Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2015-00480-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2015-00480-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2015-00480-02
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
9 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D.C., nueve (9) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 05001-23-33-000-2015-00480-02 (5536-2024)
Demandante: María Consuelo Noreña Arango
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial
Tema: Nivelación salarial del Decreto 1251 de 2009. REVOCA
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Como ninguno de los miembros de la sala advierte causal de impedimento para
conocer del presente asunto,1 se procede a resolver el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el veinticinco (25)
de julio de dos mil veinticuatro (2024) por el Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala Transitoria, por medio de la cual se negaron las pretensiones.
ANTECEDENTES
1. La señora María Consuelo Noreña Arango interpuso demanda en contra de
la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el
artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA), con el fin de que se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
2. Que se inaplique por inconstitucionalidad el artículo 4 del Decreto 1251 de
2009 y toda aquella disposición contraria a los artículos 1, 2 y 3 del mencionado
decreto.
1 Actualmente los miembros de la subsección no tienen un proceso pendiente o interés actual frente a los
aspectos relacionados con la nivelación salarial de que trata el Decreto 1251 de 2009, objeto del presente
proceso. De igual manera, se precisa que, si bien el 8 de mayo de 2015, el doctor Jorge Iván Duque Gutiérrez,
en calidad de magistrado del Tribunal Administrativo de Antioquia, suscribió impedimento para conocer del
asunto (art. 141-1) de manera conjunta con los demás magistrados de dicha corporación, el cual fue aceptado
por el Consejo de Estado, el 3 de septiembre del mismo año, dicha actuación no constituye una gestión en
instancia anterior, estuvo dirigida a dar trámite al proceso, no se enmarca en ninguna causal de impedimento.
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3. Que se declare la nulidad de las Resoluciones DESAJM12-07122 del 10 de
octubre de 2012 y 3156 del 16 de abril de 2013, a través de las cuales, la Rama
Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial negó el reconocimiento de
la nivelación salarial prevista en el Decreto 1251 de 2009, en armonía con lo
dispuesto en el Decreto 610 de 1998.
4. A título de restablecimiento del derecho se ordene pagar el saldo dejado de
percibir por concepto de salario, prestaciones sociales, cesantías y demás, en los
términos del Decreto 1251 de 2009, desde el año 2010 y hasta que ejerza el cargo
de juez, correspondiente al 34.9 % sobre la base del 80% de lo que por todo
concepto percibe un magistrado de alta corte, en concordancia con lo previsto en el
Decreto 610 de 1998.
5. De forma subsidiaria, solicitó que se cancele el 34.9 % liquidado sobre la
base del 70 % de lo que por todo concepto perciba un magistrado de alta corte,
teniendo en cuenta los siguientes rubros: «asignación básica mensual, gastos de
representación, prima especial, prima de navidad, bonificación por servicios, prima
de servicios, prima de vacaciones, prima de navidad, cesantías e intereses a las
cesantías, prima de vivienda y demás ingresos».
6. Que se actualicen las sumas reconocidas y se cancelen los respectivos
intereses moratorios.
HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
7. Que ha prestado sus servicios como juez de la República, y actualmente
ocupa el cargo de juez civil municipal de Medellín. Que el 19 de julio de 2012, solicitó
a la demandada reconocer y pagar la nivelación salarial adeudada, petición que se
negó a través de los actos demandados.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
8. Considera violados los artículos: 13 y 53 de la Constitución Política; 4 de la
Ley 4ª de 1992; y los Decretos 717 de 1978, 610 de 1998 y 1251 de 2009.
9. Que los porcentajes de remuneración fijados en los Decretos 610 de 1998 y
1251 de 2009 generan un trato desigual e injustificado, en la medida en que los
funcionarios de la Rama Judicial se encuentran sometidos a un régimen salarial
único, previsto en la Ley 4.ª de 1992 y en sus decretos reglamentarios. En
consecuencia, no resulta admisible establecer diferencias en la nivelación salarial
entre servidores que desempeñan funciones de igual naturaleza, jerarquía y
condiciones laborales, razón por la que debió aplicarse, «por analogía favorable»,
el Decreto 610 de 1998 y, de manera subsidiaria el Decreto 1251 de 2009.
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10. Que la entidad ha venido empleando de manera errónea el Decreto 1251 de
2009, al liquidar la remuneración allí prevista sin incluir la totalidad de los ingresos
percibidos por los magistrados de las altas cortes.
TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA
11. El 12 de marzo de 2014 fue admitida la demanda. La entidad2 señaló que la
liquidación efectuada se ajusta a lo dispuesto en la norma y que la prima especial
de servicios prevista en la Ley 4.ª de 1992 y reglamentada por el Decreto 10 de
1993 debe calcularse únicamente con base en los ingresos laborales permanentes
de los congresistas, incluyendo exclusivamente la prima de navidad, sin que sea
procedente incorporar las cesantías u otras prestaciones sociales. Propuso como
excepciones las de «presunción de legalidad de los actos administrativos»,
«ausencia de causa petendi», «inexistencia del derecho reclamado», «cobro de lo
no debido» y «prescripción».
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN
12. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Transitoria, mediante sentencia
del veinticinco (25) de julio de dos mil veinticuatro (2024)3, negó las pretensiones de
la demanda al considerar que no existían diferencias salariales a favor de la
demandante para los períodos reclamados, en la medida que la administración
aplicó correctamente la normativa vigente y, además, el régimen previsto en el
Decreto 383 de 2013 resultaba más favorable.
13. Expuso que, de conformidad con la sentencia del 2 de septiembre de 2019
y su aclaración del 7 de octubre del mismo año, el Decreto 1251 de 2009 únicamente
resultaba aplicable hasta el 31 de diciembre de 2012, pues a partir del 1.º de enero
de 2013 entró en vigor el Decreto 383 de 2013, mediante el cual se creó la
bonificación judicial.
14. Indicó que la accionante no solicitó la reliquidación de la nivelación salarial a
partir de la equiparación de los ingresos de los magistrados de las altas cortes con
los de los congresistas, incluido el auxilio de cesantías, sino el reconocimiento del
porcentaje que le correspondía como juez con fundamento en los ingresos de
aquellos. En consecuencia, estimó que no era procedente extender el análisis a
dicha equiparación, por cuanto no fue objeto de la demanda y aun cuando hiciera
una interpretación amplia, no existían pruebas que permitieran efectuar tal
comparación.
15. No obstante, más adelante, advirtió que, respecto de los años 2010 a 2012
«partiendo de los cuadros comparativos que a modo de ejemplo se mostraron» en
2 Folios 81 a 88.
3 Índice 46 de SAMAI del tribunal.
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la «constancia DEAJRH 12-7989 del 21 de septiembre de 2012»4 y en la
«Resolución 3156 del 16 de abril de 2013»5, al verificar los ingresos percibidos por
la actora frente a los de un magistrado de alta corte, la entidad aplicó correctamente
el porcentaje previsto en el Decreto 1251 de 2009 y que no existían diferencias
salariales a su favor.
16. En relación con los años 2013 y siguientes, concluyó que no había lugar al
reconocimiento alguno, al estimar que la bonificación judicial creada por el Decreto
383 de 2013 resultaba más favorable que la nivelación salarial prevista en el Decreto
1251 de 2009.
RECURSO DE APELACIÓN
17. La parte demandante6 interpuso recurso de apelación en el cual solicitó la
revocatoria de la sentencia, al considerar que sí reclamó la nivelación salarial
prevista en el Decreto 1251 de 2009 y que el tribunal interpretó erróneamente dicho
decreto, pues este se refiere a los ingresos anuales percibidos por los magistrados
de las altas cortes únicamente como parámetro para la determinación de la
remuneración de los jueces mediante la aplicación de los porcentajes allí previstos.
18. Indicó que la remuneración del juez debe entenderse como mensual a partir de
los ingresos anuales de los magistrados de las altas cortes. Agregó que las
cesantías deben ser tenidas en cuenta en la base del respectivo cálculo.
19. Finalmente, manifestó que no era procedente concluir que el Decreto 1251 de
2009 hubiera perdido vigencia con la expedición del Decreto 383 de 2013, por
cuanto no fue derogado, regula la nivelación salarial que rige a partir del año 2010
con carácter permanente, y corresponde a un régimen distinto al previsto en el del
2013, el cual se refiere a una bonificación adicional al salario.
TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
20. El 21 de febrero de 2025 se admitió el recurso. Las partes no se
pronunciaron.
21. El Ministerio Público solicitó confirmar la sentencia, al estimar que, aunque la
demandante no solicitó propiamente la nivelación salarial prevista en el Decreto
1251 de 2009, del ejercicio comparativo efectuado por el tribunal entre los ingresos
de los magistrados de altas cortes y los jueces municipales se concluyó que la
entidad aplicó correctamente el decreto.
Se decidirá previas las siguientes,
4 «por medio de la cual la Directora Administrativa de Asuntos Laborales de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, informa los ingresos mensuales y anuales de los Magistrados de Altas Cortes».
5 «emitida por la entidad, en la que el Consejo Superior de la Judicatura hizo el ejercicio, para el caso concreto,
de determinar los ingresos anuales de los Magistrados de Alta Corte por los años 2010-2012 y contrastarlos
con lo percibido por los Jueces Municipales»
6 Índice 49 de SAMAI del tribunal.
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CONSIDERACIONES
22. Deberá resolver la subsección si a la demandante le asiste el derecho al
reconocimiento y pago de la nivelación salarial prevista en el Decreto 1251 de 2009,
como juez municipal, tomando como base el 34,9 % del 70 % de lo que por todo
concepto perciben anualmente los magistrados de las altas cortes, incluyendo
dentro de dicha base de liquidación el auxilio de cesantías.
23. Igualmente, deberá establecerse el alcance del Decreto 1251 de 2009 en
cuanto a la forma de cálculo de la remuneración de los jueces municipales.
24. Finalmente, deberá determinarse si el Decreto 1251 de 2009 perdió vigencia
con la expedición del Decreto 383 de 2013, y si el reconocimiento de la bonificación
judicial a partir del año 2013 excluye la nivelación salarial reclamada.
Marco normativo y jurisprudencial
De la nivelación salarial del Decreto 1251 de 2009
25. De conformidad con el artículo 150, numeral 19, literal e), de la Constitución
Política, corresponde al Congreso de la República fijar los objetivos y criterios a los
cuales debe sujetarse el Gobierno nacional para establecer el régimen salarial y
prestacional de los empleados públicos.
26. En desarrollo de esa competencia, se expidió la Ley 4.ª de 1992, que en el
artículo 15, creó a favor de los magistrados de las altas cortes, entre otros
dignatarios del Estado, una prima especial de servicios, sin carácter salarial, con el
propósito de que, sumada a los demás ingresos laborales, permitiera equiparar la
totalidad de sus ingresos con los percibidos por los miembros del Congreso, sin
excederlos.
27. Posteriormente, el Decreto 10 de 1993 reglamentó dicho emolumento y
dispuso, en sus artículos 1 y 2, que la prima especial de servicios corresponde a la
diferencia entre los ingresos laborales totales anuales recibidos por los miembros
del Congreso y los devengados por los funcionarios beneficiarios. Precisó que, para
establecer tales ingresos, debían tenerse en cuenta los de carácter permanente,
«incluyendo la prima de navidad».
28. Más adelante, se expidió el Decreto 1251 de 2009, que para lo que interesa
al caso concreto, reguló la remuneración de los jueces de circuito y de los jueces
municipales fijándola como un porcentaje de lo que por todo concepto perciben
anualmente los magistrados de las altas cortes. Para los jueces de circuito
estableció una remuneración equivalente al 43 % del 70 % de lo percibido por dichos
magistrados durante el año 2009 y, a partir de 2010, con carácter permanente, el
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43,2 % de esa misma base. En cuanto a los jueces municipales, determinó el 34,7
% para el año 2009 y el 34,9 % a partir de 2010.
29. De lo expuesto se desprende que la remuneración de los jueces destinatarios
del Decreto 1251 de 2009 depende de los ingresos percibidos por los magistrados
de las altas cortes, cuya remuneración, a su vez, debe guardar correspondencia con
los ingresos laborales totales anuales de los miembros del Congreso.
30. Sobre el alcance de la expresión «ingresos laborales totales anuales», la
Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sentencia del
4 de mayo de 20097, precisó que comprende todo lo percibido por los congresistas
durante el año con ocasión de la relación laboral, «siendo claro que dentro de tal
concepto deben incluirse tanto los salarios como las prestaciones sociales». En esa
medida, concluyó que no resultaba admisible excluir el auxilio de cesantías por el
solo hecho de constituir una prestación social, pues la ley no hizo tal diferenciación
al referirse a los ingresos laborales totales anuales.
31. Ese criterio fue reiterado en sentencia del 18 de mayo de 2016 8, en la que
recordó que las cesantías percibidas por los miembros del Congreso han sido
consideradas ingresos laborales anuales permanentes, por tratarse de una
prestación económica que el empleador reconoce anualmente y que se causa por
cada día de servicio. Con fundamento en ello, se reafirmó que deben ser tenidas en
cuenta para la liquidación de la prima especial de servicios.
32. Vale la pena destacar que, en sentencia del 16 de abril de 20269, se advirtió que
la discusión sobre la correcta determinación de la remuneración de los magistrados
de las altas cortes, con la inclusión de tal emolumento, no resulta ajena a los
procesos de nivelación salarial previstos en el Decreto 1251 de 2009, pues las
inconsistencias en la liquidación de las prestaciones que la integran pueden incidir
en la remuneración que sirve de parámetro para los destinatarios de dicha
normativa. En desarrollo de esa línea argumentativa, se reiteró el razonamiento
expuesto en providencia del 6 de agosto de 202410, en la que se analizó el caso de
un juez de circuito11.
33. En síntesis, la remuneración de los jueces de circuito y municipales prevista
en el Decreto 1251 de 2009 debe liquidarse tomando como referente la
remuneración anual de los magistrados de las altas cortes, la cual, conforme al
7 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Sala de Conjueces. Sentencia
del 4 de mayo de 2009. Expediente: 25000232500020040520902. C.P. Luis Fernando Velandia Rodríguez.
8 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Sala de Conjueces. Sentencia
del 18 de mayo de 2016. Expediente: 250002325000201000246-02. C.P. Jorge Iván Acuña Arrieta.
9 Consejo de Estado, Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 16 de abril de 2026. Expediente: 25000-
23-42-000-2013-04137-02 (1238-2021). C.P. Elizabeth Becerra Cornejo.
10 Consejo de Estado, Sala de Conjueces, Sección Segunda. Sentencia del 6 de agosto de 2024. Expediente:
15001 23 33 000 2014 00485 02 (4670-2019) C.P. Clara Elisa Cifuentes Ortiz.
11 «para la Sala no hay duda que existe diferencia entre lo percibido por la parte actora y lo que debió percibir
si el ingreso de los magistrados de Altas Cortes se hubiere liquidado correctamente, esto es, teniendo en cuenta
las cesantías como ingresos laborales anuales permanentes para efectos de liquidar la prima especial de
servicios».
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artículo 15 de la Ley 4.ª de 1992, al Decreto 10 de 1993 y a la jurisprudencia de esta
corporación, debe calcularse con fundamento en los ingresos laborales totales
anuales percibidos por los miembros del Congreso, comprendiendo para ese efecto
el auxilio de cesantías.
Resolución del caso concreto
34. El tribunal encontró acreditado que la demandante se desempeñó como juez
municipal12 del 26 de noviembre de 2007 al 31 de diciembre de 2014. Sin embargo,
negó las pretensiones al considerar, entre otras razones, que la administración
aplicó correctamente la normativa vigente, tras contrastar lo percibido por la actora
con los ingresos de los magistrados de las altas cortes para los años 2010 a 2012,
con base en la información remitida por la entidad sobre los ingresos percibidos
entre unos y otros para esas anualidades; igualmente, estimó que el régimen
previsto en el Decreto 383 de 2013 le resultaba más favorable.
35. De acuerdo con el marco normativo, se advierte que el sistema de remuneración
previsto en el Decreto 1251 de 2009 responde a una estructura escalonada, en la
que la remuneración de los jueces de circuito y municipales se fija como un
porcentaje de la que corresponde a los magistrados de las altas cortes, y esta última,
a su vez, se determina a partir de los ingresos laborales totales de los miembros del
Congreso. Por ello, si para establecer la remuneración de los magistrados se toma
la totalidad de los ingresos laborales de los congresistas, dicha integralidad debe
mantenerse al proyectar el cálculo hacia la remuneración de los jueces.
36. En ese sentido, no es posible excluir las cesantías para efectuar el respectivo
cómputo, pues constituyen un ingreso laboral anual de carácter permanente de los
congresistas, por lo que deben hacer parte de la base utilizada para determinar la
prima especial de servicios de los magistrados de las altas cortes y,
consecuencialmente, de la remuneración de los jueces.
37. En ese contexto, y en lo que interesa al caso concreto, no basta con aplicar el
porcentaje previsto en el aludido decreto sobre la remuneración reconocida a los
magistrados, sino que es indispensable verificar que la percibida por los jueces
corresponda a la totalidad de los ingresos laborales anuales que, conforme a lo
expuesto, deben servir de parámetro para su cálculo.
38. De manera que no es posible arribar a la conclusión, como lo hizo el tribunal,
de que no existen diferencias en favor de la actora, como juez civil municipal, en
tanto que el ejercicio comparativo parte de una base de referencia incompleta en
cuanto omite uno de los componentes que integran la totalidad de ingresos laborales
anuales considerada para dichos efectos13. Ello, si se tiene en cuenta que la
12
Folio 166.
13
Se pone de presente que, la entidad, al contestar la demanda, sostuvo que la liquidación de la prima especial
de servicios debía atender a la prima de navidad, de acuerdo con lo expresamente previsto en el Decreto 10 de
1993, lo que evidencia que asumió una base de liquidación limitada que no se ajusta a lo dispuesto en el Decreto
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jurisprudencia de esta corporación ha reconocido que, para efectos de la liquidación
de la prima especial de servicios de los magistrados de las altas cortes, la
administración ha excluido el auxilio de cesantías. Circunstancia que incide
directamente en la determinación de la remuneración de los jueces.
39. Dicha situación también se confirma con las tablas contenidas en el documento
denominado «Liquidación valor otros servicios personales autorizados por ley para
los jueces»,14 y las de contraste incluidas en los actos administrativos acusados, en
particular las correspondientes al juez municipal para los años 2009 a 2012, de las
cuales se desprende que la liquidación anual no comprendió todos los conceptos
que integraban los ingresos de los magistrados de las altas cortes, pues no se
encuentra relacionado el rubro correspondiente a las cesantías.
40. De otra parte, es necesario manifestar que los efectos del Decreto 1251 de 2009
se mantuvieron en el tiempo, en la medida en que la norma dispuso: «a partir de
2010, y con carácter permanente», lo cual permite concluir que desde dicha
anualidad la forma de calcular la remuneración debía aplicarse en cada vigencia
bajo los mismos porcentajes fijados en el citado decreto.
41. Por eso, no es posible afirmar que aquel «procede hasta el 31 de diciembre de
2012», pues el Decreto 383 de 2013 no lo derogó ni lo modificó, sino que introdujo
una bonificación judicial de naturaleza no salarial, distinta al esquema de nivelación
previsto en el Decreto 1251 de 2009, sin que frente a jueces y empleados esté sujeta
a incompatibilidad alguna, la cual, de haber sido esa la intención del legislador,
habría sido señalada de manera expresa.15 En consecuencia, sobre estos aspectos
tampoco le asiste razón al tribunal.
42. En virtud de lo anterior, la demandante tiene derecho al reconocimiento,
reliquidación y pago de las diferencias adeudadas de su remuneración y
prestaciones sociales, desde el 1 de enero de 201016 hasta el 31 de diciembre de
2014, períodos en los que desempeñó el cargo de juez municipal, conforme al
porcentaje del 34.9 % del 70 % de lo que por todo concepto perciben anualmente
los magistrados de las altas cortes, que debe corresponder a la totalidad de los
ingresos laborales anuales de carácter permanente que devengan los congresistas,
incluyendo el auxilio de cesantías de dichos dignatarios.
43. Al establecerse que la asignación salarial de la actora fue liquidada por un valor
inferior al que legalmente debía percibir, resulta procedente ordenar la reliquidación
1251 de 2009 que exige tener en cuenta «lo que por todo concepto perciba anualmente el Magistrado de las
Altas Cortes».
14 Folios 24 a 27.
15 Este punto fue abordado por la subsección en un asunto con supuestos fácticos similares. Consejo de Estado.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 4 de septiembre de
2025. Expediente: 05001 23 33 000 2014 01533 02 (5933-2024). C.P. Luis Eduardo Mesa Nieves.
16 Debe precisarse que, si bien la accionante laboró como juez municipal durante el año 2009, según el
certificado expedido el 20 de diciembre de 2019 por la coordinadora de asuntos laborales de la Dirección
Seccional de Antioquia, visible a folio 166, el reconocimiento se hará a partir del año 2010, por ser este el
período comprendido en la reclamación administrativa y en la demanda «2010, 2011, 2012, 2013 y
seguidamente durante los años que siga ocupando el cargo».
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y el pago de las diferencias que se generen por concepto de prestaciones sociales.
44. En todo caso, la entidad demandada deberá verificar, al momento de efectuar
la liquidación correspondiente, que el reajuste aquí ordenado no supere los topes
legales y parámetros fijados en el Decreto 1251 de 2009 ni en los demás decretos
expedidos anualmente durante los periodos reconocidos.
45. En lo que tiene que ver con la prescripción trienal, la corporación ha sostenido17
que aplica la regla general contemplada en el Decreto 3135 de 196818. Sobre el
particular, se encuentra que la reclamación fue presentada el 19 de julio de 201219
y que el reconocimiento de las diferencias salariales pretendido parte desde el año
2010 momento en el cual la demandante ya ejercía el cargo de juez municipal.
Además, entre aquella fecha y la presentación de la demanda20 no transcurrieron
más de 3 años, razón por la cual no se configura el fenómeno extintivo.
46. En relación con los aportes destinados al Sistema de Seguridad Social en
Pensiones estos constituyen un derecho imprescriptible e irrenunciable21 y por
virtud de lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 100 de 199322 son obligatorios, no
solo por su naturaleza parafiscal, sino por la sostenibilidad del sistema.23 En ese
contexto, surge el deber de la entidad de efectuar la respectiva reliquidación con el
fin de determinar el monto de los aportes adeudados, durante los períodos en los
que la actora fungió como juez municipal, los cuales deberán consignarse en el
fondo de pensiones donde hubiere estado afilada. Lo anterior de conformidad con
la ley.
47. Finalmente, es necesario precisar que el Decreto 1251 de 2009 prevé que la
remuneración de los jueces municipales se determina como un porcentaje de los
ingresos que por todo concepto perciben anualmente los magistrados de las altas
cortes, de lo cual se desprende que la base de cálculo es anual y que el resultado
de la aplicación del porcentaje corresponde a la remuneración fijada por el sistema
de nivelación allí establecido. En ese sentido, el cálculo que se realiza para
establecer los porcentajes contenidos en el mencionado precepto determina la
17 Ver proceso bajo el radicado: 05001 23 33 000 2014 01533 02 (5933-2024).
18 ARTÍCULO 41. Las acciones que emanen de los derechos consagrados en este Decreto prescribirán en tres
años, contados desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible.
El simple reclamo escrito del empleado o trabajador ante la autoridad competente, sobre un derecho o
prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero sólo por un lapso igual. 18
19 Folio 20.
20 La demanda fue interpuesta el 21 de agosto de 2013, de acuerdo con el sello visible a folio 14.
21 La sentencia del 25 de agosto de 2016, radicación 23001 23 33 000 2013 00260 01 (0088-15) consejero
ponente, Carmelo Perdomo Cuéter, precisó: «la Sala aclara que la prescripción extintiva no es dable aplicar
frente a los aportes para pensión, en atención a la condición periódica del derecho pensional, que los hace
imprescriptibles, pues aquellos se causan día a día y en tal sentido se pueden solicitar en cualquier época,
mientras que las prestaciones sociales y salariales, al ser pagadas por una sola vez, sí son susceptibles del
mencionado fenómeno, por tener el carácter de emolumentos económicos temporales».
22 ARTÍCULO 17. Obligatoriedad de las Cotizaciones. Durante la vigencia de la relación laboral deberán
efectuarse cotizaciones obligatorias a los Regímenes del Sistema General de Pensiones por parte de los
afiliados y empleadores, con base en el salario que aquéllos devenguen.
23 Ver sentencia del Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala de conjueces de la Sección
Segunda- providencia del 4 de julio de 2024, conjuez ponente: Clara Elisa Cifuentes Ortíz, radicación: 25000-
23-42-0002017-05349-02 (2828-2021).
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Radicación: 05001-23-33-000-2015-00480-02 (5536-2024)
remuneración anual del juez municipal o de circuito según el periodo
correspondiente,24 por lo que no le asiste razón a la apelante cuando sostiene que
debe atenderse a un ingreso mensual.
48. En consecuencia, se revocará la sentencia de primera instancia, se declarará
la nulidad de los actos administrativos demandados y, a título de restablecimiento
del derecho, se ordenará el reajuste de los salarios y prestaciones conforme a lo
expuesto en la parte motiva, así como la reliquidación de las cotizaciones al sistema
de seguridad social.
49. Las sumas cuyo reconocimiento se ordenarán serán ajustadas de
conformidad con la fórmula que se transcribe a continuación:
R= Rh x Índice final
Índice inicial
50. En la que el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico
(R.H.), que es la cantidad a pagar, por el guarismo que resulte de dividir el índice
final de precios al consumidor certificado por el DANE, vigente en la fecha de
ejecutoria de esta providencia, por el índice vigente en la fecha en que se causó el
derecho.
51. Por tratarse de pagos de tracto sucesivo, la fórmula se aplicará
separadamente mes por mes, teniendo en cuenta que el índice inicial es el vigente
al momento de causación de cada uno de ellos.
De la condena en costas en ambas instancias
52. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior,
de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de
ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que
gobierna esta materia.
53. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente
de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público;
creando así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha
imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos,
como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo
dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la
24 Dicho criterio fue descartado por la subsección en la sentencia previamente citada del 4 de septiembre de
2025.
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Radicación: 05001-23-33-000-2015-00480-02 (5536-2024)
sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el
proceso.
54. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida. La
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
55. En consecuencia, se impondrán costas en ambas instancias en contra de la
parte demandada, por cuanto ante la prosperidad de la apelación de la actora, se
revocará el fallo impugnado y, por tanto, la decisión proferida de acceder a las
pretensiones es contraria a los intereses de la primera, lo que implica que ha
resultado vencida en juicio. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 de la
misma norma, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de
la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del tribunal de
origen.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: REVOCAR la sentencia del veinticinco (25) de julio de dos mil veinticuatro
(2024) proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Transitoria, por
medio de la cual se negaron las pretensiones.
Segundo: DECLARAR la nulidad de las Resoluciones DESAJM12-07122 del 10 de
octubre de 2012 y 3156 del 16 de abril de 2013, a través de las cuales, la Rama
Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial negó el reconocimiento de
la nivelación salarial prevista en el Decreto 1251 de 2009.
Tercero: A título de restablecimiento del derecho CONDÉNESE a la Nación-
Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial a reconocer, reliquidar
y pagar a la señora María Consuelo Noreña Arango, las diferencias adeudadas de
su remuneración y prestaciones sociales, conforme a lo dispuesto en el Decreto
1251 de 2009, desde el 1 de enero de 2010 hasta el 31 de diciembre de 2014,
períodos en los que desempeñó el cargo de juez municipal, conforme al porcentaje
del 34.9 % del 70 % de lo que por todo concepto perciben anualmente los
magistrados de las altas cortes, que debe corresponder a la totalidad de los ingresos
laborales anuales de carácter permanente que devengan los congresistas,
incluyendo el auxilio de cesantías de dichos dignatarios.
Efectuar las reliquidaciones correspondientes con el fin de determinar el monto de
los aportes al sistema de seguridad social adeudados, los cuales deberán
consignarse en el fondo de pensiones donde hubiere estado afilada. Lo anterior de
conformidad con la ley.
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Radicación: 05001-23-33-000-2015-00480-02 (5536-2024)
La demandada deberá verificar que realizada la liquidación, como se ordena en esta
sentencia, no exceda los topes previstos en el Decreto 1251 de 2009 ni en los
demás decretos expedidos anualmente durante los periodos reconocidos.
Cuarto: Las sumas cuyo reconocimiento se ordena serán ajustadas de conformidad
con la fórmula que se transcribe a continuación:
R= Rh x Índice final
Índice inicial
En la que el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (R.H.),
que es la cantidad a pagar, por el guarismo que resulte de dividir el índice final de
precios al consumidor certificado por el DANE, vigente en la fecha de ejecutoria de
esta providencia, por el índice vigente en la fecha en que se causó el derecho.
Por tratarse de pagos de tracto sucesivo, la fórmula se aplicará separadamente mes
por mes, teniendo en cuenta que el índice inicial es el vigente al momento de
causación de cada uno de ellos.
Quinto: Negar las demás pretensiones de la demanda.
Sexto: Condenar en costas a la parte demandada en ambas instancias, conforme
a lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia.
Séptimo: Ejecutoriada esta sentencia devolver el expediente al tribunal de origen,
previas las anotaciones correspondientes.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la subsección en la sesión de
la fecha.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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