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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 15001-23-33-000-2013-00906-02

Fecha
4 de junio de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 15001-23-33-000-2013-00906-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. AVOCAR conocimiento del proceso de la referencia, por las razones expuestas en la parte motiva. Segundo. REVOCAR la sentencia proferida el veintitrés (23) de agosto de dos mil dieciocho (2018) por el Tribunal Administrativo de Boyacá, por medio de la cual accedió parcialmente. En su lugar, Tercero. NEGAR las pretensiones de la demanda. Cuarto. Condenar en costas a la demandante en ambas instancias. Quinto. Reconocer personería al abogado Luis Fernando Pinzón Galindo, portador de la tarjeta profesional 72.169, en calidad de apoderado de la Procuraduría General de la Nación conforme al memorial visible en el índice 35 de la plataforma SAMAI. Sexto. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones pertinentes en el aplicativo SAMAI. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 15001-23-33-000-2013-00906-02

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

4 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

cuatro (4) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 15001-23-33-000-2013-00906-02 (2412-2019)
Demandante: Mercedes Alfonso Aponte
Demandado: Nación — Procuraduría General de la Nación

Temas: Naturaleza salarial prima especial de servicios artículo 14 de la
Ley 4.ta de 1992 y de la bonificación por compensación.
REVOCA SENTENCIA

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la
sentencia proferida el veintitrés (23) de agosto de dos mil dieciocho (2018) por
el Tribunal Administrativo de Boyacá, por medio de la cual accedió parcialmente
a las pretensiones.

ANTECEDENTES

1. La señora Mercedes Alfonso Aponte instauró demanda1 en contra de la Nación
— Procuraduría General de la Nación en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin
de que se acceda a las siguientes

PRETENSIONES

2. Inaplicar por inconstitucionales los Decretos: 54 de 1993, 107 de 1994, 26 de
1995, 2025 de 1995, 35 de 1996, 56 de 1997, 67 de 1998, 37 de 1999, 2734 de
2000, 1482 de 2001, 2730 de 2001, 683 de 2002, 3548 de 2003, 4169 de 2004,
933 de 2005, 392 de 2006, 621 de 2007, 3048 de 2007, 661 de 2008, 726 de
2009, 1391 de 2010, 1043 de 2011, 841 de 2012 y 1016 de 2013, en relación
con la prima especial; a su vez, las expresiones contenidas en los Decretos 610
de 1998, 944 de 2005, 401 de 2006, 630 de 2007, 670 de 2008, 735 de 2009,
1400 de 2010, 1051 de 2011, 877 de 2012 y 1102 de 2012 que establecen que
la bonificación por compensación solo constituye factor salarial para efectos
pensionales.

1 Folios 2 a 20.

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3. Que se declare la nulidad del oficio S.G. 3315 del 21 de agosto de 2013, por
medio del cual la entidad negó la reliquidación y el pago retroactivo de las
prestaciones sociales teniendo en cuenta la prima especial de servicios y la
bonificación por compensación. Como restablecimiento del derecho, se ordene
tener como factor salarial, los emolumentos mencionados, pagando las
diferencias entre los valores debidos y los recibidos, desde el 1.° de marzo de
2010 y hasta que se profiera la sentencia.

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:

4. Que ha prestado sus servicios como procuradora judicial II desde el 1.° de marzo
de 2010 al menos hasta la fecha de la presentación de la demanda. Afirmó que
la entidad liquidó sus prestaciones sociales sin incluir como factor salarial el 30
% correspondiente a la prima especial de servicios ni la bonificación por
compensación, y que ambos emolumentos han sido recibidos de manera
mensual como contraprestación del servicio prestado y constituyen factor
salarial.

5. Que el 31 de julio de 2013 elevó la solicitud de reconocimiento de su
reliquidación ante la entidad demandada, pero esta fue resuelta de manera
negativa a través del acto acusado.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

6. Considera violados los artículos 2, 4, 13, 23, 25, 29, 53, 55, 58, 150, 228, 277 y
280 de la Constitución Política; Acto Legislativo 03 de 2002; Convenios 95, 100
y 111 de la OIT, Convención Americana sobre Derechos Humanos, Derechos
Económicos, Sociales y Culturales; Leyes 22 de 1967, 4.ta de 1992, 270 de 1996,
244 de 1995, 1071 de 2006, 1437 de 2011, y los Decretos 610 de 1998 y 717 de
1978.

7. Que el acto desconoció sus derechos salariales y prestacionales al excluir la
prima especial de servicios y la bonificación por compensación de la base de
liquidación de las prestaciones sociales, pese a que tales conceptos constituían
salario conforme a las normas laborales aplicables a los servidores judiciales y
a la jurisprudencia del Consejo de Estado.

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

8. La demanda fue admitida el 15 de diciembre de 20152. La entidad manifestó3
que en calidad de nominadora no tiene la facultad constitucional ni legal para

2 Folio 117.
3 Folios 130 a 138.

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definir el régimen salarial de sus funcionarios, pues esta corresponde al
Gobierno nacional. Que, respecto a la prima especial de servicios, la norma que
la consagra expresamente señaló que esta no constituye factor salarial. En
cuanto a la bonificación por compensación, afirmó que le ha sido cancelada en
su totalidad conforme a las disposiciones jurídicas vigentes. Propuso como
excepciones las que denominó: (i) prescripción extintiva del derecho, (ii) falta de
legitimación en la causa por activa, (iii) la oportunidad en el derecho, y (iv)
excepción genérica.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN4

9. El Tribunal Administrativo de Boyacá mediante sentencia del 23 de agosto de
2018 accedió parcialmente las pretensiones. Expresó que la actora es
beneficiaria de la prima especial de servicios del artículo 14 de la Ley 4.ta de
1992 y de la bonificación por compensación, en atención a su labor como
procuradora judicial II.

10. Respecto de la prima especial, aplicó la excepción de inconstitucionalidad e
ilegalidad de los Decretos 1391 de 2010, 1043 de 2011, 1016 de 2013, 186 de
2014, 1257 de 2015 y 245 de 2016 respecto de la distribución de la asignación
mensual de los procuradores judiciales II. En consecuencia, declaró la nulidad
parcial del acto demandado en relación con la negativa a reliquidar las
prestaciones sociales teniendo en cuenta el 30 % del salario básico
correspondiente a dicha prima, y ordenó, con base en la sentencia del 29 de abril
de 2014 proferida por el Consejo de Estado, que tal emolumento debe
corresponder al menos al 30% del salario básico y pagarse de manera adicional
al 100% de este y no como un componente del mismo.

11. En cuanto a la bonificación por compensación, negó las pretensiones, pues esta
solo constituye factor salarial para efectos pensionales.

12. Sin condena en costas.

RECURSO DE APELACIÓN

13. La demandada5 interpuso recurso de apelación por considerar que la prima
especial de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4.ta de 1992 no
constituye factor salarial para la liquidación de prestaciones sociales, sino
únicamente para efectos pensionales. En ese sentido, distinguió entre la
reclamación relacionada con el del 30% del salario básico que dejó de pagarse
con ocasión de la indebida interpretación efectuada por el Gobierno nacional al
desarrollar anualmente dicha ley, y la calificación de la prima en sí misma como

4 Folios 278 a 298.
5 Folios 306 a 312.

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factor salarial, precisando que es este último aspecto el que corresponde a la
pretensión de la actora.

14. En este contexto, sostuvo que la decisión del tribunal de origen excedió lo
pedido, pues la interpretación de la demanda no permitía arribar a una
conclusión distinta respecto del alcance de las pretensiones. Por ello, afirmó que
la providencia incurrió en un error al otorgar carácter salarial a un emolumento
que la ley excluye expresamente de tal naturaleza.

15. Advirtió, además, que la Corte Constitucional avaló la exclusión de la
mencionada prima como factor salarial, precedente que, a su juicio, debe ser
acogido por el operador judicial.

16. Por su parte, la demandante6 apeló la decisión relacionada con el carácter
salarial de la bonificación por compensación, al estimar que aquella contraría las
normas que establecen que toda prestación periódica destinada a retribuir el
servicio constituye salario.

17. A su vez, afirmó que la conclusión del tribunal desconoce la sentencia del 14 de
diciembre de 2011 proferida por el Consejo de Estado que declaró la nulidad del
Decreto 4040 de 2004, la cual afirmó que la bonificación por compensación es
salario. Agregó que en el fallo impugnado no se acreditó que dicho emolumento
no correspondiera a una suma percibida de manera habitual y periódica por la
actora, y que, en todo caso, conforme a la jurisprudencia del Consejo de Estado
que establece el carácter salarial de la prima especial de servicios, lo lógico es
concluir lo mismo para la bonificación por compensación.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

18. El 5 de agosto de 20217 se admitió el recurso. Las partes allegaron escrito con
alegatos de conclusión8. El Ministerio Público guardó silencio.

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

Avoca conocimiento

19. Cuando se modifica la integración de la sala, los nuevos magistrados desplazan
a los conjueces, siempre que respecto de aquellos no se predique causal de

6 Folios 236 a 241.
7 Folio 337.
8 Ver índices 24 y 25 de SAMAI.

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impedimento o recusación, como ocurre en este caso9; por ello se avocará
conocimiento del proceso.

20. La Sala debe determinar si la prima especial de servicios del artículo 14 de la
Ley 4.ta de 1992 y la bonificación por compensación constituyen factor salarial
para efectos prestacionales.

Marco normativo y jurisprudencial

De la prima especial. Artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992

21. La Ley 4.ª de 1992 en el artículo 14 determinó que el Gobierno nacional
establecerá una prima especial no inferior al 30 % ni superior al 60 % del salario
básico, sin carácter salarial, en favor de los magistrados de todo orden de los
tribunales superiores de distrito judicial y de lo contencioso administrativo, los
agentes del Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial, los jueces de la
República, incluidos los magistrados y fiscales del Tribunal Superior Militar, los
auditores de guerra y los jueces de instrucción penal militar, los delegados
departamentales del Registrador Nacional del Estado Civil, los registradores del
Distrito Capital y los servidores de los niveles directivo y asesor de la
Registraduría Nacional del Estado Civil.

22. En desarrollo de dicho mandato, el Gobierno nacional ha expedido anualmente
los decretos salariales aplicables a los servidores públicos. No obstante,
aquellos proferidos entre los años 1993 y 2007 fueron declarados nulos por el
Consejo de Estado, Sala de Conjueces, mediante sentencia del 29 de abril de
201410, al considerar que reconocer el treinta por ciento (30%) de la asignación
básica a título de prima especial despoja de efectos salariales esa porción de la
remuneración total y, en consecuencia, reduce el monto de las prestaciones
sociales, al liquidarlas sobre un setenta por ciento (70%). Con lo que se
inobserva la prohibición establecida en el artículo 2, literal a), de la Ley 4.ª de
1992, según la cual «En ningún caso se podrán desmejorar sus salarios y
prestaciones sociales», y además se desconoce que la prima «debe entenderse
como un fenómeno retributivo de carácter adicional».

23. A partir de dicha providencia, el Consejo de Estado ha emitido varias decisiones
en las cuales ha mantenido este criterio, entre ellas, las sentencias del 2 de

9 La Sección Segunda, actualmente, declara infundados los impedimentos manifestados por los integrantes de

la Sala, en los casos en que no se demuestre un interés actual directo o indirecto. En efecto, así se observa
en las siguientes decisiones: Auto del 05 de diciembre de 2023. C.P. Clara Elisa Cifuentes Ortiz. Radicado:
7600123000201800326 02 (0502-2023). Consejo de Estado. Auto del 29 de noviembre de 2024. M.P. Juan
Enrique Bedoya Escobar. Radicado: 050012333000201601007 02 (1587-2023). Consejo de Estado. Auto del
29 de noviembre de 2024. M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar. Radicado: 05001-23-33-000-2016-00857-02
(4942-2023). Consejo de Estado. Auto del 6 de febrero de 2025. C.P. Juan Enrique Bedoya Escobar. 41001-
23-33-000-2012-00203-04 (1969-2022).
10 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencia del 29 de abril de 2014. Radicación:

11001-03-25-000-2007-00087-00 (1686-07). CP: María Carolina Rodríguez Ruiz

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septiembre de 201911, 11 de julio de 202312, 5 de septiembre de 202313, 5 de
diciembre de 202314, 6 de agosto de 202415 y 18 de diciembre de 202416. En
particular, se ha precisado que:

• La prima especial es un incremento del salario básico, por ende, sus
beneficiarios tienen derecho al reconocimiento y pago de las diferencias que
por dicho concepto resulten a su favor.

• No tiene carácter salarial, salvo para efectos de pensión, lo cual guarda
armonía con lo sostenido por la Corte Constitucional en la sentencia C-279
de 1996.

• El reconocimiento de las sumas adeudadas no podrá, en ningún caso,
superar el porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional para cada uno
de los cargos que perciban el referido emolumento.

• Los beneficiarios tienen derecho a la reliquidación y pago de las prestaciones
sociales sobre el 100% de su asignación básica, sin restarle ni sumarle a este
el 30%, ya que la prima especial de servicios no tiene carácter salarial y por
tanto, no incide en la liquidación de las prestaciones sociales.

24. En esa misma línea argumentativa, esta corporación mediante sentencia del 9
de abril de 202417, declaró la nulidad de los decretos salariales proferidos entre
los años 2008 y 2018 y reiteró que el 30 % correspondiente a la prima especial
«no puede ser deducido del salario».18

Bonificación por compensación

25. La bonificación por compensación fue creada mediante el Decreto 610 de 1998
tras el reconocimiento de una brecha salarial entre los magistrados de tribunal y
otros funcionarios frente a los magistrados de altas cortes, pues para ese

11 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala Plena de Conjueces, sentencia del 2 de septiembre de 2019.

Radicación: 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-2018). CP. Carmen Anaya de Castellanos.
12 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 11 de julio de 2023. Radicación:

25000-23-42-000-2017-04777-02 (6109-2019). CP: Bernardo Andrés Carvajal Sánchez
13 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 5 de septiembre 2023. Radicación:

73001-23-31-000-2011-00775-02 (4667-2019) CP: Hugo Alberto Marín Hernández
14 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 5 de diciembre de 2023. Radicación:

250002342000201703771 02 (0232-2021). CP: Carmen Anaya de Castellanos.
15 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 6 de agosto de 2024. Radicación:

250002342000201402796 02 (5358-2022). CP: Carmen Anaya de Castellanos.
16 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 3 de diciembre 2024. Radicación:

25000-2342-000-2019-01001-02 (4400-2021). CP: Jorge Iván Acuña Arrieta.
17 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 9 de abril de 2024. Radicación:

11001 03 25 000 2019 00609 00 (4735-2019). CP: Clara Elisa Cifuentes Ortíz.
18 En dicha providencia se precisó que: «la nulidad que se declara no implica que la prima especial sin carácter

salarial del 30% de la remuneración mensual de los servidores públicos beneficiarios, desaparece del mundo
jurídico, sino que, tal como se desprende de la motivación plasmada en esta sentencia, ese porcentaje no puede
ser deducido del salario, sin que en ningún caso pueda ser inferior, a la luz de la norma legal, artículo 14 de la
Ley 4ª de 1992».

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momento aquellos percibían apenas el 46 % de la remuneración de estos
últimos.

26. Con tal finalidad, la norma adoptó un esquema de nivelación salarial progresiva,
mediante el cual se dispuso un incremento gradual de los ingresos laborales de
los funcionarios destinatarios del decreto19, iniciando en 1999 con un
reconocimiento equivalente al 60% de lo percibido por los magistrados de las
altas cortes y alcanzando el 80% en el 2001. Con ese propósito, la norma
dispuso una nivelación progresiva de sus ingresos, hasta alcanzar el 80 % de lo
devengado por estos últimos, precisando, en el inciso 2.° del artículo 1.° que el
emolumento solo constituirá factor salarial para efectos de determinar las
pensiones de vejez, invalidez y sobrevivientes.

Resolución del caso concreto

27. El asunto bajo estudio deberá enfocarse en los motivos de inconformidad
expuestos por los recurrentes, que consisten en la naturaleza salarial de la prima
especial de servicios del artículo 14 de la Ley 4.ta de 1992 y de la bonificación
por compensación.

28. Sobre el particular, se tiene en primera medida que no existe controversia sobre
la titularidad del derecho que tiene la demandante a los mencionados
emolumentos. En ese contexto, procede aclarar que estos únicamente
constituyen factor salarial para efectos pensionales, pues así lo señalan de
manera las normas que los consagran. A saber, el inciso 1.° del artículo 14 de la
Ley 4.ta de 1992 dispone: «El Gobierno Nacional establecerá una prima no
inferior al 30% ni superior al 60% del salario básico, sin carácter salarial (…)»; el
artículo 1.° de la Ley 332 de 1996 establece: «La prima especial prevista en el
primer inciso del artículo 14 de la Ley 4a. de 1992 (…), harán parte del ingreso
base únicamente para efectos de la liquidación de la pensión de jubilación, para
lo cual se harán las cotizaciones de pensiones establecidas por la ley», y el inciso
2.° del artículo 1.° del Decreto 610 de 1998 señala: «La Bonificación por
Compensación sólo constituirá factor salarial para efectos de determinar las
pensiones de vejez, invalidez y sobrevivientes (…)».

29. Al respecto, se reitera lo manifestado por esta corporación en sentencia de
unificación del 12 de mayo de 202220, al concluir que, tanto el Gobierno en su

19 Artículo 2.°, Decreto 610 de 1998: «La Bonificación por Compensación de que trata el artículo anterior, se

aplicará a los Magistrados de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, Contencioso Administrativo,
Nacional y Superior Militar; a los Magistrados Auxiliares de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional,
y el Consejo Superior de la Judicatura; a los Abogados Auxiliares del Consejo de Estado; a los Fiscales y Jefes
de Unidad ante el Tribunal Nacional; a los Fiscales del Tribunal Superior Militar, los Fiscales ante el Tribunal de
Distrito, y los jefes de Unidad de Fiscalía ante Tribunal de Distrito.»
Adicionado por el artículo 1 del Decreto 1239 de 1998: «a los Secretarios Generales de la Corte Suprema de
Justicia, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional y al Secretario Judicial de la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.»
20 Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia de unificación del 12 de mayo de 2022. Exp. 05001-33-33-

000-2013-01009-01(2263-2018).

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configuración legislativa, así como el legislador, tienen la facultad de regular el
régimen salarial y prestacional de los servidores públicos, así como decidir qué
emolumentos constituyen factor salarial para efectos de liquidar prestaciones
sociales y cuáles no, potestad que no vulnera derechos de los trabajadores pues
no existe una obligación constitucional que exija que todos los ingresos deban
ser tenidos en cuenta como base para dichas prestaciones.

30. Lo anterior, se ajusta a la postura adoptada por la Corte Constitucional en la
sentencia C-279 de 1996, en la cual declaró exequible la expresión «sin carácter
salarial» contenida en los artículos 14 y 15 de la Ley 4.ta de 1992, entre otros,
por considerar que, tales disposiciones no desconocen derechos laborales, pues
ninguna norma que aumente la remuneración de los trabajadores puede
considerarse contraria a la protección laboral, y en todo caso, el legislador
cuenta con un margen de configuración para determinar qué conceptos integran
el salario y para desarrollar su definición. Además, concluyó que excluir estas
primas de la base para liquidar prestaciones no les quita su naturaleza
remuneratoria ni vulnera compromisos internacionales del Estado colombiano.

31. Ahora, frente al argumento planteado por la demandante según el cual existe
jurisprudencia del Consejo de Estado que reconoce el carácter salarial de la
prima especial y que debe extenderse a la bonificación por compensación, se
aclara que los precedentes invocados corresponden a un contexto jurídico
distinto. En dichos casos, el 30% correspondiente a la prima especial no se
reconocía como un valor adicional al salario, sino como parte integrante de este,
por ello se concluyó que tal emolumento debía incidir en la liquidación de las
prestaciones sociales, en la medida en que la remuneración se fraccionaba en
un 70% de asignación básica y un 30% de prima especial para completar el
100% del salario del servidor público. En consecuencia, el reconocimiento de su
carácter salarial obedeció a las particularidades de ese esquema remuneratorio,
circunstancia que no resulta trasladable a la bonificación por compensación.

32. Además, como lo precisó la entidad en su recurso de alzada, debe tenerse en
cuenta que distinta es la situación en la que la prima especial se reconoce como
una suma adicional al 100 % de la asignación básica. En dicho supuesto, que
precisamente es el formulado por la actora en la demanda, ese 30 % de
sobresueldo no constituye factor salarial para efectos de liquidar prestaciones
sociales. Este criterio ha sido sostenido de manera pacífica21 por esta
corporación y resulta acorde con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la
cual ha reconocido la facultad de configuración del legislador para determinar
qué conceptos constituyen salario.

21 Consejo de Estado. Sección Segunda. Sala Plena de Conjueces. Sentencia del 2 de septiembre de 2019.

Exp. 41001-23-33-000-2016-00041-02(2204-18). C.P. Carmen Anaya de Castellanos; Consejo de Estado.
Sala Plena de Conjueces. Sentencia del 15 de diciembre de 2020. Exp. 73001-23-33-000-2017-00568-01
(5472-2018). C.P. Jorge Iván Rincón Córdoba.

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Radicado: 15001-23-33-000-2013-00906-02 (2412-2019)

33. No debe perderse de vista que el artículo 243 de la Constitución Política dispone
que los fallos proferidos por la Corte Constitucional en ejercicio del control
jurisdiccional hacen tránsito a cosa juzgada constitucional, por lo que sus
decisiones tienen efectos generales y vinculantes frente a todas las personas y
autoridades públicas, tal como lo ha precisado la mentada corporación22. En
consecuencia, la interpretación sobre la naturaleza de la prima especial prevista
en el artículo 14 de la Ley 4.ta de 1992 debe armonizarse con la ratio decidendi
fijada en la sentencia C-279 de 1996, en la cual la Corte reconoció la facultad
del legislador para excluir determinados emolumentos de la base de liquidación
de prestaciones sociales, sin que ello implique desconocimiento de derechos
laborales.

34. Por las razones expuestas, se revocará la sentencia apelada que declaró la
nulidad parcial del acto acusado, pues teniendo en cuenta que ninguno de los
emolumentos objeto de discusión constituye factor salarial para efectos
prestacionales, deberán negarse la totalidad de las pretensiones de la demanda.

De la condena en costas en ambas instancias

35. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.

36. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público;
creando así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha
imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás
asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.

37. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
38. En consecuencia, se impondrán costas en ambas instancias en contra de la
parte demandante, por cuanto se accede totalmente a las peticiones del recurso
de apelación de la entidad demandada. Para el efecto, de conformidad con el

22 Corte Constitucional. Sentencia T-836/04. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra: «La cosa juzgada
constitucional de los fallos de la Corte, lo dicen la ley y la jurisprudencia, produce efectos erga omnes, es decir,
son vinculantes para todo el mundo, tienen “carácter obligatorio general, oponible a todas las personas y a las
autoridades públicas, sin excepción alguna».

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9

Radicado: 15001-23-33-000-2013-00906-02 (2412-2019)

artículo 366 de la misma norma, las agencias en derecho serán fijadas por el
magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por
la secretaría del tribunal de origen.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. AVOCAR conocimiento del proceso de la referencia, por las razones
expuestas en la parte motiva.

Segundo. REVOCAR la sentencia proferida el veintitrés (23) de agosto de dos mil
dieciocho (2018) por el Tribunal Administrativo de Boyacá, por medio de la cual
accedió parcialmente. En su lugar,

Tercero. NEGAR las pretensiones de la demanda.

Cuarto. Condenar en costas a la demandante en ambas instancias.

Quinto. Reconocer personería al abogado Luis Fernando Pinzón Galindo, portador
de la tarjeta profesional 72.169, en calidad de apoderado de la Procuraduría General
de la Nación conforme al memorial visible en el índice 35 de la plataforma SAMAI.

Sexto. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones
pertinentes en el aplicativo SAMAI.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

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