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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2017-00548-01

Fecha
16 de octubre de 2025
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2017-00548-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO.- REVOCAR la sentencia del Treinta (30) de octubre de Dos mil Diecinueve (2019), proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño y, en su lugar negar las pretensiones de la demanda formulada por la señora Cilia Amanda Muñoz Muñoz, contra el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, de conformidad con lo expuesto en las consideraciones de esta providencia. SEGUNDO.- Sin condena en costas en ambas Instancias. TERCERO.- Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen. 13 Numero interno: 1958-2020 Demandante: Cilia Amanda Muñoz Muñoz Demandado: Nación- Ministerio de Educación Nacional- FOMAG La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 52001-23-33-000-2017-00548-01

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

16 de octubre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., Dieciséis (16) de octubre de Dos mil Veinticinco (2025)

Radicado: 520012333000201700548011 (1958-2020)
Demandante: Cilia Amanda Muñoz Muñoz
Demandados: Nación- Ministerio de Educación Nacional- FOMAG
Nulidad y restablecimiento del derecho
Medio de control:
Tema: Reconocimiento de cesantías anualizadas y sanción
moratoria
Decisión: Sentencia de segunda instancia

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia de Treinta (30) de octubre de Dos mil Diecinueve (2019), proferida por el
Tribunal Administrativo de Nariño, que accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda2.

1.1. Pretensiones.

La señora Cilia Amanda Muñoz Muñoz, por intermedio de apoderada judicial, acudió a la
jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo CPACA, con el fin de obtener lo siguiente:

(i) Declarar la existencia del silencio administrativo negativo, respecto de la
solicitud “del 1 de noviembre de 2016 con fecha de entrega 18 de noviembre de 2016 y
radicado 2016PQR39777 de la oficina de prestaciones sociales de la secretaria de
Educación Departamental de Nariño” por la que solicitó el pago de la indemnización
moratoria por el no pago oportuno y ajustado a la ley de las cesantías definitivas
de la demandante.

1
Las presentes diligencias reposan en expediente digital contenido en la herramienta electrónica para la gestión judicial denominada
Samai. https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=520012333000201700548011100103
2
Expediente Digital, Samai Tribunal

2

Numero interno: 1958-2020
Demandante: Cilia Amanda Muñoz Muñoz
Demandado: Nación- Ministerio de Educación Nacional- FOMAG

(ii) Declarar que es nulo el acto administrativo presunto producto del silencio
negativo.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó que: (i) se ordene el reconocimiento
y pago de la indemnización moratoria por el no pago oportuno de las cesantías de la
demandante, en cuantía de un día de salario devengado, por cada día transcurrido “desde
el 28 de agosto de 2008”, hasta cuando se pague la totalidad de las cesantías definitivas, (ii)
se condene en costas y agencias en derecho, y (iii) se ordene el cumplimiento de la
sentencia en los términos establecidos en el artículo 192 del CPACA.

1.2. Hechos en que se fundan las pretensiones:

La demandante afirmó que, prestó sus servicios como docente, afiliada al Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio, a su retiro de la entidad, solicitó el
reconocimiento y pago de las cesantías definitivas, con la precisión que la liquidación
debía hacerse bajo el régimen de retroactividad.

La señora Cilia Amanda Muñoz Muñoz sostuvo que, la entidad, por medio de la
Resolución No. 2227 del Diecisiete (17) de diciembre de Dos mil Ocho (2008), reconoció
las cesantías con régimen anualizado, además no incluyó el periodo comprendido entre
1985 hasta 1991.

La accionante informó que, presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho,
con el fin de obtener la anulación de la Resolución No. 2227 del Diecisiete (17) de
diciembre de Dos mil Ocho (2008). El Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de
Pasto3, por sentencia del Veintiuno (21) de diciembre de Dos mil Doce (2012), declaró la
nulidad de la resolución; decisión confirmada el Seis (6) de marzo de Dos mil Quince
(2015), por el Tribunal Administrativo de Nariño.

Cilia Amanda Muñoz Muñoz, añadió que, aun cuando la sentencia se encuentra
ejecutoriada, para la fecha de presentación de la demanda, no se había hecho efectivo
el pago de lo ordenado en la providencia, por eso, el Seis (6) de diciembre de Dos mil
Dieciséis (2016), pidió al FOMAG el pago de la indemnización moratoria por el retardo en
la consignación de las cesantías definitivas; sin embargo, hasta la fecha de presentación
de la demanda4, no había obtenido respuesta alguna por parte de la entidad demandada,
por ello, se configuró el silencio administrativo negativo.

3
Radicación 2009-0107 (5350)
4
6 de octubre de 2017

3

Numero interno: 1958-2020
Demandante: Cilia Amanda Muñoz Muñoz
Demandado: Nación- Ministerio de Educación Nacional- FOMAG

La parte demandante manifestó que, posteriormente, por Resolución No. 1126 del
Veintisiete (27) de mayo de Dos mil Diecisiete (2017) se reconoció y ordenó el pago del
ajuste de cesantías definitivas, en cumplimiento de un fallo judicial.

1.3. Normas violadas y concepto de violación:

Las normas invocadas como quebrantadas fue la Ley 244 de 1995 modificada por la Ley
1071 de 2006.

La demandante expuso que, el acto ficto debe ser eliminado del ordenamiento legal
porque nace con vicios por la violación de la norma superior en la que debía fundarse, al
negar el pago de la indemnización por mora en el pago de las cesantías definitivas, sin
tener fundamento legal para ello.

La señora Cilia Amanda Muñoz alegó que, la entidad demandada se tomó más de seis
meses en expedir el acto de reconocimiento, con violación de los términos legales
concedidos y, además, lo realizó de manera defectuosa, puesto que, para la liquidación
de la prestación aplicó un régimen de cesantías equivocado, por lo que debió acudir ante
la jurisdicción contencioso administrativo, en procura de corregir el error de la entidad.

La accionante señaló que, es procedente el pago de la sanción moratoria, toda vez que,
solamente es necesario demostrar el no pago dentro del término previsto en el parágrafo
del artículo 5° de la Ley 244 de 1995.

2. Contestación de la demanda5.

• El Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio – FOMAG, se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda,
al considerarlas carentes de sustento fáctico y jurídico. Solicitó que se nieguen las
condenas en su contra.

La entidad argumentó que, la demandante fundamentó las pretensiones en la Ley 244 de
1995 y en la Ley 1071 de 2006, aun cuando regulan la sanción moratoria, son normas de
carácter general, al ser la demandante una docente, las normas que se le aplican son
específicas, como la Ley 91 de 1989 y esta no consagró la sanción moratoria que se
persigue en la demanda.

5
Expediente digital

4

Numero interno: 1958-2020
Demandante: Cilia Amanda Muñoz Muñoz
Demandado: Nación- Ministerio de Educación Nacional- FOMAG

3. La sentencia de primera instancia.

El Tribunal Administrativo de Nariño, mediante sentencia del Treinta (30) de octubre de
Dos mil Diecinueve (2019), accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, en
tanto declaró la existencia del acto ficto negativo, producto del silencio del FOMAG,
respecto al reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el no pago de las cesantías
definitivas, y dispuso la nulidad del acto ficto negativo producto del silencio de la
administración. Condenó en costas a la parte vencida.

El A-quo sostuvo que no existe causal de exoneración para la entidad demandada de
imponerle la sanción que reclamó la demandante, puesto que, con el material probatorio
allegado al proceso se evidencia que a pesar de existir una sentencia ejecutoriada que
ordenó el reconocimiento y pago de las cesantías definitivas, no se pagó dicho auxilio,
también es claro que el plazo que otorga la ley para este asunto ya expiró.

En consecuencia, de lo anterior, el tribunal afirmó que, como la sentencia6 que dispuso
el reconocimiento y pago de las cesantías definitivas quedó en firme el 15 de abril de
2015 y, de acuerdo con lo previsto en el artículo 176 del Decreto 01 de 1984, las
sentencias deben ser cumplidas dentro del término de 30 días contados desde la
comunicación; por consiguiente, es a partir del 30 de mayo de 2015 que se deben
contabilizar los cuarenta y cinco días hábiles para que, al cabo de estos, se empiece a
causar la sanción moratoria.

En este asunto se trata del cumplimiento de una sentencia judicial con fundamento en la
cual se constituyó el derecho, por lo que la entidad no contaba con 15 días para emitir el
acto administrativo correspondiente, sino con 30 para la ejecución de la sentencia; por
ello, concluyó que la entidad demandada debería pagar a la demandante un día de salario
por cada día de retardo, desde el 6 de agosto de 2015, hasta la fecha en que se realice
el correspondiente pago de las cesantías definitivas a la accionante.

6
La sentencia del doce (12) de diciembre de Dos mil Doce (2012), dispuso lo siguiente: DECLARASE la nulidad de la Resolución No.
227 de 17 de diciembre de 2008, proferida por el FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO-
SECRETARÍA DE EDUCACUIÓN DEPARTAMENTAL DE NARIÑO, por medio de la cual reconoció y ordenó el pago de las cesantías
definitivas de la señora CILIA AMANDA MUÑOZ MUÑOZ sin aplicación del tiempo total de servicio y el régimen de retroactividad a
que tiene derecho. SEGUNDO.- Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del derecho, se condena
a la NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN -FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIUO,
REGIONAL NARIÑO, a que reconozca y pague en favor de la señora CILIA AMANDA MUÑOZ MUÑOZ, las cesantías definitivas
calculadas con todos los factores de salarios devengados con el último salario de los años 2007-2008, en el periodo comprendido
entre el 01 de septiembre de 1985 y el 01 de abril de 2008(…) además del valor correspondiente a los intereses a las cesantías
pagados anualmente por la entidad demandada y de donde se obtendrá el verdadero resultado de las cesantías definitivas a que
tiene derecho la accionante (…). Esta decisión fue confirmada por el Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Primera de Decisión del
Sistema Escrito, el seis (6) de marzo de Dos mil Quince (2015)

5

Numero interno: 1958-2020
Demandante: Cilia Amanda Muñoz Muñoz
Demandado: Nación- Ministerio de Educación Nacional- FOMAG

Que la sanción moratoria, por no pago de las cesantías definitivas, no se causa con la
solicitud de pago realizada el 16 de junio de 2008 por la demandante, puesto que, es a
partir de la ejecutoria de la sentencia que se reconoció el derecho al pago de la cesantía
reclamada, con esta orden, una vez transcurridos los términos legales, la entidad se
constituye en mora.

El A quo señaló que, la reclamación se presentó dentro de los tres años siguientes al
reconocimiento del mismo, esto es, el 16 de noviembre de 2016, con esta reclamación
se interrumpió el término de la prescripción del artículo 51 del Código de Procedimiento
laboral.

4. El recurso de apelación.

El apoderado de la parte demandante interpuso recurso de apelación contra la decisión
de Primera Instancia «limitado al numeral tercero»7; las razones de la inconformidad son las
siguientes:

La señora Cilia Amanda Muñoz no está de acuerdo con el término desde el cual se
reconoce la sanción moratoria deprecada en la demanda, puesto que esta decisión
resulta injusta con los hechos, toda vez que, la entidad dejó trascurrir un largo periodo de
tiempo para pagar adecuadamente las cesantías definitivas de la demandante; es decir.
desde el Veintiocho (28) de agosto de Dos mil Ocho (2008) hasta el día del pago efectivo,
que ocurrió en diciembre de 2017.

La demandante agregó que, la administración unilateralmente liquidó de manera
defectuosa la prestación, con el pleno convencimiento, puesto que, había manifestado
que el régimen a aplicar era el de retroactividad, además, de desconocer en el
reconocimiento un periodo de servicio, como lo que se evidencia que actuó de mala fe.

La accionante concluyó que, mantener la tesis de Primera Instancia permite que la
entidad continue reconociendo las cesantías de las personas con un régimen distinto al
que les corresponde y, por consiguiente, pagar menos, para retener en sus arcas el
dinero que no le corresponde y, como en este caso, pagarlo casi 10 años después, a
sabiendas que no tendría sanción por ello.

7
«TERCERO: Como consecuencia de la anterior declaración y a titulo de restablecimiento del derecho, CONDENASE a la Nación –
Ministerio de Educación-Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, a pagar a la demandante la sanción moratoria por
el no pago oportuno de la cesantía definitiva que se reconoció mediante sentencia que el 12 de diciembre de 2012 profirió el Juzgado
Cuarto Administrativo del Circuito de Pasto, decisión que fue confirmada a través del fallo que el 6 de marzo de 2015 expidió el H
Tribunal Administrativo de Nariño, en el término comprendido entre el 6 de agosto de 2015 y la fecha en que se realice el
correspondiente pago de las cesantías definitivas a la accionante, de conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley 1071
de 2006».

6

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Demandante: Cilia Amanda Muñoz Muñoz
Demandado: Nación- Ministerio de Educación Nacional- FOMAG

5. Trámite en segunda instancia

Con auto de Veintinueve (29) de agosto de Dos mil Veinticinco (2025)8, el despacho
sustanciador admitió el recurso de apelación conforme a lo previsto en el numeral 3° del
artículo 67 de la Ley 2080 de 2021. No se corrió traslado para alegar, ni se allegaron
pronunciamientos por parte del Ministerio Público ni la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia.

La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este proceso de
conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA. De igual forma, según el
artículo 328 del Código General del Proceso (CGP)9, el juez de segunda instancia debe
pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación.

2. Problema jurídico.

La Sala deberá establecer lo siguiente: si a la demandante le asiste o no el derecho al
reconocimiento de la sanción moratoria, por el pago tardío del ajuste de sus cesantías,
que surgió con ocasión de una sentencia judicial y en caso de ser negativa respuesta, se
configura o no la excepción al principio de la non reformatio in pejus, en virtud de lo
dispuesto por el artículo 328 del CGP.

Para desatar el problema jurídico, se abordarán los siguientes aspectos: 2.1. Régimen
de liquidación de cesantías de los docentes, sanción moratoria, 2.2. Caso en concreto y
2.3. Condena en costas.

2.1. Régimen de cesantías docentes y sanción moratoria

8
Índice 13 Samai.
9
«ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior
resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable
reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse
durante la audiencia».

7

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Demandante: Cilia Amanda Muñoz Muñoz
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El auxilio de cesantías es una prestación social que se otorga a todo empleado, de
conformidad con lo previsto en el numeral 3°, artículo 15 de la Ley 91 de 1989, a los
docentes se reconoce un auxilio equivalente a un mes de salario por cada año de
servicios y proporcionalmente por fracciones de año, calculado sobre el último año de
salario devengado.

Sobre la sanción moratoria

La Ley 244 del 29 de diciembre de 199510 señala el procedimiento para la liquidación y
pago de las cesantías definitivas de todos los servidores públicos, y en el parágrafo del
artículo 2 regula la sanción moratoria causada por el incumplimiento de la entidad pública
empleadora consistente en un día de salario por cada día de retardo hasta el pago
efectivo de las mismas11.

Esta ley fue adicionada y modificada por la Ley 1071 del 31 de julio de 2006, con el objeto
de «reglamentar el reconocimiento de cesantías definitivas o parciales a los trabajadores y servidores del
Estado, así como su oportuna cancelación» (art. 1°). Igualmente, estipuló el término para la

expedición de la resolución que reconoce las cesantías y la procedencia de la sanción
moratoria, en los artículos 4 y 5 así:

Artículo 4°. Términos. Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de
la solicitud de liquidación de las cesantías definitivas o parciales, por parte de los peticionarios,
la entidad empleadora o aquella que tenga a su cargo el reconocimiento y pago de las
cesantías, deberá expedir la resolución correspondiente, si reúne todos los requisitos
determinados en la ley.

Parágrafo. En caso de que la entidad observe que la solicitud está incompleta deberá
informársele al peticionario dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de la
solicitud, señalándole expresamente los documentos y/o requisitos pendientes.

Una vez aportados los documentos y/o requisitos pendientes, la solicitud deberá ser resuelta
en los términos señalados en el inciso primero de este artículo.

Artículo 5°. Mora en el pago. La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta
y cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme el acto administrativo que ordena
la liquidación de las cesantías definitivas o parciales del servidor público, para cancelar esta
prestación social, sin perjuicio de lo establecido para el Fondo Nacional de Ahorro.

Parágrafo. En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales de los
servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al
beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de
las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del término previsto
en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el funcionario, cuando se

10
«Por medio de la cual se fijan términos para el pago oportuno de cesantías para los servidores públicos, se establecen sanciones
y se dictan otras disposiciones»
11
“Parágrafo. - En caso de mora en el pago de las cesantías de los servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará
de sus propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las mismas,
para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir
contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa imputable a éste”.

8

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Demandante: Cilia Amanda Muñoz Muñoz
Demandado: Nación- Ministerio de Educación Nacional- FOMAG

demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa imputable a este.

Ahora bien, con el fin de establecer el momento a partir del cual se hace exigible la
sanción por mora, la mencionada Sentencia de Unificación del 18 de julio de 2018 estudió
las distintas hipótesis que pueden presentarse en cuanto a la forma y oportunidad del
acto de reconocimiento de la prestación (acto ficto o expreso oportuno o extemporáneo),
la notificación, interposición de recursos y términos de ejecutoria de dicha actuación, y
determinó las siguientes reglas jurisprudenciales12:

SEGUNDO: SENTAR JURISPRUDENCIA en la sección segunda del Consejo de Estado para
señalar en cuanto a la exigibilidad de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías,
las siguientes reglas:

i) En el evento en que el acto que reconoce las cesantías definitivas y parciales se expida por
fuera del término de ley, o cuando no se profiere; la sanción moratoria corre 70 días hábiles
después de radicada la solicitud de reconocimiento, término que corresponde a: i) 15 días para
expedir la resolución; ii) 10 días de ejecutoria del acto; y iii) 45 días para efectuar el pago.

ii) Así mismo, en cuanto a que el acto que reconoce la cesantía debe ser notificado al
interesado en las condiciones previstas en el CPACA, y una vez se verifica la notificación,
iniciará el cómputo del término de ejecutoria. Pero si el acto no fue notificado, para determinar
cuando corre la ejecutoria, deberá considerarse el término dispuesto en la ley 13 para que la
entidad intentará notificarlo personalmente, esto es, 5 días para citar al peticionario a recibir
la notificación, 5 días para esperar que compareciera, 1 para entregarle el aviso, y 1 más para
perfeccionar el enteramiento por este medio. Por su parte, cuando el peticionario renuncia a
los términos de notificación y de ejecutoria, el acto adquiere firmeza a partir del día que así lo
manifieste. En ninguno de estos casos, los términos de notificación correrán en contra del
empleador como computables para sanción moratoria.

iii) Cuando se interpone recurso, la ejecutoria correrá 1 día después que se notifique el acto
que lo resuelva. Si el recurso no es resuelto, los 45 días para el pago de la cesantía, correrán
pasados 15 días de interpuesto.

Por último, la citada Sentencia de Unificación también sentó jurisprudencia en cuanto al
salario de liquidación de la sanción moratoria y la imposibilidad de indexar esa base (sin
perjuicio de la actualización de la respectiva condena):

TERCERO: SENTAR JURISPRUDENCIA en la sección segunda del Consejo de Estado para
señalar que, en tratándose de cesantías definitivas, el salario base para calcular la sanción
moratoria será la asignación básica vigente en la fecha en que se produjo el retiro del servicio
del servidor público; a diferencia de las cesantías parciales, donde se deberá tener en cuenta
para el mismo efecto la asignación básica vigente al momento de la causación de la mora sin
que varíe por la prolongación en el tiempo.

CUARTO: SENTAR JURISPRUDENCIA en la sección segunda del Consejo de Estado para

12
La Sección Segunda consideró que “en el evento en que la administración no resuelva la solicitud de la prestación social –cesantías
parciales o definitivas- o lo haga de manera tardía, el término para el cómputo de la sanción moratoria iniciará a partir de la radicación
de la petición correspondiente, de manera que se contarán 15 días hábiles para la expedición del acto administrativo de
reconocimiento (Art. 4 L. 1071/2006), 10 del término de ejecutoria de la decisión (Arts. 76 y 87 de la Ley 1437 de 2011) [5 días si la
petición se presentó en vigencia del Código Contencioso Administrativo – Decreto 01 de 1984, artículo 51], y 45 días hábiles a partir
del día en que quedó en firme la resolución”.
13
Artículo 69 CPACA.

9

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señalar que es improcedente la indexación de la sanción moratoria por pago tardío de las
cesantías. Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 187 del CPACA.

2.2. Caso en concreto

De conformidad con el material probatorio que milita en el plenario, se tiene que a través
de la Resolución No. 2227 de 2008 el FOMAG liquidó las cesantías definitivas de la
demandante, en la que dispuso que se trataba de una docente con régimen de cesantías
anualizado.

La señora Cilia Amanda Muñoz Muño acudió a la jurisdicción de lo contencioso
administrativo para obtener la anulación del mencionado acto administrativo, el Juzgado
Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Pasto, con sentencia No.238 del Doce (12)
de diciembre de Dos mil Doce (2012), declaró la nulidad de la Resolución No. 227 del
Diecisiete (17) de diciembre de Dos mil Ocho (2008), por medio de la cual el FOMAG
reconoció y ordenó el pago de las cesantías definitivas de la señora Cilia Amanda Muñoz
Muñoz.

A título de restablecimiento del derecho dispuso que se condene al Ministerio de
Educación Nación, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, regional
Nariño a que reconozca y pague en favor de la señora Celia Amanda Muñoz las cesantías
definitivas calculadas con todos los factores de salario devengados con el último salario
comprendido desde el Primero (1º) de septiembre de Mil Novecientos Ochenta y Cinco
(1985) y el Primero (1º) de abril de Dos mil Ocho (2008). Decisión confirmada por la Sala
Primera de Decisión del Tribunal administrativo de Nariño, a través de la sentencia del
Doce (12) de diciembre de Dos mil Doce (2012).

El Dieciséis (16) de noviembre de Dos mil Dieciséis (2016), la accionante solicitó al Fondo
de Prestaciones Sociales del Magisterio el pago de la sanción prevista en el artículo 2º
de la Ley 244 de 1995, subrogado por el artículo 5º de la Ley 1071 de 2006, a partir del
Veintiocho de noviembre de Dos mil Ocho (2008), puesto que, se retiró del servicio el
Siete (7) de Marzo de Dos mil Ocho (2008).

Debe precisarse que, no está en discusión el régimen de cesantías aplicable a la
demandante, dado que, la controversia se limita a determinar el reconocimiento de la
sanción moratoria por la presunta mora en el pago de dicha prestación a favor de la
señora Cilia Amanda Muñoz, por ello, la demandante solicitó el reconocimiento y el pago
de este emolumento, con el argumento que le hicieron un pago inferior al que le
correspondía.

10

Numero interno: 1958-2020
Demandante: Cilia Amanda Muñoz Muñoz
Demandado: Nación- Ministerio de Educación Nacional- FOMAG

De conformidad con lo expuesto en el marco normativo, en el que se enuncian los eventos
en los que procede el pago de la sanción moratoria, es claro para la Sala que, esta
hipótesis de sanción moratoria por reajuste de las cesantías, no se encuentra regulada
en las normas que la establecieron; por consiguiente, es claro que la accionante no tiene
el derecho al reconocimiento de este castigo.

Además, de las pruebas ya enunciadas se puede establecer que, el asunto no se refiere
al incumplimiento en el pago de las cesantías definitivas, sino al reajuste de la prestación
que debió realizar la entidad en cumplimento a una orden judicial.

Por lo anterior, la Sala debe precisar que, los términos a los que alude la Ley 244 de 1995
y en la Ley 1071 de 2006, están referidos al pago inicial de la prestación. Pero en este
caso, la controversia estuvo centrada en el ajuste de las cesantías, por el régimen que
se aplicó, de ahí que no se considere como un pago tardío de las cesantías.

Sobre este asunto, en un caso de similares contornos, esta Subsección se pronunció de
la siguiente manera14:

25. Conforme a lo establecido y contrario a lo señalado por la parte actora, la sanción moratoria
solo tiene lugar en el evento en que la administración no cumpla con la obligación de cancelar
las cesantías dentro del plazo legal previsto por el legislador, que puede variar de acuerdo a la
situación concreta de cada beneficiario, de manera que el hecho de que la administración haya
liquidado un monto por cesantías definitivas que luego haya sido objeto de un reajuste, no
conlleva a determinar que desde la fecha de la solicitud de reconocimiento de la prestación hasta
el pago de la misma, no se hayan cumplido con los términos establecidos por la ley para tal
efecto.

26. En ese sentido, no encuentra la Sala de recibo los argumentos de la alzada fundadas en
que la penalidad por mora se causó a su favor ante el supuesto pago incompleto de la prestación
social, cuya cancelación total tuvo lugar una vez fue reajustado el monto reconocido mediante la
Resolución 11136 del 29 de enero de 2018 en la que se reconoció la suma $6.854.765.oo por
concepto de la diferencia causada con ocasión a la liquidación de la prestación reconocida, pues
esta Corporación15 en varias oportunidades ha señalado, que una indebida liquidación de las
cesantías por un pago que en sentir del actor fue incompleto, no implica que el empleador haya
incurrido en el supuesto de la norma que lo penaliza con una sanción económica al no haber
cancelado dentro de la oportunidad legal las cesantías definitivas, pues una cosa es efectuar la
liquidación y cancelación de la prestación social de acuerdo a las directrices tomadas por la
entidad demandada en su momento y, otra es, reconocer fuera del plazo determinado por el
legislador la prestación aludida.

En consecuencia, al demandante no le asiste razón para obtener el reconocimiento y
pago de la sanción moratoria reclamada; en ese sentido, la Sala procederá al estudio de

14
Sentencia del 6 de agosto de 2020, expediente: 17001-23-33-000-2019-00135-01 (0651-2020), magistrada ponente Sandra Liseth
Ibarra Vélez, en épocas más recientes, pero en el caso de otros servidores públicos, en la sentencia del 8 de mayo de 2025, expediente
25000-23-42-000-2018-01034-01 (6741-2023) magistrado ponente: Juan Enrique Bedoya
15
Consejo de Estado – Sección Segunda –Subsección B, sentencia de 8 de septiembre de 2017, Rad. 2014-00355-01, C.P.: Sandra
Lisset Ibarra Vélez.

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Numero interno: 1958-2020
Demandante: Cilia Amanda Muñoz Muñoz
Demandado: Nación- Ministerio de Educación Nacional- FOMAG

la excepción al principio de la non reformatio in pejus, por cuanto la apelante única debate
la contabilización de la prescripción que no le fue favorable en primera instancia.

Por lo expuesto, se tiene que, el artículo 31 de la Constitución Política de 1991, establece
una prohibición para el juzgador de no hacer más gravosa la situación del apelante único,
en ese mismo sentido, lo dispone el artículo 328 del Código General del Proceso, lo que
significa que, el recurrente al impugnar una decisión, “ (…) solo lo hace en los aspectos que le
resultan perjudiciales. La situación del apelante puede mejorarse pero nunca hacerse más gravosa 16”.

No obstante, la Corte Constitucional en sentencia T- 155 de 1995, señaló que, la “no
reformatio in pejus (…) es aplicable siempre y cuando el fallo se ajuste a la realidad constitucional y
legal”. Por su parte, la Subsección A de la Sección Tercera de esta Corporación mediante

providencia del 10 de febrero de 2016, indicó que, este principio no es un derecho
fundamental absoluto o ilimitado17.

La anterior posición fue reiterada con sentencia del 8 de septiembre de 201718, por la
Sección Cuarta de esta Corporación, en la cual precisó:

“(…) de manera excepcionalísima el ad quem cuando encuentre que la decisión de primera
instancia es manifiestamente ilegítima, puede entrar a estudiar cuestiones propias del debate
jurídico así no hayan sido objeto del recurso de apelación. Dicho de otra manera, un funcionario
judicial al advertir que se están consolidando situaciones jurídicas en abierta contradicción del
ordenamiento jurídico, no puede rehusarse a efectuar algún tipo de pronunciamiento sólo bajo la
consideración de que fue un asunto que no se planteó en el escrito de apelación.”

En providencia reciente del 13 de febrero de 2025, está Sala de Subsección19, estudió la
excepción al principio de non reformatio in pejus, lo que permitió, revocar una decisión
de primera instancia con apelante único, la que fue necesaria para garantizar la correcta
aplicación de la Ley, así, como la sostenibilidad financiera del sistema pensional.

Teniendo como fundamento lo anterior, la Sala aplicará esta excepción, toda vez que, la
demandante no tiene derecho al reconocimiento de la sanción reclamada, por cuanto, no
se trata de un pago tardío de las cesantías, sino de un reajuste a las mismas, la cual, es

16
Corte Constitucional, sentencia T-291/06.
17
Sentencia del 10 de febrero de 2016, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico. Expediente Nº 47001-23-31-000-2000-00757-01 (35264)
18
CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN CUARTA Consejera ponente: STELLA
JEANNETTE CARVAJAL BASTO Bogotá, D.C., diecinueve (19) de enero de dos mil diecisiete (2017) Radicación número: 11001-03-
15-000-2015-02281-01(AC) Actor: FRANCISCO JAVIER ISAZA VÉLEZ
19
CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR Bogotá, D. C., trece (13) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación 76001-23-33-000-2019-00968-01 (2919-2023) Demandante: Julieta
Marmolejo Cajiao Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio

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Numero interno: 1958-2020
Demandante: Cilia Amanda Muñoz Muñoz
Demandado: Nación- Ministerio de Educación Nacional- FOMAG

un tema pacífico de esta Corporación que, en estos escenarios no configura penalidad
económica establecida en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006.

Por lo tanto, la Sala no puede avalar una decisión judicial que es contraria al
ordenamiento jurídico y la jurisprudencia de las Altas Cortes, pues sostenerla bajo el
principio de la non reformatio in pejus, esto rompería con el principio de legalidad, la
primacía del interés general sobre el particular y con la sostenibilidad financiera del Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, que tiene a su cargo el pago de las
prestaciones sociales de los docentes y que se vería afectada con una condena donde
la demandante no tiene derecho a la sanción moratoria.

Por todo lo expuesto, la Sala procederá a revocar la sentencia de primera instancia y en
su lugar, se negará las pretensiones de la demanda.

2.3. Condena en costas.

Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la Sala temeridad
o mala fe, sino, simplemente la defensa de sus intereses es de decir, no se cumplen los
presupuestos exigidos por el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, por tanto, no se
condenará en ambas instancias.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley

FALLA

PRIMERO.- REVOCAR la sentencia del Treinta (30) de octubre de Dos mil Diecinueve
(2019), proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño proferida por el Tribunal
Administrativo de Nariño y, en su lugar negar las pretensiones de la demanda formulada
por la señora Cilia Amanda Muñoz Muñoz, contra el Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, de conformidad con lo expuesto en las consideraciones de esta
providencia.

SEGUNDO.- Sin condena en costas en ambas Instancias.

TERCERO.- Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

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Numero interno: 1958-2020
Demandante: Cilia Amanda Muñoz Muñoz
Demandado: Nación- Ministerio de Educación Nacional- FOMAG

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con Aclaración de Voto
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad. Integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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