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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-25-000-2010-00731-02

Fecha
9 de julio de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-25-000-2010-00731-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. AVOCAR conocimiento del proceso de la referencia, por las razones expuestas en la parte motiva. Segundo. REVOCAR el numeral primero de la sentencia del veinticinco (25) de noviembre de dos mil dieciséis (2016) proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sala de conjueces, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva. Tercero. ADICIONAR la sentencia del veinticinco (25) de noviembre de dos mil dieciséis (2016) proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sala de conjueces, en el sentido de declarar probada de oficio la prescripción parcial, así: «DECLARAR probada de oficio la PRESCRIPCIÓN parcial de las sumas causadas con anterioridad al 15 de abril de 2006, de conformidad con los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969, en armonía con la jurisprudencia desarrollada sobre el asunto». Cuarto. MODIFICAR el numeral tercero de la sentencia del veinticinco (25) de noviembre de dos mil dieciséis (2016) proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sala de conjueces, el cual quedará así: 16 Ver folios 6 a 9 del expediente físico. Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9 Radicación: 25000-23-25-000-2010-00731-02 (2360-2019) «CONDENAR a la Nación, Procuraduría General de la Nación, a reconocer y pagar a la demandante Flor Alba Torres Rodríguez, las diferencias adeudadas por concepto de prima especial de servicios en los términos del artículo 15 de la Ley 4.ª de 1992, teniendo en cuenta para su liquidación, todos los ingresos laborales totales anuales de carácter permanente devengados por los congresistas, que son: sueldo básico, gastos de representación, prima de localización y vivienda, prima de salud, primas de servicios, prima de navidad y cesantías, desde el 15 de abril de 2006 hasta el 19 de febrero de 2009, descontando los valores que por este concepto ya fueron pagados, de conformidad con las pautas dadas a la parte motiva de esta sentencia.» Quinto. CONFIRMAR en lo demás, la sentencia del veinticinco (25) de noviembre de dos mil dieciséis (2016) proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sala de conjueces. […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-25-000-2010-00731-02

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

9 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D.C., nueve (9) de julio dos mil veintiséis (2026)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-25-000-2010-00731-02 (2360-2019)
Demandante: Flor Alba Torres Rodríguez
Demandado: Procuraduría General de la Nación

Tema: Prima especial artículo 15, Ley 4.ª de 1992. Prescripción.
REVOCA parcialmente, ADICIONA y MODIFICA
SENTENCIA

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA (Decreto 01 de 1984)

Avoca la Sala conocimiento del presente asunto y decide el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida el veinticinco (25)
de noviembre de dos mil dieciséis (2016) por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sala de conjueces, por medio de la cual accedió a las pretensiones.

ANTECEDENTES

1. La señora Flor Alba Torres Rodríguez interpuso demanda en contra de la
Procuraduría General de la Nación, en ejercicio de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso
Administrativo (CCA), con el fin de que se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

2. Que se declare la nulidad del Oficio SG0102 del 14 de enero de 2010, a
través del cual, la Procuraduría General de la Nación negó la reliquidación y pago
de las diferencias debidas por concepto de la prima especial prevista en el artículo
15 de la Ley 4ª de 1992.

3. A título de restablecimiento del derecho se ordene pagar las diferencias
adeudadas por concepto de prima especial de servicios desde el 1.º de marzo de
2005 hasta el 19 de febrero de 2009, teniendo en cuenta para su liquidación los
ingresos laborales, totales, anuales de carácter permanente devengados por los
congresistas, tales como las cesantías.

4. Que se ajusten las sumas reconocidas de acuerdo con el IPC, se paguen los
intereses y se dé cumplimiento a la sentencia en los términos previstos en los
artículos 176 y 177 del CCA.

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HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

5. Que prestó sus servicios en la Procuraduría General de la Nación, en el cargo
de procuradora segunda delegada para la vigilancia administrativa desde el 1.° de
marzo de 2005 hasta el 19 de febrero de 2009, y el 15 de abril de 2009 solicitó a la
demandada reconocer y pagar las diferencias debidas por concepto de la prima
especial prevista en el artículo 15 de la Ley 4ª de 1992, teniendo en cuenta para su
liquidación lo que por todo concepto percibe un congresista, lo cual se negó a través
del acto administrativo demandado.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

6. Considera vulnerados los artículos 53, 55 y 58 de la Constitución Política; 2
literal a) y 15 de la Ley 4ª de 1992 y el Decreto 10 de 1993.

7. Que el acto demandado fue expedido con desconocimiento de la
Constitución, la Ley y la jurisprudencia del Consejo de Estado, en la que se ha
precisado que las cesantías son un ingreso laboral de carácter permanente de los
congresistas y que con independencia de su calidad de prestación social deben ser
incluidas para la determinación de los ingresos laborales totales anuales percibidos
por éstos, los cuáles, serán tenidos en cuenta para la liquidación de la prima
especial, prevista en el artículo 15 de la Ley 4ª de 1992, que se reconoce en favor,
entre otros, de los procuradores delegados.

TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

8. La demanda se admitió el 12 de agosto de 2011, la entidad1 manifestó que,
el término de 4 meses que dispone el artículo 85 del CCA para instaurar la acción
de nulidad y restablecimiento del derecho se encuentra vencido, porque la solicitud
de conciliación fue presentada el 20 de abril de 2010.

9. Afirmó que, si bien los procuradores delegados sí tienen derecho al pago de
la prima especial de servicios, no se debe incluir dentro de la base de liquidación de
dicho emolumento el auxilio a las cesantías, ya que este no se considera factor
salarial, sino prestacional, ni tampoco fue señalado expresamente por el legislador
dentro del Decreto 10 de 1993 como tal.

10. Finalmente, señaló que las sumas reclamadas con anterioridad al 15 de abril
de 2006 se encuentran prescritas.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN

1 Folios 94 a 119 del expediente físico.

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11. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia del
veinticinco (25) de noviembre de dos mil dieciséis (2016), accedió a las
pretensiones. Expuso que, contrario a lo afirmado en la contestación, en este caso
no operó la caducidad, pues desde la fecha de notificación del acto demandado,
esto es, el 15 de enero de 2010, contando la suspensión del término por la
conciliación extrajudicial, hasta la presentación de la demanda el 2 de agosto de
2010, no transcurrieron los 4 meses que la Ley exige para interponer la demanda.

12. En cuanto a la excepción de prescripción, afirmó que su contabilización inicia
desde que el derecho se hace exigible y dicha fecha varía según las normas que
cobijan a la demandante, que para este caso es a partir de la ejecutoria del fallo
proferido por esta Corporación, el cual declaró la nulidad por inconstitucionalidad
del Decreto 4040 de 2004, es decir, desde el 27 de enero de 2012. Por tanto, para
este asunto se tiene que no ha operado la prescripción, pues la certeza sobre su
exigibilidad se da a partir de dicha fecha y la reclamación fue presentada con
anterioridad a esta.

13. Afirmó que las diferencias reclamadas por concepto de prima especial de
servicios, se deben incluir en la liquidación de la bonificación por compensación a
partir del 1.º de enero de 1999 y en este sentido, los derechos adeudados a la parte
actora se entenderán incorporados en su integridad a la solicitud que presentó el
día 15 de abril de 2009.

14. Que, si bien las pretensiones se refieren a las diferencias por concepto de
prima especial de servicios, argumenta la solicitud en supuestos jurídicos
equivocados, ya que afirma tener derecho a la prima consagrada en el artículo 15
de la Ley 4.ª de 1992 en su calidad de procuradora delegada, pero dicha norma no
dispone que dichos funcionarios sean beneficiarios de tal emolumento.

15. Declaró la nulidad del acto demandado y condenó a la entidad a reconocer y
pagar a favor de la actora las diferencias adeudadas por concepto de prima especial
de servicios que consagra el artículo 15 de la Ley 4.ª de 1992, pagaderas dentro del
concepto de bonificación por compensación que corresponde al 80 % de lo que por
todo concepto devenga un magistrado de alta corte, teniendo en cuenta para su
liquidación todos los ingresos laborales anuales de carácter permanente que
perciben los congresistas, desde el 1.º de marzo de 2005 hasta el 19 de febrero de
2009.

16. Finalmente, ordenó estarse a lo resuelto en las sentencias del 14 de
diciembre de 2011 y 18 de mayo de 2016 proferidas por esta Corporación y en la
C-681 de 2003 emitida por la Corte Constitucional.

RECURSO DE APELACIÓN

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17. La parte demandada2 interpuso recurso de apelación en el cual argumentó
que no es potestativo de la Procuraduría General de la Nación la fijación de los
salarios de sus funcionarios, pues dicha facultad es exclusiva del Gobierno nacional.

18. Que el Tribunal desconoce el cargo desempeñado por la demandante, en
virtud del cual se formularon las pretensiones, pues a pesar de que, en certificación
expedida por la entidad se afirma que se desempeñó como procuradora segunda
delegada para la vigilancia administrativa desde el 1.º de marzo de 2005 hasta el
18 de febrero de 2009 (sic), el Tribunal afirmó en la parte motiva de la providencia
apelada que su cargo es el de procuradora judicial II y bajo este supuesto, le atribuyó
efectos salariales al valor de las cesantías sobre la bonificación por compensación,
emolumento este que no se previó expresamente para ningún funcionario de la
Procuraduría, salvo cuando se reconoce en virtud del artículo 280 constitucional.

19. Que la actora, en calidad de procuradora delegada, no es acreedora de la
bonificación por compensación, pues la norma señala expresamente como
destinatarios de dicho emolumento a funcionarios que ingresen con posterioridad a
la publicación del Decreto 1102 de 2012 a la PGN en empleos en los que actúen de
manera permanente como agentes del ministerio público ante magistrados del
tribunal.

20. Que a pesar de reconocer que la demandante es procuradora judicial II, cargo
que nunca ocupó, afirma que los procuradores delegados no tienen derecho a la
prima especial del artículo 15 mencionado y sin embargo decide hacer extensivo el
reconocimiento en el marco del 80 % de lo que devenga un magistrado de alta corte
y con base en la liquidación de los ingresos de un congresista, lo que a todas luces
resulta contrario a la Ley.

21. Finalmente, señaló que no es pertinente atribuirle carácter salarial a la prima
especial, pues esto solo es así para efectos de la liquidación de la pensión de
jubilación de los funcionarios previstos en la Ley 4.ª, dentro de los cuales no se
encuentra el desempeñado por la actora.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

22. El 26 de noviembre de 2019 se admitió el recurso de apelación3.

23. La parte demandante4 solicitó que se confirme la sentencia de primera
instancia, pues conforme a la normativa aplicable los ingresos laborales totales
devengados por congresistas, magistrados de las altas cortes y procuradores
delegados ante estas, deben corresponder a sumas iguales. Sin embargo, afirma
que dicha igualdad no se ha efectuado en relación con las cesantías, a sabiendas

2 Folios 243 a 245 vuelto.
3 Aclara la Sala que, si bien dentro del auto admisorio se afirma que se admitieron los recursos de apelación de

ambas partes, lo cierto es que verificado el expediente solo la entidad presentó recurso de apelación.
4 Ver folios 289 vuelto a 293 del expediente físico.

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de que se trata de un ingreso total, anual y de carácter permanente, pues no se ha
tenido en cuenta para cálculo de la liquidación de la prima especial de servicios.

24. Que, por tanto, la diferencia que se presenta entre los valores liquidados al
congresista por auxilio de cesantías y lo reconocido a un magistrado de alta corte,
debe cancelarse por el rubro de prima especial de servicios, con el fin de mantener
el equilibrio sobre los ingresos percibidos por dichos funcionarios.

25. La parte demandada5, se ratificó en los argumentos expuestos en el recurso
y señaló que, en este caso, atendiendo a la fecha de vinculación de la demandante
al cargo de procuradora delegada y la radicación de la petición, se encuentra
configurada la prescripción.

26. El agente del Ministerio Público no emitió concepto.

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

Avoca conocimiento

27. Cuando se modifica la integración de la Sala, los nuevos magistrados
desplazan a los conjueces, siempre que respecto de aquellos no se predique la
misma causal de impedimento o recusación. En el presente asunto, se cumple con
el presupuesto normativo descrito, en razón a que se reconformó la Sala y a que
actualmente6 no se configura la causal de impedimento que dio lugar a la
designación de conjueces. En esa medida se avocará conocimiento del proceso.

28. De otro lado, deberá determinar la Subsección si la demandante tiene derecho
al reconocimiento y pago de la prima especial, prevista en el artículo 15 de la Ley
4ª de 1992, con inclusión de las cesantías que perciben los congresistas; si dicho
emolumento tiene carácter salarial y de ser el caso, si operó la prescripción.

De la prima especial, artículo 15 de la Ley 4ª de 1992

29. La Ley 4ª de 1992, en el artículo 15, prevé que los magistrados del Consejo
Superior de la Judicatura, de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte
Constitucional, del Consejo de Estado, el Procurador General de la Nación, el

5 Ver folios 294 vuelto a 299 vuelto del expediente físico.
6 En relación con la prima especial se advierte que tanto algunos conjueces como la Sección Segunda,
actualmente, declaran infundados los impedimentos manifestados por los integrantes de la Sala, en los casos
en que no se demuestre un interés actual directo o indirecto. En efecto, así lo han expresado en las siguientes
decisiones:
Auto del 05 de diciembre de 2023. C.P. Clara Elisa Cifuentes Ortiz. Radicado: 7600123000201800326 02 (0502-
2023).
Consejo de Estado. Auto del 29 de noviembre de 2024. M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar. Radicado:
050012333000201601007 02 (1587-2023)
Consejo de Estado. Auto del 29 de noviembre de 2024. M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar. Radicado: 05001-
23-33-000-2016-00857-02 (4942-2023)

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Contralor General de la República, el Fiscal General de la Nación, el Defensor del
Pueblo y el Registrador Nacional del Estado Civil tendrán una prima especial de
servicios7, que sumada a los demás ingresos laborales, igualen a los percibidos en
su totalidad, por los miembros del Congreso, sin que en ningún caso los supere. El
Gobierno podrá fijar la misma prima para los ministros del Despacho, los Generales
y Almirantes de la Fuerza Pública.

30. Sobre dicho emolumento también tendrán derecho los procuradores delegados
ante las altas cortes en aplicación de las disposiciones contenidas en el artículo
2808 de la Constitución en armonía con el artículo 169 de la Ley 4ª de 1992.

31. El Gobierno Nacional, a través del Decreto 10 de 1993, señaló que dicha prima
«será igual a la diferencia entre los ingresos laborales totales anuales recibidos por
los miembros del Congreso y los que devenguen los funcionarios que tienen
derecho a ella», con la precisión de que se entenderán como ingresos laborales los
de carácter permanente, incluyendo la prima de navidad.

32. Al respecto, esta corporación en sentencia del 4 de mayo de 200910 indicó que:
«Al referirse, tanto la Ley 4ª de 1992 como el Decreto 10 de 1993 a ingresos
laborales totales anuales, dicha expresión engloba todo aquello que en el año
percibe en ejercicio de la relación laboral el congresista como tal, sin tener en cuenta
si dicha partida es factor de salario o por el contrario corresponde a una prestación
social». De ahí que, al ser las cesantías un ingreso laboral de carácter permanente
percibido por los congresistas, pese a su connotación de prestación social deben
ser incluidas para la determinación de los ingresos laborales totales anuales
percibidos por éstos, en cuanto la ley no hizo distinción alguna.

33. Esta posición fue reiterara a través de la sentencia del 18 de mayo de 2016 11,
dentro de la cual se concluyó que el auxilio de cesantías debe ser tenido en cuenta
para la liquidación de la prima especial de que trata el artículo 15, ya citado.

Resolución del caso concreto

34. Se encuentra acreditado que la demandante laboró para la Procuraduría
General de la Nación, como Procuradora segunda delegada para la vigilancia

7 La Corte Constitucional mediante sentencia C-681-03 de 6 de agosto de 2003. CP: Ligia Galvis Ortiz. Declaró

inexequible la expresión «sin carácter salarial» que preveía la norma, en tanto que constituirá factor de salario
solo para cotización y liquidación de la pensión de jubilación
8 «Los agentes del Ministerio Público tendrán las mismas calidades, categoría, remuneración, derechos y

prestaciones de los magistrados y jueces de mayor jerarquía ante quienes ejerzan el cargo»
9 «La remuneración, las prestaciones sociales y los demás derechos laborales de los Magistrados de la Corte

Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura y los
Fiscales del Consejo de Estado serán idénticos»
10 Consejo de Estado. Sección Segunda. Sala de Conjueces. Radicación: 250002325000200405209 02 (0552-

2007). CP: Luis Fernando Velandia Rodríguez.
11 Consejo de Estado. Sección Segunda. Sala de Conjueces. Radicación: 25000-23-25-000-2010-00246-

02(0845-15). CP: Jorge Iván Acuña Arrieta

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administrativa12 desde el 1.º de marzo de 2005 hasta el 19 de febrero de 200913,
cuando se retiró del servicio14 y que ha percibido desde un principio la prima
especial de que trata el artículo 15 de la Ley 4.ª de 1992 en montos inferiores a los
que tiene derecho, ya que la administración no ha cancelado en debida forma dicho
emolumento, esto es, con inclusión de todos los ingresos devengados por los
congresistas, dentro de ellos, el auxilio de cesantías.

35. En estos términos, tal como lo estimó el Tribunal, tiene derecho al
reconocimiento y pago de la diferencia existente entre lo percibido por prima
especial de servicios (Art. 15 Ley 4 de 1992) como procuradora delegada para la
vigilancia administrativa, y la suma que corresponda luego de incluir la totalidad de
ingresos laborales devengados por los congresistas en dicho periodo y que no le
fueron tenidos en cuenta, debiéndose descontar lo pagado efectivamente por estos
mismos.

36. Lo anterior, en razón a que el auxilio de cesantías debe ser tenido en cuenta
para realizar la liquidación de la prima especial de servicios de los funcionarios
mencionados en el artículo 15 de la Ley 4ª de 1992, quienes tienen derecho a
percibir una suma equivalente a lo que por todo concepto devengan los
congresistas.

37. En este punto, la Sala precisa que el planteamiento de la demanda, corresponde
a una negación indefinida, la cual, por su propia esencia de conformidad con el
inciso cuarto del artículo 167 del CGP, no requiere prueba de quien la alega, no
obstante sí implica un traslado de dicha obligación procesal en cabeza de la entidad
demandada, quien finalmente sería la responsable de demostrar lo contrario al estar
en mejor posición para allegar los medios de convicción que sustentaran que sí
realizó el pago completo que la actora asegura que hizo de manera parcial, esto es,
sin tener en cuenta la incidencia de las cesantías.

38. Por tanto, esta, en realidad es la que tuvo que haber aportado medios de prueba
que demostraran que para el periodo reclamado le pagó a la demandante la prima
especial de servicios, con inclusión de las cesantías dentro de la base de
liquidación.

39. Como la entidad demandada no logró demostrar que para esa fecha le pagó a
la reclamante el referido emolumento en la forma señalada, tendrá que considerarse
que efectivamente hizo falta en esa fijación la incidencia de las cesantías como
ingreso permanente.

12 Conforme a los decretos anuales, proferidos en los años 2005 a 2009, por medio de los cuales se dictaron
normas sobre el régimen salarial y prestacionales de los servidores públicos de la Procuraduría General de la
Nación, se equipararon los ingresos devengados por el Procurador General de la Nación con los de los
Procuradores delegados, incluyendo la prima especial prevista en el artículo 15 de la Ley 4 a de 1992. Véase
para el efecto, los decretos: 933 de 2005; 392 de 2006; 621 de 2007; 661 de 2008 y 726 de 2009.
13 Tal como consta en la certificación emitida el 25 de julio de 2011 por el jefe de la División de Gestión Humana

de la Procuraduría General de la Nación, obrante a folio 53.
14 Tal como se advierte en la constancia proferida el 27 de septiembre de 2011 por el jefe de la División de

Gestión Humana de la Procuraduría General de la Nación, obrante a folio 84.

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40. Sin embargo, se observa que dentro del fallo apelado el Tribunal incurrió en
un error al condenar a la entidad al reconocimiento y pago de las diferencias
adeudadas por concepto de prima especial de servicios en los términos del artículo
15 de la Ley 4.ª de 1992, pero «pagaderas dentro del concepto de bonificación por
compensación», correspondiente al 80% de lo devengado por un magistrado de alta
corte. Al respecto, la Sala estima pertinente recordar que los procuradores
delegados no son destinatarios de la bonificación por compensación prevista en el
Decreto 610 de 1998.

41. En consecuencia, se modificará el numeral tercero de la sentencia de primera
instancia, para condenar a la entidad al reconocimiento y pago únicamente de la
prima especial de servicios prevista en el artículo 15 de la Ley 4.ª de 1992, teniendo
en cuenta para su liquidación, todos los ingresos laborales de carácter permanente
devengados por los congresistas, incluidas a las cesantías, desde el 15 de abril de
2006 hasta el 19 de febrero de 2009, atendiendo a la prescripción, como se
analizará más adelante.

42. De otro lado, la Sala revocará el numeral primero de la decisión, pues en él se
ordenó estarse a lo resuelto en las sentencias del 14 de diciembre de 2011 – en la
cual se declaró la nulidad del Decreto 4040 del 3 de diciembre de 2004 –, en la
sentencia del 18 de mayo de 2016, ambas proferidas por esta Corporación y en la
sentencia C-681 de 2003 emitida por la Corte Constitucional, teniendo en cuenta
que ninguna se corresponde con lo aquí analizado.

De la prescripción

43. En lo que respecta a la prescripción, esta corporación ha sostenido de manera
pacífica15, que el derecho a la prima especial se hizo exigible con la entrada en
vigencia del Decreto 10 de 1993 que reglamentó primigeniamente la Ley 4.ª de
1992, es decir, a partir del 7 de enero de 1993. Desde entonces, los interesados
podían interrumpir el término extintivo.

44. Así las cosas, en virtud de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 164
del CCA, por medio del cual se autoriza al juez administrativo a declarar cualquier
hecho exceptivo, la demandante tiene derecho a que se le pague la diferencia entre
lo efectivamente recibido y lo dejado de percibir, desde el 15 de abril de 2006, es
decir, tres años atrás de la fecha en que solicitó el reajuste de la prima especial,
debido a la prescripción trienal, hasta el 19 de febrero de 2009, porque la petición

15 Para el efecto pueden consultarse:

Consejo de Estado, Sección Segunda. Sala de Conjueces. Sentencia del 6 de junio de 2023. Radicación: 25000-
23-25-000-2010-00700-02 (0735-2019). CP: Juan Camilo Morales Trujillo
Consejo de Estado, Sección Segunda. Sala de Conjueces. Sentencia 8 de octubre de 2024. Radicación:
25000234200020170478802 (1135-2023). CP: Nubia González Cerón.
Consejo de Estado, Sección Segunda. Sala de Conjueces. Sentencia del 3 de diciembre de 2024. Radicación:
170012333000201600137 02 (0322-2021) CP: Jorge Iván Acuña Arrieta.

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Radicación: 25000-23-25-000-2010-00731-02 (2360-2019)

fue radicada ante la administración el 15 de abril de 200916. En estos términos, se
adicionará la sentencia apelada en el sentido de declarar probada de oficio la
excepción de prescripción y se modificará el numeral tercero de del fallo recurrido,
como se precisó.

45. Finalmente, en cuanto al argumento expuesto en el recurso, según el cual no
es pertinente atribuirle carácter salarial a la prima especial de servicios, salvo para
efectos de la pensión de jubilación, no se observa que en primera instancia se le
haya atribuido tal connotación al mencionado emolumento, razón por la cual, lo
alegado por la demandada no tiene vocación de prosperidad.

De la condena en costas en segunda instancia.

46. No hay lugar a condenar en costas porque no se demostró temeridad o mala
fe de la parte apelante, tal y como lo regula el artículo 171 del CCA (vigente para
este proceso), que consagra un criterio subjetivo para tales efectos.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. AVOCAR conocimiento del proceso de la referencia, por las razones
expuestas en la parte motiva.

Segundo. REVOCAR el numeral primero de la sentencia del veinticinco (25) de
noviembre de dos mil dieciséis (2016) proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sala de conjueces, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva.

Tercero. ADICIONAR la sentencia del veinticinco (25) de noviembre de dos mil
dieciséis (2016) proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sala de
conjueces, en el sentido de declarar probada de oficio la prescripción parcial, así:

«DECLARAR probada de oficio la PRESCRIPCIÓN parcial de las sumas
causadas con anterioridad al 15 de abril de 2006, de conformidad con los
Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969, en armonía con la jurisprudencia
desarrollada sobre el asunto».

Cuarto. MODIFICAR el numeral tercero de la sentencia del veinticinco (25) de
noviembre de dos mil dieciséis (2016) proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sala de conjueces, el cual quedará así:

16 Ver folios 6 a 9 del expediente físico.

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Radicación: 25000-23-25-000-2010-00731-02 (2360-2019)

«CONDENAR a la Nación, Procuraduría General de la Nación, a
reconocer y pagar a la demandante Flor Alba Torres Rodríguez, las
diferencias adeudadas por concepto de prima especial de servicios en
los términos del artículo 15 de la Ley 4.ª de 1992, teniendo en cuenta
para su liquidación, todos los ingresos laborales totales anuales de
carácter permanente devengados por los congresistas, que son: sueldo
básico, gastos de representación, prima de localización y vivienda, prima
de salud, primas de servicios, prima de navidad y cesantías, desde el 15
de abril de 2006 hasta el 19 de febrero de 2009, descontando los valores
que por este concepto ya fueron pagados, de conformidad con las pautas
dadas a la parte motiva de esta sentencia.»

Quinto. CONFIRMAR en lo demás, la sentencia del veinticinco (25) de noviembre
de dos mil dieciséis (2016) proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sala de conjueces.

Sexto. Sin condena en costas en esta instancia.

Séptimo. Reconocer personería a la abogada Sandra Patricia Duarte Hernández
portadora de la T.P. 190.461 del C. S. de la J. como apoderada de la entidad
demandada, de conformidad con el poder visible a índice 00054 de SAMAI.

Octavo: Ejecutoriada esta sentencia devolver el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones correspondientes.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
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