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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2019-00968-01

Fecha
13 de febrero de 2025
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Citada por
6 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2019-00968-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Revocar la sentencia proferida el 24 de noviembre de 2022 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en tanto accedió en forma parcial a las pretensiones de la demanda presentada por Julieta Marmolejo Cajiao en contra de la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y, en su lugar denegarlas. Segundo. Sin condena en costas en esta instancia. Tercero. Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el aplicativo Samai. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente Con aclaración de voto Cfr. Rad. Av. 05001-23-33-000-2020-00472-01 (1251-2024) JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA Firmado electrónicamente 40 Radicado: 76001-23-33-000-2019-00968-01 (2919-2023) Demandante: Julieta Marmolejo Cajiao CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. JNFG 41

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-33-000-2019-00968-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

13 de febrero de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., trece (13) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 76001-23-33-000-2019-00968-01 (2919-2023)
Demandante: Julieta Marmolejo Cajiao
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio1

Temas: Reconocimiento de pensión de jubilación. Régimen docente,
Ley 71 de 1988. Compatibilidad entre la pensión de jubilación
y el salario para el caso de los docentes. Excepción al
principio de la non reformatio in pejus

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Asunto

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el 24 de noviembre de 2022 por el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca, mediante la cual accedió a las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

1. Julieta Marmolejo Cajiao presentó demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo2, en orden a que
se declarara la nulidad del Oficio 4143.020.13.1.953.009612 del 11 octubre de
2019, por la cual la Secretaría de Educación de Santiago de Cali, en nombre y
representación del Fomag, le negó el reconocimiento y pago de su pensión de
jubilación por aportes de conformidad con la Ley 71 de 1988.

2. Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho,

1 En lo sucesivo Fomag.
2 En adelante CPACA

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 76001-23-33-000-2019-00968-01 (2919-2023)
Demandante: Julieta Marmolejo Cajiao

solicitó: i) el reconocimiento de la pensión de jubilación equivalente al 75% de los
salarios y las primas que percibió durante el año anterior a la adquisición del
estatus, a partir del 28 de octubre de 2016, «momento en que cumplió 1000 semanas
de cotización, a los 55 años de edad», sin condicionarlo al retiro del servicio; ii) el
pago de las mesadas atrasadas y la inclusión en nómina de la prestación; iii) el
ajuste de valor de las sumas reconocidas; iv) el cumplimiento del fallo en los
términos de los artículos 192 y 195 del CPACA; v) los intereses moratorios a partir
del día siguiente de la ejecutoria de la sentencia; y vi) la condena en costas a la
demandada.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes, se señalaron los siguientes:

3.1. Julieta Marmolejo Cajiao nació el 25 de agosto de 1960 y cumplió 55 años el
25 de agosto de 2015.

3.2. En el sector privado prestó sus servicios y cotizó para el extinto Instituto de
Seguros Sociales, así:

Patrono Período de vinculación
Adolfo León Gómez 28/06/1977 - 16/05/1978
Electro Herrajes Ltda 13/07/1978 - 05/08/1978
Esc de Aviac del Pac 18/11/1978 - 02/03/1979
Ind Fameg Ltda 23/03/1979 - 10/04/1979
Aero Occidente Ltda 01/05/1979 - 30/04/1985
13/02/1985 - 11/03/1985
Sertempo Ltda 28/05/1985 - 29/07/1985
01/01/2004 - 29/02/2004
Marmolejo 01/03/2004 - 31/03/2004
Total 400.99 semanas (7 años y 8 meses)

3.3. En el Servicio Nacional de Aprendizaje,3 regional Valle del Cauca estuvo
vinculada como instructora a través de contratos de prestación de servicios
suscritos entre los años 1998 y 2000.

3.4. A partir del 20 de abril de 2004 ejerció como docente en el municipio de
Santiago de Cali y hasta la fecha de presentación de la demanda continúa en
ejercicio del empleo.

3.5. En suma, por razón de los períodos laborados acumuló 20 años de servicio,
por lo que adquirió el estatus pensional el 28 de octubre de 2016. El 4 de octubre
de 2019 le solicitó al Fomag el reconocimiento y pago de una pensión de jubilación

3 En lo sucesivo SENA

2

Radicado: 76001-23-33-000-2019-00968-01 (2919-2023)
Demandante: Julieta Marmolejo Cajiao

por aportes; reclamación que fue denegada a través del acto acusado, por
considerar que la peticionaria ingresó al servicio público docente con posterioridad
a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003 y, en consecuencia, era beneficiaria
de las leyes 100 de 1993 y 797 del 2003.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4. Como tales, se señalaron los artículos 7 de la Ley 71 de 1988; 15 de la Ley 91
de 1989; 6 de la Ley 60 de 1993; 115 de la Ley 115 de 1994; 81 de la Ley 812 de
2003; y 1 y 2 del Decreto 3752 de 2003.

5. En cuanto al concepto de violación, expuso los siguientes argumentos 4:

5.1. Infracción de las normas en que debía fundarse, comoquiera que quienes se
vinculen a la docencia oficial con anterioridad a la Ley 812 de 2003, tienen
derecho al régimen pensional contenido en la Ley 33 de 1985 y sus decretos
reglamentarios o la Ley 71 de 1988, mientras que quienes lo hagan con
posterioridad a su vigencia, son beneficiarios de los derechos pensionales
dispuestos en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003.

5.2. Lademandante prestó sus servicios como docente antes de la fecha de
entrada en vigor de la Ley 812 de 2003 [26 de junio de 2003], por lo que puede
beneficiarse de las prerrogativas de la Ley 71 de 1988 y comoquiera que acreditó
cotizaciones al ISS, 20 años de aportes y 55 años debe reconocerse su derecho
prestacional.

1.2. Contestación de la demanda

6. El Fomag guardó silencio5.

1.3. La sentencia apelada

7. ElTribunal Administrativo del Valle del Cauca profirió sentencia el 24 de
noviembre de 2022 mediante la cual accedió a las pretensiones de la demanda.
En tal sentido, ordenó lo siguiente:

«PRIMERO: DECLARAR la nulidad del Oficio No. 4143.020.13.1.953.009612 del 11de

4 El expediente puede consultarse en SAMAI, en el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca:

https://samai.azurewebsites.net/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=7600123330002019009680
07600123. En el índice 37 se encuentra visible el expediente digitalizado y la demanda, páginas 1
a 27.
5 Tal como se indicó en la sentencia de primera instancia

3

Radicado: 76001-23-33-000-2019-00968-01 (2919-2023)
Demandante: Julieta Marmolejo Cajiao

octubre de 2019 expedido por el Ministerio de Educación - Fomag, mediante el cual se
negó a la docente oficial Julieta Marmolejo Cajiao el reconocimiento de la pensión por
aportes de que trata la ley 71 de 1988.

SEGUNDO: ORDENAR al MINISTERIO DE EDUACIÓN-FOMAG, que reconozca,
liquide y pague la pensión por aportes con una tasa de reemplazo del 75% del
promedio que sirvió de base para los aportes en el último año de servicios, con los
factores salariales con los cuales hizo aportes y que estén enlistados en la Ley 62 de
1985. El valor de la pensión de jubilación por aportes no podrá ser inferior al salario
mínimo legal mensual vigente ni superior a quince (15) veces dicho salario, salvo lo
previsto en la ley (Decreto 2709 de 1994). En el acto de reconocimiento establecerán
los aportes, bonos o cuotas partes a cargo de la actora, el ISS, o entidad de previsión
que deban concurrir al pago de la pensión. El tiempo que se prestó servicios a través
de OPS se computa para la pensión y procede el cobro a la AFP o entidad de previsión
social, si se hicieron aportes; pero si no se hicieron, procede el descuento al trabajador
del retroactivo pensional

TERCERO: CONDENAR EN COSTAS en primera instancia a la parte demandada. Las
agencias en derecho de la instancia se fijan en un (1) salario mínimo mensual vigente»
[Resaltado del texto original].

8. Para tal efecto se pronunció en los siguientes términos6:

8.1. De acuerdo con la jurisprudencia reciente del Consejo de Estado7, los docentes
que se vincularan al servicio educativo antes del 27 de junio de 2003, fecha de
entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, estaban cobijados por el régimen
pensional establecido en la Ley 91 de 1989 que en forma directa remitió al sistema
general del sector oficial previsto en la Ley 33 de 1985 o a la acumulación de
aportes por virtud de la Ley 71 de 1989. Esto, sin la exigencia relativa al
cumplimiento de los requisitos para ser beneficiario del régimen de transición 8,
comoquiera que se encuentran exceptuados del Sistema Integral de Seguridad
Social por mandato del artículo 279 de la Ley 100 de 1993

8.2. En ese contexto, los períodos laborados como docente bajo la modalidad de
órdenes de prestación de servicios eran computables para el reconocimiento
pensional, de acuerdo con las pautas trazadas en la sentencia de unificación SUJ-
014-CE-S2-2019, proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado el 25
de abril de 2019

8.3. En el caso concreto, Julieta Marmolejo Cajiao cotizó a Colpensiones 446,57

6 Índice 28 del proceso de primera instancia, SAMAI.
7 Al respecto citó: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,

Subsección A, sentencia del 18 de febrero de 2021 proferida dentro del proceso con radicación
25000-23-42-000-2013- 06853-01 (4391-2014)
8 Según el cambio de jurisprudencia del Consejo de Estado a través de la sentencia señalada en

precedencia.

4

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Demandante: Julieta Marmolejo Cajiao

semanas, de las cuales 400,99 correspondían a empleadores privados.
Igualmente se acreditó que laboró como instructor desde el año 1998 y hasta el
2000 con ocasión de varios contratos de prestación de servicios suscritos con el
Sena, Regional Valle del Cauca, entidad educativa del orden nacional y por ende
de carácter público9. A partir del 20 de abril de 2004, fue nombrada docente oficial
en la Secretaría de Educación del Valle de Cauca.

8.4. Debido a que la vinculación al servicio docente ocurrió antes de la expedición
de la Ley 812 de 2003, le eran aplicables las prerrogativas de la Ley 71 de 1988.
En tal sentido, era procedente el reconocimiento pensional al acreditarse que la
demandante cumplió 55 años el 25 de agosto de 2015 y completó 20 años de
servicio el 23 de febrero de 2017, esto es, 1.029 semanas discriminadas así: en el
sector privado, 400.99 [7 años y 8 meses] y, en el público, 629 [12 años y 2
meses].

8.5. Con fundamento en lo anterior, la demandante tenía derecho al reconocimiento
de la pensión por aportes al consolidar los requisitos el 23 de febrero de 2017, en
cuantía equivalente al 75% de lo devengado en el último año de servicio con base
en los factores sobre los que efectuó aportes en ese período de aquellos
enlistados en la Ley 62 de 1985.

8.6. Encuanto al reconocimiento, este se encuentra a cargo del Ministerio de
Educación Nacional, Fomag a partir del retiro del servicio. Para ese efecto,
dispuso que en el acto de reconocimiento pensional debía liquidarse la cuota parte
o bono pensional a cargo de las entidades públicas, de previsión social y
Colpensiones, a fin de contribuir al pago de la prestación.

8.7. En atención a que la parte demandante no demostró «los aportes a pensiones en
un fondo privado mientras recibió honorarios por su relación contractual con el Sena», era
procedente el cobro por parte del Fomag «a la AFP o entidad de previsión los aportes
a pensión que la actora acredite que realizó en virtud de la relación contractual con el
Sena». En caso de que no se demostraran esas cotizaciones, ordenó el descuento
del valor correspondiente del valor del retroactivo pensional.

1.4. El recurso de apelación

9. Julieta Marmolejo Cajiao interpuso recurso de apelación10 por encontrarse en
desacuerdo frente a la exigencia del retiro del servicio docente para el pago de la

9 De conformidad con el Decreto 2277 de 1979 «[p]or el cual se adoptan normas sobre el ejercicio

de la profesión docente», la vinculación de los docentes de educación superior es de carácter
público.
10 Índice 31 de SAMAI, proceso de primera de primera instancia.

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Demandante: Julieta Marmolejo Cajiao

pensión, por lo que solicitó que fuera revocada en ese sentido la decisión de
primera instancia y se confirmara en todo lo demás. Su inconformidad la sustentó
así:

9.1. El a quo «no realizó un estudio valorando todas las pruebas aportadas al plenario […]
pues se demuestra que sí acredit[ó] una vinculación anterior a la entrada en vigencia de la
ley 812 de 2003 como docente oficial desde 1998, al servicio de la entidad pública Sena,
prueba que no fue estudiada ni valorada por el despacho al proferir la sentencia», de
modo que se originó un «defecto fáctico por indebida valoración probatoria».11

9.2. Comoquiera que el ingreso de la demandante al servicio docente oficial ocurrió
desde 1998, se le debe garantizar el régimen anterior, en virtud del cual es
compatible el salario y la pensión de jubilación.

9.3. Su situación en materia pensional estaba regulada por el artículo 7º de la Ley
71 de 1988, por ende, debía acudirse a los artículos 6 y 8 del Decreto 2709 de
1994 que estableció «un método propio de cálculo del ingreso base de liquidación en
línea a que el monto de la pensión sea equivalente al 75% del salario promedio que sirvió
de base para los aportes durante el último año de servicios».

9.4. En lo atinente a la entidad responsable del pago, de acuerdo con los artículos
10 del Decreto 2709 de 1994 y 56 de la Ley 962 de 2005 es el Fomag, por cuanto
se encuentra vinculada a la Secretaría de Educación de Santiago de Cali, sin
perjuicio de la reclamación de los aportes a Colpensiones.

9.5. La prohibición de doble asignación del tesoro público prevista en el artículo 128
Superior y en virtud de aquella, la exigencia del artículo 19 de la Ley 4ª de 1992 de
retiro del servicio para gozar de la pensión de jubilación, no le era aplicable, por
encontrarse en la excepción señalada en el literal g) ibidem, esto la asignación de
los docentes pensionados, con independencia de si la adquisición del estatus fue
anterior o posterior a la entrada en vigor de la citada ley12, por disposición de los
artículos 5º del Decreto 224 de 1972 y 277 de la Ley 100 de 1993.

9.6. En consecuencia, para efectos del disfrute de la prestación económica
solicitada no era necesaria la acreditación del retiro del servicio, en razón de la
compatibilidad de las asignaciones reconocidas al magisterio con otras

11 El cual se ha expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia T-117 de 2013
12 Así lo consideró el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 14

de agosto de 2009 proferida dentro del proceso con radicado 05001-23- 31-000-2004-03824-
01(2170-08).

6

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prestaciones o el salario, tal como lo ha considerado el Consejo de Estado13,
máxime en atención a que «estuvo vinculada como docente desde septiembre de 1998
y a la fecha aún se encuentra activa al servicio docente», pese a que esa primera
vinculación ocurrió bajo la modalidad de prestación de servicios con el Sena, de
acuerdo con la sentencia de unificación CESUJ2 5 del 25 de agosto de 201614.

9.7. El a quo no tuvo en cuenta entonces «que el tiempo laborado por Julieta Marmolejo
Cajiao como docente oficial vinculad[a] en 1998 fuera válido para tener compatibilidad
para percibir salario como docente activa al magisterio y el pago de la pensión, pues
como puede evidenciarse es anterior a la entrada en vigencia de la [Ley 812 de 2003],
razón por la cual se le debe aplicar la Ley 71 de 1988 y reconocerse una pensión por
aportes sin exigir el retiro del servicio docente para el pago de la pensión, en
concordancia con los principios del derecho laboral y constitucionales».

1.5. Trámite en segunda instancia

10. De conformidad con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el
artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de
pruebas, no hubo traslado a las partes para alegar15.

1.6. El Ministerio Público

11. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no se pronunció en esta
instancia16.

2. Consideraciones

2.1. Los problemas jurídicos

12. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, lo que
delimita la competencia del juez en segunda instancia17, se circunscriben a

13 Al respecto citó: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,

sentencia del 17 de febrero de 2022, radicación 25000-23-42-000- 2016-05129-01 (1023-2021)
14 Proferida dentro del expediente con radicación 23001233300020130026001(00882015)
15 Tal y como se indicó en el auto del 23 de noviembre de 2023. Índice 4 de Samai.
16 Así se desprende del informe secretarial del 24 de enero de 2024. Índice 9 de Samai.
17 Pues así lo dispone el artículo 328 del CGP, que señala: «Artículo 328. Competencia del

superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos
expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos
previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere
adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso,
condenar en costas y ordenar copias.

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Demandante: Julieta Marmolejo Cajiao

establecer lo siguiente:

12.1. ¿La pensión regulada en la Ley 71 de 1988 es compatible con el salario
percibido en ejercicio de la docencia o para recibirla la docente debe retirarse del
servicio?

12.2. ¿Se configuró la excepción al principio de la non reformatio in pejus, según lo
previsto en el artículo 328 del CGP?

2.2. Marco normativo

2.2.1. Sobre el sistema de seguridad social creado por la Ley 100 de 1993 y el
régimen exceptuado de los docentes afiliados al Fomag

13. La Constitución Política previó la seguridad social en su artículo 48 como «un
servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y
control del Estado». Tiene esta connotación porque su finalidad es satisfacer, de
forma continua, una necesidad de carácter general consistente en amparar las
contingencias que se presenten para las personas derivadas de la vejez, invalidez,
enfermedad o muerte18. La norma le otorgó en su inciso segundo la calidad de
«derecho irrenunciable», por lo que es considerado un derecho fundamental al
repercutir directamente en la vida y dignidad de las personas19.

14. En virtud de lo anterior, el Estado asumió la obligación de diseñar e
implementar el sistema de seguridad social que conlleva la integración de normas
que, de manera conjunta y coordinada, sirvan para regular la prestación de ese
servicio público y lograr su satisfacción20. Este mandato lo cumplió con la
expedición de la Ley 100 de 1993 que creó «el sistema de seguridad social integral»
con el fin de «unificar la normatividad y la planeación de la seguridad social […]»21. El
sistema quedó conformado por cuatro componentes o subsistemas: el Sistema
General de Pensiones, el Sistema General de Salud, el Sistema General de
Riesgos Profesionales y los Servicios Sociales Complementarios.

15. La ley reguló el Sistema General de Pensiones en su libro primero y con él

El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la
modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las
nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia».
18 Sobre el particular se puede leer la providencia C-623 de 2004.
19 Al respecto se pueden consultar las siguientes sentencias. Sentencia T-019 de 2009, T-395 de

1998, T-076 de 1999, T-321 de 1999 y T-101 de 2001
20 El término «sistema lo define la RAE como un «Conjunto de reglas o principios sobre una

materia racionalmente enlazados entre sí».
21 Preámbulo y artículo 6.

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Demandante: Julieta Marmolejo Cajiao

unificó los regímenes que existían con antelación, así lo señaló de forma expresa
y fue expuesto en sus antecedentes legislativos22. Está integrado por dos
regímenes específicos, autónomos e independientes, denominados: « Régimen
Solidario de Prima Media con Prestación Definida» y «Régimen de Ahorro Individual con
Solidaridad». Para cada uno dispuso las instituciones encargadas de
administrarlos, la afiliación, su financiación a través de cotizaciones obligatorias y
subsidios del Estado, los requisitos para obtener la prestación social, las diferentes
pensiones que reconocen, los beneficiarios y el monto pensional.

16. El Sistema General de Pensiones reglado en la Ley 100 de 1993 rige en su
integridad todo lo relacionado con el reconocimiento pensional y las entidades que
lo administran. Es así porque su finalidad fue unificar todos los regímenes
pensionales que existían antes de su expedición, lo que consiguió al disponer que
todos los trabajadores públicos, privados e independientes deben cotizar a sus
subsistemas.

17. No obstante, el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 exceptuó del sistema
integral de seguridad social contenido en esa norma, entre otros, a los afiliados al
Fomag, para lo cual dispuso:

«Artículo 279. Excepciones. El Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la
presente Ley no se aplica a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía
Nacional, ni al personal regido por el Decreto ley 1214 de 1990, con excepción de
aquel que se vincule a partir de la vigencia de la presente Ley, ni a los miembros no
remunerados de las Corporaciones Públicas.

Así mismo, se exceptúa a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas prestaciones a cargo serán
compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración. Este Fondo será
responsable de la expedición y pago de bonos pensionales en favor de educadores
que se retiren del servicio, de conformidad con la reglamentación que para el efecto se
expida». [Resalta la Sala].

22 Ibidem. En la exposición de motivos de la ley se explicó lo siguiente: «[l]a dispersión de
regímenes pensiónales dentro del sector público se corresponde con gran multiplicidad, de
entidades, lo cual se refleja en la existencia de cerca de un millar de cajas, y en una tendencia a la
deserción de entidades y afiliados de Cajanal, que se suponía debía haber sido la entidad para
centralizar y homogenizar la previsión del nivel nacional. (…) Por último, se unificarán los sistemas
pensionales vigentes para el sector público y el sector privado. Los trabajadores del sector público
tendrían un régimen de beneficios y contribuciones idéntico al del sector privado, que se realizaría
a través de los mismos fondos. (…) A la larga, se eliminará la multiplicidad de regímenes e
instituciones previsionales del sector público así como las inequidades dentro del mismo, y
respecto a las pensiones del sector privado. Como en el sector privado, los beneficios
extraordinarios en el sector público tendrán que ser complementarios voluntarios y a cargo de los
trabajadores y los recursos propios de las entidades; en ningún caso estarán a cargo del fisco o de
terceros, y tendrán que: constituirse efectivamente las reservas necesarias». Congreso de la
República Gaceta No. 087 -1992 páginas 11 y 12.

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Radicado: 76001-23-33-000-2019-00968-01 (2919-2023)
Demandante: Julieta Marmolejo Cajiao

18. Dentro de los denominados «regímenes exceptuados» de la aplicación de la Ley
100 de 1993, están comprendidos (i) los integrantes de las Fuerzas Militares y de
la Policía Nacional; (ii) el personal regido por el Decreto-Ley 1214 de 1990,
excepto al vinculado en vigencia de la referida ley; (iii) los miembros no
remunerados de las corporaciones públicas; (iv) los afiliados al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio; y (v) los servidores de la Empresa
Colombiana de Petróleos vinculados antes de la vigencia de la Ley 797 de 2003 23.

19. Estos cuentan con normativa propia que fijan los requisitos que los trabajadores
beneficiarios deben cumplir para obtener la pensión y reglan sus distintas
modalidades de pensión.

20. En el sector docente oficial, la Ley 91 de 1989 «[p]or la cual se crea el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio» distinguió entre el personal docente
nacional, nacionalizado y territorial y distribuyó las obligaciones prestacionales de
los docentes (artículos 1 y 2), según se resume a continuación:

Personal Tipo de vinculación Prestaciones sociales a Entidad responsable
docente cargo
Vinculados por Las causadas hasta 29 de La extinta Cajanal y el Fondo
nombramiento del diciembre de 1989 y en Nacional del Ahorro o las que
gobierno nacional adelante, los reajustes y la hicieren sus veces.
Nacional sustitución de pensiones
Las causadas a partir del 29 La nación y pagadas por el
de diciembre de 1989 Fomag
Las causadas hasta el 31 de Las respectivas entidades
diciembre de 1975 y en territoriales o las cajas de
adelante, los reajustes y la previsión, o las entidades que
sustitución de pensiones hicieren sus veces, a las
Vinculados por cuales venía vinculado este
nombramiento de personal
entidad territorial Las causadas en el período La Nación o las respectivas
antes y después del de nacionalización (1 de entidades territoriales o las
1/1/1976 (Ley 43/75) enero de 1976 – 31 de cajas de previsión, o las
diciembre de 1980), los entidades que hicieren sus
reajustes y la sustitución de veces (estas entidades deben
pensiones contribuir en los porcentajes
Nacionalizado establecidos en el artículo 3
de la Ley 43 de 1975).
Las causadas y no pagadas Las respectivas entidades
entre el 1 de enero de 1981 territoriales o las cajas de
y el 29 de diciembre de 1989 previsión social, o las
entidades que hicieren sus
veces, a las cuales estaba
vinculado dicho personal.
La nación debe hacer los
aportes correspondientes, en
virtud de lo pactado en los
convenios respectivos.

23 Artículo 3 que modificó el 15 de la Ley 100 de 1993.

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Las causadas a partir del 29 La nación y pagadas por el
de diciembre de 1989 Fomag

21. Uno de los componentes que regula la Ley 91 de 1989 es el régimen
prestacional con el ánimo de lograr cierta unidad e igualdad frente a la disparidad
anterior, por lo que el artículo 15 ibidem prevé que a partir de su entrada en vigor,
los docentes nacionales y aquellos que ingresen del 1° de enero de 1990 en
adelante, estarán regulados por las normas vigentes aplicables a los empleados
públicos del orden nacional, entre ellas, los decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969
y 1045 de 1978, o que se expidan en el futuro, verbigracia, la Ley 344 de 1996.

22. En materia pensional, el citado artículo 15, numeral 3, literal b), dispone que i) a
los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989 mantendrían el régimen
prestacional que habían gozado en cada entidad territorial, de conformidad con las
normas vigentes; y ii) aquellos que ingresaron a partir del 1° de enero de 1990,
nacionales y nacionalizados, tienen derecho a una pensión de jubilación bajo el
régimen general y ordinario de pensiones del sector público nacional, de acuerdo
con los artículos 17 de la Ley 6ª de 1945 y 27 del Decreto 3135 de 1968, este
último derogado por el artículo 25 de la Ley 33 de 1985.

23. La Ley 60 de 199324 asignó la administración de los servicios educativos
estatales a los municipios, financiados con recursos propios y con los provenientes
de su participación del situado fiscal, en conjunto con los departamentos. En el
artículo 6 ibidem dispuso la incorporación del personal docente de los órdenes
departamental, distrital y municipal al Fomag, así como la conservación del
régimen prestacional anterior, mientras que a las nuevas vinculaciones se les
aplicaría la Ley 91 de 1989. En consecuencia, las prestaciones sociales causadas
antes de la afiliación al señalado fondo y sus reajustes, reliquidaciones y
sustituciones serían cubiertas por la respectiva entidad territorial o el ente de
previsión social a la cual se hubieren realizado los aportes; a diferencia de las que
se hicieran exigibles con posterioridad, que estarán a cargo del indicado fondo.

24. Sobre el particular, el Consejo de Estado, en sentencia del 23 de febrero de
2006, expediente 2002 – 0594, con ponencia del magistrado Tarsicio Cáceres

24 «Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad

con los artículos 151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos
356 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.
[...]
Artículo 9. El situado fiscal, establecido en el artículo 356 de la Constitución Política, es el
porcentaje de los ingresos corrientes de la Nación que será cedido a los departamentos, el Distrito
Capital y los distritos especiales de Cartagena y Santa Marta, para la atención de los servicios
públicos de educación y salud de la población y de conformidad con lo dispuesto en los artículos
49, 67 y 365 de la Constitución Política. El Situado fiscal será administrado bajo responsabilidad de
los departamentos y distritos de conformidad con la Constitución Política».

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Toro, sobre el tema objeto de análisis, precisó:

«De lo anterior resalta que los docentes nacionales y nacionalizados que se
incorporen a las plantas departamentales y distritales de educación en las
condiciones señaladas en la Ley 60 de 1993 quedan sometidos en cuanto a la
pensión de jubilación – ordinaria o derecho prevista en la Ley 91 de 1989, la
cual es de régimen ‘ordinario’, como ya se dijo. Y los docentes territoriales en
cuanto a la citada pensión tenían que estar sometidos a la ley pensional
‘ordinaria’ pertinente (salvo situaciones especiales que se deben demostrar)
debido a que las autoridades locales no tenían facultad constitucional para
regular esa materia; por eso algunas disposiciones dictadas en materia
pensional para los empleados territoriales por autoridades locales resultan
contrarias al régimen constitucional; claro está que las situaciones definidas y
consolidadas en aplicación de un régimen local gozan de protección conforme
al Art. 146-1 de la Ley 100/93.
[…]

La Ley 115 de 1994, en la parte final del inciso 1º del artículo 115 claramente
dispone: ‘El régimen prestacional de los educadores estatales es el
establecido en la Ley 91 de 1989, en la Ley 60 de 1993 y en la presente Ley’.
Pues bien, como ya se vio, en materia de pensión de jubilación – ordinaria o
derecho, ni la Ley 91 de 1989, ni la Ley 60 de 1993 consagraron un régimen
‘especial’; ahora, la actual ley, tampoco lo hace. Y se aclara que el hecho que
esta Ley disponga lo dicho sobre el régimen pensional en su artículo 115 que
se intitula ‘Régimen Especial de los Educadores Estatales’, dado el contenido
de la norma, como ya se vio, realmente no consagra un régimen especial en
materia de pensión de jubilación – derecho de los docentes. Así, esta ley no
hizo otra cosa que ratificar el régimen de jubilación establecido en el
momento, lo que indica que la Ley 33 de 1985, seguía siendo la norma
aplicable para los docentes nacionales. Además, las pensiones de jubilación
de los docentes reconocidas en su tiempo al amparo de la Ley 6ª/45 o el D.L.
3135/68 (antecesoras de la Ley 33/85) lo fueron bajo disposiciones
‘generales’ de pensiones del sector administrativo, que no tuvieron el carácter
de ‘especiales’.»

25. Por tanto, la Ley 33 de 1985 unificó el régimen de la pensión de jubilación de
los servidores públicos, aplicable a todos los niveles que no estuviesen
exceptuados por ley, tal como sucede para la pensión de jubilación ordinaria de
los docentes nacionales y nacionalizados respecto de quienes no se prevé un
régimen legal especial.

26. En razón a que los docentes no gozan de régimen especial en materia
pensional, en principio, la norma aplicable es la Ley 33 de 1985, la cual dispone
que los empleados oficiales que sirvan o hayan servido 20 años continuos o
discontinuos y lleguen a la edad de 55 años tendrán derecho a pensionarse con el
equivalente al 75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes
durante el último año de servicio.

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2.2.2. Interpretación del artículo 15, numeral 2, literal b), de la Ley 91 de 1989
en concordancia con lo regulado en las leyes 33 de 1985 y 71 de 1988

27. En cuanto a la posibilidad de aplicar la Ley 71 de 1988 a los docentes oficiales,
de conformidad con lo previsto en los artículos 81 de la Ley 812 de 2003 y 15,
numeral 2, literal b), de la Ley 91 de 1989. La Sala considera que es procedente
su aplicación, por las razones que se presentan a continuación y cuyo fundamento
es lo hasta ahora expuesto:

28. La primera razón tiene que ver con la intención que tuvo el legislador al
establecer en el numeral 2, literal b), del artículo 15 de la Ley 91 de 1989 que los
docentes «gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público
nacional» la cual permite concluir que la expresión también incluyó el régimen
previsto en la Ley 71 de 1988. Es así por cuanto en el debate legislativo del
proyecto que condujo a la expedición de la Ley 91 de 1989, al explicar el sentido
del artículo 15, señaló:

«[e]l principio de iniciación prestacional o de régimen único es relativo y se entiende de
la siguiente manera: Todos los maestros colombianos, con excepción de los del nivel
superior o universitario, vinculados a la nación, de conformidad con las leyes vigentes,
a partir del 1 de enero de 1990, quedarán sometidos al sistema prestacional y de
cesantías aplicable a los empleados públicos del orden nacional […] [a]cerca del
articulo 15 habría que referirse finalmente a dos aspectos: La Ley 71 de 1988 sobre
pensiones de jubilación; recoge amplias aspiraciones del movimiento pensional
que al beneficiar al Magisterio exonera de la repetición en este texto. El Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, recibe la autorización legal de
extender los servicios asistenciales a las familias de los docentes, cuando su situación
financiera lo permite»25 (se destaca).

29. De la sustentación en cita se infiere que para el legislador era innecesario
«repetir» de forma taxativa las disposiciones de la Ley 71 de 1988 o señalar la
remisión directa a esta dentro del texto de la Ley 91 de 1989, pues consideró que
aquellas se entendían incluidas dentro «del régimen vigente para los pensionados del
sector público nacional» al cual remite la segunda. En ese orden, es inviable
interpretar que al régimen pensional al que se refiere esta última es solo el de la
Ley 33 de 1985. Aceptar ello equivaldría a restringir el campo de aplicación que el
legislador quiso darle al enunciado, máxime cuando no especificó, ni en la
exposición de motivos del proyecto de ley ni en su texto, qué parte de la Ley 71 de
1988 era aplicable y cuál no. Por ende, debe deducirse que se refería a toda.

30. Lo anterior concuerda con la segunda razón que permite asegurar que la Ley

25 Ponencia para primer debate proyecto de Ley 49 de 1989 Senado «por la cual se crea el Fondo

Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio», página 5, Anal 103 del Congreso de la
República del 17 de octubre de 1989.

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71 de 1988 sí gobierna a los docentes por remisión del artículo 15.2 literal b) de la
Ley 91 de 1989. Este otro motivo se refiere a que aquella (incluido su artículo 7)
de manera explícita señaló que regula las pensiones de todos los servidores
públicos, sin excepción. En ese orden, también es un régimen aplicable a los
empleados de carácter nacional, por lo que encaja en el supuesto normativo
contenido en la última ley mencionada que remite para efectos pensionales de los
docentes al «régimen vigente para los pensionados del sector público nacional». El que
la ley se aplique también a trabajadores particulares no le quita este alcance y
descifrarlo de este modo desconoce su propio campo de reglamentación.

26
31. Ciertamente, el contenido de la Ley 71 de 1988 modificó las leyes que regían
a todos los servidores públicos en lo relacionado con el reajuste de las pensiones,
su monto máximo, las reglas de su sustitución, el momento a partir del cual puede
disfrutarse su pago y el derecho a la reliquidación de quien continuó en el servicio.
Lo anterior significa que sus postulados abarcaron a todos los trabajadores que
encajan en la categoría de servidores públicos.

32. Esto último también se predica del contenido de su artículo 7, puesto que el
nuevo régimen de pensión de jubilación por aportes no lo enfocó a un sector
determinado de los servidores públicos y, por el contrario, los incluyó a todos, al
prescribir que se aplicaría a los «empleados oficiales». Ello se refuerza con lo
explicado en los debates parlamentarios examinados con anterioridad y que dan
cuenta de que la norma buscó beneficiar a todos los trabajadores de los sectores
público y privado. Entonces, si legislador no señaló en la disposición normativa
que una parte de estos sería excluida del beneficio pensional, el intérprete no
puede darle ese alcance, pues del artículo no se desprende regla alguna que así
permita inferirlo.

33. Para la Sala, interpretar que el artículo 15.2 literal b), de la Ley 91 de 1989 no
remitió también al 7 de la Ley 71 de 1988 implicaría aceptar que los docentes no
hacen parte de la categoría de «empleados oficiales»27 a los que esta última norma
gobierna. Tal entendimiento conllevaría a aseverar, sin ser cierto, (i) que esta
última ley no contiene un régimen pensional aplicable a los empleados « del sector
público nacional» cuando los cobija a todos; y (ii) que la Ley 33 de 1985 es la única
aplicable a esta clase de trabajadores, cuando no es así.

34. Si bien la última expresión entre comillas puede dar lugar a la confusión
referida, en su entendimiento armónico con el artículo 7 de la Ley 71 de 1988 debe

26 Leyes 4 de 1976, 33 de 1973, 12 de 1975, 44 de 1980 y 113 de 1985.
27El Decreto 2277 de 1979 «Por el cual se adoptan normas sobre el ejercicio de la profesión
docente» los clasificó en su artículo 3 como «empleados oficiales de régimen especial».

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Radicado: 76001-23-33-000-2019-00968-01 (2919-2023)
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prevalecer la interpretación que más garantice los derechos de los docentes en
virtud del principio de favorabilidad en materia laboral, según el cual cuando exista
más de una posible interpretación de una norma debe escogerse aquella que
mayor provecho otorgue al trabajador28. En ese orden, la que más se ajusta a la
protección de su derecho pensional es la que se afirma en esta providencia, pues
amplía su grado de protección pensional. Por consiguiente, debe inferirse que el
texto normativo también remite al artículo 7 de la Ley 71 de 1988.

35. Este último argumento se relaciona directamente con la tercera razón que
avala la tesis de aplicabilidad de la Ley 71 de 1988 a los docentes vinculados con
anterioridad a la expedición de la Ley 812 de 2003 y que consiste en afirmar que
la ley fijó unos derechos pensionales que no pueden ser desconocidos a ningún
servidor público o trabajador privado. En efecto, en su artículo 11, analizado antes
en esta providencia y que debe ser interpretado de manera sistemática con el 7
por ser parte de un mismo texto legal y referirse a igual materia, determinó que su
contenido y las disposiciones que quedaron vigentes de las leyes 4 de 1976, 33 de
1973, 12 de 1975, 44 de 1980 y 113 de 1985, junto con la Ley 33 de 1985,
comprenden los «derechos mínimos» en materia de pensiones y sustituciones
pensionales aplicables «al sector público en general y en todos los niveles».

36. En este sentido, se debe destacar que la expresión « derechos mínimos» prevista
en este artículo fijó una base de protección de las garantías pensionales en favor
de todos los servidores públicos que no pueden ser desconocidas a un sector de
estos so pena de afectar su posibilidad de acceder a la pensión, lograr su reajuste
y sustitución. Por consiguiente, dejar de aplicar a los docentes el artículo 7 de la
Ley 71 de 1988 suprimiría uno de esos derechos esenciales a los que se refiere el
artículo 11 ibidem, por cuanto se les impediría completar el requisito de aportes o
tiempo de servicios con la acumulación de los prestados en el sector privado y en
el público sin justificación constitucional o legal alguna.

37. Aunque puede afirmarse que ese derecho se garantiza con el régimen de
transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, puesto que si el
docente cumple con los requisitos allí establecidos, como cualquier servidor

28 «[…]el principio de favorabilidad se utiliza en las situaciones en las que se presenta duda sobre

cuál es la disposición jurídica aplicable al momento de resolver un asunto concreto. La existencia
de este conflicto se da cuando dos o más textos legislativos que se encuentran vigentes al
momento de causarse el derecho que se reclama, son aplicables para su solución. En virtud del
principio de favorabilidad se debe escoger, en su integridad, el texto normativo que le represente
mayor provecho al trabajador, afiliado o beneficiario del Sistema de Seguridad Social (…)
Igualmente, puede aplicarse este principio cuando una norma admite más de una interpretación,
caso en el cual siempre habrá de escogerse aquella que es más favorable al trabajador». Consejo
de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 12 de abril de 2018, radicado 81001-23-
33-000-2014-00012-01(1321-15) CE-SUJ2-010-18.

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Radicado: 76001-23-33-000-2019-00968-01 (2919-2023)
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público, accede a los beneficios de la Ley 71 de 1988, lo cierto es que una
exégesis en esa dirección va en contravía del querer del legislador de darle un
tratamiento diferenciado y más favorable en materia pensional a los docentes
oficiales cuya razón de ser radica en la naturaleza de la labor que desempeñan,
que es única y que consiste en enseñar en los planteles oficiales de educación29.

38. En esa línea, someterlos a que se rijan por el régimen transicional aludido
conlleva los siguientes efectos:

39. (i) desconoce que el hecho de ser « docente oficial» otorga por sí mismo el
derecho a regirse por el artículo 7 de la Ley 71 de 1988 porque esta categoría
hace parte de los «empleados oficiales» a los que gobierna, incluidos los «del sector
público nacional» a los que se refiere el artículo 15.2 literal b), de la Ley 91 de 1989;

40. (ii) contradice el artículo 81 de la Ley 812 de 2003 y el parágrafo transitorio 1
del Acto Legislativo 01 de 2005 que exoneraron de la aplicación de la Ley 100 de
1993 a tales docentes con el único requisito de ser vinculados antes del 27 de
junio de 2003 sin supeditarlo al cumplimiento de otros, como puede ser que
hubiesen cotizado de manera exclusiva en el sector público;

41. (iii) impone a los docentes cargas adicionales para acceder a la pensión por
aportes que el legislador no previó y que pone en riesgo su derecho en caso de no
completarlas; y

42. (iv) desmejora su monto pensional al someter la pensión a una liquidación con
el IBL previsto en los artículos 36 y 21 de la Ley 100 de 1993, pues el régimen de
transición excluyó este aspecto como beneficio al aplicar el régimen anterior30.

43. Lo anterior lleva a la cuarta razón que sustenta la tesis de esta providencia y
que hace referencia a que no hay un mandato legal que disponga que los
docentes oficiales deben ejercer durante toda su vida laboral la enseñanza en el
sector público para que se les aplique el numeral 2 literal b), del artículo 15 de la
Ley 91 de 1989, esto es, para tener derecho a pensionarse con las normas del

29 En efecto, de acuerdo con el artículo 2 del Decreto 2277 de 1979 «Por el cual se adoptan
normas sobre el ejercicio de la profesión docente» señala que es docente quien ejerce «[…]la
enseñanza en planteles oficiales y no oficiales de educación». La Ley 115 de 1994 en su artículo
104 los define como «[…]el orientador en los establecimientos educativos, de un proceso de
formación, enseñanza y aprendizaje de los educandos, acorde con las expectativas sociales,
culturales, éticas y morales de la familia y la sociedad». Y el Decreto 1278 de 2002 Por el cual se
expide el Estatuto de Profesionalización Docente» en el artículo 4 como quienes «[…] desarrollan
labores académicas directa y personalmente con los alumnos de los establecimientos educativos
en su proceso enseñanza aprendizaje […]».
30 Ver Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de unificación

del 28 de agosto de 2018, radicado 52001-23-33-000-2012-00143-0 y C-258 de 2013.

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Radicado: 76001-23-33-000-2019-00968-01 (2919-2023)
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régimen pensional de los empleados del sector público nacional. En efecto, el
numeral referido trae como única condición la de ser docente oficial nacional o
nacionalizado vinculado a partir del 1.° de enero de 1981 o del 1.° de enero de
1990. En ninguno de sus apartes exige que deba ejercerse durante un
determinado tiempo la docencia oficial.

44. Si bien el numeral aludido indicó que « cuando se cumplan los requisitos de Ley, se
reconocerá sólo una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual
promedio del último año», lo cierto es que no especificó que la noma que contenía
tales requisitos era solo la Ley 33 de 1985. Esta expresión debe ser entendida en
conjunto con la que señala a continuación la norma y que reza que « [e]stos
pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público
nacional», que, según se ha expuesto, comprendió también a la Ley 71 de 1988
por quererlo el legislador y porque se aplica a todos los servidores públicos sin
excepción y, por lo tanto, encaja en el supuesto de ser un régimen aplicable a los
empleados del sector nacional, además de contener los derechos mínimos
pensionales en su favor.

45. Así las cosas, el cumplimiento de «los requisitos de Ley» no puede limitarse a los
fijados en el artículo 1 de la Ley 33 de 1985 que exige 20 años de servicio en el
sector oficial, por cuanto no es la única ley a la que remite el numeral citado. En
consecuencia, exigir que el docente debió, para ser beneficiario de las
disposiciones del artículo 15.2 literal b) de la Ley 91 de 1989, ejercer durante ese
periodo mínimo la docencia en el sector público es un requerimiento ajeno al
entendimiento integral que debe hacerse de esta norma. Una interpretación en esa
dirección se reitera, va en contravía del principio de favorabilidad al elegirse una
comprensión más gravosa para el docente y, además, se adiciona la norma con
un requisito que no fue fijado por el legislador.

46. Bajo estos parámetros, el artículo 15 numeral 2 literal b), de la Ley 91 de 1989
es aplicable a un docente oficial vinculado a partir del 1° de enero de 1981 hasta
antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 (27 de junio de 2003), que
acumuló cotizaciones en otros empleos tanto del sector público como del privado,
pues la prerrogativa surge del hecho de ser docente oficial en tales circunstancias
y no existen otros requisitos en la ley para tal efecto.

47. La quinta razón que sustenta la tesis aquí planteada se refiere a que, si bien la
Ley 33 de 1985 en su artículo 1 dispuso que quedaban cobijados por sus reglas
todos los empleados públicos salvo «los empleados oficiales que trabajan en
actividades que por su naturaleza justifiquen la excepción que la Ley haya determinado
expresamente, ni aquellos que por ley disfruten de un régimen especial de pensiones», lo
cierto es que tal enunciado normativo que establece una excepción tan estricta no

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implica que a los docentes no los pueda gobernar otra norma en temas
pensionales porque las leyes 71 de 1988 y 91 de 1989 se expidieron con
posterioridad.

48. Ciertamente, si bien la naturaleza de la función docente no se exceptuó
expresamente del régimen general de pensiones ni se les impusieron condiciones
especiales distintas de las de la Ley 33 de 1985, fue el propio legislador el que
permitió que también se rigieran en materia pensional por esta última norma, al
prescribir que esta se aplicaba a todos los empleados oficiales, a través de la Ley
71 de 1988. En ese sentido, se fijó otra salvedad que permitió que los docentes no
se rigieran exclusivamente por la Ley 33 de 1985 y es aquella en la que se
pretenda acumular tiempos privados y públicos de servicio. Afirmar lo contrario
conllevaría a aceptar que ningún empleado público puede ser regido por la Ley 71
de 1988 y que solo tendrían derecho a ello los que el artículo 1 de la Ley 33 de
1985 exceptuó de su aplicación, conclusión que desconoce el contenido de la
primera ley mencionada.

49. Las cinco razones presentadas permiten concluir que la regulación prevista en
los artículos 81 de la Ley 812 de 2003 y 15, numeral 2, literal b), de la Ley 91 de
1989 sí permite la aplicación de la Ley 71 de 1988 a los docentes oficiales,
incluido su artículo 7.

2.2.3. Régimen jurídico aplicable a los docentes para el reconocimiento y
pago de una pensión de jubilación según la Ley 71 de 1988

50. En el evento en que los docentes hayan prestado sus servicios en entidades
públicas y privadas, la Ley 71 de 1988 estableció, en su artículo 7, los requisitos
de la pensión de jubilación por aportes en los siguientes términos:

«Artículo 7. A partir de la vigencia de la presente ley, los empleados oficiales y
trabajadores que acrediten veinte (20) años de aportes sufragados en cualquier tiempo
y acumulados en una o varias de las entidades de previsión social que hagan sus
veces, del orden nacional, departamental, municipal, intendencial, comisarial o distrital
y en el Instituto de los Seguros Sociales, tendrán derecho a una pensión de jubilación
siempre que cumplan sesenta (60) años de edad o más si es varón y cincuenta y cinco
(55) años o más si es mujer.

El Gobierno Nacional reglamentará los términos y condiciones para el reconocimiento y
pago de esta prestación y determinará las cuotas partes que correspondan a las
entidades involucradas».

51. De acuerdo con la norma transcrita, tienen derecho a una pensión mensual
vitalicia de jubilación, los empleados oficiales y trabajadores al haber acumulado
20 años continuos o discontinuos cotizados en una o varias entidades de previsión

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de cualquier orden y en el ISS, cuando cumplan la edad de 55 años si es mujer y
60 si es hombre.

52. La anterior disposición (artículo 7° de la Ley 71 de 1988) fue reglamentada por
el Decreto 2709 del 13 de diciembre de 1994, así:

«Artículo 1°. Pensión de jubilación por aportes. La pensión que se refiere el artículo 7o.
de la Ley 71 de 1988, se denomina pensión de jubilación por aportes.

Tendrán derecho a la pensión de jubilación por aportes quienes al cumplir 60 años o
más de edad si es varón, o 55 años o más si se es mujer, acrediten en cualquier
tiempo, 20 años o más de cotizaciones o aportes continuos o discontinuos en el
Instituto de Seguros Sociales y en una o varias de las entidades de previsión social del
sector público.

Artículo 2°. Efectividad y pago de la pensión de jubilación por aportes. La pensión de
jubilación por aportes, para los servidores públicos se hará efectiva una vez se retiren
del servicio. Para los demás trabajadores, se requiere la desafiliación de los seguros
de invalidez, vejez o muerte y accidente de trabajo y enfermedad profesional, salvo las
excepciones previstas en la ley.

Artículo 3°. Incompatibilidad de la pensión de jubilación por aportes. La pensión de
jubilación por aportes es incompatible con las pensiones de jubilación, invalidez, vejez
y retiro por vejez. El empleado o trabajador podrá optar por la más favorable cuando
haya concurrencia entre ellas.

Artículo 4°. Entidad de previsión. Para efectos de la pensión de jubilación por aportes,
se tendrá como entidad de previsión social a cualquiera de las cajas de previsión
social, fondos de previsión, o las que hagan sus veces del orden nacional,
departamental, intendencial, comisarial, municipal o distrital y al Instituto de los
Seguros Sociales.
[…]

Artículo 6º. Salario base para la liquidación de la pensión de jubilación por aportes. El
salario base para la liquidación de esta pensión, será el salario promedio que sirvió de
base para los aportes durante el último año de servicios, salvo las excepciones
contenidas en la ley.

Si la entidad de previsión es el ISS se tendrá en cuenta el promedio del salario base
sobre el cual se efectuaron los aportes durante el último año y dicho instituto deberá
certificar lo pagado por los citados conceptos durante el período correspondiente.

Artículo 8o. Monto de la pensión de jubilación por aportes. El monto de la pensión de
jubilación por aportes será equivalente al 75 % del salario base de liquidación. El valor
de la pensión de jubilación por aportes, no podrá ser inferior al salario mínimo legal
mensual vigente ni superior a quince (15) veces dicho salario, salvo lo previsto en la
ley».

53. En lo que se refiere al monto de la denominada pensión de jubilación por

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aportes, los precitados artículos 631 y 8 del Decreto 2709 de 1994 lo establecieron
en un 75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el
último año de servicios.

2.2.4. Entrada en vigencia del Acto Legislativo 1 de 2005 y sus efectos sobre
el régimen pensional de los docentes oficiales

54. El Acto legislativo 1 de 2005, en lo atinente al régimen pensional aplicable a los
docentes oficiales, prescribió que «[e]l régimen pensional de los docentes nacionales,
nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público educativo oficial es el
establecido para el Magisterio en las disposiciones legales vigentes con anterioridad a la
entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado en el artículo 81 de esta. Los
docentes que se hayan vinculado o se vinculen a partir de la vigencia de la citada ley,
tendrán los derechos de prima media establecidos en las leyes del Sistema General de
Pensiones, en los términos del artículo 81 de la Ley 812 de 2003» (parágrafo transitorio
1).

32
55. El mencionado artículo 81 de la Ley 812 de 2003 , al que hace alusión el Acto
legislativo 1 de 2005, en lo concerniente al tema bajo estudio, previó:

«Régimen prestacional de los docentes oficiales. El régimen prestacional de los
docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, que se encuentren vinculados al
servicio público educativo oficial, es el establecido para el Magisterio en las disposiciones
vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley.

Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, serán
afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y tendrán los
derechos pensionales del régimen pensional de prima media establecido en las Leyes
100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en él, con excepción de la edad
de pensión de vejez que será de 57 años para hombres y mujeres.
[…]

El valor total de la tasa de cotización por los docentes afiliados al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio corresponderá a la suma de aportes que para salud
y pensiones establezcan las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, manteniendo la misma

31 La citada disposición fue derogada por el artículo 24 del Decreto 1474 de 1997, el cual, en su

artículo 22, preceptuó que: «El bono pensional para los trabajadores cobijados por el régimen de
transición de que trata el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, se calculará tomando en cuenta la
edad, el tiempo de servicio y el monto porcentual de la pensión aplicable a dichos trabajadores. El
ingreso base de liquidación se establecerá de acuerdo con el tercer inciso del artículo 36 de la Ley
100 de 1993 […]». No obstante, esta sección, en sentencia de 15 de mayo de 2014, consejero
ponente Gerardo Arenas Monsalve, expediente 11001-03-25-000-2011-00620 de -00 (2427-11),
declaró la nulidad parcial del aludido artículo 24 el Decreto 1474 de 1997, en cuanto había
derogado el artículo 6° del Decreto 2709 de 1994.
32 «Artículo 137. Vigencia. La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación y deroga el

artículo 8º de la Ley 160 de 1994, el artículo 14 de la Ley 373 de 1997 y todas las disposiciones
que le sean contrarias». Decreto publicado en el diario oficial núm. 45.231 de 27 de junio de 2003.

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distribución que exista para empleadores y trabajadores. La distribución del monto de
estos recursos la hará el Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio, en lo correspondiente a las cuentas de salud y pensiones».

56. Respecto de las anteriores normas, la Sección Segunda de esta corporación,
en sentencia de unificación SUJ-014 -CE-S2 de 25 de abril de 201933, precisó:

«De acuerdo con el parágrafo transitorio 1 del Acto Legislativo 01 de 2005, son dos los
regímenes pensionales que regulan el derecho a la pensión de jubilación y/o vejez para
los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público
educativo oficial. La aplicación de cada uno de estos regímenes está condicionada a la
fecha de ingreso o vinculación al servicio educativo oficial de cada docente, así:

I) Régimen de pensión ordinaria de jubilación de la Ley 33 de 1985 para los
docentes nacionales, nacionalizados y territoriales vinculados al servicio público
educativo oficial con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003.

II) Régimen pensional de prima media para aquellos docentes que se vincularon a
partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003. A estos docentes, también
afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, les aplica el
régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de
2003, con los requisitos previstos en dicho régimen, con excepción de la edad que será
de 57 años para hombres y mujeres».

57. En relación con el primer grupo de docentes, esto es, los vinculados al servicio
público educativo oficial con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de
2003, determinó:

«La Sección Segunda en su función unificadora, salvaguardando los principios
constitucionales de igualdad y seguridad jurídica, acoge el criterio de interpretación
sobre los factores salariales que se deben tener en cuenta para la liquidación de la
mesada pensional en el régimen de la Ley 33 de 1985 que fijó la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo y sienta jurisprudencia frente a los factores que se
deben tener en cuenta para la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los
docentes del servicio público oficial afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003,
fijando la siguiente regla:

• En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes
vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, que gozan del
mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación para los servidores
públicos del orden nacional previsto en la Ley 33 de 1985, los factores
que se deben tener en cuenta son solo los factores sobre los que se
hayan efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1º de
la Ley 62 de 1985, y por lo tanto, no se puede incluir ningún factor
diferente a los enlistados en el mencionado artículo.

33 Expediente con radicación 68001-23-33-000-2015-00569-01 (0935-2017), M.P. César Palomino

Cortés.

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Con esta regla se sienta una postura interpretativa distinta a la que sostenía la
Sección Segunda a partir de la sentencia del 4 de agosto de 2010, según la cual, en
la base de liquidación de la pensión de jubilación ordinaria de los docentes se
incluían todos los factores salariales devengados durante el último año de servicios.

De acuerdo con el Acto Legislativo 01 de 2005 “Para la liquidación de las pensiones
sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere
efectuado las cotizaciones”. Los docentes no están exceptuados de esta disposición
para el goce de la pensión ordinaria de jubilación. Por lo que, en el ingreso base de
liquidación de esta pensión solo pueden ser tenidos en cuenta los factores sobre los
que se aporta y que están contenidos en el artículo 1º de la Ley 62 de 1985.
[…]

En resumen, el derecho a la pensión de jubilación de los docentes vinculados a
partir del 1 de enero de 1981 nacionales y nacionalizados y de los nombrados a
partir del 1 de enero de 1990, de acuerdo con las Leyes 91 de 1989 y 33 de 1985,
se rige por las siguientes reglas:

✓ Edad: 55 años

✓ Tiempo de servicios: 20 años

✓ Tasa de remplazo: 75%

✓ Ingreso Base de Liquidación: Este componente comprende i) el período del
último año de servicio docente y ii) los factores que hayan servido de base
para calcular los aportes previstos en la Ley 62 de 1985, que son: asignación
básica, gastos de representación; primas de antigüedad, técnica,
ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas extras;
bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado
en jornada nocturna o en día de descanso obligatorio». [Se resalta]

58. En lo correspondiente al segundo grupo de maestros oficiales, conformado por
quienes ingresaron al servicio educativo a partir de la Ley 812 de 2003, en el
mismo fallo se sostuvo:

«68. Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de
2003, son igualmente afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, y son beneficiarios del régimen pensional de prima media en las
condiciones previstas en la Ley 100 de 1993 y 797 de 2003, salvo en lo que tiene que
ver con la edad, la que, según el artículo 81 de la citada Ley 812 de 2003 se unificó
para hombres y mujeres en 57 años34. Esto quiere decir, que para el ingreso base de
liquidación de este grupo de docentes debe tenerse en cuenta lo previsto en la Ley 100
de 1993 y el Decreto 1158 de 1994.

69. A este grupo de docentes les aplican las normas generales del sistema de
pensiones y no la regulación prevista en la Ley 91 de 1989. Los factores que se deben
incluir en el ingreso base de liquidación son los previstos en el Decreto 1158 de 1994

34 La Ley 1151 de 2007 en el artículo 160 conservó la vigencia del artículo 81 de la Ley 812 de

2003 y derogó el artículo 3 del Decreto 3752 de 2003.

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sobre los que se efectuaron las respectivas cotizaciones».

59. Así las cosas, tal como se consideró en la sentencia proferida de manera reciente
por esta Subsección35, de acuerdo con el parágrafo transitorio 1º. del Acto
legislativo 1 de 2005, del régimen pensional de los docentes al servicio educativo
depende de si la fecha de vinculación es anterior o posterior a la entrada en
vigencia de la Ley 812 del 2003, así:

59.1. Los docentes que ingresaron con anterioridad al 27 de junio de 2003
vinculados como docentes nacionales, nacionalizados y territoriales tendrán
derecho a adquirir la pensión de jubilación de que trata la Ley 33 de 1985, al
cumplir 55 años de edad36 y 20 de servicios, o según lo establecido en la Ley 71
de 1988 que la otorga con 60 años si es hombre o 55 si es mujer, cuando se
acrediten 20 años o más de cotizaciones continuas o discontinuas en el Instituto
de Seguros Sociales (hoy Administradora Colombiana de Pensiones) y en una o
varias de las entidades de previsión social del sector público. En ambos casos,
con una tasa de reemplazo del 75% y sobre lo aportado durante el último año de
servicios; y

59.2. Loseducadores que ingresaron con posterioridad a dicha fecha podrán
acceder a la pensión de vejez prevista en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993
(modificado por el 9 de la Ley 797 de 2003), al colmar el número de semanas de
cotización establecido en esta última norma y llegar a la edad de 57 años de edad
(sin importar el género, pues la Ley 812 de 2003 unificó el requisito de edad para
hombres y mujeres), por lo que su liquidación será con el promedio de los salarios
o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los últimos 10 años de
labores (artículo 21 de la Ley 100) y en atención a los factores enunciados en el
Decreto 1158 de 199437.

60. En suma, es procedente la aplicación de la Ley 71 de 1988, disposición que
también regla a los servidores públicos que tengan tiempos privados para alcanzar
una pensión de jubilación, sin que la Ley 91 de 1989 haya restringido la aplicación
del régimen general de pensiones de los empleados oficiales únicamente a la Ley

35 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. sentencia del 15 de junio del 2023,
radicación 47001-23-33-000-2019-00449-01 (3521-2022), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
36 A menos que el maestro sea beneficiario del régimen de transición establecido en la Ley 33 de

1985, pues en tal caso le será aplicable la edad pensional prevista en la Ley 6ª de 1945 (50 años,
para los educadores territoriales y nacionalizados) y el Decreto 3135 de 1968 (50 años si son
mujeres y 55 si son hombres, para los del orden nacional).
37 Que previó los siguientes factores sobre los que se debe efectuar aportes: a) asignación básica

mensual, b) gastos de representación; c) prima técnica, cuando sea factor de salario; d) primas de
antigüedad, ascensional y de capacitación cuando sean factor salarial; e) remuneración por trabajo
dominical o festivo; f) remuneración por trabajo suplementario o de horas extras, o realizado en
jornada nocturna; y g) bonificación por servicios prestados.

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33 de 1985.

61. En ese sentido, los docentes que acumulen aportes por servicios prestados en
los sectores oficial y privado e ingresaron al servicio docente estatal con
anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, también les son
aplicables las disposiciones de la Ley 71 de 1988, norma que regula la pensión
por aportes de los servidores públicos inmersos en esa situación.

2.2.5. Compatibilidad entre la pensión de jubilación y el salario para el caso
de los docentes

62. El artículo 64 de la Constitución Política de 1886 disponía que nadie podía
recibir dos sueldos del tesoro público, salvo lo que para casos especiales
determinaran las leyes. De esta manera, el constituyente previó la posibilidad de
que se establecieran excepciones a la prohibición, las cuales inicialmente fueron
«determinadas» por el presidente de la República, quien en ejercicio de facultades
extraordinarias expidió el Decreto-ley 1317 de 196038, dentro de las cuales incluyó
«[l]as asignaciones que provengan de establecimientos docentes de carácter oficial,
siempre que no se trata de profesorado de tiempo completo39». Asimismo, el artículo 5
del Decreto 224 de 197240 señalaba que «el ejercicio de la docencia no ser[ía]
incompatible con el goce de la pensión de jubilación siempre y cuando el beneficiario
est[uviera] mental y físicamente apto para la tarea docente, pero se decretar[ía el] retiro
forzoso del servicio al cumplir sesenta y cinco (65) años de edad».

63. Con la expedición de la Constitución Política de 1991, la disposición contenida
en el artículo 64 se mantuvo en los siguientes términos:

«Artículo 128. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público
ni recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de
instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los casos
expresamente determinados por la ley.

Entiéndese por tesoro público el de la Nación, el de las entidades territoriales y el de
las descentralizadas» [Se resalta].

64. La anterior norma constitucional fue desarrollada por el legislador a través de la
Ley 4ª de 1992, que en su artículo 19, dispuso lo siguiente:

«Artículo 19. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público, ni
recibir más de una asignación que provenga del Tesoro Público, o de empresas o de

38 Por el cual se determinan algunas excepciones a las incompatibilidades establecidas en el
artículo 64 de la Constitución.
39 Artículo 1 del Decreto-ley 1317 de 1960.
40 Por el cual se dictan normas relacionadas con el ramo docente.

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instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado. Exceptúanse las
siguientes asignaciones:

[…]

g) Las que a la fecha de entrar en vigencia la presente Ley beneficien a los
servidores oficiales docentes pensionados. […]». [Se resalta].

65. De acuerdo con lo anterior, se observa que la voluntad del legislador fue
mantener vigentes las excepciones que, con anterioridad a la expedición de la
Constitución de 1991, frente a la referida prohibición constitucional beneficiaban a
los docentes. En ese sentido, la Subsección B de la Sección Segunda de esta
Corporación, al referirse al alcance del literal g) transcrito concluyó41:

«Al establecer la excepción, no se estaba señalando a los docentes que ya estaban
pensionados, sino a las disposiciones que en esa fecha beneficiaban a los docentes
pensionados, pues se trataba era de establecer excepciones a la prohibición, no
de aclarar situaciones ya definidas como eran los docentes pensionados.

Es la lectura que debe darse a la disposición, pues no resultaría comprensible que el
legislador, en vez de establecer excepciones, como lo anuncia, derogue las
existentes.

En esas condiciones, entendiendo que la Ley 4ª de 1992, art. 19, literal g) al establecer
las excepciones en examen, contempló las disposiciones que al entrar en vigencia
dicha ley, beneficiaban a los docentes pensionados, una de ellas, es el artículo 5º del
Decreto 224 de 1972 […]

Las razones antes expuestas permiten a la Sala concluir que los docentes oficiales
siguen gozando de la prerrogativa de acceder a la pensión y seguir percibiendo
sueldo, por permitirlo así expresamente la normatividad antes citada». [Se resalta].

66. De otra parte, se advierte que las normas que con posterioridad regularon el
régimen pensional de los docentes fueron consistentes en ese sentido, al respecto
se destacan las siguientes disposiciones:

66.1. Elartículo 279 de la Ley 100 de 1993, que exceptuó a los maestros del
Sistema Integral de Seguridad Social contenido en esa norma [hasta la entrada en
vigor de la Ley 812 de 2003] reiteró la excepción al señalar: « a los afiliados al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas
prestaciones a cargo serán compatibles con pensiones o cualquier clase de
remuneración» [se resalta].

66.2. Elartículo 6 de la Ley 60 de 1993 precisó que «[e]l régimen prestacional
aplicable a los actuales docentes nacionales o nacionalizados que se incorporen a las

41 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6 de marzo de 2003,
radicado 05001-23-31-000-1995-01799-01 (1577-2001), M.P. Alejandro Ordóñez Maldonado.

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plantas departamentales o distritales sin solución de continuidad y las nuevas
vinculaciones será el reconocido por la Ley 91 de 1989, y las prestaciones en ellas
reconocidas serán compatibles con pensiones o cualquier otra clase de
remuneraciones»; y

66.3. El artículo 19 de Ley 344 de 199642 dispuso:

«Artículo 19. Sin perjuicio de lo estipulado en las Leyes 91 de 1989, 60 de 1993 y
115 de 1994, el servidor público que adquiera el derecho a disfrutar de su pensión de
vejez o jubilación podrá optar por dicho beneficio o continuar vinculado al servicio,
hasta que cumpla la edad de retiro forzoso. Los docentes universitarios podrán hacerlo
hasta por diez años más. La asignación pensional se empezará a pagar solamente
después de haberse producido la terminación de sus servicios en dichas instituciones.»

67. Así pues, la disposición contenida en el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, se
advierte que el legislador preservó la compatibilidad de la pensión de jubilación
con el salario devengado por el docente, compatibilidad de la cual pueden ser
beneficiarios aquellas personas que acrediten los requisitos para que les sea
reconocida una pensión y presten o llegasen a prestar sus servicios como
docentes oficiales, teniendo en cuenta que son estos últimos quienes deben ser
afiliados al Fomag.

68. Valga precisar que esa disposición expresa que las prestaciones a cargo del
Fomag serían compatibles «con pensiones o cualquier clase de remuneración», es
decir, no establece como requisito que la pensión haya sido reconocida bajo los
requisitos de un régimen determinado.

69. Ahora bien, de la lectura de las disposiciones contenidas en la Ley 344 de 1996
se puede evidenciar que la voluntad del legislador fue mantener vigente la
compatibilidad referida y de la cual son beneficiarios los docentes. Es decir,
mediante dicha disposición señaló que una vez los servidores públicos adquieran
el derecho a disfrutar su pensión de vejez o jubilación, tendrían la posibilidad de
optar por una de 2 opciones a saber: i) retirarse del servicio y comenzar a disfrutar
de la pensión de la cual es acreedor o ii) continuar vinculado al servicio hasta que
cumpla la edad de retiro forzoso. Esto es que podrían disfrutar de la pensión, pero
solo hasta cuando acrediten el retiro del servicio. Sin embargo, nuevamente, de
manera expresa excluyó a los docentes oficiales. En ese sentido, se refirió la
Corte Constitucional en sentencia C-584 de 1997:

«No obstante, antes de la expedición de la ley parcialmente demandada [Ley 344 de
1996], el único régimen general que permitía el goce simultáneo de la pensión de

42 Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas

facultades extraordinarias y se expiden otras disposiciones.

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jubilación y la estabilidad en el cargo era el aplicable a los docentes afiliados al fondo
nacional de prestaciones sociales del magisterio, el que permanece incólume en la
nueva normativa. En efecto, la primera parte del artículo 19 demandado, exceptúa,
expresamente, de su ámbito de aplicación, a los docentes afiliados al fondo nacional
de prestaciones sociales del magisterio y sometidos a las Leyes 91 de 1989, 60 de
1993 y 115 de 1994.

[…]

La Corte ya ha puesto de manifiesto la protección especial que la Constitución confiere
a la educación superior. Al respecto, el artículo 68 de la C.P., señala que la enseñanza
estará a cargo de personas de reconocida idoneidad ética y pedagógica.
Adicionalmente, la Carta impone al legislador la obligación de garantizar la
profesionalización y dignificación de la actividad docente. En estas condiciones, es
claro el interés constitucional por mantener, en sus puestos de trabajo, a quienes
han cumplido con las condiciones de idoneidad suficientes para poder servir a la
mejor formación de los educandos. Así, advierte la Corporación que existe una
razón constitucional, tan fuerte como la que ampara la definición de la edad de retiro
forzoso, para establecer, a favor de los profesores universitarios, la excepción que se
estudia, y que la misma es útil y necesaria para alcanzar el objetivo perseguido» [Se
resalta].

70. Resulta claro entonces que los servidores públicos podrán disfrutar de la
pensión solo hasta cuando acrediten el retiro del servicio; no obstante, la Ley 344
de 1996 dejó a salvo lo dispuesto en las leyes 91 de 1989, 60 de 1993 y 115 de
1994, disposiciones de las que se desprende la compatibilidad entre la pensión y
el salario percibido con ocasión del ejercicio docente.

71. Esta Sala no desconoce que el gobierno nacional expidió el Decreto 1278 de
200243 en cuyos artículos 45 y 63, literal b) dispuso i) que el ejercicio de cargos en
el sector educativo estatal sería incompatible con «el goce de la pensión de
jubilación, vejez, gracia o similares» y ii) que la cesación definitiva de las funciones
docentes o directivos docentes de los educadores estatales se produciría, entre
otros, por obtención de la jubilación o pensión de vejez, gracia o invalidez.

72. Sin embargo, el artículo 45 del decreto aludido fue declarado inexequible por la
Corte Constitucional mediante sentencia C-1157 de 2003, y si bien el artículo 63
literal b) fue declarado exequible mediante la sentencia C-734 de 2003, allí se
precisó que «la norma acusada no estaba modificando el régimen propio de las
pensiones de vejez, gracia o invalidez, ni mucho menos establece objetivos y criterios a
los cuales deba sujetarse el gobierno para fijar el régimen prestacional de los docentes -
los cuales como ya se explicó se encuentran establecidos en la Ley 4 de 1992 y a
ellos debe remitirse el Gobierno» [Se resalta].

73. En igual sentido, los decretos anuales por los cuales se modifica la

43 «Por el cual se expide el Estatuto de Profesionalización Docente»

27

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remuneración de los servidores públicos y directivos docentes al servicio del
Estado en los niveles de preescolar, básica y media y se dictan otras
disposiciones de carácter salarial para el sector educativo estatal, prevén que
«[n]adie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público, ni recibir más de
una asignación que provenga del Tesoro Público, o de empresas o de instituciones en las
que tenga parte mayoritaria el Estado. Exceptúanse las asignaciones de que trata el
artículo decimonoveno de la ley 4ª de 1992»44.

74. En consecuencia, la prerrogativa contenida en el literal g) del artículo 19 de la
Ley 4ª de 1992 relativa a la compatibilidad entre el salario y la pensión para el
caso de los docentes, se mantiene vigente, interpretación que guarda armonía con
la regulación expedida con posterioridad a ella y las interpretaciones
jurisprudenciales expuestas.

2.3. Caso concreto

2.3.1. Hechos probados

93. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:

93.1. Julieta Marmolejo Cajiao nació el 25 de agosto de 1960, según consta en el
registro civil de nacimiento y en su cédula de ciudadanía45.

93.2. El subdirector del Centro de Diseño Tecnológico Industrial del Sena, regional
Valle del Cauca el 11 de enero de 2008 certificó46:

«Que la señora Julieta Marmolejo Cajiao […] prestó sus servicios en nuestra entidad a
través de un contrato de prestación de servicios durante los años 1998, 1999 y 2000
como instructor en las asignaturas abajo detalladas.

Asignatura Horas dictadas
Química (Básica I, II) 924
Biología (I, II) 528
Microbiología (I, II, laboratorio) 448
Biotecnología (I, II) 528
Dimensión ambiental 044
[…]»

94. Según el reporte de semanas cotizadas a Colpensiones expedido el 28 de

44 Al efecto ver, entre otros, los decretos 319 de 2020, 965 de 2021, 449 de 2022, 0887 de 2023.
45 Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo en formato pdf «ExpDigitalizado20190096800.pdf»,

páginas 38 y 39.
46 Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo en formato pdf «ExpDigitalizado20190096800.pdf»,

página 40

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agosto de 2019, se observó un total de 446,57 discriminadas así:

Empleador Período Semanas cotizadas

Adolfo León Gómez 28/06/1977 – 16/05/1978 46,14
Electro herrajes Ltda 13/07/1978 – 05/08/1978 3,43
Esc de aviac del pac 18/11/1978 – 02/03/1979 15
Sector privado
Ind fameg Ltda 23/03/1979 – 10/04/1979 2,71
Aero occidente Ltda 01/05/1979 – 30/04/1985 313,14
13/02/1985 – 11/03/1985 3,86
Sertempo Ltda
28/05/1985 – 29/07/1985 9
01/01/2004 – 29/02/2004 8,57
Marmolejo
01/03/2004 – 31/03/2004 4,42
Total 406,26
01/05/2004 – 31/07/2004 13,14
01/10/2004 – 31/10/2004 4,42
01/11/2004 – 31/12/2004 8,71
Sector público 01/01/2005 – 31/03/2005 12,86
Santiago de Cali
01/04/2005 – 30/04/2005 4,28
01/05/2005 –31/05/2005 4,42
01/06/2005 – 31/07/2005 8,71
01/08/2005 – 31/08/2005 4,42
Total 60,96

94.1. El subsecretario de educación de Santiago de Cali emitió un certificado el 24
de julio de 2019, según el cual, a la fecha de expedición del documento se
encontraba vinculada como docente en propiedad y había prestado sus servicios
en esa entidad territorial así47:

Desde Hasta

20/04/2004 09/07/2004
24/09/2004 01/09/2005
02/09/2005 12/12/2008
23/12/2008 -48

94.2. El 4 de octubre de 2019 solicitó al Fomag el reconocimiento de una pensión

47 Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo en formato pdf «ExpDigitalizado20190096800.pdf»,

páginas 42 a 50
48 Vinculación vigente a la fecha de expedición del certificado

29

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de jubilación de conformidad con el artículo 7º de la Ley 71 de 1988, la cual fue
denegada mediante Oficio 4143.020.13.1.953.009612 del 11 octubre de 201949
expedida por la Secretaría de Educación de Santiago de Cali, con fundamento en
que la peticionaria ingresó al servicio público docente con posterioridad a la
entrada en vigor de la Ley 812 de 2003 y en consecuencia, era beneficiaria de las
leyes 100 de 1993 y 797 del 2003.

2.3.2. Análisis sustancial

95. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca accedió a las pretensiones de la
demanda al considerar que Julieta Marmolejo Cajiao acreditó: i) la vinculación a la
docencia oficial antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, pues
laboró en el Sena entre los años 1998 y 2000, por lo que era beneficiaria del
régimen de transición fijado en ese aparte normativo; y ii) el cumplimiento de los
presupuestos de la Ley 71 de 1988 el 23 de febrero de 2017, toda vez que prestó
20 años de servicio en el sector público y privado, y acumuló aportes a pensiones
al ISS, cajas de previsión social y el Fomag.

96. La demandante solicitó que se revocara la sentencia de primera instancia solo
«frente a la exigencia del retiro del servicio docente para el pago de la pensión», pues el
a quo no valoró la prueba documental en virtud de la cual « se demostró una
vinculación anterior a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 como docente oficial
desde el año 1998 […] válida para que le sea respetado el régimen pensional anterior con
la compatibilidad con el salario como docente activa del magisterio».

97. Al efecto señaló que el a quo «no realizó un estudio de todas las pruebas aportadas
al plenario […] pues sí acredit[ó] una vinculación anterior a la entrada en vigencia de la ley
812 de 2003 como docente oficial desde 1998, al servicio de la entidad pública Sena,
prueba que no fue estudiada ni valorada por el despacho al proferir la sentencia», de
modo que se originó un «defecto fáctico por indebida valoración probatoria».50

98. Enprimer lugar, la Sala señala que ciertamente la certificación del tiempo
laborado en el Sena fue el elemento de convicción con fundamento en el cual el a
quo determinó que «[…] accedió al servicio como docente oficial antes de la expedición
de esa ley [812 de 2003], por tanto tiene derecho a los beneficios pensionales de la Ley
71 de 1988», en consecuencia queda desvirtuado el argumento de la apelación
atinente a que este medio probatorio no fue valorado.

99. Ahora, el tribunal de primera instancia no computó ese tiempo de servicio en el

49 Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo en formato pdf «ExpDigitalizado20190096800.pdf»,

petición visible en las páginas 30 a 35 y el acto acusado, 36 y 37
50 El cual se ha expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia T-117 de 2013

30

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Sena [1998 a 2000] pues la parte demandante omitió probar las cotizaciones de
ese período, de manera que determinó como fecha de adquisición del estatus
pensional el 23 de febrero de 2017, fecha para la cual ya había cumplido 55 años
[25 de agosto de 2015] y completó 20 años de servicio: 400,99 en el sector
privado y 629, en el público, con ocasión del período laborado en la Secretaría de
Educación de Santiago de Cali entre 2004 y el 2017.

2.3.2.1 Excepción al principio de la «non reformatio in pejus» por mandato
legal en el caso concreto

100. Al respecto, la Sala señala que de conformidad con el artículo 31
constitucional, «el superior no podrá agravar la pena impuesta cuando el condenado sea
apelante único». Asimismo, de acuerdo con el artículo 328 del Código General del
Proceso, aplicable al proceso contencioso administrativo por remisión del artículo
306 del CPACA, el recurso de apelación se entiende interpuesto en lo que es
desfavorable al apelante y por esta razón el ad quem no puede hacer más gravosa
su situación si fue el único que se alzó contra la decisión.

101. Sin embargo, esta Corporación ha indicado que la non reformatio in pejus no
es un derecho fundamental absoluto o ilimitado51, lo que ha sido avalado por la
jurisprudencia de la Corte Constitucional al indicar que «al juez de segunda instancia
le está prohibido pronunciarse sobre las situaciones que no hayan sido planteadas en el
recurso, salvo contadas excepciones»52. Una de las excepciones a este principio es la
señalada en el inciso 4º del artículo 328 del CGP, cuando el ad quem, en razón de
la modificación, sea indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con
ella.

102. En el presente caso, la exigencia del retiro del servicio docente para el
reconocimiento pensional fue el aspecto desfavorable de la decisión apelada, el
cual se encuentra «íntimamente relacionado» con la pretensión principal de la
demanda, pues la compatibilidad depende necesariamente del reconocimiento de
la pensión de jubilación.

103. En otras palabras, para efectos de determinar si debía exigirse el retiro del
servicio, era necesario que de manera previa se estudiara si cumplió con los
presupuestos para el reconocimiento de la pensión de jubilación por aportes.

104. Aún más la Sala recuerda que para cumplir con el mandato hermenéutico de
la sostenibilidad financiera del sistema pensional, se expidió, entre otros, el Acto
51 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 10 de febrero de 2016,

expediente 2000-757-01 (35264), consejera ponente Marta Nubia Velásquez Rico.
52 Sentencia T-455 de 2016 de la Corte Constitucional.

31

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Legislativo 1 de 2005 como una medida para afrontar el pasivo pensional53. En ese
sentido, ordenó que cualquier regulación que se expidiera después de su vigencia
sobre la materia debe respetar la sostenibilidad financiera del sistema. Junto con
ello buscó hacerlo equitativo al establecer que todos los colombianos adquirirían la
pensión con los requisitos fijados en él y no en otras regulaciones.

105. En virtud de lo anterior, la reforma constitucional planteó la eliminación de los
regímenes exceptuados, los especiales, la negociación colectiva en materia
pensional y el régimen de transición. En la exposición de motivos se expresaron
las siguientes razones derivadas de la problemática financiera aludida e insoluta54:

«5.1 La sostenibilidad financiera del sistema como principio constitucional

En la medida en que el país ha venido haciendo un esfuerzo considerable por sanear
el problema pensional, es fundamental establecer mecanismos para evitar que en un
futuro dicho esfuerzo pueda verse desperdiciado. Por tal razón, se propone incluir
como principio constitucional el de la sostenibilidad financiera del sistema.

Lo anterior implica, por consiguiente, que en cualquier regulación futura que se haga
del régimen pensional se debe preservar su equilibrio financiero, evitando por
consiguiente situaciones críticas como las que podrían producirse de no adoptarse
las reformas que han venido siendo estudiadas por el Congreso y el presente
proyecto de Acto Legislativo

5.2 La eliminación de regímenes exceptuados o especiales

Como ya se dijo, las reformas legales mantienen los regímenes de transición y más
grave aún, no impiden que se celebren pactos o convenciones por los cuales se
convengan beneficios pensionales muy superiores a los previstos por las leyes que
regulan el Sistema de Seguridad Social.

Dicha situación tiene un impacto profundo desde el punto de vista de la equidad, de
la sostenibilidad del Sistema General de Pensiones, de muchas empresas públicas y
de la posibilidad para la Nación de atender sus deberes en otras materias.

En efecto, no es justo que los colombianos con el pago de impuestos crecientes y/o
con sus cotizaciones financien el que algunas personas puedan pensionarse con
edades y tiempos de cotización inferiores. A lo anterior se agrega que las personas
que pueden pensionarse con edades y tiempos de servicios menores, terminan
recibiendo pensiones superiores a las del resto de los colombianos, con montos
mayores a los 25 salarios mínimos que es el tope de pensión que señala la ley, sin

53 En la exposición de motivos se indicó que «[…] el déficit a financiar hoy del Sistema de
Seguridad Social sería el déficit generado por los derechos adquiridos y por los que se consoliden
en el futuro en virtud del régimen de transición, y en una menor medida, por los derechos que se
consoliden en cabeza de personas en el caso de las cuales se produce un subsidio teniendo en
cuenta las bajas tasas de cotización existentes antes de la Ley 100 de 1993». Congreso de la
República. Gaceta 385 del 23 de julio de 2004. También en la sentencia C-258 de 2013 se explica
con detalle la situación deficitaria del sistema pensional.
54 Ibidem, páginas 13 y 16.

32

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que en la mayoría de los casos hayan realizado cotización alguna, lo que implica
cuantiosos subsidios.

[…]

5.5 La transición de la reforma pensional

En todo caso, siguiendo los principios que se han venido estableciendo en materia
constitucional, al hacer la reforma debe procurarse conciliar el interés general que
impone hacer la reforma, con la situación de las personas que se encuentren en una
situación próxima a la pensión.

Si bien no existe un derecho adquirido mientras no se hayan cumplido los supuestos
previstos en la norma que otorga el derecho, y por ello no se puede hablar de un
derecho adquirido a un régimen pensional, también es cierto que cuando se realizan
reformas debe tomarse en consideración la situación de las personas que están
próximas a adquirir el derecho, y en la medida de lo posible establecer un tránsito
normativo de tal manera que sus legítimas expectativas se tomen en cuenta.

Es por ello que el proyecto de Acto Legislativo mantiene los regímenes legales
vigentes especiales hasta el año 2007. Igualmente se mantienen las convenciones y
pactos colectivos celebrados hasta la fecha prevista para su extinción, y máximo
hasta el año 2007.»

106. Según se advierte, el acto legislativo buscó la viabilidad financiera del sistema
y homogeneizar los requisitos y beneficios pensionales en uno solo para
garantizar la equidad y eliminar privilegios estatuidos para sectores específicos de
la población. Para lo anterior, ordenó la disminución automática del tope de 25
smlmv y dispuso que para adquirir el derecho pensional los requisitos que se
deben cumplir son los fijados en el sistema general sin que pueda acudirse a otra
normativa diferente55.

107. Si bien la sostenibilidad financiera del sistema pensional es un propósito
necesario para garantizar la cobertura universal y el pago futuro de las pensiones
esta no puede dar lugar a la vulneración del derecho fundamental a la seguridad
social. La interpretación de la reforma constitucional no puede ser aislada del resto
del texto superior y debe armonizarse con los fines y principios que orientan el
actuar del Estado Social de Derecho, específicamente la igualdad y la solidaridad
que implican que al Estado le corresponde establecer acciones afirmativas en
beneficio de los grupos o sectores de la población vulnerable56.

55 Sobre el particular se puede consultar la sentencia C-258 de 2013.
56 Así lo indicó la Corte Constitucional en la sentencia C-651 de 2015. También en la sentencia C-

258 de 2013 señaló que «[…] las reglas de responsabilidad fiscal y el criterio de sostenibilidad
tienen un carácter instrumental respecto de los fines y principios del Estado Social de Derecho, en
particular, son una herramienta útil para la realización progresiva de los contenidos prestacionales
de las garantías constitucionales. Sin embargo, ha resaltado que la disciplina fiscal y la
sostenibilidad financiera no pueden tomarse como fines últimos del Estado ni justificar limitaciones
de los derechos fundamentales».

33

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Demandante: Julieta Marmolejo Cajiao

108. Es por ello que lo concerniente al reconocimiento del derecho a la pensión de
jubilación por aportes en este caso, es un punto necesario para resolver la
apelación, precisamente para garantizar el principio de sostenibilidad financiera
del sistema pensional y con ello, la prevalencia del interés general, de manera que
no pueda reconocerse sin que la demandante acreditara los requisitos para ese
efecto pues ello deviene en una prestación que no se encuentra conforme con el
ordenamiento jurídico.

2.3.2.2. En torno al régimen de transición de la Ley 812 de 2003

109. Sobre el particular, el tribunal de primera instancia indicó que la demandante
«accedió al servicio como docente oficial en el Sena antes de esa ley [812 de 2003],
debido a que el Sena es una entidad pública del orden nacional cuya función es la
prestación del servicio de educación de nivel superior. El Decreto 2277 de 1979 “por el
cual se adoptan normas sobre el ejercicio de la profesión docente” incluye a los docentes
de educación superior como vinculación al sector público» (sic).

110. Al respecto, la Subsección precisa que el Estatuto Docente [Decreto 2277 de
1979] en el artículo 1º exceptuó de manera expresa el nivel superior, en tanto se
regiría por normas especiales. De ahí que los servicios prestados por Julieta
Marmolejo Cajiao en el Sena no le otorgaban el derecho al régimen de transición
previsto en la Ley 812 de 2003. Sumado a ello, se tiene que el Sena es un
establecimiento público del orden nacional adscrito al Ministerio del Trabajo y en
ese contexto, sus empleados no integraron el personal nacional, nacionalizado o
territorial del sector docente oficial definido por la Ley 91 de 1989, norma que dio
origen al Fomag y en virtud de la cual quienes ingresen a partir del 1° de enero de
1990, son destinatarios del régimen general y ordinario de pensiones del sector
público nacional, esto es la Ley 33 de 1985 o 71 de 1988, según el caso.

111. Como se explicó en el marco normativo y jurisprudencial de esta providencia,
el legislador a través de la Ley 100 de 1993 creó « el sistema de seguridad social
integral» con el fin de «[…] unificar la normatividad y la planeación de la seguridad social
[…]» el cual se aplicaría a «todos los habitantes del territorio nacional57», con
excepción de, entre otros, los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, esto es los docentes oficiales.

112. La anterior excepción se mantuvo hasta la entrada en vigor de la Ley 812 de
2003, con la cual los maestros oficiales fueron incorporados al sistema de régimen
pensional de prima media establecido en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003; sin
embargo, el legislador, con el fin de proteger las expectativas de quienes hasta

57 Artículo 11 de la Ley 100 de 1993.

34

Radicado: 76001-23-33-000-2019-00968-01 (2919-2023)
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ese momento habían prestado sus servicios al magisterio, estableció un régimen
de transición, según el cual, esta reforma solo le sería aplicable a quienes a partir
del 26 de junio de 2003 se vincularan al servicio público educativo oficial.

113. El anterior régimen de transición fue reiterado por el constituyente derivado, a
través del Acto legislativo 1 de 2005, al señalar que «[e]l régimen pensional de los
docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público
educativo oficial es el establecido para el Magisterio en las disposiciones legales vigentes
con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado en el
artículo 81 de esta. Los docentes que se hayan vinculado o se vinculen a partir de la
vigencia de la citada ley, tendrán los derechos de prima media establecidos en las leyes
del Sistema General de Pensiones, en los términos del artículo 81 de la Ley 812 de 2003»
[Se resalta].

114. Así las cosas, se advierte que el querer del legislador y el constituyente
derivado fue incorporar a los docentes oficiales al sistema regulado en las leyes
100 de 1993 y 797 de 2003, quienes, hasta ese momento, se encontraban
excluidos por disposición expresa. Por lo que, debe entenderse que el régimen de
transición referido solo estaba dirigido a quienes, antes del 26 de junio de 2003,
habían prestado sus servicios como docentes oficiales.

115. En esa misma línea, la Sección Segunda de esta Corporación, en sentencia
SUJ-014 -CE-S2 de 25 de abril de 201958, precisó que para efectos de establecer
el régimen prestacional aplicable a los docentes se debía tener en cuenta la fecha
de vinculación al servicio público educativo oficial, en el entendido de que: i)
quienes se hubiesen vinculado con anterioridad al 26 de junio de 2003 [fecha de
entrada en vigencia de la Ley 812] se les aplicaría aquellas disposiciones que
regían a los servidores públicos del orden nacional; y ii) quienes se vincularan con
posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812, se les aplicaría el régimen
pensional de prima media establecido en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003,
con excepción del requisito de la edad.

116. Así, pese a que en primera instancia se encontró acreditada la vinculación al
servicio docente oficial antes de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003,
precisamente en virtud de la certificación atinente a la prestación de servicios en el
Sena en el año 1998; de ese modo se evidenció un error en el silogismo efectuado
por el tribunal de instancia, pues lo cierto es que el tiempo laborado en el Sena no
le otorgaba el derecho a la aplicación del régimen de transición de la Ley 812 de
2003.

58 Expediente con radicación 68001-23-33-000-2015-00569-01 (0935-2017), M.P. César Palomino

Cortés.

35

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117. De otra parte, el reconocimiento de la pensión por aportes también procede
para los beneficiarios de la transición de la Ley 100 de 1993, esto es para quienes,
de acuerdo con el artículo 36, «al momento de entrar en vigencia el Sistema tengan
treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de
edad si son hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados». Sin embargo, la
demandante tampoco era beneficiaria de este, puesto que para el 1° de abril de
1994, tenía 33 años de edad y había cotizado 7 años y 6 meses [393,28]59.

118. En suma, de acuerdo con la fecha en la que la demandante se vinculó al
servicio público educativo oficial, le asiste el derecho al reconocimiento pensional
con base en el régimen de prima media establecido en las leyes 100 de 1993 y
797 de 2003, con los requisitos previstos en dicho régimen, con excepción de la
edad que para el caso de los docentes es de 57 años para hombres y mujeres.

119. Por lo expuesto, esta Subsección concluye que la demandante no era
beneficiaria del régimen de transición de la Ley 812 de 2003, por lo que le asiste el
derecho al reconocimiento pensional previsto en la Ley 100 de 1993.

2.3.2.3. En torno a la verificación de los requisitos previstos del régimen de
prima media

120. La demandante pretendió el reconocimiento pensional con fundamento en la
Ley 71 de 1988, régimen del cual, como se explicó no era beneficiaria y según lo
expuesto en el acto demandado, se observó que la entidad demandada le negó la
solicitud pensional con base en las disposiciones que le eran aplicables, esto es la
Ley 100 de 1993.

121. De acuerdo con lo expuesto, se procederá a verificar si a la fecha de la
reclamación administrativa la demandante acreditó los requisitos previstos para el
reconocimiento pensional de conformidad con el régimen de prima media, los
cuales se encuentran contenidos en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993,
modificada por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003, así: i) 57 años de edad [de
acuerdo con el artículo 81 de la Ley 812 de 2003]; y ii) haber cotizado un mínimo
de 1000 semanas en cualquier tiempo, las cuales, a « partir del 1o. de enero del año
2005 el número de semanas se incrementará en 50 y a partir del 1o.de enero de 2006 se
incrementará en 25 cada año hasta llegar a 1.300 semanas en el año 2015».

122. En cuanto al requisito de la edad: Julieta Marmolejo Cajiao nació el 25 de
agosto de 1960, por lo que cumplió 57 años de edad el 25 de agosto de 2017.

59 De acuerdo con el reporte de semanas cotizadas en pensiones expedido por Colpensiones.

36

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123. En cuanto a las semanas cotizadas: de acuerdo con los mencionados
requisitos, en la medida en que adquirió la edad exigida para efectos del
reconocimiento con posterioridad al año 2015, deberá verificarse si acreditó haber
cotizado un mínimo de 1300 semanas. Al respecto en el expediente se observa
que cotizó: i) a Colpensiones, de acuerdo con el reporte de semanas cotizadas60:
467,22; y ii) al Fomag, entre la fecha de vinculación y hasta la fecha de la
reclamación administrativa [04 octubre de 2019], un total de 742,98 semanas, en
forma discontinua, que acumuladas son 1.210,2, tal y como se expone a
continuación:

Semanas
Empleador Período
cotizadas
Adolfo León
28/06/1977 – 16/05/1978 46,14
Gómez
Electro herrajes
13/07/1978 – 05/08/1978 3,43
Ltda
Esc de aviac
18/11/1978 – 02/03/1979 15
del pac
Sector privado
Colpensiones Ind fameg Ltda 23/03/1979 – 10/04/1979 2,71
Aero occidente
01/05/1979 – 30/04/1985 313,14
Ltda
13/02/1985 – 11/03/1985 3,86
Sertempo Ltda
28/05/1985 – 29/07/1985 9
01/01/2004 – 29/02/2004 8,57
Marmolejo
01/03/2004 – 31/03/2004 4,42
01/05/2004 – 31/07/2004 13,14
01/10/2004 – 31/10/2004 4,42
01/11/2004 – 31/12/2004 8,71
Sector público Santiago de 01/01/2005 – 31/03/2005 12,86
Cali 01/04/2005 – 30/04/2005 4,28
01/05/2005 –31/05/2005 4,42
01/06/2005 – 31/07/2005 8,71
01/08/2005 – 31/08/2005 4,42
Total semanas cotizadas Colpensiones 467,22
Semanas
Entidad Periodo
cotizadas
Sector público
20/04/2004 - 09/07/2004 11,57
24/09/2004 - 01/09/2005 49
Fomag
02/09/2005 - 12/12/2008 171,14
23/12/2008 - 04/10/2019 511,27

Total semanas cotizadas Fomag 794,26

124. Así, el total de semanas cotizadas surge del siguiente cálculo:

60 Actualizado al 28 de agosto de 2019

37

Radicado: 76001-23-33-000-2019-00968-01 (2919-2023)
Demandante: Julieta Marmolejo Cajiao

Semanas cotizadas a Colpensiones 467,22
Semanas cotizadas al Fomag 794,26
Total 1.261,48
Período concomitante 51,28
Total semanas cotizadas 1.210,2

125. De acuerdo con lo anterior, solo se encuentran acreditadas las cotizaciones a
la fecha de la reclamación administrativa [4 de octubre de 2019], comoquiera que
en el certificado de historia laboral se identificó como docente activo. En
consecuencia, para la fecha en que elevó la petición no acreditó los requisitos
previstos en el régimen de prima media para efectos del reconocimiento pensional,
pues tenía 59 años con 1.210,2 semanas cotizadas, de modo que el acto
administrativo acusado se encuentra expedido conforme a derecho.

126. Ahora bien, la Sala no desconoce que en el evento en que continuaran los
aportes al Fomag, Julieta Marmolejo Cajiao tenía derecho al reconocimiento y
pago de la pensión, de acuerdo con las disposiciones contenidas en las leyes 100
de 1993 y 797 de 2003, a partir de la fecha en la que adquirió el estatus pensional,
esto es, el 25 de junio 2021 [fecha en la que cumplió 1300 semanas y tenía más
de 57 años]. Sin embargo, comoquiera que no existe ningún medio de prueba que
le permitiera establecer que la demandante continuó con las cotizaciones, máxime
si se tiene en cuenta que al revisarse el Sistema Integral de Información de la
Protección Social y su Registro Único de Información (RUAF)61 se pudo verificar
que se registra en el Fomag como «[r]etirado» y «[n]o se han reportado pensiones
para esta persona».

127. En esas condiciones, se revocará la sentencia proferida el 24 de noviembre de
2022 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en tanto accedió a las
pretensiones de la demanda en forma parcial, para en su lugar denegarlas.

2.5. Costas

128. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:

«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y
ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

61 https://ruaf.sispro.gov.co/AfiliacionPersona.aspx

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Radicado: 76001-23-33-000-2019-00968-01 (2919-2023)
Demandante: Julieta Marmolejo Cajiao

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal.».

129. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma
enunciada, no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda
el litigio y solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las
normas generales del procedimiento para su liquidación y ejecución.

130. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde
al juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma62.

131. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones
temerarias, dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes
etapas del procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si
se causaron dichas costas.

132. En el caso concreto, como no se evidenció que, en esta instancia, la parte
demandante actuase con temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o
circunstancia irregular en el transcurso del trámite procesal, la Sala se abstendrá
de condenar en costas a la parte apelante.

3. Conclusión

133. Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que en el presente caso se
configuró la excepción al principio de la non reformatio in pejus, comoquiera que
era necesario modificar un punto íntimamente relacionado con el objeto de la
apelación [compatibilidad entre el salario y la pensión], esto es lo concerniente al
reconocimiento de la pensión de jubilación de conformidad con la ley 71 de 1988.

134. La demandante se vinculó al servicio público educativo oficial con
posterioridad de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, por ende no era
beneficiaria del régimen de transición previsto en el artículo 81 ibidem. No le asiste
el derecho al reconocimiento pensional con base en el régimen de prima media
establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, toda vez que no se acreditó

62En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, M.P. Carmelo Perdomo Cuéter, radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).

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Radicado: 76001-23-33-000-2019-00968-01 (2919-2023)
Demandante: Julieta Marmolejo Cajiao

el cumplimiento de los requisitos para su reconocimiento a la fecha de la
reclamación administrativa.

135. En esas condiciones, se revocará la sentencia proferida el 24 de noviembre de
2022 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en tanto accedió en forma
parcial a las pretensiones de la demanda y, en su lugar las denegará.

136. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Revocar la sentencia proferida el 24 de noviembre de 2022 por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en tanto accedió en forma parcial a las
pretensiones de la demanda presentada por Julieta Marmolejo Cajiao en contra de
la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio y, en su lugar denegarlas.

Segundo. Sin condena en costas en esta instancia.

Tercero. Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en
el aplicativo Samai.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Con aclaración de voto Cfr. Rad. Av.
05001-23-33-000-2020-00472-01
(1251-2024)

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

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Radicado: 76001-23-33-000-2019-00968-01 (2919-2023)
Demandante: Julieta Marmolejo Cajiao

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.
JNFG

41

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