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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2016-00857-02

Fecha
30 de octubre de 2025
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez
Citada por
71 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2016-00857-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: ADICIONAR la sentencia del 2 de junio de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala de Conjueces, en el sentido de ESTARSE a lo resuelto en la sentencia proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, el 29 de abril de 2014, radicado: bajo el radicado: 110010325000200700087 00, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Segundo: MODIFICAR el numeral primero de la sentencia del 2 de junio de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala de Conjueces, en el sentido de declarar la nulidad parcial de las Resoluciones DESAJMR14-5330 del 18 de diciembre de 2014, DESAJMR15-4303 del 10 de febrero 2015, y 4070 del 2 de junio de 2016. Tercero: MODIFICAR el numeral segundo de la sentencia del 2 de junio de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala de Conjueces, y en su lugar, disponer: «CONDENAR a la entidad demandada a efectuar las cotizaciones o aportes al Sistema General de Seguridad Social en materia de pensiones, utilizando como ingreso base de cotización el 100% de su remuneración, conforme a la proporción que le corresponda al empleado y al empleador de acuerdo con los porcentajes de ley, respecto de las diferencias no cotizadas desde el 1 de enero de 1993 hasta el 31 de octubre de 2002, las cuales deberán ser dirigidas al Fondo Administrador de Pensiones al que estuviere afiliado. Lo anterior, teniendo en cuenta el porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional» Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 10 Radicación: 05001-23-33-000-2016-00857-02 (4942-2023) Cuarto: MODIFICAR el numeral quinto de la sentencia del 2 de junio de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala de Conjueces, en el sentido de declarar probada la excepción de prescripción en los siguientes términos: «DECLARAR probada la excepción de prescripción de las sumas reclamadas por el señor Humberto Rendón Arango, con excepción de la obligación de la demandada de efectuar las cotizaciones o aportes al Sistema General de Seguridad Social en materia de pensiones, utilizando como ingreso base de […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 05001-23-33-000-2016-00857-02

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

30 de octubre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D.C., treinta (30) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 05001-23-33-000-2016-00857-02 (4942-2023)
Demandante: Humberto Rendón Arango
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial

Tema: Prima especial. Prescripción. MODIFICA SENTENCIA

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

1. Decide la Sala1 el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada
contra la sentencia proferida el 2 de junio de 2023 por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala de Conjueces, por medio de la cual se accedió parcialmente a las
pretensiones.

ANTECEDENTES

2. El señor Humberto Rendón Arango interpuso demanda en contra de la
Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el
artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA), con el fin de que se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES2

3. Que se declare la nulidad de las Resoluciones DESAJMR14-5330 del 18 de
diciembre de 2014, DESAJMR15-4303 del 10 de febrero 2015 y 4070 del 2 de junio
de 2016, a través de las cuales, la Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, negó la reliquidación y pago de las diferencias debidas por

1 Se precisa que, si bien es cierto que el doctor Jorge Iván Duque Gutiérrez, en su calidad de magistrado del

Tribunal de Antioquia, el 25 de julio de 2016, manifestó impedimento para conocer el asunto (art. 141-1) de
manera conjunta con los demás magistrados de dicha corporación, y, que fue aceptado por el Consejo de
Estado, el 6 de octubre de la misma anualidad. También lo es que dicha actuación no constituye una gestión en
instancia anterior, estuvo dirigida a dar trámite al asunto, no se enmarca en ninguna causal de impedimento, y
en gracia de discusión, actualmente, la Subsección B en distintos pronunciamientos ha negado ese
impedimento. De ahí que, se innecesario manifestarlo.
2 Reforma de la demanda. Páginas 238 a 240 del archivo denominado «01ExpedienteDigitalizado.PDF»

contenido en la carpeta «ED_EXPEDIENTE_05001233300020160085(.rar) NroActua 2».

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concepto de salarios y prestaciones sociales, en virtud de la prima especial prevista
en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992.

4. Que se condene a la demandada a reconocer y pagar, de forma indexada, el
30% de la asignación básica que entre 1993 y 2002 ha sido reconocida como prima
especial.

5. Que se ajusten las cesantías, los intereses y los demás factores de salario
percibidos, con la inclusión de dicho porcentaje.

6. Que se condene en costas, agencias en derecho, y se dé cumplimiento a la
sentencia en los términos de los artículos 187, 188 y 192 del CPACA.

HECHOS

7. La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:

8. Que prestó sus servicios en la Rama Judicial como magistrado de tribunal,
desde el 1 de agosto de 1973 hasta el 31 de octubre de 2002.

9. Que el 5 de diciembre de 2014, solicitó a la demandada reconocer y pagar
las diferencias salariales y prestacionales adeudadas por concepto de la prima
especial de servicios. Petición que fue negada a través de los actos demandados.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

10. Como normas violadas se citaron los artículos 1, 2, 4, 6, 13, 25, 29, 48, 53,
122, 128, 150, numeral 19, literal e); 2, 14 de la Ley 4ª de 1992; 54 y 64 del Decreto
2699 de 1991; Decretos 900 de 1992; 53 y 57 de 1993.

11. Que los actos demandados fueron expedidos con desconocimiento de la
Constitución, la ley y el precedente desarrollado sobre el particular por esta
corporación porque la entidad interpretó de forma errónea los decretos anuales, a
través de los cuales se reguló el reconocimiento de la prima especial
correspondiente al 30% del salario, pues la tuvo en cuenta como parte integrante
de este y no un aumento, con lo que generó una disminución en la asignación básica
y las prestaciones sociales de sus beneficiarios. Para el efecto, citó las decisiones

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del 2 de abril de 20093, 4 de agosto de 20104, 13 de octubre de 20115, 31 de mayo
de 20126, y 29 de abril de 20147, proferidas por el Consejo de Estado.

TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

12. La demanda fue admitida el 20 de junio de 2017 y notificada a la entidad8,
quien se opuso a las pretensiones bajo el argumento de que no hay lugar al
reconocimiento de las diferencias reclamadas, porque al ocupar el cargo de
magistrado de tribunal, el demandante ya recibió el 80% de lo que por todo concepto
percibe anualmente un magistrado de alta corte, conforme a lo previsto en los
Decretos 610 de 1998 y 1102 de 2012, porcentaje que constituye un piso y un techo
de lo que puede percibir.

13. Que según el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, la prima especial no tiene
carácter salarial, es decir, no constituye factor para la liquidación de las prestaciones
sociales. Disposición que fue declarada exequible por la Corte Constitucional a
través de la sentencia C-279 de 1996. Indicó, que no tiene competencia para
inaplicar normas ni interpretarlas, dado que su función se limita a cumplirlas.

14. Propuso las siguientes excepciones: ausencia de causa petendi, inexistencia
del derecho reclamado, cobro de lo no debido, legalidad de los actos acusados y
prescripción.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN

15. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala de Conjueces9, mediante
sentencia del 2 de junio de 2023, declaró la nulidad de los actos demandados, bajo
el argumento de que la prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992
debe ser entendida como un incremento y no una disminución de la remuneración
básica de los servidores beneficiarios de aquella. Indicó, que dicho emolumento no
tiene carácter salarial y por ende no es útil para liquidar las prestaciones sociales.

16. Declaró la prescripción de las sumas causadas entre 1993 y el 2002, toda

3 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Sentencia del 2 de abril de 2009.

Expediente: 11001-03-25-000-2007-00098- 00 (1831-07). C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.
4 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Sentencia del 4 de agosto de

2010. Expediente: 25000-23-25-000-2005-05159-01 (0230-2008). C.P. Gerardo Arenas Monsalve.
5 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 13

de octubre de 2011. Expediente: 05001-23-31-000-2005-01090-02 (0095-2011). C.P. Víctor Hernando Alvarado
Ardila.
6 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 31

de mayo de 2012. Expediente:05001-23-31-000-2005-01110-01 (1871-2011). C.P. Gerardo Arenas Monsalve.
7 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Sentencia del 29 de abril de

2014. Expediente: 11001-03-25-000-2007-00087-00(1686-07). C.P. María Carolina Rodríguez Ruíz.
8 Páginas 288 a 307 ibidem.
9 Documento denominado «03SENTENCIA HUMBERTO RENDÓN ARANGO.pdf». Ibidem.

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vez que la reclamación se radicó el 5 de diciembre de 2014, salvo en lo que tiene
que ver con los aportes a pensión, respecto de los cuales ordenó expresamente:
«reliquidar […] la pensión de jubilación con el 70% de su salario básico y la liquidación que
resulte teniendo como base 100% de su salario básico, incluyendo el 30% de este, que la
misma Administración ha tomado para darle el título de Prima Especial sin carácter salarial
y el reconocimiento y pago de esta, como adición o agregado a la asignación básica,
prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992. […] Dichos periodos solo se reliquidarán […]
para efectos de nuevamente calcular los aportes al Sistema de Seguridad Social en
Pensiones […]»

RECURSO DE APELACIÓN

17. La parte demandada10 interpuso recurso de apelación, en el cual alegó que
en el caso concreto operó la prescripción respecto de todas las prestaciones
sociales sin excepción, pues el demandante se retiró de servicio en el 2002 y radicó
la reclamación administrativa hasta el 2014, es decir, más de 11 años después de
su retiro. En ese mismo sentido, aseveró que incluso los aportes a pensión también
se encuentran prescritos, pues para su cobro se cuenta solo con 5 años, tal como
lo prevé el artículo 817 del Estatuto Tributario.

18. Que, en gracia de discusión, el demandante, en su condición de
exmagistrado de tribunal, no tiene derecho a la prima especial de servicios, por
cuanto es beneficiario de la bonificación por compensación, con la cual ya percibió
el 80% de lo que por todo concepto devengó un magistrado de alta corte, en los
términos previstos en el Decreto 610 de 1998. De igual manera, reiteró que la prima
especial carece de carácter salarial.

19. Que «se encuentra ante una imposibilidad material y presupuestal debido a
que no están presupuestados esos mayores valores que se generarían en la nómina
para el reconocimiento de dichas acreencias laborales a todos los servidores
judiciales beneficiarios», y actuar sin el respaldo presupuestal desconocería las
disposiciones contenidas en el artículo 71 del Decreto 111 de 1996.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

20. El 19 de marzo de 2025 se admitió el recurso de alzada, y se dispuso que,
una vez ejecutoriada la providencia, el expediente pasaría a despacho para dictar
sentencia sin necesidad de traslados y se advirtió que el Ministerio Público podría
emitir concepto hasta antes de que el proceso ingresara a despacho para fallo.

21. Las partes guardaron silencio y el agente del Ministerio Público no emitió
concepto.

10 Documento denominado «06HUMBERTO RENDON ARANGO APELA PRIMA juez magistrado presc.pdf».

Ibidem.
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CONSIDERACIONES

Asunto a resolver

22. Los problemas jurídicos según el recurso de apelación interpuesto se contraen
a determinar si el demandante tiene derecho a que se reliquiden las prestaciones
sociales con base en el 100% de su asignación, si la prima tiene carácter salarial y,
de ser el caso, si operó la prescripción. De igual manera, si se supera el tope del
80% que prevé el Decreto 610 de 1998.

De la prima especial, artículo 14 de la Ley 4ª de 1992

23. La Ley 4ª de 1992, en el artículo 14, determinó que el Gobierno Nacional
establecerá una prima especial no inferior al 30% ni superior al 60% del salario
básico, sin carácter salarial, en favor de los magistrados de todo orden de los
Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, agentes del
Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial y para los Jueces de la
República, incluidos los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar,
Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar, así como los delegados
departamentales del Registrador Nacional del Estado Civil, los Registradores del
Distrito Capital y los niveles Directivo y Asesor de la Registraduría Nacional del
Estado Civil.

24. El Gobierno Nacional, en cumplimiento del mandato descrito, desde 1993 ha
expedido anualmente los decretos salariales de los servidores públicos. Sin
embargo, aquellos emitidos entre los años 1993 y 2007, fueron declarados nulos
por el Consejo de Estado, Sala de Conjueces, el 29 de abril de 201411 bajo el
argumento de que tener el 30% del salario a título de prima despoja de efectos
salariales esa porción de la asignación básica, y, en consecuencia, disminuye el
monto de las prestaciones, en tanto que las reconoce con base en un 70%. Con lo
que se inobserva la prohibición establecida en el artículo 2 literal a) de la Ley 4ª de
1992, esto es, que «En ningún caso se podrán desmejorar sus salarios y prestaciones
sociales». Además de desconocer que la prima « debe entenderse como un fenómeno
retributivo de carácter adicional»

25. A partir de dicha providencia, el Consejo de Estado ha emitido varias decisiones
en las cuales ha mantenido este criterio, entre ellas, las sentencias del 2 de

11 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencia del 29 de abril de 2014. Radicación:

11001-03-25-000-2007-00087-00 (1686-07). CP: María Carolina Rodríguez Ruiz
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Radicación: 05001-23-33-000-2016-00857-02 (4942-2023)

septiembre de 2019, 11 de julio de 202312, 5 de septiembre de 202313, 5 de diciembre
de 202314, 6 de agosto de 202415 y 18 de diciembre de 202416. Particularmente, en
estas ha precisado que:

La prima especial es un incremento del salario básico. De manera que sus
beneficiarios tienen derecho al reconocimiento y pago de las diferencias que por
dicho concepto resulten a su favor.

La prima especial no tiene carácter salarial, salvo para efectos de pensión. Lo cual
guarda armonía con lo sostenido por la Corte Constitucional en la sentencia C-279
de 1996.

El reconocimiento de las diferencias debidas no podrá, en ningún caso, superar el
porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional para cada uno de los cargos que
sean beneficiarios del referido emolumento.

Los beneficiarios de la prima especial tienen derecho a la reliquidación y pago de
las prestaciones sociales sobre el 100 % de su asignación básica, sin restarle ni
sumarle a éste el 30%, ya que la prima especial de servicios no tiene carácter
salarial y por tanto no incide o es inocua para liquidar las prestaciones sociales.

26. Bajo esa misma línea argumentativa, esta corporación, mediante sentencia del
9 de abril de 202417, declaró la nulidad de los decretos salariales de los servidores
públicos proferidos entre los años 2008 y 2018. Pues se insistió en que el 30%
correspondiente a la prima especial «no puede ser deducido del salario»

Resolución del caso concreto

27. Se encuentra probado que el demandante laboró de forma ininterrumpida
para la Rama Judicial, desde el 1.° de agosto de 1973 hasta el 31 de octubre de
2002, en calidad de magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Medellín18. De igual manera, que su remuneración mensual y

12 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 11 de julio de 2023. Radicación:

25000-23-42-000-2017-04777-02 (6109-2019). CP: Bernardo Andrés Carvajal Sánchez
13 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 5 de septiembre 2023. Radicación:

73001-23-31-000-2011-00775-02 (4667-2019) CP: Hugo Alberto Marín Hernández
14 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 5 de diciembre de 2023. Radicación:

250002342000201703771 02 (0232-2021). CP: Carmen Anaya de Castellanos.
15
Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 6 de agosto de 2024. Radicación:
250002342000201402796 02 (5358-2022). CP: Carmen Anaya de Castellanos.
16 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 3 de diciembre 2024. Radicación:

25000-2342-000-2019-01001-02 (4400-2021). CP: Jorge Iván Acuña Arrieta.
17 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 9 de abril de 2024. Radicación:

11001 03 25 000 2019 00609 00 (4735-2019). CP: Clara Elisa Cifuentes Ortíz.
18 Tal como se observa en la certificación CSG-2131 emitida el 21 de noviembre de 2014 por la secretaria

general de la Corte Suprema de Justicia. Página 151 del archivo denominado «01ExpedienteDigitalizado.PDF»
contenido en la carpeta «ED_EXPEDIENTE_05001233300020160085(.rar) NroActua 2».
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Radicación: 05001-23-33-000-2016-00857-02 (4942-2023)

prestaciones sociales fueron percibidas en montos inferiores a los que tiene
derecho, desde 1993 cuando se creó la prima especial, tal como se advierte en las
constancias de pagos19, puesto que la entidad demandada ha restado la prima
especial de servicios del 100% del salario, en aplicación de una interpretación
errónea de los decretos expedidos por el Gobierno Nacional, a través de los cuales
se desarrolló el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992. Con lo cual provocó que tanto el
salario como las prestaciones a las que tiene derecho el demandante se liquidaran
sobre un 70% de aquel.

28. Así pues, no sólo la prima especial de servicios no se ha reconocido, ni
pagado como adición o incremento al salario de los servidores públicos beneficiarios
de aquella, sino que, al considerarla una parte de él, también ha significado una
reducción de dicho salario y de las prestaciones sociales a que tiene derecho,
desatendiendo la finalidad del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, en tanto se
desconocen los derechos laborales de los servidores judiciales al disminuirse su
asignación básica mensual en un 30%.

29. En estos términos, la Sala advierte que, en principio, el actor tiene derecho al
reconocimiento, reliquidación y pago de sus ingresos mensuales, liquidados sobre
la base del salario básico más el 30% de éste, que ha sido reconocido a título de
prima. Así como al reconocimiento, reliquidación y pago de sus prestaciones
sociales, liquidadas sobre la base de todo el salario básico, sin restarle ni sumarle
a éste el 30%, ya que la prima especial de servicios no tiene carácter salarial y por
tanto no incide o es inocua para liquidar las prestaciones sociales, salvo para
efectos de pensión.

30. Ahora, contrario a lo expuesto por el recurrente, el que el demandante en su
calidad de magistrado de tribunal haya sido acreedor de la bonificación por
compensación prevista en el Decreto 610 de 1998, no implica que por ello pierda el
derecho a que se reliquiden sus salarios y prestaciones sociales como se describió
con anterioridad, pues la citada norma prevé que esta bonificación, sumada a la
prima especial y otros ingresos deberá ser igual al 80% de lo que por todo concepto
perciben anualmente los magistrados de alta corte. De ahí que, la entidad al efectuar
la correspondiente liquidación debe corroborar que no supere dicho porcentaje.

31. Finalmente, teniendo en consideración la sentencia de nulidad del 29 de abril
de 2014, citada en párrafos anteriores, se adicionará la decisión para estarse a lo
resuelto en ella, en el sentido de entender la prima especial como una adición al
salario.

19 Páginas 141 a 146 ibidem.

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Radicación: 05001-23-33-000-2016-00857-02 (4942-2023)

De la prescripción

32. En lo que se refiere a la prescripción, esta corporación ha sostenido, de forma
pacífica20, que el hecho constitutivo del derecho a la prima especial que se reclama
se hizo exigible con la entrada en vigor del decreto que reglamentó primigeniamente
la Ley 4ª de 1992, a saber, a partir del 7 de enero de 1993, fecha de entrada en
vigencia del Decreto 57 de 1993. En consecuencia, desde el 7 de enero de 1993 el
interesado podía haber interrumpido la prescripción trienal, tal y como lo estimó el
tribunal.

33. De conformidad con lo expuesto, en armonía con las pruebas obrantes en el
expediente, la Sala encuentra que, en principio, el demandante habría tenido
derecho a que se le reconozcan y paguen las diferencias salariales causadas entre
el 1.° de enero de 1993 y el 31 de octubre de 2002, junto con todas sus prestaciones
sociales, teniendo en cuenta el 100% de la asignación básica mensual. Sin
embargo, en consideración a que la reclamación administrativa ante la Rama
Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, se radicó hasta el 5 de
diciembre de 201421, se concluye que el derecho se encuentra prescrito.

34. Sin embargo, tal como lo concluyó el tribunal, dicho fenómeno no operará en
lo que se refiere a la obligación de la demandada de realizar, en favor del
accionante, las cotizaciones o aportes al Sistema General de Seguridad Social en
materia de pensiones, por tratarse de un derecho cierto, irrenunciable e
imprescriptible que se reconoce en cabeza del servidor público que presta sus
servicios laborales al Estado22, utilizando como ingreso base de cotización el 100%
de su remuneración. Lo anterior en armonía con lo dispuesto en el artículo 17 de la
Ley 100 de 199323, que prevé que es obligatorio realizar las respectivas
cotizaciones, no solo por la naturaleza parafiscal de las mismas sino por la
sostenibilidad del sistema24.

20 Para el efecto pueden consultarse:

Consejo de Estado, Sección Segunda. Sala de Conjueces. Sentencia del 6 de junio de 2023. Radicación: 25000-
23-25-000-2010-00700-02 (0735-2019). CP: Juan Camilo Morales Trujillo
Consejo de Estado, Sección Segunda. Sala de Conjueces. Sentencia 8 de octubre de 2024. Radicación:
25000234200020170478802 (1135-2023). CP: Nubia González Cerón.
Consejo de Estado, Sección Segunda. Sala de Conjueces. Sentencia del 3 de diciembre de 2024. Radicación:
170012333000201600137 02 (0322-2021) CP: Jorge Iván Acuña Arrieta.
21 Conforme a lo señalado en la demanda, y en la Resolución DESAJMR14-5330 del 18 de diciembre de 2014.

Páginas 7 y 175 ibidem.
22 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de 2016. Radicación: 23001-23-33-000-

2013-00260-01 (0088-15) CE-SUJ2-005-16. MP: Carmelo Perdomo Cuéter.
23 ARTÍCULO 17. Obligatoriedad de las Cotizaciones. Durante la vigencia de la relación laboral deberán
efectuarse cotizaciones obligatorias a los Regímenes del Sistema General de Pensiones por parte de los
afiliados y empleadores, con base en el salario que aquéllos devenguen.
24 Ver sentencia del Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala de conjueces de la Sección
Segunda- providencia del 4 de julio de 2024, conjuez ponente: Clara Elisa Cifuentes Ortíz, radicación: 25000-
23-42-0002017-05349-02 (2828-2021).
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Radicación: 05001-23-33-000-2016-00857-02 (4942-2023)

35. Al respecto, se advierte que el juez condenó a la demandada a «reliquidar […]
la pensión de jubilación» bajo el argumento de que debe tenerse en cuenta el 100%
de la asignación con inclusión del 30% que hasta ahora se ha tenido a título de
prima especial. Por lo que se hace necesario, para evitar confusión en relación con
la forma en que debe cumplirse la orden, modificar el numeral segundo de la
providencia recurrida, con el fin de precisar que lo decidido se refiere a la obligación
de la demandada de realizar los aportes pensionales a los que haya lugar.

36. En esos términos, la Sala modificará los numerales primero, segundo y quinto
de la sentencia apelada, en el sentido de declarar la nulidad parcial de los actos
administrativos demandados, entre ellos, la Resolución 4070 del 2 de junio de
201625, sobre la cual, por error humano, el tribunal omitió pronunciarse; declarar
probada la prescripción de las sumas reclamadas, con excepción de los aportes a
pensión; y ordenar que se efectúen las respectivas cotizaciones por los periodos en
que el demandante ocupó el cargo de magistrado de tribunal, utilizando como
ingreso base de cotización el 100% de su remuneración, conforme a la proporción
que le corresponda al empleado y al empleador de acuerdo con los porcentajes de
ley, los cuales deberán ser dirigidos al Fondo Administrador de Pensiones al que
estuviere afiliado, con la precisión de que deberá atender el límite porcentual
impuesto por el legislador a través de los decretos anualmente expedidos.

37. Finalmente, a diferencia de lo pretendido por la entidad, el derecho que le
asiste al accionante no puede estar condicionado al trámite administrativo que la
accionada deberá adelantar ante el organismo correspondiente para que se asigne
el rubro destinado al cumplimiento de la sentencia judicial, so pena de desconocer
el núcleo esencial del debido proceso y el Estado Social de Derecho.

De la condena en costas en segunda instancia.

38. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una
lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.

39. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente
de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público;
creando así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha
imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos,

25
Por medio de la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución DESAJMR14-5330
del 18 de diciembre de 2014
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Radicación: 05001-23-33-000-2016-00857-02 (4942-2023)

como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo
dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el
proceso.

40. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

41. En consecuencia, no se impondrán costas a la demandada, por cuanto la
apelación dio lugar a las modificaciones contenidas en esta decisión.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: ADICIONAR la sentencia del 2 de junio de 2023 proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala de Conjueces, en el sentido de ESTARSE a lo
resuelto en la sentencia proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala
de Conjueces, el 29 de abril de 2014, radicado: bajo el radicado:
110010325000200700087 00, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva
de esta providencia.

Segundo: MODIFICAR el numeral primero de la sentencia del 2 de junio de 2023
proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala de Conjueces, en el
sentido de declarar la nulidad parcial de las Resoluciones DESAJMR14-5330 del 18
de diciembre de 2014, DESAJMR15-4303 del 10 de febrero 2015, y 4070 del 2 de
junio de 2016.

Tercero: MODIFICAR el numeral segundo de la sentencia del 2 de junio de 2023
proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala de Conjueces, y en su
lugar, disponer:

«CONDENAR a la entidad demandada a efectuar las cotizaciones o aportes al
Sistema General de Seguridad Social en materia de pensiones, utilizando como
ingreso base de cotización el 100% de su remuneración, conforme a la
proporción que le corresponda al empleado y al empleador de acuerdo con los
porcentajes de ley, respecto de las diferencias no cotizadas desde el 1 de enero
de 1993 hasta el 31 de octubre de 2002, las cuales deberán ser dirigidas al
Fondo Administrador de Pensiones al que estuviere afiliado. Lo anterior,
teniendo en cuenta el porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional»

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Radicación: 05001-23-33-000-2016-00857-02 (4942-2023)

Cuarto: MODIFICAR el numeral quinto de la sentencia del 2 de junio de 2023
proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala de Conjueces, en el
sentido de declarar probada la excepción de prescripción en los siguientes términos:

«DECLARAR probada la excepción de prescripción de las sumas reclamadas
por el señor Humberto Rendón Arango, con excepción de la obligación de la
demandada de efectuar las cotizaciones o aportes al Sistema General de
Seguridad Social en materia de pensiones, utilizando como ingreso base de
cotización el 100% de su remuneración, del 1 de enero de 1993 al 31 de octubre
de 2002»

Quinto: CONFIRMAR en lo demás, la sentencia del 2 de junio de 2023 proferida
por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala de Conjueces.

Sexto: Sin condena en costas a la parte demandada en esta instancia, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

Séptimo: Ejecutoriada esta sentencia devolver el expediente al tribunal de origen,
previas las anotaciones correspondientes.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Con impedimento

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

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