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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2014-00297-02

Fecha
25 de junio de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2014-00297-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 31 de mayo de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. SEGUNDO. Condenar en costas de segunda instancia a la parte demandante Para tal efecto, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. TERCERO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2014-00297-02

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

25 de junio de 2026

Radicación: 25000-23-42-000-2014-00297-02 (0371-2020)
Demandante: Andrés Mauricio Briceño Cháves

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2014-00297-02 (0371-2020)
Demandante: Andrés Mauricio Briceño Cháves
Demandado: Nación-Rama Judicial- Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial
Tema: Prima especial de servicios art. 14 de la Ley 4 de 1992.
Decisión: Confirma Sentencia. Con condena en costas

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

1.Comoquiera que ninguno de los miembros de la Sala advierte causal de
impedimento para conocer del presente asunto1, se procede a resolver el recurso
de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 31 de
mayo de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que
negó las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

Pretensiones de la demanda

2. La parte demandante solicitó la nulidad de la Resolución No. 4315 del 9 de
agosto de 2013,2 mediante el cual la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial negó el reconocimiento y pago del reajuste de las prestaciones sociales
a la parte actora.

3. A título de restablecimiento del derecho, peticionó: «2. […] tener como factor
salarial, la prima especial de servicios y la bonificación por compensación, y se
proceda a reliquidar y pagar retroactivamente, indexado, con los respectivos
intereses moratorios de todas sus prestaciones sociales- prima de navidad,
vacaciones, cesantías, intereses de cesantías, bonificaciones y las demás a las
que haya lugar […] como magistrado auxiliar del Consejo de Estado, sección

1 Actualmente los miembros de la Sala no tienen un proceso pendiente o interés actual frente a aspectos

relacionados con el reconocimiento de la prima especial del artículo 14 de la Ley 4 de 1992, objeto del
presente proceso. Cabe precisar que, si bien el consejero Luis Eduardo Mesa Nieves manifestaba
impedimento para conocer de asuntos relacionados con la prima especial del artículo 14 de la Ley 4 de
1992, por tener un proceso en trámite en el que se debatía un asunto similar, el mismo fue definido mediante
sentencia del 16 de septiembre de 2025, decisión que se encuentra ejecutoriada, por lo que a la fecha no
existe pleito pendiente entre las partes o interés actual sobre la controversia. Por otra parte, se advierte que
el ponente en casos anteriores había manifestado impedimento por pleito pendiente; sin embargo, este fue
resuelto por la Sala mediate auto del 9 de abril de 2026, declarándolo infundado.
2 Folios 10-18 del expediente físico.

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Demandante: Andrés Mauricio Briceño Cháves

tercera, subsección C, desde el 4 de octubre de 2010 hasta la fecha […]» 3.

Hechos que fundamentan la demanda

4.El actor presta sus servicios a la Rama Judicial como magistrado auxiliar del
Consejo de Estado desde el 4 de octubre de 2010 hasta la fecha.

5. Elevó petición ante la entidad demandada4 solicitando el reajuste de sus
prestaciones sociales teniendo en cuenta prima especial de servicios y a
bonificación por compensación. La anterior solicitud fue resuelta de manera
negativa mediante el acto acusado.

Fundamentos de derecho

6. Para el abogado de la parte actora, las decisiones enjuiciadas vulneraron los
artículos 2, 4, 6, 13, 23, 25, 29, 53, 55, 58, 150, 228, 277 y 280 de la Constitución
Política; 2, 10, 14, 15 y 16 de la Ley 4 de 1992; 2 de la Ley 244 de 1995; 152 de
la Ley 270 de 1996; 5 de la Ley 1071 de 2006; 10 de la Ley 1437 de 2011; 12 del
Decreto 717 de 1978; Convenios 95, 100 y 111 de la OIT; Convención Americana
sobre Derechos Humanos; Ley 22 de 1967; Decreto 610 de 1998.

7. Al desarrollar el concepto de violación, señaló que la entidad demandada ha
venido liquidando las prestaciones sociales del accionante, excluyendo la prima
especial y la bonificación por compensación, como factores salariales, razón por
la que se le está vulnerando su derecho a recibir en forma íntegra, completa y
oportuna de sus acreencias laborales y prestacionales.

Contestación de la demanda

8. La Rama judicial contestó la demanda5 y se opuso a la prosperidad de las
pretensiones, por considerar que por mandato expreso del artículo 14 de la Ley
4 de 1992, la prima especial no tiene carácter salarial, lo que significa que dicho
porcentaje no constituye factor de salario para la liquidación de las primas de
servicio, navidad, vacaciones, auxilio de cesantía y bonificación por servicios
prestados.

9. Además, presentó las excepciones de «prescripción trienal», «cobro de lo no
debido», e innominada.

Sentencia de primera instancia

10. Mediante sentencia del 31 de mayo de 2019,6 el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca negó las súplicas de la demanda. Para arribar a esa decisión, el

3 Se hace transcripción textual de la pretensión de la demanda del numeral 2.
4 En los hechos no se hace relación a la fecha en que radicó la solicitud en sede administrativa.
5 Folios 124-133 del expediente físico.
6 Folios 181-188 del expediente físico.

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Demandante: Andrés Mauricio Briceño Cháves

a quo indicó que, en principio, el demandante tendría derecho al reconocimiento,
reliquidación y pago de las diferencias salariales por concepto de prima especial
de servicios, por cuanto es sujeto activo de la norma y cumple con los requisitos
exigidos para el reconocimiento de esta; no obstante la diferencia salarial
solicitada por el demandante fue reconocida en la sentencia del 27 de noviembre
de 2017, proferida por la Sección Segunda del Tribunal de Cundinamarca, dentro
de radicado «250002342000201304305», en la que ordenó a la Rama Judicial al
pago de la bonificación por compensación, «incluyendo la prima de servicios».

11. Concluyó que «el reconocimiento del 80% ya comprende el 30% de la prima
especial de servicios, de manera que no es necesario reconocer dos veces ésta
última- terminaría devengando más del 100% del total de ingresos de un
magistrado de Alta Corte (un 80% por bonificación por compensación y un 30%
adicional por la prima especial de servicios (…)». En consecuencia, desestimó
las pretensiones de la demanda, pues no es dable reconocer las diferencias
solicitadas a título de prima especial, pues se estaría pagando dos veces el
mismo concepto.

Recurso de apelación

12. El apoderado de la parte demandante recurrió en apelación7 la sentencia de
primera instancia.

13. Adujo que en el presente caso no operó la cosa juzgada, pues el Tribunal en
el proceso con radicado 25000234200020130430500 reconoció el 80% de lo que
por todo concepto percibe un juez de Alta Corporación, incluyendo la incidencia
del artículo 15 de la Ley 4 de 1992, lo cual es distinto a lo pretendido en el
presente medio de control.

14. Agregó que, el actor en su condición de magistrado auxiliar sí es beneficiario
de la prima especial de servicios contenida en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992,
y en el presente proceso se solicitó la reliquidación de aquellas prestaciones
sociales que no tuvieron en cuenta ese emolumento.

15. Insistióque «en el presente proceso se reclama el pago de todas las
prestaciones sociales teniendo en cuenta la prima especial de servicios contenida
en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 y la bonificación por compensación como
salario y/o factor salarial. Es decir, que a pesar de que dichas normas sólo
reconocen su carácter salarial para el pago de los aportes al Sistema Integral de
Seguridad Social (salud, pensiones y riesgos profesionales), estos emolumentos
se tengan en cuenta para el pago de las demás prestaciones sociales en donde
no se les reconoce dicha condición de salario y/o factor salarial».

16. El recurrente en relación con la prima especial citó jurisprudencia del Consejo
de Estado, como las sentencias del 21 de abril de 2016 (radicado

7 Folios 190-202 del expediente físico.

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Radicación: 25000-23-42-000-2014-00297-02 (0371-2020)
Demandante: Andrés Mauricio Briceño Cháves

05001233100020030122001 – 0239-2014), y del 4 de agosto de 2010 (radicado
0230-2008), para afirmar que este concepto, al ser una remuneración habitual y
periódica por el servicio prestado, constituye salario. Señaló que la exclusión de
esta prima de la base prestacional vulnera el principio de igualdad, dado que a
otros funcionarios de similar categoría -como los de la Fiscalía-, sí se les
reconoce su incidencia prestacional.

17. Igualmente, alegó que el Decreto 610 de 1998 es contradictorio, ya que por un
lado le reconoce el carácter salarial a la bonificación por compensación y al
mismo tiempo lo despoja de esta condición, cuando afirma que solo constituirá
factor salarial para la determinación de las pensiones.

Trámite correspondiente a la segunda instancia

18. Por auto del 19 de noviembre de 20218, se admitió el recurso de apelación, y
mediante providencia del 6 de junio de 2024 9 se ordenó correr traslado a las
partes y al agente del Ministerio Público para que presentaran sus alegatos de
conclusión.

19. La parte demandante10 alegó de conclusión, reiterando los argumentos del
recurso de alzada, y refiere que se debe declarar la nulidad de los actos
administrativos demandados, y en consecuencia restablecer el derecho a que le
sean reconocidas todas las prestaciones sociales dejadas de cancelar por el no
reconocimiento de la prima especial y la bonificación por compensación, como
parte integral del salario.

20. La parte demandada11 presentó alegatos de conclusión, y sostuvo que en caso
de acceder a las pretensiones de la demanda se aplique la prescripción trienal.

21. El Ministerio Público no rindió concepto.

22. Control de legalidad. La Sala observa que el proceso se ha tramitado en legal
forma, sin que se advierta causal de nulidad que invalide lo actuado, por lo que
se resolverá la apelación, previas las siguientes:

II. CONSIDERACIONES

Competencia

23. De conformidad con lo establecido en el artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo12, esta Sala de
Subsección del Consejo de Estado es competente para resolver los recursos de

8 Folio 267 del expediente físico.
9 Folio 285 del expediente físico.
10 Índice 60 de Samai.
11 Índice 61 de Samai.
12 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las

apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».

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apelación interpuestos contra las sentencias dictadas en primera instancia por
los Tribunales Administrativos.

Problema jurídico

24. Le corresponde a la Sala establecer si en primera instancia se declaró la cosa
juzgada y, en caso afirmativo, examinar si se configuró frente a lo decidido en el
proceso con radicado 250000234200020130430500, y las pretensiones que se
invocan en el presente medio de control.

25. Una vez definido lo anterior, si es del caso, se debe determinar si la prima
especial de servicios del artículo 14 de la Ley 4 de 1992 y la bonificación por
compensación constituyen factor salarial para efectos prestacionales.

26. Para resolver los problemas planteados se abordarán los siguientes aspectos:
1. La prima especial de servicios contemplada en el artículo 14 de la Ley 4 de
1992 y el precedente jurisprudencial; 2. Hechos probados; y 3. Caso concreto.

La prima especial de servicios del artículo 14 de la Ley 4 de 1992

27. La Ley 4 de 1992, en el artículo 14, determinó que «el Gobierno Nacional
establecerá una prima no inferior al 30% ni superior al 60% del salario básico, sin
carácter salarial13 para los Magistrados de todo orden de los Tribunales
Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, Agentes del
Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial y para los Jueces de la
República, incluidos los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar,
Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar, excepto los que opten
por la escala de salarios de la Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir
del primero (1o.) de enero de 1993. Igualmente tendrán derecho a la prima de
que trata el presente artículo, los delegados departamentales del Registrador
Nacional del Estado Civil, los Registradores del Distrito Capital y los niveles
Directivo y Asesor de la Registraduría Nacional del Estado Civil».

28. En cumplimiento del mandato anterior, el Gobierno nacional desde 1993 ha
expedido anualmente los decretos salariales de los servidores públicos. Sin
embargo, aquellos emitidos entre los años 1993 y 2007, fueron declarados nulos
por el Consejo de Estado, Sala de Conjueces de la Sección Segunda, el 29 de
abril de 201414 bajo el argumento de que «de acuerdo con los criterios
establecidos en la ley marco, esto es la Ley 4ª de 1992, es claro que el Gobierno

13 Aparte subrayado declarado exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-279-96 de 24 de

junio de 1996, magistrado ponente Hugo Palacios Mejía. «El legislador conserva una cierta libertad para
establecer, qué componentes constituyen, o no salario; así como la de definir y desarrollar el concepto de
salario, pues es de su competencia desarrollar la Constitución. El considerar que los pagos por primas
técnicas y especiales no sean factor salarial, no lesiona los derechos de los trabajadores, y no implica una
omisión o un incorrecto desarrollo del especial deber de protección que el Estado colombiano tiene en
relación con el derecho al trabajo, ni se aparta de los deberes que Colombia ha adquirido ante la comunidad
internacional».
14 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencia del 29 de abril de 2014. Radicación:

11001-03-25-000-2007-00087-00 (1686-07). CP: María Carolina Rodríguez Ruiz

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Nacional contravino los criterios fijados por el legislador con la expedición de los
decretos demandados, pues como se pudo observar, el literal a) del artículo 2°
de la mencionada Ley estableció que de ninguna manera se podían desmejorar
los salarios y prestaciones sociales. Sin embargo, los decretos demandados
interpretaron erróneamente y aplicaron indebidamente la ley 4ª de 1992 al
haber mermado el salario de un grupo de servidores públicos, razón
suficiente para determinar que son contrarios a la Constitución y la Ley, así como
para declarar su nulidad».

29. Ahora, la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado
mediante la sentencia del 2 de septiembre de 201915, respecto de la prima
especial de servicios determinó lo siguiente:

1. La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o asignación
básica de los servidores públicos beneficiarios de esta. En consecuencia, los
beneficiarios tienen derecho, en los términos de esta sentencia, al reconocimiento
y pago de las diferencias que por concepto de la prima resulten a su favor. La prima
especial sólo constituye factor salarial para efectos de pensión de jubilación.

2. Todos los beneficiaros de la prima especial de servicios a que se refiere el
artículo 14 de la Ley 4 de 1992 como funcionarios de la Rama Judicial, Fiscalía,
Procuraduría entre otros tienen derecho a la prima especial de servicios como un
incremento del salario básico y/o asignación básica, sin que en ningún caso supere
el porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional, atendiendo el cargo
correspondiente.

3. Los funcionarios beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere
el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 (de la Rama Judicial o de la Fiscalía General de
la Nación) tienen derecho a la reliquidación de las prestaciones sociales sobre el
100 % de su salario básico y/o asignación básica, es decir, con la inclusión del 30
% que había sido excluido a título de prima especial.

4.. Los demás beneficiarlos de la prima especial de servicios que no estén
sometidos a límite del 80%, en ningún caso su remuneración podrá superar el
porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional.

5. Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima
especial de servicios, se tendrá en cuenta en cada caso la fecha de presentación
de la reclamación administrativa y a partir de allí se reconocerá hasta tres años
atrás, nunca más atrás, de conformidad con el Decreto 3135 de 1998 y 1848 de
1969.

30. Lo anterior, ha sido reiterado en varias oportunidades en las sentencias 11 de
julio de 202316, 5 de septiembre de 202317, 5 de diciembre de 202318, 6 de agosto

15 Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-18) MP. Carmen

Anaya De Castellanos (Conjuez)
16 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 11 de julio de 2023. Radicación:

25000-23-42-000-2017-04777-02 (6109-2019). CP: Bernardo Andrés Carvajal Sánchez
17 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 5 de septiembre 2023.

Radicación: 73001-23-31-000-2011-00775-02 (4667-2019) CP: Hugo Alberto Marín Hernández
18 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 5 de diciembre de 2023.

Radicación: 250002342000201703771 02 (0232-2021). CP: Carmen Anaya de Castellanos.

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de 202419 y 18 de diciembre de 202420.

31. Posteriormente, esta corporación mediante sentencia del 9 de abril de 2024 21,
declaró la nulidad de los decretos salariales de los servidores públicos proferidos
entre los años 2008 y 2018, pues bajo idéntico criterio se insistió en que el 30%
correspondiente a la prima especial «no puede ser deducido del salario».

De la bonificación por compensación

32. En el año 1998, el Gobierno nacional expidió el Decreto 610 y en su artículo 1
creó la bonificación por compensación, equivalente al 60%, 70% y 80% para las
vigencias fiscales 1999, 2000 y 2001 en adelante; en otros términos, se creó
una bonificación por compensación, equivalente al 60% de lo que por todo
concepto devenguen los magistrados de las Altas Cortes para el año 1999,
el 70% para el año 2000 y del año 2001 en adelante el 80%.

33. Así que, el valor que se cancela por bonificación por compensación es el
resultado de tener en cuenta los ingresos anuales que «por todo concepto»
reciban los magistrados de Alta Corte, para así poder fijar los ingresos anuales
del magistrado de tribunal y demás cargos equivalentes, en un 80% a partir del
año 2001. Así mismo, en el inciso 2.° del artículo 1.° en mención dispuso que
dicho emolumento solo constituirá factor salarial para efectos de determinar las
pensiones de vejez, invalidez y sobrevivientes.

Hechos probados

34. Acreditado está en el expediente, que el actor ha prestado sus servicios a la
Rama Judicial como magistrado auxiliar del Consejo de Estado, desde el 4 de
octubre de 2010, sin que a la fecha de expedición de la certificación laboral se
reporte retiro del servicio.22

35. Que
ha percibido la prima especial de servicios y la bonificación por
compensación23.

36. Que el 1 de agosto de 2013,24 el actor le solicitó a la demandada el reajuste
de sus prestaciones sociales, pero esta petición fue negada mediante el acto
demandado.

19 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 6 de agosto de 2024. Radicación:

250002342000201402796 02 (5358-2022). CP: Carmen Anaya de Castellanos.
20 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 3 de diciembre 2024. Radicación:

25000-2342-000-2019-01001-02 (4400-2021). CP: Jorge Iván Acuña Arrieta.
21 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 9 de abril de 2024. Radicación:

11001 03 25 000 2019 00609 00 (4735-2019). CP: Clara Elisa Cifuentes Ortíz.
22 Folio 174 del expediente físico. Fecha de certificación 19 de febrero de 2018.
23 Folios 174-176 del expediente físico.
24 Folios 2-8 del expediente físico.

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Caso concreto

37. En primer término, la Sala determinará si en primera instancia se declaró la
cosa juzgada. Al respecto, se observa que el proveído apelado, ni en su parte
motiva ni resolutiva, se refirió a la cosa juzgada, sino que consideró que las
pretensiones del actor quedaron comprendidas en el reconocimiento laboral que
se hizo en otro proceso. Textualmente, se expresó:

De conformidad con lo anterior se tiene que, en principio, el demandante tendría
derecho al reconocimiento, reliquidación y pago de las diferencias salariales por
concepto de la prima especial de servicios por cuanto es sujeto activo de la norma y
cumple con los requisito exigidos para el reconocimiento de esta; no obstante
advierte la Sala que la diferencia salarial solicitada por el demandante fue reconocida
en la sentencia fechada 27 de noviembre de 2017, proferida por la Sección Segunda
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sala Transitoria, dentro del radicado
250002342000201304305. MP Luis Eduardo Pineda Palomino en la que ordenó a la
Rama judicial al pago de bonificación por compensación, incluyendo la prima de
servicios, tal como se desprende del ordinal cuarto de dicha providencia que ordenó
lo siguiente:
[....]
Por las razones anotadas y siguiendo los precedentes jurisprudenciales antes
anotados, si al demandante ya se le reconoció en proceso anterior, la Bonificación
por Compensación "equivalente al ochenta por ciento (80%) mensual de lo que por
todo concepto devenga como salario un Magistrado de Alta Corte, incluyendo la
prima de servicios, prima de vacaciones, prima de navidad, bonificación por servicios
y las diferencias adeudadas por concepto de prima especial de servicios", esto
significa, que no puede pretender que en otro proceso por separado se le reconozca
la prima especial de servicios, porque como se dijo anteriormente, "ella no constituye
un ítem adicional al 80% de la bonificación por compensación. Dicho en otros
términos, el 80% es un porcentaje de una suma que ya incluye la prima especial de
servicios. Por lo anterior, el reconocimiento del 80% ya comprende el 30% de la prima
especial de servicios, de manera que no es necesario reconocer dos veces esta
última. De lo contrario un magistrado de tribunal- en este caso un magistrado auxiliar
• terminaría devengando más del 100% del total de ingresos de un magistrado de
Alta Corte (un 80% por bonificación por compensación y un 30% adicional por la
prima especial de servicios "(...)"

Así las cosas, la Sala desestimará las pretensiones de la demanda y no es dable
reconocer las diferencias salariales solicitadas por concepto de prima especial, pues,
se estaría pagando dos veces dicha suma por el mismo concepto.

38. De acuerdo con el anterior contexto, el a quo entendió que el reconocimiento
de la bonificación por compensación, efectuado en proceso anterior, implicaba
que no pudieran reconocerse en el presente asunto «las diferencias salariales
solicitadas por concepto de prima especial», so pena de generar un doble pago
por el mismo concepto.

39. Ahora bien, se encuentra que en el proceso con radicado
2500023420002013043050025, al cual hizo referencia el Tribunal de instancia, se
presentaron las siguientes pretensiones:

25 Ver índice 83 de Samai- El expediente con el radicado referido fue solicitado mediante auto de mejor

proveer de fecha 5 de marzo de 2026- índice 78 de Samai.

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Demandante: Andrés Mauricio Briceño Cháves

40. A su vez, el 27 de noviembre de 201726, en el desarrollo de la audiencia de
pruebas se dictó sentencia de primera instancia, y a título de restablecimiento del
derecho se condenó a la entidad demandada a:

41. Luego, mediante providencia del 9 de diciembre de 201927, el a quo aprobó en
forma integral la conciliación a la que llegaron las partes.

42. En el presente proceso el demandante pretende que se tenga «como factor

26 Índice 83, págs. 265 y s.s. de Samai.
27 Índice 83, págs. 338 y s.s. de Samai.

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Demandante: Andrés Mauricio Briceño Cháves

salarial, la prima especial de servicios y la bonificación por compensación, y se
proceda a reliquidar y pagar retroactivamente, indexado, con los respectivos
intereses moratorios de todas sus prestaciones sociales- prima de navidad,
vacaciones, cesantías, intereses de cesantías, bonificaciones y las demás a las
que haya lugar […] como magistrado auxiliar del Consejo de Estado, sección
tercera, subsección C, desde el 4 de octubre de 2010 hasta la fecha […]».

43. Asílas cosas, en el sub lite el actor pretende que se reliquiden sus
prestaciones sociales, teniendo en cuenta como factores salariales la prima
especial de servicios del artículo 14 de la Ley 4 de 1992 y la bonificación por
compensación.

44. Una vez aclarado lo anterior, la Sala se aparta del entendimiento del a quo,
pues no resulta viable interpretar que, respecto del funcionario beneficiario de la
bonificación por compensación prevista en el Decreto 610 de 1998, se entienda
subsumida la prima especial de servicios consagrada en el artículo 14 de la Ley
4 de 1992, toda vez que dicha disposición no estableció tal limitación para los
magistrados de tribunal ni para los cargos equivalentes. Distinto es que, al
momento de liquidar los ingresos laborales, la entidad deba observar lo dispuesto
en el citado decreto, en el sentido de que estos no superen el ochenta por ciento
(80%) de lo que por todo concepto perciben los magistrados de las Altas Cortes.

45. En consecuencia, la Sala observa que al Tribunal de instancia no le asiste
razón al haber señalado que «la diferencia salarial» solicitada por el demandante
en este proceso, ya había sido reconocida en la sentencia del 27 de noviembre
de 2017, proferida en el expediente con radicado 25000234200020113430500,
pues, conforme lo señala el recurrente, el acto administrativo demandado y las
pretensiones de uno y otro son distintas.

46. Definido lo anterior, procederá la Sala a determinar si le asiste derecho al actor
al reajuste de sus prestaciones sociales teniendo en cuenta como factores
salariales la prima especial de servicios del artículo 14 de la Ley 4 de 1992 y la
bonificación por compensación, conforme fue pretendido en la demanda.

47. Frente a la bonificación por compensación como factor salarial para liquidar
las prestaciones sociales, la Sala precisa que por mandato expreso de los
Decretos 610 de 1998, 4040 de 2004 (cuando estuvo vigente) y el actual 1102 de
2012, y conforme a la jurisprudencia reiterada de esta Corporación 28, «sólo
constituye factor salarial para efecto del ingreso base de cotización del Sistema
General de Pensiones y del Sistema General de Seguridad Social en Salud»; por
lo que dicha bonificación no es factor salarial para liquidar las prestaciones
sociales, exceptuando lo antes precisado. En consecuencia, no le asiste razón al
recurrente.

28Sentencia proferida el 18 de mayo de 2016 por la Sala de Conjueces – Sección Segunda del Consejo de

Estado, Rad. 250002325000201000246-02, Demandante: Jorge Luis Quiroz Alemán. Conjuez Ponente
Doctor Jorge Iván Acuña Arrieta.

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48. Igualmente, frente a los efectos salariales de la prima especial de servicios, el
artículo 14 de la Ley 4 de 1992 dispone que «el Gobierno Nacional establecerá
una prima no inferior al 30% ni superior al 60% del salario básico, sin carácter
salarial».

49. Al respecto, la Sala reitera lo manifestado por esta Corporación en sentencia
de unificación del 12 de mayo de 202229, al precisar que, tanto el Gobierno
nacional en su configuración legislativa, así como el legislador, tienen la facultad
de regular el régimen salarial y prestacional de los servidores públicos, así como
decidir qué emolumentos constituyen factor salarial para efectos de liquidar
prestaciones sociales y cuáles no, potestad que no vulnera derechos de los
trabajadores pues no existe una obligación constitucional que exija que todos los
ingresos deban ser tenidos en cuenta como base para dichas prestaciones.

50. Asimismo, lo expuesto se encuentra en consonancia con la posición fijada por
la Corte Constitucional en la Sentencia C-279 de 1996, en la cual se declaró la
exequibilidad de la expresión «sin carácter salarial» prevista, entre otros, en los
artículos 14 y 15 de la Ley 4ª de 1992. Lo anterior, por cuanto se estimó que tales
disposiciones no comportan una vulneración de derechos laborales, en la medida
en que ninguna norma orientada a incrementar la remuneración de los
trabajadores puede reputarse contraria a la protección del trabajo. Asimismo, la
Corte reconoció el margen de configuración del legislador para definir los
elementos que integran el salario y desarrollar su alcance conceptual.
Finalmente, precisó que la exclusión de dichas primas de la base de liquidación
de prestaciones no desvirtúa su naturaleza remuneratoria ni implica el
desconocimiento de compromisos internacionales asumidos por el Estado
colombiano.

51. También es pertinente precisar que, en el recurso de alzada, el demandante
sostuvo que el Consejo de Estado, en sentencia del 21 de abril de 2016 (radicado
05001233100020030122001 - 0239-2014), realizó un análisis sobre la naturaleza
salarial de la prima especial. Dicha providencia afirmó que, con apoyo en la
sentencia del 4 de agosto de 2010 (radicado 0230-2008), se concluyó que esa
prima debía ser considerada como factor salarial.

52. Sin embargo, esta Sala estima que dicha interpretación no es acertada y, por
el contrario, se acoge la postura asumida por la Sala de Conjueces en providencia
del 15 de diciembre de 2020,30 ya que la sentencia de 2010 no determinó que la
prima especial tuviera carácter salarial en todos los supuestos.

53. En la sentencia de 2020, se precisó que, respecto de los funcionarios de la
Fiscalía General de la Nación durante el periodo comprendido entre 1994 y 2001,
el 30% al que se le daba el carácter de prima especial -que no era reconocido

29 Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia de unificación del 12 de mayo de 2022. Exp. 05001-33-

33-000-2013-01009-01(2263-2018).
30 Radicado 73001-23-33-000-2017-00568-01(5472-18).

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como un valor adicional, sino como parte integrante del salario- debía computarse
como factor para la liquidación de prestaciones sociales. Ello obedecía a que la
entidad desagregaba la remuneración en un 70% de asignación básica y un 30%
de prima especial, completando así el total del salario.

54. Por lo tanto, la irregularidad radicaba en que las prestaciones sociales se
calculaban únicamente sobre el 70%, a pesar de que el 30% restante también
hacía parte real del salario percibido. Debido a ello, la jurisprudencia dispuso que
dicho porcentaje debía integrar la base de liquidación prestacional. Situación
distinta se presenta cuando la prima especial se reconoce como un valor
adicional al 100% de la asignación salarial, evento en el cual ese 30% de
sobresueldo no constituye factor salarial para efectos prestacionales. Este criterio
ha sido reiteradamente sostenido por esta corporación y es concordante con la
jurisprudencia previamente citada de la Corte Constitucional.

55. En consecuencia, de acuerdo con la postura de esta Subsección en casos
análogos al presente,31 ni la prima especial de servicios ni la bonificación por
compensación tienen carácter salarial para liquidar las prestaciones sociales,
conforme lo solicita el recurrente, por lo que se confirmará la sentencia
impugnada, pero por las razones expuestas en el presente proveído.

Condena en costas

56. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.

57. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese
sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida
en el proceso.

58. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

31 Esta posición ya ha sido reiterada por esta Sala con ponencia del consejero Jorge Iván Duque Gutiérrez

en sentencias del 21 de mayo de 2026, radicado 25000-23-42-000-2014-02855-02 (6647-2019); y del 4 de
junio de 2026, radicado 15001-23-33-000-2013-00906-02 (2412-2019).

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Demandante: Andrés Mauricio Briceño Cháves

59. En consecuencia, se impondrán costas al demandante -parte vencida-, por
cuanto no prospera el recurso de apelación. Para el efecto, de conformidad con
el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado
ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

60. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 31 de mayo de 2019, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta sentencia.

SEGUNDO. Condenar en costas de segunda instancia a la parte demandante
Para tal efecto, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente
de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la Secretaría del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

TERCERO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior decisión fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada por los consejeros de Estado, en la sede electrónica
para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley y el artículo 186 del CPACA.

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