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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2014-01542-02

Fecha
4 de septiembre de 2025
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2014-01542-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. REVOCAR la sentencia apelada proferida el 30 de mayo de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia- Sala Transitoria, y en su lugar se dispone: 11 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 05001-23-33-000-2014-01542-02 Demandante: Gloria Stella Moreno Jaramillo SEGUNDO. DECLARAR la nulidad de la Resolución No. DESAJM12-07128 de 10 de octubre de 2012, mediante el cual la Rama Judicial negó el reconocimiento y pago del reajuste solicitado por la actora; y de la Resolución No. 3158 del 16 de abril de 2013 que resolvió el recurso de apelación. TERCERO. A título de restablecimiento del derecho CONDÉNESE a la Nación- Rama Judicial- Dirección Ejecutiva de Administración Judicial a reconocer y pagar a la señora Gloria Stella Moreno Jaramillo el derecho al reconocimiento, reliquidación y pago de las diferencias adeudadas de su remuneración y prestaciones sociales, conforme a lo dispuesto en el Decreto 1251 de 2009, como juez civil municipal para el año 2009 el 34.7%, del 1 de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2009) y del 2010 en adelante, el 34.9% -el cual aplica frente a los periodos 1 de enero de 2010 al 10 de mayo de 2010, del 1 de agosto de 2013 al 27 de noviembre de 2016 y del 5 de julio de 2018 en adelante mientras desempeñe dicho cargo;- y como juez civil del circuito y del 2010 en adelante el 43.2% -del 11 de mayo de 2010 al 31 de julio de 2013, del 28 de noviembre de 2016 al 4 de julio de 2018 y en los periodos en los que desempeñe dicho cargo del valor correspondiente al 70% de lo que por todo concepto percibe anualmente un magistrado de las Altas Cortes, teniendo en cuenta todos los ingresos laborales anuales de carácter permanente, los cuales deben percibir lo mismo que devengan los congresistas, incluyendo el auxilio de cesantías de dichos dignatarios como parámetro para determinar la liquidación de la prima especial de servicios de que trata el artículo 15 de la Ley 4 de 1992. Igualmente, deberá reajustar y pagar las diferencias por concepto de cesantías a la actora, conforme a los porcentajes antes señalados. […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 05001-23-33-000-2014-01542-02

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

4 de septiembre de 2025

Radicado: 05001-23-33-000-2014-01542-02
Demandante: Gloria Stella Moreno Jaramillo

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá, D.C., cuatro (4) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 05001 23 33 000 2014 01542 02 (5952-2024)
Demandante: Gloria Stella Moreno Jaramillo
Demandado: Nación- Rama Judicial- Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial

Tema: Nivelación Decreto 1251 de 2009.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

1. Se procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante contra la sentencia del 30 de mayo de 2024, proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia- Sala Transitoria, que negó las pretensiones de la
demanda.

II. ANTECEDENTES

Pretensiones de la demanda.

2. La parte demandante solicitó la nulidad de la Resolución DESAJM12-07128 de
10 de octubre de 20121, mediante el cual la Rama Judicial negó el reconocimiento
y pago de la nivelación establecida en el Decreto 1251 de 2009; y de la
Resolución No. 3158 del 16 de abril de 20132 que resolvió el recurso de
apelación.

3. A título de restablecimiento del derecho, peticionó:1) «el pago efectivo […] del
saldo dejado de cancelar, por concepto de salario, prestaciones sociales,
cesantías y demás que se le adeuden producto del impago de manera oportuna,
en los términos del Decreto 1251 de 2009, de la nivelación salarial allí ordenada,
desde los años 2010, 2011, 2012, 2013 y seguidamente durante los años que
siga ocupando el cargo o similar. […] no se le viene cancelando 34.9% sobre la
base del 80% de lo que por todo concepto perciba un magistrado de Alta Corte,
[…].»; 2) «PRETENSIÓN SUBSIDIARIA […] en el sentido de ordenar el pago de
la remuneración asignada al juez, sobre la base del 70% de lo que por todo

1 Folios 22-24 del expediente.
2
Folios 16-19 del expediente.
1
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Demandante: Gloria Stella Moreno Jaramillo

concepto perciba un magistrado de Alta Corte, ordenando el pago que resulte de
la sumatoria anterior, el 34.9% […]»; 3) entre otras condenas.

Hechos que fundamentan la demanda.

4. La actora se desempeña en el cargo de juez promiscuo municipal de Guarne.

5. Solicitó el reajuste de la diferencia salarial, la cual fue negada mediante la
Resolución DESAJM12-07128 del 10 de octubre de 2012, confirmada por la
Resolución 3158 del 16 de abril de 2013.

Fundamentos de derecho.

6. Para el abogado de la parte actora, las decisiones sometidas a juicio
vulneraron los artículos 13 y 53 de la Constitución Política; 4 de la Ley 4 de 1992
y los Decretos 610 de 1998 y Decreto 1251 de 2009.

7. Al desarrollar el concepto de violación, señaló que para efectos de determinar
la base estimativa para la remuneración de un juez de la República, se incluye la
asignación básica mensual fijada por la ley para el empleo y todas las sumas que
habitual y periódicamente reciba el magistrado de Alta Corte, en un 70% de
acuerdo con el Decreto 1251 de 2009.

Contestación de la demanda.

8. Dentro de la oportunidad de ley, la Rama Judicial contestó la demanda3,
oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones en ella contenidas. Con tales
fines, señaló que la entidad ha aplicado en debida forma lo dispuesto en el Decreto
1251 de 2009. Igualmente, para calcular la prima especial de servicios contenida
en el artículo 15 de la Ley 4 de 1992, se debe tener en cuenta la prima de navidad,
ya que el legislador dispuso su inclusión de manera expresa, dejando por fuera
de este cálculo cualquier otra prestación social, como lo hizo con las cesantías.

Sentencia de primera instancia.

9. Mediante sentencia proferida el 30 de mayo de 20244, se negaron las súplicas
de la demanda. Para arribar a esa decisión, el a quo, luego de referenciar el
marco normativo, concluyó frente a la pretensión principal que no tiene vocación
de prosperidad, por cuanto el Gobierno Nacional ha expedido una serie de
decretos reglamentarios determinando el régimen salarial de los demás
funcionarios y empleados de la Rama Judicial. De esta manera, ha seguido los
lineamientos trazados en el literal j) del artículo 2º de la Ley 4ª de 1992 al
considerar el nivel de los cargos, la naturaleza de las funciones, sus

3 Folios 93-97 del expediente.
4 Índice 48 gestión en otros despachos de SAMAI.

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responsabilidades y las calidades exigidas para su desempeño por lo que no es
procedente la nivelación solicitada en un porcentaje del 80%.

10. Por otro lado, frente a la pretensión subsidiaria indicó que los conceptos que
deben ser tenidos en cuenta en la determinación del porcentaje del 70% de lo
que percibe anualmente un magistrado de alta corte, son los señalados en el
Decreto 903 de 19925. Además, conforme a los artículos 1 a 3 del Decreto 1251
de 2009 la nivelación se refiere a la vigencia anual, más no mensual.

11. Así para los años 2010, 2011 y 2012 «Al incluir en lo devengado anualmente por
ambos empleos comparados, el auxilio de cesantías y sus intereses, y aplicar sobre todo
lo devengado anualmente por el magistrado de alta corte el 70%, y de dicho guarismo
obtener el 34.9%, y el 43.2% respectivamente para jueces municipales y para jueces de
circuito, se observa que los ingresos que por todo concepto ha percibido durante las
mismas vigencias el cargo de juez municipal y el de juez de circuito, se encuentran
correctamente estimados, según el mandato normativo».

12. Con relación al año 2013 y siguientes «en los cuales la demandante laboró como
Juez, se debe tener en cuenta que en el mencionado año entró a regir el Decreto 383 de
2013 […] Si bien esta reglamentación no derogó el Decreto 1251 de 2009, en los precisos
términos del análisis que ha efectuado el tribunal en el caso concreto, esto es, incluir
dentro de la base del 70% de todo lo devengado por un magistrado de alta corte el auxilio
de cesantías a que tiene derecho y sus intereses, se puede afirmar que el Decreto 383
de 2013 resulta ser más favorable para la actora para el año 2013, más aún en los años
posteriores en los que el valor de la bonificación judicial mensual fue incrementando
gradualmente hasta el año 2018».

Recurso de apelación.

13. Inconforme con esa decisión, el apoderado de la parte actora la recurrió en
apelación6. En su intervención, censuró que el tribunal de primera instancia
negara las pretensiones de la demanda.

14. Señaló que la nivelación debe ser reconocida, desde el mes de julio de 2009,
hasta la fecha en que siga ocupando el mismo cargo o similar, o hasta la última
fecha certificada, en su calidad de Juez.

15. Por otro lado, sostuvo que no es cierto que el Decreto 1251 de 2009
estableció los parámetros de nivelación salarial que rigen entre los funcionarios
año por año, seguidamente a su expedición, hasta el punto de que el artículo 2º
del referido decreto en su inciso segundo, estableció con carácter permanente,
el porcentaje para el caso de los jueces con categoría municipal, esto es el 34.9%

5
El cual hace referencia al régimen salarial ordinario de los magistrados del Consejo Superior de la
Judicatura, de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, el
procurador General de la Nación, el fiscal General de la Nación y el defensor del Pueblo, entre otras
disposiciones.
6 Índice 50 gestión en otros despachos de SAMAI.

3
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del valor correspondiente al 70% de lo que por todo concepto perciba anualmente
el magistrado de las Altas Cortes.

16. El Tribunal parte de una interpretación errada, bajo el entendido que «la norma
estableció fue un parámetro en el cual a partir de UNOS INGRESOS POR TODO
CONCEPTO QUE DEVENGUE UN MAGISTRADO DE ALTA CORTE ANUALMENTE,
fijo unos porcentajes inferiores para establecer la REMUNERACION, entiéndase esta
MENSUAL porque es lo devengado por cada Juez, en ningún momento la norma
extendió ningún elemento comparativo que significara, ingresos anuales entre
magistrado vs ingresos anuales de Juez Municipal».

17. De otro lado, precisó que el Decreto 383 de 2013 no derogó el Decreto 1251
de 2009, pues se trata de conceptos completamente diferentes, ya que mientras
aquel se refirió a una bonificación adicional al salario, este Decreto planteó una
nivelación salarial entre los diferentes rangos de jueces con categoría municipal
y circuito, partiendo de la base de la totalidad de los ingresos que devenga un
magistrado de Alta Corte anualmente.

Trámite correspondiente a la segunda instancia.

18. Mediante auto del 25 de abril de 20257, se admitió el recurso de apelación y
se ordenó correr traslado a las partes y al agente del Ministerio Público para que
presentaran sus alegatos de conclusión.

19. El Ministerio Público rindió concepto8 y señaló que «la forma de entender
equilibradamente la disposición transcrita es la de que para liquidar diferencias, si se
dieren, se toman los totales anuales devengados tanto por los Magistrados de las Altas
Cortes como por el Juez bien Municipal y del Circuito según se trate, pues de lo contrario
la ley consagraría una ventaja inexplicable y sin justificación, porque al fijar un tope del
cual se tasan los porcentajes a los cuales se sujetaran los salarios de los jueces ya se
mejoró la situación anterior, a pesar que hoy parezca insuficiente, es un avance; luego
de ello se expidió un incremento salarial considerable mediante la bonificación judicial
del Decreto 383 de 2013 […]».

20. Las partes guardaron silencio.

21. Control de legalidad. La Sala observa que el proceso se ha tramitado en
legal forma, sin que se advierta causal de nulidad que invalide lo actuado, por lo
que se resolverá la apelación, previas las siguientes:

III. CONSIDERACIONES

Competencia.

7 Índice 5 de SAMAI.
8
Índice 10 de SAMAI.
4
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22. De conformidad con lo establecido en el artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo9, esta Sala de
Subsección del Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de
apelación presentado.

23. De igual forma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 328 del Código
General del Proceso, la competencia del juez de segunda instancia está
circunscrita a lo expuesto por el apelante y, comoquiera que, en este caso, solo
una de las partes presentó recurso de apelación, el análisis se limita a los
argumentos del respectivo recurso. Sin hacer más desfavorable la situación del
apelante único salvo que la modificación sea indispensable para reformar puntos
relacionados íntimamente con ella.

Problema jurídico

24. Le corresponde a la Sala determinar ¿si la señora Gloria Stella Moreno
Jaramillo tiene derecho a la nivelación establecida en el Decreto 1251 de 2009
por haberse desempeñado como juez municipal, y en consecuencia se le reajuste
la remuneración y prestaciones sociales, sobre el porcentaje que corresponda,
teniendo en cuenta lo que por todo concepto perciba anualmente un magistrado
de las Altas Cortes, o si por el contrario la entidad liquidó en debida forma tales
emolumentos conforme a lo dispuesto en dicho precepto?

25. Igualmente, si la base del ingreso del juez municipal y/o de circuito debe
calcularse con la remuneración mensual o anual de tales funcionarios; y si por el
reconocimiento de la bonificación judicial a partir del año 2013, no procede la
nivelación mencionada.

26. Para resolver los problemas planteados se abordarán los siguientes
aspectos: 1. La nivelación del Decreto 1251 de 2009 y el precedente
jurisprudencial, y 2. Caso concreto.

Nivelación del Decreto 1251 de 2009.

27. Conforme lo dispuesto por la Constitución Política, la función de fijar el
régimen salarial y prestacional de los empleados públicos corresponde al
Gobierno Nacional a través de los lineamientos que de forma privativa el
legislador dicte para el efecto; tal y como lo preceptúa el artículo 150 numeral 19
de la Constitución Política.

9 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las

apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
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28. El Congreso de la República expidió la Ley 4 de 199210, la cual en el artículo
15 estableció una prima especial de servicios, sin carácter salarial, para los
magistrados de Alta Corte, que sumada a los demás ingresos laborales, igualen a
los percibidos en su totalidad, por los miembros del Congreso, sin que en ningún
caso los supere, es decir, se equiparó el salario de los magistrados de las Altas
Cortes al de los congresistas.

29. Por otro lado, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1251 de 2009, en
desarrollo de los criterios sentados por el anterior precepto, y reglamentó, entre
otros, la remuneración que por todo concepto perciben los jueces del circuito y
municipales en los siguientes términos:

«ARTÍCULO 2°. Para la vigencia de 2009, la remuneración que por todo concepto
perciba el Juez del Circuito, el Fiscal Delegado ante Juez del Circuito, el Juez de
División, o de Fuerza Naval, o de Comando Aéreo, o de Policía Metropolitana y el
Fiscal ante Juez de División, o de Fuerza Naval, o de Comando Aéreo, o de Policía
Metropolitana será igual al cuarenta y tres por ciento (43%) del valor
correspondiente al setenta por ciento (70%) de lo que por todo concepto perciba
anualmente el Magistrado de las Altas Cortes.

A partir del 2010, y con carácter permanente, dicha remuneración será equivalente
al cuarenta y tres punto dos por ciento (43.2%) del valor correspondiente al setenta
por ciento (70%) de lo que por todo concepto perciba anualmente el Magistrado
de las Altas Cortes.

ARTÍCULO 3°. Para la vigencia de 2009, la remuneración que por todo concepto
perciba el Juez Municipal, el Fiscal Delegado ante Juez Municipal y Promiscuo, el
Juez de Brigada, o de Base Aérea, o de Grupo Aéreo, o de Escuela de Formación,
o de Departamento de Policía, el Fiscal ante Juez de Brigada, o de Base Aérea, o
de Grupo Aéreo, o de Escuela de Formación, o de Departamento de Policía y el
Juez de Instrucción Penal Militar será igual al treinta y cuatro punto siete por ciento
(34.7%) del valor correspondiente al setenta por ciento (70%) de lo que por todo
concepto perciba anualmente el Magistrado de las Altas Cortes.

A partir de 2010, y con carácter permanente, dicha remuneración será equivalente
al treinta y cuatro punto nueve por ciento (34.9%) del valor correspondiente al
setenta por ciento (70%) de lo que por todo concepto perciba anualmente el
Magistrado de las Altas Cortes…»

30. Conforme lo anterior, se advierte que la remuneración de los jueces del
circuito o municipales o fiscales delegados ante jueces municipales o del circuito
dependerá directamente de lo percibido por un magistrado de Alta Corte y a su
vez, lo percibido por éstos deberá atender a los ingresos laborales totales anuales
percibidos permanentemente por los miembros del Congreso.

10 «Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional
para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso
Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales
y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales
e) y f) de la Constitución Política».

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31. Ahora, teniendo en cuenta que el Decreto 1251 de 2009 establece un
porcentaje sobre lo que por todo concepto perciba anualmente un magistrado
de las Altas Cortes, en sentencia del 4 de mayo de 200911, la Sala de Conjueces
de la Sección Segunda del Consejo de Estado, señaló «Al referirse, tanto la Ley 4ª
de 1992 como el Decreto 10 de 1993 a ingresos laborales totales anuales, dicha
expresión engloba todo aquello que en el año percibe en ejercicio de la relación
laboral el congresista como tal, sin tener en cuenta si dicha partida es factor de
salario o por el contrario corresponde a una prestación social. […] Se concluye en
consecuencia que la suma recibida por los congresistas por concepto de ingresos
laborales totales anuales, debe ser la misma que la recibida por los magistrados de las
Altas Cortes y que éstos últimos, que es situación diferente, tienen entre sí, iguales
remuneración, prestaciones sociales y derechos laborales».

32. Igualmente, en la Sentencia dictada el 18 de mayo de 2016 por la Sala de
Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado12, indicó que «el auxilio
de cesantías debe ser tenido en cuenta para realizar la liquidación de la prima
especial de servicios de los funcionarios mencionados en el artículo 15 de la Ley
4ª de 1992, quienes tienen derecho a percibir una suma equivalente a lo que por todo
concepto devengan los congresistas.».

33. Así las cosas, se concluye que para establecer lo que por todo concepto
perciba anualmente un magistrado de las Altas Cortes, se debe tener en cuenta
que éstos deben percibir lo mismo que devengan los congresistas incluyendo el
auxilio de cesantías como parámetro para determinar la liquidación de la prima
especial de servicios de que trata el artículo 15 de la Ley 4 de 1992, beneficio
que incide en el porcentaje que se estableció en los artículos 2 y 3 del Decreto
1251 de 2009 para los jueces del circuito y municipales y fiscales delegados ante
estos funcionarios.

Caso Concreto

34. Acreditado está en el expediente, que la actora se encuentra vinculada a la
Rama Judicial, en el cargo de juez municipal y de circuito, sin que reporte retiro
del servicio13, así:

-juez civil municipal: del 1 de enero de 1993 al 16 de julio de 2000, del 16 de
agosto de 2000 al 21 de abril de 2002, del 2 de septiembre de 2002 al 10 de mayo
de 2010, del 1 de agosto de 2013 al 27 de noviembre de 2016 y del 5 de julio de
2018 a la fecha14.

11 Radicación No. 250002325000200405209 02.
12Sentencia proferida el 18 de mayo de 2016 por la Sala de Conjueces – Sección Segunda del Consejo de

Estado, Rad. 250002325000201000246-02, Demandante: Jorge Luis Quiroz Alemán. Conjuez Ponente
Doctor Jorge Iván Acuña Arrieta.
13
Folio 125 del expediente.
14
La fecha de la certificación es del 21 de diciembre de 2018.
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-juez civil del circuito: del 17 de julio de 2000 al 15 de agosto de 2000, del 22 de
abril al 1 de septiembre de 2002, del 11 de mayo de 2010 al 31 de julio de 2013,
del 28 de noviembre de 2016 al 4 de julio de 2018.

35. Que la entidad al calcular su remuneración conforme a lo que devengan los
magistrados de las Altas Cortes según los porcentajes establecidos en el Decreto
1251 de 2009, no tuvo en cuenta las «cesantías» al liquidar la prima especial de
servicios de dichos funcionarios15.

36. Ahora, si bien para establecer el porcentaje que percibe un juez municipal y
de circuito se debe tener en cuenta lo que por todo concepto devenga un
magistrado de Alta Corte, la Sala debe precisar que a su vez, éstos deberán
atender a los ingresos laborales totales anuales percibidos permanentemente por
los miembros del Congreso, por lo que el análisis que realizó el Tribunal de
instancia no fue adecuado, pues omitió tener en cuenta esto último16.

37. En consecuencia, es evidente que si al calcular los ingresos que por todo
concepto salarial y prestacional devengan los magistrados de Alta Corte, se debe
tener en cuenta que éstos deben percibir lo mismo que los congresistas, y la
entidad excluyó el auxilio de cesantías como parámetro para determinar la
liquidación de la prima especial de servicios de que trata el artículo 15 de la Ley
4 de 1992, realmente no reconoció esa misma remuneración, lo cual incide
directamente en la de los demás funcionarios de la Rama Judicial y de la Fiscalía
General de la Nación, pues conforme el Decreto 1251 de 2009, esta dependerá
de lo que perciban tales magistrados, lo cual quiere decir que lo reconocido a la
demandante como juez municipal y de circuito no estuvo bien liquidado.

38. En este punto vale la pena indicar que para efectos de liquidar la prima
especial de servicios creada en favor de los funcionarios indicados en el artículo
15 de la Ley 4 de 1992, esta Corporación16 ha señalado que se deberá tener en
cuenta como ingreso anual laboral percibido por los magistrados lo devengado
por concepto de cesantías, pues independiente de que sea prestación social y
no factor salarial, se percibe en la anualidad. Así mismo, el cálculo que se realiza
para establecer los porcentajes contenidos en el mencionado precepto
determina la remuneración anual del juez municipal o de circuito según el periodo
que corresponda, por lo que no le asiste razón a la parte demandante cuando
afirma que se debe tener en cuenta el ingreso mensual.

39. Por otro lado, tampoco le asiste razón al a quo cuando afirma que el Decreto
383 de 201317, le es más favorable a la demandante a partir del año 2013, ya que

15 ibidem. Se certifica lo devengado por la actora desde el 2010-2013. Igualmente, se advierte que tanto en

la contestación de la demanda como en los actos administrativos demandados la entidad señaló que «[…]
de esta manera se deja en claro que las cesantías anuales de los magistrados de las Altas Cortes no
se deben tener en cuenta para liquidar la remuneración de los funcionarios de la Rama Judicial».
16
Es decir que, al comparar los ingresos de tales magistrados, debía verificar antes que estos coincidieran
con los que devengan los congresistas
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Demandante: Gloria Stella Moreno Jaramillo

en primer lugar el mencionado decreto no derogó ni modificó en algún sentido lo
dispuesto en el Decreto 1251 de 2009. En segundo lugar, éste creó una
bonificación que no constituye factor salarial para jueces y empleados, la cual
frente a estos últimos no se encuentra limitada a ninguna incompatibilidad, pues
si el legislador así lo hubiera querido lo hubiera señalado en el precepto que la
creó17. En consecuencia, el hecho de que el legislador hubiere creado con
posterioridad al año 2013 una bonificación judicial, no implica que no se pueda
efectuar el reajuste de la nivelación contenida en el Decreto 1251 de 2009, la cual
si está sujeta a unos porcentajes.

40.Por ende, la demandante tiene derecho al reconocimiento, reliquidación y pago
de las diferencias adeudadas de su remuneración y prestaciones sociales, como
juez civil municipal para el año 2009 el 34.7%, del 1 de enero de 2009 al 31 de
diciembre de 2009) y para el 2010 y en adelante, el 34.9% -el cual aplica frente a
los periodos 1 de enero de 2010 al 10 de mayo de 2010, del 1 de agosto de 2013
al 27 de noviembre de 2016 y del 5 de julio de 2018, mientras desempeñe dicho
cargo;- y como juez civil del circuito para el año 2010 y en adelante, el 43.2% -del
11 de mayo de 2010 al 31 de julio de 2013, del 28 de noviembre de 2016 al 4 de
julio de 2018 y en los periodos en los que desempeñe dicho cargo, del valor
correspondiente al 70% de lo que por todo concepto percibe anualmente un
magistrado de las Altas Cortes, teniendo en cuenta todos los ingresos laborales
anuales de carácter permanente, los cuales deben percibir lo mismo que
devengan los congresistas, incluyendo el auxilio de cesantías de dichos
dignatarios como parámetro para determinar la liquidación de la prima especial de
servicios de que trata el artículo 15 de la Ley 4 de 1992.

41. Igualmente. la Sala considera necesario hacer la precisión de que la entidad
demandada tendrá que verificar que realizada la liquidación tendiente a efectuar
el reajuste aquí ordenado, no se supere el tope legal que prevé el Decreto 1251
de 2009, y las demás normas emitidas anualmente durante los periodos
reconocidos.

42. En lo que tiene que ver con la prescripción trienal17, considera esta Sala que
a la controversia le es aplicable la regla general, contemplada en el Decreto 3135
de 194818, como ya lo ha precisado de manera pacífica en anteriores
oportunidades esta Corporación19. Por consiguiente, se encuentra que la petición

17 ARTÍCULO 187 del CPACA. CONTENIDO DE LA SENTENCIA.

(…)
En la sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el fallador
encuentre probada El silencio del inferior no impedirá que el superior estudie y decida todas las excepciones
de fondo, propuestas o no, sin perjuicio de la no reformatio in pejus.
18 ARTÍCULO 41. Las acciones que emanen de los derechos consagrados en este Decreto prescribirán en

tres años, contados desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible.
El simple reclamo escrito del empleado o trabajador ante la autoridad competente, sobre un derecho o
prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero sólo por un lapso igual.18
19 Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso Administrativo-Sección Segunda- Sala de Conjueces- conjuez

ponente: Néstor Raúl Correa Henao, sentencia nueve (9) de abril de dos mil veinticuatro (2024), referencia:
73001-23-33-000-2014-00194-02 número interno: 0793-2018. Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso
Administrativo-Sección Segunda- Sala de Conjueces- conjuez ponente: Miguel Arcángel Villalobos
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de reconocimiento de la nivelación se presentó el 19 de julio de 2012, por lo
tanto, las diferencias salariales se vieron afectadas por el término prescriptivo, el
cual operó a partir del 19 de julio de 2009. Por otro lado, respecto de las
diferencias de las cesantías causadas durante los lapsos de vinculación de la
demandante como juez municipal20, tal como se expuso en la sentencia de
unificación del 25 de agosto de 2016, este derecho no prescribe mientras la
relación laboral esté vigente, como ocurre en el presente asunto21.

39. Ahora bien, la cotización a pensión está íntimamente relacionada con el
restablecimiento del derecho, por lo que, al ordenar el reajuste de dicho
emolumento, es deber de la entidad deducir de la condena el pago de los aportes
que corresponden al empleado y para efectos pensionales aportar lo que
corresponde al empleador, por tratarse de un derecho cierto, irrenunciable e
imprescriptible.

40. Lo anterior, conforme lo dispone el artículo 17 de la Ley 100 de 1993 22 es
obligatorio realizar las respectivas cotizaciones al fondo de pensiones en el que
hubiere estado afiliada la actora (por lo periodos en que se desempeñó como
juez municipal), no solo por la naturaleza parafiscal de las mismas sino por la
sostenibilidad del sistema23.

41. De conformidad con lo anterior, se revocará la sentencia de primera instancia,
se declarará la nulidad de los actos administrativos demandados, y a título de
restablecimiento del derecho se dispondrá el reajuste de los salarios y
prestaciones conforme a lo ya señalado y efectuar las cotizaciones a pensión y
salud.

42.Las sumas cuyo reconocimiento se ordenará serán ajustadas de conformidad
con la fórmula que se transcribe a continuación:

R= Rh x Índice final
Índice inicial

43.En la que el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico
(R.H.), que es la cantidad a pagar, por el guarismo que resulte de dividir el índice
final de precios al consumidor certificado por el DANE, vigente en la fecha de

Chavarro- sentencia del cinco (05) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024),
referencia:250002342000201305755-02, número interno: 0971-2021.
20 Se hace la claridad que en los tiempos en que no se desempeñó en dicho cargo, laboró como secretaria

en un Juzgado Civil Municipal de Medellín sin solución de continuidad.
21 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de 2016. Radicación: 08001-23-31-
000-2011-00628-01 (0528-14) CE-SUJ2-004-16. MP: Luis Rafael Vergara
22 ARTÍCULO 17. Obligatoriedad de las Cotizaciones. Durante la vigencia de la relación laboral deberán

efectuarse cotizaciones obligatorias a los Regímenes del Sistema General de Pensiones por parte de los
afiliados y empleadores, con base en el salario que aquéllos devenguen.
23 Ver sentencia del Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala de conjueces de la
Sección Segunda- providencia del 4 de julio de 2024, conjuez ponente: Clara Elisa Cifuentes Ortíz,
radicación: 25000-23-42-0002017-05349-02 (2828-2021).
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ejecutoria de esta providencia, por el índice vigente en la fecha en que se causó
el derecho.

44.Por tratarse de pagos de tracto sucesivo, la fórmula se aplicará
separadamente mes por mes, teniendo en cuenta que el índice inicial es el
vigente al momento de causación de cada uno de ellos.

Condena en costas.

45. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.

46.La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.

47. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

48. En este contexto, en el caso concreto no procede la condena en costas, toda
vez que las peticiones del recurso de apelación se conceden parcialmente, por
manera que no puede predicarse que alguna de las partes haya sido vencida en
el proceso. En consecuencia, se prescindirá de la condena en costas en esta
instancia.

49. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO. REVOCAR la sentencia apelada proferida el 30 de mayo de 2024,
proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia- Sala Transitoria, y en su
lugar se dispone:
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SEGUNDO. DECLARAR la nulidad de la Resolución No. DESAJM12-07128 de
10 de octubre de 2012, mediante el cual la Rama Judicial negó el reconocimiento
y pago del reajuste solicitado por la actora; y de la Resolución No. 3158 del 16
de abril de 2013 que resolvió el recurso de apelación.

TERCERO. A título de restablecimiento del derecho CONDÉNESE a la
Nación- Rama Judicial- Dirección Ejecutiva de Administración Judicial a
reconocer y pagar a la señora Gloria Stella Moreno Jaramillo el derecho al
reconocimiento, reliquidación y pago de las diferencias adeudadas de su
remuneración y prestaciones sociales, conforme a lo dispuesto en el Decreto
1251 de 2009, como juez civil municipal para el año 2009 el 34.7%, del 1 de
enero de 2009 al 31 de diciembre de 2009) y del 2010 en adelante, el 34.9% -el
cual aplica frente a los periodos 1 de enero de 2010 al 10 de mayo de 2010, del
1 de agosto de 2013 al 27 de noviembre de 2016 y del 5 de julio de 2018 en
adelante mientras desempeñe dicho cargo;- y como juez civil del circuito y del
2010 en adelante el 43.2% -del 11 de mayo de 2010 al 31 de julio de 2013, del
28 de noviembre de 2016 al 4 de julio de 2018 y en los periodos en los que
desempeñe dicho cargo del valor correspondiente al 70% de lo que por todo
concepto percibe anualmente un magistrado de las Altas Cortes, teniendo en
cuenta todos los ingresos laborales anuales de carácter permanente, los cuales
deben percibir lo mismo que devengan los congresistas, incluyendo el auxilio de
cesantías de dichos dignatarios como parámetro para determinar la liquidación
de la prima especial de servicios de que trata el artículo 15 de la Ley 4 de 1992.
Igualmente, deberá reajustar y pagar las diferencias por concepto de cesantías a
la actora, conforme a los porcentajes antes señalados.

El reajuste aquí ordenado no debe sobrepasar el límite porcentual fijado que
prevé el Decreto 1251 de 2009, y las demás normas emitidas anualmente durante
los periodos reconocidos.

CUARTO. ORDENAR realizar los descuentos de ley de los aportes de las
diferencias no cotizadas: i) al Sistema de Seguridad Social en Pensiones conforme
a la proporción que le corresponda al empleado y al empleador de acuerdo con
los porcentajes de ley, los cuales deberán consignarse en el fondo de pensiones
donde hubiere estado afilada; y ii) al Sistema de Seguridad Social en Salud, en
los términos definidos en la parte motiva de esta sentencia.

QUINTO.- Las sumas cuyo reconocimiento se ordena serán ajustadas de
conformidad con la fórmula que se transcribe a continuación:

R= Rh x Índice final
Índice inicial

12
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Radicado: 05001-23-33-000-2014-01542-02
Demandante: Gloria Stella Moreno Jaramillo

En la que el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (R.H.),
que es la cantidad a pagar, por el guarismo que resulte de dividir el índice final
de precios al consumidor certificado por el DANE, vigente en la fecha de
ejecutoria de esta providencia, por el índice vigente en la fecha en que se causó
el derecho.

Por tratarse de pagos de tracto sucesivo, la fórmula se aplicará separadamente
mes por mes, teniendo en cuenta que el índice inicial es el vigente al momento
de causación de cada uno de ellos.

SEXTO- Negar las demás pretensiones de la demanda.

SÉPTIMO.- Sin condena en costas conforme a lo expuesto en la parte
considerativa de esta providencia.

OCTAVO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior decisión fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente)

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente)

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente)
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los consejeros de Estado, en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley y el artículo 186 del CPACA.

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