Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2013-04137-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 25000-23-42-000-2013-04137-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2013-04137-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2013-04137-02
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
16 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., dieciséis (16) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2013-04137-02 (1238-2021)
Demandante: Yaneth Serrano Gelvez
Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación
Tema: nivelación salarial del Decreto 1251 de 2009. Subtema 2.1: incidencia de
las cesantías en la prima especial de servicios de los magistrados de alta corte.
Subtema 2.2: aportes al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones.
Irrenunciabilidad e imprescriptibilidad de los aportes. Subtema 2.3:
prescripción.
Sentencia de segunda instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Sala
Transitoria, el 31 de octubre de 2019, que accedió parcialmente a las pretensiones
de la demanda.
1. Síntesis del caso
La demandante prestó sus servicios como fiscal delegada. Solicitó el
reconocimiento y pago de las diferencias salariales y prestacionales conforme a lo
dispuesto en el Decreto 1251 de 2009, es decir, el 43 % para 2009, y el 43,2 % o el
47,9 % —según el cargo— para 2010 y los años siguientes, porcentajes calculados
sobre el 70 % de lo que, por todo concepto, devenguen los magistrados de alta
corte, que debe coincidir con los ingresos totales anuales permanentes de los
congresistas. En el presente proceso, pide la nulidad del acto administrativo que le
negó lo solicitado.
Se confirmará parcialmente la sentencia de primera instancia, por cuanto a la parte
actora le asiste el derecho al reconocimiento y pago de las diferencias salariales y
prestacionales, las cuales que deben liquidarse de acuerdo con los artículos 1 y 2
del Decreto 1251 de 2009. Lo anterior, por cuanto los cálculos efectuados en esta
decisión permiten advertir que, desde 2013, no procede la nivelación pretendida, en
la medida en que, a partir de esa anualidad, la demandante percibió una
remuneración superior a la que se derivaría de la aplicación del porcentaje previsto
Radicación: 25000-23-42-000-2013-04137-01 (1238-2021)
Demandante: Yaneth Serrano Gelvez
Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación
en el Decreto 1251 de 2009.
2. Antecedentes
2.1. La demanda
1. La señora Yaneth Serrano Gelvez, por conducto de apoderado judicial, presentó
demanda el 12 de julio de 20131, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho2, de acuerdo con las pretensiones, hechos y
fundamentos jurídicos que a continuación se señalan.
2.1.1. Pretensiones
2.La demandante solicitó que se declare la nulidad de los siguientes actos
administrativos: (a) Oficio núm. DSAFB – 12 019608 del 29 de noviembre de 2012,
mediante el cual la Fiscalía General de la Nación negó el reconocimiento y pago de
unas diferencias salariales; y (b) la Resolución 2-0845 del 5 de marzo de 2013, por
medio de la cual se resuelve el recurso de apelación y se confirma la decisión inicial.
3. A título de restablecimiento del derecho, la parte actora pretendió el
reconocimiento y pago de la diferencia correspondiente, producto de la debida
aplicación de la Ley 4 de 1992 y el Decreto 1251 de 2009, lo que significa una
nivelación salarial que tenga en cuenta el 43 % para el 2009, y el 43,2 % o el 47,9
% —según el cargo— para el 2010 y los años siguientes, calculados sobre el 70 %
de lo que, por todo concepto, devenguen los magistrados de alta corte, que debe
coincidir con los ingresos totales anuales permanentes de los congresistas, así
como la reliquidación de las prestaciones sociales a partir del 1 de enero de 20093.
4. Igualmente, pidió que se condenara a la demandada a ajustar el valor de las
sumas adeudadas conforme al índice de precios al consumidor, de acuerdo con el
artículo 187 del CPACA; que se ordenara cumplir la sentencia en los términos del
artículo 192 ibidem; y que se impusiera la condena en costas.
2.1.2. Hechos
5. La Sala sintetiza los principales hechos de la demanda, así:
6. La señora Yaneth Serrano Gelvez presta sus servicios en la Fiscalía General de
la Nación y ocupa el cargo de fiscal especializado contra el narcotráfico – Nivel
Central4.
1 Expediente físico fls. 27 al 38..
2
Expediente físico. fl.39, acta de reparto.
3 La aludida diferencia salarial, solicita que se impute con cargo al ordinal «Otros-otros conceptos de servicios
personales autorizados por la Ley, como lo ordena el Decreto 1251 de 2009».
4 Según da cuenta la certificación núm. DAP-30110 del 8 de marzo de 2018, la demandante aun prestaba sus
servicios en dicho cargo para el 7 de marzo de 2018.
2
Radicación: 25000-23-42-000-2013-04137-01 (1238-2021)
Demandante: Yaneth Serrano Gelvez
Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación
7. El 26 de octubre de 2012 le solicitó a la Fiscalía General de la Nación la
reliquidación de sus salarios y prestaciones sociales, conforme al Decreto 1251 de
2009, teniendo en cuenta la nivelación salarial que esta norma reconoce para
quienes desempeñan el cargo antes señalado, a partir del valor correspondiente al
70% de lo que, por todo concepto, percibe anualmente un magistrado de alta corte,
prestaciones liquidadas a su vez, con base en la totalidad de los ingresos laborales
permanentes devengados por los congresistas, según la normativa y la
jurisprudencia aplicable.
8.La entidad mediante Oficio núm. DSAFB – 12 019608 del 29 de noviembre de
2012 negó la anterior reclamación. Sostuvo que liquidó el salario y prestaciones
sociales de la parte actora de acuerdo con las normas correspondientes.
9. Inconforme con la decisión, presentó recurso de apelación, que fue negado a
través de la Resolución 2-0845 del 5 de marzo de 2013.
2.1.3. Normas violadas y concepto de violación
10. En la demanda se invocan las siguientes normas:
➢ De la Constitución Política, los artículos 2, 4, 6, 25, 53, 58 y 230.
➢ De la Ley 153 de 1887, el artículo 5.
➢ De la Ley 169 de 1986, el artículo 4.
➢ De la Ley 4 de 1992, los artículos 2 (literal a) y 15.
➢ Decreto 10 de 1993.
➢ Del Código Civil, el artículo 27.
➢ Decreto 1251 de 2009.
➢ Decreto 723 de 2009.
➢ Decreto 1388 de 2010
➢ De la Ley 1395 de 2010, el artículo 115.
➢ De la Ley 1437 de 2011, el artículo 137.
➢ Del Decreto 1039 de 2011, el artículo 2, inciso segundo.
11. Al explicar el concepto de violación, expuso los siguientes argumentos:
12. Indicó que según la Ley 4 de 1992 y en concordancia con el Decreto 10 de 1993,
los magistrados de las altas cortes tienen derecho a que sus ingresos anuales sean
idénticos a los ingresos laborales totales anuales devengados por los congresistas.
El no pago de la prima especial en favor de los primeros, en la forma ordenada por
la ley y reconocida en múltiples sentencias de la jurisdicción, afectó la remuneración
de la demandante desde el 1 de enero de 2009, toda vez que se debió liquidar su
remuneración sobre el valor correspondiente al 70% de lo que por todo concepto
perciban anualmente los magistrados de las altas cortes, como lo ordena el Decreto
1251 de 2009.
3
Radicación: 25000-23-42-000-2013-04137-01 (1238-2021)
Demandante: Yaneth Serrano Gelvez
Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación
13. Precisó que la Rama Judicial al liquidar de manera incorrecta la prima especial
de servicios de los magistrados de las altas cortes e interpretar de forma restrictiva
el artículo 15 de la Ley 4 de 1992 y el Decreto 10 de 1993, desconoció que el auxilio
de cesantías devengado por los congresistas debe considerarse para calcular las
pretensiones de los primeros, según lo ha reconocido el Consejo de Estado.
14. Por ello, para la liquidación de la remuneración de la demandante deben tenerse
en cuenta los siguientes emolumentos percibidos por los magistrados de las altas
cortes: «sueldo básico, gastos de representación, prima de localización y vivienda,
prima de salud, prima de servicios, prima de navidad y cesantías, ya que estas
constituyen un ingreso laboral anual de carácter permanente».
2.2. Contestación de la demanda
15. La Fiscalía General de la Nación, por intermedio de apoderada, se opuso a las
pretensiones de la demanda. Señaló que los factores que conforman la prima de
servicios están definidos claramente por la normativa vigente y que la administración
no podría efectuar una interpretación diferente, en el sentido de incluir para el
cálculo de la prima especial de servicios el auxilio de cesantías, como lo solicita la
peticionaria, teniendo en cuenta que dicha postura fue revaluada por la Sala de
Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.
16. Precisó que los ingresos de los congresistas están señalados taxativamente en
el Decreto 801 de 1992, por lo que la prima especial de servicios tiene carácter
excepcional. Es por ello que dicha normativa no contemplaba el auxilio de cesantías
para su liquidación.
17. Sostuvo que lo pretendido por la señora Yaneth Serrano Gelvez tiene como
fundamento decisiones judiciales que producen efectos únicamente para las partes
de los procesos en que estas se emitieron, por lo que no resulta válido invocarlas
en esta oportunidad.
18. Indicó que la entidad ha liquidado y pagado la asignación salarial y prestacional
de los servidores públicos de la Fiscalía General de la Nación con sujeción a lo
previsto en el Decreto 1251 de 2009, hasta la entrada en vigor del Decreto 382 de
2013, norma que creó la bonificación judicial para dichos servidores. Sostuvo que
ambos decretos no pueden aplicarse de manera simultánea, pues ello implicaría
superar los porcentajes fijados en el Decreto 1251 de 2009.
19. Finalmente, propuso como excepciones el «cumplimiento de un deber legal», la
«prescripción» y la «genérica»5.
2.3. Sentencia de primera instancia
20. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Sala
5 Expediente físico. fls.103 a 115.
4
Radicación: 25000-23-42-000-2013-04137-01 (1238-2021)
Demandante: Yaneth Serrano Gelvez
Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación
Transitoria, el 31 de octubre de 20196 resolvió lo siguiente:
PRIMERO.- Estarse a lo resuelto por el Consejo de Estado, Sección Segunda, en la
sentencia de unificación jurisprudencial proferida el día 18 de mayo de 2016, por las
razones expuestas.
SEGUNDO.- Declarar la nulidad de los siguientes actos administrativos:
a) Oficio No.DSAFB-12- 019608 de 29 de noviembre de 2012 expedido por el
Director Seccional Administrativo y Financiero de Bogotá de la Fiscalía General
de la Nación.
b) Resolución No. 845 del 5 de marzo de 2013, proferida por la Secretaria
General de la Fiscalía General de la Nación.
TERCERO.- [Condénase] a la NACIÓN-FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, a
reconocer y pagar a la demandante YANETH SERRANO GELVEZ, en su calidad de
Fiscal Delegada ante los Jueces del Circuito, con carácter permanente, la
remuneración ordenada en el artículo 2° del Decreto 1251 de 2009, el cual señala
que esta será igual, en vigencia del año 2009, al cuarenta y tres por ciento (43%), y
a partir del año 2010 al cuarenta y tres punto dos por ciento (43.2%) del valor
correspondiente al setenta por ciento (70%) de lo que por todo concepto perciba
anualmente el Magistrado de las Altas Cortes, incluyendo la prima de servicios,
prima de vacaciones, prima de navidad, bonificación por servicios, auxilio de
cesantías y las diferencias adeudadas por concepto de prima especial de servicios,
teniendo en cuenta para la liquidación de esta […] los ingresos laborales totales
anuales de carácter permanente devengados por los congresistas, que son: sueldo
básico, gastos de representación, prima de localización y vivienda, prima de salud,
primas de servicios, prima de navidad y cesantías, que son derechos
consustanciales con la relación laboral, desde el 26 de octubre de 2009 y mientras
funja en ese cargo o alguno cobijada por el Decreto 1251 de 2009, de conformidad
con las consideraciones expuestas en esta providencia.
CUARTO.- En consecuencia, condénase a la NACIÓN-FISCALÍA GENERAL DE LA
NACIÓN, a reconocer y pagar a la señora YANETH SERRANO GELVEZ, la
diferencia que resulte de la reliquidación de su remuneración y de sus prestaciones,
durante los siguientes períodos: i) desde el día 26 de octubre de 2009 y hasta que
continúe ejerciendo el cargo de Fiscal Delegada ante los Jueces del Circuito,
Especializado o en otro titular del derecho consagrado en el artículo 2° del Decreto
1251 de 2009 y del artículo 15 de la Ley 4a de 199[2], con los correspondientes
reajustes de conformidad con las pautas dadas en la parte motiva de esta sentencia
y ordinal anterior.
QUINTO.- Declárese probada la excepción de prescripción trienal de las sumas
diferenciales causadas con anterioridad al 26 de octubre de 2009, de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva.
6 Expediente físico. fls.216 al 221.
5
Radicación: 25000-23-42-000-2013-04137-01 (1238-2021)
Demandante: Yaneth Serrano Gelvez
Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación
SEXTO.- Ordenar que los valores a pagar serán actualizados de conformidad con
el artículo 187 del C.P.A.C.A., tomando como base la variación porcentual de los
índices de precios al consumidor, conforme a lo dicho en la parte motiva.
SÉPTIMO.- Condenar igualmente al pago de los intereses comerciales moratorios
si dan los supuestos de hecho y de derecho, en los términos de los artículos 192 y
195 ibídem.
OCTAVO.- Se niegan las demás pretensiones de la demanda.
NOVENO.- Ordénese a la demandada darle cumplimiento a la sentencia dentro del
término previsto en los artículos 192 y 193 del C.P.A.C.A.
[…]7(Sic para la cita)
21. Señaló que en aplicación de los artículos 15 de la Ley 4 de 1992 y 1 del Decreto
10 de 1993, así como de la sentencia del 18 de mayo de 2016 de la Sección
Segunda del Consejo de Estado8, en primer lugar, la remuneración de los
funcionarios de que trata el Decreto 1251 de 2009, depende directamente de lo
percibido por un magistrado de alta corte, y, en segundo lugar, que lo recibido por
este último, deberá ser liquidado con la inclusión del auxilio de cesantías percibido
por los congresistas, a fin de que los ingresos de unos y otros sean iguales.
22. Para tales efectos, destacó a partir de la sentencia antes señalada, respecto de
la interpretación del artículo 15 de la Ley 4 de 1992, la importancia de incluir las
cesantías como ingreso permanente de los congresistas para determinar el valor de
la prima especial de servicios de los magistrados de alta corte, que a su vez incide
en la remuneración de los funcionarios relacionados en el Decreto 1251 de 2009.
23. En virtud de lo expuesto, indicó que, de las pruebas obrantes en el plenario, se
evidenció que la señora Yaneth Serrano Gelvez ha ejercido el cargo de «fiscal
delegada ante los jueces del circuito» desde el 4 de enero de 2001. En
consecuencia, es destinataria del reajuste ordenado en el artículo 2 del Decreto
1251 de 2009, el cual prevé que, para la vigencia de 2009, la remuneración que
perciba por todo concepto el fiscal delegado ante juez del circuito será igual al 43 %
del valor correspondiente al 70 % de lo que, por todo concepto, perciba anualmente
un magistrado de alta corte, y a partir del año 2010 será del «43,2 %».
24. Respecto a lo percibido por los magistrados de las corporaciones judiciales de
cierre, que debe equipararse a lo devengado por los congresistas, señaló que la
prima especial que devengan los primeros, prevista en el artículo 15 de la Ley 4 de
1992, debe tener en cuenta las cesantías que reciben los segundos como ingreso
permanente.
7 Transcripción fiel, incluso con errores.
8 Consejo de Estado, Sala de Conjueces de la Sección Segunda, sentencia del 18 de mayo de 2016, Rad.
25000-23-25-000-2010-00246-02(0845-15).
6
Radicación: 25000-23-42-000-2013-04137-01 (1238-2021)
Demandante: Yaneth Serrano Gelvez
Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación
25. Con relación al fenómeno de la prescripción, citó los decretos 3135 de 1968 y
1848 de 1969 y jurisprudencia del Consejo de Estado, para argumentar que la fecha
de interrupción del término prescriptivo corresponde a aquella en la que se presenta
la reclamación administrativa ante la autoridad competente y a partir de dicha data
se reconoce el derecho respecto de las sumas causadas hasta 3 años atrás.
26. Afirmó que, como la reclamación administrativa, en el asunto particular, se
presentó el 26 de octubre de 2012, se configuró la prescripción de los derechos
causados antes del 26 de octubre de 2009. Finalmente, frente a la condena en
costas, afirmó que, aunque la demandada fue vencida en el proceso, no se le
impondrá dicha condena, toda vez que se ha eliminado toda forma de
responsabilidad objetiva y debe garantizarse el derecho de acceso a la
administración de justicia.
2.4. Recurso de apelación
27. La Fiscalía General de la Nación, por intermedio de apoderada, interpuso
recurso de apelación9 para que se revocara la sentencia de primera instancia, para
lo cual argumentó que la entidad al expedir los actos administrativos demandados
obró en estricto cumplimiento de las decisiones proferidas por los jueces
constitucionales, de manera tal que liquidó el salario y las prestaciones de la
peticionaria según los decretos expedidos por el Gobierno nacional.
28. Señaló que las cesantías tienen como finalidad cubrir el riesgo de la falta de
ingresos cuando el empleado queda cesante, de manera tal que no se reciben por
la labor desempeñada por el trabajador, lo que a su vez impide que se tengan en
cuenta como parte de la remuneración mensual.
29. Por estas razones, sostuvo que las cesantías anuales de los magistrados de las
altas cortes no deben tenerse en cuenta para liquidar la remuneración de los
funcionarios y empleados de la Fiscalía General de la Nación, pues, por analogía,
dichas cesantías —que también reciben anualmente los congresistas— constituyen
una prestación social y no un factor salarial que el Gobierno nacional haya dispuesto
como base para la liquidación de salarios.
30. Indicó que la Fiscalía General de la Nación reconoció y pagó el porcentaje
establecido en el Decreto 1251 de 2009 a sus beneficiarios hasta la entrada en vigor
del Decreto 382 de 2013, considerando que las normas mencionadas no pueden
aplicarse de manera simultánea, pues se superarían los porcentajes fijados en el
Decreto 1251 de 2009. Por esta razón, en la actualidad solo se reconoce la
bonificación judicial.
31. Finalmente, precisó que la entidad no puede reconocer ni pagar las diferencias
salariales y prestacionales solicitadas respecto de los salarios que perciben
9 Expediente físico. fls.227 al 231.
7
Radicación: 25000-23-42-000-2013-04137-01 (1238-2021)
Demandante: Yaneth Serrano Gelvez
Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación
actualmente los magistrados de las altas cortes, toda vez que no tiene competencia
para regular salarios ni prestaciones sociales.
2.5. Trámite procesal en segunda instancia
32. Asignado por reparto el proceso de la referencia10, mediante auto del 16 de
septiembre de 202111, los entonces magistrados de la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado declararon su impedimento para tramitar el
presente asunto.
33.El 28 de abril de 202212, se declaró fundado el impedimento, e igualmente los
magistrados de la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado
manifestaron su impedimento y realizaron el sorteo del asunto a los conjueces.
34.Por auto del 12 de septiembre de 202213, el conjuez ponente Héctor Díaz
Moreno declaró fundado el impedimento y asumió el trámite del asunto.
35. Mediante auto del 1 de noviembre de 202214 se admitió el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandada.
36. A través de auto del 2 de mayo de 202315 se concedió el término para que las
partes y el procurador delegado presentaran sus escritos de alegatos de conclusión.
37. Por decisión del 7 de marzo de 202516, la conjuez María Andrea Calero Tafur
remitió el proceso de la referencia al despacho que hoy preside la doctora Elizabeth
Becerra Cornejo, con fundamento en el inciso tercero del artículo 116 del CPACA17,
el cual efectivamente fue recibido el 27 de marzo del mismo año.
38. Por auto del 16 de enero de 202618, la magistrada ponente con fundamento en
el artículo 213 del CPACA, profirió auto de mejor proveer. En aquel se ordenó la
práctica de algunas pruebas, para precisar los cargos desempeñados por la
demandante en la Fiscalía General de la Nación, con los respectivos extremos
temporales.
10 El 23 de abril de 2021, a la Sección Segunda del Consejo de Estado, despacho del doctor Cesar Palomino
Cortes. Samai, índice 22, expediente digital, actuación «Abonado y Radicación».
11 Samai, índice 2, expediente digital, actuación «MANIFIESTA IMPEDIMENTO», documento
«4_MANIFIESTAIMPEDIMENTO(.DOC) NroActua 3».
12 Samai, índice 8, expediente digital, actuación «Auto que resuelve impedimento o recusación», documento
«7_AUTOQUERESUELVEIMPEDIMENTOORECUSACION(.pdf) NroActua 8».
13 Samai, índice 16, expediente digital, actuación «Auto que resuelve impedimento o recusación».
14 Samai, índice 22, expediente digital, actuación «Auto que admite recurso de apelación».
15 Samai, índice 28, expediente digital, actuación «Auto que corre traslado para alegar».
16 Samai, índice 39, expediente digital, actuación «Auto que ordena a secretaria».
17 «Los conjueces que entren a conocer de un asunto deberán actuar hasta que termine completamente la
instancia o recurso, aunque concluya el período para el cual fueron elegidos, pero si se modifica la integración
de la sala, los nuevos Magistrados desplazarán a los conjueces, siempre que respecto de aquellos no se les
predique causal de impedimento o recusación que dé lugar al nombramiento de estos».
18 Samai, índice 45, expediente digital, actuación «Auto que decreta pruebas».
8
Radicación: 25000-23-42-000-2013-04137-01 (1238-2021)
Demandante: Yaneth Serrano Gelvez
Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación
2.6. Alegatos de conclusión de segunda instancia
39.La parte actora solicitó confirmar la sentencia apelada y reiteró los argumentos
expuestos en la demanda19.
40. De otro lado, la demandada solicitó la revocatoria del fallo de primera instancia
y reafirmó los fundamentos planteados en la contestación de la demanda y en el
recurso de apelación20. Asimismo, indicó que la prima especial de servicios no
constituye factor salarial, tal y como lo dispone el artículo 15 de la Ley 4 de 1992 y
las decisiones emitidas por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado,
aclarando que dicha prestación ha sido pagada a partir del año 2021, en aplicación
al Decreto 272 de 2021.
41. El Ministerio Público guardó silencio.
3. Consideraciones
3.1. Competencia
42. El presente asunto es competencia de esta corporación de conformidad con el
inciso primero del artículo 150 del CPACA, según el cual el Consejo de Estado conoce
en segunda instancia de las apelaciones contra las sentencias dictadas en primera
instancia por los tribunales administrativos.
3.2. Cuestión previa
43. Previo a la delimitación de los problemas jurídicos que orientarán el estudio del
asunto, la Sala considera necesario advertir que en los alegatos de conclusión de
segunda instancia la parte demandada introdujo consideraciones adicionales
relacionadas con la improcedencia del reconocimiento de la prima especial de
servicios como factor salarial y su incidencia en la nivelación salarial pretendida. Sin
embargo, al examinar los fundamentos del recurso de apelación se advierte que
tales aspectos no fueron propuestos como motivo de inconformidad en la alzada,
razón por la cual no pueden ser objeto de análisis en esta instancia.
44. Conviene recordar que los alegatos de conclusión constituyen una oportunidad
procesal destinada a que las partes a partir de lo discutido y probado durante el
trámite expongan las razones de cierre que sustentan su posición frente a los
principales problemas planteados, mas no para incorporar nuevos planteamientos
jurídicos o fácticos que alteren el marco de competencia del juez de segunda
instancia, el cual se encuentra limitado por los reparos concretos formulados en la
apelación.
19 Samai, índice 34, expediente digital, archivo «RECIBE MEMORIALES POR CORREO ELECTRONICO».
20 Samai, índice 35, expediente digital, archivo «RECIBE MEMORIALES POR CORREO ELECTRONICO».
9
Radicación: 25000-23-42-000-2013-04137-01 (1238-2021)
Demandante: Yaneth Serrano Gelvez
Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación
45. A su vez, se evidencia que estos argumentos resultan incongruentes con lo
decidido en primera instancia, pues el juez no reconoció la prima especial de
servicios como factor salarial, dado que la controversia se circunscribió a la
nivelación salarial prevista en el Decreto 1251 de 2009.
3.3. Problemas jurídicos
46. Según lo expuesto en el recurso de apelación interpuesto contra el fallo de
primera instancia, que accedió a las pretensiones de la demanda, corresponde
resolver lo siguiente:
47. ¿Procede el reconocimiento y pago en favor de la parte accionante, en su
condición de fiscal delegada, ante los jueces de circuito y los jueces de circuito
especializados, de las diferencias salariales y prestacionales según lo previsto en el
Decreto 1251 de 2009, es decir, para el año 2009 el 43 %, y para los años 2010 y
siguientes el 43.2 % y 47.9 % [dependiendo del cargo], del valor correspondiente al
70 % de lo que por todo concepto percibe anualmente un magistrado de alta corte?
48. ¿Constituye el argumento relacionado con los topes salariales fijados por el
Gobierno nacional respecto de la remuneración percibida por los fiscales delegados,
con ocasión de la incidencia de las cesantías de los congresistas en la liquidación
de la prima especial de servicio para los magistrados de altas cortes, y de la
bonificación judicial reconocida por el Decreto 382 de 2013, una razón jurídica
suficiente para negar el reconocimiento y pago de la nivelación salarial?
49. Con el fin de resolver los problemas jurídicos planteados se abordarán los
siguientes aspectos: de la nivelación salarial del Decreto 1251 de 2009; hechos
probados; y caso concreto.
3.4. De la nivelación salarial del Decreto 1251 de 2009
50. El artículo 3 de la Ley 4 de 1992 indicó que «el sistema salarial de los servidores
públicos estará integrado por los siguientes elementos: la estructura de los empleos,
de conformidad con las funciones que se deban desarrollar y la escala y tipo de
remuneración para cada cargo o categoría de cargos».
51. Asimismo, el artículo 15 de la misma normatividad, a propósito de los
funcionarios de mas alto rango de la Rama Judicial, entre otros, señaló que los
magistrados de alta corte recibían una prima especial que tiene como propósito
igualar la totalidad de los ingresos percibidos por los congresistas.
52. En cuanto a los magistrados de tribunal y funcionarios de igual o similar
categoría, el Decreto 610 de 1998 creó la bonificación por compensación con el fin
de que sus ingresos progresivamente se igualen al 80 % de lo que por todo concepto
devenguen los magistrados de las altas cortes. Este emolumento fue ratificado a
través del Decreto 1102 de 2012.
10
Radicación: 25000-23-42-000-2013-04137-01 (1238-2021)
Demandante: Yaneth Serrano Gelvez
Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación
53. Continuando con el desarrollo del sistema salarial de los servidores públicos
teniendo en cuenta la escala y el tipo de remuneración para cada cargo, para los
jueces de la República, en sus distintas categorías, el presidente de la República,
en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley 4 de 1992, expidió los decretos
3901 del 7 de octubre de 2008, 707 del 6 de marzo de 2009 y 1251 del 14 de abril
de 2009, mediante los cuales dictó disposiciones en materia salarial para los
empleados de la Rama Judicial y de la Fiscalía General de la Nación.
54. Así, los artículos 1 y 2 del Decreto 3901 del 7 de octubre de 200821,
reglamentaron, entre otros, la remuneración que por todo concepto perciben los
fiscales delegados ante jueces penales de circuito especializado, del circuito,
municipales y promiscuos, en los siguientes términos:
ARTÍCULO 1°. Para la vigencia de 2009, la remuneración que por todo concepto
perciba el Juez Penal del Circuito Especializado, el Coordinador de Juzgado Penal
del Circuito Especializado y el Fiscal Delegado ante Juez Penal de Circuito
Especializado será igual al cuarenta y siete punto siete por ciento (47.7%) del valor
correspondiente al setenta por ciento (70%) de lo que por todo concepto perciba
anualmente el Magistrado de las Altas Cortes.
A partir del 2010, y con carácter permanente, dicha remuneración será equivalente
al cuarenta y siete punto nueve por ciento (47.9%) del valor correspondiente al
setenta por ciento (70%) de lo que por todo concepto perciba anualmente el
Magistrado de las Altas Cortes.
ARTÍCULO 2°. Para la vigencia de 2009, la remuneración que por todo concepto
perciba el Juez del Circuito y Fiscal Delegado ante Juez del Circuito será igual al
cuarenta y tres por ciento (43%) del valor correspondiente al setenta por ciento
(70%) de lo que por todo concepto perciba anualmente el magistrado de las
Altas Cortes.
A partir del 2010, y con carácter permanente, dicha remuneración será equivalente
al cuarenta y tres punto dos por ciento (43.2%) del valor correspondiente al setenta
por ciento (70%) de lo que por todo concepto perciba anualmente el Magistrado de
las Altas Cortes.
ARTÍCULO 3°. Para la vigencia de 2009, la remuneración que por todo concepto
perciba el Juez municipal y el Fiscal Delegado ante Juez y Promiscuo será igual al
treinta y cuatro punto siete por ciento (34.7%) del valor correspondiente al setenta
por ciento (70%) de lo que por todo concepto perciba anualmente el Magistrado de
las Altas Cortes.
A partir de 2010, y con carácter permanente, dicha remuneración será equivalente
al treinta y cuatro punto nueve por ciento (34.9%) del valor correspondiente al
setenta por ciento (70%) de lo que por todo concepto perciba anualmente el
Magistrado de las Altas Cortes (Negrillas por la Sala).
21 «Por el cual se dictan disposiciones en materia salarial».
11
Radicación: 25000-23-42-000-2013-04137-01 (1238-2021)
Demandante: Yaneth Serrano Gelvez
Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación
55.Por su parte, el Decreto 707 del 6 de marzo de 2009, estableció dicha
remuneración en el siguiente sentido:
ARTÍCULO 1°. Para la vigencia de 2009, la remuneración que por todo concepto
perciba el Juez Penal del Circuito Especializado, el Coordinador de Juzgado Penal
del Circuito Especializado, el Fiscal Delegado ante Juez Penal de Circuito
Especializado, el Juez de Dirección o de Inspección y el Fiscal ante Juez de
Dirección o de Inspección será igual al cuarenta y siete punto siete por ciento
(47.7%) del valor correspondiente al setenta por ciento (70%) de lo que por todo
concepto perciba anualmente el Magistrado de las Altas Cortes.
A partir del 2010, y con carácter permanente, dicha remuneración será equivalente
al cuarenta y siete punto nueve por ciento (47.9%) del valor correspondiente al
setenta por ciento (70%) de lo que por todo concepto perciba anualmente el
Magistrado de las Altas Cortes.
ARTÍCULO 2°. Para la vigencia de 2009, la remuneración que por todo concepto
perciba el Juez del Circuito, el Fiscal Delegado ante Juez del Circuito, el Juez de
División, o de Fuerza Naval, o de Comando Aéreo, o de Policía Metropolitana y el
Fiscal ante Juez de División, o de Fuerza Naval, o de Comando Aéreo, o de Policía
Metropolitana será igual al cuarenta y tres por ciento (43%) del valor
correspondiente al setenta por ciento (70%) de lo que por todo concepto
perciba anualmente el Magistrado de las Altas Cortes.
A partir del 2010, y con carácter permanente, dicha remuneración será
equivalente al cuarenta y tres punto dos por ciento (43.2%) del valor
correspondiente al setenta por ciento (70%) de lo que por todo concepto
perciba anualmente el Magistrado de las Altas Cortes.
ARTÍCULO 3°. Para la vigencia de 2009, la remuneración que por todo concepto
perciba el Juez Municipal, el Fiscal Delegado ante Juez Municipal y Promiscuo, el
Juez de Brigada, o de Base Aérea, o de Grupo Aéreo, o de Escuela de Formación,
o de Departamento de Policía, el Fiscal ante Juez de Brigada, o de Base Aérea, o
de Grupo Aéreo, o de Escuela de Formación, o de Departamento de Policía y el
Juez de Instrucción Penal Militar será igual al treinta y cuatro punto siete por ciento
(34.7%) del valor correspondiente al setenta por ciento (70%) de lo que por todo
concepto perciba anualmente el Magistrado de las Altas Cortes.
A partir de 2010, y con carácter permanente, dicha remuneración será equivalente
al treinta y cuatro punto nueve por ciento (34.9%) del valor correspondiente al
setenta por ciento (70%) de lo que por todo concepto perciba anualmente el
Magistrado de las Altas Cortes.
ARTÍCULO 4°. La diferencia entre el ingreso anual, por todo concepto, de los
funcionarios a que se refiere el presente decreto y el valor en pesos resultante de la
aplicación de los porcentajes señalados en los artículos 1° a 3° de este decreto
respecto del 70% de lo que por todo concepto perciba anualmente el Magistrado de
las Altas Cortes, no constituye factor salarial ni prestacional para ningún efecto legal
12
Radicación: 25000-23-42-000-2013-04137-01 (1238-2021)
Demandante: Yaneth Serrano Gelvez
Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación
y su pago se imputará con cargo al ordinal Otros de la cuenta de Gastos de Personal
(Negrillas por la Sala).
56. El Decreto 1251 del 14 de abril de 2009 estableció a partir de 2010 y en
adelante, para los fiscales delegados ante: (a) los jueces penales de circuitos
especializados o (b) jueces penales del circuito, el 47,9 % o el 43,2 %,
respectivamente, del valor correspondiente al 70 % de lo que, por todo concepto,
percibe anualmente un magistrado de alta corte, así:
ARTÍCULO 1°. Para la vigencia de 2009, la remuneración que por todo concepto
perciba el Juez Penal del Circuito Especializado, el Coordinador de Juzgado Penal
del Circuito Especializado, el Fiscal Delegado ante Juez Penal de Circuito
Especializado, el Juez de Dirección o de Inspección y el Fiscal ante Juez de
Dirección o de Inspección será igual al cuarenta y siete punto siete por ciento
(47.7%) del valor correspondiente al setenta por ciento (70%) de lo que por
todo concepto perciba anualmente el Magistrado de las Altas Cortes.
A partir de 2010, y con carácter permanente, dicha remuneración será
equivalente al cuarenta y siete punto nueve por ciento (47.9%) del valor
correspondiente al setenta por ciento (70%) de lo que por todo concepto
perciba anualmente el Magistrado de las Altas Cortes.
ARTÍCULO 2°. Para la vigencia de 2009, la remuneración que por todo concepto
perciba el Juez del Circuito, el Fiscal Delegado ante Juez del Circuito, el Juez de
División, o de Fuerza Naval, o de Comando Aéreo, o de Policía Metropolitana y el
Fiscal ante Juez de División, o de Fuerza Naval, o de Comando Aéreo, o de Policía
Metropolitana será igual al cuarenta y tres por ciento (43%) del valor
correspondiente al setenta por ciento (70%) de lo que por todo concepto
perciba anualmente el Magistrado de las Altas Cortes.
A partir del 2010, y con carácter permanente, dicha remuneración será
equivalente al cuarenta y tres punto dos por ciento (43.2%) del valor
correspondiente al setenta por ciento (70%) de lo que por todo concepto
perciba anualmente el Magistrado de las Altas Cortes.
ARTÍCULO 3°. Para la vigencia de 2009, la remuneración que por todo concepto
perciba el Juez Municipal, el Fiscal Delegado ante Juez Municipal y Promiscuo, el
Juez de Brigada, o de Base Aérea, o de Grupo Aéreo, o de Escuela de Formación,
o de Departamento de Policía, el Fiscal ante Juez de Brigada, o de Base Aérea, o
de Grupo Aéreo, o de Escuela de Formación, o de Departamento de Policía y el
Juez de Instrucción Penal Militar será igual al treinta y cuatro punto siete por ciento
(34.7%) del valor correspondiente al setenta por ciento (70%) de lo que por todo
concepto perciba anualmente el Magistrado de las Altas Cortes.
A partir de 2010, y con carácter permanente, dicha remuneración será equivalente
al treinta y cuatro punto nueve por ciento (34.9%) del valor correspondiente al
setenta por ciento (70%) de lo que por todo concepto perciba anualmente el
Magistrado de las Altas Cortes.
13
Radicación: 25000-23-42-000-2013-04137-01 (1238-2021)
Demandante: Yaneth Serrano Gelvez
Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación
ARTÍCULO 4°. El pago de la diferencia entre el ingreso anual, por todo concepto, de
los funcionarios a que se refiere el presente decreto y el valor en pesos resultante
de la aplicación de los porcentajes señalados en los artículos 1 a 3 de este decreto
respecto del 70% de lo que por todo concepto perciba anualmente el Magistrado de
las Altas Cortes, se imputará con cargo al ordinal Otros - Otros conceptos de
servicios personales autorizados por ley. (Negrillas por la Sala).
57. En consonancia con lo anterior, resulta pertinente precisar que los magistrados
de las altas cortes tienen un régimen salarial especial, el cual dispone que sus
ingresos totales anuales deben coincidir con los ingresos totales anuales
permanentes de los congresistas de la República, de conformidad con el artículo 15
de la Ley 4 de 1992, así:
ARTÍCULO 15. <Aparte tachado INEXEQUIBLE>22 Los Magistrados del Consejo
Superior de la Judicatura, de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte
Constitucional, del Consejo de Estado, el Procurador General de la Nación, el
Contralor General de la República, el Fiscal General de la Nación, el Defensor del
Pueblo y el Registrador Nacional del Estado Civil tendrán una prima especial de
servicios, sin carácter salarial, que sumada a los demás ingresos laborales, igualen
a los percibidos en su totalidad, por los miembros del Congreso, sin que en ningún
caso los supere. El Gobierno podrá fijar la misma prima para los Ministros del
Despacho, los Generales y Almirantes de la Fuerza Pública.
58. El Decreto 10 de 1993, en sus artículos 1 y 2 reglamentó la prima especial de
servicios, así:
ARTICULO 1o. La prima especial de servicios de que trata el artículo 15 de la Ley
4ª de 1992, será igual a la diferencia entre los ingresos laborales totales anuales
recibidos por los miembros del Congreso y los que devenguen los funcionarios que
tienen derecho a ella.
ARTICULO 2o. Para establecer la prima especial de servicios prevista en el presente
Decreto, se entiende que los ingresos laborales totales anuales percibidos por los
Miembros del Congreso son los de carácter permanente, incluyendo la prima de
Navidad (…).
59. De lo anterior, se advierte que los magistrados de las altas cortes tienen el
derecho a la prima especial de servicios que, sumada a los demás ingresos
laborales, debe igualar a los percibidos en su totalidad por los miembros del
Congreso de la República, sin que en ningún evento lo superen; por ello se deben
tener en cuenta los ingresos laborales totales anuales percibidos por los
congresistas.
60. En atención a la normativa expuesta, se desprende que la remuneración de los
jueces del circuito y municipales, así como de los fiscales delegados ante dichos
jueces, depende directamente de lo percibido por un magistrado de alta corte, y a
22 Aparte tachado 'sin carácter salarial' declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia
C-681-03 de 6 de agosto de 2003, Conjuez Ponente Dra. Ligia Galvis Ortiz.
14
Radicación: 25000-23-42-000-2013-04137-01 (1238-2021)
Demandante: Yaneth Serrano Gelvez
Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación
su vez, de los ingresos anuales de los miembros del Congreso.
61. Ahora, el Decreto 1251 de 2009 establece que ciertos servidores públicos
recibirán su remuneración según el porcentaje que por todo concepto perciba
anualmente un magistrado de las altas cortes; por ello, es necesario establecer
cuáles son los conceptos devengados por estos. Sobre el particular, la Sala de
Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sentencia del 4 de
mayo de 200923, señaló lo siguiente:
Al referirse, tanto la Ley 4ª de 1992 como el Decreto 10 de 1993 a ingresos laborales
totales anuales, dicha expresión engloba todo aquello que en el año percibe en
ejercicio de la relación laboral el congresista como tal, sin tener en cuenta si
dicha partida es factor de salario o por el contrario corresponde a una prestación
social.
En consecuencia, no le es dable al juzgador, distinguir donde la Ley no lo hace, siendo
claro que dentro de tal concepto deben incluirse tanto los salarios como las
prestaciones sociales
[…]
Ahora bien, los servidores indicados en el Decreto 10 de 1993, entre ellos los
Magistrados de las Altas Cortes, tienen derecho a una “prima especial de servicios”,
que sumada a los demás ingresos laborales, igualen a los percibidos en su totalidad
por los miembros del Congreso.
Surge esencial, en consecuencia, aclarar que tratándose de la prima especial de
servicios, regulada en el Decreto 10 de 1993 que desarrolló el artículo 15 de la Ley 4ª
de 1992, fue el mismo Legislador quien al expedir las disposiciones contenidas en la
Ley 4ª de 1992 equiparó los derechos salariales de los de Magistrados de Alta Corte
con los Congresistas, cosa que hizo en el artículo 15 de la Ley 4ª de 1992, resultando
entonces, que los ingresos laborales totales anuales de los Magistrados deben ser
iguales a los ingresos laborales totales anuales de los Congresistas, por cuanto la Ley
los ubicó en una misma situación de hecho, siendo necesario aclarar en este punto, lo
siguiente:
[…]
Se concluye en consecuencia que la suma recibida por los congresistas por concepto
de ingresos laborales totales anuales, debe ser la misma que la recibida por los
magistrados de las Altas Cortes y que éstos últimos, que es situación diferente, tienen
entre sí, iguales remuneración, prestaciones sociales y derechos laborales. (Negrillas
y subrayado por la Sala)
62. De otro lado, en sentencia del 18 de mayo de 2016 proferida por la Sala de
Conjueces de esta corporación24, se determinó que para la liquidación de la prima
especial de servicios y de la bonificación por compensación, debe considerarse el
auxilio a las cesantías, así:
Las cesantías percibidas por los miembros del Congreso de la República han sido
23 Proceso 250002325000200405209 02 (0552-07) M.P. Luis Fernando Velandia Rodríguez
24 Consejo de Estado, Sala de Conjueces, Sección Segunda, sentencia del 18 de mayo de 2016, proceso
250002325000201000246-02, (0845)
15
Radicación: 25000-23-42-000-2013-04137-01 (1238-2021)
Demandante: Yaneth Serrano Gelvez
Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación
consideradas ingresos laborales anuales permanentes por la jurisprudencia del
Consejo de Estado en ocasiones anteriores, lo que tiene plena razón de ser pues se
trata de una erogación que realiza el empleador anualmente a favor de su trabajador y
que se causa por cada día de trabajo del empleado.
De allí que esta corporación haya concluido que el auxilio de cesantías debe ser
tenido en cuenta para realizar la liquidación de la prima especial de servicios de
los funcionarios mencionados en el artículo 15 de la Ley 4ª de 1992, quienes tienen
derecho a percibir una suma equivalente a lo que por todo concepto devengan los
congresistas.
[…]
En este sentido, y teniendo en cuenta que la prima especial de servicios no solo es un
ingreso laboral sino que también cuenta con un carácter salarial limitado en atención a
lo decidido por la Corte Constitucional en la sentencia C-681 del 6 de agosto de 2003,
habría que señalarse que no existen razones para que se haga abstracción de la
misma, o de cualquiera de los factores que se tienen en cuenta para su liquidación, al
momento de fijar el monto a cancelar por concepto de bonificación por compensación
a favor de los servidores mencionados en el artículo 2º del Decreto 610 de 1998.
Habiendo señalado que el auxilio de cesantías es un ingreso laboral percibido de
manera permanente por los jueces de mayor jerarquía de todas las jurisdicciones, es
evidente que resultaría violatorio del principio de igualdad que surge del artículo 13 de
la Constitución Política de Colombia el señalar que esta prestación social carece de tal
naturaleza únicamente con el propósito de disminuir la base de liquidación de la
bonificación por compensación de la que son acreedores los funcionarios mencionados
en el artículo 2º del Decreto 610 de 1998.
En consecuencia, se concluye que únicamente teniendo en cuenta los pagos que el
Estado debe realizar a los Congresistas por concepto de cesantías puede calcularse la
diferencia total entre lo que ellos perciben y la asignación de los Magistrados de las
Altas Cortes para, así, determinar el valor de la prima especial de servicio a la que
tienen derecho estos últimos.
63. Por lo anterior, se puede desprender que el auxilio de cesantías debe tenerse
en cuenta al momento de efectuar la liquidación de la prima especial de servicios
de los funcionarios mencionados en la Ley 4 de 1992, beneficio que a su vez incide
en el porcentaje que estableció el artículo 2 del Decreto 1251 de 2009 para los
jueces del circuito y municipales y fiscales delegados ante estos funcionarios.
64. Sobre el particular, la Sala de Conjueces de esta corporación25 se ha
pronunciado respecto a la nivelación salarial establecida en el Decreto 1251 de
2009, en los siguientes términos:
[E]s patente que el monto de base o de referencia para el cálculo de los salarios y
beneficios salariales de los funcionarios de la Rama Judicial reglados por el Decreto
1251 de 2009 impone tener en cuenta los pagos que el Estado debe realizar a los
Congresistas por concepto de cesantías, fruto de ser ello imperioso para los
beneficiarios de la prima del artículo 15 de la Ley 4 de 1992.
25 Consejo de Estado, Sala de Conjueces, Sección Segunda, sentencia del 3 de diciembre de 2024, proceso
25000-23-42-000-2015-00244-02 (6490-2019) CP Héctor Santaella Quintero.
16
Radicación: 25000-23-42-000-2013-04137-01 (1238-2021)
Demandante: Yaneth Serrano Gelvez
Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación
65. En conclusión, el Decreto 1251 del 14 de abril de 2009, estableció un monto al
que deben ascender los ingresos que por todo concepto deben recibir los jueces del
circuito y municipales y fiscales delegados ante estos funcionarios.
3.5. Hechos probados
66. Obra dentro del plenario el certificado de información general, sin fecha26,
expedido por la jefe del Departamento de Administración de Personal (e) de la
Fiscalía General de la Nación, que evidencia que la demandante presta sus
servicios en la entidad demandada desde el «3 de junio de 1996» y como último
cargo desempeñado registra el de «fiscal delegado ante jueces espe[cializados]
dirección especializada contra el narcotráfico».
67. Ahora, según la constancia de servicios prestados del 21 de enero de 202627,
emitida por el Departamento de Administración de Personal de la Fiscalía General
de la Nación, la señora Yaneth Serrano Gelvez se vinculó inicialmente en la entidad
el 18 de junio de 1996 como auxiliar judicial. Igualmente, registra nombramientos en
encargos como fiscal delegada ante los jueces municipales [8 de julio de 1996 al 24
de febrero de 2000, y del 12 de junio de 2001 al 1 de noviembre de 2001] y del
circuito [del 04 de enero de 2001 al 28 de enero de 2001 y del 18 de diciembre de
2001 a 13 de marzo de 2004]. Se adjuntaron los respectivos reportes de nómina de
los años 2014 a 202528.
68. Se precisa que desde el 1 de junio de 2005 al 5 de septiembre de 2010 se
desempeñó como fiscal delegada ante los jueces de circuito, con un encargo como
delegado ante los jueces especializados del 5 de mayo de 2005 al 4 de agosto de
2005. Finalmente, se destaca que la demandante fue nombrada fiscal delegada ante
los jueces especializados desde el 6 de septiembre de 2010, a la fecha de
expedición de las últimas certificaciones, esto es, 21 de enero de 2026. Para efectos
explicativos puede apreciarse la siguiente tabla29:
Cargo Código Fecha inicial Fecha final
FISCAL DEL JUECES MUN Y PROMIS 407001 1996/07/08 1996/08/01
FISCAL DEL JUECES MUN Y PROMIS 407001 1996/08/06 1996/08/28
FISCAL DEL JUECES MUN Y PROMIS 407001 1996/09/09 1996/10/03
FISCAL DEL JUECES MUN Y PROMIS 407001 1996/10/07 1996/10/31
FISCAL DEL JUECES MUN Y PROMIS 407001 2000/01/03 2000/01/27
FISCAL DEL JUECES MUN Y PROMIS 407001 2000/02/02 2000/02/24
FISCAL DEL. JUECES CIRCUITO 402001 2001/01/04 2001/01/28
FISCAL DEL JUECES MUN Y PROMIS 407001 2001/06/12 2001/07/05
FISCAL DEL JUECES MUN Y PROMIS 407001 2001/10/08 2001/11/01
FISCAL DEL. JUECES CIRCUITO 402001 2001/12/18 2002/01/11
26 Expediente físico, fls.145 al 149.
27 Samai, índice 50, expediente digital, actuación «RECIBE MEMORIALES ONLINE», documento
«42_MemorialWeb_Respuesta-YANETHSERRANOGELVE(.pdf) NroActua 50».
28 Samai, índice 50, expediente digital, actuación «RECIBE MEMORIALES ONLINE».
29 La tabla se plasma en años, meses y días para guardar congruencia con el orden consignado en la
certificación.
17
Radicación: 25000-23-42-000-2013-04137-01 (1238-2021)
Demandante: Yaneth Serrano Gelvez
Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación
FISCAL DEL. JUECES CIRCUITO 402001 2002/06/18 2002/07/11
FISCAL DEL. JUECES CIRCUITO 402001 2003/03/10 ---------
FISCAL DEL. JUECES CIRCUITO 402001 2003/06/20 2003/10/31
FISCAL DEL. JUECES CIRCUITO 402001 2003/11/01 2004/03/13
FISCAL DEL. ANTE JUECES ESP. 402002 2005/05/05 2005/08/04
FISCAL DEL. JUECES CIRCUITO 402001 2005/06/01 2007/02/18
FISCAL DEL. JUECES CIRCUITO 402001 2007/02/19 2007/10/04
FISCAL DEL. JUECES CIRCUITO 402001 2007/10/05 2010/09/05
FISCAL DEL. ANTE JUECES ESP. 402002 2010/09/06 2013/12/31
FISCAL DELEGADO ANTE JUECES
396003 2014/01/01 2016/12/31
CIRCUITO ESPECIAL
FISCAL DELEGADO ANTE JUECES
396003 2017/01/01 ---------
CIRCUITO ESP
Tabla 1. Tiempos de servicio prestados.
69. Acorde con la anterior información y frente a los últimos periodos que son objeto
de estudio en la presente controversia, se allegaron los antecedentes
administrativos laborales de la señora Yaneth Serrano Gelvez, en los que obra la
Resolución núm. 2-2367 del 5 de octubre de 200730, mediante la cual se le trasladó
para ejercer el cargo de fiscal delegada ante los jueces de circuito. De otro lado,
según el acta núm. 480 del 6 de septiembre de 201031, la demandante se posesionó
como fiscal delegada ante los jueces especializados de la Unidad Nacional de
Fiscalía Antinarcóticos.
70. Asimismo, se aportó con el oficio núm. DAP-30110 del 9 de marzo de 2018, la
constancia del 7 de marzo de 201832, suscrita por el jefe del Departamento de
Administración de Personal (e) de la Fiscalía General de la Nación, en la que indica
que la señora Yaneth Serrano Gelvez se vinculó a esa entidad el 18 de junio de
1996, y a la fecha de expedición de la referida certificación, se desempeñaba como
fiscal delegada ante los jueces penales de circuitos especializados, en la Dirección
Especializada contra el Narcotráfico.
71. Asimismo, hace constar, en el anterior documento, que se reconoció por
concepto del Decreto 1251 del 14 de abril de 2009, el valor mensual para el año
2009 de $64.466; en el 2010, $64.827; en el 2011, $66.880; y en el 2012, $70.224.
Se adjuntaron reportes de nómina de los años 2010 a 2018 y una certificación33 en
la que precisa que la señora Yaneth Serrano Gelvez prestó sus servicios como fiscal
delegada ante los jueces de circuito desde el 1 de junio de 2005, y como delegada
ante los jueces especializados, desde el 6 de septiembre de 2010.
72. Asimismo, se encuentra en el expediente el certificado expedido por el tesorero
de la Seccional de Bogotá de la Fiscalía General de la Nación del 10 de diciembre
de 201234, que identifica los reportes de nómina, en los que se observa el sueldo
básico y prestaciones de la demandante en el cargo «402002», que desempeñó en
30 Expediente físico, anexo, fl. 268.
31 Expediente físico, anexo, fl. 345.
32 Expediente físico, fls. 163.
33 Expediente físico, fls. 173.
34 Expediente físico, fls.22 y 23.
18
Radicación: 25000-23-42-000-2013-04137-01 (1238-2021)
Demandante: Yaneth Serrano Gelvez
Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación
la entidad durante los años 2009 y 2010.
73. De otro lado, el jefe de sección de Talento Humano de la Regional Central de la
Fiscalía General de la Nación, mediante Oficio núm. STH-312120 del 14 de marzo
de 201835, allegó los reportes de nómina, en los que se observa el sueldo básico y
prestaciones de la demandante en el cargo «396003», que ocupó en los años 2009
y 2010.
74. Se encuentra acreditado mediante constancia del 27 de diciembre de 2010 36,
expedida por la Dirección Administrativa de la División de Asuntos Laborales de la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, los ingresos anuales percibidos por
los magistrados de las altas cortes, incluidas las cesantías, para los años 2009 y
2010.
75. Asimismo, reposan en el plenario las constancias núm. DEAJHO17-2484 del 22
de mayo de 201737 y DEAJRHO17-6156 del 27 de noviembre del mismo año38,
expedidas por la Dirección Administrativa de la División de Asuntos Laborales de la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, que dan cuenta de los ingresos
anuales percibidos por los magistrados de las altas cortes y los congresistas,
incluidas las cesantías, para los años 2009 a 2016.
76. La parte actora presentó petición el 26 de octubre de 201239 ante la Fiscalía
General de la Nación, para obtener el reconocimiento y pago de las diferencias
salariales y prestacionales según lo previsto en el Decreto 1251 de 2009, desde el
1 de enero de 2009.
77. La Fiscalía General de la Nación, mediante Oficio núm. DSAFB-12 019608 del
29 de noviembre de 201240, negó la petición presentada por la accionante, al afirmar
que la remuneración se reconoció conforme a la normativa aplicable.
78. Inconforme con la decisión, la demandante presentó recurso de apelación. En
virtud de lo anterior, la entidad, a través de la Resolución núm. 2-0845 del 5 de
marzo de 201341, confirmó el acto administrativo impugnado.
3.6. Análisis del caso concreto
3.6.1. De la base para calcular la remuneración de los fiscales delegados ante
los jueces de circuitos especializados, según los parámetros del Decreto 1251
de 2009
79. Antes de abordar el estudio del caso concreto, la Sala considera pertinente
35 Expediente físico, fls.159 a 161.
36 Expediente físico, fl.23.
37 Expediente físico, fl. 94 al 96.
38 Expediente físico, fl.100 al 102.
39 Expediente físico, fls.3 al 5.
40 Expediente físico, fls.6 y 7.
41 Expediente físico, fls.12 al 20.
19
Radicación: 25000-23-42-000-2013-04137-01 (1238-2021)
Demandante: Yaneth Serrano Gelvez
Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación
aclarar un aspecto relevante. De las pruebas allegadas al proceso se establece que
la demandante ejerció el cargo de fiscal delegada ante los jueces de circuito
especializados a partir del 6 de septiembre de 2010. En consecuencia, desde esa
fecha se ubica en el supuesto de hecho conforme al cual el ajuste salarial
corresponde al 47,9 % del 70 % de lo que, por todo concepto, devenguen los
magistrados de alta corte (art. 1 del Decreto 1251 de 2009). Esta circunstancia
resulta de significativa importancia para el adecuado análisis de los motivos de
inconformidad.
80. Ello es así porque en la sentencia de primera instancia se ordenó aplicar los
porcentajes previstos en el artículo 2 del Decreto 1251 de 2009; esto es, para el año
2009 el 43 %, y para el año 2010 y siguientes el 43.2%, calculados sobre el valor
correspondiente al 70 % de lo que, por todo concepto, percibe anualmente un
magistrado de alta corte. Lo anterior, al considerar el Tribunal que la parte actora
prestó sus servicios como fiscal delegada ante los jueces del circuito para el año
2009; no obstante, pasó por alto que, a partir del 6 de septiembre de 2010, la
demandante fue designada fiscal delegada ante los jueces de circuito
especializados, lo que implicaba la nivelación al tenor del artículo 1 del mismo
decreto, esto es, 47.9% para el año 2010.
81. Por estas razones, aunque la parte demandante no interpuso recurso de
apelación contra la sentencia de primera instancia, el Tribunal partió, para efectos
de la nivelación salarial, de un supuesto fáctico incorrecto, al considerar que la
accionante prestó sus servicios como fiscal delegada ante los jueces del circuito
ininterrumpidamente desde 2009, pese a que a partir del año 2010 se desempeñó
como delegada ante los jueces de circuito especializados.
82. En efecto, según la constancia de servicios prestados del 21 de enero de
202642, la demandante se encontraba vinculada a la Fiscalía General de la Nación
en el cargo de «fiscal delegada ante los jueces circuito» desde el 1 de junio de 2005,
y como «fiscal delegada ante los jueces especializados» a partir del 6 de septiembre
de 2010, es decir, a partir de esta última fecha no era procedente la aplicación del
artículo 2 del Decreto 1251 de 2009, sino su artículo 1.
83. Por lo tanto, como a partir del año 2010 la demandante ostenta la condición de
fiscal delegada ante los jueces de circuito especializados, no es posible equiparar
su cargo a los delegados ante los jueces de circuito, máxime cuando la
remuneración de los primeros es mayor. Lo anterior, al tenor del Decreto 1251 de
2009.
84. Por estas razones, el Tribunal al interpretar de manera errónea que la
demandante se desempeñó ininterrumpidamente como fiscal delegado ante los
jueces de circuito y, en consecuencia, adelantar su análisis a partir de la base
salarial prevista en el artículo 2 del Decreto 1251 de 2009, que es inferior a la que
42 Samai, índice 50, expediente digital, actuación «RECIBE MEMORIALES ONLINE», documento
«42_MemorialWeb_Respuesta-YANETHSERRANOGELVE(.pdf) NroActua 50».
20
Radicación: 25000-23-42-000-2013-04137-01 (1238-2021)
Demandante: Yaneth Serrano Gelvez
Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación
le corresponde a la peticionaria, termina reconociendo una nivelación salarial por
debajo de la legalmente prevista en favor de esta, lo que puede significar el
desconocimiento de los derechos adquiridos y los mínimos irrenunciables.
85. Ahora bien, no se pasa por alto que la controversia se adelanta en segunda
instancia porque solo la entidad demandada apeló y que la anterior precisión, sobre
la base salarial respecto de la cual resulta pertinente analizar la procedencia de la
reliquidación pretendida, sería contraria a los intereses del apelante único, es decir,
a la prohibición de la non reformatio in pejus.
86. No obstante, aplicar de manera irrestricta el anterior principio, conllevaría a
efectuar el análisis de la reliquidación salarial y prestacional por debajo de los
mínimos irrenunciables, esto es, avalar bajo la primacía de una garantía procesal
que el estudio de legalidad propuesto debe aceptar que la peticionaria, según el
fallo apelado, se le debe remunerar a partir de una base menor a la que por ley le
corresponde, teniendo en cuenta que la directa afectada no controvirtió tal
determinación.
87. Esta Corporación43 ha considerado que la non reformatio in pejus no es un
derecho fundamental absoluto o ilimitado, postura que ha sido avalada por la
jurisprudencia de la Corte Constitucional al indicar que «al juez de segunda instancia
le está prohibido pronunciarse sobre las situaciones que no hayan sido planteadas
en el recurso, salvo contadas excepciones»44, entre las cuales se encuentra que la
modificación sea necesaria para abordar aspectos íntimamente relacionados con la
situación del apelante (inciso 4.º del artículo 328 del CGP45), en este caso, la base
mínima, a partir de la cual debe calcular la remuneración de los fiscales delegados
ante los jueces especializados.
88. Como se explicó de manera precedente, la equiparación que hizo el Tribunal
entre las funciones de la demandante y las de un juez de circuito constituye el
aspecto central de la controversia, alrededor de la cual las partes discuten si se ha
respetado o no el ordenamiento jurídico, de manera tal que las precisiones que se
efectúen sobre lo dispuesto por este frente al caso concreto, resultan imperativas
para la resolución del debate planteado.
89. En todo caso, los porcentajes aplicables no son materia de debate, según lo
expuesto en la contestación de la demanda y el recurso de apelación, ya que la
Fiscalía aceptó que ha liquidado la prestación conforme lo prevé el Decreto 1251 de
2009, esto es, que la remuneración debía calcularse con base en el respectivo
porcentaje aplicado sobre el 70 % de lo devengado por un magistrado de alta corte.
43 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 10 de febrero de 2016, expediente
2000-757-01 (35264), M.P. Marta Nubia Velásquez Rico. Reiterado por la Sección Segunda, Subsección B, en
sentencia del 13 de febrero de 2025, dentro del exp. 25000-23- 76001-23-33-000-2019-00968-01 (2919-2023),
M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
44 Sentencia T-455 de 2016 de la Corte Constitucional.
45 «El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la
modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella».
21
Radicación: 25000-23-42-000-2013-04137-01 (1238-2021)
Demandante: Yaneth Serrano Gelvez
Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación
90. De esta manera, el problema jurídico se circunscribe a la incidencia de las
cesantías de los congresistas en la liquidación de la prima especial de servicios para
los magistrados de altas cortes, que a su vez repercute en la base para calcular la
nivelación salarial de los fiscales delegados (entre otros cargos), y no a los
porcentajes que determinan la equivalencia remuneratoria de que trata el Decreto
1251 de 2009.
91. Con fundamento en los argumentos expuestos, corresponde delimitar el estudio
tomando como referencia el cargo de fiscal delegado ante los jueces de circuito,
hasta el 5 de septiembre de 2010, y luego, como delegado ante los jueces de
circuitos especializados, a partir del 6 de septiembre de 2010. Esta conclusión se
ajusta a la realidad procesal aplicable al caso en concreto y a los derechos mínimos
e irrenunciables de los trabajadores, como se explicó en apartados anteriores.
92. Similares consideraciones recientemente se efectuaron en la providencia del 19
de febrero de 202646 de esta Subsección, en una controversia relativa a la nivelación
salarial del Decreto 1251 de 2009, en la que el juez de primera instancia de manera
incorrecta consideró que a los procuradores judiciales ante los jueces
administrativos, debía aplicárseles el porcentaje de nivelación correspondiente a los
jueces municipales, y bajo dicha apreciación accedió a lo pretendido, decisión que
no fue apelada por la parte demandante.
93. En dicha ocasión, la Sala precisó que los jueces administrativos tienen la
categoría de jueces de circuito, por lo tanto, no podía abordarse el asunto a partir
de una base salarial inferior a la que corresponde a la realidad de la demandante,
pese a que esta no apeló el fallo de primera instancia, so pena de desconocer las
garantías mínimas irrenunciables, en dicho caso que, por mandato legal y
constitucional, los procuradores tendrán la misma remuneración, derechos y
prestaciones de los magistrados y jueces ante quienes ejerzan el cargo (art. 280
superior).
3.6.2. Del derecho a la nivelación salarial del Decreto 1251 de 2009
94. La demandante solicitó la nulidad de los actos administrativos que le negaron el
reconocimiento y pago de los reajustes salariales y prestacionales según lo previsto
en la Ley 4 de 1992 y el Decreto 1251 de 2009, es decir, para el año 2009 el 43%
[como fiscal delegada ante los jueces de circuito] y para los años 2010 y siguientes
el 47.9% [como fiscal delegada ante los jueces de circuitos especializados], del valor
correspondiente al 70% de lo que por todo concepto percibe anualmente un
magistrado de alta corte.
95.El Tribunal Administrativo de Cundinamarca accedió a las pretensiones de la
demanda al considerar que la señora Yaneth Serrano Gelvez ejerció el cargo de
46 Dentro del procesoRad. 25000-23-42-000-2013-00243-02 (0363-2020), M.P. Elizabeth Becerra Cornejo.
22
Radicación: 25000-23-42-000-2013-04137-01 (1238-2021)
Demandante: Yaneth Serrano Gelvez
Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación
«fiscal delegada ante los jueces del circuito», desde «el 4 de enero de 2001»47. Por
lo cual era destinataria del reajuste ordenado en el artículo «2.°» del Decreto 1251
de 2009, que consagró que para la vigencia de 2009, la remuneración que perciba
será igual al «43 %», y a partir del año 2010 al «43.2%», del valor correspondiente
al 70% de lo que por todo concepto perciba anualmente un magistrado de altas
cortes.
96. Inconforme con esta decisión, la entidad demandada interpuso recurso de
apelación al sostener que las cesantías tienen como finalidad cubrir el riesgo de
falta de ingresos cuando el empleado queda cesante y no se reciben por la labor
desempeñada por el trabajador, razón por la cual ni las cesantías ni ninguna otra
prestación social se considera percibida como remuneración mensual y el Gobierno
nacional no las ha decretado para liquidar salarios.
97. Ahora bien, para resolver el problema jurídico se acreditó que la parte actora
prestó sus servicios en la entidad demandada desde el 18 de junio de 1996. En
relación con los cargos relevantes para esta controversia, se constató que: (a) se
desempeñó como fiscal delegada ante jueces de circuito «402001», del 5 de octubre
de 2007 al 5 de septiembre de 2010; (b) luego, como fiscal delegada ante los jueces
de circuitos especializados «402002», del 6 de septiembre de 2010 al 31 de
diciembre de 2013; y (c) finalmente, como fiscal delegada ante los mismos jueces
«396003», desde el 1.º de enero de 2014 hasta el 21 de enero de 2026, fecha de la
última certificación obrante en el expediente.
98. Igualmente, según la certificación de nómina y la fecha en que ingresó a prestar
sus servicios en la demandada, a la actora le es aplicable el régimen salarial y
prestacional establecido para los servidores públicos de la Fiscalía General de la
Nación, vinculados con posterioridad al Decreto 53 de 199348.
99. Al descender al caso bajo estudio, se advierte que en virtud de lo señalado en
los artículos 1 y 2 del Decreto 1251 del 14 de abril de 2009, para los funcionarios
allí señalados, entre los que se encuentran los fiscales delegados ante los jueces
penales del circuito especializado y de circuito, le asiste el derecho a recibir una
remuneración del 47.7 y 43% del valor del 70% respectivamente, que por todo
concepto reciba un magistrado de alta corte; porcentaje que se incrementa al 47.9%
y 43.2%, según el cargo, desde el 2010 y en adelante.
100. En ese orden de ideas, queda claro que la señora Yaneth Serrano Gelvez se
encuentra en los supuestos consignados en la norma en cita, al acreditarse que
desde el 5 de octubre de 2007 al 5 de septiembre de 2010 desempeñó
47 Las comillas se plasman dado que en la sentencia de primera instancia se registró como fecha a partir de la
cual la demandante se vinculó como fiscal delegada ante los jueces del circuito, desde el 4 de enero de 2001.
Sin embargo, según la constancia de servicios prestados del 21 de enero de 2026, se advierte que aquella se
vinculó como fiscal delegada ante los jueces de circuito, por primera vez, entre el 4 de enero de 2001 hasta el
28 de enero de 2001. Luego, fue vinculada ininterrumpidamente como delegada ante los jueces de circuito,
desde el 1 de junio de 2005 al 5 de septiembre de 2010, posteriormente, como delegada ante los jueces
especializados desde el 6 de septiembre de 2010.
48 Expediente físico, fls.145 al 149.
23
Radicación: 25000-23-42-000-2013-04137-01 (1238-2021)
Demandante: Yaneth Serrano Gelvez
Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación
ininterrumpidamente el cargo de fiscal delegada ante los jueces de circuito, y desde
el 6 de septiembre de 2010 en adelante ante los jueces de circuitos especializados.
101. Por lo anterior, la demandada se encontraba en la obligación de pagar, teniendo
en cuenta los cargos que desempeñó la parte actora, por todo concepto laboral y
prestacional, los valores equivalentes que fueron señalados en el Decreto 1251 de
2009, para los años 2009 y siguientes.
102. Conforme a lo expuesto, la remuneración de un fiscal delegado ante los jueces
penales de circuito y especializados —cargos que ocupó la parte demandante—
dependía directamente de lo percibido por un magistrado de alta corte, incluyendo
la debida liquidación de la prima especial de servicios, que a su vez debe considerar,
entre otras prestaciones, las cesantías percibidas por los congresistas.
103. En lo referente a la forma en que se liquidó el salario de la demandante, durante
el periodo en el que se desempeñó en el cargo de fiscal delegada, se destaca que
la entidad demandada en el trámite administrativo [Resolución núm. 2-0845 del 5
de marzo de 2013] y judicial [contestación de la demanda y recurso de apelación],
no acreditó que en dicho cálculo se tuvieran en cuenta las diferencias que pueden
existir entre las cesantías percibidas por los magistrados de alta corte y los
congresistas, a propósito del monto de la prima especial de servicios de los
primeros, en la medida que argumentó que (a) no tenía la competencia para definir
el régimen salarial de estos altos funcionarios, y además, (b) porque considera que
las cesantías no deben tenerse en cuenta para liquidar dicha prima.
104. En efecto, en el acto administrativo demandado, Resolución núm. 2-0845 del 5
de marzo de 201349, indicó que en los siguientes términos realizó la liquidación
salarial:
Así mismo, es preciso manifestarle a la recurrente que no es competencia de la
Fiscalía General de la Nación entrar a determinar o a cuestionar la liquidación de la
prima especial de servicios a que tienen derecho los Magistrados de Altas Cortes
en virtud del artículo 15 de la ley 4 de 1992 y Decreto 10 de 1993.
Es decir, no corresponde a la Fiscalía General de la Nación ni a esta instancia
administrativa, definir la remuneración de los Magistrados de Altas cortes, en este
sentido de incluir dentro de la prima especial de servicios a la que tienen derecho,
el auxilio de cesantías que perciben los miembros del Congreso de la República,
pues tal facultad corresponde de manera exclusiva a la Rama Judicial.
(…)
Debe mencionarse que esta instancia comparte los argumentos expuestos en la
respuesta dada por el H. Consejo de Estado al Ministerio del Interior y Justicia el 16
de mayo de 2011, en cuanto precisa que los ingresos para los congresistas están
señalados taxativamente en el Decreto 801 de 1992, y los elementos que integran
la base para liquidar la prima especial de servicios de los magistrados de altas
cortes, son de aplicación restrictiva, sin que puedan incluirse aspectos diferentes a
49 Expediente físico, fls.12 al 20.
24
Radicación: 25000-23-42-000-2013-04137-01 (1238-2021)
Demandante: Yaneth Serrano Gelvez
Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación
los que el legislador contempló expresamente para su reconocimiento y pago, por
ejemplo el auxilio de cesantía.
105. Aunque ciertamente las diferencias que puedan existir entre los ingresos de los
congresistas y los magistrados de las altas cortes constituyen circunstancias en las
que no tiene injerencia la Fiscalía General de la Nación, no puede la entidad
demandada desconocer que de la debida liquidación de las prestaciones de los
segundos, como la prima especial de servicios, dependerá el cálculo de la
remuneración de sus fiscales delegados en los porcentajes previstos en el Decreto
1251 de 2009.
106. Dicha relación de dependencia, invocada en la demanda y destacada por el juez
de primera instancia, conlleva que los errores en la liquidación de las prestaciones
de los magistrados de las altas cortes puedan tener impacto en la nivelación salarial
de los fiscales delegados, por lo que no es ajeno a estos la discusión atinente a si
las cesantías de los congresistas deben tenerse en cuenta para calcular el monto
de la prima especial de servicios de que trata el artículo 15 de la Ley 4 de 1992, que
pretende igualar lo percibido entre los mencionados magistrados y los
parlamentarios.
107. Ahora bien, en cuanto al argumento consistente en que las cesantías de los
congresistas no deben considerarse para liquidar la prima especial de servicios,
esta corporación ha precisado, en los siguientes términos, que dicha afirmación es
incorrecta, comoquiera que el artículo 15 de la Ley 4 de 1992 en su pretensión de
igualar lo percibido por los magistrados de altas cortes y los parlamentarios, hace
alusión a todo lo devengado por estos últimos, por lo que no es de recibo excluir las
cesantías como parte de las prestaciones que perciben:
Las cesantías percibidas por los miembros del Congreso de la República han sido
consideradas ingresos laborales anuales permanentes por la jurisprudencia del
Consejo de Estado en ocasiones anteriores, lo que tiene plena razón de ser pues se
trata de una erogación que realiza el empleador anualmente a favor de su trabajador y
que se causa por cada día de trabajo del empleado.
De allí que esta corporación haya concluido que el auxilio de cesantías debe ser tenido
en cuenta para realizar la liquidación de la prima especial de servicios de los
funcionarios mencionados en el artículo 15 de la Ley 4ª de 1992, quienes tienen
derecho a percibir una suma equivalente a lo que por todo concepto devengan los
congresistas.
[…]
En consecuencia, se concluye que únicamente teniendo en cuenta los pagos que el
Estado debe realizar a los Congresistas por concepto de cesantías puede calcularse la
diferencia total entre lo que ellos perciben y la asignación de los Magistrados de las
Altas Cortes para, así, determinar el valor de la prima especial de servicio a la que
tienen derecho estos últimos.50
50 Consejo de Estado, Sala de Conjueces, Sección Segunda, sentencia del 18 de mayo de 2016, proceso
250002325000201000246-02, (0845).
25
Radicación: 25000-23-42-000-2013-04137-01 (1238-2021)
Demandante: Yaneth Serrano Gelvez
Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación
108. Las razones que anteceden resultan suficientes para desvirtuar las
circunstancias que invocó la entidad demandada para indicar que le es ajena la
discusión existente sobre la debida liquidación de las prestaciones de los
magistrados de altas cortes en la nivelación salarial de sus fiscales delegados, o
para considerar, en caso contrario, que las cesantías de los congresistas no deben
tenerse en cuenta para determinar el monto de la prima del artículo 15 de la Ley 4
de 1992.
109. Precisamente, dada la importancia de tener en cuenta la debida liquidación de
las prestaciones de los magistrados de altas cortes en la nivelación salarial de que
trata el Decreto 1251 de 2009, en el presente trámite se aportó documentación
relacionada con los ingresos de los magistrados de altas cortes y los congresistas,
a partir de la cual se evidencia que durante los años 2009 a 2013 —en los que la
demandante se desempeñó como fiscal delegado—, que los primeros percibieron
una remuneración inferior a los segundos, circunstancia, que se insiste, puede tener
impacto en la nivelación salarial de los destinatarios del Decreto 1251. Sobre el
particular, de la constancia núm. DEAJRHO17-6156 del 27 de noviembre de 201751
de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial se evidencia lo siguiente:
Año 2009 Año 2009
Magistrados alta corporación Congresista
Asignación básica anual $36.554.292,00 Sueldo básico $61.063.752,00
Gastos de representación anual $64.985.424,00 Gastos de representación $108.557.820,00
Prima especial $174.114.756,00 Prima de localización y vivienda $65.963.988,00
Prima de navidad $8.461.643,00 Prima de salud $16.962.096,00
Total ingresos anuales $284.116.115,00
Prima de servicios $10.522.819,00
Cesantías $9.166.780,00
Prima de navidad $21.045.838,00
Intereses de cesantías (12% anual) $1.100.014,00
Total ingresos anuales $284.116.113,00
Total anual incluida cesantías $294.382.909,00
Cesantías $23.676.343,00
Intereses cesantías (12% anual) $2.841.161,00
Total anual incluidas cesantías $310.633.617,00
Tabla 2. Certificación salarial magistrados alta corte y congresistas 2009
Año 2010 Año 2010
Magistrados alta corporación Congresista
Asignación básica anual $37.285.392,00 Sueldo básico $62.285.028,00
Gastos de representación anual $66.285.120,00 Gastos de representación $110.728.980,00
Prima especial $177.597.048,00 Prima de localización y vivienda $67.283.268,00
Prima de navidad $8.630.876,00 Prima de salud $17.301.336,00
Total ingresos anuales $289.798.436,00
Prima de servicios $10.733.276,00
70% del total de los ingresos $202.858.905,00
Prima de navidad $21.466.551,00
Cesantías $9.350.116,00
Intereses de cesantías (12% anual) $1.122.014,00 Total ingresos anuales $289.798.439,00
Total anual incluida cesantías $300.270.566,00 Cesantías $24.149.870,00
Intereses cesantías (12% anual) $2.897.984,00
Total anual incluidas cesantías $316.846.293,00
Tabla 3. Certificación salarial magistrados alta corte y congresistas 2010
51 Expediente físico, fl.100 al 102.
26
Radicación: 25000-23-42-000-2013-04137-01 (1238-2021)
Demandante: Yaneth Serrano Gelvez
Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación
Año 2011 Año 2011
Magistrados alta corporación Congresista
Asignación básica anual $38.467.344,00 Sueldo básico $64.259.472
Gastos de representación anual $68.386.356,00
Gastos de representación $114.239.088
Prima especial $183.226.860,00
Prima de localización y vivienda $69.416.136
Prima de navidad $8.904.475,00
Total ingresos anuales $298.985.035,00 Prima de salud $17.849.784
Cesantías $9.646.515,00 Prima de servicios $11.073.520
Intereses de cesantías (12% anual) $1.157.582,00 Prima de navidad $22.147.040
Total anual incluida cesantías $309.789.132,00
Total ingresos anuales $298.985.040
Cesantías $24.915.420
Intereses cesantías (12% anual) $2.989.850
Total anual incluidas cesantías $326.890.310
Tabla 4. Certificación salarial magistrados alta corte y congresistas 2011
Año 2012 Año 2012
Magistrados alta corporación Congresista
Asignación básica anual $40.390.716,00 Sueldo básico $67.472.436
Gastos de representación $119.951.040
Gastos de representación anual $71.805.672,00
Prima de localización y vivienda $72.886.956
Prima especial $192.388.200,00
Prima de navidad $9.349.699,00 Prima de salud $18.742.272
Total ingresos anuales $313.934.287,00 Prima de servicios $11.627.196
Cesantías $10.128.841,00 Prima de navidad $23.254.392
Intereses de cesantías (12% anual) $1.215.461,00 Total ingresos anuales $313.934.292
Total anual incluida cesantías $325.278.589,00 Cesantías $26.161.191
Intereses cesantías (12% anual) $3.139.343
Total anual incluidas cesantías 343.234.826
Tabla 5. Certificación salarial magistrados alta corte y congresistas 2012
Año 2013 Año 2013
Magistrados alta corporación Congresista
Asignación básica anual $41.780.148,00 Sueldo básico $69.793.488
Gastos de representación anual $74.275.800,00 Gastos de representación $124.077.360
Prima especial $199.006.440,00 Prima especial de servicios $94.781.340
Prima de navidad $9.671.329,00 Prima de servicios $12.021.172
Total ingresos anuales $324.733.717,00 Prima de navidad $24.054.349
Cesantías $10.477.273,00 Total ingresos anuales $324.727.709
Cesantías $27.060.642
Intereses de cesantías (12% anual) $1.257.273,00
Intereses cesantías (12% anual) $1.577.380
Total anual incluida cesantías $336.468.263,00
Total anual incluidas cesantías $353.365.731
Tabla 6. Certificación salarial magistrados alta corte 2013
110. La anterior línea argumentativa es coherente con la postura adoptada por esta
corporación, que en un caso análogo advirtió la existencia de la diferencia salarial
en virtud de la aplicación del Decreto 1251 de 2009. En los siguientes términos se
dejó señalado52:
52 Consejo de Estado, Sala de Conjueces, Sección Segunda, sentencia del 6 de agosto de 2024, proceso 15001
23 33 000 2014 00485 02 (4670-2019) C.P. Clara Elisa Cifuentes Ortiz.
27
Radicación: 25000-23-42-000-2013-04137-01 (1238-2021)
Demandante: Yaneth Serrano Gelvez
Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación
Conforme a lo anterior, para la Sala no hay duda que existe diferencia entre lo percibido
por la parte actora y lo que debió percibir si el ingreso de los magistrados de Altas
Cortes se hubiere liquidado correctamente, esto es, teniendo en cuenta las cesantías
como ingresos laborales anuales permanentes para efectos de liquidar la prima
especial de servicios.
En consecuencia, el demandante FREDY ALFONSO JAIMES PLATA tiene derecho al
reconocimiento, reliquidación y pago de sus ingresos mensuales totales, incluido el
auxilio de las cesantías, es decir, para el año 2009 el 43% como juez de circuito y para
los años 2010 y siguientes el 43.2% del valor correspondiente al 70% de lo que por
todo concepto percibe anualmente un magistrado de Alta Corte. Y por todo concepto
hay que entender también el auxilio de las cesantías, el cual hace parte de la liquidación
de la prima especial de servicios.
111. Tal conclusión se sustenta en que (a) los artículos 15 de la Ley 4 de 1992, 1 y
2 del Decreto 10 de 1993, establecen que la base salarial de los magistrados de
altas cortes debe equipararse a la de los miembros del Congreso [entendiéndose
que los ingresos laborales totales anuales percibidos por estos últimos son los de
carácter permanente]; (b) por estas razones el auxilio de cesantías debe ser tenido
en cuenta para realizar la liquidación de la prima especial de servicios de los
funcionarios mencionados en el artículo 15 de la Ley 4 de 1992; y a su vez, (c) el
Decreto 1251 de 2009 señala que la remuneración de los fiscales delegados
depende de lo devengado por los magistrados de las altas corporaciones.
112. En virtud de lo expuesto, se advierte que desde el año 2009 y durante el período
en que la demandante prestó sus servicios como fiscal delegada, su remuneración
se encuentra vinculada a lo devengado por los magistrados de alta corte. Asimismo,
el referente para determinar los ingresos laborales totales anuales de estos altos
funcionarios está constituido por lo percibido por los congresistas. Por
consiguiente, para efectos de la liquidación salarial pretendida por la demandante,
sí tienen incidencia los valores reconocidos a los parlamentarios.
113. A la anterior conclusión llegó el fallo de primera instancia, por lo que accedió al
reconocimiento de la diferencia correspondiente en la nivelación salarial pretendida,
a pesar de que haya errado al precisar los porcentajes del Decreto 1251 de 2009
aplicables a la peticionaria, como se explicó en el numeral 3.6.1 de este proveído.
114. No obstante, al revisar el fallo de primera instancia, se evidencia que el Tribunal
llegó a la conclusión de la procedencia de la nivelación salarial a partir de
consideraciones generales sobre la diferencia en la liquidación de los magistrados
de alta corte y los congresistas, sin que ilustrara cuantitativamente si esa situación
significó que la accionante en cada una de la vigencias en las que se desempeñó
como fiscal delegada, recibió más o menos de lo que debió percibir a partir de la
debida aplicación del Decreto 1251 de 2009.
115. Por la anterior circunstancia, se estima pertinente realizar dicho análisis, en
especial porque la Fiscalía en su escrito de apelación manifestó que la nivelación
no es procedente, al menos desde el año 2013, porque a partir del reconocimiento
28
Radicación: 25000-23-42-000-2013-04137-01 (1238-2021)
Demandante: Yaneth Serrano Gelvez
Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación
de la bonificación judicial de que trata el Decreto 382 de 2013, los fiscales delegados
perciben remuneraciones que superan los porcentajes previstos en el Decreto 1251
de 2009.
116. Para tal efecto, en los siguientes cuadros comparativos pueden apreciarse las
siguientes circunstancias respecto de las anualidades 2009 a 2016, haciendo
énfasis en los años 2013 a 2016, toda vez que en el recurso de apelación se
argumentó que a partir del 2013 la accionante percibió una remuneración en un
valor superior:
a) Lo devengado anualmente por un magistrado de alta corte y un congresista,
sin incluir intereses a las cesantías. Lo anterior, por cuanto dichos intereses
no fueron acreditados en los certificados salariales de la demandante y,
además, su valor puede variar según distintos factores, como el tipo de fondo
y el momento del pago.
b) El 70 % de los anteriores rubros.
c) La aplicación del 43% (año 2009), 43,2% (año 2010 en adelante) y 47.9 %
(año 2010 en adelante) del 70 % de la remuneración de los magistrados de
altas cortes, que corresponde al porcentaje aplicable a los fiscales delegados
ante jueces de circuito y circuito especializado, dependiendo del año y el
cargo desempeñado en cada uno de estos.
d) La aplicación del 43%, 43,2% y 47.9 % del 70 % de la remuneración de los
congresistas, que corresponde al monto que debió haber tenido en cuenta la
entidad accionada, en atención a las diferencias que existen entre los
parlamentarios y los magistrados de alta corte, que afecta a estos y a los
demás funcionarios judiciales, como se explicó línea atrás.
e) Finalmente, lo devengado en cada año por la demandante. Sobre el
particular, debe considerarse que la Fiscalía certificó53 lo percibido por la
peticionaria, con excepción de las cesantías. Frente a esta situación, se
consideró pertinente para los años 2009 a 2013, sumar a lo certificado por la
Fiscalía, lo correspondiente a «un mes de sueldo o jornal por cada año de
servicio»54, que correspondería a las cesantías, a efectos de tener una cifra
aproximada a la realidad, frente a las anualidades en las que lo percibido por
la demandante se acerca a lo que debió devengar.
Remuneración
anual
70%
magistrado de Remuneración 70%
remuneración 43% del 70% 43% del 70% Remuneración
alta corte anual remuneración
magistrado de de la de la demandante
(sin incluir Congresistas congresistas
alta corte remuneración remuneración
intereses
magistrados congresistas
cesantías)
de altas cortes
90.362.095 +
2009 293.282.895 307.792.456 205.298.026 215.454.719 88.278.151 92.645.529 5.154.092
53 Para el año 2013, la demandante devengó los siguientes emolumentos: «SUELDO, GTOS
REPRESENTACIÓN, PRIMA NAVIDAD, PRIMA SERVICIO, BONIFICAC. SERVICIO, BONIF. ACTIVIDAD
JUDI, DECRETO 1251, BONIFICACIÓN JUDICIA[l]» sic para la cita. Ver Samai, índice 50, expediente digital,
actuación «RECIBE MEMORIALES ONLINE», documento «32_MemorialWeb_Respuesta-
603356692013A20(.pdf) NroActua 50».
54 Ley 6 de 1945, artículo 17; Decreto 1045 de 1978, artículo 40 y Ley 344 de 1996, el artículo 13.
29
Radicación: 25000-23-42-000-2013-04137-01 (1238-2021)
Demandante: Yaneth Serrano Gelvez
Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación
(cesantías) =
95.516.187
Tabla 7. Aplicación de los porcentajes establecidos en el Decreto 1251 de 2009, para el año 2009.
117. Nótese que según la anterior información, deviene con claridad que no es
procedente la nivelación pretendida en esta anualidad [2009], pues la accionante
percibió una suma mayor a la que se desprende de la aplicación del Decreto 1251
de 2009, inclusive, teniendo en cuenta lo percibido por los congresistas. Vale la
pena destacar, que los datos de lo percibido por la peticionaria, sin incluir las
cesantías, se extraen tanto de los anexos de la demanda como de lo certificado por
la accionada, que son coincidentes.
Remuneración
anual
70%
magistrado de Remuneración 70%
remuneración 43.2% del 43.2% del Remuneración
alta corte anual remuneración
magistrado de 70% de la 70% de la demandante
(sin incluir Congresistas congresistas
alta corte remuneración remuneración
intereses
magistrados congresistas
cesantías)
de altas cortes
$83.887.404 +
$5.886.390 =
2010 299.148.552 313.948.309 209.403.986 219.763.816 $90.462.521 $94.937.968 $89.733.794
Tabla 8. Aplicación de los porcentajes establecidos en el Decreto 1251 de 2009, para el año 2010.
118. Como se resaltó en líneas atrás, en el año 2010 se presentó una novedad el 6
de septiembre, cuando la demandante pasó de ejercer de fiscal delegada ante
jueces de circuito a fiscal delegada ante jueces especializados. Sin embargo, dado
que durante ese año el cargo que más tiempo desempeñó fue el primero, para
simplificar el análisis – sin perjuicio de los cálculos que deban realizarse al momento
de dar cumplimiento a la sentencia– la Sala tomará como base el porcentaje
correspondiente a la primera de las delegaturas (ante juez de circuito – 43,2 %).
119. Se observa que aun teniendo en cuenta para el respectivo cálculo el porcentaje
inferior de nivelación entre los mencionados cargos55, es decir, el del delegado ante
jueces del circuito (43.2%), y el hecho de que en el 2010 la accionante percibió
desde septiembre una remuneración de un empleo superior, lo devengado tampoco
alcanza el porcentaje de nivelación (43,2%), lo que denota que en esa anualidad
esta es procedente.
120. Continuando con las siguientes anualidades se observa:
Remuneración Remuneración
anual demandante
Remuneración 70%
magistrado de 70% incluyendo
anual remuneración 47,9% del 47,9% del
alta corte remuneración bonificación
magistrado de 70% de la 70% de la
(sin incluir Congresistas56 congresistas Decreto 382 de
alta corte remuneración remuneración
intereses 2013 a partir
magistrados congresistas
cesantías) de 2013
de altas cortes
55 Se recuerda que para el año 2010, frente a los fiscales delegados ante jueces de circuito, el porcentaje es
del 43,2%; mientras que para los delegados antes jueces de circuito especializado es del 47,9%.
56 Para calcular la remuneración de los congresistas y magistrados, se tuvo en cuenta el total de los ingresos
anuales, incluida la cesantía; es decir, no se incluyeron los intereses de esta.
30
Radicación: 25000-23-42-000-2013-04137-01 (1238-2021)
Demandante: Yaneth Serrano Gelvez
Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación
$100.614.310 +
$6.072.990 =
2011 $308.631.550 $323.900.460 $216.042.085 $226.730.322 $103.484.158 $108.608.135 $106.687.300
$105,645,026
+6.376.640 =
2012 $323.523.128 $340.095.485 $226.466.189 $238.066.839 $108.477.304 $114.034.015 $112.021.666
$112,363,416 +
6.595.996 =
2013 $335.210.990 $351.788.351 $234.647.693 $ 246.251.845 $112.396.244 $117.954.633 $118.959.412
2014 $345.066.173 $362.137.610 $241.546.321 $253.496.327 $115.700.687 $121.424.740 $126,641,466
2015 $361.146.258 $379.013.236 $252.802.380 $265.309.265 $121.092.340 $127.083.139 $142,494,804
2016 $389.207.335 $408.462.561 $272.445.134 $285.923.792 $130.501.219 $136.957.496 $160,095,755
Tabla 8. Aplicación de los porcentajes del Decreto 1251 de 2009, para el año 2011 a 2016, con incidencia de
la bonificación judicial.
121. La primera conclusión que se desprende del anterior gráfico es que desde el
año 2013 en adelante la demandante percibió una remuneración superior a la
aplicación del porcentaje del Decreto 1251 de 2009 que le es aplicable, inclusive,
considerando los ingresos de los congresistas, que por las particularidades del caso
concreto es la base a tener en cuenta.
122. Esto quiere decir que desde el año 2013 la nivelación pretendida no es
procedente, lo que puede obedecer, según lo indica la entidad demandada, a que
sus fiscales delegados desde dicha anualidad perciben la bonificación judicial.
123. Por el contrario, durante las anualidades 2010 a 2012, se evidencia que la
nivelación salarial pretendida por el Decreto 1251 de 2009 no se materializó, pues
la accionante devengó una remuneración menor a la que correspondía, por lo que
es procedente confirmar el fallo de primera instancia, pero solo respecto de los
mencionados años.
124. Asimismo, se modificará el fallo de primera instancia a fin de advertir que lo
reconocido con ocasión del proceso de la referencia, será procedente siempre que
las sumas respectivas no se hayan pagado por la entidad previamente, por lo que
la entidad accionada deberá efectuar la verificación correspondiente.
125. En consecuencia, a partir del análisis que antecede, en el que se constata que
desde el año 2013 no es procedente la nivelación pretendida, no es necesario
ahondar en los argumentos relativos al presunto desconocimiento de los topes
salariales que desarrolló la entidad accionada en el escrito de apelación, en atención
a que todos ellos fueron construidos frente a un eventual escenario en el que se
confirmara la nivelación con posterioridad al Decreto 382 de 2013, situación que no
se presenta en esta oportunidad.
126. Asimismo, por sustracción de materia, carece de objeto el argumento de la
apelación relativo a la imposibilidad de aplicar simultáneamente los decretos 1251
de 2009 y 382 de 2013, pues, como ya se reiteró, a partir de 2013, según los
31
Radicación: 25000-23-42-000-2013-04137-01 (1238-2021)
Demandante: Yaneth Serrano Gelvez
Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación
cálculos realizados en la presente decisión, no procede la nivelación pretendida.
127. Con todo, vale la pena destacar que la presente controversia se circunscribe a
la nivelación salarial de que trata el Decreto 1251 de 2009, más no al debido o no
reconocimiento de otras acreencias que permitieron que la demandante percibiera
en las anualidades 2009, o desde el año 2013 en adelante, sumas que exceden los
porcentajes previstos en el decreto antes señalado.
128. Finalmente, debido a que a la nivelación pretendida solo es procedente durante
los años 2010, 2011 y 2012, tampoco hay lugar a declarar la configuración de la
prescripción, comoquiera que la petición respectiva se presentó el 26 de octubre de
2012, por lo que entre el instante en el que surgió el derecho a reclamar la nivelación
y la presentación de la solicitud no transcurrieron más de 3 de años; además, la
demanda se presentó 12 de julio de 2013.
129. En ese orden de ideas, también se modificará el fallo de primera instancia en
cuanto declaró la configuración de la prescripción de las acreencias causadas con
anterioridad al 26 de octubre de 2009.
3.7. Conclusión
130. Por los argumentos expuestos, la parte actora tiene derecho al reconocimiento
y pago de las diferencias salariales y prestacionales, que deben liquidarse de
acuerdo con los artículos 1 y 2 del Decreto 1251 de 2009, esto es: para el año 2010
y siguientes, el 43.2% y el 47.9% —dependiendo del cargo desempeñado en esta
última anualidad—, del valor correspondiente al 70% de lo que, por todo concepto,
percibe anualmente un magistrado de alta corte. Esta nivelación, de acuerdo con lo
ilustrado en la presente decisión, lo dispuesto en la Ley 4 de 1992 y la jurisprudencia
de esta corporación, implica que los ingresos laborales de estos altos funcionarios
deben corresponder a los ingresos totales anuales permanentes de los
congresistas.
131. Esto conlleva que para el año 2010, debe tenerse en cuenta el 43,2 % hasta el
5 de septiembre de 2010, último día en que ejerció como delegada ante jueces de
circuito; y el 47,9 % desde el 6 de septiembre de 2010, cuando fue vinculada como
delegada ante jueces especializados. Tales porcentajes deben aplicarse sobre el
70 % del valor que, por todo concepto, perciba anualmente un magistrado de alta
corte, el cual debe corresponder a los ingresos totales anuales permanentes de los
congresistas.
132. Del ordinales tercero y cuarto de la parte resolutiva del fallo impugnado se
modificarán los extremos temporales del reconocimiento efectuado, es decir, desde
el 1 de enero de 2010 hasta el 31 de diciembre de 2012, debido a que solo hasta
esta fecha se evidencian diferencias a favor de la peticionaria.
133. Igualmente, se estima pertinente adicionar la advertencia consistente en que lo
reconocido con ocasión del proceso de la referencia, será procedente siempre que
32
Radicación: 25000-23-42-000-2013-04137-01 (1238-2021)
Demandante: Yaneth Serrano Gelvez
Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación
no se haya pagado por la entidad previamente.
134. Finalmente, se corregirá la parte resolutiva, toda vez que en ella se dispuso que
la liquidación debía incluir las «primas de localización y vivienda, prima de salud».
Sin embargo, tales emolumentos dejaron de ser percibidos por los congresistas
como consecuencia de la declaratoria de nulidad del artículo 4 del Decreto 801 de
1992 por parte de esta corporación57. En su lugar, fueron sustituidos por la prima
especial de servicios creada mediante el Decreto 2170 de 2013, norma que, a su
vez, fue derogada por el Decreto 30 de 2026, que tiene efectos fiscales a partir del
20 de julio de 2026.
135. Por las razones expuestas, aunque el Tribunal, en la sentencia de primera
instancia, pretendió enunciar de manera taxativa las primas y demás prestaciones,
lo cierto es que, a la luz de los cambios normativos previamente señalados, dicha
precisión puede generar dificultades al momento de ejecutar el fallo. En
consecuencia, se modificará el ordinal tercero de la parte resolutiva de la sentencia
apelada, con el fin de simplificar los términos del restablecimiento del derecho y
disponer que la orden se ajuste de manera general y estricta a la literalidad del
artículo 15 de la Ley 4 de 1992, conforme a los criterios interpretativos fijados en la
parte considerativa de esta providencia.
3.8. Consideraciones adicionales
136. La Sala advierte, por un lado, que en atención al reconocimiento de la diferencia
salarial resulta procedente efectuar los aportes de ley para seguridad social en
pensiones; por otro, que las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social en
Pensiones son irrenunciables58 e imprescriptibles59.
137. Por esta razón, estima pertinente precisar que la entidad demandada deberá
realizar los respectivos aportes a seguridad social en pensiones, derivados de la
nivelación salarial, desde luego, en el evento que las cotizaciones respectivas no se
hayan efectuado.
3.9.Costas
138. La presente providencia acoge el criterio interpretativo mayoritario 60 de la
57 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 1 de agosto de
2013, rad. Núm. 11001-03-25-000-2010-00059-00(0459-10) M.P Bertha Lucia Ramírez De Páez.
58 Constitución Política, artículo 48. «En armonía con lo anterior, el artículo 53 constitucional, al señalar los
principios mínimos fundamentales del estatuto del trabajo, prevé la «irrenunciabilidad a los beneficios mínimos
establecidos en normas laborales».
59 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de
2016, rad. núm. 23001-23-33-000-2013-00260-01(0088-15) CE-SUJ2-005-16. «[L]a Sala aclara que la
prescripción extintiva no es dable aplicar frente a los aportes para pensión, en atención a la condición periódica
del derecho pensional, que los hace imprescriptibles, pues aquellos se causan día a día y en tal sentido se
pueden solicitar en cualquier época, mientras que las prestaciones sociales y salariales, al ser pagadas por una
sola vez, sí son susceptibles del mencionado fenómeno, por tener el carácter de emolumentos económicos
temporales».
60 La magistrada ponente, en cambio, considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse
a un criterio objetivo valorativo por varias razones a saber: (a) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la
regla de procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (b) Dicho artículo
33
Radicación: 25000-23-42-000-2013-04137-01 (1238-2021)
Demandante: Yaneth Serrano Gelvez
Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación
Subsección sobre el artículo 188 del CPACA, según el cual la norma en cita no
presupone la causación automática de costas contra la parte que pierda el litigio,
sino que es necesario realizar un juicio de ponderación o valoración subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, por lo tanto, debe
verificarse que la parte vencida actuó de mala fe, de manera temeraria o dilatoria,
etc. Así las cosas, en esta oportunidad no se condenará en costas, porque no se
advierte que aquella haya incurrido en las anteriores conductas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
Falla:
Primero. Confirmar parcialmente la sentencia proferida el 31 de octubre de 2019
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Sala Transitoria,
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
Segundo. Modificar y adicionar los ordinales tercero y cuarto de la parte resolutiva
del fallo impugnado, que quedarán así:
TERCERO.- Condenase a la NACIÓN-FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, a
reconocer y pagar a la demandante YANETH SERRANO GELVEZ, en su calidad de
Fiscal Delegada ante los Jueces del Circuito y los Jueces Especializados, con
carácter permanente, la diferencia salarial en los términos de los artículos 1° y 2°
del Decreto 1251 de 2009, según los cuales, para el caso concreto, deben aplicarse
los siguientes porcentajes: (a) para el año 2010, el 43,2 %, hasta el 5 de
septiembre de 2010, último día en que la peticionaria ejerció como delegada
ante jueces de circuito; y (b) el 47,9 % desde el 6 de septiembre de 2010,
cuando fue vinculada como delegada ante jueces especializados.
Tales porcentajes deben aplicarse sobre el 70 % del valor que, por todo
concepto, perciba anualmente un magistrado de alta corte, teniendo en cuenta
que por mandato del artículo 15 de la Ley 4 de 1992, la remuneración de estos
debe corresponder a los ingresos laborales totales anuales de carácter
permanente devengados por los congresistas. Lo anterior, desde el 1 de enero
188 no excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas
«cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (c) La temeridad o
mala fe deben ser valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de
determinar la eventual responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (d) El inciso
segundo del artículo 188 no elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en
los asuntos en los que se ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas
«cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (e) Los
parámetros antes enunciados son producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas,
sin perjuicio de las de carácter especial como los artículos 265 a 269 del CPACA. Lo expuesto en consonancia
con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA
indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta
temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba
de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.
». En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de 2016,
exp. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).
34
Radicación: 25000-23-42-000-2013-04137-01 (1238-2021)
Demandante: Yaneth Serrano Gelvez
Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación
de 2010 hasta el 31 de diciembre de 2012, de conformidad con las consideraciones
expuestas en esta providencia.
CUARTO.- En consecuencia, condénase a la NACIÓN-FISCALÍA GENERAL DE LA
NACIÓN, a reconocer y pagar a la señora YANETH SERRANO GELVEZ, la
diferencia que resulte de la reliquidación de su remuneración y de sus prestaciones
desde el 1 de enero de 2010 y hasta el 31 de diciembre de 2012 ejerciendo el cargo
de Fiscal Delegada ante los Jueces del Circuito, Especializados o en otro titular del
derecho consagrado en los artículos 1° y 2° del Decreto 1251 de 2009 y del artículo
15 de la Ley 4a de 1992, con los correspondientes reajustes de conformidad con las
pautas dadas en la parte motiva de esta sentencia y ordinal anterior.
Lo reconocido con ocasión del proceso en referencia, será procedente siempre y
cuando las sumas a pagar por concepto de las reliquidaciones ordenadas no se
hayan cancelado por la entidad previamente. Por lo que corresponde a esta hacer
la verificación correspondiente.
La entidad demandada deberá reliquidar y pagar las cotizaciones o aportes al
Sistema General de Seguridad Social en Pensiones en favor de la señora Yaneth
Serrano Gelvez, respecto a la diferencia salarial y prestacional. Los respectivos
aportes a seguridad social en pensiones, derivados de la nivelación, se deben
efectuar por la totalidad del periodo comprendido en el que la peticionaria ha
desempeñado y desempeñe los cargos que le permitan devengar dicho ajuste
salarial y prestacional, desde luego, en el evento que las cotizaciones respectivas
no se hayan efectuado.
Tercero. Revocar el ordinal quinto de la parte resolutiva del fallo impugnado que
declaró probada la excepción de prescripción.
Cuarto. Sin condena en costas en esta instancia.
Quinto. En firme esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen,
previas las anotaciones en el aplicativo Samai.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
Notifíquese y cúmplase.
Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente
35
Radicación: 25000-23-42-000-2013-04137-01 (1238-2021)
Demandante: Yaneth Serrano Gelvez
Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace
https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
36
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.