Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2016-02044-03
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 05001-23-33-000-2016-02044-03
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2016-02044-03
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2016-02044-03
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
17 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D.C., diecisiete (17) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 05001-23-33-000-2016-02044-03 (2100-2025)
Demandante: Catalina Rendón Henao
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial
Tema: Nivelación salarial del Decreto 1251 de 2009. MODIFICA
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Como ninguno de los miembros de la sala advierte causal de impedimento para
conocer del presente asunto,1 se procede a avocar conocimiento de conformidad
con el artículo 116 del CPACA, y a resolver los recursos de apelación interpuestos
por las partes contra la sentencia proferida el trece (13) de junio de dos mil
veinticinco (2025) por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Transitoria, por
medio de la cual se accedió a parcialmente a las pretensiones.
ANTECEDENTES
1. La señora Catalina Rendón Henao interpuso demanda en contra de la
Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el
artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA), con el fin de que se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
2. Que se inaplique por inconstitucionalidad el artículo 4 del Decreto 1251 de
2009 y toda aquella disposición contraria a los artículos 1, 2 y 3 del mencionado
decreto.
3. Que se declare la nulidad de la Resolución DESAJMR15-5753 del 3 de
diciembre de 2015, a través de la cual, la Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de
1 Actualmente los miembros de la subsección no tienen un proceso pendiente o interés actual frente a aspectos
relacionados con la nivelación salarial de que trata el Decreto 1251 de 2009, objeto del presente proceso. De
igual manera, se precisa que, si bien el 8 de febrero de 2017, el doctor Jorge Iván Duque Gutiérrez, en calidad
de magistrado del Tribunal Administrativo de Antioquia, suscribió impedimento para conocer del asunto (art.
141-1) de manera conjunta con los demás magistrados de dicha corporación, el cual fue aceptado por el Consejo
de Estado, el 17 de agosto del mismo año, dicha actuación no constituye una gestión en instancia anterior,
estuvo dirigida a dar trámite al proceso, no se enmarca en ninguna causal de impedimento.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 05001-23-33-000-2016-02044-03 (2100-2025)
Administración Judicial negó el reconocimiento de la nivelación salarial prevista en
el Decreto 1251 de 2009, 1992 y, del acto ficto producto del silencio administrativo
negativo en el que incurrió la entidad frente al recurso de apelación interpuesto.
4. A título de restablecimiento del derecho se ordene pagar el saldo dejado de
percibir por concepto de salario, prestaciones sociales, cesantías y demás, en los
términos del Decreto 1251 de 2009, desde el 2012 hasta el 2016 y durante los años
en los que ejerza el cargo de juez, correspondiente al «43.2 %» (sic) sobre la base
del 70 % de lo que por todo concepto percibe un magistrado de alta corte, teniendo
en cuenta los siguientes rubros: «asignación básica mensual, gastos de
representación, prima especial, prima de navidad, bonificación por servicios, prima
de servicios, prima de vacaciones, prima de navidad, cesantías e intereses a las
cesantías, prima de vivienda y demás ingresos».
5. Que se actualicen las sumas reconocidas y se cancelen los respectivos
intereses moratorios.
HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
6. Que ha prestado sus servicios como juez de la República, y actualmente
ocupa el cargo de juez 5 penal del circuito especializado de Medellín. Que el 23 de
noviembre de 2015, solicitó a la demandada reconocer y pagar la nivelación salarial
adeudada, petición que se negó a través de los actos demandados.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
7. Considera violados los artículos: 13 y 53 de la Constitución Política; 4 de la
Ley 4ª de 1992; y los Decretos 717 de 1978, 610 de 1998 y 1251 de 2009.
8. Que los porcentajes de remuneración fijados en los Decretos 610 de 1998 y
1251 de 2009 generan un trato desigual e injustificado, en la medida en que los
funcionarios de la Rama Judicial se encuentran sometidos a un régimen salarial
único, previsto en la Ley 4.ª de 1992 y en sus decretos reglamentarios. En
consecuencia, no resulta admisible establecer diferencias en la nivelación salarial
entre servidores que desempeñan funciones de igual naturaleza, jerarquía y
condiciones laborales, razón por la que debió aplicarse, «por analogía favorable»,
el Decreto 610 de 1998 y, de manera subsidiaria el Decreto 1251 de 2009.
9. Que la entidad ha venido empleando de manera errónea el Decreto 1251 de
2009, al liquidar la remuneración allí prevista sin incluir la totalidad de los ingresos
percibidos por los magistrados de las altas cortes.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2
Radicación: 05001-23-33-000-2016-02044-03 (2100-2025)
TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA
10. El 4 de mayo de 2018 fue admitida la demanda. La entidad2 señaló que la
liquidación efectuada se ajusta a lo dispuesto en la norma y que la prima especial
de servicios prevista en la Ley 4.ª de 1992 y reglamentada por el Decreto 10 de
1993 de la que son beneficiarios los magistrados de las altas cortes debe calcularse
incluyendo exclusivamente la prima de navidad. Sostuvo que la finalidad de las
cesantías es proteger al servidor público frente a la cesación del vínculo laboral, por
lo que, dada su naturaleza, «ni las cesantías ni ninguna otra prestación social puede
ser considerada como remuneración».
11. Citó la sentencia C-608-99 del 23 de agosto de 19993 para señalar que la
expresión «por todo concepto», en el régimen aplicable a los congresistas, no
comprende cualquier ingreso percibido, sino únicamente aquellos que conforman la
asignación.
12. Propuso como excepciones las de «presunción de legalidad de los actos
administrativos» y la «la innominada».
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN
13. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Transitoria, mediante sentencia
del trece (13) de junio de dos mil veinticinco (2025)4, accedió parcialmente a las
pretensiones. Expuso que, de acuerdo con lo manifestado en providencias del 18
de mayo de 2016 y 2 de septiembre de 2019 dictadas por esta corporación, el auxilio
de cesantías debe ser tenido en cuenta para realizar la liquidación de la prima
especial de servicios que perciben los magistrados de las altas cortes.
14. Que, de conformidad con la sentencia del 2 de septiembre de 2019 y su
aclaración del 7 de octubre del mismo año, el Decreto 1251 de 2009 únicamente
resultaba aplicable hasta el 31 de diciembre de 2012, pues a partir del 1.º de enero
de 2013 entró en vigor el Decreto 383 de 2013, mediante el cual se creó la
bonificación judicial.
15. Concluyó que la remuneración de los magistrados fue liquidada de manera
incorrecta, en la medida en que la entidad omitió incluir las cesantías dentro de los
ingresos considerados para el cálculo de la prima especial, por tanto, el cómputo de
la asignación y las prestaciones de la demandante también se efectuó de forma
errónea, pues el porcentaje de su remuneración dependía directamente de lo
percibido por aquellos.
2 Folios 50 a 59.
3 Corte Constitucional. Sentencia del 23 de agosto de 1999. Expedientes. D-2002 y D-2256. M.P. José Gregorio
Hernández Galindo.
4 Índice 58 de SAMAI del tribunal.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3
Radicación: 05001-23-33-000-2016-02044-03 (2100-2025)
16. Declaró la prescripción de las sumas causadas con anterioridad al 23 de
noviembre de 20125 y ordenó a la demandada pagar, en favor de la actora «las
diferencias en la “remuneración que por todo concepto percibe”, en calidad de Juez
Penal del Circuito Especializado, que le son adeudadas entre el 23 de noviembre
de 2012 y el 31 de diciembre de 2012, teniendo en cuenta para el efecto, la correcta
aplicación del Decreto No. 1251 de 2009, esto es, incluyendo el auxilio a las
cesantías de los Congresistas y sus intereses, para la liquidación de la prima
especial de servicios de los Magistrados de Altas Cortes».
17. En relación con los años 2013 y siguientes, advirtió que no había lugar a
reconocimiento alguno, al estimar que la bonificación judicial creada por el Decreto
383 de 2013 resultaba más favorable que la nivelación prevista en el Decreto 1251
de 2009.
18. Precisó que la condena en costas no tiene carácter objetivo, conforme al
artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, y se abstuvo de imponerlas al no advertir que la
demanda careciera de fundamento legal ni que la entidad hubiera incurrido en una
conducta reprochable, pues se limitó a ejercer su derecho de defensa.
RECURSOS DE APELACIÓN
19. La parte demandada6 interpuso recurso de apelación, en el que pidió
revocar el fallo, al sostener que la nivelación salarial prevista en el Decreto 1251 de
2009 fue reconocida y pagada de forma correcta, por lo que no existe diferencia
salarial a favor de la demandante. Que dicho decreto únicamente tuvo vigencia
durante el año 2009, conforme a la sentencia del 2 de septiembre de 2019.
20. Que se configuró la prescripción extintiva del derecho, dado que la actora
radicó la reclamación administrativa el 23 de noviembre de 2015. Agregó que
acceder a un pago adicional, excedería el tope previsto en el aludido decreto.
21. Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 2 del Decreto 10 de 1993, dentro
de los factores para establecer la prima especial de servicios, percibida por los
magistrados de las altas cortes, no se incluyen las cesantías, sino únicamente la
prima de navidad como prestación social para su cálculo, de manera que no podrá
considerarse tal emolumento para liquidar la remuneración de los funcionarios o
empleados de la Rama Judicial.
22. La parte demandante7 solicitó revocar parcialmente la sentencia, acceder al
restablecimiento del derecho y, en consecuencia, condenar en costas a la entidad
en ambas instancias. Para el efecto, indicó que, conforme al certificado de tiempo
de servicios aportado, la nivelación debe ordenarse «desde el año 2010, hasta la
5 En atención a que la reclamación administrativa fue radicada el 23 de noviembre de 2015 y la demanda fue
interpuesta el 13 de julio de 2016.
6 índice 61 de Samai del tribunal.
7 Índice 5 de SAMAI.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4
Radicación: 05001-23-33-000-2016-02044-03 (2100-2025)
fecha en que siga ocupando el mismo cargo o similar», en atención a su calidad de
juez municipal.
23. Indicó que la remuneración del juez debe entenderse como mensual a partir
de los ingresos anuales de los magistrados de las altas cortes. Agregó que las
cesantías deben ser tenidas en cuenta en la base del respectivo cálculo.
24. Que no era procedente concluir que el Decreto 1251 de 2009 hubiera perdido
vigencia con la expedición del Decreto 383 de 2013, por cuanto no fue derogado,
regula la nivelación salarial para los jueces, que parte de tomar como parámetro de
liquidación la totalidad de los ingresos devengados por un magistrado de alta corte,
y corresponde a un régimen distinto al previsto en el del 2013, el cual se refiere a
una bonificación adicional al salario.
TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
25. El 1 de septiembre de 2025 se admitieron los recursos. Las partes y el agente
del Ministerio Público no se pronunciaron.
Se decidirá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
26. Deberá resolver la subsección si a la demandante le asiste el derecho al
reconocimiento y pago de la nivelación salarial regulada en el Decreto 1251 de
2009, como juez de la República, teniendo en cuenta el porcentaje correspondiente
a las categorías del cargo que ocupó, sobre el 70 % de lo que por todo concepto
perciben anualmente los magistrados de las altas cortes, incluyendo dentro de dicha
base el auxilio de cesantías; si las diferencias reclamadas se encuentran afectadas
por el fenómeno de la prescripción; y si con el eventual reajuste se superaría el tope
previsto en la norma.
27. Igualmente, deberá establecerse si el Decreto 1251 de 2009 tiene aplicación
limitada a la vigencia de 2009; y el alcance de aquel en cuanto a la forma de cálculo
de la remuneración de los jueces.
28. Finalmente, deberá determinarse si el reconocimiento de la bonificación judicial
a partir del año 2013 excluye la nivelación salarial pretendida; y si hay lugar a
condenar en costas en ambas instancias a la entidad.
Marco normativo y jurisprudencial
De la nivelación salarial del Decreto 1251 de 2009
29. De conformidad con el artículo 150, numeral 19, literal e), de la Constitución
Política, corresponde al Congreso de la República fijar los objetivos y criterios a los
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5
Radicación: 05001-23-33-000-2016-02044-03 (2100-2025)
cuales debe sujetarse el Gobierno nacional para establecer el régimen salarial y
prestacional de los empleados públicos.
30. En desarrollo de esa competencia, se expidió la Ley 4.ª de 1992, que en el
artículo 15, creó a favor de los magistrados de las altas cortes, entre otros
dignatarios del Estado, una prima especial de servicios, sin carácter salarial, con el
propósito de que, sumada a los demás ingresos laborales, permitiera equiparar la
totalidad de sus ingresos con los percibidos por los miembros del Congreso, sin
excederlos.
31. Posteriormente, el Decreto 10 de 1993 reglamentó dicho emolumento y
dispuso, en sus artículos 1 y 2, que la prima especial de servicios corresponde a la
diferencia entre los ingresos laborales totales anuales recibidos por los miembros
del Congreso y los devengados por los funcionarios beneficiarios. Precisó que, para
establecer tales ingresos, debían tenerse en cuenta los de carácter permanente,
«incluyendo la prima de navidad».
32. Más adelante, se expidió el Decreto 1251 de 2009, que fijó la remuneración
de los empleados de la Rama Judicial, entre otros, determinando un porcentaje del
valor correspondiente al 70 % de lo que, por todo concepto, percibe anualmente un
magistrado de alta corte. En lo que interesa al caso concreto, dispuso que la
remuneración del juez penal de circuito especializado sería equivalente, para la
vigencia de 2009, al 47.7 % de dicha base y, a partir de 2010, con carácter
permanente, al 47.9 %. Igualmente, estableció que la remuneración del juez de
circuito correspondería al 43 % durante el año 2009 y, desde 2010, al 43.2 % de
esa base. Finalmente, respecto de los jueces municipales, determinó el 34.7 % para
2009 y el 34.9 % a partir de 2010.
33. De lo expuesto se desprende que la remuneración de los jueces destinatarios
del Decreto 1251 de 2009 depende de los ingresos percibidos por los magistrados
de las altas cortes, cuya remuneración, a su vez, debe guardar correspondencia con
los ingresos laborales totales anuales de los miembros del Congreso.
34. Sobre el alcance de la expresión «ingresos laborales totales anuales», la Sala
de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sentencia del 4 de
mayo de 20098, precisó que comprende todo lo percibido por los congresistas
durante el año con ocasión de la relación laboral, «siendo claro que dentro de tal
concepto deben incluirse tanto los salarios como las prestaciones sociales». En esa
medida, concluyó que no resultaba admisible excluir el auxilio de cesantías por el
solo hecho de constituir una prestación social, pues la ley no hizo tal diferenciación
al referirse a los ingresos laborales totales anuales.
8 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Sala de Conjueces. Sentencia
del 4 de mayo de 2009. Expediente: 25000232500020040520902. C.P. Luis Fernando Velandia Rodríguez.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6
Radicación: 05001-23-33-000-2016-02044-03 (2100-2025)
35. Ese criterio fue reiterado en sentencia del 18 de mayo de 20169, en la que se
recordó que las cesantías percibidas por los miembros del Congreso han sido
consideradas ingresos laborales anuales permanentes, por tratarse de una
prestación económica que el empleador reconoce anualmente y que se causa por
cada día de servicio. Con fundamento en ello, se reafirmó que deben ser tenidas en
cuenta para la liquidación de la prima especial de servicios.
36. Vale la pena destacar que, en sentencia del 16 de abril de 202610, se advirtió
que la discusión sobre la correcta determinación de la remuneración de los
magistrados de las altas cortes, con la inclusión de tal emolumento, no resulta ajena
a los procesos de nivelación salarial previstos en el Decreto 1251 de 2009, pues las
inconsistencias en la liquidación de las prestaciones que la integran pueden incidir
en la remuneración que sirve de parámetro para los destinatarios de dicha
normativa. En desarrollo de esa línea argumentativa, se reiteró el razonamiento
expuesto en providencia del 6 de agosto de 202411, en la que se analizó el caso de
un juez de circuito12.
37. En síntesis, la remuneración de los jueces prevista en el Decreto 1251 de
2009 debe liquidarse tomando como referente la remuneración anual de los
magistrados de las altas cortes, la cual, conforme al artículo 15 de la Ley 4.ª de
1992, al Decreto 10 de 1993 y a la jurisprudencia de esta corporación, debe
calcularse con fundamento en los ingresos laborales totales anuales percibidos por
los miembros del Congreso, comprendiendo para ese efecto el auxilio de cesantías.
Resolución del caso concreto
38. Para lo que interesa en este asunto, se relacionarán los períodos en los que
la accionante laboró como juez de la República, no sin antes advertir que existe
solución de continuidad en la prestación del servicio cuando transcurren más de
quince (15) días hábiles entre un vínculo y otro13.
39. Conforme con el certificado expedido el 22 de agosto de 2019 por la
coordinadora de asuntos laborales de la Dirección Seccional de Antioquia, visible a
folio 92, se encuentra acreditado que la demandante se desempeñó como juez de
la República, en distintas categorías, así: (juez penal de circuito especializado)
del 1/05/2007 al 31/05/2011; (juez de circuito) del 2/06/2011 al 12/08/2011; (juez
de circuito) 16/08/2011 al 7/11/2011; (juez municipal) del 8/11/2011 al 30/11/2011;
9 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Sala de Conjueces. Sentencia
del 18 de mayo de 2016. Expediente: 250002325000201000246-02. C.P. Jorge Iván Acuña Arrieta.
10 Consejo de Estado, Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 16 de abril de 2026. Expediente: 25000-
23-42-000-2013-04137-02 (1238-2021). C.P. Elizabeth Becerra Cornejo.
11 Consejo de Estado, Sala de Conjueces, Sección Segunda. Sentencia del 6 de agosto de 2024. Expediente:
15001 23 33 000 2014 00485 02 (4670-2019) C.P. Clara Elisa Cifuentes Ortiz.
12 «para la Sala no hay duda que existe diferencia entre lo percibido por la parte actora y lo que debió percibir
si el ingreso de los magistrados de Altas Cortes se hubiere liquidado correctamente, esto es, teniendo en cuenta
las cesantías como ingresos laborales anuales permanentes para efectos de liquidar la prima especial de
servicios».
13 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 21 de marzo de 2024. Radicación: 25000-
23-42-000-2021-00931-01 (3078-2023)
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7
Radicación: 05001-23-33-000-2016-02044-03 (2100-2025)
(juez penal de circuito especializado) del 1/12/2011 al 17/12/2011; (juez
municipal) del 18/12/2011 al 17/01/2012; (juez penal de circuito especializado)
del 18/01/2012 al 01/02/2012;14 (juez municipal) del 3/07/2012 al 11/07/2012; (juez
penal de circuito especializado) del 12/07/2012 al 7/03/2017.
40. De acuerdo con el marco normativo, se advierte que el sistema de
remuneración previsto en el Decreto 1251 de 2009 responde a una estructura
escalonada, en la que la remuneración de los jueces se fija como un porcentaje de
la que corresponde a los magistrados de las altas cortes, y esta última, a su vez, se
determina a partir de los ingresos laborales totales de los miembros del Congreso.
Por ello, si para establecer la remuneración de los magistrados se toma la totalidad
de los ingresos laborales de los congresistas, dicha integralidad debe mantenerse
al proyectar el cálculo hacia la remuneración de los jueces.
41. En ese sentido, no es posible excluir las cesantías para efectuar el respectivo
cómputo, pues constituyen un ingreso laboral anual de carácter permanente de los
parlamentarios, por lo que deben hacer parte de la base utilizada para determinar
la prima especial de servicios de los magistrados de las altas cortes y,
consecuencialmente, de la remuneración de los jueces.
42. En cuanto a la vigencia del Decreto 1251 de 2009, conviene señalar que, si
bien en la sentencia del 2 de septiembre de 2019, la sala de conjueces indicó que
«solo rigió para dicho año», se estima que esa consideración se refiere a lo regulado
en el inciso primero de los artículos 1, 2 y 3 que alude a la «vigencia de 2009», sin
desconocer que el inciso segundo de esas mismas disposiciones, extendió sus
efectos a vigencias posteriores al disponer: «a partir de 2010, y con carácter
permanente», lo cual permite concluir que desde dicho año (2010) la forma de
calcular la remuneración debía aplicarse en las anualidades siguientes bajo los
mismos porcentajes fijados en el citado decreto. Aspecto que fue abordado por esta
subsección mediante providencia del 20 de noviembre de 202515.
43. En ese contexto, no es posible sostener que dicho régimen produjo efectos
hasta el 31 de diciembre de 2012, pues el Decreto 383 de 2013 no lo derogó ni lo
modificó, sino que creó una bonificación judicial de naturaleza no salarial, distinta al
esquema de nivelación previsto en el Decreto 1251 de 2009, sin que frente a jueces
y empleados esté sujeta a incompatibilidad alguna, la cual, de haber sido esa la
intención del legislador, habría sido señalada de manera expresa.16 En
consecuencia, no le asiste razón al tribunal sobre este aspecto.
14 Entre el 1 de febrero de 2012 y el 2 de julio del mismo año hubo una interrupción del servicio.
15 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del
20 de noviembre de 2025. Expediente: 05001 23 33 000 2014 01547 02 (4664-2021). C.P. Juan Camilo Morales
Trujillo.
16 Este punto fue abordado por la subsección en un asunto con supuestos facticos similares. Consejo de Estado.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 4 de septiembre de 2025.
Expediente: 05001 23 33 000 2014 01533 02 (5933-2024). C.P. Luis Eduardo Mesa Nieves.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8
Radicación: 05001-23-33-000-2016-02044-03 (2100-2025)
44. Precisado lo anterior, resulta claro que, en principio, la actora es beneficiaria,
a partir del 2009 y en adelante, de la remuneración correspondiente a los cargos de
juez penal de circuito especializado, juez de circuito y juez municipal, que debía
determinarse con fundamento en los porcentajes regulados en los artículos 1, 2 y 3
del citado decreto.
45. No obstante, tal y como se concluyó en primera instancia, de acuerdo con la
regla general contemplada en el Decreto 3135 de 196817, se configuró la
prescripción trienal sobre las sumas causadas con anterioridad al 23 de noviembre
de 2012, por cuanto la reclamación fue radicada18 el 23 de noviembre de 201519.
46. Es decir, que la accionante tiene derecho al reajuste salarial y prestacional a
partir del 23 de noviembre de 2012, momento en cual ejercía como juez penal de
circuito especializado, en propiedad, empleo que desempeñó hasta el 7 de marzo
de 2017. Reajuste que deberá liquidarse en aplicación del porcentaje establecido
para esa categoría en 47.9 %, calculada sobre el 70% de lo que por todo concepto
percibe anualmente un magistrado de las altas cortes, integrada por la totalidad de
los ingresos laborales anuales de carácter permanente que perciben los
parlamentarios, incluidas las cesantías, que sirve como parámetro para calcular la
prima especial de servicios de que trata el artículo 15 de la Ley 4.ª de 1992.
47. Por lo que, no prospera el argumento de la señora Catalina Rendón
encaminado a que el pago se extienda desde el año 2010 bajo la categoría de juez
municipal. Ello, no solo porque los valores anteriores a noviembre de 2012 se
encuentran afectados por la prescripción, sino también en atención a que la
reclamación administrativa y la demanda fueron expresamente circunscritas a las
anualidades «2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y seguidamente durante los años que
siga ocupando el cargo»20, circunstancia que impide el análisis de períodos distintos
de los sometidos a consideración.
48. Tal reconocimiento comprende las diferencias derivadas de las cesantías, las
cuales, de acuerdo con lo señalado en la sentencia de unificación del 25 de agosto
de 201621, no se encuentran sujetas al fenómeno extintivo mientras subsista la
relación laboral, como ocurre en el presente caso.22 En ese orden, procede ordenar
su reajuste respecto de los lapsos en los que la demandante ocupó los cargos
amparados por el aludido régimen de nivelación y el pago de los valores que surjan
17 ARTÍCULO 41. Las acciones que emanen de los derechos consagrados en este Decreto prescribirán en tres
años, contados desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible.
El simple reclamo escrito del empleado o trabajador ante la autoridad competente, sobre un derecho o
prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero sólo por un lapso igual. 17
18 Según se desprende de la Resolución DESAJMR15-5753, obrante a folios 16 a 19.
19 También se pone de presente que entre la fecha de la reclamación administrativa (2015) y la fecha de la
presentación de la demanda (13 de julio de 2016), de acuerdo con el sello visible a folio 14, no transcurrieron
más de 3 años.
20 Folio 1.
21 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de 2016. Radicación: 08001-23-31-000-
2011-00628-01 (0528-14) CE-SUJ2-004-16. MP: Luis Rafael Vergara
22 Se reitera que, para la fecha de la reclamación administrativa (2015), la demandante se encontraba vinculada
en el cargo beneficiario.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9
Radicación: 05001-23-33-000-2016-02044-03 (2100-2025)
por ese concepto, esto es, del 3 al 11 de julio de 201223, como juez municipal,
aplicando el 34.9 %; y del 12 de julio de 2012 al 7 de marzo de 2017, como juez
penal de circuito especializado, con el 47.9 %, calculados, en ambos casos, sobre
el 70 % de la remuneración anual que, por todo concepto, perciben los magistrados
de las altas cortes.
49. En relación con los aportes destinados al Sistema de Seguridad Social en
Pensiones estos constituyen un derecho imprescriptible e irrenunciable24 y por
virtud de lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 100 de 199325 son obligatorios, no
solo por su naturaleza parafiscal, sino por la sostenibilidad del sistema.26 En ese
contexto, surge el deber de la entidad de efectuar la respectiva reliquidación, con
fundamento en las equivalencias antes señaladas, con el fin de determinar el monto
de los aportes adeudados, desde el 1 de enero de 201227 y durante los tiempos en
los que la actora fungió como juez municipal y juez penal de circuito especializado,
hasta el 7 de marzo de 2017, los cuales deberán consignarse en el fondo de
pensiones donde hubiere estado afilada. Lo anterior de conformidad con la ley.
50. De otra parte, se acogerá el argumento expuesto por la Rama Judicial, Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, para condicionar la condena, en el sentido de
indicar que, la demandada deberá verificar, al momento de efectuar la liquidación,
que el reajuste aquí ordenado no supere los topes legales y parámetros fijados en
el Decreto 1251 de 2009 ni en los demás decretos expedidos anualmente durante
los lapsos reconocidos.
51. Así las cosas, se modificarán los numerales segundo y cuarto del fallo, con el
fin de ordenar las sumas a que haya lugar, derivadas de la nivelación reclamada,
entre el 23 de noviembre de 2012 y el 7 de marzo de 2017 28, por virtud de la
prescripción trienal. No así respecto de las diferencias de las cesantías y las
cotizaciones al sistema pensional, cuyo reajuste deberá realizarse en los términos
descritos.
52. De otra parte, es necesario precisar que el mencionado decreto prevé que la
remuneración de los jueces se determina como un porcentaje de los ingresos que
23 Ello teniendo en cuenta que entre el 1 de febrero de 2012 y el 2 de julio de 2012 hubo una interrupción en el
servicio.
24 La sentencia del 25 de agosto de 2016, radicación 23001 23 33 000 2013 00260 01 (0088-15) consejero
ponente, Carmelo Perdomo Cuéter, precisó: «la Sala aclara que la prescripción extintiva no es dable aplicar
frente a los aportes para pensión, en atención a la condición periódica del derecho pensional, que los hace
imprescriptibles, pues aquellos se causan día a día y en tal sentido se pueden solicitar en cualquier época,
mientras que las prestaciones sociales y salariales, al ser pagadas por una sola vez, sí son susceptibles del
mencionado fenómeno, por tener el carácter de emolumentos económicos temporales».
25 ARTÍCULO 17. Obligatoriedad de las Cotizaciones. Durante la vigencia de la relación laboral deberán
efectuarse cotizaciones obligatorias a los Regímenes del Sistema General de Pensiones por parte de los
afiliados y empleadores, con base en el salario que aquéllos devenguen.
26 Ver sentencia del Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala de conjueces de la Sección
Segunda- providencia del 4 de julio de 2024, conjuez ponente: Clara Elisa Cifuentes Ortíz, radicación: 25000-
23-42-0002017-05349-02 (2828-2021).
27 En atención al año que limitó la reclamación vía administrativa y judicial.
28 Fecha hasta la cual se acreditó la prestación del servicio como juez en la categoría de juez penal del circuito
especializado.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
10
Radicación: 05001-23-33-000-2016-02044-03 (2100-2025)
por todo concepto perciben anualmente los magistrados de las altas cortes, de lo
cual se desprende que la base de cálculo es anual y que el resultado de la aplicación
del porcentaje corresponde a la remuneración fijada por el sistema de nivelación allí
establecido. En ese sentido, el cálculo que se realiza para establecer los porcentajes
contenidos en el mencionado precepto determina la remuneración anual del juez
penal de circuito especializado, juez municipal o de circuito, según la vigencia,29 por
lo que no le asiste razón a la actora cuando sostiene que debe atenderse a un
ingreso mensual.
53. Finalmente, la sala se abstendrá de emitir pronunciamiento sobre la condena
en costas de primera instancia, dado que la actora no planteó 30 un reproche
concreto frente al razonamiento expuesto por el tribunal en este aspecto.
De la condena en costas segunda instancia
54. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior,
de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de
ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que
gobierna esta materia.
55. La pretensión del legislador con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021 fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente
de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público. Esto
creó una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición
en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el
caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el
artículo 188 del CPACA se mantiene incólume. En ese sentido la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.
56. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida. La
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
57. En consecuencia, no se impondrán costas en esta instancia a los recurrentes,
porque las peticiones de los recursos de apelación están siendo concedidas de
manera parcial, de modo que no puede predicarse que alguna de las partes haya
sido vencida en el proceso.
29 Dicho criterio fue descartado por la subsección en la sentencia previamente citada del 4 de septiembre de
2025.
30 Se limitó a señalar: «se sirvan REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia No 126 de 13 de junio de 2025,
dictada por el Tribunal Administrativo de Antioquia- Sala transitoria, en su lugar se sirva reconocer las
pretensiones de la demanda que tienen que ver con la Nivelación salarial desde el año 2012 en adelante,
solicitud de que trata el decreto 1251 de 2009, condenando en costas a la parte demandada en ambas
instancias».
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
11
Radicación: 05001-23-33-000-2016-02044-03 (2100-2025)
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: MODIFICAR el numeral segundo de la sentencia del trece (13) de junio
de dos mil veinticinco (2025) proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala Transitoria, en el sentido de:
«DECLARAR probada la excepción de prescripción propuesta por la Nación,
Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, frente a las
sumas causadas con anterioridad al 23 de noviembre de 2012, con excepción
de la obligación de la demandada de pagar las diferencias por concepto de
cesantías y de efectuar las cotizaciones o aportes al Sistema General de
Seguridad Social en materia de pensiones».
Segundo: MODIFICAR el numeral cuarto de la sentencia del trece (13) de junio de
dos mil veinticinco (2025) proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Transitoria, en el sentido de disponer:
«A título de restablecimiento del derecho, se ORDENA a la NACIÓN – RAMA
JUDICIAL -DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL,
RECONOCER Y PAGAR a la señora CATALINA RENDÓN HENAO las
diferencias adeudadas de su remuneración y prestaciones sociales, conforme
a lo dispuesto en el Decreto 1251 de 2009, en calidad de juez penal de circuito
especializado, entre el 23 de noviembre de 2012 y el 7 de marzo de 2017,
aplicando el 47.9 % del 70 % de lo que por todo concepto perciben anualmente
los magistrados de las altas cortes, que debe corresponder a la totalidad de los
ingresos laborales anuales de carácter permanente que devengan los
congresistas, incluyendo el auxilio de cesantías de dichos dignatarios.
Reajustar y pagar las diferencias por concepto de cesantías, del 3 al 11 de julio
de 2012, como juez municipal, aplicando el 34.9 %; y del 12 de julio de 2012 al
7 de marzo de 2017, como juez penal de circuito especializado, con el 47.9 %,
calculados, en ambos casos, sobre el 70 % de la remuneración anual que, por
todo concepto, perciben los magistrados de las altas cortes.
Efectuar las reliquidaciones a que haya lugar, con fundamento en las
equivalencias señaladas en el decreto citado, con el fin de determinar el monto
de los aportes adeudados, desde el 1 de enero de 2012 y durante los tiempos
en los que la actora fungió como juez municipal y juez penal de circuito
especializado, hasta el 7 de marzo de 2017, los cuales deberán consignarse en
el fondo de pensiones donde hubiere estado afilada. Lo anterior de conformidad
con la ley.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
12
Radicación: 05001-23-33-000-2016-02044-03 (2100-2025)
La demandada deberá verificar que realizada la liquidación, como se ordena en
esta sentencia, no exceda los topes previstos en el Decreto 1251 de 2009 ni en
los demás decretos expedidos anualmente durante los periodos reconocidos».
Tercero: CONFIRMAR en lo demás la sentencia del trece (13) de junio de dos mil
veinticinco (2025) proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Transitoria, por medio de la cual se accedió parcialmente a las pretensiones.
Cuarto: Sin condena en costas en esta instancia, conforme a lo expuesto en la parte
considerativa de esta providencia.
Quinto: Ejecutoriada esta sentencia devolver el expediente al tribunal de origen,
previas las anotaciones correspondientes.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la subsección en la sesión de
la fecha.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
13
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.