimen salarial y prestacional de los servidores públicos, así como
decidir qué emolumentos constituyen factor salarial para efectos de liquidar
prestaciones sociales y cuáles no, potestad que no vulnera derechos de los
trabajadores pues no existe una obligación constitucional que exija que todos los
ingresos deban ser tenidos en cuenta como base para dichas prestaciones.
23. Lo anterior también se ajusta a la postura adoptada por la Corte Constitucional
en la sentencia C-279 de 1996, en la cual declaró exequible la expresión «sin
carácter salarial» contenida en los artículos 14 y 15 de la Ley 4.ta de 1992, entre
otros, por considerar que, tales disposiciones no desconocen derechos
laborales, pues ninguna norma que aumente la remuneración de los
trabajadores puede considerarse contraria a la protección laboral, y en todo
caso, el legislador cuenta con un margen de configuración para determinar qué
conceptos integran el salario y para desarrollar su definición. Además, concluyó
que excluir estas primas de la base para liquidar prestaciones no les quita su
naturaleza remuneratoria ni vulnera compromisos internacionales del Estado
colombiano.
24. Ahora, en el recurso de alzada, el demandante manifestó que, en sentencia del
21 de abril de 2016, radicado n.° 05001233100020030122001 (0239-2014), el
Consejo de Estado hace un recuento sobre el carácter salarial de la prima
especial objeto de discusión, en la cual se concluyó, con fundamento en la
sentencia del 4 de agosto de 2010 con radicado 0230-2008, que dicha prima sí
constituía factor salarial.
25. No obstante, esta Sala considera que tal interpretación no resulta adecuada, y
en su lugar, comparte la lectura que sobre la misma hizo la Sala de Conjueces
en providencia del 15 de diciembre de 202019, pues la referida sentencia de 2010
no estableció que la prima especial tenga carácter salarial en todos los casos.
Lo que allí se precisó fue que, para los funcionarios de la Fiscalía General de la
18 Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia de unificación del 12 de mayo de 2022. Exp. 05001-33-33-
000-2013-01009-01(2263-2018).
19 Consejo de Estado. Sección Segunda. Sala Plena de Conjueces. Sentencia del 15 de diciembre de 2020.
Exp. 73001-23-33-000-2017-00568-01 (5472-2018). C.P. Jorge Iván Rincón Córdoba.
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Nación, entre los años 1994 y 2001, el 30% correspondiente a la prima especial
que no se les reconocía como un valor adicional al salario sino como parte del
mismo, sí constituye factor para efectos de liquidar prestaciones sociales, pero
esto solo porque en los pagos que hacía la entidad se fraccionaba la
remuneración de dichos beneficiarios en un 70% de asignación básica y un 30%
de prima especial para completar el 100% del salario.
26. En ese contexto específico, la irregularidad consistía en que las prestaciones
sociales se liquidaban únicamente sobre el 70 %, pese a que el 30 % restante
también integraba realmente el salario devengado. Por ello, la jurisprudencia
resolvió que, en esos eventos, dicho porcentaje debía incluirse en la base
prestacional. Distinta es la situación en la que la prima especial se reconoce
como un valor adicional al 100 % de la asignación salarial, caso en el cual ese
30 % de sobresueldo no constituye factor salarial para efectos de liquidar
prestaciones sociales; criterio que esta corporación ha sostenido de manera
pacífica20 y que, además, resulta acorde con la jurisprudencia de la Corte
Constitucional ya mencionada.
27. Así pues, se aclara que el precedente relacionado con los funcionarios de la
Fiscalía General de la Nación no modificó la naturaleza jurídica de la prima
especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992, sino que respondió a
una situación particular en la que la administración fraccionó la remuneración de
los servidores para completar el 100 % de su salario.
28. En todo caso, no debe perderse de vista que el artículo 243 de la Constitución
Política dispone que los fallos proferidos por la Corte Constitucional en ejercicio
del control jurisdiccional hacen tránsito a cosa juzgada constitucional, por lo que
sus decisiones tienen efectos generales y vinculantes frente a todas las
personas y autoridades públicas, tal como lo ha precisado la mentada
corporación21. En consecuencia, la interpretación sobre la naturaleza de la prima
especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992, así como la de la
bonificación por compensación, debe armonizarse con la ratio decidendi fijada
en la sentencia C-279 de 1996, en la cual la Corte reconoció la facultad del
legislador para excluir determinados emolumentos de la base de liquidación de
prestaciones sociales, sin que ello implique desconocimiento de derechos
laborales.
29. Por lo expuesto, se concluye que, ni la prima especial ni la bonificación por
compensación deben ser consideradas en la base de liquidación de las
20 Consejo de Estado. Sección Segunda. Sala Plena de Conjueces. Sentencia del 2 de septiembre de 2019.
Exp. 41001-23-33-000-2016-00041-02(2204-18). C.P. Carmen Anaya de Castellanos; Consejo de Estado. Sala
Plena de Conjueces. Sentencia del 15 de diciembre de 2020. Exp. 73001-23-33-000-2017-00568-01 (5472-
2018). C.P. Jorge Iván Rincón Córdoba.
21 Corte Constitucional. Sentencia T-836/04. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra: «La cosa juzgada
constitucional de los fallos de la Corte, lo dicen la ley y la jurisprudencia, produce efectos erga omnes, es decir,
son vinculantes para todo el mundo, tienen “carácter obligatorio general, oponible a todas las personas y a las
autoridades públicas, sin excepción alguna».
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Radicado: 25000-23-42-000-2014-02855-02 (6647-2019)
prestaciones sociales en tanto la norma, de manera expresa, consagra que estos
conceptos no integran la misma. En consecuencia, se confirmará el fallo de
primera instancia.
De la condena en costas en segunda instancia
30. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del
criterio objetivo que gobierna esta materia.
31. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público. Esto
creó una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición
en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como
es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto
en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume. En ese sentido la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.
32. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida. La liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
33. En consecuencia, se impondrán costas en esta instancia a la parte demandante,
por cuanto se niegan las pretensiones del recurso de apelación. Para el efecto,
de conformidad con el artículo 366 de la misma norma, las agencias en derecho
serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas
serán liquidadas por la secretaría del tribunal de origen.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. AVOCAR conocimiento del proceso de la referencia, por las razones
expuestas en la parte motiva
Segundo. CONFIRMAR la sentencia proferida el quince (15) de agosto de dos mil
diecinueve (2019) por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio de la
cual negó las pretensiones.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9
Radicado: 25000-23-42-000-2014-02855-02 (6647-2019)
Tercero. Condenar en costas al demandante en segunda instancia.
Cuarto. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones
pertinentes en el aplicativo SAMAI.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
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