Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2021-00431-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2021-00431-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2021-00431-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
29 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D.C., veintinueve (29) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-42-000-2021-00431-01 (3837-2022)
Demandante: Clara Inés Gaitán Aguilar
Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación
Tema: Prima especial. MODIFICA SENTENCIA
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Como ninguno de los miembros de la sala advierte causal de impedimento para
conocer del presente asunto,1 se procede a avocar conocimiento de conformidad
con el artículo 116 del CPACA, y a resolver los recursos de apelación interpuestos
por las partes contra la sentencia proferida el treinta y uno (31) de marzo de dos mil
veintidós (2022) por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sala Transitoria,
por medio de la cual se accedió parcialmente a las pretensiones.
ANTECEDENTES
1. La señora Clara Inés Gaitán Aguilar interpuso demanda en contra de la
Nación, Fiscalía General de la Nación, en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), con el
fin de que se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
2. Que se inapliquen por inconstitucionalidad los decretos 53 de 1993, 108 de
1994, 49 de 1995,108 de 1996, 52 de 1997, 50 de 1998, 38 de 1999, 2743 del 27 de
diciembre de 2000, 109 de 1993, 3549 de 2003, 4180 de 2004, 943 de 2005, 396 de
2006, 625 de 2007, 665 de 2008, 1897 de 2009, 730 de 2009, 1395 de 2010, 1047
1 Actualmente los miembros de la subsección no tienen un proceso pendiente o interés actual frente a aspectos
relacionados con el reconocimiento de la prima especial del artículo 14 de la Ley 4 de 1992, objeto del presente
proceso. De otro lado, cabe precisar que, si bien el consejero Luis Eduardo Mesa Nieves se declaraba impedido
respecto de la prima especial del artículo 14 de la Ley 4 de 1992, por tener un proceso activo en el que se
debatía un asunto similar, el mismo fue definido mediante sentencia del 16 de septiembre de 2025, decisión que
se encuentra ejecutoriada, por lo que no existe pleito pendiente entre las partes o interés actual al respecto.
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de 2011, 875 de 2012, 1035 de 2013, 019 de 2014, 205 de 2014, 1087 de 2015, 219
de 2016, 989 de 2017 y 343 de 2018.
3. Que se declare la nulidad del Oficio DAP-30110 del 8 de enero de 2019 y la
Resolución 20284 del 7 de febrero de 2019, a través de los cuales la Fiscalía
General de la Nación, negó la reliquidación y el pago de las diferencias debidas por
concepto de salarios y prestaciones sociales, en virtud de la prima especial prevista
en el artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992.
4. A título de restablecimiento del derecho se ordene pagar «el total del 100 %
del salario con las consecuencias prestacionales incluidas las cesantías, intereses
a las cesantías, más la prima especial de servicios señalada en el artículo 14 de la
Ley 4ª de 1992», desde su «posesión […] como fiscal hasta la fecha que ocupe el
cargo».
5. Que se actualicen las sumas reconocidas, se cancelen los intereses
correspondientes, y se dé cumplimiento a la sentencia en los términos de los
artículos 187, 188, 189, 192 y 195 del CPACA.
HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
6. Que ha prestado sus servicios en la Fiscalía General de la Nación, en calidad
de fiscal, desde el 21 de diciembre de 2010; y el 19 de diciembre de 2018 solicitó a
la demandada reconocer y pagar la totalidad de la remuneración con las
consecuencias prestacionales, incluidas las cesantías, sus intereses, y la prima
especial de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992, petición que se
negó a través de los actos demandados.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
7. Considera violados los artículos: 1, 13, 25, 53, 121 de la Constitución Política,
2, 10, 14 y 15 de la Ley 4.ª de 1992; 1, 2 y 4 del Decreto 10 de 1993; 14 del Código
Sustantivo del Trabajo; 152, numeral 7, de la Ley 270 de 1996; y 12 del Decreto 717
de 1978.
8. Que los actos acusados fueron expedidos con desconocimiento de la
Constitución, la ley y del precedente desarrollado por esta corporación pues tienen
como fundamento los decretos anuales expedidos por el Gobierno nacional hasta
el año 2002, que establecieron que el 30% del salario básico mensual se
consideraba prima especial de servicios sin carácter salarial, lo que generó una
disminución en la asignación básica y en las prestaciones sociales de la actora;
agregó que tal emolumento no fue regulada desde el año 2003. Citó la decisión del
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29 de abril de 20142, proferida por el Consejo de Estado, la cual indicó que resulta
aplicable por cuanto su estudio se centró en la prima especial de servicios
consagrada en el artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992.
TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA
9. El 12 de julio de 2021 fue admitida la demanda. La entidad3 señaló que no
hay lugar a acceder a las pretensiones por cuanto no se ajustan a lo dispuesto en
la sentencia del 15 de diciembre de 2020.
10. Propuso como excepciones las de «prescripción», «carencia de objeto»,
«inaplicabilidad como factor salarial diferente al ingreso base de liquidación de la
pensión de jubilación», «improcedencia de extralimitar el límite previsto en el artículo
4 de la Ley 4ª de 1992», y «falta de causa para pedir frente al artículo 15 de la Ley
4ª de 1992».
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN
11. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sala Transitoria, mediante
sentencia del treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintidós (2022) 4, accedió
parcialmente a las pretensiones. Expuso que la prima especial prevista en el artículo
14 de la Ley 4.ª de 1992 debe ser entendida como un incremento y no una
disminución de la remuneración básica de los servidores beneficiarios. Se estuvo a
lo resuelto en la sentencia del 15 de diciembre de 2020 y declaró la prescripción
trienal de los derechos causados antes del 19 de diciembre de 2015, salvo en lo
relativo a los aportes al sistema de seguridad social en pensión.
12. Condenó a la demandada a reconocer y pagar «el reajuste salarial que
corresponda al 30% del salario básico mensual, con sus consecuencias
prestacionales en la reliquidación en idéntico porcentaje, de la prima de navidad,
prima de servicios, vacaciones, prima de vacaciones, cesantías, seguridad social
en salud y pensión, bonificación por servicios prestados, etc., causados desde el 19
de diciembre del 2015 y hasta cuando funja como Fiscal […], por habérsele
deducido durante los extremos temporales laborados, computando para este
ejercicio el 100% que corresponde a la asignación básica mensual […], luego del
pago de la prima […], ya cancelada, con la precisión de ser factor salarial para la
reliquidación de la pensión de jubilación durante toda la relación laboral así (sic)
para aportes a seguridad social en salud».
2 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Sentencia del 29 de abril de
2014. Expediente: 11001-03-25-000-2007-00087-00 (1686-2007). C.P. María Carolina Rodríguez Ruiz.
3 Archivo denominado «16_250002342000202100431001recibememorial20210915160745.pdf» contenido en la
carpeta «ED_DEMANDA_25000234200020210043(.zip) NroActua 2» visible a índice 2 de SAMAI.
4 Archivo denominado «
37_250002342000202100431001SENTENCIAQUEASENTENCIA20220419102137.pdf» contenido en la
carpeta «ED_DEMANDA_25000234200020210043(.zip) NroActua 2» visible a índice 2 de SAMAI.
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RECURSO DE APELACIÓN
13. La parte demandante5 interpuso recurso de apelación argumentando que
no se configuró la prescripción, ya que el derecho se hizo exigible con la sentencia
del 15 de diciembre de 2020, por lo tanto, el término extintivo debe aplicarse solo a
los procesos iniciados después de la ejecutoria de dicha providencia, dado que
antes de esa fecha no había certeza sobre la existencia del derecho. Como sustento
citó las sentencias del 15 de marzo de 20076, 19 de febrero7, 30 de julio de 20098,
y 27 de octubre de 20119.
14. La parte demandada10 interpuso apelación, en la que sostuvo que el tribunal
dispuso el reconocimiento de las diferencias causadas a partir del 19 de diciembre
de 2015, pese a que la demandante se desempeñó como profesional de gestión II,
desde el 24 de julio de 2015 hasta el 2 de noviembre de 2018, fecha en la que se
vinculó nuevamente como fiscal. Señaló que dicha circunstancia debe ser aclarada,
en tanto el primer cargo no es beneficiario del referido emolumento.
15. Que, en cumplimiento de los decretos anuales, ha liquidado y pagado el
100% del salario y de las prestaciones a la actora, dado que, desde el año 2003, no
se fijó la prima especial de servicios y, por ende, tampoco se efectuó deducción
alguna por ese concepto. Precisó que, aunque no se ha reconocido como
sobresueldo el 30 % de la prima, «el pago de las prestaciones sociales se ha venido
realizando sobre el 100% de la asignación básica», por lo que el juez debió
abstenerse de ordenar la reliquidación de las prestaciones, puesto que tal decisión
le otorga carácter salarial a la prima, en contraposición a lo expuesto en la sentencia
del 15 de diciembre de 2020.
16. Finalmente, indicó que el extremo final de la condena corresponde al 31 de
diciembre de 2020 y no «hasta cuando funja como Fiscal Delegado ante Jueces
Municipales y Promiscuos, o sea titular de tales derechos», debido a que, en virtud
del Decreto 272 de 2021, ha cancelado a los destinatarios la prima especial de
servicios, a partir del 1.° de enero de 2021.
5 Archivo denominado « 39_250002342000202100431001RECIBEMEMORIAL20220421165517.pdf» contenido
en la carpeta «ED_DEMANDA_25000234200020210043(.zip) NroActua 2» visible a índice 2 de SAMAI.
6 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 15
de marzo 2007. Expediente: 05001-23-31-000-2003-02713-01 (9475-2005). C.P. Alejandro Ordóñez
Maldonado.
7 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 19
de febrero de 2009. Expediente: 15001-23-31-000-2003-01925-01 (2445-2007) C.P. Bertha Lucía Ramírez de
Páez (E).
8 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 30
de julio de 2009. Expediente: 76001-23-31-000-2004-02623-01 (0492-2008). C.P. Bertha Lucía Ramírez de
Páez.
9 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 27
de octubre de 2011. Expediente: 15001-23-31-000-2001-00793-01 (1487-2008) C.P. Alfonso Vargas Rincón.
10
Archivo denominado «40_250002342000202100431001RECIBEMEMORIAL20220505161335.pdf»
contenido en la carpeta «ED_DEMANDA_25000234200020210043(.zip) NroActua 2» visible a índice 2 de
SAMAI.
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TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
17. El 3 de octubre de 2023 se admitieron los recursos. La demandante reiteró
los argumentos expuestos en la demanda.
18. La parte demandada y el agente del Ministerio Público no se pronunciaron.
Se decidirá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
Avoca conocimiento
19. De conformidad con lo previsto en el artículo 116 del CPACA, cuando se
modifica la integración de la sala, los nuevos magistrados desplazan a los
conjueces, siempre que respecto de aquellos no se predique la misma causal de
impedimento o recusación, tal como ocurre en este caso. Por ello, se avocará
conocimiento del proceso11.
20. Deberá resolver la subsección si la demandante tiene derecho a la prima
especial de servicios como componente adicional de la asignación básica y a la
reliquidación de las prestaciones sociales con base en el 100 % de su remuneración,
sin descontar el 30 % del referido emolumento; si el mismo tiene carácter salarial;
si operó el fenómeno de la prescripción; si el reconocimiento procede únicamente
por los períodos laborados en calidad de fiscal; y si el extremo final de la condena
debe limitarse al 31 de diciembre de 2020.
Marco normativo y jurisprudencial
De la prima especial. Artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992
21. La Ley 4.ª de 1992 en el artículo 14 determinó que el Gobierno nacional
establecerá una prima especial no inferior al 30 % ni superior al 60 % del salario
básico, sin carácter salarial, en favor de los magistrados de todo orden de los
tribunales superiores de distrito judicial y de lo contencioso administrativo, los
agentes del Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial, los jueces de la
República, incluidos los magistrados y fiscales del Tribunal Superior Militar, los
11
En relación con la prima especial se advierte que tanto algunos conjueces como la Sección Segunda,
actualmente, declaran infundados los impedimentos manifestados por los integrantes de la Sala, en los casos
en que no se demuestre un interés actual directo o indirecto. En efecto, así lo han expresado en las siguientes
decisiones:
Auto del 05 de diciembre de 2023. C.P. Clara Elisa Cifuentes Ortiz. Radicado: 7600123000201800326 02 (0502-
2023).
Consejo de Estado. Auto del 29 de noviembre de 2024. M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar. Radicado:
050012333000201601007 02 (1587-2023)
Consejo de Estado. Auto del 29 de noviembre de 2024. M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar. Radicado: 05001-
23-33-000-2016-00857-02 (4942-2023)
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Radicación: 25000-23-42-000-2021-00431-01 (3837-2022)
auditores de guerra y los jueces de instrucción penal militar, los delegados
departamentales del Registrador Nacional del Estado Civil, los registradores del
Distrito Capital y los servidores de los niveles directivo y asesor de la Registraduría
Nacional del Estado Civil.
22. En desarrollo de dicho mandato, el Gobierno nacional fijó el régimen salarial y
prestacional aplicable a los servidores de la Fiscalía General de la Nación mediante
el Decreto 53 de 1993, el cual sería de obligatorio cumplimiento para quienes
ingresaran con posterioridad a la vigencia de tal normativa.
23. Adicionalmente, se dispuso que quienes hubiesen estado vinculados antes del
28 de febrero de 1993 podrían optar por una sola vez por mantener la regulación
propia del Decreto 2699 de 1991, o bien por el definido en el primer decreto en
mención, sin perjuicio de la excepción prevista en el artículo 14 de la Ley 4.ª de
199212 que excluyó para estos efectos el beneficio de la prima especial.
24. Respecto del alcance de dicho emolumento, el artículo 1.º de la Ley 332 de
199613 contempló que este haber constituye parte del ingreso básico solo para
efectos de la liquidación de la pensión de jubilación a quienes fueran titulares de
este derecho.
25. Sin embargo, con la expedición de Ley 476 de 1998 se aclaró dicha disposición
«[…] en el sentido de que la excepción allí consagrada que hace alusión a la Ley 4a. de
1992, no se refiere a los Fiscales de la Fiscalía General de la Nación que se acogieron a la
escala salarial establecida en el Decreto 53 de 1993, ni a quienes se vincularen con
posterioridad a dicho decreto. En consecuencia, para estos servidores, la prima especial de
servicios a que se refiere el artículo 6o. del Decreto 53 de 1993 y los decretos posteriores
que lo subrogan o lo adiciona, tendrá carácter salarial para efectos de la determinación del
salario base de liquidación de la pensión de jubilación. […]».
26. Ahora bien, se destaca que los artículos de los decretos salariales emitidos por
el Gobierno nacional que regulaban la prima especial para los servidores de la
Fiscalía General de la Nación durante el período comprendido entre 1993 y 2002,
fueron anulados por el Consejo de Estado14 al haber identificado que resultaba ilegal
12 Artículo 14 de la Ley 4ª de 1992: «excepto los que opten por la escala de salarios de la Fiscalía General de
la Nación, con efectos a partir del primero (1o.) de enero de 1993».
13 Artículo 6: «el treinta por ciento (30%) del salario básico mensual de los siguientes servidores públicos se
considera como prima especial de servicios sin carácter salarial. Jefe Unidad de Fiscalía ante Tribunal Nacional,
jefe Unidad de Fiscalía ante Tribunal de Distrito, Fiscal ante Tribunal Nacional, jefe Unidad Regional de Fiscalía,
Fiscal ante Tribunal de Distrito, fiscal regional, jefe Unidad Seccional de Fiscalía, Fiscal Seccional, secretario
general, directores nacionales, directores regionales, directores Seccionales, jefes de Oficina, jefes de
División».
14 En sentencia del 14 de febrero de 2002 (197-99) se anuló el artículo 7° del Decreto 38 de 1999. En sentencia
del 15 de julio de 2004 (3531-02) se anuló el artículo 7º del Decreto 685 de 2002. En sentencia del 15 de abril
de 2004 (71201) se anuló el artículo 8° del Decreto 2743 de 2000. En sentencia del 25 de noviembre de 2004
(4419-01) se anuló el artículo 7° del Decreto 1480 de 2001. En sentencia del 3 de marzo de 2005 (17021-2005)
se anularon el artículo 6 del Decreto 53 de 1993 y 7° de los Decretos 108 de 1994, 49 de 1995, 108 de 1996 y
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considerar tal emolumento en un 30% como un componente integrador de la
asignación básica, en la medida en que tal disposición implicaba la pérdida del valor
real de la remuneración mensual fijada cada año.
27. Por su parte, ante estas decisiones de nulidad, posteriormente los decretos que
fijaron la remuneración mensual de tales empleados del ente acusador, en especial
desde la expedición del Decreto 3549 de 2003 en adelante, lo que hicieron fue dejar
de regular la prima especial, por lo que, si bien reconocieron el 100% del salario
básico, lo cierto es que se abstuvieron de pagar de manera adicional el referido
haber laboral.
28. Esto es, en esencia se desconoció la consolidación del derecho contemplado
en el artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992, pues si bien se dejó de descontar de la base
de la asignación como se hacía previamente, tampoco se concedió como un
componente agregado al salario, ello al menos hasta el 1.º de enero de 2021 cuando
entró en vigencia el Decreto 272 de 2021, por el cual se estableció adecuadamente
la prima especial de que trata el artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992.
29. Precisamente sobre la materia, la Sala de Conjueces de la Sección Segunda
del Consejo de Estado mediante la sentencia del 15 de diciembre de 202015, abordó
un caso relativo al reconocimiento de la prima especial de servicios para los
servidores de la FGN en la que se determinó16 que:
«[…] 1. La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o
asignación mensual de los servidores públicos beneficiarios de esta. En consecuencia,
los beneficiarios tienen derecho, en los términos de esta sentencia, al reconocimiento
y pago de las diferencias que por concepto de la prima resulten a su favor.
2. La prima especial constituye factor salarial sólo para determinar el ingreso base de
liquidación de la pensión de jubilación.
3. A partir de la entrada en vigor de la Ley 476 de 1998 los empleados públicos de la
Fiscalía que se acogieron al régimen salarial consagrado en el Decreto 53 de 1993 o
se hayan vinculado a la entidad con posterioridad tienen derecho a la prima especial
de servicios como un incremento del salario básico y/o asignación básica, sin que en
ningún caso supere el porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional, atendiendo
el cargo correspondiente.
4. Los empleados públicos de la Fiscalía que se acogieron al régimen salarial
consagrado en el Decreto 53 de 1993 o se hayan vinculado a la entidad con
posterioridad tienen derecho desde 1998 a la reliquidación de las prestaciones sociales
52 de 1997. En sentencia del 13 de septiembre de 2007 (0478-03) se anularon los artículos 7° y 8° de los
Decretos 50 de 1998 y 2729 de 2001.
15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sala de Conjueces, conjuez
ponente: Jorge Iván Rincón Córdoba, del 15 de diciembre de 2020, radicación número: 73001-23-33-000-2017-
00568-01(5472-18).
16 Estos mismos planteamientos se han reiterado en sentencias del Consejo de Estado proferidas el 6 de junio
de 2023, radicaciones: 05001233300020150165102 (3578-2018), 730012333000201700551 01 (2276-2019),
10 de septiembre de 2024, radicación: 250002342000201900422 02 (2879-2021), y 5 de noviembre 2024,
radicación: 25000-2342-000-2020-00137-02 (0687-2022).
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sobre el 100% de su salario básico y/o asignación básica, es decir, con la inclusión del
30% que había sido excluido a título de prima especial.”
5. Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima especial
de servicios, se tendrá́ en cuenta en cada caso la fecha de presentación de la
reclamación administrativa y a partir de allí́ se reconocerá́ hasta tres años atrás, nunca
más atrás, de conformidad con el Decreto 3135 de 1998 y 1848 de 1969. […]».
30. En virtud de estas precisiones jurisprudenciales es que esta corporación
mediante sentencia del 21 de septiembre de 202217, declaró la nulidad de algunos
artículos de los decretos salariales anuales, expedidos entre 1993 y 2017, en la cual
señaló que el 30% correspondiente a la prima especial «no puede ser inferior al
30% del salario básico mensual y que además ella es una adición a éste».
Resolución del caso concreto
31. Se advierte que el tribunal condenó a la entidad a reconocer «el REAJUSTE
SALARIAL que corresponda al 30% del salario básico mensual, con sus
consecuencias prestacionales en la reliquidación en idéntico porcentaje», al
encontrar probado que la demandante, en calidad de fiscal, percibió montos
inferiores a los que le correspondían, debido a la disminución de la asignación
básica por dicho concepto.18
32. La subsección precisa que, tal como lo ha sostenido la jurisprudencia, desde
el año 2003 los decretos salariales que rigen a la FGN no previeron la prima especial
de servicios, a pesar de que el reconocimiento de ésta sí era procedente como una
adición a la asignación básica. Por esa razón, a partir del mencionado año los
salarios y prestaciones sociales se han liquidado sin realizar ningún descuento
respecto de la asignación básica, es decir, en un 100% del valor total fijado
anualmente por el Gobierno nacional.
33. Por lo expuesto, resultaría improcedente ordenar la reliquidación y pago de
las diferencias salariales y prestacionales, pues a partir del 2003 estos haberes se
han calculado correctamente al no efectuarse disminución en la remuneración
mensual, ya que la prima especial no es factor salarial para tales efectos.
34. No obstante, lo que no podía desconocerse es que la prima de que trata el
artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992 constituía un derecho adquirido, por lo que tampoco
debió haberse dejado de regular lo propio en los actos expedidos desde 2003, tanto
así que el Ejecutivo tuvo que enmendar esta situación con la expedición del Decreto
17 Proceso 11001 03 25 000 2018 01101 00 (3974-2018), conjuez ponente: Néstor Raúl Correa Henao.
18 Al respecto indicó: «se observa que la Fiscalía General de la Nación, pagó a la demandante los valores
correspondientes a sus prestaciones, liquidándolos sobre el 70% de su asignación básica, al incluir la prima
especial de servicios consagrada en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, dentro del 100% de la misma, cuando
debió ser adicional a ella, para así ser considerada como un plus o adición».
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Radicación: 25000-23-42-000-2021-00431-01 (3837-2022)
272 de 2021, cuando ordenó el reconocimiento adecuado de dicho factor como una
partida adicional a la asignación básica.
35. Bajo ese entendimiento, la Fiscalía General de la Nación tenía el deber de
reconocer a favor de la actora la suma equivalente al 30 % del total de su
remuneración, como componente adicional al salario, con sus respectivos efectos
legales para el cálculo de los aportes a pensión, en principio, desde el 21 de
diciembre de 2010 en adelante, siempre y cuando la accionante continuara
vinculada en el cargo beneficiario para esa fecha.
36. Sin embargo, como la señora Clara Inés Gaitán radicó la reclamación
administrativa el 19 de diciembre de 2018,19 al tenor de los lineamientos
jurisprudenciales expuestos en el marco normativo, se encuentran prescitos los
valores adeudados a título de prima especial causados con anterioridad a los 3 años
previos a la presentación de la solicitud, esto es, al 19 de diciembre de 2015.
37. Es decir que la demandante tiene derecho a que se le pague la prima especial
de servicios, desde el 19 de diciembre de 2015, durante los tiempos en que ejerció
como fiscal, y mientras ocupe alguno de los cargos beneficiarios del derecho
contemplado en la norma.
38. Se recuerda que la fecha de exigibilidad del derecho corresponde a la de la
misma creación del emolumento en virtud del artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992, pues
es dicha norma y su reglamentación la que lo constituyó en favor de los
beneficiarios. Tratándose de los servidores de la Fiscalía General de la Nación,
podían solicitar el factor, según el régimen aplicable, desde la fecha de vinculación
como fiscales o a partir de 1998,20 ello al margen de que tal concepto se haya
pagado de forma incorrecta en los decretos salariales anuales que fueran anulados
mediante sentencias posteriores.
39. Lo anterior implica que, si bien se han proferido decisiones judiciales
anulatorias que han abordado la titularidad y la forma de pago de este haber laboral,
no se requiere, en cada caso particular, una sentencia constitutiva de la situación
jurídica, pues tales providencias no tienen esa naturaleza, sino que son de carácter
declarativo con efectos ex tunc, lo cual ratifica que el derecho en discusión, al ser
de creación legal, era susceptible de reclamación sin que fuera necesario un
pronunciamiento judicial. De modo que, no prospera el argumento de la accionante
sobre este aspecto.
19 Archivo denominado «7_250002342000202100431007expedientedigiexpediente20210628105450.pdf»
contenido en la carpeta «ED_DEMANDA_25000234200020210043(.zip) NroActua 2» visible a índice 2 de
SAMAI.
20 Ver sentencia del 15 de diciembre de 2020 en la que se indicó que: «[…] A partir de la entrada en vigor de la
Ley 476 de 1998 los empleados públicos de la Fiscalía que se acogieron al régimen salarial consagrado en el
Decreto 53 de 1993 o se hayan vinculado a la entidad con posterioridad tienen derecho a la prima especial de
servicios como un incremento del salario básico y/o asignación básica, sin que en ningún caso supere el
porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional, atendiendo el cargo correspondiente. […]»
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Radicación: 25000-23-42-000-2021-00431-01 (3837-2022)
40. Sin perjuicio de lo anterior, es necesario señalar que el fenómeno extintivo no
opera en relación con los aportes a pensión generados sobre el valor de la prima
especial de servicios durante el período de vinculación, en la medida en que el
referido factor debió ser incluido en el IBC de la actora, exclusivamente para cotizar
al Sistema de Seguridad Social, lo cual constituye una obligación imprescriptible
e irrenunciable21, y por virtud de lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 100 de
199322 son obligatorios no solo por su naturaleza parafiscal, sino por la
sostenibilidad del sistema.23 En ese contexto, surge el deber de la entidad
demandada de efectuar la respectiva reliquidación con el fin de determinar el monto
de los aportes adeudados, desde el 1.º de septiembre de 201124, durante los
tiempos en que ejerció como fiscal, y mientras ocupe alguno de los cargos
beneficiarios.
41. Ahora bien, se advierte que la redacción del numeral cuarto de la decisión
puede dar lugar a interpretaciones erróneas, pues no delimita con claridad que el
reconocimiento procede únicamente respecto de los períodos en los cuales la
demandante ejerció el cargo de fiscal. En efecto, aunque el juez, en las
consideraciones, identificó los lapsos en que la señora Clara Inés ocupó dicho cargo
desde el 21 de diciembre de 2010, no precisó si ello ocurrió en encargo del cargo o
en encargo de funciones.25
42. Igualmente, en la parte resolutiva ordenó el reconocimiento de las diferencias
«desde el 19 de diciembre de 2015 y hasta cuando funja como fiscal, […]
computando […] el 100 % que corresponde a la asignación […] devengada […] para
los cargos ejercidos en ese tiempo», y «la reliquidación de la pensión de
jubilación durante toda la relación laboral, así como para los aportes al sistema
de seguridad social en salud», lo cual resulta ambiguo y puede extender
indebidamente sus efectos a períodos en los que no ostentó dicha condición.
21 La sentencia del 25 de agosto de 2016, radicación 23001 23 33 000 2013 00260 01 (0088-15) consejero
ponente, Carmelo Perdomo Cuéter, precisó: «la Sala aclara que la prescripción extintiva no es dable aplicar
frente a los aportes para pensión, en atención a la condición periódica del derecho pensional, que los hace
imprescriptibles, pues aquellos se causan día a día y en tal sentido se pueden solicitar en cualquier época,
mientras que las prestaciones sociales y salariales, al ser pagadas por una sola vez, sí son susceptibles del
mencionado fenómeno, por tener el carácter de emolumentos económicos temporales».
22 ARTÍCULO 17. Obligatoriedad de las Cotizaciones. Durante la vigencia de la relación laboral deberán
efectuarse cotizaciones obligatorias a los Regímenes del Sistema General de Pensiones por parte de los
afiliados y empleadores, con base en el salario que aquéllos devenguen.
23 Ver sentencia del Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala de conjueces de la Sección
Segunda- providencia del 4 de julio de 2024, conjuez ponente: Clara Elisa Cifuentes Ortíz, radicación: 25000-
23-42-0002017-05349-02 (2828-2021).
24 Fecha en la cual empezó a ejercer el cargo de fiscal en encargo del cargo.
25
«se demuestra la vinculación de la demandante CLARA INÉS GAITÁN AGUILAR, a la Fiscalía General de la
Nación, donde ha ejerciendo varios cargos así: Fiscal Delegado ante los Jueces Municipales y Promiscuos
desde el 21 de diciembre de 2010 hasta el 08 de febrero de 2011; Fiscal Delegado ante los Jueces Municipales
y Promiscuos desde el 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2011; Fiscal Delegado ante los Jueces
Municipales y Promiscuos desde el 03 de abril al 19 de junio del 2013; Fiscal Delegado ante los Jueces
Municipales y Promiscuos desde el 20 de junio hasta el 01 de julio del 2013; Fiscal Delegado ante los Jueces
Municipales y Promiscuos desde el 05 de julio al 02 de octubre de 2013; Fiscal Delegado ante los Jueces
Municipales y Promiscuos desde el 01 de julio al 24 de julio de 2015; como Fiscal Delegado ante los Jueces
Municipales desde el 1 de julio de 2015 al 24 de julio de 2015 y Fiscal Delegado Ante los Jueces Municipales y
Promiscuos desde el 2 de noviembre de 2018 a la fecha».
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Radicación: 25000-23-42-000-2021-00431-01 (3837-2022)
43. Se advierte que la demandante ha laborado en la Fiscalía General de la
Nación desde el 2010, desempeñando, entre otros, los cargos de asistente de fiscal
I y II; profesional de gestión II; y fiscal delegada ante jueces municipales y
promiscuos, en encargo del cargo y en encargo de funciones. No obstante, para lo
que interesa al caso, se relacionarán únicamente los tiempos en condición de fiscal.
44. De las certificaciones allegadas se desprende que la actora ejerció como
fiscal en encargo del cargo a partir del 1.º de septiembre de 2011, en los siguientes
períodos: del 1.º de septiembre de 2011 al 31 de diciembre de 2011; del 3 de abril
de 2013 al 19 de junio de 2013; del 20 de junio de 2013 al 1.º de julio de 2013; del
5 de julio de 2013 al 2 de octubre de 2013, y del 2 de octubre de 2018 al 31 de
diciembre de 201826.
45. Por su parte, desde el 21 de diciembre de 2010 laboró como fiscal en encargo
de funciones27 en los siguientes lapsos: del 21 de diciembre de 2010 al 8 de febrero
de 2011 y del 1.º de julio de 2015 al 24 de julio de 2015»28.
46. En ese orden de ideas, se modificará el numeral segundo de la sentencia
apelada, en el sentido de declarar probada parcialmente la excepción de
prescripción, en los términos descritos; y se revocarán los numerales cuarto y
quinto,29 para, en su lugar, ordenar a la Fiscalía General de la Nación reconocer los
valores pendientes de pago por concepto de prima especial de servicios desde el
19 de diciembre de 2015, durante los tiempos en que ejerció como fiscal en encargo
del cargo, y mientras ocupe alguno de los cargos beneficiarios, así como reajustar
y pagar los aportes al Sistema General de Seguridad Social en materia de
pensiones adeudados sobre el valor de dicha prima ante la entidad administradora
de pensiones a la que se encuentre afiliada la actora, desde el 1.º de septiembre de
2011, exclusivamente durante los tiempos en que desempeñó el cargo de fiscal en
encargo del cargo, y en adelante siempre y cuando continúe vinculada en un cargo
beneficiario de tal pago. Lo anterior, de conformidad con la ley.
47. Finalmente, con el fin de sustentar la prosperidad parcial de estas
pretensiones, se ordenará estarse a lo resuelto en la sentencia del 21 de septiembre
de 2022 proferida por la Sala de Conjueces del Consejo de Estado, 30 mediante la
26 Archivo denominado «20193100000611.pdf» contenido en la carpeta denominada «
19_250002342000202100431002recibememorial20210920170629.zip» visible a índice 2 de SAMAI.
27 Se precisa que estos tiempos no serán reconocidos, dado que el encargo de funciones no implica la provisión
del empleo ni el ejercicio del cargo en calidad de titular, sino el desempeño transitorio de funciones, sin que el
servidor se desvincule de su empleo de origen. En consecuencia, no se generan los efectos salariales ni
prestacionales propios del cargo.
28 Archivo «6_250002342000202100431006expedientedigiexpediente20210628105450.pdf» y carpeta
denominada «19_250002342000202100431002recibememorial20210920170629.zip» archivo «extracto
39646749.pdf».
29 «QUINTO.- reconocer y pagar a la demandante en los extremos temporales indicados, sus salarios y
prestaciones, con los correspondientes reajustes prestacionales anuales, de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva de esta sentencia». En cuanto está relacionado con lo dispuesto en el numeral cuarto de la
decisión.
30 Radicado 11001 03 25 000 2018 01101 00 (3974-2018).
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Radicación: 25000-23-42-000-2021-00431-01 (3837-2022)
cual se declaró la nulidad de algunos artículos de los decretos salariales anuales,
expedidos entre 1993 y 2017, que establecieron la prima especial creada por el
artículo 14 de la Ley 4.a de 1992 como una parte del salario y no como un pago
adicional equivalente al 30 % de aquel y concluyó que «la prima de servicios no
puede ser inferior al 30 % del salario básico mensual y que además ella es una
adición a éste». Conforme a lo anterior, se revocará el numeral primero de la
sentencia impugnada que se estuvo a lo dispuesto en la sentencia del 15 de
diciembre de 2020, para en su lugar estarse a lo resuelto en la providencia antes
señalada.
De la condena en costas en segunda instancia
La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la Ley
2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una
lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.
48. La pretensión del legislador con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021 fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente
de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público. Esto
creó una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición
en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el
caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el
artículo 188 del CPACA se mantiene incólume. En ese sentido la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.
49. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida. La
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
50. En consecuencia, se impondrán costas en esta instancia a la parte
demandante, por cuanto se niegan totalmente las peticiones de su recurso de
apelación. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias
en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las
expensas serán liquidadas por la secretaría del tribunal de origen.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
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Radicación: 25000-23-42-000-2021-00431-01 (3837-2022)
FALLA
Primero: AVOCAR conocimiento del proceso de la referencia, por las razones
expuestas en la parte motiva.
Segundo: REVOCAR el numeral primero de la sentencia del treinta y uno (31) de
marzo de dos mil veintidós (2022) proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sala Transitoria, para ESTARSE a lo resuelto en la sentencia del 21
de septiembre de 2022 de la Sala de Conjueces del Consejo de Estado, emitida en
el proceso 11001 03 25 000 2018 01101 00 (3974-2018).
Tercero: MODIFICAR el numeral segundo de la sentencia del treinta y uno (31) de
marzo de dos mil veintidós (2022) proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sala Transitoria, en el sentido de declarar probada parcialmente la
prescripción, así:
«DECLARAR probada parcialmente la PRESCRIPCIÓN de las sumas
causadas con anterioridad al 19 de diciembre de 2015, de conformidad con los
Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969 en armonía con la jurisprudencia
desarrollada sobre el asunto, con excepción de la obligación de la
demandada de efectuar las cotizaciones o aportes al Sistema General de
Seguridad Social en materia de pensiones, utilizando como ingreso base el 30
% de la prima especial, desde el 1.° de septiembre de 2011, durante los
períodos en los que la demandante laboró como fiscal, en encargo del cargo,
y en adelante, siempre y cuando continúe vinculada en un cargo beneficiario
de tal emolumento».
Cuarto: REVOCAR los numerales cuarto y quinto de la sentencia del treinta y uno
(31) de marzo de dos mil veintidós (2022) proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sala Transitoria, para en su lugar, disponer en un solo numeral lo
siguiente:
«CUARTO: Se condena a la entidad accionada a reconocer y pagar la prima
especial de servicios sin carácter salarial de que trata el artículo 14 de la Ley
4.ª de 1992 en un 30 % del valor total de la asignación básica percibida por la
demandante desde el 19 de diciembre de 2015 hasta el 30 de diciembre de
2020, durante los períodos laborados como fiscal, en encargo del cargo.
Adicionalmente, la parte demandada deberá reajustar y pagar los aportes al
Sistema General de Seguridad Social en materia de pensiones adeudados
sobre el valor de la prima especial de la accionante ante la entidad o
administradora de pensión a la que se encuentre afiliada, desde el 1.° de
septiembre de 2011 hasta el 30 de diciembre de 2020, en los tiempos en los
que ejerció en calidad de fiscal, en encargo del cargo, y en adelante siempre
y cuando continúe vinculada en un cargo beneficiario de tal emolumento. Lo
anterior de conformidad con la ley».
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Radicación: 25000-23-42-000-2021-00431-01 (3837-2022)
Quinto: CONFIRMAR en lo demás, la sentencia del treinta y uno (31) de marzo de
dos mil veintidós (2022) proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sala Transitoria.
Sexto: CONDENAR en costas a la parte demandante en segunda instancia,
conforme a lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia.
Séptimo: Ejecutoriada esta sentencia devolver el expediente al tribunal de origen,
previas las anotaciones correspondientes.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la subsección en la sesión de
la fecha.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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