Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2013-00243-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2013-00243-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2013-00243-02
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
19 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., diecinueve (19) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2013-00243-02 (0363-2020)
Demandante: Yalith Lucía Torres Fernández
Demandado: Nación, Procuraduría General de la Nación
Tema: Nivelación salarial Decreto 1251 de 2009.
Sentencia de segunda instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Sala
de Conjueces, el 31 de julio de 2019, que accedió parcialmente a las pretensiones
de la demanda.
1. Síntesis del caso
La demandante prestó sus servicios como procuradora judicial I. Solicitó el
reconocimiento y pago de las diferencias salariales y prestacionales conforme al
Decreto 1251 de 2009, es decir, con el 43 % [para el año 2009], y 43.2 % [para el
2010 y siguientes] del 70 % de lo que por todo concepto devengue un magistrado
de alta corte, que debe coincidir con los ingresos totales anuales permanentes de
los congresistas. En el presente proceso, pide la nulidad del acto administrativo que
le negó lo solicitado. Se confirmará parcialmente la sentencia de primera instancia,
por cuanto la parte actora le asiste el derecho al reconocimiento y pago de las
diferencias salariales y prestacionales, que deben liquidarse de acuerdo con el
Decreto 1251 de 2009 y artículo 280 de la Constitución política.
2. Antecedentes
2.1. La demanda
1. La señora Yalith Lucía Torres Fernández, por conducto de apoderado judicial,
presentó demanda el 30 de enero de 20131 en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho de acuerdo con las pretensiones, hechos y
fundamentos jurídicos que a continuación se señalan.
1 Samai, índice 22, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«ED_CUADERNO1_04ACTAREPARTO(.pdf) NroActua 22».
Radicación: 25000-23-42-000-2013-00243-02 (0363-2020)
Demandante: Yalith Lucía Torres Fernández
Demandado: Nación, Procuraduría General de la Nación
2.1.1. Pretensiones
2.La demandante solicitó que se declare la nulidad del Oficio núm. SG3002 del 19
de julio de 2012, mediante el cual la entidad demandada negó el reconocimiento y
pago de unas diferencias salariales conforme al Decreto 1251 de 2009, Ley 4 de
1992 y artículo 280 de la Constitución Política.
3. A título de restablecimiento del derecho, la parte actora solicitó el reconocimiento,
reliquidación y pago de la diferencia salarial y prestacional, conforme a lo previsto
en el Decreto 1251 de 2009, Ley 4 de 1992 y artículo 280 de la Constitución Política,
es decir, como procurador judicial I, para el año 2009 el 43 % y los siguientes el 43.2
%, del valor correspondiente al 70 % de lo que por todo concepto percibe
anualmente un magistrado de alta corte, prestaciones liquidadas a su vez, con base
en la totalidad de los ingresos laborales permanentes devengados por los
congresistas.
4. Igualmente, pidió que se condenara a la demandada a la indexación de las sumas
reconocidas y al pago de costas y agencias en derecho.
2.1.2. Hechos
5. La Sala sintetiza los principales hechos de la demanda2, así:
6.La señora Yalith Lucía Torres Fernández ingresó a la Procuraduría General de la
Nación el 10 de julio de 2009, en calidad de procuradora 81 judicial administrativo
de Bogotá.
7.Indicó que el artículo 280 de la Constitución Política, dispone que «[l]os agentes
del Ministerio Público tendrán las mismas calidades, categoría, remuneración,
derechos y prestaciones de los magistrados y jueces de mayor jerarquía ante
quienes ejerzan el cargo».
8. Precisó que los agentes del Ministerio Público con cargo de procuradores
judiciales I, código 3 PJ-EC, tienen las mismas calidades, categoría, remuneración,
derechos y prestaciones que los jueces de circuito, dado que estos son los jueces
de mayor jerarquía ante quienes ejercen su función.
9. Sostuvo que el Gobierno nacional profirió el Decreto 3901 de 2008, que en
desarrollo de la Ley 4 de 1992, fijó el régimen salarial para funcionarios de la Rama
Judicial, al disponer que para los jueces de circuito y fiscales delegados ante estos,
les asiste el derecho a recibir una remuneración a partir del 2009 del 43% del valor
del 70% que por todo concepto reciba un magistrado de alta corte; porcentaje que
2 Samai, índice 22, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «ED_CUADERNO1_03DEMANDA(.pdf)
NroActua 22».
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Demandante: Yalith Lucía Torres Fernández
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se incrementa al 43.2% desde el 2010 y en adelante. Precisó que esta normativa
fue derogada por los decretos 707 de 2009 y 1251 de 2009, este último vigente.
10. Expuso que los ingresos mensuales de un juez del circuito y de un procurador
judicial I están compuestos por sueldo básico, prima especial y otros pagos por
servicios personales autorizados por ley; sin embargo, de ese conjunto solo el
sueldo básico se trata formalmente como factor salarial. Así, para efectos de
comparación entre jueces y procuradores, lo relevante es lo efectivamente percibido
como salario, sin atender a la denominación formal de cada rubro. Con base en ello,
se toman como referencia los factores salariales certificados por la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial.
11. Explicó que para los años 2009 y 2010 las certificaciones salariales evidenciaban
que el 70 % de los ingresos anuales de un magistrado de alta corte, por mandato
de la Ley 4 de 1992 y el Decreto 1251 de 2009 debían servir como base para fijar
el salario de jueces y procuradores judiciales. Por ello, indicó que el «43 %» (año
2009) y el «43,2 %» (año 2010) de ese 70 % arrojaban ingresos mensuales de
$7.720.461 y $7.911.498, respectivamente, para «jueces de circuito». Sin embargo,
el procurador judicial I solo percibió en 2009 y 2010 remuneraciones de $3.755.775
y $3.847.694, advirtiendo diferencias salariales significativas.
12. Señaló que, pese a que los decretos salariales de 2008 y 2009 ordenaron
incrementos obligatorios aplicables desde el 1 de enero de 2009, la Procuraduría
General de la Nación no cumplió con efectuar los ajustes. Por estas razones, el 6
de julio de 2012 le solicitó a la Procuraduría General de la Nación, el reajuste de su
salario y prestaciones sociales, de conformidad con el Decreto 1251 de 2009, la Ley
4 de 1992 y el artículo 280 de la Constitución Política.
13. La entidad demandada, mediante el Oficio núm. SG3002 del 19 de julio de 2012
negó la anterior reclamación. Sostuvo, en síntesis, que efectuó la liquidación del
salario y prestaciones sociales de la parte actora según las normas aplicables.
2.1.3. Normas violadas y concepto de violación
14. En la demanda se invocan las siguientes normas:
De la Constitución Política, los artículos 2, 4, 6, 13, 23, 25, 29, 53, 55, 58,
150, 228, 277, y 280.
Convenios 95, 100 y 111 de la OIT.
Convención Americana sobre Derechos Humanos, Capitulo III, artículo 26.
Ley 22 de 1967.
Ley 4 de 1992, artículos 4 y 15.
Decreto 1251 de 2009.
Decreto 10 de 1993.
15. Al explicar el concepto de violación, expuso los siguientes argumentos:
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16. Indicó que la demandante, como procuradora judicial I, cumplió todos los
presupuestos para que su remuneración fuera ajustada conforme a los porcentajes
previstos en el Decreto 1251 de 2009 y en la Ley 4 de 1992. Desde el 1 de enero
de 2009, debía recibir un salario equivalente al «43 %» del 70 % de los ingresos
totales anuales de un magistrado de las altas cortes, y a partir del año 2010, de
manera permanente, al «43.2» % del mismo referente. Sin embargo, la demandada
liquidó su salario a partir de bases inferiores y excluyendo factores que la norma
ordenaba incluir, lo que generó una vulneración directa de su situación jurídico
laboral y un desconocimiento de un derecho cierto, adquirido e indiscutible.
17. Sostuvo que aunque el salario y las prestaciones sociales comparten fuente en
la relación laboral, cumplen funciones distintas, el salario retribuye el servicio y las
prestaciones cubren riesgos o necesidades del trabajador. Precisó que esta
distinción resulta central para aclarar que la nivelación prevista en los decretos 3901
de 2008 y 1251 de 2009 fue estrictamente salarial, no prestacional.
18. Señaló que la base de cálculo ordenada por la Ley 4 de 1992 exige que los
ingresos totales anuales de los magistrados de altas cortes coincidan con los
ingresos totales anuales permanentes de los congresistas de la República. Por ello,
deben incluirse factores como salario básico, gastos de representación, primas
permanentes y cesantías, estas últimas reconocidas como ingreso anual de carácter
permanente.
19. Alegó que los derechos laborales consolidados, como el ajuste salarial derivado
del Decreto 1251 de 2009, son irrenunciables y no pueden verse menguados por
actos administrativos ni por interpretaciones que pretendan excluir factores que la
ley y los decretos ordenan considerar. Para tales efectos se destacan principios
como la prohibición de regresividad, el principio protector, la norma más favorable,
la condición más beneficiosa y el in dubio pro operario; con base en ellos, se
argumentó que cualquier disminución o desconocimiento del salario mínimo legal
aplicable al cargo viola la Constitución, la ley y la jurisprudencia.
20. Por estas razones, manifestó que la demandada violó la Ley 4 de 1992, el
Decreto 1251 de 2009 y los principios constitucionales sobre derechos adquiridos,
pues no reconoció la remuneración mínima que correspondía a la parte actora
desde 2009. En consecuencia, se solicitó ordenar el pago retroactivo indexado y
con intereses moratorios de las diferencias entre el salario recibido y el debido,
calculado con base en los ingresos totales anuales reales de los magistrados de las
altas cortes, tal como lo exigen los artículos 15 y 16 de la Ley 4 de 1992 y los
decretos aplicables.
2.2. Contestación de la demanda
21. La Procuraduría General de la Nación, por intermedio de apoderado, se opuso a
las pretensiones de la demanda. Señaló que la entidad es la nominadora, por lo que
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no cuenta con la facultad constitucional o legal para definir el régimen salarial de los
funcionarios vinculados a su planta de personal. Por ello, sostiene que su actuación
estuvo limitada a aplicar los porcentajes y parámetros fijados por el Gobierno
nacional, sin margen para reconocer valores distintos a los previstos.
22. En virtud de estos argumentos, afirmó que durante los periodos reclamados la
peticionaria recibió salarios y prestaciones hasta el tope máximo autorizado por el
ordenamiento, sin que existiera fundamento jurídico para pagar sumas adicionales.
Aclaró que la remuneración del procurador judicial I se encontraba atada al
porcentaje que establece el Decreto 1251 de 2009, esto es, «43%» para el año 2009
y «43.2%» para el 2010, calculado sobre el 70% de los ingresos anuales que
perciben los magistrados de las altas cortes.
23. Explicó que el cálculo debía tomar en cuenta la totalidad de los ingresos de estos
altos funcionarios, integrados por la «asignación básica, los gastos de
representación, prima especial […] más prestaciones sociales», luego sobre el
monto total, se debía liquidar el porcentaje señalado, es decir, 43% para el 2009 y
el 43.2% para el 2010 del 70%.
24. En consonancia con lo anterior, explicó que debían sumarse las asignaciones
mensuales de procurador judicial I y demás ingresos laborales anuales, esto es, las
12 mensualidades, más las respectivas prestaciones sociales, arrojando un monto
anual que se debía comparar con el porcentaje establecido, liquidado sobre la
totalidad de los ingresos anuales del magistrado de alta corte. Así, la diferencia entre
el monto total entre los ingresos anuales del procurador, tomando como base el
70% de la totalidad de lo que percibió anualmente por uno de estos altos
funcionarios, era el valor que se debía pagar, dividida en 12 meses del año, a título
de «bonificación o ajuste judicial».
25. Advirtió que reconocer efectos salariales adicionales sobre la prima especial de
servicios generaría distorsiones jurídicas y presupuestales, pues implicaría
reliquidar prestaciones sociales y, consecuentemente, reducir la «bonificación»
prevista en el Decreto 1251 de 2009, al no poder superarse el porcentaje legal del
70%. Tal proceder, en su criterio, equivaldría a pagar montos sin título jurídico,
afectando el presupuesto público y desconociendo los límites fijados por el Gobierno
nacional para la planta de personal.
26. De otro lado, no comparte el análisis realizado por la accionante relacionado
con la comparación con el régimen salarial de los congresistas, reiterando que dicho
sistema es autónomo y no aplicable a los empleados de la Procuraduría. Destacó
que solo puede liquidar los emolumentos con base en la información certificada por
la Rama Judicial respecto de los ingresos de los magistrados de alta corte, pues la
normativa no autoriza tomar como referencia las remuneraciones de otros órganos
del Estado. Recordó que varios de los fallos citados por la demandante producen
efectos inter partes y no resultan vinculantes para el caso concreto.
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27. Sostuvo que, la reclamación de la actora desconoce el artículo 10 de la Ley 4
de 1992, que establece la nulidad de cualquier régimen salarial o prestacional fijado
en contravía de las disposiciones legales y de los decretos del Gobierno, [carecerá
de todo efecto y no creará derechos adquiridos]. Por ello, concluyó que no existe
legitimidad para liquidar la prima especial de servicios con base en los ingresos de
los magistrados de alta corte excediendo los parámetros del Decreto 1251 de 2009,
y que la Procuraduría actuó ajustándose estrictamente a las competencias y límites
normativos que rigen la materia3.
2.3. Sentencia de primera instancia
28. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Sala
Transitoria, mediante sentencia del 31 de julio de 20194 resolvió lo siguiente:
PRIMERO.- Declarar la nulidad del acto administrativo contenido en el Oficio SG
3002 de 19 de julio de 2012, suscrito por la Secretaría General de la Procuraduría
General de la Nación, por medio de la cual no se accedió a la petición de ajuste del
salario de la demandante en el desempeño de su cargo, como Procuradora 81
Judicial I, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO.- Condénase a la NACIÓN – PROCURADURÍA GENERAL DE LA
NACIÓN a pagarle a la demandante Yalith Lucía Torres Fernández, el derecho que
tiene a la reliquidación y pago de sus ingresos mensuales, liquidados en su
condición de Procuradora 81 Judicial I Administrativa de Bogotá desde el 10 de julio
de 2009 hasta el día en que funja o fungió en dicho cargo, el cual debe liquidarse
conforme lo dispuso el artículo 3º del Decreto 1251 de 2009, esto es, atendiendo lo
que por todo concepto perciba anualmente un Magistrado de Alta Corte, el cual debe
coincidir con los ingresos totales anuales permanentes de los Congresistas,
siguiéndose los parámetros fijados en la parte motiva de esta sentencia. En adelante
aplicará iguales parámetros que los acá indicados.
TERCERO.- Negar las demás pretensiones de la demanda.
CUARTO.- Ordenar que los valores a pagar serán actualizados de conformidad con
el artículo 187 del CPACA, tomando como base la variación porcentual de los
índices de precios al consumidor, conforme a lo dicho en la parte motiva.
QUINTO.- Condenar igualmente al pago de los intereses comerciales moratorios si
se dan los supuestos de hecho y de derecho.
SEXTO.- Ordenar a la demandada darle cumplimiento a esta sentencia dentro del
término previsto en los artículos 192 y 195 ibídem., acatando la Sentencia C-188 de
1999.
3 Samai, índice 22, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«ED_CUADERNO1_30CONTESTACIONDEMAND(.pdf) NroActua 22».
4 Samai, índice 22, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «ED_CUADERNO1_58FALLO(.pdf)
NroActua 22».
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SÉPTIMO.- Expídase por secretaría y entréguense a los demandantes, copia de
esta sentencia con la constancia de su notificación y ejecutoria, y de ser la primera
en que presta mérito ejecutivo.
OCTAVO.- Sin condena en costas en esta instancia.
29. Respecto al análisis efectuado por esa instancia judicial frente a la nivelación
salarial, el Tribunal centró el problema jurídico en determinar «si la remuneración
[de la] demandante como Procuradora 81 I Judicial ha sido inferior a la que
establece el Decreto 1251 de 2009, en tanto la prima especial de servicios que se
paga a los Magistrados de Alta Corte, con el fin de igualar sus ingresos a los […]
miembros del Congreso de la República, no ha sido incluido para su cálculo lo
devengado por estos últimos»(sic para la cita).
30. Precisó que la prima especial de servicios fue creada por el artículo 15 de la Ley
4 de 1992 y desarrollada por el Decreto 10 de 1993, debido a la diferencia salarial
entre los ingresos laborales anuales de congresistas y magistrados de alta corte.
Explicó que la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-681 de 2003, declaró
inexequible la expresión «sin carácter salarial», lo que reafirma su naturaleza
permanente. A su vez, destacó que la Sección Segunda del Consejo de Estado, en
sentencias de «unificación» y providencias posteriores, ha establecido que para
calcular dicha prima deben incluirse las cesantías devengadas por los congresistas,
por tratarse de ingresos laborales permanentes que inciden directamente en la
remuneración de magistrados de altas corporaciones.
31. Respecto del caso concreto, el Tribunal indicó que la demandante ejerció el
cargo de procuradora judicial I desde el 10 de julio de 2009, función equiparable a
la de juez municipal, por lo que su salario debía liquidarse conforme al artículo 3 del
Decreto 1251 de 2009. Advirtió que al verificar la liquidación obrante en el
expediente (folios 19 a 21), se constatan los ingresos anuales de los magistrados
de alta corte y de los congresistas entre 2001 y 2010. Tras comparar esos valores,
incluidas las cesantías, se evidenció una diferencia entre los ingresos anuales de
dichos empleados.
32. Para efectos explicativos advirtió la diferencia salarial entre dichos empleos, lo
anterior, debido a que los congresistas devengaron remuneraciones superiores a
los magistrados de alta corte, para el año 2008, fue de $13.475.958; para 2009, de
$14.509.563; para 2010, de $14.799.754 y para 2011, de $15.268.9055. Así, la
evidencia de tal diferencia a su vez constituye el referente para determinar la
remuneración de la demandante como procuradora judicial I. Como los valores que
debían servir de base para el cálculo no se aplicaron, concluyó que resultaba
procedente acceder a las pretensiones, pues conforme al Decreto 1251 de 2009 la
prima especial reconocida a los magistrados de las altas corporaciones incide
directamente en el salario de la actora, al igual que las cesantías, dado que tales
factores integran la base salarial utilizada para fijar los porcentajes aplicables a su
remuneración.
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33. Por los argumentos expuestos decidió acceder a las pretensiones de la
demanda, y ordenó reliquidar sus ingresos desde el 10 de julio de 2009 hasta la
fecha en que ejerció el cargo, aplicando los porcentajes del artículo 3 del Decreto
1251 de 2009, esto es, atendiendo lo que por todo concepto perciba anualmente un
magistrado de alta corte, el cual debe coincidir con los ingresos totales anuales
permanentes de los congresistas.
2.4. Recurso de apelación
34. La entidad demandada, por intermedio de apoderado, interpuso recurso de
apelación5 para que se revocara la sentencia de primera instancia. Reiteró los
argumentos expuestos en la contestación de la demanda, al sostener que la
Procuraduría General de la Nación no tiene competencia para fijar salarios o
prestaciones, pues tal atribución corresponde exclusivamente al Gobierno nacional,
conforme a la Constitución y a la Ley 4 de 1992. Por estas razones, ninguna
autoridad administrativa puede reconocer emolumentos distintos a los fijados en los
decretos salariales. Para tales efectos, citó los artículos 10 de la Ley 4 de 1992 y 26
del Decreto 1043 de 2011, que indican que cualquier régimen salarial contrario a
tales disposiciones carece de efectos y no genera derechos adquiridos.
35. Alegó que el fallo de primera instancia hizo alusión a precedentes que no
guardan identidad con el caso, que realizaron una comparación salarial entre
magistrados de altas cortes y congresistas, cuando el problema jurídico del proceso
consistía únicamente en verificar si a la actora, funcionaria equiparable a «juez
municipal», se le pagó su salario conforme al «34,7%» del 70% de los ingresos
anuales percibidos por un magistrado de estas altas corporaciones, según el artículo
3 del Decreto 1251 de 2009. Este parámetro normativo, insistió el apelante, exige
tomar como referente lo efectivamente percibido por los magistrados, no lo que en
teoría debían percibir, criterio que el Tribunal desconoció. En su sentir, al
desconocerse el análisis del litigio afectó el derecho de defensa de la entidad y
condujo al tribunal a conclusiones no compatibles con la naturaleza y alcance del
Decreto 1251 de 2009.
36. Finalmente, el apelante soportó su postura en el concepto 20186000056351 de
2018 del DAFP y en la sentencia del 18 de julio de 2018, radicado 2107-2015 del
Consejo de Estado, para reiterar que tanto la prima especial como la bonificación
por compensación se determinan con base en los ingresos reales de los
magistrados de altas cortes, y que tales componentes no pueden ser interpretados
de manera que generen desequilibrio o superposición salarial. En virtud de lo
expuesto, concluyó que, al demostrarse que la Procuraduría pagó a la actora
conforme a lo percibido por los magistrados, debe revocarse la sentencia de primera
instancia y negarse íntegramente las pretensiones de la demanda.
5 Samai, índice 22, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«ED_CUADERNO1_60RECURSOAPELACIONP(.pdf) NroActua 22».
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2.5. Trámite procesal en segunda instancia
37. Asignado por reparto el proceso de la referencia6, mediante auto del 20 de
noviembre de 20207, los entonces magistrados de la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado declararon su impedimento para tramitar el
presente asunto.
38.El 7 de octubre de 20218, se declaró fundado el impedimento, e igualmente los
magistrados de la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
manifestaron su impedimento y realizaron el sorteo del asunto a los conjueces.
39. Mediante auto del 22 de noviembre de 20229, el conjuez ponente admitió el
recurso de apelación interpuesto.
40. A través de auto del 6 de junio de 202310, se concedió el término para que las
partes y el procurador delegado presentaran sus escritos de alegatos de conclusión.
41. Según la anotación del sistema Samai, se dispuso el cambio de conjuez
ponente, asignado al doctor Orlando Enrique Ramírez Durán11. Ahora, por auto del
6 de febrero de 202412, aquel declaró su impedimento para conocer el proceso.
42.Por auto del 9 de abril de 202413, el conjuez ponente Juan Antonio Barrero
Berardinelli declaró fundado el impedimento y asumió el trámite del asunto.
43. A través de decisión del 28 de febrero de 202514, el conjuez ponente remitió el
proceso de la referencia al despacho que hoy preside la doctora Elizabeth Becerra
Cornejo, con fundamento en el inciso tercero del artículo 116 del CPACA15, el cual
efectivamente fue recibido el 7 de marzo del mismo año.
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El 28 de enero de 2020, a la Sección Segunda del Consejo de Estado, despacho del doctor Cesar Palomino
Cortes. Samai, índice 22, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «
ED_CUADERNO1_69ACTAREPARTO(.pdf) NroActua 22».
7
Samai, índice 22, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «ED_CUADERNO1_71AUTOS-
MAMIFESTACIONDEIMPEDIMENTO(.pdf) NroActua 22».
8 Samai, índice 22, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «ED_CUADERNO1_73AUTORESUELVE-
DECLARAFUNDADOIMPEIDMENTO(.pdf) NroActua 22».
9 Samai, índice 26, actuación «Auto que admite recurso de apelación».
10
Samai, índice 32, actuación «Auto que corre traslado para alegar».
11 Samai, índice 44, actuación «Cambio de ponente».
12 Samai, índice 45, actuación «Manifestación de impedimento».
13 Samai, índice 50, actuación «Auto que resuelve impedimento»,
14
Samai, índice 57 actuación «Auto que ordena a secretaria».
15 Que señala: «Los conjueces que entren a conocer de un asunto deberán actuar hasta que termine
completamente la instancia o recurso, aunque concluya el período para el cual fueron elegidos, pero si se
modifica la integración de la sala, los nuevos Magistrados desplazarán a los conjueces, siempre que respecto
de aquellos no se les predique causal de impedimento o recusación que dé lugar al nombramiento de estos».
9
Radicación: 25000-23-42-000-2013-00243-02 (0363-2020)
Demandante: Yalith Lucía Torres Fernández
Demandado: Nación, Procuraduría General de la Nación
2.6. Alegatos de conclusión de segunda instancia
2.6.1. Demandante
44. La demandante reiteró que le asiste el derecho al reconocimiento y
restablecimiento de la remuneración prevista en el Decreto 1251 de 2009, aplicable
a su cargo de procuradora 81 judicial I administrativa de Bogotá, por lo que debe
ordenarse el ajuste salarial correspondiente al 43 % del 70 % de los ingresos
laborales totales anuales de un magistrado de alta corte para 2009, y al 43.2 % del
70 % a partir de 2010 de manera permanente, con la consecuente liquidación
correcta, inclusión en nómina y pago retroactivo indexado de las diferencias
salariales e intereses moratorios desde el 10 de julio de 2009 y en adelante. Destacó
que los ingresos anuales de magistrados, utilizados como base, deben coincidir con
los percibidos por los congresistas, conforme al artículo 15 de la Ley 4 de 1992, y
que los decretos 707 y 1251 de 2009 ratificaron expresamente los porcentajes
reclamados, que la entidad demandada no ha aplicado de manera adecuada.
45. Adicionalmente, advirtió que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha
precisado que el salario comprende todo pago habitual y periódico recibido como
retribución directa del servicio, criterio reiterado tanto por la Sala de Consulta como
por la Sección Segunda de esta corporación, lo que refuerza el carácter salarial de
los componentes que integran la base prevista en el Decreto 1251 de 2009. En tal
sentido, sostuvo que la actora adquirió un derecho cierto, irrenunciable y mínimo a
recibir la remuneración establecida por los decretos 3901 de 2008, 707 de 2009 y
1251 de 2009, que fijan la remuneración mínima mensual garantizada para
funcionarios equiparables a jueces, con respaldo constitucional en los artículos 2,
53 y 58 de la Constitución Política. Por ello, se solicita que «se acceda a las
pretensiones de la presente acción, declarando la nulidad de los actos
administrativos demandados y restableciendo los derechos de la accionante»16.
2.6.2. Demandada
46. La Procuraduría General de la Nación, a través de sus alegatos de conclusión,
solicitó revocar la sentencia de primera instancia que accedió al reajuste salarial
reclamado por la demandante, en su condición de procuradora judicial I. Sostuvo
que el Tribunal desconoció que la entidad no tiene competencia para fijar salarios,
dado que dicha facultad es exclusiva del Gobierno nacional. Indicó que la
administración actuó ajustada al régimen salarial vigente, especialmente al Decreto
1251 de 2009, que define los porcentajes aplicables a este cargo en función de los
ingresos laborales totales anuales de los magistrados de altas cortes.
47. Afirmó que durante los años reclamados la parte actora recibió el monto máximo
autorizado por la normativa vigente, por lo que cualquier reliquidación adicional
carecería de fuente jurídica y generaría un pago sin causa. Asimismo, destacó que,
desde 2014 el régimen introdujo una prima especial de servicios sin carácter
16
Samai, índice 37, actuación «RECIBE MEMORIALES ONLINE».
10
Radicación: 25000-23-42-000-2013-00243-02 (0363-2020)
Demandante: Yalith Lucía Torres Fernández
Demandado: Nación, Procuraduría General de la Nación
salarial, según los decretos que desarrollan el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, y que
estos actos administrativos conservan su presunción de legalidad. Enfatizó que
incluso un eventual reconocimiento de efectos salariales implicaría necesariamente
ajustar a la baja la «bonificación» establecida por el Decreto 1251, pues los ingresos
no pueden superar el porcentaje legal permitido.
48. Finalmente, advirtió que la actora ya obtuvo decisiones favorables en otro
proceso judicial, rad. 11001-33-35-025-2019-00098-00, cuya controversia versaba
sobre el derecho a la reliquidación y pago de la prima especial de servicio, por lo
que se debe verificar la inexistencia de pagos duplicados. Por estas razones, solicitó
negar todas las pretensiones y, subsidiariamente, si se mantuviera la condena,
aplicar la prescripción trienal conforme a la sentencia de unificación del 2 de
septiembre de 2019 y revisar los pagos que pudieran haberse efectuado por
conceptos similares17.
2.6.3. Concepto del Ministerio Público
49. El procurador delegado de intervención 8 tercero ante el Consejo de Estado
consideró que debe confirmarse la sentencia de primera instancia. Destacó que el
acto demandado desconoció el régimen salarial aplicable y los precedentes
vinculantes sobre nivelación y bonificaciones, lo cual generó una afectación
injustificada de los derechos salariales y prestacionales de la funcionaria. Asimismo,
recordó que la entidad demandada carece de competencia para fijar salarios y debe
sujetarse a la normatividad y a la jurisprudencia de unificación del Consejo de
Estado.
50. En su análisis, el concepto explicó la evolución normativa y jurisprudencial de la
bonificación por compensación y de la bonificación de gestión18, subrayando que la
nulidad del Decreto 4040 de 2004 restableció la vigencia del Decreto 610 de 1998
y que las sentencias de «unificación» SUJ-016-CE-S2-2019, que fijan criterios
obligatorios para la determinación de los ingresos laborales totales anuales y para
la reliquidación de cargos equivalentes a jueces de la República, incluidos los
procuradores judiciales. Con base en estos lineamientos, concluyó que los
argumentos de apelación desconocen la metodología interpretativa consolidada,
razón por la cual recomendó mantener la decisión de primera instancia, sin
configurarse fallos extra o ultra petita, pues las órdenes impartidas se ajustan al
principio de favorabilidad y a los derechos laborales ciertos e irrenunciables.
3. Consideraciones
3.1. Competencia
51. El presente asunto es competencia de esta corporación de conformidad con el
17 Samai, índice 38, actuación «RECIBE MEMORIALES POR CORREO ELECTRONICO».
18
La Sala hace precisión que en el concepto del Ministerio Público se hace alusión a la «bonificación por
compensación» y de la «bonificación de gestión».
11
Radicación: 25000-23-42-000-2013-00243-02 (0363-2020)
Demandante: Yalith Lucía Torres Fernández
Demandado: Nación, Procuraduría General de la Nación
inciso primero del artículo 150 del CPACA, según el cual el Consejo de Estado conoce
en segunda instancia de las apelaciones contra las sentencias dictadas en primera
instancia por los tribunales administrativos.
3.2. Cuestión previa
52. Previo a la delimitación de los problemas jurídicos que orientarán el estudio del
asunto, la Sala considera necesario puntualizar que, en los alegatos de conclusión
de segunda instancia, la parte demandada introdujo consideraciones relativas a que
un eventual reconocimiento de efectos salariales a la prima especial implicaría,
necesariamente, ajustar a la baja la «bonificación» prevista en el Decreto 1251 de
2009, dado que los ingresos no pueden superar los topes legalmente permitidos.
De otro lado, la parte demandante, introdujo argumentos para que se accedan a las
pretensiones de la demanda.
53. Sin embargo, al examinar los fundamentos del recurso de apelación interpuesto
por la demandada, se advierte que dichos aspectos no fueron propuestos como
motivos de inconformidad en la alzada. Razón por la cual tales argumentos no
pueden ser objeto de análisis en esta instancia.
54. Al respecto conviene recordar que los alegatos de conclusión constituyen una
oportunidad procesal destinada a reforzar o reiterar los argumentos expuestos en el
recurso, más no a introducir nuevos planteamientos jurídicos o fácticos que, en
principio, alteren el marco de competencia del juez de segunda instancia.
55. Sin perjuicio de lo anterior, la Sala abordará un aspecto relevante del caso
concreto que, si bien no fue objeto de apelación por la parte demandante, debe ser
examinado para asegurar que el fallo se ajuste a la realidad constitucional aplicable
al asunto sometido a consideración, concretamente, la base mínima a tener en
cuenta para determinar la remuneración de los procuradores judiciales grado I, que
debe respetarse so pena de desconocer derechos de carácter irrenunciable, como
se explicará más adelante en el capítulo de análisis del caso en concreto.
3.3. Problema jurídico
56. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandada, y teniendo en cuenta la competencia del juez
de segunda instancia, de conformidad con el artículo 328 del CGP, corresponde a la
Sala definir si:
57. ¿Procede el reconocimiento y pago en favor de la parte accionante, en su
condición de procuradora judicial I, de las diferencias salariales y prestacionales
según lo previsto en el Decreto 1251 de 2009, es decir, para el año 2009 el 34.7%,
y los años 2010 y siguientes el 34.9%, del valor correspondiente al 70% de lo que
por todo concepto percibe anualmente un magistrado de alta corte?
12
Radicación: 25000-23-42-000-2013-00243-02 (0363-2020)
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58.Con el fin de resolver el problema jurídico planteado se abordarán los siguientes
aspectos: de la nivelación salarial del Decreto 1251 de 2009; hechos probados; y
caso concreto.
3.3.1. De la nivelación salarial del Decreto 1251 de 2009
59. El presidente de la República, en ejercicio de las atribuciones conferidas por la
Ley 4 de 1992, expidió los decretos 3901 del 7 de octubre de 2008, 707 del 6 de
marzo de 2009 y 1251 del 14 de abril de 2009, mediante los cuales dictó
disposiciones en materia salarial para los empleados de la Rama Judicial y de la
Fiscalía General de la Nación.
60. Así, los artículos 1 al 3 del Decreto 3901 del 7 de octubre de 200819,
reglamentaron, entre otros, la remuneración que por todo concepto perciben los
jueces y fiscales, en los siguientes términos:
ARTÍCULO 1°. Para la vigencia de 2009, la remuneración que por todo concepto
perciba el Juez Penal del Circuito Especializado, el Coordinador de Juzgado Penal
del Circuito Especializado y el Fiscal Delegado ante Juez Penal de Circuito
Especializado será igual al cuarenta y siete punto siete por ciento (47.7%) del valor
correspondiente al setenta por ciento (70%) de lo que por todo concepto perciba
anualmente el Magistrado de las Altas Cortes.
A partir del 2010, y con carácter permanente, dicha remuneración será equivalente
al cuarenta y siete punto nueve por ciento (47.9%) del valor correspondiente al
setenta por ciento (70%) de lo que por todo concepto perciba anualmente el
Magistrado de las Altas Cortes.
ARTÍCULO 2°. Para la vigencia de 2009, la remuneración que por todo concepto
perciba el Juez del Circuito y Fiscal Delegado ante Juez del Circuito será igual al
cuarenta y tres por ciento (43%) del valor correspondiente al setenta por ciento
(70%) de lo que por todo concepto perciba anualmente el magistrado de las
Altas Cortes.
A partir del 2010, y con carácter permanente, dicha remuneración será
equivalente al cuarenta y tres punto dos por ciento (43.2%) del valor
correspondiente al setenta por ciento (70%) de lo que por todo concepto
perciba anualmente el Magistrado de las Altas Cortes.
ARTÍCULO 3°. Para la vigencia de 2009, la remuneración que por todo concepto
perciba el Juez municipal y el Fiscal Delegado ante Juez y Promiscuo será igual al
treinta y cuatro punto siete por ciento (34.7%) del valor correspondiente al setenta
por ciento (70%) de lo que por todo concepto perciba anualmente el Magistrado de
las Altas Cortes.
A partir de 2010, y con carácter permanente, dicha remuneración será equivalente
al treinta y cuatro punto nueve por ciento (34.9%) del valor correspondiente al
19
«Por el cual se dictan disposiciones en materia salarial».
13
Radicación: 25000-23-42-000-2013-00243-02 (0363-2020)
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setenta por ciento (70%) de lo que por todo concepto perciba anualmente el
Magistrado de las Altas Cortes (negrillas por la Sala).
61.Por su parte, el Decreto 707 del 6 de marzo de 2009, estableció dicha
remuneración en el siguiente sentido:
ARTÍCULO 1°. Para la vigencia de 2009, la remuneración que por todo concepto
perciba el Juez Penal del Circuito Especializado, el Coordinador de Juzgado Penal
del Circuito Especializado, el Fiscal Delegado ante Juez Penal de Circuito
Especializado, el Juez de Dirección o de Inspección y el Fiscal ante Juez de
Dirección o de Inspección será igual al cuarenta y siete punto siete por ciento
(47.7%) del valor correspondiente al setenta por ciento (70%) de lo que por todo
concepto perciba anualmente el Magistrado de las Altas Cortes.
A partir del 2010, y con carácter permanente, dicha remuneración será equivalente
al cuarenta y siete punto nueve por ciento (47.9%) del valor correspondiente al
setenta por ciento (70%) de lo que por todo concepto perciba anualmente el
Magistrado de las Altas Cortes.
ARTÍCULO 2°. Para la vigencia de 2009, la remuneración que por todo concepto
perciba el Juez del Circuito, el Fiscal Delegado ante Juez del Circuito, el Juez de
División, o de Fuerza Naval, o de Comando Aéreo, o de Policía Metropolitana y el
Fiscal ante Juez de División, o de Fuerza Naval, o de Comando Aéreo, o de Policía
Metropolitana será igual al cuarenta y tres por ciento (43%) del valor
correspondiente al setenta por ciento (70%) de lo que por todo concepto
perciba anualmente el Magistrado de las Altas Cortes.
A partir del 2010, y con carácter permanente, dicha remuneración será
equivalente al cuarenta y tres punto dos por ciento (43.2%) del valor
correspondiente al setenta por ciento (70%) de lo que por todo concepto
perciba anualmente el Magistrado de las Altas Cortes.
ARTÍCULO 3°. Para la vigencia de 2009, la remuneración que por todo concepto
perciba el Juez Municipal, el Fiscal Delegado ante Juez Municipal y Promiscuo, el
Juez de Brigada, o de Base Aérea, o de Grupo Aéreo, o de Escuela de Formación,
o de Departamento de Policía, el Fiscal ante Juez de Brigada, o de Base Aérea, o
de Grupo Aéreo, o de Escuela de Formación, o de Departamento de Policía y el
Juez de Instrucción Penal Militar será igual al treinta y cuatro punto siete por ciento
(34.7%) del valor correspondiente al setenta por ciento (70%) de lo que por todo
concepto perciba anualmente el Magistrado de las Altas Cortes.
A partir de 2010, y con carácter permanente, dicha remuneración será equivalente
al treinta y cuatro punto nueve por ciento (34.9%) del valor correspondiente al
setenta por ciento (70%) de lo que por todo concepto perciba anualmente el
Magistrado de las Altas Cortes.
ARTÍCULO 4°. La diferencia entre el ingreso anual, por todo concepto, de los
funcionarios a que se refiere el presente decreto y el valor en pesos resultante de la
aplicación de los porcentajes señalados en los artículos 1° a 3° de este decreto
respecto del 70% de lo que por todo concepto perciba anualmente el Magistrado de
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Radicación: 25000-23-42-000-2013-00243-02 (0363-2020)
Demandante: Yalith Lucía Torres Fernández
Demandado: Nación, Procuraduría General de la Nación
las Altas Cortes, no constituye factor salarial ni prestacional para ningún efecto legal
y su pago se imputará con cargo al ordinal Otros de la cuenta de Gastos de Personal
(Negrillas por la Sala).
62. El Decreto 1251 del 14 de abril de 2009 estableció, a partir de 2010 y en
adelante, para el juez municipal, el 34.9 % y respecto a juez de circuito 43.2%, del
valor correspondiente al 70 % de lo que, por todo concepto, percibe anualmente un
magistrado de alta corte:
ARTÍCULO 1°. Para la vigencia de 2009, la remuneración que por todo concepto
perciba el Juez Penal del Circuito Especializado, el Coordinador de Juzgado Penal
del Circuito Especializado, el Fiscal Delegado ante Juez Penal de Circuito
Especializado, el Juez de Dirección o de Inspección y el Fiscal ante Juez de
Dirección o de Inspección será igual al cuarenta y siete punto siete por ciento
(47.7%) del valor correspondiente al setenta por ciento (70%) de lo que por todo
concepto perciba anualmente el Magistrado de las Altas Cortes.
A partir de 2010, y con carácter permanente, dicha remuneración será equivalente
al cuarenta y siete punto nueve por ciento (47.9%) del valor correspondiente al
setenta por ciento (70%) de lo que por todo concepto perciba anualmente el
Magistrado de las Altas Cortes.
ARTÍCULO 2°. Para la vigencia de 2009, la remuneración que por todo concepto
perciba el Juez del Circuito, el Fiscal Delegado ante Juez del Circuito, el Juez de
División, o de Fuerza Naval, o de Comando Aéreo, o de Policía Metropolitana y el
Fiscal ante Juez de División, o de Fuerza Naval, o de Comando Aéreo, o de Policía
Metropolitana será igual al cuarenta y tres por ciento (43%) del valor
correspondiente al setenta por ciento (70%) de lo que por todo concepto
perciba anualmente el Magistrado de las Altas Cortes.
A partir del 2010, y con carácter permanente, dicha remuneración será
equivalente al cuarenta y tres punto dos por ciento (43.2%) del valor
correspondiente al setenta por ciento (70%) de lo que por todo concepto
perciba anualmente el Magistrado de las Altas Cortes.
ARTÍCULO 3°. Para la vigencia de 2009, la remuneración que por todo concepto
perciba el Juez Municipal, el Fiscal Delegado ante Juez Municipal y Promiscuo, el
Juez de Brigada, o de Base Aérea, o de Grupo Aéreo, o de Escuela de Formación,
o de Departamento de Policía, el Fiscal ante Juez de Brigada, o de Base Aérea, o
de Grupo Aéreo, o de Escuela de Formación, o de Departamento de Policía y el
Juez de Instrucción Penal Militar será igual al treinta y cuatro punto siete por ciento
(34.7%) del valor correspondiente al setenta por ciento (70%) de lo que por todo
concepto perciba anualmente el Magistrado de las Altas Cortes.
A partir de 2010, y con carácter permanente, dicha remuneración será equivalente
al treinta y cuatro punto nueve por ciento (34.9%) del valor correspondiente al
setenta por ciento (70%) de lo que por todo concepto perciba anualmente el
Magistrado de las Altas Cortes.
15
Radicación: 25000-23-42-000-2013-00243-02 (0363-2020)
Demandante: Yalith Lucía Torres Fernández
Demandado: Nación, Procuraduría General de la Nación
ARTÍCULO 4°. El pago de la diferencia entre el ingreso anual, por todo concepto, de
los funcionarios a que se refiere el presente decreto y el valor en pesos resultante
de la aplicación de los porcentajes señalados en los artículos 1 a 3 de este decreto
respecto del 70% de lo que por todo concepto perciba anualmente el Magistrado de
las Altas Cortes, se imputará con cargo al ordinal Otros - Otros conceptos de
servicios personales autorizados por ley. (Negrillas por la Sala).
63. En consonancia con lo anterior, resulta pertinente precisar que los magistrados
de las altas cortes tienen un régimen salarial especial, el cual dispone que sus
ingresos totales anuales deben coincidir con los ingresos totales anuales
permanentes de los congresistas de la República, de conformidad con lo establecido
en el artículo 15 de la Ley 4 de 1992, así:
ARTÍCULO 15. <Aparte tachado INEXEQUIBLE>20 Los Magistrados del Consejo
Superior de la Judicatura, de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte
Constitucional, del Consejo de Estado, el Procurador General de la Nación, el
Contralor General de la República, el Fiscal General de la Nación, el Defensor del
Pueblo y el Registrador Nacional del Estado Civil tendrán una prima especial de
servicios, sin carácter salarial, que sumada a los demás ingresos laborales, igualen
a los percibidos en su totalidad, por los miembros del Congreso, sin que en ningún
caso los supere. El Gobierno podrá fijar la misma prima para los Ministros del
Despacho, los Generales y Almirantes de la Fuerza Pública.
64. El Decreto 10 de 1993, en sus artículos 1 y 2 reglamentó la prima especial de
servicios, así:
ARTICULO 1o. La prima especial de servicios de que trata el artículo 15 de la Ley
4ª de 1992, será igual a la diferencia entre los ingresos laborales totales anuales
recibidos por los miembros del Congreso y los que devenguen los funcionarios que
tienen derecho a ella.
ARTICULO 2o. Para establecer la prima especial de servicios prevista en el presente
Decreto, se entiende que los ingresos laborales totales anuales percibidos por los
Miembros del Congreso son los de carácter permanente, incluyendo la prima de
Navidad (…).
65. De lo anterior, se advierte que los magistrados de las altas cortes tienen derecho
a la prima especial de servicios que, sumada a los demás ingresos laborales, debe
igualar a los percibidos en su totalidad por los miembros del Congreso de la
República, sin que en ningún evento lo superen; por ello se debe tener en cuenta
los ingresos laborales totales anuales percibidos por los congresistas.
66. En atención a la normativa expuesta, se desprende que la remuneración de los
jueces del circuito y municipales, así como de los fiscales delegados ante dichos
jueces, depende directamente de lo percibido por un magistrado de alta corte, y a
su vez, de los ingresos anuales de los miembros del Congreso.
20Aparte tachado 'sin carácter salarial' declarado «INEXEQUIBLE» por la Corte Constitucional mediante
sentencia C-681-03 de 6 de agosto de 2003, conjuez ponente dra. Ligia Galvis Ortiz.
16
Radicación: 25000-23-42-000-2013-00243-02 (0363-2020)
Demandante: Yalith Lucía Torres Fernández
Demandado: Nación, Procuraduría General de la Nación
67. Ahora, el Decreto 1251 de 2009 establece que ciertos servidores públicos
recibirán su remuneración según el porcentaje que por todo concepto perciba
anualmente un magistrado de las altas cortes; por ello, es necesario establecer
cuáles son los conceptos devengados por estos. Sobre el particular, la Sala de
Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sentencia del 4 de
mayo de 200921, señaló lo siguiente:
Al referirse, tanto la Ley 4ª de 1992 como el Decreto 10 de 1993 a ingresos laborales
totales anuales, dicha expresión engloba todo aquello que en el año percibe en
ejercicio de la relación laboral el congresista como tal, sin tener en cuenta si
dicha partida es factor de salario o por el contrario corresponde a una prestación
social.
En consecuencia, no le es dable al juzgador, distinguir donde la Ley no lo hace, siendo
claro que dentro de tal concepto deben incluirse tanto los salarios como las
prestaciones sociales
[…]
Ahora bien, los servidores indicados en el Decreto 10 de 1993, entre ellos los
Magistrados de las Altas Cortes, tienen derecho a una “prima especial de servicios”,
que sumada a los demás ingresos laborales, igualen a los percibidos en su totalidad
por los miembros del Congreso.
Surge esencial, en consecuencia, aclarar que tratándose de la prima especial de
servicios, regulada en el Decreto 10 de 1993 que desarrolló el artículo 15 de la Ley 4ª
de 1992, fue el mismo Legislador quien al expedir las disposiciones contenidas en la
Ley 4ª de 1992 equiparó los derechos salariales de los de Magistrados de Alta Corte
con los Congresistas, cosa que hizo en el artículo 15 de la Ley 4ª de 1992, resultando
entonces, que los ingresos laborales totales anuales de los Magistrados deben ser
iguales a los ingresos laborales totales anuales de los Congresistas, por cuanto la Ley
los ubicó en una misma situación de hecho, siendo necesario aclarar en este punto, lo
siguiente:
[…]
Se concluye en consecuencia que la suma recibida por los congresistas por concepto
de ingresos laborales totales anuales, debe ser la misma que la recibida por los
magistrados de las Altas Cortes y que éstos últimos, que es situación diferente, tienen
entre sí, iguales remuneración, prestaciones sociales y derechos laborales. (Negrillas
y subrayado por la Sala)
68. De otro lado, en sentencia del 18 de mayo de 2016 proferida por la Sala de
Conjueces de esta corporación22, se determinó que para la liquidación de la prima
especial de servicios y de la bonificación por compensación, debe considerarse el
auxilio a las cesantías, así:
Las cesantías percibidas por los miembros del Congreso de la República han sido
consideradas ingresos laborales anuales permanentes por la jurisprudencia del
Consejo de Estado en ocasiones anteriores, lo que tiene plena razón de ser pues se
21 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencia del 4 de mayo de 2009, exp. 25000-23-
25-000-2004-05209-02(0552-07), M.P. Luis Fernando Velandia Rodríguez.
22 Consejo de Estado, Sala de Conjueces, Sección Segunda, sentencia del 18 de mayo de 2016, exp. 25000-
23-25-000-2010-00246-02 (0845).
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Radicación: 25000-23-42-000-2013-00243-02 (0363-2020)
Demandante: Yalith Lucía Torres Fernández
Demandado: Nación, Procuraduría General de la Nación
trata de una erogación que realiza el empleador anualmente a favor de su trabajador y
que se causa por cada día de trabajo del empleado.
De allí que esta corporación haya concluido que el auxilio de cesantías debe ser
tenido en cuenta para realizar la liquidación de la prima especial de servicios de
los funcionarios mencionados en el artículo 15 de la Ley 4ª de 1992, quienes tienen
derecho a percibir una suma equivalente a lo que por todo concepto devengan los
congresistas.
[…]
En este sentido, y teniendo en cuenta que la prima especial de servicios no solo es un
ingreso laboral sino que también cuenta con un carácter salarial limitado en atención a
lo decidido por la Corte Constitucional en la sentencia C-681 del 6 de agosto de 2003,
habría que señalarse que no existen razones para que se haga abstracción de la
misma, o de cualquiera de los factores que se tienen en cuenta para su liquidación, al
momento de fijar el monto a cancelar por concepto de bonificación por compensación
a favor de los servidores mencionados en el artículo 2º del Decreto 610 de 1998.
Habiendo señalado que el auxilio de cesantías es un ingreso laboral percibido de
manera permanente por los jueces de mayor jerarquía de todas las jurisdicciones, es
evidente que resultaría violatorio del principio de igualdad que surge del artículo 13 de
la Constitución Política de Colombia el señalar que esta prestación social carece de tal
naturaleza únicamente con el propósito de disminuir la base de liquidación de la
bonificación por compensación de la que son acreedores los funcionarios mencionados
en el artículo 2º del Decreto 610 de 1998.
En consecuencia, se concluye que únicamente teniendo en cuenta los pagos que el
Estado debe realizar a los Congresistas por concepto de cesantías puede calcularse la
diferencia total entre lo que ellos perciben y la asignación de los Magistrados de las
Altas Cortes para, así, determinar el valor de la prima especial de servicio a la que
tienen derecho estos últimos.
69. Por lo anterior, se puede desprender que el auxilio de cesantías debe tenerse
en cuenta al momento de efectuar la liquidación de la prima especial de servicios
de los funcionarios mencionados en la Ley 4 de 1992, beneficio que a su vez incide
en el porcentaje que estableció el artículo 2 del Decreto 1251 de 2009 para los
jueces del circuito y municipales y fiscales delegados ante estos funcionarios.
70. Sobre el particular, la Sala de Conjueces de esta corporación23 se ha
pronunciado respecto a la nivelación salarial establecida en el Decreto 1251 de
2009, en los siguientes términos:
[E]s patente que el monto de base o de referencia para el cálculo de los salarios y
beneficios salariales de los funcionarios de la Rama Judicial reglados por el Decreto
1251 de 2009 impone tener en cuenta los pagos que el Estado debe realizar a los
Congresistas por concepto de cesantías, fruto de ser ello imperioso para los
beneficiarios de la prima del artículo 15 de la Ley 4 de 1992.
71. En conclusión, el Decreto 1251 del 14 de abril de 2009, estableció un monto al
23 Consejo de Estado, Sala de Conjueces, Sección Segunda, sentencia del 3 de diciembre de 2024, exp. 25000-
23-42-000-2015-00244-02 (6490-2019), M.P. Héctor Santaella Quintero.
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Demandado: Nación, Procuraduría General de la Nación
que deben ascender los ingresos que por todo concepto deben recibir los jueces del
circuito y municipales y fiscales delegados ante estos funcionarios, sin que dichos
porcentajes puedan ser desconocidos en virtud del principio de progresividad de los
derechos laborales.
72. Ahora bien, sobre la incidencia que tiene la remuneración de los funcionarios de
la Rama Judicial en la fijación salarial de los agentes del Ministerio Público, entre
ellos los procuradores judiciales delegados, el artículo 280 de la Constitución
Política dispuso:
ARTICULO 280. Los agentes del Ministerio Público tendrán las mismas calidades,
categoría, remuneración, derechos y prestaciones de los magistrados y jueces de
mayor jerarquía ante quienes ejerzan el cargo.
3.4. Hechos probados
73. Obra certificación del 20 de abril de 201524, proferida por el jefe de la División
de Gestión Humana de la Procuraduría General de la Nación, según la cual la
señora Yalith Lucía Torres Fernández se encuentra vinculada a la entidad, en
calidad de empleada pública desde el 10 de julio de 2009 a la fecha [de la
certificación], en el cargo de procurador 81 judicial I administrativo de Bogotá.
74. Igualmente, en el certificado núm. 4375 del 2 de mayo de 2011, suscrito por el
coordinador del Grupo de Asuntos Laborales de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, se registran los ingresos mensuales de los jueces de
circuito, municipales y penales especializados para los años 2009 y 201025.
75. Adjunto al anterior documento, igualmente consta los ingresos mensuales y
anuales de los magistrados de altas cortes en los años 2001 a 201026. En esa
certificación se registra igualmente la diferencia entre los ingresos anuales de los
congresistas y los magistrados de estas altas corporaciones.
76. La parte actora presentó petición el 6 de julio de 2012 en la que solicitó el
reajuste de su salario y prestaciones sociales, de conformidad con el Decreto 1251
de 200927.
77. La Secretaría General de la Procuraduría General de la Nación mediante el
oficio núm. SG3002 del 19 de julio de 2012, negó la petición presentada por la
accionante, al afirmar, en síntesis, que el reajuste salarial se calculó conforme al
Decreto 1251 de 2009.
24 Samai, índice 22, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «ED_CUADERNO1_32ANEXOS-
CONTESTACIONDEMANDA(.pdf) NroActua 22», imagen 20.
25 Samai, índice 22, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«ED_CUADERNO1_02ANEXOSDEMANDA(.pdf) NroActua 22», imagen 17.
26 Samai, índice 22, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«ED_CUADERNO1_02ANEXOSDEMANDA(.pdf) NroActua 22», imagen 19.
27 Samai, índice 22, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«ED_CUADERNO1_02ANEXOSDEMANDA(.pdf) NroActua 22», imagen 1.
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Demandante: Yalith Lucía Torres Fernández
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3.5. Análisis del caso concreto
3.5.1. De la base para calcular la remuneración de los procuradores judiciales
I
78. Antes de abordar el estudio del caso en concreto, la Sala considera pertinente
aclarar un aspecto relevante. En el asunto bajo análisis, la parte demandante, en
los alegatos de conclusión de segunda instancia, señaló que, al ostentar el cargo
de procuradora judicial I administrativa de Bogotá, debía ordenarse el ajuste salarial
equivalente al 43 % del 70 % de los ingresos laborales totales anuales de un
magistrado de alta corte para 2009, y al 43.2 % del 70 % a partir de 2010, de manera
permanente.
79. Ahora bien, revisado el espíritu del mencionado escrito, se advierte que dichos
planteamientos no se dirigen a controvertir de manera expresa los argumentos
expuestos en la sentencia de primera instancia, pues su finalidad es respaldar la
tesis relativa al reconocimiento del derecho solicitado. No obstante, la afirmación
realizada por la parte demandante, junto con el estudio del caso concreto, constituye
un aspecto que la Sala debe abordar.
80. Ello es así porque en la sentencia de primera instancia se ordenó aplicar los
porcentajes previstos en el artículo 3 del Decreto 1251 de 2009; esto es, para el año
2009 el 34.7 %, y para el año 2010 y siguientes el 34.9 %, calculados sobre el valor
correspondiente al 70 % de lo que, por todo concepto, percibe anualmente un
magistrado de alta corte. Lo anterior, al considerar el Tribunal que la parte actora,
al prestar sus servicios como procuradora judicial I administrativa de Bogotá,
desempeñaba un empleo equiparable a la de juez municipal, motivo por el cual su
salario debía liquidarse conforme a dicha disposición.
81. Por estas razones, aunque la parte demandante no interpuso recurso de
apelación contra la sentencia de primera instancia, el Tribunal partió, para efectos
de la liquidación salarial, de un supuesto contrario a la realidad constitucional, al
considerar que el cargo de procurador judicial I administrativo es equiparable al de
juez municipal, pese a que estos despachos no ostentan la jerarquía superior frente
a los cuales los mencionados delegados ejercen su investidura. Así, recuerda la
Sala lo dispuesto en el artículo 280 de la Constitución Política:
ARTICULO 280. Los agentes del Ministerio Público tendrán las mismas calidades,
categoría, remuneración, derechos y prestaciones de los magistrados y jueces de
mayor jerarquía ante quienes ejerzan el cargo (negrillas por la Sala).
82.Para establecer el empleo y la base salarial que debe considerarse, conviene
señalar, en primer lugar, que según la certificación del 20 de abril de 2015, la
demandante se encontraba vinculada a la Procuraduría General de la Nación en el
20
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cargo de «Procurador Judicial I Administrativo de Bogotá». Es decir, ejercía
funciones ante los juzgados administrativos, despachos que no cuentan con
categoría municipal, sino de circuito.
83. Es decir, la demandante en su calidad de procuradora judicial I administrativa
de Bogotá ejerce su labor ante un juez de mayor jerarquía que no corresponde a un
juez municipal. Por ello, no es posible equiparar su cargo con el de estos últimos ni
atribuirle la misma categoría o nivel remuneratorio. Lo anterior, al tenor del artículo
280 Superior previamente citado.
84. Esta línea argumentativa coincide con lo expuesto por la propia entidad en la
contestación de la demanda, en la que precisó la forma en que liquidaba la
remuneración de la demandante. Señaló que debía efectuarse con base en el
artículo 2 del Decreto 1251 de 2009, esto es, tomando como referencia el salario de
un juez de circuito y aplicando, para el año 2009 el 43 %, y para los años 2010 y
siguientes el 43.2 %, del 70 % de lo percibido por los magistrados de alta corte. Así
lo indicó la entidad demandada:
Debe tenerse en cuenta además que de la disposición referida, se computa o suma la
totalidad de los ingresos del Alto Magistrado en el año, esto es las doce (12)
remuneraciones mensuales integradas por la asignación básica, los gastos de
representación y la prima especial (según los decretos salariales anuales respectivos,
verbigracia el Decreto 726 de 2009, vigente durante el primer año de aplicación del
citado Decreto 1251 de 2009) más las prestaciones sociales, luego de lo cual, sobre el
monto total hallado, se debía liquidar el porcentaje señalado, es decir el 43% para el
2009 y el 43.2% para el 2010 del setenta por ciento (70%) (negrillas por la Sala).
85. Por estas razones, el Tribunal al interpretar de manera errónea que la
demandante desempeñaba una función equiparable a la de un juez municipal y, en
consecuencia, al partir de la base salarial prevista en el artículo 3 del Decreto 1251
de 2009 [esto es, para el año 2009 el 34,7 %, y para los años 2010 y siguientes el
34,9 %, calculados sobre el 70 % de los ingresos anuales que, por todo concepto,
percibe un magistrado de alta corte], desconocería (a) los derechos adquiridos y los
mínimos irrenunciables, pues ello implicaría una desmejora frente a lo pretendido
en la demanda —nivelación salarial— y frente a la forma como la entidad liquida
actualmente la prestación, y (b) la realidad constitucional, al omitir el supuesto de
hecho previsto en el artículo 280 de la Constitución Política.
86. Este último presupuesto, sumado a la circunstancia particular del caso —que la
demandante no apeló—, adquiere relevancia en la medida en que la prohibición de
la non reformatio in pejus, entendida como la imposibilidad de agravar la situación
del apelante único, opera únicamente cuando la sentencia de primera instancia se
ajusta a la realidad constitucional. De lo contrario, conllevaría a la conclusión de que
la fuerza de la sentencia de primera instancia sería de tal naturaleza que quedaría
por encima de la Constitución, porque a pesar de desconocer los derechos mínimos
e irrenunciables de los trabajadores, los superiores jerárquicos estarían
imposibilitados para hacer los ajustes necesarios exigidos por el principio
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Radicación: 25000-23-42-000-2013-00243-02 (0363-2020)
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constitucional de la legalidad28.
87. Sobre el particular esta Subsección29 ha indicado que la non reformatio in pejus
no es un derecho fundamental absoluto o ilimitado, postura que ha sido avalada por
la jurisprudencia de la Corte Constitucional al indicar que «al juez de segunda
instancia le está prohibido pronunciarse sobre las situaciones que no hayan sido
planteadas en el recurso, salvo contadas excepciones»30, entre las cuales se
encuentra que la modificación sea necesaria para abordar aspectos íntimamente
relacionados con la situación del apelante (inciso 4.º del artículo 328 del CGP31), en
este caso, la base mínima, que tiene fundamento constitucional, a partir de la cual
debe calcular la remuneración de los procuradores judiciales grado I.
88. Conforme a lo abordado por esta Subsección en situaciones análogas y como
se explicó de manera precedente, la equiparación que hizo el Tribunal entre las
funciones de la demandante y las de un juez municipal constituye el aspecto central
de la controversia, alrededor de la cual las partes discuten si se ha respetado o no
el ordenamiento jurídico, de manera tal que las precisiones que se efectúen sobre
lo dispuesto por este frente al caso concreto, resultan imperativas para la resolución
del debate planteado.
89. En todo caso, los porcentajes aplicables no son materia de debate, según lo
expuesto en la contestación de la demanda y conforme lo prevé el Decreto 1251 de
2009, ya que la Procuraduría aceptó que la remuneración debía calcularse con base
en el cargo de juez de circuito, esto es, el 43 % para el 2009 y el 43,2 % a partir del
2010, aplicados sobre el 70 % de lo devengado por un magistrado de alta corte. De
esta manera, el problema jurídico se circunscribe a los factores que integran dicha
liquidación y no a los porcentajes que determinan la equivalencia remuneratoria.
90. Con fundamento en los argumentos expuestos, corresponde delimitar el estudio
tomando como referencia el cargo de juez de circuito, por ser la autoridad de mayor
jerarquía ante la cual la demandante ejerció sus funciones como procuradora judicial
I administrativa. Esta conclusión se ajusta a la realidad constitucional aplicable al
caso en concreto —artículo 280 de la Constitución Política—, como se explicó en
apartados anteriores.
3.5.2. Del derecho a la nivelación salarial del Decreto 1251 de 2009
91. La demandante solicitó la nulidad de los actos administrativos que negaron el
reconocimiento y pago de los reajustes salariales y prestacionales correspondientes
al cargo de procuradora judicial I. Sostuvo que dichos ajustes debían efectuarse
tomando como referencia la remuneración del juez de circuito ——función frente a
28 Corte Constitucional, sentencia T-155 de 1995.
29
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 13 de febrero de 2025, exp. 25000-23-
76001-23-33-000-2019-00968-01 (2919-2023), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
30 Sentencia T-455 de 2016 de la Corte Constitucional.
31 «El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la
modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella».
22
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la cual ejerce su cargo—, conforme a lo previsto en el artículo 280 de la Constitución
Política y en el Decreto 1251 de 2009, esto es: para el año 2009 el 43 % y los
siguientes el 43.2 %, del valor correspondiente al 70% de lo que por todo concepto
percibe anualmente un magistrado de altas cortes.
92. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca accedió a las pretensiones de la
demanda al considerar que la demandante ejerció el cargo de procuradora judicial
I desde el 10 de julio de 2009, función equiparable a la de juez municipal, por lo que
su salario debía liquidarse conforme al artículo 3 del Decreto 1251 de 2009. Advirtió
que al verificar la liquidación obrante en el expediente, se constataron los ingresos
anuales de los magistrados de alta corte y de los congresistas entre 2001 y 2010.
Tras comparar esos valores, incluidas las cesantías, se evidenció una diferencia
entre los ingresos anuales de dichos empleados, lo que a su vez, incidió en el salario
del juez municipal y consecuentemente, el empleo de la delegada del Ministerio
Público.
93. Inconforme con esta decisión, la parte demandada interpuso recurso de
apelación al advertir que el reconocimiento superaría los topes remuneratorios
establecidos por el Gobierno nacional y que la presente controversia versa sobre la
remuneración salarial sobre un empleado de la Procuraduría y no respecto a
magistrados de alta corte y congresistas.
94. Ahora bien, con el objeto de resolver el primer problema jurídico, en el proceso
se acreditó que la accionante prestó sus servicios en la entidad demandada como
procuradora judicial I, desde el 10 de julio de 2009 en la Procuraduría 81 Judicial I
Administrativa de Bogotá.
95. De otro lado, se allegaron certificaciones expedidas por la directora
administrativa de la división de asuntos laborales de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, en las que hace constar lo percibido por los magistrados de
altas cortes, para los años 2009, 2012, 2013 y 2014.
96. Al descender al caso concreto, se advierte que, conforme a lo dispuesto en el
artículo 2 del Decreto 1251 del 14 de abril de 2009, los funcionarios allí señalados
—entre ellos, los jueces de circuito— tienen derecho a recibir una remuneración
equivalente al 43 % del valor del 70 % de los ingresos laborales totales anuales que,
por todo concepto, perciba un magistrado de alta corte; porcentaje que se
incrementa al 43.2 % a partir del año 2010.
97. En ese orden, dado que la demandante presta sus servicios como procuradora
81 judicial I administrativa de Bogotá, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 280
de la Constitución Política, resulta evidente que la señora Yalith Lucía Torres
Fernández se encuentra en el supuesto previsto en la norma citada, pues desde el
año 2009 desempeña un empleo cuya remuneración debe corresponder a la de los
jueces de circuito, aspecto precisado antes de la resolución del caso en concreto,
al ser autoridad de mayor jerarquía ante la cual la demandante ejerció sus funciones
23
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en su condición de procuradora judicial administrativa.
98. Por lo anterior, la demandada se encontraba en la obligación de pagar, teniendo
en cuenta los cargos que desempeñó la parte actora, como mínimo, por todo
concepto laboral y prestacional, los valores equivalentes que fueron señalados en
el Decreto 1251 de 2009, para los años 2009 y siguientes, para un juez de circuito.
99. Conforme a lo expuesto, la remuneración de un procurador judicial I —cargo
que ejerció la demandante— dependía de la asignación reconocida a los jueces
circuito (artículo 280 Constitución Política). A su vez, la remuneración de estos
funcionarios se determinaba a partir de los ingresos laborales totales anuales de los
magistrados de alta corte (Decreto 1251 de 2009), cuyos emolumentos deben
igualarse con los percibidos por los miembros del Congreso (artículo 15 de la Ley 4
de 1992), esta situación, como se explicará en párrafos siguientes, no fue tenida en
cuenta en la liquidación por parte de la entidad demandada.
100. Como se dejó expuesto anteriormente, la entidad demandada mediante el oficio
núm. SG3002 del 19 de julio de 2012, negó la nivelación salarial conforme al
Decreto 1251 de 2009, al afirmar que la remuneración se realizó según la normativa
aplicable.
101. Como se ilustra a continuación, en lo referente a la forma en que se liquidó el
salario de la demandante, durante el periodo en el que se desempeñó en el cargo
de procuradora judicial I, se destaca que la entidad demandada en el trámite judicial
no acreditó que en dicho cálculo se tuviera en cuenta las cesantías, dado que indicó
que para el pago se consideró los conceptos de «asignación básica, los gastos de
representación y la prima especial […] más prestaciones sociales», sin demostrar
respecto de esta última afirmación, la incidencia de las cesantías en lo que
devengan los magistrados de alta corte para la base porcentual objeto de estudio,
lo anterior, adicionado a que la demandada admitió en el trámite que para la
liquidación salarial de estos altos funcionarios, no debía tenerse en cuenta lo
percibido por los congresistas.
102. En efecto, como se citó anteriormente en esta sentencia, en la contestación de
la demanda la entidad precisó, en los siguientes términos, la forma en que realizó
la liquidación salarial:
Debe tenerse en cuenta además que de la disposición referida, se computa o suma la
totalidad de los ingresos del Alto Magistrado en el año, esto es las doce (12)
remuneraciones mensuales integradas por la asignación básica, los gastos de
representación y la prima especial (según los decretos salariales anuales respectivos,
verbigracia el Decreto 726 de 2009, vigente durante el primer año de aplicación del
citado Decreto 1251 de 2009) más las prestaciones sociales, luego de lo cual, sobre el
monto total hallado, se debía liquidar el porcentaje señalado, es decir el 43% para el
2009 y el 43.2% para el 2010 del setenta por ciento (70%).
103. Lo
anterior, guarda congruencia con lo expuesto en el acto administrativo
demandado, en el que partiendo de la premisa de la base porcentual para la debida
24
Radicación: 25000-23-42-000-2013-00243-02 (0363-2020)
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liquidación del salario de los magistrados de altas cortes —entre ellas las
cesantías—, la entidad indicó expresamente que los salarios de estos altos
funcionarios no son los devengados por los congresistas.
104. Es decir, que para la liquidación en los términos del Decreto 1251 de 2009, la
entidad indicó que no se tenía en cuenta para la base porcentual del salario de los
magistrados de alta corte, todo lo devengado por los congresistas, ya que estos
conceptos únicamente podían ser reconocidos a partir de una decisión judicial, así:
Funda su solicitud, entre otras causas, en que la jurisdicción de lo contencioso
administrativo ha reconocido y ordenado pagar a varios Exmagistrados de Alta Corte
la reliquidación de la prima especial, tomando en cuenta la totalidad de los ingresos
laborales de los miembros del Congreso, incluyendo las cesantías, como por ejemplo
en el caso del doctor Nicolás Pájaro Peñaranda.
[...]
En segundo término, debemos informarle que la Procuraduría General de la Nación ha
venido liquidando, reconociendo y pagando el reajuste salarial previsto en el Decreto
1251 de 2009 a favor de los Procuradores Judiciales I que actúan ante algunas
autoridades de la Rama Judicial, teniendo en cuenta además de la normatividad
aplicable, las certificaciones expedidas por la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, mediante las cuales se ha informado la relación de ingresos totales anuales
de los magistrados de las altas Cortes para cada uno de los años liquidados. A este
respecto, es importante precisar que en estricto rigor jurídico el referente para la
liquidación del valor reclamado son los ingresos percibidos por los magistrados de
las altas Cortes o, lo que es lo mismo, no lo son los devengados por los
congresistas. En ese sentido, entonces, es de notar que la reliquidación de la
prima especial de algunos ex magistrados de alta corte solamente ha sido
efectuada por disposición judicial, previo análisis de cada caso en particular y
concreto por parte de la jurisdicción, y no una disposición generalizada para
todos los magistrados –actuales–, que conlleve a su turno a la reliquidación del
ingreso de los funcionarios cuya remuneración dependa del monto total de los
percibidos por aquellos. Por manera que no encontramos viable acceder al
objeto de su reclamación (negrillas por la Sala).
105. En virtud de lo expuesto, se advierte que la entidad efectuó la liquidación con
base en lo previsto en el Decreto 1251 de 2009, esto es, calculando el 43 % y el
43.2 % del 70 % de lo percibido por los magistrados de alta corte. Para tal efecto,
consideró los rubros de «asignación básica», «gastos de representación» y «prima
especial de servicios». Sin embargo, no se evidencia, ni fue demostrado, que se
hubiera incluido algún concepto relacionado con las cesantías, ni que se hubiera
realizado la liquidación correcta de la prima especial de servicios para estos altos
funcionarios en los términos del artículo 15 de la Ley 4 de 1992, esto es, que el valor
correspondiera a los ingresos que percibe anualmente un congresista en ejercicio
de su relación laboral, en los términos planteados en las pretensiones de la
demanda.
106. Así, durante el período en que la demandante se desempeñó como procuradora
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judicial I, desde el año 2009, su remuneración sería la misma del juez frente al cual
ejerce el cargo, que también dependía de lo que percibían los magistrados de alta
corte, que a su vez debía igualar a lo percibido en su totalidad, por los miembros del
Congreso (sin que en ningún caso los supere). Sin embargo, para la liquidación en
el presente asunto, dentro de los ingresos devengados por dichos altos funcionarios
no igualó lo percibido por los miembros del legislativo, ni se acreditó que se tuviera
en cuenta concepto alguno por cesantías. Tal circunstancia se desprende de lo
acreditado por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, de conformidad con
el certificado núm. 4375 del 2 de mayo de 2011, a través de la cual se certificaron
los ingresos mensuales y anuales de los magistrados de las altas cortes desde 2001
hasta 2010, en los que se relaciona el concepto de cesantías.
107. Adicionalmente, en dicho documento también consta la diferencia salarial entre
los ingresos anuales percibidos por los magistrados de alta corte y congresistas. A
efectos explicativos, se relacionarán los años 2009 y 2010, así32:
108. Año 2009:
Año 2009
Magistrados alta corporación
Asignación básica anual $36.554.292,00
Gastos de representación anual $64.985.424,00
Prima especial $174.114.756,00
Prima de navidad $8.461.643,00
Total ingresos anuales $284.116.115,00
Cesantías $9.166.780,00
Total anual incluida cesantías $293.282.895,00
70% ingresos $205.298.027,00
Año 2009
«Diferencia ingresos anuales $14.509.560,75
congresistas y magistrados alta corte
incluyendo cesantías»33
Tabla 1. Certificación salarial magistrados alta corte y diferencia ingresos congresistas 2009
109. Año 2010:
Año 2010
Magistrados alta corporación
Asignación básica anual $37.285.392,00
Gastos de representación anual $66.285.120,00
Prima especial $177.597.048,00
Prima de navidad $8.630.876,00
Total ingresos anuales $289.798.436,00
Cesantías $9.350.116,00
Total anual incluida cesantías $299.148.552,00
32
Samai, índice 22, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«ED_CUADERNO1_02ANEXOSDEMANDA(.pdf) NroActua 22», imagen 23.
33 Entiéndase, según la literalidad del documento «Diferencia ingresos anuales congresistas y magistrados de
alta corte incluyendo cesantías», que la mencionada diferencia corresponde a un ingreso salarial adicional a
favor de los congresistas.
26
Radicación: 25000-23-42-000-2013-00243-02 (0363-2020)
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Demandado: Nación, Procuraduría General de la Nación
Año 2010
«Diferencia ingresos anuales $14.799.756,38
congresistas y magistrados alta corte
incluyendo cesantías» 34
Tabla 2. Certificación salarial magistrados alta corte y diferencia ingresos congresistas 2010
110. En consecuencia, la liquidación salarial de los magistrados no se efectuó de
manera correcta. La entidad demandada no demostró que se hayan incluido las
cesantías dentro de los ingresos laborales anuales de dichos funcionarios. Además,
se constató que sus remuneraciones no alcanzaron el monto total percibido por los
miembros del Congreso, conforme lo estableció la comparación en las pruebas
allegadas, para 2009 la diferencia ascendía a $14.509.560,75 y para 2010 a
$14.799.756,38. Así, los ingresos laborales de los magistrados de las altas cortes
no igualaron, lo devengado por los congresistas, en los términos previstos por el
artículo 15 de la Ley 4 de 1992, que dispone:
ARTÍCULO 15. <Aparte tachado inexequible > Los Magistrados del Consejo Superior
de la Judicatura, de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional, del
Consejo de Estado, el Procurador General de la Nación, el Contralor General de la
República, el Fiscal General de la Nación, el Defensor del Pueblo y el Registrador
Nacional del Estado Civil tendrán una prima especial de servicios, sin carácter salarial,
que sumada a los demás ingresos laborales, igualen a los percibidos en su totalidad,
por los miembros del Congreso, sin que en ningún caso los supere. El
Gobierno podrá fijar la misma prima para los Ministros del Despacho, los Generales y
Almirantes de la Fuerza Pública.
111. Asimismo, se considera pertinente destacar el Decreto 10 de 1993 por el cual
se reguló la prima especial de servicios. En este expresamente se precisó que para
establecer la prima especial de servicios deben considerarse los ingresos laborales
totales anuales percibidos por los miembros del Congreso de carácter permanente.
En estos términos la norma indicó:
Artículo 1º.- La prima especial de servicios de que trata el artículo 15 de la Ley 4a. de
1992, será igual a la diferencia entre los ingresos laborales totales anuales recibidos
por los miembros del Congreso y los que devenguen los funcionarios que tienen
derecho a ella.
Artículo 2º.- Para establecer la prima especial de servicios prevista en el presente
Decreto, se entiende que los ingresos laborales totales anuales percibidos por los
Miembros del Congreso son los de carácter permanente, incluyendo la prima de
Navidad.
112. Por las razones expuestas, la Sala no comparte lo afirmado por la entidad
demandada en el recurso de apelación, según lo cual el litigio no involucraba la
comparación entre los ingresos de los magistrados de las altas cortes y los de los
congresistas, tal conclusión no se acompasa a la normatividad aplicable para la
34
Ibidem.
27
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liquidación de los funcionarios judiciales.
113. Lo anterior, debido a que (a) los artículos 15 de la Ley 4 de 1992, y 1 y 2 del
Decreto 10 de 1993, establecen que la base salarial de los magistrados de altas
cortes debe equipararse a la de los miembros del Congreso [entendiéndose que los
ingresos laborales totales anuales percibidos por estos últimos son los de carácter
permanente]; (b) a su vez, el Decreto 1251 de 2009 señala que la remuneración de
los jueces de la República depende de lo devengado por los magistrados de las
altas corporaciones; y (c) la diferencia salarial que se genere en perjuicio de dichos
jueces repercute, por extensión, en la remuneración de los procuradores judiciales
que ejercen sus funciones ante esos despachos, conforme a lo previsto en el
artículo 280 de la Constitución Política.
114. Aunado a lo anterior, para aplicar correctamente los lineamientos del Decreto
1251 de 2009 en la determinación de la remuneración de ciertos servidores
públicos, es indispensable partir del porcentaje fijado sobre los ingresos que, por
todo concepto, percibe anualmente un magistrado de las altas cortes. En
consecuencia, como se expuso en apartes anteriores, resulta necesario precisar
cuáles son los componentes salariales y prestacionales efectivamente devengados
por dichos funcionarios, los cuales deben equipararse a los ingresos totales de los
miembros del Congreso, precisándose que se entiende como «ingresos laborales
totales anuales» los percibidos por aquellos de carácter permanente.
115. El anterior razonamiento es coherente con la postura adoptada por la Sala de
Conjueces de esta corporación, en sentencia del 4 de mayo de 200935, que en un
caso en el que se discutía lo relativo a la nivelación salarial de los magistrados de
las altas cortes en relación con los congresistas, precisó lo siguiente:
Al referirse, tanto la Ley 4ª de 1992 como el Decreto 10 de 1993 a ingresos laborales
totales anuales, dicha expresión engloba todo aquello que en el año percibe en ejercicio
de la relación laboral el congresista como tal, sin tener en cuenta si dicha partida es
factor de salario o por el contrario corresponde a una prestación social.
En consecuencia, no le es dable al juzgador, distinguir donde la Ley no lo hace, siendo
claro que dentro de tal concepto deben incluirse tanto los salarios como las
prestaciones sociales
[…]
Ahora bien, los servidores indicados en el Decreto 10 de 1993, entre ellos los
Magistrados de las Altas Cortes, tienen derecho a una “prima especial de servicios”,
que sumada a los demás ingresos laborales, igualen a los percibidos en su totalidad
por los miembros del Congreso.
Surge esencial, en consecuencia, aclarar que tratándose de la prima especial de
servicios, regulada en el Decreto 10 de 1993 que desarrolló el artículo 15 de la Ley 4ª
de 1992, fue el mismo Legislador quien al expedir las disposiciones contenidas en la
35 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencia del 4 de mayo de 2009, exp. 25000-23-
25-000-2004-05209-02(0552-07), M.P. Luis Fernando Velandia Rodríguez.
28
Radicación: 25000-23-42-000-2013-00243-02 (0363-2020)
Demandante: Yalith Lucía Torres Fernández
Demandado: Nación, Procuraduría General de la Nación
Ley 4ª de 1992 equiparó los derechos salariales de los de Magistrados de Alta Corte
con los Congresistas, cosa que hizo en el artículo 15 de la Ley 4ª de 1992, resultando
entonces, que los ingresos laborales totales anuales de los Magistrados deben ser
iguales a los ingresos laborales totales anuales de los Congresistas, por cuanto la Ley
los ubicó en una misma situación de hecho, siendo necesario aclarar en este punto, lo
siguiente:
[…]
Se concluye en consecuencia que la suma recibida por los congresistas por concepto
de ingresos laborales totales anuales, debe ser la misma que la recibida por los
magistrados de las Altas Cortes y que éstos últimos, que es situación diferente, tienen
entre sí, iguales remuneración, prestaciones sociales y derechos laborales.
116. En virtud de los argumentos expuestos, esta circunstancia tuvo incidencia
directa en la remuneración de la parte actora. La anterior línea argumentativa es
coherente con la postura adoptada por esta corporación, que en un caso análogo
advirtió la existencia de la diferencia salarial en virtud de la aplicación del Decreto
1251 de 2009. En los siguientes términos se dejó señalado36:
Conforme a lo anterior, para la Sala no hay duda que existe diferencia entre lo percibido
por la parte actora y lo que debió percibir si el ingreso de los magistrados de Altas
Cortes se hubiere liquidado correctamente, esto es, teniendo en cuenta las cesantías
como ingresos laborales anuales permanentes para efectos de liquidar la prima
especial de servicios.
En consecuencia, el demandante FREDY ALFONSO JAIMES PLATA tiene derecho al
reconocimiento, reliquidación y pago de sus ingresos mensuales totales, incluido el
auxilio de las cesantías, es decir, para el año 2009 el 43% como juez de circuito y para
los años 2010 y siguientes el 43.2% del valor correspondiente al 70% de lo que por
todo concepto percibe anualmente un magistrado de Alta Corte. Y por todo concepto
hay que entender también el auxilio de las cesantías, el cual hace parte de la liquidación
de la prima especial de servicios.
117. Por lo anterior, se advierte que, desde el año 2009 y para el caso de la parte
actora, la entidad no dio cumplimiento a lo previsto en el Decreto 1251 de 2009
respecto del cálculo del monto mínimo que debía percibir como juez de circuito,
tomando como referencia lo que, por todo concepto laboral, devengan los
magistrados de las altas cortes. En efecto, al determinar la base de liquidación, la
administración no acreditó incluir el auxilio de cesantías, circunstancia que —como
quedó debidamente acreditado— no fue considerada al momento de efectuar la
liquidación. De esta manera se resuelve el primero de los problemas jurídicos.
118. Por los argumentos expuestos la parte actora tiene derecho al reconocimiento
y pago de las diferencias salariales y prestacionales, que deben liquidarse conforme
lo dispuso el artículo 2 del Decreto 1251 de 2009, esto es, teniendo en cuenta para
el año 2009 el 43 % [anualidad en el que la demandante desempeñó por primera
vez uno de los cargos que le da el derecho], y para los años 2010 y siguientes el
36 Consejo de Estado, Sala de Conjueces, Sección Segunda, sentencia del 6 de agosto de 2024, exp. 15001-
23-33-000-2014-00485-02 (4670-2019), M.P. Clara Elisa Cifuentes Ortiz.
29
Radicación: 25000-23-42-000-2013-00243-02 (0363-2020)
Demandante: Yalith Lucía Torres Fernández
Demandado: Nación, Procuraduría General de la Nación
43.2 %, del valor correspondiente al 70% de lo que por todo concepto percibe
anualmente un magistrado de alta corte, el cual debe coincidir con los ingresos
totales anuales permanentes de los congresistas. En estos términos, se resuelve de
forma afirmativa el problema jurídico planteado.
119. Asimismo, se modificará el ordinal segundo de la parte resolutiva la sentencia
de primera instancia, en cuanto dispuso que la parte actora tiene derecho al
reconocimiento y pago de las diferencias salariales y prestacionales, que deberían
liquidarse de acuerdo con el artículo 3 del Decreto 1251 de 2009 y 280 de la
Constitución Política, esto es, en los términos para un juez municipal: para el año
2009 teniendo en cuenta el 34.7%, y para los años 2010 y siguientes el 34.9%, del
valor correspondiente al 70% de lo que por todo concepto percibe anualmente un
magistrado de alta corte.
120. Lo anterior, en el entendido que deben liquidarse conforme lo dispuso el artículo
2 del Decreto 1251 de 2009, esto es, teniendo en cuenta para el año 2009 el 43 %
[anualidad en el que la demandante desempeñó por primera vez uno de los cargos
que le da el derecho], y para los años 2010 y siguientes el 43.2 %, del valor
correspondiente al 70% de lo que por todo concepto percibe anualmente un
magistrado de alta corte, el cual debe coincidir con los ingresos totales anuales
permanentes de los congresistas.
121. Del ordinal segundo de la resolutiva del fallo impugnado se mantendrán los
extremos temporales del reconocimiento efectuado, es decir, «desde el 10 de julio
de 2009 [fecha de vinculación como procuradora judicial I] hasta el día en que funja
o fungió en dicho cargo», aspecto que deberá ser constatado por la entidad al
momento de dar cumplimiento a la sentencia, para los años posteriores a 2015
(último año certificado en el cargo).
122. Se precisa que en el caso bajo estudio la reliquidación resulta procedente desde
la vinculación de la demandante, esto es, el 10 de julio de 2009 ya que no operó el
fenómeno prescriptivo, toda vez que la reclamación administrativa fue presentada
el 6 de julio de 2012, por lo que tres años atrás sería el 6 de julio de 2009.
123. De otro lado, la Sala adicionará la sentencia de primera instancia, en el sentido
de precisar que el reconocimiento de las diferencias salariales y prestacionales que
existan entre lo efectivamente pagado a la demandante en calidad de procurador
judicial I, y lo que como mínimo debió pagarse en los términos del Decreto 1251 de
2009, en ningún caso podrá exceder los topes máximos fijados por el Gobierno
nacional.
124. Igualmente, se estima pertinente adicionar la advertencia consistente en que lo
reconocido con ocasión del proceso de la referencia, será procedente siempre que
no se haya pagado por la entidad previamente. En consecuencia, corresponde a la
Procuraduría General de la Nación verificar dicha situación conforme con las
particularidades del caso.
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Radicación: 25000-23-42-000-2013-00243-02 (0363-2020)
Demandante: Yalith Lucía Torres Fernández
Demandado: Nación, Procuraduría General de la Nación
125. Lo anterior también exige verificación frente a los medios de control que la parte
actora hubiese eventualmente interpuesto y que puedan incidir en su remuneración.
Entre ellos se encuentra el trámite identificado con el radicado 11001-33-35-025-
2019-00098-00, mencionado por la entidad demandada en los alegatos de
conclusión de segunda instancia. Si bien dicho proceso trata de un asunto distinto
—relativo a la prima especial de servicios a favor de la demandante—, todos estos
elementos deben ser constatados por la entidad al momento de cumplir el fallo. Se
reitera que, en ningún caso, la ejecución podrá exceder los topes máximos fijados
por el Gobierno nacional.
3.6. Consideraciones adicionales
126. La Sala advierte, por un lado, que en atención al reconocimiento de la diferencia
salarial resulta procedente efectuar los aportes de ley para seguridad social en
pensiones; por otro, que las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social en
Pensiones son irrenunciables37 e imprescriptibles38. Por esta razón, se considera
pertinente precisar que la entidad demandada deberá realizar los respectivos
aportes a seguridad social en pensiones, derivados de la nivelación, en el periodo
comprendido en el que la peticionaria ha desempeñado y desempeñe los cargos
que le permitan devengar dicho ajuste salarial y prestacional, desde luego, en el
evento que las cotizaciones respectivas no se hayan efectuado.
3.7. Conclusión
127. Por los argumentos expuestos, se confirmará parcialmente la sentencia de
primera instancia, en cuanto dispuso que la parte actora tiene derecho al
reconocimiento y pago de las diferencias salariales y prestacionales, que deben
liquidarse de acuerdo con el artículo 2 del Decreto 1251 de 2009.
128. Por lo tanto, el reconocimiento de la reliquidación es procedente para los años
en que ostentó el cargo de procurador judicial I administrativo [ante juez circuito], y
los siguientes en los cuales haya ocupado el mismo cargo u otro similar teniendo en
cuenta para el año 2009 el 43 % [anualidad en el que la demandante desempeñó
por primera vez uno de los cargos que le da el derecho], y para los años 2010 y
siguientes el 43.2 %, del valor correspondiente al 70% de lo que por todo concepto
percibe anualmente un magistrado de alta corte, el cual debe coincidir con los
ingresos totales anuales permanentes de los congresistas. En esto términos se
modificará la decisión.
37 Constitución Política, artículo 48. «En armonía con lo anterior, el artículo 53 constitucional, al señalar los
principios mínimos fundamentales del estatuto del trabajo, prevé la «irrenunciabilidad a los beneficios mínimos
establecidos en normas laborales».
38 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de
2016, rad. núm. 23001-23-33-000-2013-00260-01(0088-15) CE-SUJ2-005-16. «[L]a Sala aclara que la
prescripción extintiva no es dable aplicar frente a los aportes para pensión, en atención a la condición periódica
del derecho pensional, que los hace imprescriptibles, pues aquellos se causan día a día y en tal sentido se
pueden solicitar en cualquier época, mientras que las prestaciones sociales y salariales, al ser pagadas por una
sola vez, sí son susceptibles del mencionado fenómeno, por tener el carácter de emolumentos económicos
temporales».
31
Radicación: 25000-23-42-000-2013-00243-02 (0363-2020)
Demandante: Yalith Lucía Torres Fernández
Demandado: Nación, Procuraduría General de la Nación
129. De otro lado, la Sala adicionará la sentencia de primera instancia, en el sentido
de precisar que el reconocimiento de las diferencias salariales y prestacionales que
existan entre lo efectivamente pagado a la demandante en calidad de procurador
judicial I [base salarial de juez de circuito], y lo que como mínimo debió pagarse en
los términos del Decreto 1251 de 2009, en ningún caso podrá exceder los topes
máximos fijados por el Gobierno nacional.
130. Igualmente, se estima pertinente adicionar la advertencia consistente en que lo
reconocido con ocasión del proceso de la referencia, será procedente siempre que
no se haya pagado por la entidad previamente. En consecuencia, corresponde a la
Rama Judicial verificar dicha situación conforme con las particularidades del caso.
3.8. Costas
131. La presente providencia acoge el criterio interpretativo mayoritario39 de la
Subsección sobre el artículo 188 del CPACA, según el cual la norma en cita no
presupone la causación automática de costas contra la parte que pierda el litigio,
sino que es necesario realizar un juicio de ponderación o valoración subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, por lo tanto, debe
verificarse que la parte vencida actuó de mala fe, de manera temeraria o dilatoria,
etc. Así las cosas, en esta oportunidad no se condenará en costas, porque no se
advierte que la parte vencida, haya incurrido en las anteriores conductas.
4. Otras decisiones
132. Se reconocerá personería al abogado Luis Fernando Pinzón Galindo como
apoderado de la parte demandada, en los términos del poder conferido por la
doctora Aura Yineth Correa Niño, en calidad de jefe de la Oficina Jurídica de la
Procuraduría General de la Nación40.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
39 La magistrada ponente, en cambio, considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse
a un criterio objetivo valorativo por varias a razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la
regla de procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (ii) Dicho artículo
188 no excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas
«cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o
mala fe deben ser valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de
determinar la eventual responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso
segundo del artículo 188 no elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en
los asuntos en los que se ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas
«cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los
parámetros antes enunciados son producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas,
sin perjuicio de las de carácter especial como los artículos 265 a 269 del CPACA. Lo expuesto en consonancia
con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA
indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta
temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba
de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.». En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de 2016, exp. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).
40 Samai, índice 63.
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Radicación: 25000-23-42-000-2013-00243-02 (0363-2020)
Demandante: Yalith Lucía Torres Fernández
Demandado: Nación, Procuraduría General de la Nación
Falla:
Primero. Confirmar parcialmente la sentencia proferida en primera instancia por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Sala de Conjueces, el
31 de julio de 2019.
Segundo. Modificar y adicionar al ordinal segundo de la parte resolutiva del fallo
impugnado, que quedará en el siguiente sentido:
SEGUNDO.- Condénase a la Nación – Procuraduría General de la Nación a pagarle
a la demandante Yalith Lucía Torres Fernández, el derecho que tiene a la
reliquidación y pago de sus ingresos mensuales, liquidados en su condición de
Procuradora 81 Judicial I Administrativa de Bogotá desde el 10 de julio de 2009
hasta el día en que funja o fungió en dicho cargo, el cual debe liquidarse conforme
lo dispuso el artículo 2 del Decreto 1251 de 2009, esto es, atendiendo para el año
2009 el 43 %, y para los años 2010 y siguientes el 43.2 %, del valor
correspondiente al 70% de lo que por todo concepto perciba anualmente un
magistrado de alta corte, el cual debe coincidir con los ingresos totales anuales
permanentes de los congresistas, siguiéndose los parámetros fijados en la parte
motiva de esta sentencia. En adelante aplicará iguales parámetros que los acá
indicados.
Los respectivos aportes a seguridad social en pensiones, derivados de la nivelación,
se deben efectuar por la totalidad del periodo comprendido en el que la peticionaria
ha desempeñado y desempeñe los cargos que le permitan devengar dicho ajuste
salarial y prestacional, desde luego, en el evento que las cotizaciones respectivas
no se hayan efectuado.
Lo reconocido con ocasión del proceso en referencia, será procedente siempre y
cuando las sumas a pagar por concepto de las reliquidaciones ordenadas no se
hayan pagado por la entidad previamente. Por lo que corresponde a esta hacer la
verificación correspondiente.
Se advierte que el reconocimiento de las diferencias salariales y prestacionales que
existan entre lo efectivamente pagado a la demandante en calidad de procurador
judicial I [base salarial de juez de circuito], y lo que como mínimo debió pagarse en
los términos del Decreto 1251 de 2009, en ningún caso podrá exceder los topes
máximos fijados por el Gobierno nacional
Tercero. No condenar en costas en segunda instancia.
Cuarto. Reconocer personería al abogado Luis Fernando Pinzón Galindo como
apoderado de la parte demandada, en los términos del poder conferido.
Quinto. En firme esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen,
previas las anotaciones en el aplicativo Samai.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
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Radicación: 25000-23-42-000-2013-00243-02 (0363-2020)
Demandante: Yalith Lucía Torres Fernández
Demandado: Nación, Procuraduría General de la Nación
Notifíquese y cúmplase
Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
34
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