Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2015-01940-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2015-01940-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2015-01940-02
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
12 de agosto de 2026
Radicación: 05001-23-33-000-2015-01940-02 (1457-2025)
Demandante: Andrés Felipe Hoyos Cano
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá, D.C., Doce (12) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 05001-23-33-000-2015-01940-02 (1457-2025)
Demandante: Andrés Felipe Hoyos Cano
Demandado: Nación-Rama Judicial- Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial
Tema: Prima especial de servicios del artículo 14 de la Ley 4 de 1992
y nivelación salarial Decreto 1251 de 2009.
Decisión: Revoca numeral segundo para estarse a lo resuelto, modifica
numeral tercero para declarar la nulidad total de los actos
demandados, modifica numeral cuarto respecto del
restablecimiento, y confirma en lo demás. Con condena en
costas
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
1. Comoquiera que ninguno de los miembros de la Sala advierte causal de
impedimento para conocer del presente asunto1, se procede a resolver el recurso
de apelación interpuesto por las partes contra la sentencia del 27 de marzo de
2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que accedió
parcialmente las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
Pretensiones de la demanda
2. La parte demandante solicitó la nulidad de la Resolución DESAJMR 14-3991
del 29 de abril de 2014,2 mediante el cual la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Medellin- Antioquia negó el reconocimiento y pago del
reajuste del 30% del salario, que fue descontado para tenerlo en cuenta como
1 Actualmente los miembros de la Sala no tienen un proceso pendiente o interés actual frente a aspectos
relacionados con el reconocimiento de la nivelación salarial del Decreto 1251 de 2009 ni la prima especial
del artículo 14 de la Ley 4 de 1992, objeto del presente proceso. Cabe precisar que, si bien el consejero Luis
Eduardo Mesa Nieves manifestaba impedimento para conocer de asuntos relacionados con la prima
especial del artículo 14 de la Ley 4 de 1992, por tener un proceso en trámite en el que se debatía un asunto
similar, el mismo fue definido mediante sentencia del 16 de septiembre de 2025, decisión que se encuentra
ejecutoriada, por lo que a la fecha no existe pleito pendiente entre las partes o interés actual sobre la
controversia. Por otra parte, se advierte que el ponente en casos anteriores había manifestado impedimento
por pleito pendiente; sin embargo, este fue resuelto por la Sala mediate auto del 9 de abril de 2026,
declarándolo infundado.
2 Folios 24-25 del expediente físico.
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prima especial de servicios, y el acto ficto o presunto negativo que negó el recurso
de apelación.
3. Así mismo, la nulidad de la Resolución DESAJMR-14 4173 del 11 de junio de
20143, por la cual la demandada negó el reajuste de la nivelación del Decreto
1251 de 2009, y del acto ficto o presunto negativo que negó el recurso de
apelación.
4. A título de restablecimiento del derecho, peticionó: «5. […] la reliquidación de lo
dejado de cancelar, por concepto de salario, prestaciones sociales, cesantías y demás
que se le adeudan producto del impago de manera completa y oportuna, en los términos
del Decreto 1251 de 2009, de la nivelación salarial allí ordenada, desde los años 2010
al 2015 y seguidamente durante los años que se siga ocupando el cargo o similar. Todo
lo anterior […] sobre la base del 70% de lo que por todo concepto perciba un magistrado
de Alta Corte, ordenando el pago que resulte de la sumatoria anterior, el 43.2% […]
teniendo en cuenta para ello, el ingreso más alto, y que por todo concepto perciba un
magistrado de alta corte […] y que corresponde a los rubros de: asignación básica
mensual, gastos de representación, prima especial, prima de navidad, bonificación por
servicios, prima de servicios, prima de vacaciones, prima de navidad, cesantías e
intereses de cesantías, prima de vivienda y demás ingresos percibidos por todo concepto
anualmente por un magistrado de Alta Corte».
5. «6. Que se ordene incluir el valor de los saldos dejados de cancelar, durante los años
descritos en la pretensión anterior, más lo que se sigan generando hasta la fecha en que
se produzca acuerdo y se siga ocupando el mismo cargo o similar, así como el pago
proporcional adicional de las prestaciones sociales correspondientes a vacaciones,
prima de vacaciones, prima de servicios prima de navidad aporte a cesantías y pensión,
sobre la base del 100% del salario […].4
Hechos que fundamentan la demanda
6. Que el demandante ha prestado sus servicios a la Rama Judicial como juez
02 Civil del Circuito de Ejecución de Medellín, desde el año 2010.5
Fundamentos de derecho
7. La parte actora, indicó que las decisiones enjuiciadas vulneraron los artículos
53 de la Constitución Política; 14 de la Ley 4 de 1992, y los Decretos 57 de 1993,
610 de 1998 y 1251 de 2009.
8. Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado del actor señaló que los
decretos que regulan la prima especial de servicios indicaron que se considera
como prima el 30% del salario básico mensual, restándole a dicha asignación ese
3 Folios 32-35 del expediente físico.
4 Se hace transcripción textual de las pretensiones de la demanda.
5 En los hechos de la demanda no se hizo mención al agotamiento de la vía administrativa.
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porcentaje como factor salarial que por la ley ya estaba establecido, para tenerlo
en cuenta como prima especial de servicios.
9. Por otra parte, señaló que frente a la nivelación dispuesta en el Decreto 1251
de 2009, la entidad demandada al realizar las liquidaciones no incluye lo que por
todo concepto devenga un magistrado de Alta Corte. Además, la entidad no
atiende los parámetros de la norma indicada al realizar la liquidación, pues «para
fijar la remuneración mensual de los jueces, ha de tomar todo lo percibido por un
magistrado de Alta Corte de manera anual».
Contestación de la demanda
10. La Rama judicial contestó la demanda6, señalando que la prima especial
de servicios no tiene carácter salarial, por mandato expreso del artículo 14 de la
Ley 4 de 1992. Igualmente, precisó que el Gobierno nacional está expresamente
facultado para expedir los decretos salariales teniendo la potestad de determinar
que el 30% de la remuneración mensual sea considerado como prima.
11. A su vez sostuvo que, el Gobierno nacional señaló expresamente cuales
son los conceptos laborales o prestacionales para determinar los ingresos
laborales que tienen un carácter remuneratorio, expresamente solo se incluye una
prestación, esto es la prima de navidad, es de ahí que las prestaciones sociales
que no señaló taxativamente el legislador para ser tenidas en cuenta, como es el
caso de las cesantías de los magistrados de Altas Cortes, no pueden incluirse
para liquidar la retribución de los funcionarios de la Rama Judicial.
12. Así mismo, invocó las excepciones de «ausencia de causa petendi –
inexistencia del derecho reclamado y cobro de lo no debido», «legalidad de los
actos demandados» y «prescripción trienal».
Sentencia de primera instancia
13. Mediante sentencia del 27 de marzo de 2025,7 el Tribunal Administrativo de
Antioquia accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
14. Al respecto, indicó que los beneficiarios de la prima especial tienen derecho
al reconocimiento y pago de las diferencias que por concepto de tal emolumento
resulten a su favor, por la reliquidación de sus prestaciones sociales y salariales,
teniendo en cuenta el 100% de su salario, sin excluir el 30% denominado como
prima sino como un incremento, sin que en ningún caso, se supere el porcentaje
máximo fijado por el Gobierno nacional, la cual sólo constituye factor salarial para
efectos de pensión de jubilación.
6 Folios 77-93 del expediente físico.
7 Índice 60 gestión en otros despachos de Samai.
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15. Frente a la prescripción, sostuvo que la reclamación se presentó el 11 de
marzo de 2014, por lo que las sumas causadas antes del 11 de marzo de 2011 se
encontrarían prescritas; sin embargo, se tiene que el demandante sólo acreditó
estar prestando sus servicios como juez desde el 11 de enero de 2013, por lo que
no operó dicho fenómeno.
16. Por otra parte, sostuvo que respecto del Decreto 1251 de 2009, la entidad
demandada realiza una interpretación restrictiva, lo cual conllevaría a restar -de lo
que por todo concepto percibe un magistrado de Alta Corte- el auxilio de cesantía,
disminuyendo el resultado base al que correspondería aplicarle el porcentaje
definido por el decreto según el nivel y cargo del funcionario judicial. Así mismo,
indicó que el ámbito temporal de dicha nivelación es anual, por lo que argumentar
que los ingresos del demandante deben calcularse mensualmente, no encuentra
ningún respaldo jurídico.
17. Indicó que la parte actora no acreditó la falta de nivelación alegada desde
el 11 de enero de 2013. Además, consideró que en el mencionado año entró a
regir el Decreto 383 de 2013, por medio del cual se creó la bonificación judicial,
por lo que los ingresos del demandante se vieron incrementados, resultando ser
de aplicación más beneficiosa lo establecido en el decreto del año 2013, en
comparación de la nivelación mencionada en el decreto del año 2009, por lo que
negó dicha pretensión.
18. En consecuencia, declaró la nulidad de los actos demandados respecto de
la prima especial de servicios, inaplicó los decretos salariales que regularon dicho
emolumento para el año 2013 y en adelante, y a título de restablecimiento del
derecho, dispuso: «CUARTO. – […]: i) reliquidar las prestaciones sociales de Andrés
Felipe Hoyos Cano, desde el 11 de enero de 2013, y hasta que permanezca en el
servicio devengando la denominada prima especial, teniendo en cuenta como factor
salarial el 30% de su salario básico al que se le dio la denominación de prima especial,
esto es, realizando la liquidación de sus prestaciones sobre el 100% del salario; ii)
reconocer y pagar al señor Andrés Felipe Hoyos Cano la prima especial de servicios
como adición al salario, desde el 11 de enero de 2013, sin que en ningún caso sus
ingresos superen el porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional, atendiendo el
cargo correspondiente; y iii) realizar los descuentos de ley y aportes propios para el
sistema general de seguridad social, en las proporciones correspondientes, respecto de
las diferencias ordenadas y no cotizadas, conforme lo expuesto».
Recurso de apelación
-La parte demandante
19. La parte demandante recurrió en apelación parcial8 la sentencia de primera
instancia.
8 Índice 62, gestión en otros despachos de Samai.
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20. Adujo que la nivelación debe ser reconocida «desde el año 2010», hasta la
fecha en que siga ocupando el mismo cargo o similar, conforme al certificado de
tiempo de servicios aportado al expediente en calidad de juez municipal.
21. Agregó que, el Decreto 1251 de 2009 estableció un parámetro para
determinar la remuneración del demandante año por año, hasta el punto de que
el artículo 2º del referido decreto en su inciso segundo, dispuso con carácter
permanente, el porcentaje de ésta para el caso de los jueces con categoría
municipal.
22. Afirma que el Tribunal parte de una interpretación completamente errada,
bajo el entendido que la norma establece unos parámetros para qué al funcionario
con categoría de juez municipal, se le asigne una remuneración, que es el pago
que se hace mes a mes por el servicio prestado, de tal manera que, ésta no debe
entenderse anual, pues este solo aplica para lo devengado por todo concepto por
el magistrado de Alta Corte, para establecerlo como medida de cálculo de acuerdo
a los porcentajes ordenados por la norma y calcular la retribución mensual del
actor.
23. Sostuvo que el hecho de haber entrado en vigor el Decreto 0383 de 2013
y siguientes que lo modifican no derogaron el Decreto 1251 de 2009, pues se
tratan de conceptos completamente diferentes, pues mientras aquel se refirió a
una bonificación adicional al salario, este decreto planteó una nivelación salarial
entre los diferentes rangos de jueces con categoría municipal y circuito, partiendo
de la base de la totalidad de los ingresos que devenga un magistrado de Alta Corte
anualmente.
La parte demandada
24. El apoderado de la entidad demandada9 recurrió en apelación la sentencia
de primera instancia.
25. Indicó que sin contar con la respectiva disponibilidad presupuestal que dé
cuenta de la existencia de los recursos necesarios para asumir el gasto y cumplir
con las obligaciones que le impongan la ley o las sentencias judiciales, la
administración judicial está impedida para generar o disponer reconocimientos y
pagos de nivelaciones salariales o prestacionales.
26. Sostuvo que el legislador estipuló como prima el 30% de la remuneración
de algunos cargos, entre ellos el de los jueces, por lo que tanto el salario, como
las prestaciones se le liquidaron y cancelaron durante el tiempo en que se
reclama, en forma legal y ajustada a la normatividad vigente. Insistió que el
mencionado emolumento no tiene carácter salarial y que en ningún caso se puede
superar los topes establecidos por el Gobierno nacional.
9 Índice 63, gestión en otros despachos de Samai.
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27. Finalmente, afirmó que si bien la nivelación del Decreto 1251 de 2009 fue
negada al demandante, discrepa frente a lo sostenido por el Tribunal, pues
considera que dicho decreto únicamente tuvo vigencia durante el año 2009,
conforme a la sentencia del 2 de septiembre de 2019.
Trámite correspondiente a la segunda instancia
28. Por auto del 12 de junio de 202610 se admitieron los recursos de apelación.
29. Las partes guardaron silencio.
30. Control de legalidad. La Sala observa que el proceso se ha tramitado en legal
forma, sin que se advierta causal de nulidad que invalide lo actuado, por lo que se
resolverá la apelación, previas las siguientes:
II. CONSIDERACIONES
Competencia
31. De conformidad con lo establecido en el artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo11, esta Sala de
Subsección del Consejo de Estado es competente para resolver los recursos de
apelación interpuestos contra las sentencias dictadas en primera instancia por los
Tribunales Administrativos.
Problema jurídico
32. Le corresponde a la Sala determinar si el actor tiene derecho a que se
reliquiden las prestaciones sociales con base en el 100% de su asignación o si
por el contrario esta se encuentra conformada por el 70% del sueldo y el 30% de
la prima especial de servicios. Así mismo, si dicho emolumento tiene carácter
salarial, si se debe atender al tope establecido por la ley, y si existe una
imposibilidad presupuestal por parte de la demandada para efectuar el pago de lo
pretendido en la demanda.
33. Igualmente, si es procedente la nivelación de su asignación mensual teniendo
en cuenta la remuneración anual que por todo concepto percibe el magistrado de
la Alta Corte, de conformidad con el Decreto 1251 de 2009, que en su criterio
consigna dicha fórmula. Así mismo, si es dable el restablecimiento del derecho
respecto de los periodos reclamados en la demanda o si la aplicación de dicho
precepto se encuentra limitada.
10 Índice 6 de Samai.
11 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
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34. Por otro lado, se debe establecer si en la remuneración que por todo concepto
percibe anualmente un magistrado de Alta Corte, que a la vez, debe ser igual a lo
percibido en su totalidad por un congresista, se debe incluir las cesantías como
factor computable para liquidar la prima de servicios.
35. Para resolver los problemas planteados se abordarán los siguientes aspectos:
1. La prima especial de servicios contemplada en el artículo 14 de la Ley 4 de
1992 y el precedente jurisprudencial, 2. La nivelación del Decreto 1251 de 2009 y
antecedente jurisprudencial, 3. Hechos probados y 4. Caso concreto.
La prima especial de servicios del artículo 14 de la Ley 4 de 1992
36. La Ley 4 de 1992, en el artículo 14, determinó que «el Gobierno Nacional
establecerá una prima no inferior al 30% ni superior al 60% del salario básico, sin
carácter salarial12 para los Magistrados de todo orden de los Tribunales
Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, Agentes del
Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial y para los Jueces de la
República, incluidos los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar,
Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar, excepto los que opten
por la escala de salarios de la Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir
del primero (1o.) de enero de 1993. Igualmente tendrán derecho a la prima de que
trata el presente artículo, los delegados departamentales del Registrador Nacional
del Estado Civil, los Registradores del Distrito Capital y los niveles Directivo y
Asesor de la Registraduría Nacional del Estado Civil».
37. En cumplimiento del mandato anterior, el Gobierno nacional desde 1993 ha
expedido anualmente los decretos salariales de los servidores públicos. Sin
embargo, aquellos emitidos entre los años 1993 y 2007, fueron declarados nulos
por el Consejo de Estado, Sala de Conjueces de la Sección Segunda, el 29 de
abril de 201413 bajo el argumento de que «de acuerdo con los criterios
establecidos en la ley marco, esto es la Ley 4ª de 1992, es claro que el Gobierno
Nacional contravino los criterios fijados por el legislador con la expedición de los
decretos demandados, pues como se pudo observar, el literal a) del artículo 2° de
la mencionada Ley estableció que de ninguna manera se podían desmejorar los
salarios y prestaciones sociales. Sin embargo, los decretos demandados
interpretaron erróneamente y aplicaron indebidamente la ley 4ª de 1992 al
haber mermado el salario de un grupo de servidores públicos, razón
suficiente para determinar que son contrarios a la Constitución y la Ley, así como
12 Aparte subrayado declarado exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-279-96 de 24 de
junio de 1996, magistrado ponente Hugo Palacios Mejía. «El legislador conserva una cierta libertad para
establecer, qué componentes constituyen, o no salario; así como la de definir y desarrollar el concepto de
salario, pues es de su competencia desarrollar la Constitución. El considerar que los pagos por primas
técnicas y especiales no sean factor salarial, no lesiona los derechos de los trabajadores, y no implica una
omisión o un incorrecto desarrollo del especial deber de protección que el Estado colombiano tiene en
relación con el derecho al trabajo, ni se aparta de los deberes que Colombia ha adquirido ante la comunidad
internacional».
13 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencia del 29 de abril de 2014. Radicación:
11001-03-25-000-2007-00087-00 (1686-07). CP: María Carolina Rodríguez Ruiz
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para declarar su nulidad».
38. Ahora, la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado
mediante la sentencia del 2 de septiembre de 201914, respecto de la prima
especial de servicios determinó lo siguiente:
1. La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o asignación
básica de los servidores públicos beneficiarios de esta. En consecuencia, los
beneficiarios tienen derecho, en los términos de esta sentencia, al reconocimiento
y pago de las diferencias que por concepto de la prima resulten a su favor. La prima
especial sólo constituye factor salarial para efectos de pensión de jubilación.
2. Todos los beneficiaros de la prima especial de servicios a que se refiere el
artículo 14 de la Ley 4 de 1992 como funcionarios de la Rama Judicial, Fiscalía,
Procuraduría entre otros tienen derecho a la prima especial de servicios como un
incremento del salario básico y/o asignación básica, sin que en ningún caso supere
el porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional, atendiendo el cargo
correspondiente.
3. Los funcionarios beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere
el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 (de la Rama Judicial o de la Fiscalía General de
la Nación) tienen derecho a la reliquidación de las prestaciones sociales sobre el
100 % de su salario básico y/o asignación básica, es decir, con la inclusión del 30
% que había sido excluido a título de prima especial.
4.. Los demás beneficiarlos de la prima especial de servicios que no estén
sometidos a límite del 80%, en ningún caso su remuneración podrá superar el
porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional.
5. Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima
especial de servicios, se tendrá en cuenta en cada caso la fecha de presentación
de la reclamación administrativa y a partir de allí se reconocerá hasta tres años
atrás, nunca más atrás, de conformidad con el Decreto 3135 de 1998 y 1848 de
1969.
39. Lo anterior, ha sido reiterado en varias oportunidades en las sentencias 11 de
julio de 202315, 5 de septiembre de 202316, 5 de diciembre de 202317, 6 de agosto
de 202418 y 18 de diciembre de 202419.
40. Posteriormente, esta corporación mediante sentencia del 9 de abril de 202420,
declaró la nulidad de los decretos salariales de los servidores públicos proferidos
14 Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-18) MP. Carmen
Anaya De Castellanos (Conjuez)
15 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 11 de julio de 2023. Radicación:
25000-23-42-000-2017-04777-02 (6109-2019). CP: Bernardo Andrés Carvajal Sánchez
16 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 5 de septiembre 2023.
Radicación: 73001-23-31-000-2011-00775-02 (4667-2019) CP: Hugo Alberto Marín Hernández
17 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 5 de diciembre de 2023.
Radicación: 250002342000201703771 02 (0232-2021). CP: Carmen Anaya de Castellanos.
18 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 6 de agosto de 2024. Radicación:
250002342000201402796 02 (5358-2022). CP: Carmen Anaya de Castellanos.
19 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 3 de diciembre 2024. Radicación:
25000-2342-000-2019-01001-02 (4400-2021). CP: Jorge Iván Acuña Arrieta.
20 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 9 de abril de 2024. Radicación:
11001 03 25 000 2019 00609 00 (4735-2019). CP: Clara Elisa Cifuentes Ortíz.
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Demandante: Andrés Felipe Hoyos Cano
entre los años 2008 y 2018, pues bajo idéntico criterio se insistió en que el 30%
correspondiente a la prima especial «no puede ser deducido del salario».
Nivelación del Decreto 1251 de 2009.
41. Conforme lo dispuesto por la Constitución Política, la función de fijar el régimen
salarial y prestacional de los empleados públicos corresponde al Gobierno
nacional a través de los lineamientos que de forma privativa el legislador dicte
para el efecto; tal y como lo preceptúa el artículo 150 numeral 19 de la Constitución
Política.
42. El Congreso de la República expidió la Ley 4 de 199221, la cual en el artículo
15 estableció una prima especial de servicios, sin carácter salarial, para los
magistrados de Alta Corte, que sumada a los demás ingresos laborales, igualen a
los percibidos en su totalidad, por los miembros del Congreso, sin que en ningún
caso los supere, es decir, se equiparó el salario de los magistrados de las Altas
Cortes al de los congresistas.
43. Por otro lado, el Gobierno nacional expidió el Decreto 1251 de 2009, en
desarrollo de los criterios sentados por el anterior precepto, y reglamentó, entre
otros, la remuneración que por todo concepto perciben los jueces del circuito y
municipales en los siguientes términos:
«ARTÍCULO 2°. Para la vigencia de 2009, la remuneración que por todo concepto
perciba el Juez del Circuito, el Fiscal Delegado ante Juez del Circuito, el Juez de
División, o de Fuerza Naval, o de Comando Aéreo, o de Policía Metropolitana y el
Fiscal ante Juez de División, o de Fuerza Naval, o de Comando Aéreo, o de Policía
Metropolitana será igual al cuarenta y tres por ciento (43%) del valor
correspondiente al setenta por ciento (70%) de lo que por todo concepto perciba
anualmente el Magistrado de las Altas Cortes.
A partir del 2010, y con carácter permanente, dicha remuneración será equivalente
al cuarenta y tres punto dos por ciento (43.2%) del valor correspondiente al setenta
por ciento (70%) de lo que por todo concepto perciba anualmente el Magistrado
de las Altas Cortes.
ARTÍCULO 3°. Para la vigencia de 2009, la remuneración que por todo concepto
perciba el Juez Municipal, el Fiscal Delegado ante Juez Municipal y Promiscuo, el
Juez de Brigada, o de Base Aérea, o de Grupo Aéreo, o de Escuela de Formación,
o de Departamento de Policía, el Fiscal ante Juez de Brigada, o de Base Aérea, o
de Grupo Aéreo, o de Escuela de Formación, o de Departamento de Policía y el
Juez de Instrucción Penal Militar será igual al treinta y cuatro punto siete por ciento
(34.7%) del valor correspondiente al setenta por ciento (70%) de lo que por todo
concepto perciba anualmente el Magistrado de las Altas Cortes.
21 «Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional
para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso
Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales
y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales
e) y f) de la Constitución Política».
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A partir de 2010, y con carácter permanente, dicha remuneración será equivalente
al treinta y cuatro punto nueve por ciento (34.9%) del valor correspondiente al
setenta por ciento (70%) de lo que por todo concepto perciba anualmente el
Magistrado de las Altas Cortes…»
44. Conforme lo anterior, se advierte que la remuneración de los jueces del circuito
o municipales o fiscales delegados ante jueces municipales o del circuito
dependerá directamente de lo percibido por un magistrado de Alta Corte y a su
vez, lo percibido por éstos deberá atender a los ingresos laborales totales anuales
percibidos permanentemente por los miembros del Congreso.
45. Ahora, teniendo en cuenta que el Decreto 1251 de 2009 establece un
porcentaje sobre lo que por todo concepto perciba anualmente un magistrado
de las Altas Cortes, en sentencia del 4 de mayo de 200922, la Sala de Conjueces
de la Sección Segunda del Consejo de Estado, señaló «Al referirse, tanto la Ley 4ª
de 1992 como el Decreto 10 de 1993 a ingresos laborales totales anuales, dicha
expresión engloba todo aquello que en el año percibe en ejercicio de la relación
laboral el congresista como tal, sin tener en cuenta si dicha partida es factor de
salario o por el contrario corresponde a una prestación social. […] Se concluye en
consecuencia que la suma recibida por los congresistas por concepto de ingresos
laborales totales anuales debe ser la misma que la recibida por los magistrados de las
Altas Cortes y que éstos últimos, que es situación diferente, tienen entre sí, iguales
remuneración, prestaciones sociales y derechos laborales».
46. Igualmente, en la Sentencia dictada el 18 de mayo de 2016 por la Sala de
Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado23, indicó que «el auxilio
de cesantías debe ser tenido en cuenta para realizar la liquidación de la prima
especial de servicios de los funcionarios mencionados en el artículo 15 de la Ley
4ª de 1992, quienes tienen derecho a percibir una suma equivalente a lo que por todo
concepto devengan los congresistas.».
29. Así las cosas, se puede concluir que para establecer lo que por todo concepto
perciba anualmente un magistrado de las Altas Cortes, se debe tener en
cuenta que éstos deben percibir lo mismo que devengan los congresistas
incluyendo el auxilio de cesantías como parámetro para determinar la liquidación
de la prima especial de servicios de que trata el artículo 15 de la Ley 4 de 1992,
beneficio que incide en el porcentaje que estableció los artículos 2 y 3 del Decreto
1251 de 2009 para los jueces del circuito y municipales y fiscales delegados ante
estos funcionarios, como ya lo ha señalado esta Sala de Subsección 24.
Hechos probados
22 Radicación No. 250002325000200405209 02.
23Sentencia proferida el 18 de mayo de 2016 por la Sala de Conjueces – Sección Segunda del Consejo de
Estado, Rad. 250002325000201000246-02, Demandante: Jorge Luis Quiroz Alemán. Conjuez Ponente
Doctor Jorge Iván Acuña Arrieta.
24 Consejo De Estado Sala De Lo Contencioso Administrativo Sección Segunda – Subsección A Consejero
Ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves, sentencia cuatro (4) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)
radicación: 15001 23 33 000 2013 00611 01 (3621-2017).
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47. En el expediente está acreditado que el actor se encuentra vinculado a la
Rama Judicial sin interrupción desde el año 199325, y se ha desempeñado en el
cargo de juez, así: del 11 de enero de 2013 al 17 de abril de 2013 (juez municipal),
del 12 de noviembre de 2013 al 9 de septiembre de 2015 (juez circuito), y del 11
de septiembre de 2015 al 31 de diciembre de 2015 (juez municipal)26.
48. Que ha percibido desde un principio la remuneración mensual y las
prestaciones sociales por montos inferiores a los que tiene derecho, ya que la
Administración ha restado la prima especial de servicios del 100% del salario, lo
que arroja un 70% de éste, y sobre ese 70% ha venido liquidando tanto el salario
como las prestaciones sociales. Igualmente, que la entidad al calcular su
remuneración conforme a lo que devengan los magistrados de las Altas Cortes
según los porcentajes establecidos en el Decreto 1251 de 2009, no tuvo en
cuenta las «cesantías» al liquidar la prima especial de servicios de dichos
funcionarios27.
49. Que el 11 de marzo de 2014,28 el actor le solicitó a la demandada el reajuste
de la prima especial de servicios y la nivelación del Decreto 1251 de 2009, pero
esta petición fue negada mediante los actos demandados.
Caso concreto
Prima especial de servicios
50. La Sala advierte que la entidad demandada ha restado la prima especial de
servicios del 100% del salario, en aplicación de una interpretación equivocada de
los decretos expedidos por el Gobierno nacional, a través de los cuales se
desarrolló el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, por lo que el salario y las
prestaciones devengados por el demandante se liquidaron sobre un 70% de
aquel.
51. En consecuencia, el señor Andrés Felipe Hoyos Cano tiene derecho al
reconocimiento, reliquidación y pago de sus ingresos mensuales, y de sus
prestaciones sociales liquidadas sobre la base de todo el salario básico, sin
restarle ni sumarle a éste el 30%, ya que la prima especial de servicios no tiene
carácter salarial y por tanto no incide o es inocua para liquidar las prestaciones
sociales, salvo para efectos de pensión. Distinto es que el 30% que fue
erradamente descontado de su remuneración mensual para tenerlo a título de
prima especial, sí tiene carácter salarial e incidencia prestacional, ya que
25 Se ha desempeñado como escribiente, oficial mayor, secretario, auxiliar judicial y profesional universitario
en diferentes periodos y sin interrupción en el servicio desde el 1/1/1993 a la actualidad.
26 Folio 129 del expediente físico. Fecha de la certificación del 4 de marzo de 2019.
27 Folios 130-139 del expediente físico. Se certifica lo devengado por el actor en los diferentes cargos por
este desempeñados entre el periodo de 2010-2015. Igualmente, se desprende que tanto en la contestación
de la demanda como en los actos administrativos demandados la entidad ha señalado que no se deben
tener en cuenta las cesantías de los magistrados de las Altas Cortes.
28 Folios 30 y 39 del expediente físico.
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constituye un porcentaje de la asignación básica que fue descontado por una
exégesis errada por parte de la entidad demandada, por lo que contrario a lo
afirmado por la entidad recurrente sí le asiste el derecho al demandante al
mencionado reajuste.
52. Asimismo, aunque la Rama Judicial sostuvo que reconoció los salarios y
prestaciones sociales conforme a la normatividad vigente, lo cierto es que,
mediante sentencia del 9 de abril de 202429, esta Corporación declaró la nulidad
de los decretos emitidos entre el 2008 y 2018 que, «establecieron la prima
especial, creada por el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, como una parte del salario
y no como un pago adicional equivalente al 30% del salario», e indicó que «la
nulidad que se declara no implica que la prima especial sin carácter salarial del
30% de la remuneración mensual de los servidores públicos beneficiarios,
desaparece del mundo jurídico, sino que, tal como se desprende de la motivación
plasmada en esta sentencia, ese porcentaje no puede ser deducido del salario,
sin que en ningún caso pueda ser inferior, a la luz de la norma legal, artículo 14
de la Ley 4ª de1992». En consecuencia, se dispondrá revocar el numeral
segundo30, para en su lugar estarse a lo resuelto en la sentencia expedida por el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, bajo radicado
110010325000201900609 00 (4735-2019) del 9 de abril de 2024.
53. Ahora bien, frente al tope establecido en el Decreto 1251 de 2009, es del caso
precisar que, en ningún caso, el reconocimiento ordenado podrá superar el límite
remuneratorio previsto en dicho precepto ni en los decretos que anualmente
expide el Gobierno nacional para el cargo ocupado por el demandante. Revisado
el expediente, se encuentra que el Tribunal de instancia en la parte resolutiva
dispuso «sin que en ningún caso sus ingresos superen el porcentaje máximo fijado por
el Gobierno Nacional, atendiendo el cargo correspondiente», por lo que la Sala no hará
ninguna precisión adicional al respecto.
54. Por otra parte, frente al argumento de que está en imposibilidad presupuestal
para reconocer el reajuste ordenado, es del caso señalar que el derecho que le
asiste al actor no puede estar condicionado al trámite administrativo que la
accionada deberá adelantar ante el organismo correspondiente para que se
asigne el rubro destinado al cumplimiento de la sentencia judicial, so pena de
desconocer el núcleo esencial del debido proceso y el Estado Social de Derecho.
Nivelación del Decreto 1251 de 2009
55. Ahora, si bien para establecer el porcentaje que percibe un juez municipal y
de circuito se debe tener en cuenta lo que por todo concepto devenga un
magistrado de Alta Corte, la Sala debe precisar que a su vez, éstos deberán
29 Proceso 110010325000201900609 00 (4735-2019)
30 El cual dispuso inaplicar los decretos salariales que regularon la prima especial de servicios del año 2013
en adelante.
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atender a los ingresos laborales totales anuales percibidos permanentemente por
los miembros del Congreso31.
56. En consecuencia, es evidente que si al calcular los ingresos que por todo
concepto salarial y prestacional devengan los magistrados de Alta Corte, se debe
tener en cuenta que éstos deben percibir lo mismo que los congresistas, y la
entidad excluyó el auxilio de cesantías como parámetro para determinar la
liquidación de la prima especial de servicios de que trata el artículo 15 de la Ley 4
de 199232, realmente no reconoció esa misma remuneración, lo cual incide
directamente en la de los demás funcionarios de la Rama Judicial y de la Fiscalía
General de la Nación, pues conforme el Decreto 1251 de 2009, esta dependerá
de lo que perciban tales magistrados, lo cual quiere decir que lo reconocido al
demandante como juez municipal y de circuito no estuvo bien liquidado, por lo que
le asiste razón a la parte actora.
57. A su vez, frente a lo sostenido por éste de que el cálculo de la nivelación se
realice respecto de la remuneración mensual del juez, se encuentra que la
interpretación propuesta no resulta plausible, toda vez que implicaría utilizar
parámetros salariales diferente para calcular o determinar la nivelación de los
jueces, esto es, la remuneración mensual de los jueces con la anual percibida por
los magistrados de las Altas Cortes. Este tipo de operación exige que los
parámetros objeto de comparación sean homogéneos, razón por la cual, si el
referente normativo utilizado por el decreto corresponde al ingreso anual percibido
por los magistrados de las Altas Cortes, la remuneración de los jueces a la que
alude la disposición también debe entenderse referida al mismo período 33. Una
interpretación en ese sentido desvirtuaría el propósito de la nivelación salarial
prevista por la norma y conduciría a una conclusión desprovista de razonabilidad
y proporcionalidad.
58. Por otro lado, frente a lo señalado por la parte demandada de que el Decreto
1251 de 2009, solo tuvo vigencia para dicho año, conviene señalar que, si bien
en la sentencia del 2 de septiembre de 2019, la sala de conjueces indicó que
«solo rigió para dicho año», se estima que esa consideración se refiere a lo
31 Es decir que, al comparar los ingresos de tales magistrados, debía verificar antes que estos coincidieran
con los que devengan los congresistas
32 Como se desprende del acto administrativo demandado- Resolución DESAJMR14-4173 del 11 de junio
de 2014 (ver página 33 expediente físico) el cual indicó: «El artículo 2 del Decreto 10 de 1993 indicó, que
para determinar la prima especial de servicios devengados por los Magistrados de las Altas Cortes, se tiene
en cuenta el ingreso de carácter permanente incluyendo la prima de navidad [...] es decir, que para que la
prima de navidad- que es actor prestacional- pudiera ser incluida dentro del cálculo para determinar la prima
especial de servicios y no fuera en contravía de la Ley en mención, el legislador manifestó la inclusión de
manera expresa, mencionándolo en dicho artículo dejando por fuera de este cálculo cualquier otra
prestación social, como lo hizo con las cesantías».
33 Ver sentencias: cuatro (4) de septiembre de dos mil veinticinco (2025), radicación: 05001 23 33 000 2014
01533 02 (5933-2024), consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves; nueve (9) de julio de dos
mil veintiséis (2026), radicación:05001-23-33-000-2015-00480-02 (5536-2024), consejero ponente: Jorge
Iván Duque Gutiérrez, en el cual se precisó «Por ello, si para establecer la remuneración de los magistrados
se toma la totalidad de los ingresos laborales de los congresistas, dicha integralidad debe mantenerse al
proyectar el cálculo hacia la remuneración de los jueces».
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regulado en el inciso primero de los artículos 1, 2 y 3 que alude a la «vigencia de
2009», sin desconocer que el inciso segundo de esas mismas disposiciones,
extendió sus efectos a vigencias posteriores al disponer: «a partir de 2010, y con
carácter permanente», lo cual permite concluir que desde dicho año (2010) la
forma de calcular la remuneración debía aplicarse en las anualidades siguientes
bajo los mismos porcentajes fijados en el citado decreto. Aspecto que fue
abordado por esta subsección mediante providencia del 20 de noviembre de
2025.34
59. Respecto de lo afirmado por la actora de que el reajuste solicitado se aplique
hasta cuando el actor se desempeñe de juez, y no como lo señaló el Tribunal
que dicha nivelación procede hasta la entrada en vigor del Decreto 383 de
201335, en primer lugar, se advierte que el mencionado decreto no derogó ni
modificó en algún sentido lo dispuesto en el Decreto 1251 de 2009. En segundo
lugar, creó una bonificación que no constituye factor salarial y que no alteró el
porcentaje de la remuneración que por todo concepto deben percibir los jueces
municipales y de circuito y fiscales delegados36.
60. Frente a lo indicado por el actor de que se debe reconocer desde el año 2010
el reajuste del Decreto 1251 de 2009, es del caso señalar que no le asiste razón,
pues está acreditado dentro del expediente que el demandante solo se
desempeñó como juez desde el año 2013, por lo que en dicho aspecto no le
asiste razón.
61. En consecuencia, el demandante tiene derecho al reconocimiento,
reliquidación y pago de las diferencias adeudadas de su remuneración y
prestaciones sociales, como juez civil municipal en un 34.9% (el cual aplica frente
a los periodos del 11 de enero de 2013 al 17 de abril de 2013 y del 11 de septiembre de
2015 al 31 de diciembre de 2015); y como juez civil del circuito en un 43.2% (del 12
de noviembre de 2013 al 9 de septiembre de 2015), del valor correspondiente al 70%
de lo que por todo concepto percibe anualmente un magistrado de las Altas
Cortes, teniendo en cuenta todos los ingresos laborales anuales de carácter
permanente, los cuales deben percibir lo mismo que devengan los congresistas,
incluyendo el auxilio de cesantías de dichos dignatarios como parámetro para
determinar la liquidación de la prima especial de servicios de que trata el artículo
15 de la Ley 4 de 1992.
34 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia
del 20 de noviembre de 2025. Expediente: 05001 23 33 000 2014 01547 02 (4664-2021). C.P. Juan Camilo
Morales Trujillo.
35 ARTÍCULO 1. Créase para los servidores de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar a quienes se
les aplica el régimen salarial y prestacional establecido en los Decretos 57 y 110 de 1993, 106 de 1994, 43
de 1995 y que vienen rigiéndose por el decreto 874 de 2012 y las disposiciones que lo modifiquen o
sustituyan, una bonificación judicial, la cual se reconocerá mensualmente y constituirá únicamente factor
salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad
Social en Salud.
36 Ver sentencia del cuatro (4) de septiembre de dos mil veinticinco (2025), radicación: 05001 23 33 000
2014 01533 02 (5933-2024), consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 14
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62. Igualmente, la Sala considera necesario hacer la precisión de que la entidad
demandada tendrá que verificar que realizada la liquidación tendiente a efectuar
el reajuste ordenado, no se supere el tope legal que prevé el Decreto 1251 de
2009, y las demás normas emitidas anualmente durante los periodos
reconocidos.
63. En lo que tiene que ver con la prescripción trienal37, considera esta Sala que
a la controversia le es aplicable la regla general, contemplada en el Decreto 3135
de 196838, como ya lo ha precisado de manera pacífica en anteriores
oportunidades esta Corporación39. En consecuencia, se encuentra que la petición
de reconocimiento de la nivelación se presentó el 11 de marzo de 2014, en
consecuencia, en el presente caso no operó dicho fenómeno, pues la primera
vinculación del actor como juez data 11 de enero de 2013.
64. Es del caso señalar que la cotización a pensión está íntimamente relacionada
con el restablecimiento del derecho, por lo que, al ordenar el reconocimiento de
dicho emolumento, es deber de la entidad realizar el pago de los aportes al
Sistema General de Pensiones, de conformidad con la ley, por ser un derecho
imprescriptible e irrenunciable40 a favor del trabajador y por virtud de lo
dispuesto en el artículo 17 de la Ley 100 de 1993 son obligatorios por la
sostenibilidad del sistema41, por lo que se deberá reconocer dichos aportes por
los periodos que el actor se desempeñó como juez de la República.
65. De conformidad con lo expuesto, se dispondrá: i) revocar el numeral segundo
par estarse a lo resuelto en la sentencia bajo radicado 110010325000201900609
00 (4735-2019) del 9 de abril de 2024; ii) modificar el numeral tercero para declarar
la nulidad de los actos que negaron la nivelación del Decreto 1251 de 2009; iii)
modificar el numeral cuarto para precisar el restablecimiento del derecho frente a
la nivelación del Decreto 1251 de 2009; iv) confirmar en lo demás.
37 ARTÍCULO 187 del CPACA. CONTENIDO DE LA SENTENCIA.
(…)
En la sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el fallador
encuentre probada El silencio del inferior no impedirá que el superior estudie y decida todas las excepciones
de fondo, propuestas o no, sin perjuicio de la no reformatio in pejus.
38 ARTÍCULO 41. Las acciones que emanen de los derechos consagrados en este Decreto prescribirán en
tres años, contados desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible.
El simple reclamo escrito del empleado o trabajador ante la autoridad competente, sobre un derecho o
prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero sólo por un lapso igual.38
39 Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso Administrativo-Sección Segunda- Sala de Conjueces- conjuez
ponente: Néstor Raúl Correa Henao, sentencia nueve (9) de abril de dos mil veinticuatro (2024), referencia:
73001-23-33-000-2014-00194-02 número interno: 0793-2018. Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso
Administrativo-Sección Segunda- Sala de Conjueces- conjuez ponente: Miguel Arcángel Villalobos
Chavarro- sentencia del cinco (05) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024),
referencia:250002342000201305755-02, número interno: 0971-2021.
40 La sentencia del 25 de agosto de 2016, radicación 23001 23 33 000 2013 00260 01 (0088-15) consejero
ponente, Carmelo Perdomo Cuéter, precisó: «la Sala aclara que la prescripción extintiva no es dable aplicar
frente a los aportes para pensión, en atención a la condición periódica del derecho pensional, que los hace
imprescriptibles, pues aquellos se causan día a día y en tal sentido se pueden solicitar en cualquier época,
mientras que las prestaciones sociales y salariales, al ser pagadas por una sola vez, sí son susceptibles del
mencionado fenómeno, por tener el carácter de emolumentos económicos temporales».
41 Ver sentencia del Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala de conjueces de la
Sección Segunda- providencia del 4 de julio de 2024, conjuez ponente: Clara Elisa Cifuentes Ortíz,
radicación: 25000-23-42-0002017-05349-02 (2828-2021).
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Condena en costas
66. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma
de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que
gobierna esta materia.
67. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese
sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida
en el proceso.
68. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
69. En consecuencia, se impondrán costas a la demandada -parte vencida-, por
cuanto no prospera el recurso de apelación. Respecto a la parte demandante no
se condenará ya que su recurso prosperó parcialmente. Para el efecto, de
conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas
por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas
por la secretaría del Tribunal Administrativo de Antioquia.
70. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO. REVOCAR el numeral segundo de la sentencia impugnada, para en
su lugar, ESTARSE a lo resuelto en la sentencia expedida por el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, bajo radicado
110010325000201900609 00 (4735-2019) del 9 de abril de 2024, de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. MODIFICAR el numeral tercero de la sentencia impugnada, el cual
quedará así:
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Demandante: Andrés Felipe Hoyos Cano
«DECLARAR la nulidad de: i) la Resolución No. DESAJMR14-3991 del 29 de abril de
2014 y acto ficto derivado del silencio administrativo ante la falta de resolución del
recurso de apelación interpuesto contra la Resolución No. DESAJMR14-3991 del 29 de
abril, en tanto negaron a la actora la reliquidación y pago de prestaciones sobre el 100%
del salario, incluyendo en él aquella parte a la que se le dio la denominación de prima
especial, actos que también negaron el pago del 30% como adición al salario. ii) la
Resolución DESAJMR-14 4173 del 11 de junio de 2014, por la cual la demandada negó
el reajuste de la nivelación del Decreto 1251 de 2009, y del acto ficto o presunto negativo
que negó el recurso de apelación.»
TERCERO. MODIFICAR el numeral cuarto de la sentencia impugnada el
cual quedará así:
«Prima especial de servicios
A título de restablecimiento del derecho se condena a la RAMA JUDICIALCONSEJO
SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
JUDICIAL a: i) reliquidar las prestaciones sociales de Andrés Felipe Hoyos Cano,
desde el 11 de enero de 2013, y hasta que permanezca en el servicio devengando la
denominada prima especial, teniendo en cuenta como factor salarial el 30% de su salario
básico al que se le dio la denominación de prima especial, esto es, realizando la
liquidación de sus prestaciones sobre el 100% del salario; ii) reconocer y pagar al señor
Andrés Felipe Hoyos Cano la prima especial de servicios como adición al salario, desde
el 11 de enero de 2013, sin que en ningún caso sus ingresos superen el porcentaje
máximo fijado por el Gobierno Nacional, atendiendo el cargo correspondiente; y iii)
realizar los descuentos de ley y aportes propios para el sistema general de seguridad
social, en las proporciones correspondientes, respecto de las diferencias ordenadas y
no cotizadas, conforme lo expuesto.
Las sumas de dinero cuyo reconocimiento se ordena en esta sentencia a favor del
demandante se actualizarán en su valor, conforme lo expuesto en esta sentencia.
Nivelación del Decreto 1251 de 2009
A título de restablecimiento del derecho CONDÉNESE a la Nación- Rama Judicial-
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial a reconocer y pagar al señor Andrés Felipe
Hoyos Cano el derecho al reconocimiento, reliquidación y pago de las diferencias
adeudadas de su remuneración y prestaciones sociales, conforme a lo dispuesto en el
Decreto 1251 de 2009, como juez civil municipal en un 34.9% (el cual aplica frente a los
periodos del 11 de enero de 2013 al 17 de abril de 2013 y del 11 de septiembre de 2015
al 31 de diciembre de 2015); y como juez civil del circuito en un 43.2% (del 12 de
noviembre de 2013 al 9 de septiembre de 2015), del valor correspondiente al 70% de lo
que por todo concepto percibe anualmente un magistrado de las Altas Cortes, teniendo
en cuenta todos los ingresos laborales anuales de carácter permanente, los cuales
deben percibir lo mismo que devengan los congresistas, incluyendo el auxilio de
cesantías de dichos dignatarios como parámetro para determinar la liquidación de la
prima especial de servicios de que trata el artículo 15 de la Ley 4 de 1992.
El reajuste ordenado no debe sobrepasar el límite porcentual fijado que prevé el Decreto
1251 de 2009, y las demás normas emitidas anualmente durante los periodos
reconocidos.»
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Radicación: 05001-23-33-000-2015-01940-02 (1457-2025)
Demandante: Andrés Felipe Hoyos Cano
CUARTO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia del 27 de marzo de 2025,
proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta sentencia.
QUINTO. Condenar en costas de segunda instancia a la parte demandada. Para
tal efecto, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la
primera instancia y las expensas serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.
SEXTO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para
la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior decisión fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Con aclaración de voto
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada por los consejeros de Estado, en la sede electrónica
para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley y el artículo 186 del CPACA.
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