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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2015-02118-02

Fecha
9 de julio de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2015-02118-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: AVOCAR conocimiento del proceso de la referencia, por las razones expuestas en la parte motiva. El simple reclamo escrito del empleado o trabajador ante la autoridad competente, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero sólo por un lapso igual. 16 17 Según se desprende de los actos administrativos demandados, obrantes a folios 16 a 22 y 24 a 26. 18 La demanda fue interpuesta el 20 de noviembre de 2013, de acuerdo con el sello visible a folio 13. Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9 Radicación: 05001-23-33-000-2015-02118-02 (3361-2022) Segundo: CONFIRMAR la sentencia del nueve (9) de marzo de dos mil veintidós (2022) proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Decisión, por medio de la cual se accedió a las pretensiones. Tercero: Condenar en costas de segunda instancia a la parte demandada, conforme a lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia. Cuarto: Ejecutoriada esta sentencia devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones correspondientes.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 05001-23-33-000-2015-02118-02

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

9 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D.C., nueve (9) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 05001-23-33-000-2015-02118-02 (3361-2022)
Demandante: Benjamín de Jesús Yepes Puerta
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial

Tema: Nivelación salarial del Decreto 1251 de 2009.
CONFIRMA

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Como ninguno de los miembros de la sala advierte causal de impedimento para
conocer del presente asunto,1 se procede a avocar conocimiento de conformidad
con el artículo 116 del CPACA, y a resolver el recurso de apelación interpuesto por
la parte demandada contra la sentencia proferida el nueve (9) de marzo de dos mil
veintidós (2022) por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de
Decisión, por medio de la cual se accedió a las pretensiones.

ANTECEDENTES

1. El señor Benjamín de Jesús Yepes Puerta interpuso demanda en contra de
la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el
artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA), con el fin de que se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

2. Que se inaplique por inconstitucionalidad el artículo 4 del Decreto 1251 de
2009 y toda aquella disposición contraria a los artículos 1, 2 y 3 del mencionado
decreto.

1 Actualmente los miembros de la subsección no tienen un proceso pendiente o interés actual frente a los
aspectos relacionados con la nivelación salarial de que trata el Decreto 1251 de 2009, objeto del presente
proceso. De igual manera, se precisa que, si bien el 27 de mayo de 2016, el doctor Jorge Iván Duque Gutiérrez,
en calidad de magistrado del Tribunal Administrativo de Antioquia, suscribió impedimento para conocer del
asunto (art. 141-1) de manera conjunta con los demás magistrados de dicha corporación, el cual fue aceptado
por el Consejo de Estado, el 1.° de septiembre del mismo año, dicha actuación no constituye una gestión en
instancia anterior, estuvo dirigida a dar trámite al proceso, no se enmarca en ninguna causal de impedimento.

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3. Que se declare la nulidad de las Resoluciones DESAJM12-07129 del 10 de
octubre de 2012 y 3157 del 16 de abril de 2013, a través de las cuales, la Rama
Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial negó el reconocimiento de
la nivelación salarial prevista en el Decreto 1251 de 2009, en armonía con lo
dispuesto en el Decreto 610 de 1998.

4. A título de restablecimiento del derecho se ordene pagar el saldo dejado de
percibir por concepto de salario, prestaciones sociales, cesantías y demás, en los
términos del Decreto 1251 de 2009, desde el año 2010 y hasta que ejerza el cargo
de juez, correspondiente al 43.2 % sobre la base del 80% de lo que por todo
concepto percibe un magistrado de alta corte, en concordancia con lo previsto en el
Decreto 610 de 1998.

5. De forma subsidiaria, solicitó que se cancele el 43.2 % liquidado sobre la
base del 70 % de lo que por todo concepto perciba un magistrado de alta corte,
teniendo en cuenta los siguientes rubros: «asignación básica mensual, gastos de
representación, prima especial, prima de navidad, bonificación por servicios, prima
de servicios, prima de vacaciones, prima de navidad, cesantías e intereses a las
cesantías, prima de vivienda y demás ingresos».

6. Que se actualicen las sumas reconocidas y se cancelen los respectivos
intereses moratorios.

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

7. Que ha prestado sus servicios como juez de la República, y actualmente
ocupa el cargo de juez del circuito de Medellín. Que el 19 de julio de 2012, solicitó
a la demandada reconocer y pagar la nivelación salarial adeudada, petición que se
negó a través de los actos demandados.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

8. Considera violados los artículos: 13 y 53 de la Constitución Política; 4 de la
Ley 4ª de 1992; y los Decretos 717 de 1978, 610 de 1998 y 1251 de 2009.

9. Que los porcentajes de remuneración fijados en los Decretos 610 de 1998 y
1251 de 2009 generan un trato desigual e injustificado, en la medida en que los
funcionarios de la Rama Judicial se encuentran sometidos a un régimen salarial
único, previsto en la Ley 4.ª de 1992 y en sus decretos reglamentarios. En
consecuencia, no resulta admisible establecer diferencias en la nivelación salarial
entre servidores que desempeñan funciones de igual naturaleza, jerarquía y

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condiciones laborales, razón por la que debió aplicarse, «por analogía favorable»,
el Decreto 610 de 1998 y, de manera subsidiaria el Decreto 1251 de 2009.

10. Que la entidad ha venido empleando de manera errónea el Decreto 1251 de
2009, al liquidar la remuneración allí prevista sin incluir la totalidad de los ingresos
percibidos por los magistrados de las altas cortes.

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

11. El 12 de marzo de 2014 fue admitida la demanda. La entidad2 señaló que la
liquidación efectuada se ajusta a lo dispuesto en la norma y que la prima especial
de servicios prevista en la Ley 4.ª de 1992 y reglamentada por el Decreto 10 de
1993 debe calcularse únicamente con base en los ingresos laborales permanentes
de los congresistas, incluyendo exclusivamente la prima de navidad, sin que sea
procedente incorporar las cesantías u otras prestaciones sociales. Propuso como
excepciones las de «ausencia de causa petendi», «inexistencia del derecho
reclamado», «cobro de lo no debido», «legalidad de los actos acusados» y la
«prescripción».

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN

12. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Decisión, mediante
sentencia del nueve (9) de marzo de dos mil veintidós (2022)3, accedió a las
pretensiones. Expuso que, de acuerdo con lo manifestado en las sentencias del 4
de mayo de 2009 y 18 de mayo de 2016 dictadas por esta corporación, el auxilio de
cesantías debe ser tenido en cuenta para realizar la liquidación de la prima especial
de servicios.

13. Señaló que el señor Benjamín de Jesús Yepes Puerta, en su condición de
juez de circuito, tenía derecho a que su remuneración se determinara con base en
los porcentajes previstos en el Decreto 1251 de 2009, respecto del 70 % de los
ingresos totales percibidos por los magistrados de las altas cortes. Advirtió que la
remuneración de estos últimos fue liquidada de manera incorrecta, en la medida en
que la entidad omitió incluir las cesantías dentro de los ingresos considerados para
el cálculo de la prima especial de servicios,4 y concluyó que, por tanto, la
remuneración del demandante también fue computada de forma errónea.

14. Declaró la nulidad de los actos demandados y condenó a la demandada a
reajustar «la remuneración […] anualmente por todo concepto, incluyendo el auxilio
de cesantías e intereses, durante los años 2010 al 2013 y en los años en que siguió
ocupando el cargo de juez de circuito, el cual será el equivalente al 43.2% del valor
correspondiente al setenta por ciento (70%) de lo que por todo concepto perciba

2 Folios 65 a 74.
3 Índice 30 de SAMAI del tribunal.
4 Para efecto, citó las providencias emitidas por el Tribunal Administrativo de Antioquia «Radicado: 05001-33-

31-701-2013-00056-01» y «05001-33-33-031-2016-00006-01».
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anualmente el Magistrado de las Altas Cortes».

15. Finalmente, ordenó el reajuste de los aportes al sistema de seguridad social
derivados de la reliquidación reconocida, y autorizó el recobro y descuento de las
cotizaciones a cargo del demandante.

RECURSO DE APELACIÓN

16. La parte demandada5 interpuso recurso de apelación en el que sostuvo que
la nivelación salarial prevista en el Decreto 1251 de 2009 fue reconocida y pagada
de forma correcta, por lo que no existe diferencia salarial a favor del demandante.
Que dicho decreto únicamente tuvo vigencia durante el año 2009, conforme a la
sentencia del 2 de septiembre de 2019, y no podía servir de fundamento para
ordenar reajustes en vigencias posteriores. Agregó que el plazo máximo para
reclamar las respectivas diferencias vencía el 31 de diciembre de 2009, razón por
la cual las sumas reclamadas se encuentran prescritas.

17. Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 2 del Decreto 10 de 1993, dentro
de los factores para establecer la prima especial de servicios no se incluyen las
cesantías, sino únicamente la prima de navidad como prestación social para su
cálculo. Agregó que la incorporación de dicho concepto dentro de los ingresos
laborales de los magistrados de las altas cortes, para efectos de acceder a las
pretensiones, desconocería el carácter no salarial de la referida prima.
18. Que no está facultada para realizar equivalencias entre el valor reconocido
por concepto de cesantías a los congresistas y el que se reconoce por el mismo
concepto a los magistrados de las altas cortes, con el fin de ajustar la remuneración
de los jueces de circuito. Pues, conforme al artículo 16 de la Ley 4.ª de 1992, las
prestaciones sociales de los magistrados son distintas a las de los congresistas.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

19. El 2 de mayo de 2023 se admitió el recurso. El 3 de octubre del mismo año
se corrió traslado por 10 días para la presentación de los alegatos de conclusión,
posteriormente se corrió el mismo término para que el Ministerio Público presentara
concepto.

20. El demandante6 insistió en que la entidad aplicó de forma restrictiva el
Decreto 1251 de 2009, al no incluir la totalidad de los ingresos percibidos por los
magistrados de las altas cortes para efectos de la nivelación salarial, lo que llevó a
que la base de liquidación fuera inferior a la real, generando diferencias a su favor
durante los años reclamados. Sostuvo que el referido decreto toma como referente
los ingresos anuales percibidos por los magistrados de las altas cortes, pero que el
porcentaje allí previsto debe reflejarse en la remuneración mensual de los jueces de

5 Índice 33 de SAMAI del tribunal.
6 Índice 32 de SAMAI.

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la República.

21. La parte demandada y el agente del Ministerio Público no se pronunciaron.

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

Avoca conocimiento

22. De conformidad con lo previsto en el artículo 116 del CPACA, cuando se
modifica la integración de la sala, los nuevos magistrados desplazan a los
conjueces, siempre que respecto de aquellos no se predique la misma causal de
impedimento o recusación, tal como ocurre en este caso. Por ello, se avocará
conocimiento del proceso7.

23. Deberá resolver la subsección si, para efectos de la nivelación salarial
prevista en el Decreto 1251 de 2009, las cesantías hacen parte de los ingresos
laborales totales anuales de los miembros del Congreso y, en consecuencia, deben
ser incluidas en la determinación de la prima especial de servicios de los
magistrados de las altas cortes y, si esta sirve como parámetro para fijar la
remuneración del demandante en su condición de juez de circuito.

24. Igualmente, deberá establecerse si la inclusión de las cesantías dentro de
dicho cálculo desconoce el carácter no salarial de la prima especial de servicios; si
el Decreto 1251 de 2009 tiene aplicación limitada a la vigencia de 2009, y si las
diferencias salariales reclamadas se encuentran afectadas por el fenómeno de la
prescripción.

Marco normativo y jurisprudencial

De la nivelación salarial del Decreto 1251 de 2009

25. De conformidad con el artículo 150, numeral 19, literal e), de la Constitución
Política, corresponde al Congreso de la República fijar los objetivos y criterios a los
cuales debe sujetarse el Gobierno nacional para establecer el régimen salarial y
prestacional de los empleados públicos.

7 En relación con la prima especial se advierte que tanto algunos conjueces como la Sección Segunda,
actualmente, declaran infundados los impedimentos manifestados por los integrantes de la Sala, en los casos
en que no se demuestre un interés actual directo o indirecto. En efecto, así lo han expresado en las siguientes
decisiones:
Auto del 05 de diciembre de 2023. C.P. Clara Elisa Cifuentes Ortiz. Radicado: 7600123000201800326 02 (0502-
2023).
Consejo de Estado. Auto del 29 de noviembre de 2024. M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar. Radicado:
050012333000201601007 02 (1587-2023)
Consejo de Estado. Auto del 29 de noviembre de 2024. M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar. Radicado: 05001-
23-33-000-2016-00857-02 (4942-2023)
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26. En desarrollo de esa competencia, se expidió la Ley 4.ª de 1992, que en el
artículo 15, creó a favor de los magistrados de las altas cortes, entre otros
dignatarios del Estado, una prima especial de servicios, sin carácter salarial, con el
propósito de que, sumada a los demás ingresos laborales, permitiera equiparar la
totalidad de sus ingresos con los percibidos por los miembros del Congreso, sin
excederlos.

27. Posteriormente, el Decreto 10 de 1993 reglamentó dicho emolumento y
dispuso, en sus artículos 1 y 2, que la prima especial de servicios corresponde a la
diferencia entre los ingresos laborales totales anuales recibidos por los miembros
del Congreso y los devengados por los funcionarios beneficiarios. Precisó que, para
establecer tales ingresos, debían tenerse en cuenta los de carácter permanente,
«incluyendo la prima de navidad».

28. Más adelante, se expidió el Decreto 1251 de 2009, que para lo que interesa
al caso concreto, reguló la remuneración de los jueces de circuito y de los jueces
municipales fijándola como un porcentaje de lo que por todo concepto perciben
anualmente los magistrados de las altas cortes. Para los jueces de circuito
estableció una remuneración equivalente al 43 % del 70 % de lo percibido por dichos
magistrados durante el año 2009 y, a partir de 2010, con carácter permanente, el
43,2 % de esa misma base. En cuanto a los jueces municipales, determinó el 34,7
% para el año 2009 y el 34,9 % a partir de 2010.

29. De lo expuesto se desprende que la remuneración de los jueces destinatarios
del Decreto 1251 de 2009 depende de los ingresos percibidos por los magistrados
de las altas cortes, cuya remuneración, a su vez, debe guardar correspondencia con
los ingresos laborales totales anuales de los miembros del Congreso.

30. Sobre el alcance de la expresión «ingresos laborales totales anuales», la Sala
de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sentencia del 4 de
mayo de 20098, precisó que comprende todo lo percibido por los congresistas
durante el año con ocasión de la relación laboral, «siendo claro que dentro de tal
concepto deben incluirse tanto los salarios como las prestaciones sociales». En esa
medida, concluyó que no resultaba admisible excluir el auxilio de cesantías por el
solo hecho de constituir una prestación social, pues la ley no hizo tal diferenciación
al referirse a los ingresos laborales totales anuales.

31. Ese criterio fue reiterado en sentencia del 18 de mayo de 20169, en la que
recordó que las cesantías percibidas por los miembros del Congreso han sido
consideradas ingresos laborales anuales permanentes, por tratarse de una
prestación económica que el empleador reconoce anualmente y que se causa por

8 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Sala de Conjueces. Sentencia

del 4 de mayo de 2009. Expediente: 25000232500020040520902. C.P. Luis Fernando Velandia Rodríguez.
9 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Sala de Conjueces. Sentencia

del 18 de mayo de 2016. Expediente: 250002325000201000246-02. C.P. Jorge Iván Acuña Arrieta.
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cada día de servicio. Con fundamento en ello, se reafirmó que deben ser tenidas en
cuenta para la liquidación de la prima especial de servicios.

32. Vale la pena destacar que, en sentencia del 16 de abril de 202610, se advirtió
que la discusión sobre la correcta determinación de la remuneración de los
magistrados de las altas cortes, con la inclusión de tal emolumento, no resulta ajena
a los procesos de nivelación salarial previstos en el Decreto 1251 de 2009, pues las
inconsistencias en la liquidación de las prestaciones que la integran pueden incidir
en la remuneración que sirve de parámetro para los destinatarios de dicha
normativa. En desarrollo de esa línea argumentativa, se reiteró el razonamiento
expuesto en providencia del 6 de agosto de 202411, en la que se analizó el caso de
un juez de circuito12.

33. En síntesis, la remuneración de los jueces de circuito y municipales prevista
en el Decreto 1251 de 2009 debe liquidarse tomando como referente la
remuneración anual de los magistrados de las altas cortes, la cual, conforme al
artículo 15 de la Ley 4.ª de 1992, al Decreto 10 de 1993 y a la jurisprudencia de esta
corporación, debe calcularse con fundamento en los ingresos laborales totales
anuales percibidos por los miembros del Congreso, comprendiendo para ese efecto
el auxilio de cesantías.

Resolución del caso concreto

34. La sala abordará los puntos de inconformidad formulados por la parte
demandada, los cuales se centran, en primer lugar, en la improcedencia de incluir
las cesantías dentro de los ingresos laborales totales anuales que sirven de
parámetro para la determinación de la prima especial de servicios de los
magistrados de las altas cortes y, a partir de esta, de la remuneración del
demandante; en segundo lugar, la afectación que presuntamente se genera del
carácter no salarial de dicha prima con la eventual incorporación de las cesantías;
y, finalmente, en la vigencia del Decreto 1251 de 2009 y la prescripción de las
diferencias reclamadas.

35. El tribunal encontró acreditado que el demandante se desempeñó como juez de
circuito13 y que, desde el año 2010, tenía derecho a que su remuneración se
determinara conforme a lo previsto en el Decreto 1251 de 2009. Concluyó que,
como la remuneración de los magistrados de las altas cortes, que constituye el

10 Consejo de Estado, Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 16 de abril de 2026. Expediente: 25000-

23-42-000-2013-04137-02 (1238-2021). C.P. Elizabeth Becerra Cornejo.
11 Consejo de Estado, Sala de Conjueces, Sección Segunda. Sentencia del 6 de agosto de 2024. Expediente:

15001 23 33 000 2014 00485 02 (4670-2019) C.P. Clara Elisa Cifuentes Ortiz.
12 «para la Sala no hay duda que existe diferencia entre lo percibido por la parte actora y lo que debió percibir

si el ingreso de los magistrados de Altas Cortes se hubiere liquidado correctamente, esto es, teniendo en cuenta
las cesantías como ingresos laborales anuales permanentes para efectos de liquidar la prima especial de
servicios».
13 Para lo que interesa al caso concreto, de acuerdo con el certificado visible a folio 172 el demandante laboró

en la Rama Judicial desde el 1/02/1993, y ocupó diferentes cargos, estuvo vinculado como juez de circuito entre
el 1 de septiembre de 2010 y el 9 de julio de 2018.
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parámetro para fijar la de los jueces de circuito, fue determinada sin incluir las
cesantías, la remuneración del actor también se calculó de manera incorrecta.

36. De acuerdo con el marco normativo, se advierte que el sistema de remuneración
previsto en el aludido decreto responde a una estructura escalonada, en la que la
remuneración de los jueces de circuito se fija como un porcentaje de la que
corresponde a los magistrados de las altas cortes, y esta última, a su vez, se
determina a partir de los ingresos laborales totales de los miembros del Congreso.
Por ello, si para establecer la remuneración de los magistrados se toma la totalidad
de los ingresos laborales de los congresistas, dicha integralidad debe mantenerse
al proyectar el cálculo hacia la remuneración de los jueces.

37. En ese contexto, no es posible excluir las cesantías para efectuar el
respectivo cómputo, pues la jurisprudencia de esta corporación ha reconocido que
constituyen un ingreso laboral anual de carácter permanente de los congresistas,
por lo que deben hacer parte de la base utilizada para determinar la prima especial
de servicios de los magistrados de las altas cortes y, consecuencialmente, de la
remuneración de los jueces municipales y de circuito.

38. Tampoco le asiste razón a la entidad cuando sostiene que la inclusión de
dicho concepto desconoce el carácter no salarial de la prima especial de servicios.
En efecto, una cosa es la naturaleza jurídica de este emolumento y otra distinta los
factores que deben considerarse para establecer su cuantía. El hecho de que las
cesantías conformen la base para establecer su valor no altera esa condición ni
desvirtúa lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 4ª de 1992.

39. En cuanto a la vigencia del Decreto 1251 de 2009, conviene señalar que, si
bien en la sentencia del 2 de septiembre de 2019, la sala de conjueces indicó que
«solo rigió para dicho año», se estima que esa consideración se refiere a lo regulado
en el inciso primero de los artículos 1, 2 y 3 que alude a la «vigencia de 2009», sin
desconocer que el inciso segundo de esas mismas disposiciones, extendió sus
efectos a vigencias posteriores al disponer: «a partir de 2010, y con carácter
permanente», lo cual permite concluir que desde dicho año (2010) la forma de
calcular la remuneración debía aplicarse en las anualidades siguientes bajo los
mismos porcentajes fijados en el citado decreto. Aspecto que fue abordado por esta
subsección mediante providencia del 20 de noviembre de 202514.

40. Finalmente, en lo que tiene que ver con la prescripción trienal, la corporación
ha sostenido15 que aplica la regla general contemplada en el Decreto 3135 de
196816. Sobre el particular, se encuentra que la reclamación fue presentada el 19

14 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del

20 de noviembre de 2025. Expediente: 05001 23 33 000 2014 01547 02 (4664-2021). C.P. Juan Camilo Morales
Trujillo.
15 Ver proceso bajo el radicado: 05001 23 33 000 2014 01533 02 (5933-2024).
16 ARTÍCULO 41. Las acciones que emanen de los derechos consagrados en este Decreto prescribirán en tres

años, contados desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible.
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de julio de 201217 y que el reconocimiento de las diferencias salariales pretendido
parte desde el año 2010, momento en el cual el demandante ya ejercía el cargo de
juez de circuito. Además, entre aquella fecha y la presentación de la demanda18 no
transcurrieron más de 3 años, razón por la cual no se configura el fenómeno extintivo
alegado por la entidad.

De la condena en costas en segunda instancia

41. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior,
de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de
ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que
gobierna esta materia.

42. La pretensión del legislador con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021 fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente
de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público. Esto
creó una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición
en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el
caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el
artículo 188 del CPACA se mantiene incólume. En ese sentido la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.

43. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida. La
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

44. En consecuencia, se impondrán costas en esta instancia a la parte
recurrente, por cuanto se niega totalmente la petición del recurso de apelación. Para
el efecto, de conformidad con el artículo 366 de la misma norma, las agencias en
derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las
expensas serán liquidadas por la secretaría del tribunal de origen.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: AVOCAR conocimiento del proceso de la referencia, por las razones
expuestas en la parte motiva.

El simple reclamo escrito del empleado o trabajador ante la autoridad competente, sobre un derecho o
prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero sólo por un lapso igual. 16
17 Según se desprende de los actos administrativos demandados, obrantes a folios 16 a 22 y 24 a 26.
18 La demanda fue interpuesta el 20 de noviembre de 2013, de acuerdo con el sello visible a folio 13.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

9

Radicación: 05001-23-33-000-2015-02118-02 (3361-2022)

Segundo: CONFIRMAR la sentencia del nueve (9) de marzo de dos mil veintidós
(2022) proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de
Decisión, por medio de la cual se accedió a las pretensiones.

Tercero: Condenar en costas de segunda instancia a la parte demandada,
conforme a lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia.

Cuarto: Ejecutoriada esta sentencia devolver el expediente al tribunal de origen,
previas las anotaciones correspondientes.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la subsección en la sesión de
la fecha.

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
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