RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 25000-23-42-000-2012-01777-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2012-01777-02

Fecha
12 de agosto de 2026
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2012-01777-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. REVOCAR la sentencia proferida el 31 de mayo de 2022 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Sala Transitoria, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por la señora Emma Patricia Santamaría de Roa contra la Fiscalía General de la Nación, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. En su lugar, NEGAR las pretensiones de la demanda. 14 Radicación: 25000 23 42 000 2012 01777 02 (4352-2022) Demandante Emma Patricia Santamaría de Roa SEGUNDO. CONDENAR en ambas instancias a la señora Emma Patricia Santamaría de Roa, por las razones explicadas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2012-01777-02

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

12 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá D.C., doce (12) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 25000 23 42 000 2012 01777 02 (4352-2022)
Demandante: Emma Patricia Santamaría de Roa
Demandado: Fiscalía General de la Nación

Tema: Bonificación por compensación, Decreto 610 de 1998

Decisión: Se revoca la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se niegan
las pretensiones de la demanda al establecerse que el ejercicio de
funciones de fiscal delegada ante tribunal bajo la figura del encargo
no generó el derecho a las diferencias salariales por bonificación por
compensación.

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la
sentencia de primera instancia proferida el 31 de mayo de 2022 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.

I. ANTECEDENTES

Demanda1

1. La parte demandante, en ejercicio del medio de control de la referencia, solicitó
que se declare la nulidad del Oficio DAFSB–22-009313 del 15 de junio de 2012, de la
Resolución 1947 del 4 de julio de 2012 y del acto ficto o presunto derivado del silencio
administrativo negativo por la no solución del recurso de apelación contra el primer oficio,
a través de los cuales la Fiscalía General de la Nación le negó el reconocimiento,
reliquidación y pago de las diferencias de sueldos entre el cargo de fiscal seccional y
fiscal delegada ante tribunal, por los tiempos de servicio que prestó en el segundo cargo.
Además, le negó las diferencias de los porcentajes correspondientes a la bonificación por
compensación establecida en el Decreto 610 de 1998.

2. A título de restablecimiento del derecho, pidió que se condene a la demandada,
por una parte, a reconocerle el pago de las diferencias de sueldo entre el cargo de fiscal
seccional y fiscal delegada ante tribunal, por los tiempos de servicio que prestó en el
segundo empleo; y, por otra, el pago de las diferencias salariales de los porcentajes

1 Folios 69 al 85.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 25000 23 42 000 2012 01777 02 (4352-2022)
Demandante Emma Patricia Santamaría de Roa

correspondientes a la bonificación por compensación establecida en el Decreto 610 de
1998.

3. Asimismo, pidió que los valores a reconocer sean ajustados tomando como base
el índice de precios al consumidor o el de precios al por mayor, según lo ordena el artículo
195 del CPACA, así como que se le reconozcan los intereses comerciales, bancarios y
moratorios aplicables que resulten de la liquidación de los salarios y demás emolumentos
dejados de percibir. Finalmente, solicitó que las condenas se ajusten a lo establecido en
los artículos 192 y 195 ibidem.

4. Como sustento de sus pretensiones, indicó que prestó sus servicios en la Fiscalía
General de la Nación en el cargo de fiscal delegada ante tribunal del 6 al 30 de julio de
1993; del 19 de diciembre de 1994 al 12 de enero de 1995; del 30 de mayo al 23 de junio
de 1995; del 10 de enero al 2 de febrero de 1996; del 20 de junio al 13 de julio de 2001;
del 13 al 31 de octubre de 2004; del 29 de diciembre de 2004 al 30 de junio de 2005, y
del 13 al 29 de septiembre de 2005, tiempo durante el cual recibió el pago de sus
salarios como fiscal seccional.

5. Manifestó que desde el 20 de junio hasta el 13 de julio de 2001, desde el 13 hasta
el 31 de octubre de 2004, desde el 29 de diciembre de 2004 hasta el 30 de junio de 2005,
desde el 13 hasta el 29 de septiembre de 2005 y desde el 2 hasta el 31 de enero de 2006
se desempeñó como fiscal delegada ante tribunal, periodos durante los cuales no se le
cancelaron los valores dispuestos en el Decreto 610 de 1998.

6. Señaló que se le debían reconocer y pagar las diferencias de sueldo entre el cargo
de fiscal seccional y el de fiscal delegada ante tribunal, correspondientes a los tiempos
de servicio prestados en este último cargo, dado que tales salarios únicamente le fueron
reconocidos como fiscal seccional.

7. Indicó que, conforme al parágrafo 2 del artículo 2 del Decreto 4040 de 2004, la
administración le venía cancelando, para el año 2000, el equivalente al 70% del valor
total devengado anualmente por un magistrado de alta corte; sin embargo, al haber sido
anulado dicho decreto por el Consejo de Estado, cobró vigencia el Decreto 610 de 1998,
por lo que debía reajustarse la bonificación por compensación correspondiente.

8. Sostuvo que se trataba de derechos irrenunciables y que, en consecuencia, debían
reajustarse los valores recibidos durante los tiempos en el cargo de fiscal delegada ante
tribunal —pagados como fiscal seccional—, así como las diferencias salariales de los
porcentajes correspondientes a la bonificación por compensación establecida en el
artículo 2 del Decreto 610 de 1998, equivalente al 80% del valor devengado por un
magistrado de alta corte, desde el año 2001 en adelante.

9. Afirmó que el mencionado Decreto 610 de 1998 se encuentra vigente y que este
dispone que un fiscal delegado ante tribunal debe percibir, desde el año 2001 en
adelante, el 80% de lo devengado por un magistrado de alta corte, equivalencia que a su
vez guarda relación con lo que por todo concepto percibe un congresista.

2

Radicación: 25000 23 42 000 2012 01777 02 (4352-2022)
Demandante Emma Patricia Santamaría de Roa

10. Indicó que, con fundamento en lo anterior, elevó ante la entidad demandada la
petición con radicado GDPQ 20126110655102 del 2 de mayo de 2012, la cual fue resuelta
negativamente mediante los actos administrativos acusados.

Contestación de la demanda2

11. La entidad demandada se opuso a las pretensiones de la demanda argumentando
que no hay lugar a la declaratoria de nulidad de los actos administrativos acusados por
cuanto fueron expedidos de conformidad con el ordenamiento jurídico, por autoridad
competente y con observancia de las formalidades legales. Así mismo, sostuvo que tales
decisiones no vulneraron derecho alguno de la parte demandante ni estuvieron afectadas
por desviación de poder.

12. Señaló que el Decreto 610 del 26 de marzo de 1998 no mantuvo una vigencia
permanente, pues su aplicación estuvo limitada al período comprendido entre el 1 de
enero y el 31 de agosto de 1999, en razón de que el Gobierno nacional ha expedido
anualmente los decretos mediante los cuales se actualizan los montos de la bonificación
allí prevista.

13. Adicionalmente, propuso las excepciones de prescripción trienal y caducidad del
medio de control. Al respecto, sostuvo que, aunque las prestaciones periódicas pueden
reclamarse en cualquier tiempo, en el presente caso la demandante se retiró del servicio
el 1 de enero de 2010, por lo que el derecho invocado perdió su carácter periódico y se
convirtió en una acreencia de pago único y definitivo, sometida a las reglas ordinarias de
prescripción y caducidad.

Decisión de excepciones previas3

14. El a quo, en la audiencia inicial celebrada el 4 de julio de 2019, declaró no probada
la excepción de caducidad del medio de control por cuanto estimó que la entidad
confundió caducidad con prescripción. Además, precisó que en el plenario está
demostrado que la actora acudió a la jurisdicción dentro de la oportunidad legal
establecida en el artículo 164 del CPACA.

Sentencia apelada4

15. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Sala Transitoria,
mediante sentencia del 31 de mayo de 2022, accedió a las pretensiones de la demanda
en el sentido de declarar la nulidad de los actos administrativos demandados y condenar
a la entidad a reconocer y pagar a la actora, desde que adquirió el derecho como fiscal
delegada ante tribunal, esto es, el 5 de septiembre de 2001 y hasta el 31 de enero de
2006, las diferencias prestacionales correspondientes al 10% del equivalente al 80% de
lo que por todo concepto salarial devengue un magistrado de alta corte, incluyendo prima
de servicios, prima de vacaciones, prima de navidad y bonificación por servicios teniendo

2 Folios 139 al 154.

3 Folios 228 al 231.

4 Folios 270 al 280.

3

Radicación: 25000 23 42 000 2012 01777 02 (4352-2022)
Demandante Emma Patricia Santamaría de Roa

en cuenta para la liquidación todos los ingresos laborales totales anuales de carácter
permanente devengados por los congresistas.

16. Además, ordenó reconocer y pagar a la demandante, en los extremos temporales
indicados, los correspondientes reajustes prestacionales anuales, así como la
actualización de los valores a pagar conforme al artículo 178 del Código Contencioso
Administrativo, tomando como base la variación porcentual de los índices de precios al
consumidor certificados por el DANE y el pago de los intereses comerciales moratorios
si se daban los supuestos de hecho y de derecho del artículo 177 ibidem.

17. Al respecto, el tribunal encontró demostrado que la demandante estuvo vinculada
a la Fiscalía General de la Nación como fiscal delegada ante tribunal desde el 6 de julio
de 1993 hasta el 31 de enero de 2006, siendo destinataria de los Decretos 610 y 1239
de 1998, que consagraron que la remuneración mínima mensual de dicho cargo no podía
ser inferior al 80% de la remuneración total devengada por un magistrado de alta corte,
así como del derecho establecido en el artículo 15 de la Ley 4 de 1992.

18. Constató igualmente que, conforme a la información salarial allegada por la propia
entidad demandada y al acto administrativo contenido en el Oficio DAFSB-22-009313 del
15 de junio de 2012, a la demandante no se le habían reconocido ni pagado los valores
por concepto de bonificación por compensación equivalentes al 80% de lo devengado
por un magistrado de alta corte, pues únicamente se le reconoció el 70 % conforme al
Decreto 4040 de 2004, norma que fue anulada y retirada del ordenamiento jurídico.

19. En cuanto a la excepción de prescripción propuesta por la entidad demandada,
concluyó que esta se configuró respecto de las diferencias causadas con anterioridad al
2 de mayo de 2009, dado que la petición ante la administración fue presentada el 2 de
mayo de 2012. No obstante, precisó que tales sumas debían ser tenidas en cuenta para
efectos de la reliquidación de la pensión de jubilación o de los aportes al sistema general
de pensiones, por tratarse de un derecho imprescriptible en cuanto incide en la
determinación de prestaciones pensionales, criterio sustentado en la sentencia de Sala
de Conjueces de la Sección Segunda proferida el 2 de septiembre de 2019 dentro del
radicado 41001-23-33-000-2016-00041-02.

20. Finalmente, se abstuvo de condenar en costas a la parte vencida.

Recurso de apelación5

21. La entidad demandada interpuso recurso de apelación contra la sentencia de
primera instancia, con el propósito de que se revoque en su totalidad y se nieguen las
pretensiones.

22. Como fundamento de su inconformidad, manifestó que el tribunal no tuvo en
cuenta la jurisprudencia del Consejo de Estado relativa a los efectos de la nulidad del
Decreto 4040 de 2004. Al respecto, citó pronunciamientos de esta Sección en los cuales

5 Folios 288 al 290.

4

Radicación: 25000 23 42 000 2012 01777 02 (4352-2022)
Demandante Emma Patricia Santamaría de Roa

se ha establecido que las sentencias de nulidad simple, como la del 14 de diciembre de
2011, no tienen efectos retroactivos, sino hacia el futuro, en la medida en que los actos
administrativos de carácter general, aunque no son leyes en sentido formal, sí lo son en
sentido material, por lo cual las situaciones jurídicas particulares nacidas durante su
vigencia deben respetarse.

23. Por otro lado, argumentó que el retiro definitivo de la bonificación de gestión judicial
del ordenamiento jurídico solo se produjo hasta la fecha en que la sentencia que la anuló
quedó ejecutoriada, por ser dicha prestación incompatible con la bonificación por
compensación conforme al parágrafo 1 del artículo 1 del Decreto 4040 de 2004, y sostuvo
que el monto equivalente al 80% no podía aplicarse retroactivamente para reconocer la
diferencia frente al 70% que había venido percibiendo la demandante.

24. Además, precisó que no resultaba procedente el reconocimiento de la bonificación
por compensación toda vez que, en vigencia del Decreto 4040 de 2004, a la demandante
le fue legalmente reconocida la bonificación por gestión judicial, norma que consideró
vigente para el periodo reclamado, por lo cual los actos administrativos demandados no
incurrían en vicios de nulidad.

25. En relación con la prescripción, sostuvo que el tribunal realizó dos análisis de dicha
figura, pues en el numeral primero de la parte resolutiva de la sentencia apelada
estableció que la prescripción se declararía a partir del 2 de mayo de 2009, mientras que
en el numeral cuarto ordenó el reconocimiento de las diferencias salariales entre el 5 de
septiembre de 2001 hasta el 31 de enero de 2006.

26. En tal sentido, solicitó la aplicación del criterio fijado por la Sala de Conjueces de
la Sección Segunda en la sentencia del 2 de septiembre de 2019, según el cual, para las
peticiones formuladas con posterioridad al 27 de enero de 2012, la prescripción trienal
opera sin excepciones. En consecuencia, sostuvo que la fecha relevante para su cómputo
era la correspondiente a la solicitud presentada por la actora el 2 de mayo de 2012.

II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

27. Luego de resolver las manifestaciones de impedimento formuladas por los
consejeros que integraban la Sección Segunda de esta corporación 6, mediante auto del
19 de mayo de 2025 se admitió el recurso de apelación y se ordenó correr traslado a las
partes para alegar de conclusión, término durante el cual el Ministerio Público7 y las
partes guardaron silencio.

III. CONSIDERACIONES

6 Folio 308.

7 Conviene indicar que el Ministerio Público allegó concepto mediante memorial radicado a través de la ventanilla virtual

el 12 de junio de 2025 (índice 43). No obstante, la Sala no lo tendrá en cuenta por haber sido radicado por fuera del
término establecido en el numeral 6 del artículo 247 del CPACA, subrogado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021,
esto es, después de que el proceso ingresara al despacho para sentencia, lo cual ocurrió el 10 de junio de 2025 (índice
40).

5

Radicación: 25000 23 42 000 2012 01777 02 (4352-2022)
Demandante Emma Patricia Santamaría de Roa

Competencia

28. De conformidad con lo previsto en el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), modificado por el artículo
615 del Código General del Proceso (CGP), el Consejo de Estado es competente para
resolver los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias dictadas en primera
instancia por los tribunales administrativos.

Cuestión previa

29. Antes de decidir el recurso de apelación interpuesto por la apoderada de la entidad,
esta Subsección advierte que la sentencia de primera instancia, al reconocer las
diferencias salariales por bonificación por compensación en favor de la demandante,
contiene imprecisiones e incongruencias, en especial, respecto del periodo por el cual se
concedió el derecho y de la falta de análisis sobre la forma en que la actora ejerció el
cargo de fiscal delegada ante el tribunal de distrito.

30. Por tal motivo, aunque en el recurso de apelación no se cuestionaron esos
aspectos —lo cual, en principio, obliga al juez de segunda instancia a resolver únicamente
sobre los reparos de la alzada (acorde con el artículo 328 del CGP)—, la Sala considera
necesario examinarlos, en la medida en que guardan relación directa con la procedencia
y alcance del restablecimiento del derecho reconocido en la sentencia apelada.

31. Sobre el particular, el artículo 103 del CPACA dispone que los procesos
adelantados ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo tienen por finalidad,
entre otras, la efectividad de los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico y la
preservación del orden jurídico.

32. Adicionalmente, el artículo 187 del CPACA faculta al juez contencioso
administrativo para decidir no solo las excepciones propuestas por las partes, sino
también aquellas que encuentre probadas de oficio. Así mismo, dicha disposición prevé
que el silencio del juez de primera instancia no impide que el superior estudie y resuelva
las excepciones de fondo, propuestas o no, con observancia del principio de non
reformatio in pejus.

33. De esta norma se desprende que el juez de segunda instancia puede examinar
oficiosamente aquellos aspectos que incidan directamente en la procedencia del derecho
reconocido o en el alcance de la condena impuesta, siempre que ello no implique agravar
la situación del apelante único.

34. En el presente caso, el ejercicio de dicha facultad no desconoce el principio de
congruencia ni afecta el derecho de defensa de las partes, por cuanto: (i) la entidad
demandada solicitó expresamente la revocatoria integral de la sentencia y la negación de
las pretensiones; (ii) el análisis recae sobre aspectos directamente relacionados con la
legalidad y alcance de la condena impuesta; y (iii) se respetará el principio de non
reformatio in pejus, en la medida en que no se agravará la situación jurídica de la apelante
única.

6

Radicación: 25000 23 42 000 2012 01777 02 (4352-2022)
Demandante Emma Patricia Santamaría de Roa

35. En consecuencia, además de los problemas jurídicos planteados en el recurso de
apelación, la Sala examinará si las diferencias salariales y las derivadas de la bonificación
por compensación reconocidas en la sentencia apelada se ajustan a los hechos
acreditados en el proceso y al régimen jurídico aplicable.

Problemas jurídicos

36. De acuerdo con lo expuesto en el acápite anterior y con los reparos sustentados
en el recurso de apelación, corresponde a la Sala determinar: i) si los efectos ex nunc de
la declaratoria de nulidad del Decreto 4040 de 2004 impide reconocer a la demandante
las diferencias derivadas de la bonificación por compensación prevista en los Decretos
610 y 1239 de 1998, respecto del período reclamado; y ii) si las sumas reconocidas en la
sentencia apelada encuentran respaldo en los hechos acreditados en el proceso,
teniendo en cuenta que la actora desempeñó el cargo de fiscal delegada ante tribunal
mediante las figuras de encargo y asignación de funciones.

37. En caso de concluirse que procede el reconocimiento de tales diferencias, la Sala
deberá establecer: iii) si dicho reconocimiento resulta incompatible con la bonificación por
gestión judicial percibida por la demandante; y iv) si operó el fenómeno de la prescripción
respecto de alguna parte de las acreencias reclamadas.

Análisis de los problemas jurídicos

38. La Sala anuncia que revocará la sentencia apelada al encontrar que la
demandante no tiene derecho al pago de las diferencias salariales por concepto de
bonificación por compensación, por las razones que se expondrán a continuación.

39. El Gobierno nacional, a través del Decreto 610 del 26 de marzo de 1998, creó una
bonificación por compensación para los fiscales delegados ante los tribunales de distrito
—entre otros funcionarios8—, como un emolumento de carácter permanente, equivalente
al 60% de lo que por todo concepto perciban los magistrados de alta corte. Así mismo,
dicho porcentaje aumentó al 80% a partir del año 20019.

40. Posteriormente, se expidió el Decreto 4040 del 3 de diciembre de 2004, mediante
el cual se creó, a partir de su vigencia, una bonificación de gestión judicial, con carácter

8 «Artículo 2°. La Bonificación por Compensación de que trata el artículo anterior, se aplicará a los Magistrados de los

Tribunales Superiores de Distrito Judicial, Contencioso Administrativo, Nacional y Superior Militar; a los Magistrados
Auxiliares de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, y el Consejo Superior de la Judicatura; a los
Abogados Auxiliares del Consejo de Estado; a los Fiscales y Jefes de Unidad ante el Tribunal Nacional; a los Fiscales
del Tribunal Superior Militar, los Fiscales ante el Tribunal de Distrito, y los jefes de Unidad de Fiscalía ante Tribunal de
Distrito».
9 Esto, en atención a lo dispuesto en la parte considerativa del mencionado Decreto 610 de 1998, en el que se indicó

lo siguiente: «Para el año que corresponda a la vigencia fiscal para la cual se apruebe por primera vez la apropiación
presupuestal correspondiente, se aplicará un ajuste a los ingresos laborales que iguale al sesenta por ciento (60%) de
lo que por todo concepto devenguen los Magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte Constitucional,
de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado; Para la vigencia fiscal siguiente, el ajuste igualará al setenta
por ciento (70%) de lo que por todo concepto devenguen los Magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, de la
Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado; A partir del año correspondiente a la
tercera vigencia fiscal, los ingresos laborales serán igual [sic] al ochenta por ciento (80%) de lo que por todo concepto
devenguen anualmente los Magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte Constitucional, de la Corte
Suprema de Justicia y del Consejo de Estado».

7

Radicación: 25000 23 42 000 2012 01777 02 (4352-2022)
Demandante Emma Patricia Santamaría de Roa

permanente, equivalente al 70% de lo que por todo concepto devengaran los magistrados
de alta corte. Dicho emolumento estuvo dirigido, entre otros, a los fiscales delegados ante
tribunales de distrito y estableció expresamente su incompatibilidad con la bonificación
por compensación referida en el párrafo anterior.

41. No obstante, la Sala de Conjueces de la Sección Segunda de esta corporación,
mediante la sentencia del 14 de diciembre de 201110, decretó la nulidad del aludido
Decreto 4040 de 2004, por ser regresivo respecto del Decreto 610 de 1998, en atención
a la violación del bloque de constitucionalidad respecto de las disposiciones que
previeron los principios de progresividad y no regresividad de los derechos sociales.

42. En relación con lo anterior, esta Sala ha entendido que el efecto de esa declaratoria
de nulidad llevó a retrotraer las cosas al estado anterior, esto es, a la vigencia del Decreto
610 de 1998, es decir, que se debe entender como si el acto anulado nunca hubiera
existido debido a que durante los años 2004 a 2012 hubo dualidad normativa frente a la
bonificación por compensación y la bonificación por gestión judicial y, en ese sentido, los
administrados carecían de certeza frente a tales derechos; por lo tanto, se ha considerado
que solo con la ejecutoria de la sentencia que declaró de nulidad referida se tornó exigible
el derecho al reconocimiento de la bonificación por compensación del Decreto 610 de
199811.

43. En ese sentido, se advierte que no le asiste razón a la entidad apelante cuando
afirma que el tribunal desconoció que la precitada sentencia de nulidad produjo efectos
hacia el futuro (ex nunc) puesto que al retirarse del mundo jurídico el Decreto 4040 de
2004 quedó vigente el Decreto 610 de 1998 y sus efectos deben retrotraerse a partir del
3 de diciembre de 2004, fecha en que entró en vigor la normativa anulada.

44. Por otra parte, en la sentencia objeto de apelación se ordenó el pago de las
diferencias salariales correspondientes al 10% del equivalente al 80% de lo que por todo
concepto devengue un magistrado de alta corte, desde el 5 de septiembre de 2001
hasta el 31 de enero de 2006.

45. Pues bien, y con el fin de establecer si tal reconocimiento estuvo ajustado a lo
probado en el proceso, en el presente caso se tiene por demostrado que la demandante
fue nombrada fiscal seccional ante los jueces penales del circuito12 a partir del 1 de julio
de 1992, en virtud de la Resolución 001 del 30 de junio de 199213, cargo que ejerció hasta
el 31 de diciembre de 2009 —fecha en la que se le aceptó su renuncia—14.

10 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, radicado 11001 03 25 000 2005 00244 01 (10067-2005).

Actores: Jairo Hernán Valcárcel y otro.
11 Ver, entre otras, sentencias del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Sala

de Conjueces, del 23 de mayo de 2018, radicado 17001 23 33 000 2012 00144 92 (0602-2015) y del 2 de septiembre
de 2019, radicado 41001 23 33 000 2016 00041 02 (2204-2018), de la misma sala.
12 Dicha información coincide con el certificado de información laboral del 6 de marzo de 2012 obrante en el folio 23

del cuaderno principal del expediente.
13 Folio 38 del Tomo 1 de la Hoja de Vida de la accionante.

14 Cfr. Resolución 2-3293 del 21 de diciembre de 2009, obrante en el folio 556 del Tomo 2 de la Hoja de Vida de la

accionante.

8

Radicación: 25000 23 42 000 2012 01777 02 (4352-2022)
Demandante Emma Patricia Santamaría de Roa

46. Así mismo, se acreditó que la actora ejerció funciones de fiscal delegada ante
tribunal de distrito mediante figuras de encargo y asignación de funciones, en los
siguientes periodos:

ACTO DESDE HASTA TIPO DE INGRESO SITUACIÓN
ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVA
Res. 085 del 17 de 1993-07-06 1993-07-30 Encargo del cargo Vacaciones del titular
junio de 199315
Res. 225 del 12 de 1994-12-19 1995-01-12 Encargo del cargo Vacaciones del titular
diciembre de 199416
Res. 1000 del 18 de 1995-05-30 1995-06-23 Encargo del cargo Vacaciones del titular
mayo de 199517
Res. 0085 del 9 de 1996-01-10 1996-02-02 Encargo del cargo Vacaciones del titular
enero de 199618
Res. 2-0826 del 8 de 2001-06-20 2001-07-13 Encargo Vacaciones del titular
junio de 200119
Res. 2-3831 del 13 de 2004-10-13 2004-10-31 Encargo Comisión de servicios
octubre de 200420 del titular
Res. 2-4313 del 29 de 2004-12-29 2005-06-30 Encargo Comisión de servicios
diciembre de 200421 del titular
Res. 3094 del 12 de 2005-07-12 2005-08-30 Encargo Comisión de servicios
julio de 200522 del titular
Res. 3590 del 13 de 2005-09-13 2005-09-29 Encargo Comisión de servicios
septiembre de 200523 del titular
• Res. 3782 del 12 de 2005-10-12 2006-01-31 Encargo y asignación de Comisión de servicios
octubre de 200524 funciones del titular
• Res. 0056 del 2 de
enero de 200625
• Res. 0064 del 3 de
enero de 200626
Res. 2-2771 del 30 de 2009-10-26 2009-12-14 Encargo Vacaciones del titular
octubre de 200927

47. Ante este panorama, la Subsección advierte que el reconocimiento efectuado por
el Tribunal no se ajusta a derecho, en tanto tomó como punto de partida el 5 de
septiembre de 2001 sin exponer el fundamento fáctico o jurídico que justifique la
escogencia de dicha fecha.

48. Ciertamente, de acuerdo con las pruebas obrantes en el expediente y con la
información sistematizada en la tabla precedente, se encuentra acreditado que durante
la anualidad 2001 la demandante únicamente ejerció funciones como fiscal delegada ante
tribunal de distrito entre el 20 de junio y el 13 de julio de 2001, en virtud de un encargo.
Por consiguiente, no se advierte soporte probatorio que permita extender el
reconocimiento a partir del 5 de septiembre de 2001, como lo dispuso la sentencia
apelada.

15 Folio 57. «Por la cual se hace un nombramiento en encargo».

16 Folio 56. «Por la cual se hace un encargo del cargo».

17 Folio 54. «Por la cual se hacen unos encargos del cargo».

18 Folio 51. «Por medio de la cual se efectúa un encargo del cargo».

19 Folio 50. «Por medio de la cual se efectúa un encargo».

20 Folios 44 y 45. «Por medio de la cual se efectúa un encargo».

21 Folio 47. «Por medio de la cual se efectúa un encargo».

22 Folios 39 y 40. «Por medio de la cual se efectúa un encargo».

23 Folio 397 del Tomo 2 de la Hoja de Vida de la accionante. «Por medio de la cual se efectúa un encargo».

24
Folios 37 y 38. «Por medio de la cual se efectúa un encargo».
25 Folios 35 y 36. «Por medio de la cual se efectúa una asignación de funciones de fiscal delegado ante tribunal de

distrito».
26 Folios 31 al 33. «Por medio de la cual se efectúa una asignación de funciones».

27 Folio 549 del Tomo 2 de la Hoja de Vida de la accionante.

9

Radicación: 25000 23 42 000 2012 01777 02 (4352-2022)
Demandante Emma Patricia Santamaría de Roa

49. Además, la Sala advierte que el a quo incurrió en error al reconocer las diferencias
reclamadas para el período comprendido entre el 5 de septiembre de 2001 y el 31 de
enero de 2006, bajo el supuesto de que la demandante se desempeñó como fiscal
delegada ante tribunal de distrito de manera continua durante dicho lapso. Sin embargo,
las pruebas obrantes en el expediente evidencian que tales funciones fueron ejercidas
de forma discontinua, mediante encargos y asignaciones temporales de funciones. En
consecuencia, no existía fundamento probatorio para extender el reconocimiento a la
totalidad del período señalado en la sentencia apelada.

50. Adicionalmente, vale la pena precisar que ni el encargo de funciones ni la
asignación de funciones implican la provisión del empleo o el ejercicio del cargo en
calidad de titular. Por el contrario, solo constituye el desempeño transitorio de funciones,
sin que el servidor se desvincule de su empleo de origen o se generan los efectos
salariales ni prestacionales propios del cargo28.

51. Asimismo, la sentencia de primera instancia incurre en una inconsistencia interna
en materia de prescripción. En efecto, en su parte motiva29 reconoció que las diferencias
derivadas de la bonificación por compensación causadas con anterioridad al 3 de
diciembre de 2004 se encontraban sujetas a la prescripción trienal, conforme a las reglas
fijadas por la Sala de Conjueces de esta Sección en la sentencia del 2 de septiembre de
201930, al advertir que la demandante no acreditó haber interrumpido la prescripción
antes de la expedición del Decreto 4040 de 2004.

52. No obstante, pese a dichas consideraciones, el a quo ordenó el reconocimiento de
diferencias causadas desde el 5 de septiembre de 2001, período respecto del cual
previamente había aceptado la operancia de la prescripción. Esta contradicción resulta
aún más evidente si se tiene en cuenta que en el expediente no obra prueba alguna que

28
Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 29 de
abril de 2026, bajo el radicado 25000-23-42-000-2021-00431-01 (3837-2022), con ponencia del magistrado Jorge
Iván Duque Gutiérrez. En esta providencia, la Sala también descartó periodos ejercidos bajo la figura de asignación
de funciones.
29 Al respecto, en la sentencia impugnada (folio 280) se indicó que «La Sala deduce de lo anterior, que la demandante,

no interrumpió la prescripción conforme a la ley, mediante escrito alguno presentado antes de la expedición del Decreto
4040 de 3 de diciembre de 2004, lo que no significa reconocer, que necesariamente debió por escrito haber pedido
acogerse a esta normatividad conforme a lo expresado, pues la Fiscalía no podía aplicarlo oficiosamente, de ahí que
comenzó a pagarle el 70% indicado, a partir del 1° de enero de 2005. […] Así las cosas, si bien la demandante pidió el
reconocimiento del derecho a partir del día 6 de julio de 1993, se encuentra configurado el fenómeno de la prescripción
trienal extintiva del derecho laboral reclamado salvo que la reliquidación del salario solicitada si debe ser tenida en
cuenta para la reliquidación de la pensión de jubilación o aportes para el sistema de seguridad social en pensiones,
por ser un derecho irrenunciable e imprescriptible y constituir factor salarial para estos efectos».
30 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia proferida el 2 de septiembre de 2019, bajo el

radicado 41001 23 33 000 2016 00041 02 (2204-2018). En dicha sentencia se estableció lo siguiente con respecto a
la prescripción de las mesadas anteriores al 3 de diciembre de 2004: «Esta Sala de igual manera ha reconocido al
resolver casos análogos que si bien a través de estas sentencias se declaró que con la ejecutoria de la sentencia que
declaró la nulidad del Decreto 4040 de 2004 el día 27 de enero de 2012 se hizo exigible el derecho al reconocimiento
y pago de la diferencia en el porcentaje que contempla el Decreto 610 de 1998 y el 4040 de 2004, y que por tal razón
no se aplicaría la prescripción trienal, lo cierto es que entre el período comprendido entre la ejecutoria de la sentencia
que anuló el Decreto 2668 de 1998 y la fecha de expedición del Decreto 4040 de 2004, procede decretarla. Durante
este lapso no hubo dualidad de normas y por lo tanto, los beneficiarios de que trata el artículo 2° del Decreto 610 de
1998 tenían la oportunidad de interrumpirla. En consecuencia, procede la prescripción de la bonificación por
compensación entre el 5 de septiembre de 2001 y el 2 de diciembre de 2004. Lo anterior es la regla general. Esta regla
tiene una excepción, que consiste en que, si la persona logra demostrar en el expediente, con pruebas documental
[sic], que antes del 3 de diciembre de 2004 había interrumpido la prescripción conforme a la ley. En ese caso la
prescripción va más allá del 4 de diciembre de 2004 y se retrotraería hasta la fecha de presentación de esa interrupción,
fecha entonces que debe ser posterior al 25 de septiembre de 2001 y anterior al 3 de diciembre de 2004. Esta excepción
y como toda excepción, es de aplicación restrictiva».

10

Radicación: 25000 23 42 000 2012 01777 02 (4352-2022)
Demandante Emma Patricia Santamaría de Roa

demuestre que la demandante hubiera presentado reclamación administrativa o realizado
actuación para interrumpir la prescripción antes del 3 de diciembre de 2004. Por
consiguiente, las sumas causadas con anterioridad a esa fecha se encuentran cobijadas
por el fenómeno prescriptivo.

53. Precisado lo anterior, corresponde a la Sala determinar si la demandante tiene
derecho al reconocimiento de las diferencias reclamadas con ocasión del ejercicio de
funciones como fiscal delegada ante tribunal de distrito durante los períodos
comprendidos entre el 29 de diciembre de 2004 y el 30 de junio de 2005, entre el 12 de
julio y el 30 de agosto de 2005, entre el 13 y el 29 de septiembre de 2005 y entre el 12
de octubre de 2005 y el 31 de enero de 2006.

54. Pues bien, durante los períodos anteriormente señalados la demandante ejerció
funciones como fiscal delegada ante tribunal de distrito en virtud de la figura del encargo,
entendida como una modalidad de provisión transitoria de empleos mediante la cual un
servidor público de planta es designado temporalmente para desempeñar las funciones
de un cargo vacante, ya sea por ausencia temporal o definitiva de su titular.

55. Ahora bien, en lo que respecta al régimen especial aplicable a los servidores de la
Fiscalía General de la Nación31, la figura del encargo se encontraba regulada, para la
época de los hechos objeto de controversia, por los artículos 97 y 98 del Decreto 261 del
22 de febrero de 200032, en los siguientes términos:

Artículo 97. Hay encargo cuando se designa temporalmente a un servidor para asumir,
total o parcialmente, las funciones de otro empleo vacante por falta temporal o
definitiva de su titular, desvinculándose o no de las propias de su cargo. Cuando se
trata de vacancia temporal el encargado de otro empleo sólo podrá desempeñarlo durante
el término de ésta, y en el caso de vacancia definitiva hasta por el término que dure el
proceso de selección, cuando se trate de un cargo de carrera, vencido el cual el empleo
deberá ser provisto conforme a las normas de ingreso al servicio previstas en este Estatuto.

Al vencimiento del encargo, quien lo venía ejerciendo cesará automáticamente en el
desempeño de las funciones de éste y recuperará la plenitud de las del empleo del cual es
titular si no lo estaba desempeñando simultáneamente.

Artículo 98. Cuando por ausencia del titular del cargo no se genere vacancia temporal o
definitiva, se podrán asignar las funciones del cargo a otro servidor.

56. A su turno, el fiscal general de la Nación expidió la Resolución 0-1501 del 22 de
abril de 200533, en la cual se estableció en su artículo 3734 que el servidor público
encargado tendría derecho —mientras durara el encargo— a percibir la diferencia de la

31 Actualmente la figura del encargo está regulada por el Decreto ley 021 del 9 de enero de 2014 «Por el cual se expide

el régimen de las situaciones administrativas en las que se pueden encontrar los servidores públicos de la Fiscalía
General de la Nación y de sus entidades adscritas».
32 «Por el cual se modifica la estructura de la Fiscalía General de la Nación y se dictan otras disposiciones».

33 «Por la cual se reglamentan las situaciones administrativas y se dictan otras disposiciones para la administración de

personal en la Fiscalía General de la Nación».
34 «Artículo 37. Las vacancias temporales o definitivas de los cargos en la Fiscalía General de la Nación podrán ser

provistas mediante encargo. El servidor público encargado tendrá derecho mientras dure el encargo, a percibir la
diferencia de la remuneración señalada para el empleo que desempeña temporalmente, siempre y cuando el titular no
la esté devengando, o sea, cuando el titular se encuentra en licencia ordinaria no remunerada o prestando el servicio
militar o haya sido convocado en calidad de reservista».

11

Radicación: 25000 23 42 000 2012 01777 02 (4352-2022)
Demandante Emma Patricia Santamaría de Roa

remuneración señalada para el empleo que desempeña temporalmente, siempre y
cuando el titular no la esté devengando. No obstante, estableció que dichas diferencias
solo se pagarían «cuando el titular se encuentra en licencia ordinaria no remunerada
o prestando el servicio militar o haya sido convocado en calidad de reservista».

57. Posteriormente, dicha norma fue modificada por el artículo 1 de la Resolución 722
de 2006, también proferida por el fiscal general de la Nación, en el sentido de eliminar el
listado taxativo de las circunstancias por las cuales se generaba el pago de diferencias
salariales derivadas del encargo por vacancia temporal del titular, para, en su lugar,
dejarlo abierto a la condición de que dichas diferencias en la remuneración procederían
«siempre y cuando el titular no la esté devengando».

58. Con base en lo expuesto, en el caso sub lite, está acreditado que del 29 de
diciembre de 2004 al 30 de junio de 2005, del 12 de julio de 2005 al 30 de agosto de
2005, del 13 al 29 de septiembre de 2005, y del 12 de octubre de 2005 al 31 de enero de
2006, la demandante ejerció las funciones de fiscal delegada ante el tribunal de distrito
bajo la figura del encargo, con el fin de reemplazar al titular del cargo por habérsele
concedido comisiones de servicios.

59. A su turno, la situación administrativa de la comisión de servicios —para la época—
se encontraba regulada en el artículo 61 de la precitada Resolución 0-1501 del 22 de abril
de 2005, según el cual esta se da cuando el servidor público ejerce temporalmente las
funciones propias de su cargo en lugares diferentes a la sede habitual de su trabajo, o
para desarrollar transitoriamente actividades oficiales distintas a las inherentes al cargo
del cual es titular, pero relacionadas con él, así como para asistir a reuniones,
conferencias, seminarios o realizar trabajos de investigación o visitas de observación que
interesen a la Fiscalía General de la Nación.

60. Sin embargo, la norma señaló con claridad que dicha circunstancia no constituye
una forma de provisión de empleo. Tampoco podrá considerarse como una situación que
produzca la vacancia temporal del cargo, pues no corresponde a las enlistadas en el
artículo 3335 de la mencionada resolución.

61. En este orden de ideas, es dable concluir que la demandante no tiene derecho al
pago de las diferencias por bonificación por compensación derivadas de los encargos en
los que ejerció funciones como fiscal delegada ante los tribunales de distrito, por cuanto
dicha labor no conllevaba el pago de las diferencias salariales entre lo que percibía como
fiscal seccional y lo que devengaba un fiscal delegado ante tribunal, toda vez que las
comisiones de servicios concedidas a los titulares del cargo no los eximían del pago de
sus salarios mientras estaban ausentes.

62. Es más, la referida situación administrativa no correspondía a ninguna de las
señaladas en el artículo 37 —original— de la pluricitada Resolución 0-1501 de 2005, ya

35 Resolución 0-1501 de 2005. «ARTÍCULO 33. VACANCIA TEMPORAL. Habrá vacancia temporal, cuando un servidor

de la Fiscalía General de la Nación se encuentre en cualquiera de las siguientes situaciones: - Vacaciones. - Licencia.
1. Comisión de estudio y especial. 2. Suspensión en el ejercicio del cargo. 3. Prestación del servicio militar o social
obligatorio; o convocatoria en calidad de reservista. 4. Encargo de otro empleo con desvinculación de las funciones
propias del cargo del cual es titular».

12

Radicación: 25000 23 42 000 2012 01777 02 (4352-2022)
Demandante Emma Patricia Santamaría de Roa

que, se itera, las diferencias salariales solo procedían cuando el titular del cargo se
encontrara en licencia ordinaria no remunerada o prestando el servicio militar o hubiera
sido convocado en calidad de reservista, casos que no se dieron en este asunto.

63. Dicho de otra manera, no es posible reconocer la bonificación por compensación
reclamada, pues, en últimas, durante los periodos analizados, la demandante no percibió
las diferencias salariales correspondientes a la remuneración que devengaba un fiscal
delegado ante el tribunal, sino que siempre mantuvo sus derechos laborales y salariales
en calidad de fiscal seccional ante los jueces penales del circuito, cargo que, en virtud
del Decreto 610 de 1998, no era beneficiario de la aludida prerrogativa.

64. En lo que respecta al período comprendido entre el 26 de octubre y el 14 de
diciembre de 2009, si bien se encuentra acreditado que la demandante ejerció el cargo
de fiscal delegada ante tribunal en virtud de un encargo originado por las vacaciones
concedidas a su titular, la Sala se abstendrá de analizar dicho lapso. Lo anterior, por
cuanto este período no fue objeto de estudio en la sentencia de primera instancia ni fue
incluido dentro de la condena impuesta por el a quo, tampoco fue planteado por la parte
demandante en su recurso de apelación. Por lo tanto, cualquier pronunciamiento
orientado a reconocer diferencias derivadas de la bonificación por compensación
respecto de dicho interregno implicaría extender el alcance de la decisión apelada en
perjuicio de la entidad demandada, única apelante, con desconocimiento del principio de
non reformatio in pejus.

65. Así las cosas, en el presente asunto habrá lugar a revocar la sentencia apelada y,
en su lugar, se negarán las pretensiones de la demanda toda vez que la parte actora no
tiene derecho al pago de las diferencias salariales ni por bonificación por compensación
durante los años anteriores al 3 de diciembre de 2004, por encontrarse prescritas
conforme a las reglas establecidas en la sentencia del 2 de septiembre de 201936
expedida por la Sala de Conjueces de esta Sección, ni tampoco por los interregnos
ejercidos del 29 de diciembre de 2004 al 30 de junio de 2005, del 12 de julio de 2005 al
30 de agosto de 2005, del 13 de septiembre de 2005 al 29 de septiembre de 2005, y del
12 de octubre de 2005 al 31 de enero de 2006, por cuanto el ejercicio de sus funciones
como fiscal delegada ante el tribunal bajo la figura del encargo no implicó el pago de las
diferencias salariales originadas en lo que percibía como fiscal seccional ante los jueces
penales del circuito y el empleo encargado.

36 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia proferida el 2 de septiembre de 2019, bajo el

radicado 41001 23 33 000 2016 00041 02 (2204-2018). En dicha sentencia se estableció lo siguiente con respecto a
la prescripción de las mesadas anteriores al 3 de diciembre de 2004: «Esta Sala de igual manera ha reconocido al
resolver casos análogos que si bien a través de estas sentencias se declaró que con la ejecutoria de la sentencia que
declaró la nulidad del Decreto 4040 de 2004 el día 27 de enero de 2012 se hizo exigible el derecho al reconocimiento
y pago de la diferencia en el porcentaje que contempla el Decreto 610 de 1998 y el 4040 de 2004, y que por tal razón
no se aplicaría la prescripción trienal, lo cierto es que entre el período comprendido entre la ejecutoria de la sentencia
que anuló el Decreto 2668 de 1998 y la fecha de expedición del Decreto 4040 de 2004, procede decretarla. Durante
este lapso no hubo dualidad de normas y por lo tanto, los beneficiarios de que trata el artículo 2° del Decreto 610 de
1998 tenían la oportunidad de interrumpirla. En consecuencia, procede la prescripción de la bonificación por
compensación entre el 5 de septiembre de 2001 y el 2 de diciembre de 2004. Lo anterior es la regla general. Esta regla
tiene una excepción, que consiste en que, si la persona logra demostrar en el expediente, con pruebas documental
[sic], que antes del 3 de diciembre de 2004 había interrumpido la prescripción conforme a la ley. En ese caso la
prescripción va más allá del 4 de diciembre de 2004 y se retrotraería hasta la fecha de presentación de esa interrupción,
fecha entonces que debe ser posterior al 25 de septiembre de 2001 y anterior al 3 de diciembre de 2004. Esta excepción
y como toda excepción, es de aplicación restrictiva».

13

Radicación: 25000 23 42 000 2012 01777 02 (4352-2022)
Demandante Emma Patricia Santamaría de Roa

66. Para finalizar, la Sala aclara que en vista de que se revoca el reconocimiento
concedido por el tribunal de primera instancia, resulta innecesario resolver los demás
puntos de la apelación sobre la incompatibilidad alegada por la entidad frente a la
bonificación por gestión judicial, así como respecto del reparo del presunto doble análisis
de la prescripción por parte del a quo.

Condena en costas

67. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la Ley
2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación frente a
la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura armónica
y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera significó un
apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta materia.

68. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando así
una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en este tipo
de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso de los
trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del
CPACA se mantiene incólume; en ese sentido, la sentencia dispondrá sobre la condena
en costas a la parte vencida en el proceso.

69. En tal virtud, la condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación y ejecución
se regirán conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la remisión contenida en
el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

70. En consecuencia, se impondrá condena en costas en ambas instancias a la parte
demandante por cuanto la sentencia de primer grado fue revocada y sus pretensiones
resultaron negadas. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las
agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y
las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

IV. RESUELVE

PRIMERO. REVOCAR la sentencia proferida el 31 de mayo de 2022 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Sala Transitoria, dentro del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por la señora Emma Patricia
Santamaría de Roa contra la Fiscalía General de la Nación, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia. En su lugar, NEGAR las pretensiones
de la demanda.

14

Radicación: 25000 23 42 000 2012 01777 02 (4352-2022)
Demandante Emma Patricia Santamaría de Roa

SEGUNDO. CONDENAR en ambas instancias a la señora Emma Patricia Santamaría de
Roa, por las razones explicadas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

15

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.