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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2013-05755-02

Fecha
5 de noviembre de 2024
Consejero ponente
Conjuez Miguel Arcángel Villalobos Chavarro
Citada por
5 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2013-05755-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO.- ADICIONAR la sentencia impugnada en el sentido de señalar que se encuentra probada de oficio la excepción de prescripción trienal, en el entendido que las sumas causadas con anterioridad al 04 de diciembre de 2009 se encuentran prescritas, con excepción de la obligación de la demandada de efectuar las cotizaciones o aportes al Sistema General de Seguridad Social en materia de pensiones, por las razones expuestas en el presente proveído. SEGUNDO.- MODIFICAR el numeral TERCERO de la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia, en el sentido de que se deberá reliquidar y pagar el 12 Sentencia C- 916 de 2010: “Tercero. Declarar EXEQUIBLE la expresión “Las acciones que emanen de los derechos consagrados en este Decreto prescribirán en tres años, contados desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible“ contenida en el artículo 41 del Decreto Ley 3135 de 1968, por los cargos analizados. 13 Folios 3-5 del expediente. 14 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 26 de agosto de 2016; Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter; Radicación: 23001-23-33-000-2013-00260-01 (0088-15) CE-SUJ2-005- 16. 11 Página 12 de 12 Sentencia de Segunda Instancia Nulidad y Restablecimiento del Derecho de Carácter Laboral Número Interno: 0971-2021 Demandante: María Yeni Lavado Colorado Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación reajuste solicitado a partir del día 04 de diciembre de 2009 y hasta cuando se desempeñe como fiscal de la República, debido a la prescripción trienal. TERCERO.- ACLARAR la sentencia apelada en el sentido de ORDENAR el pago de las diferencias correspondientes a las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social en materia de pensiones, teniendo en cuenta la prima especial referida, sin aplicar prescripción, en relación con dicha obligación, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. CUARTO.- CONFIRMAR en lo demás la sentencia del 16 de septiembre de 2019, por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca- Sección Segunda- Sala Transitoria accedió a las pretensiones de la demanda presentada por MARIA YENI LAVADO COLORADO en contra de la Nación – Fiscalía General de la Nación. […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2013-05755-02

Consejero ponente: Conjuez Miguel Arcángel Villalobos Chavarro

5 de noviembre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA

SALA DE CONJUECES
CONJUEZ PONENTE: MIGUEL ARCANGEL VILLALOBOS CHAVARRO

Bogotá D. C., cinco (05) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Expediente N° 250002342000201305755-02
Número interno: 0971-2021
Demandante: María Yeni Lavado Colorado
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación
Proceso: Nulidad y Restablecimiento del Derecho

NIVELACIÓN DEL DECRETO 1251 DE 2009

Procede la Sala de Conjueces a proferir sentencia de segunda instancia en la que
resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la
sentencia proferida el día 16 de septiembre de 2019, por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca- Sección Segunda- Sala Transitoria, en la cual se resolvió en
forma favorable las pretensiones de la demanda.

1. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

Se trata de una acción de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por
MARÍA YENI LAVADO COLORADO en contra de la Nación – Fiscalía General de
la Nación, presentada el día 16 de octubre de 20131, tendiente a declarar la nulidad
del Oficio No. OPER 20137010003551 del 16 de abril de 2013, que resuelve no

1
Folio 45 del expediente.

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Nulidad y Restablecimiento del Derecho de Carácter Laboral
Número Interno: 0971-2021
Demandante: María Yeni Lavado Colorado
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación

acceder a la petición de la actora; y la nulidad de la Resolución 2-2119 del 18 de
junio de 2013, que confirmó la decisión anterior.

A título de restablecimiento del derecho solicitó:

“(…)
TERCERA: Que como consecuencia de lo anterior y a título de
restablecimiento del derecho se declare que MARÍA YENI LAVADO
COLORADO, tiene derecho a que LA NACIÓN- RAMA JUDICIAL-
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, le reliquide y pague su
remuneración y prestaciones sociales, a partir del 1 de enero de 2009, al
tener de lo ordenado en el Secreto 01251 de 2009, incluyendo al
establecer lo que por todo concepto percibe anualmente el magistrado
de las Altas Cortes, todos los ingresos laborales totales anuales de
carácter permanente que devenga, que son: asignación básica, gastos
de representación, prima de navidad, auxilio de cesantía y la prima
especial de servicio, liquidada con base en la totalidad de los ingresos
laborales anuales de carácter permanente que devengan los
Congresistas, es decir: sueldo básico, gastos de representación, prima
de servicios, prima de navidad, prima de localización y vivienda, prima de
salud, estas dos últimas sustituidas por la prima especial de servicios,
mediante el Decreto 2170 del 04 de octubre de 2013 y la cesantía,
conforme la normatividad y la jurisprudencia administrativa que así lo
ordena.

CUARTA: Que como consecuencia de lo anterior y a título de
restablecimiento del derecho se condene a LA NACIÓN (…)- FISCALÍA
GENERAL DE LA NACIÓN, a cancelar a mi mandante las diferencias
adeudadas por concepto de su remuneración y sus prestaciones sociales
a partir del 1 de enero de 2009, al tenor de lo ordeno en el Decreto 01251
de 2009, estableciendo lo que por todo concepto percibe anualmente el
magistrado de las Altas Cortes, incluyendo todos los ingresos laborales
totales anuales de carácter permanente que devenga, que son:
asignación básica, gastos de representación, prima de navidad, auxilio
de cesantía y la prima especial de servicio, liquidada con base en la
totalidad de los ingresos laborales anuales de carácter permanente que
devengan los congresistas, es decir: sueldo básico, gastos de
representación, prima de servicios, prima de navidad, prima de
localización y vivienda, prima de salud, estás dos últimas sustituidas por
la prima especial de servicios mediante el Decreto 2170 del 04 de octubre
de 2013 y la cesantía, conforme la normatividad y la jurisprudencia
administrativa que así lo ordena.

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Demandante: María Yeni Lavado Colorado
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación

QUINTA: Que igualmente se condene a LA NACIÓN (…) FISCALÍA
GENERAL DE LA NACIÓN, a que la remuneración de mi mandante y sus
prestaciones sociales en adelante y con carácter permanente se cancele
en la forma indicada en las pretensiones anteriores.

(…)”

Igualmente pidió que las sumas que resulten a favor sean indexadas, el
reconocimiento de intereses moratorios, se dé cumplimiento en la sentencia en los
términos del artículo 192 del CPACA y se condene en costas2.

1.2. La contestación de la demanda

La entidad demandada solicita el rechazo de las pretensiones.

Sostuvo que, es claro para la administración que los factores que conforman los
ingresos laborales anuales de los Congresistas están estipulados en el Decreto 801
de 1992, el cual establece que estos corresponden a la prima de salud y la prima
semestral, sin que se incluya el auxilio de cesantía pretendido por la accionante.

Concluyó que no son de recibo las pretensiones de la demanda en el sentido de
que se le reconozca y pague las diferencias prestacionales y salariales que se le
adeudaba en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1251 de 2009, pues
claramente se observa que se han efectuado dichos reconocimientos por parte de
la administración de manera periódica y oportuna, como lo establece la normatividad
legal vigente, tomando para estos efectos los conceptos considerados como
“ingresos totales anuales” de los magistrados de las Altas Cortes.

Finalmente propuso las excepciones de: cumplimiento de un deber legal y genérica3.

1.3. La sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca- Sección Segunda- Sala Transitoria, en
la sentencia del 16 de septiembre de 2019, decidió declarar no probada las
excepciones propuestas, la nulidad de los actos administrativos demandados y, a
título de restablecimiento del derecho dispuso4:

2
Folios 32-33 del expediente.
3
Folios 82-92 del expediente.
4
Folios 187-195 del expediente.

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Demandante: María Yeni Lavado Colorado
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“TERCERO.- Condénase a la NACIÓN- FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
A pagarle a la demandante María Yeni Lavado Colorado (…), el derecho que
tiene a la reliquidación y pago de sus ingresos mensuales, liquidados en su
condición de fiscal delegada ante jueces del circuito especializados desde el 09
de junio de 2009 y hasta el día en que fungió o funja en dicho cargo, el cual
debe liquidarse conforme lo dispuso el artículo 1 del Decreto 1º del Decreto
1251 de 2009, esto es, atendiendo lo que por todo concepto perciba anualmente
un magistrado de Alta Corte, el cual debe coincidir con los ingresos totales
anuales permanentes de los congresistas, siguiéndose los parámetros fijados
en la parte motiva de esta sentencia. En adelante aplicará iguales parámetros
que los acá indicados.

QUINTO (sic): Negar las demás pretensiones de la demanda.

(…)”

1.4. El recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia

La parte demandada5 formuló recurso de apelación contra la sentencia de primera
instancia, para lo cual señaló que desde la expedición del Decreto 1251 de 2009,
ha recibido de manera mensual el 47.7% para el año 2009 y a partir del año 2010
el 47.9 del 70% de lo que por todo concepto percibe anualmente el magistrado de
Altas Cortes, de conformidad con lo cancelado por la Rama Judicial a dichos
servidores y de otra parte los ingresos de los congresistas están señalados
taxativamente en el Decreto 801 de 1992 y los elementos que integran la base para
liquidar la prima especial de servicios de los magistrados de Altas Cortes son de
aplicación restrictiva, sin que pueda incluirse aspectos diferentes a los que el
legislador contempló expresamente para su reconocimiento y pago, por ejemplo el
auxilio de cesantías.

Indicó que la entidad obró en estricto cumplimiento de las decisiones proferidas por
los jueces constitucionales y en aras de la protección de derechos fundamentales
ha sido cuidadosa en la aplicación de las normas que regulan el régimen salarial y
prestacional del sector público conforme la Constitución Política que definió una
técnica especial de reparto de competencias entre el legislador y el ejecutivo, tal
como lo prevé el numeral 19 del artículo 150 de la Constitución Política y ha
liquidado el salario de la actora conforme el Gobierno Nacional lo ha determinado.

Por otor lado, señaló que el a quo no analizó la prescripción, por lo que se debe
tener en cuenta que la demandante solicitó el reconocimiento de los reajustes

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salariales a partir del 1 de enero de 2009; sin embargo, el derecho de petición fue
radicado el 4 de diciembre de 2012, lo cual indica que los derechos reclamados con
anterioridad al 4 de diciembre de 2009 están prescritos.

1.5. Alegatos de conclusión de segunda instancia

La parte demandante6 alegó de conclusión y reiteró los argumentos expuestos en
la demanda.

La parte demandada7 alegó de conclusión y reiteró los argumentos expuestos en el
recurso de apelación.

El Ministerio Público no intervino en el proceso.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA8

2.1. Nota preliminar

El Consejo de Estado, en calidad de superior funcional, es competente para resolver
los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias dictadas en primera
instancia por los tribunales administrativos.

Aceptados los impedimentos manifestados por los Magistrados de la Sección
Segunda del Consejo de Estado y agotado el respectivo sorteo de Conjueces, le ha
correspondido a esta Sala conocer en segunda instancia de este proceso 9. La Sala
de Conjueces, al no encontrar causal de nulidad que invalide lo actuado, procede
de conformidad.

2.2. El problema jurídico

En esencia el debate jurídico en ese caso gira en torno a la pregunta: ¿tiene derecho
MARÍA YENI LAVADO COLORADO al haberse desempeñado como fiscal delegado
ante jueces del circuito especializados se le reajuste la remuneración y prestaciones
sobre un 43%, del 70% de lo que por todo concepto percibe anualmente un
magistrado de alta Corte, que a la vez, debe ser igual a lo percibido en su totalidad,

6 Índice 36 y 37 de SAMAI.
7 Índice 38 de SAMAI.
8
La metodología aquí empleada para presentar los argumentos de la Sala sigue las pautas contenidas en el libro
de la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”: “Argumentación judicial: construcción, reconstrucción y
evaluación de argumentaciones orales y escritas”. Bogotá, 2008. Asimismo se tiene en cuenta el “Manual de
Escritura Jurídica”, publicado en agosto de 2018 por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
9
Ver fls. 220-221; Ver fl. 223- en el que se aceptan y Ver fl. 224- sobre el sorteo de Conjueces.

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por un Congresista por imposición del artículo 15 de la Ley 4° de 1992, incluyendo
las cesantías como factor computable para liquidar la prima de servicios.

2.3. Del reajuste del Decreto 1251 de 2009

2.3.1. Marco normativo y jurisprudencial

Conforme lo dispuesto por la Constitución Política, la función de fijar el régimen
salarial y prestacional de los empleados públicos corresponde al Gobierno Nacional
a través de los lineamientos que de forma privativa el legislador dicte para el efecto;
tal y como lo preceptúa el artículo 150 numeral 19 literal superior, así:

“ARTICULO 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce
las siguientes funciones:

19. Dictar las normas generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales
debe sujetarse el Gobierno para los siguientes efectos:

e) Fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros
del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública.

A su vez, el Congreso de la República expidió la Ley 4ª de 1992 “Mediante la cual se
señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la
fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del
Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de
los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo
establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política”.

Conforme a lo anterior, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1251 de 2009, en
desarrollo de los criterios sentados por la Ley 4 de 1992, y reglamentó, entre otros,
la remuneración que por todo concepto perciben los jueces del circuito y municipales
en los siguientes términos:

…ARTÍCULO 2°. Para la vigencia de 2009, la remuneración que por todo concepto
perciba el Juez del Circuito, el Fiscal Delegado ante Juez del Circuito, el Juez de
División, o de Fuerza Naval, o de Comando Aéreo, o de Policía Metropolitana y el
Fiscal ante Juez de División, o de Fuerza Naval, o de Comando Aéreo, o de Policía
Metropolitana será igual al cuarenta y tres por ciento (43%) del valor correspondiente
al setenta por ciento (70%) de lo que por todo concepto perciba anualmente el
Magistrado de las Altas Cortes.
A partir del 2010, y con carácter permanente, dicha remuneración será equivalente al
cuarenta y tres punto dos por ciento (43.2%) del valor correspondiente al setenta por
ciento (70%) de lo que por todo concepto perciba anualmente el Magistrado de las
Altas Cortes.

ARTÍCULO 3°. Para la vigencia de 2009, la remuneración que por todo concepto
perciba el Juez Municipal, el Fiscal Delegado ante Juez Municipal y Promiscuo, el Juez

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de Brigada, o de Base Aérea, o de Grupo Aéreo, o de Escuela de Formación, o de
Departamento de Policía, el Fiscal ante Juez de Brigada, o de Base Aérea, o de Grupo
Aéreo, o de Escuela de Formación, o de Departamento de Policía y el Juez de
Instrucción Penal Militar será igual al treinta y cuatro punto siete por ciento (34.7%) del
valor correspondiente al setenta por ciento (70%) de lo que por todo concepto perciba
anualmente el Magistrado de las Altas Cortes.
A partir de 2010, y con carácter permanente, dicha remuneración será equivalente al
treinta y cuatro punto nueve por ciento (34.9%) del valor correspondiente al setenta
por ciento (70%) de lo que por todo concepto perciba anualmente el Magistrado de las
Altas Cortes…

Por otra parte, los Magistrados de Altas Cortes tienen un régimen salarial especial
contemplado en el artículo 187 de la Constitución política, la Ley 4 de 1992, el
Decreto 10 de 1993 y las disposiciones contenidas en la Ley 644 de 2001 normas
que establecen que los ingresos totales anuales de estos funcionarios deben
coincidir con los ingresos totales anuales permanentes de los Congresistas de la
República de conformidad con el artículo 15 de la Ley 4 de 1992.

En efecto, la norma mencionada es del siguiente tenor, en lo que hace referencia a
la remuneración de los magistrados de las Altas Cortes y en particular, frente al tema
de la prima especial de servicios, la ley 4ª de 1992, establece en su artículo 15:

“Los Magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte Suprema de
Justicia, de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado, el Procurador General de
la Nación, el Contralor General de la República, el Fiscal General de la Nación, el
Defensor del Pueblo y el Registrador Nacional del Estado Civil tendrán una prima
especial de servicios sin carácter salarial2 , que sumada a los demás ingresos
laborales, igualen a los percibidos en su totalidad, por los miembros del Congreso, sin
que en ningún caso los supere. El Gobierno podrá fijar la misma prima para los
Ministros del Despacho, los Generales y Almirantes de la Fuerza Pública”.

La prima especial de servicios fue reglamentada en el Decreto 10 de 1993, en sus
artículos 1 y 2:

“ARTICULO 1o. La prima especial de servicios de que trata el artículo 15 de la Ley 4ª
de 1992, será igual a la diferencia entre los ingresos laborales totales anuales recibidos
por los miembros del Congreso y los que devenguen los funcionarios que tienen
derecho a ella.
ARTICULO 2o. Para establecer la prima especial de servicios prevista en el presente
Decreto, se entiende que los ingresos laborales totales anuales percibidos por los
Miembros del Congreso son los de carácter permanente, incluyendo la prima de
Navidad (…)”.

De las normas citadas, se desprende quienes ocupan la Magistratura en las Altas
Cortes, gozan de una prima especial de servicios que, sumada a los demás ingresos
laborales, igualan los ingresos percibidos en su totalidad por los miembros del
Congreso, sin que en ningún evento lo superen y para establecer el valor de dicha

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prima indicó que se deben observar ingresos laborales totales anuales percibidos
por los miembros del Congreso.

Conforme lo anterior, se advierte que la remuneración de los jueces del circuito o
municipales o fiscales delegados ante jueces del circuito dependerá directamente de
lo percibido por un magistrado de Alta Corte y a su vez, lo percibido por éstos deberá
atender a los ingresos laborales totales anuales percibidos permanentemente por los
miembros del Congreso.

Ahora, teniendo en cuenta que el Decreto 1251 de 2009 establece un porcentaje
sobre lo que por todo concepto perciba anualmente un magistrado de las Altas
Cortes, es necesario establecer ¿cuáles son los conceptos que por remuneración
reciben los magistrados de las Altas Cortes? Al respecto, en sentencia del 4 de mayo
de 2009, la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
radicación No. 250002325000200405209 02, señaló:

“…Al referirse, tanto la Ley 4ª de 1992 como el Decreto 10 de 1993 a ingresos
laborales totales anuales, dicha expresión engloba todo aquello que en el año
percibe en ejercicio de la relación laboral el congresista como tal, sin tener en
cuenta si dicha partida es factor de salario o por el contrario corresponde a una
prestación social.

En consecuencia, no le es dable al juzgador, distinguir donde la Ley no lo hace, siendo
claro que dentro de tal concepto deben incluirse tanto los salarios como las
prestaciones sociales
(…)
Fue el mismo Legislador quien al expedir las disposiciones contenidas en la Ley 4ª de
1992 equiparó los derechos salariales de los de Magistrados de Alta Corte con los
Congresistas, cosa que hizo en el artículo 15 de la Ley 4ª de 1992, resultando
entonces, que los ingresos laborales totales anuales de los Magistrados deben ser
iguales a los ingresos laborales totales anuales de los Congresistas
(…)
Se concluye en consecuencia que la suma recibida por los congresistas por concepto
de ingresos laborales totales anuales, debe ser la misma que la recibida por los
magistrados de las Altas Cortes y que éstos últimos, que es situación diferente, tienen
entre sí, iguales remuneración, prestaciones sociales y derechos laborales…”
(Resaltado fuera de texto)

Igualmente, en la Sentencia de Unificación dictada por esta Sala de Conjueces 10,
manifestó que para la liquidación de la prima especial de servicios y de la
bonificación por compensación debe considerarse el auxilio de cesantías. En la
mencionada sentencia se dijo lo siguiente:

10Sentencia proferida el 18 de mayo de 2016 por la Sala de Conjueces – Sección Segunda del Consejo de Estado,

Rad. 250002325000201000246-02, Demandante: Jorge Luis Quiroz Alemán. Conjuez Ponente Doctor Jorge
Iván Acuña Arrieta.

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“…Las cesantías percibidas por los miembros del Congreso de la República han sido
consideradas ingresos laborales anuales permanentes por la jurisprudencia del
Consejo de Estado en ocasiones anteriores, lo que tiene plena razón de ser pues se
trata de una erogación que realiza el empleador anualmente a favor de su trabajador
y que se causa por cada día de trabajo del empleado.

De allí que esta corporación haya concluido que el auxilio de cesantías debe ser
tenido en cuenta para realizar la liquidación de la prima especial de servicios
de los funcionarios mencionados en el artículo 15 de la Ley 4ª de 1992, quienes
tienen derecho a percibir una suma equivalente a lo que por todo concepto devengan
los congresistas.

(…)

En este sentido, y teniendo en cuenta que la prima especial de servicios no solo es
un ingreso laboral sino que también cuenta con un carácter salarial limitado en
atención a lo decidido por la Corte Constitucional en la sentencia C-681 del 6 de
agosto de 2003, habría que señalarse que no existen razones para que se haga
abstracción de la misma, o de cualquiera de los factores que se tienen en
cuenta para su liquidación, al momento de fijar el monto a cancelar por concepto
de bonificación por compensación a favor de los servidores mencionados en el
artículo 2º del Decreto 610 de 1998. Habiendo señalado que el auxilio de cesantías
es un ingreso laboral percibido de manera permanente por los jueces de mayor
jerarquía de todas las jurisdicciones, es evidente que resultaría violatorio del
principio de igualdad que surge del artículo 13 de la Constitución Política de
Colombia el señalar que esta prestación social carece de tal naturaleza
únicamente con el propósito de disminuir la base de liquidación de la
bonificación por compensación de la que son acreedores los funcionarios
mencionados en el artículo 2º del Decreto 610 de 1998.

En consecuencia, se concluye que únicamente teniendo en cuenta los pagos que el
Estado debe realizar a los Congresistas por concepto de cesantías puede calcularse
la diferencia total entre lo que ellos perciben y la asignación de los Magistrados de
las Altas Cortes para, así, determinar el valor de la prima especial de servicio a la
que tienen derecho estos últimos…” (negrilla fuera de texto).

Así las cosas, se puede concluir que el auxilio de cesantías debe ser tenido en cuenta
para realizar la liquidación de la prima especial de servicios de los funcionarios
mencionados en la Ley 4ª de 1992, beneficio que incide en el porcentaje que
estableció el artículo 2 del Decreto 1251 de 2009 para los jueces del circuito y
municipales y fiscales delegados ante estos funcionarios.

2.4. El caso concreto frente al reajuste del Decreto 1251 de 2009

De conformidad con las consideraciones que anteceden, se desarrollará el caso
concreto en los siguientes términos:

Revisado el expediente se observa que la demandante laboró en la Fiscalía
General de la Nación, en vigencia del Decreto 1251 de 2009, así: fiscal
delegado ante jueces municipales desde el 11 de mayo de 2007 al 28 de mayo

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de 2009; fiscal especializado delegado ante los jueces penales especializados
del circuito desde el 29 de mayo de 2009 sin que reporte retiro del servicio11.

La jurisprudencia del Consejo de Estado, ha considerado que para efectos de
liquidar la prima especial de servicios creada en favor de los funcionarios indicados
en el artículo 15 de la ley 4ª de 1992, se deberá tener en cuenta como ingreso anual
laboral percibido por los magistrados lo percibido por las cesantías, pues
independiente de que sea prestación social y no factor salarial, es un ingreso que
se percibe en la anualidad y además integra la prima especial creada con el objeto
de igualar los salarios entre los altos magistrados y los congresistas.

Entonces, si al liquidar la prima especial de servicios a los magistrados de las Altas
Cortes, la demandada excluyó el valor devengado por “cesantías”, no reconoció la
misma remuneración que a los congresistas, lo cual incide directamente en la
remuneración de los demás funcionarios de la rama judicial, pues conforme el
Decreto No. 1251 de 2.009, dependerá en un porcentaje de lo que perciban los
magistrados de las Altas Cortes.

Conforme a lo anterior, para la Sala no hay duda que existe diferencia entre lo
percibido por la parte actora y lo que debió percibir si el ingreso de los magistrados
de Altas Cortes se hubiere liquidado correctamente, esto es, teniendo en cuenta las
cesantías como ingresos laborales anuales permanentes para efectos de liquidar la
prima especial de servicios.

En consecuencia, la demandante MARÍA YENI LAVADO COLORADO tiene derecho
al reconocimiento, reliquidación y pago de sus ingresos mensuales totales, incluido
el auxilio de las cesantías, es decir, para el año 2009 en el 43% y de ahí en adelante
del 43.2% como fiscal especializado ante juez especializado de circuito. Y por todo
concepto hay que entender también el auxilio de las cesantías, el cual hace parte de
la liquidación de la prima especial de servicios. En consecuencia, la sentencia será
confirmada en dicho sentido.

• De la prescripción trienal

En lo que tiene que ver con la prescripción trienal alegada por la entidad recurrente,
considera esta Sala que a la controversia es aplicable la regla general, contemplada
en el Decreto 3135 de 1948 que dispone:

ARTÍCULO 41. Las acciones que emanen de los derechos consagrados en este
Decreto prescribirán en tres años, contados desde que la respectiva obligación se
haya hecho exigible.

11 Ver folio 93-94 del expediente.

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Demandante: María Yeni Lavado Colorado
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación

El simple reclamo escrito del empleado o trabajador ante la autoridad competente,
sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción,
pero sólo por un lapso igual.12

La petición de reconocimiento de la nivelación se presentó el 04 de diciembre de
201213, en consecuencia, las diferencias salariales se vieron afectadas por el
término prescriptivo, el cual operó a partir del 04 de diciembre de 2009, por lo
que se modificará la sentencia en dicho sentido.

Por otro lado, la prescripción no opera en relación con la obligación de la
demandada de realizar, en favor del accionante, las cotizaciones o aportes al
Sistema General de Seguridad Social en materia de pensiones, por tratarse de un
derecho cierto, irrenunciable e imprescriptible que se reconoce en cabeza del
servidor público que presta sus servicios laborales al Estado14, utilizando como
ingreso base de cotización el 100% de su remuneración, por lo que la sentencia
será aclarado en dicho sentido.

Esta Sala se abstendrá de condenar en costas, porque no se aprecia una mala fe o
una deslealtad procesal de la parte condenada.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sala de Conjueces de la Sección Segunda, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

PRIMERO.- ADICIONAR la sentencia impugnada en el sentido de señalar que se
encuentra probada de oficio la excepción de prescripción trienal, en el entendido que
las sumas causadas con anterioridad al 04 de diciembre de 2009 se encuentran
prescritas, con excepción de la obligación de la demandada de efectuar las
cotizaciones o aportes al Sistema General de Seguridad Social en materia de
pensiones, por las razones expuestas en el presente proveído.

SEGUNDO.- MODIFICAR el numeral TERCERO de la parte resolutiva de la
sentencia de primera instancia, en el sentido de que se deberá reliquidar y pagar el

12
Sentencia C- 916 de 2010: “Tercero. Declarar EXEQUIBLE la expresión “Las acciones que emanen de
los derechos consagrados en este Decreto prescribirán en tres años, contados desde que la respectiva obligación
se haya hecho exigible“ contenida en el artículo 41 del Decreto Ley 3135 de 1968, por los cargos analizados.
13
Folios 3-5 del expediente.
14 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 26 de agosto de 2016; Consejero ponente:

Carmelo Perdomo Cuéter; Radicación: 23001-23-33-000-2013-00260-01 (0088-15) CE-SUJ2-005-
16.

11

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Sentencia de Segunda Instancia
Nulidad y Restablecimiento del Derecho de Carácter Laboral
Número Interno: 0971-2021
Demandante: María Yeni Lavado Colorado
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación

reajuste solicitado a partir del día 04 de diciembre de 2009 y hasta cuando se
desempeñe como fiscal de la República, debido a la prescripción trienal.

TERCERO.- ACLARAR la sentencia apelada en el sentido de ORDENAR el pago
de las diferencias correspondientes a las cotizaciones al Sistema General de
Seguridad Social en materia de pensiones, teniendo en cuenta la prima especial
referida, sin aplicar prescripción, en relación con dicha obligación, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

CUARTO.- CONFIRMAR en lo demás la sentencia del 16 de septiembre de 2019,
por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca- Sección Segunda-
Sala Transitoria accedió a las pretensiones de la demanda presentada por MARIA
YENI LAVADO COLORADO en contra de la Nación – Fiscalía General de la Nación.

QUINTO.- ORDENAR a la parte demandada que le dé cumplimiento a esta
sentencia dentro del término previsto en los artículos 192 y siguientes de la Ley
1437 de 2011 (Cpaca).

SEXTO.- NO CONDENAR en costas.

SÉPTIMO.- Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de
origen y háganse las anotaciones pertinentes en el programa informático SAMAI.

Cópiese, notifíquese y cúmplase

Firmado electrónicamente
MIGUEL ARCÁNGEL VILLALOBOS CHAVARRO
Conjuez Ponente

Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN ACUÑA ARRIETA
Conjuez

Firmado electrónicamente
HÉCTOR SANTAELLA QUINTERO
Conjuez

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala
de Conjueces en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA

12

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