Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2015-01755-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 05001-23-33-000-2015-01755-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2015-01755-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2015-01755-02
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
4 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá D. C., cuatro (4) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 05001-23-33-000-2015-01755-02 (4575-2024)
Demandante: Diana María Mora Orozco
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial1
Temas: Nivelación salarial. Decreto 1251 de 2009
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Asunto
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en
contra de la sentencia proferida el 25 de junio de 2024 por el Tribunal Administrativo
de Antioquia mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
1. Diana María Mora Orozco presentó demanda2 en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso-Administrativo3, en orden a que
se declarara la nulidad de las resoluciones DESAJMR13-3463 del 17 de enero de
2013 expedida por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Medellín (Antioquia)4, por medio de la cual se negó la reliquidación de los salarios y
prestaciones sociales «durante los años 2010, 2011, 2012, 2013 y siguientes durante el
1 En adelante DEAJ.
2 La demanda fue presentada el 6 de noviembre de 2013. Folio 14.
3 En adelante CPACA.
4 En adelante DESAJ.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 05001-23-33-000-2015-01755-02 (4575-2024)
Demandante: Diana María Mora Orozco
tiempo que efectivamente ocupe el cargo o similar», de acuerdo con lo dispuesto en el
Decreto 1251 de 2009; y 3536 del 22 de mayo de 2013 expedida por la DEAJ,
mediante la cual se resolvió el recurso de apelación y se confirmó la decisión inicial.
2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó: i) la inaplicación por inconstitucional del artículo 4 del Decreto 1251 de 2009
y toda norma que impida el cumplimiento de los artículos 1, 2, 3 de ese decreto, con
el fin de que se ordene el pago de la asignación correspondiente al juez sobre la
base del 80%, en aplicación análoga con el Decreto 610 de 1998, respecto de todo
lo percibido por un magistrado de alta Corte. Lo anterior, para que se ordene el pago
del 34.9% del resultado y se establezca definitivamente el monto de su sueldo
mensual, en el que se incluya tal porcentaje como factor salarial, por recibirse de
manera mensual como retribución ordinaria del servicio prestado; ii) el
reconocimiento y pago de las diferencias resultantes entre lo pagado y lo que en
realidad correspondía por concepto de salarios y prestaciones sociales « durante los
años 2010, 2011, 2012, 2013 y seguidamente durante los años que siga ocupando el cargo
o similar»; y ii) la indexación del valor de las sumas salariales y prestacionales
adeudadas y los intereses moratorios.
3. De manera subsidiaria solicitó el reconocimiento y pago del 34.9% del valor
correspondiente al 70% de lo que por todo concepto perciba anualmente un
magistrado de alta corte como remuneración para los años 2010, 2011, 2012, 2013
y los siguientes que siga ocupando el cargo o similar.
1.1.2. Fundamentos fácticos
3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:
3.1. Diana María Mora Orozco labora al servicio de la Rama Judicial desde el 18 de
septiembre de 1998 y «actualmente» ocupa el cargo de juez 6 civil municipal de
Medellín.
3.2. El 25 de julio de 2012 y «subsanando el requisito de debida representación el 6 de
septiembre de ese año» (sic), solicitó ante la DESAJ la reliquidación de la
remuneración mensual que percibió entre los años 2010 a 2012 y las consecuencias
prestacionales, ajustándolas a los porcentajes establecidos en el Decreto 1251 de
2009.
3.3. La DESAJ profirió la Resolución DESAJM13-3463 del 17 de enero de 2013,
mediante la cual negó la anterior solicitud. Contra dicha decisión, el 23 de enero de
2013 presentó recurso de apelación, el cual fue resuelto por la DEAJ a través de la
Resolución 3536 del 22 de mayo de 2013, en el sentido de confirmar la decisión
inicial.
2
Radicado: 05001-23-33-000-2015-01755-02 (4575-2024)
Demandante: Diana María Mora Orozco
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
4. Como tales se señalaron los artículos 13 y 53 de la Constitución Política; 143 del
Código Sustantivo del Trabajo; y 4 de la Ley 4ª de 1992; los decretos 610 de 1998
y 1251 de 2009.
5. En cuanto al concepto de violación, expuso lo siguiente5:
5.1. Los actos administrativos acusados desconocieron las anteriores disposiciones,
porque la Ley 4 de 1992 ordenó la nivelación salarial en la Rama judicial bajo
criterios de equidad y sin desmejorar los derechos salariales y prestacionales de los
funcionarios.
5.2. En desarrollo de la citada ley, primero se expidieron normas que beneficiaron a
los magistrados, como los decretos 610 de 1998 y 4040 de 2004, y posteriormente
el Decreto 3910 de 2008 determinó la nivelación para los jueces municipales y del
circuito, con lo cual «se alivió la diferencia de remuneración entre magistrados y
jueces».
5.3. Sin embargo, con los decretos 707 («derogado») y 1251 de 2009, los cuales
reprodujeron el Decreto 3901 de 2008 («derogado»), pero introdujo una disposición
según la cual la diferencia salarial no constituía factor salarial ni prestacional. Lo
anterior, desnaturalizó la nivelación y produjo una desmejora en los ingresos y
prestaciones de los jueces, en contra de los principios de equidad y progresividad
previstos en la Ley 4 de 1992.
5.4. Además, la Rama Judicial realizó una liquidación incorrecta de la remuneración
de los jueces, pues no incluyó todos los factores que integran lo percibido por todo
concepto por los magistrados de alta corte, tales como « en especial no incluye,
Bonificación por Servicios, Bonificación por Gestión Judicial y Bonificación por Gestión
Judicial, Prima de Servicios, Prima de Vacaciones, Cesantías, intereses a las cesantías,
prima de vivienda y demás» (sic).
5.5. El cálculo aplicado desconoció lo previsto en el Decreto 1251 de 2009, lo que
generó incrementos salariales mínimos que no cumplieron con el propósito de la
nivelación salarial, pues «ha de tomar todo lo percibido por un magistrado de alta corte
de manera anual, del mismo se toma solo el 70% y a este monto resultante se le calcula el
34.9% para Juez Municipal y el 43.2% para Juez del Circuito, quedando como
consecuencia, que el saldo debe dividirse por 12 meses, para obtener la remuneración
MENSUAL de los Jueces de la república. No de otra manera ha de entenderse que dicho
5 Folios 2 a 14.
3
Radicado: 05001-23-33-000-2015-01755-02 (4575-2024)
Demandante: Diana María Mora Orozco
decreto pretendió equilibrar la brecha que existía con diferencia de sueldos entre un
funcionario y otro de siguiente Jerarquía. En la forma como realiza la liquidación la entidad
demandada, burla el contenido del decreto 1251 de 2009, la Nación-Rama Judicial Consejo
Superior de la Judicatura-Dirección Ejecutiva, supuestamente ha nivelado los salarios,
asignándole al Juez Municipal para el año 2010, una diferencia mensual de $10.979 para
el año 2010, la suma de $11.326 mensual para el año 2011, y la suma de $11.892 mensual
para el año 2012, siguiendo para el año 2013, únicamente con el incremento del IPC de
ese último valor (3.44%). Es decir, SUMAS IRRISORIAS, frente a lo que devengan los
magistrados de Tribunal, y de Altas cortes al tenor de los decretos 610 de 1998 y anterior
decreto 4040 de 2004, los cuales devengan sea de paso decirlo, el 80% de lo que devenga
el inmediato superior DE MANERA MENSUAL» (sic).
5.6. La errada aplicación de la norma implicó el desconocimiento del principio de
igualdad salarial, esto es a trabajo igual, salario igual y del artículo 53 de la
Constitución Política que protege la remuneración proporcional y la condición más
beneficiosa para el trabajador.
1.2. Contestación de la demanda
6. La DEAJ se opuso a las pretensiones de la demanda, por las razones que se
expresan a continuación6:
6.1. Para el cálculo de los ingresos que perciben mensual y anualmente los jueces
de la República, se deben tomar todos los ingresos laborales percibidos en el cargo
durante el año tanto del magistrado de alta corte como de aquel, toda vez que el
Decreto 1251 del 14 de abril de 2009, no habló de remuneración mensual, sino que
se refirió a la remuneración que por todo concepto perciban anualmente los aludidos
funcionarios.
6.2. Para establecer la diferencia exigible, por ejemplo, para el año 2009 «de los
ingresos anuales existente entre el porcentaje 43.7% ( Para Jueces de Circuito
Especializado) 43% ( para Jueces de Circuito) y 34.7% (para Jueces Municipales) según el
caso, del 70% de lo que por todo concepto perciben anualmente los Magistrados de las
Altas Cortes, se tomó la remuneración mensual (Asignación Básica y Prima Especial)
establecida en el decreto 723 del 6 de marzo de 2009 para los Jueces de la República
según su jurisdicción (Circuito Especializado, Circuito y Municipal) y se multiplica por los
doce meses del año, adicionalmente, se liquidan las primas y prestaciones Sociales a que
tienen derecho, de conformidad con la normatividad que regula cada una de ellas. Para
finalizar, se suman todos los emolumentos salariales y prestaciones obteniendo el total de
los ingresos anuales de cada uno de los funcionarios citados. De la misma forma, se
liquidan los ingresos anuales que perciban los Magistrados de las Altas Cortes y a la
sumatoria total se le calcula el valor del 70%. Veamos el ejercicio para la vigencia 2009, de
la siguiente forma:
6 Folios 121 a 129.
4
Radicado: 05001-23-33-000-2015-01755-02 (4575-2024)
Demandante: Diana María Mora Orozco
Anual Valor
Asignación básica mensual 36.554.292
Gastos de representación 64.985.424
Prima especial de servicios 174.114.756
Prima de navidad 8.461.643
Total anual 284.116.115
70% DEL TOTAL DE LOS INGRESOS $ 198.881.281,00
43% DEL 70% DEL TOTAL DE LOS $ 85.518.951,00
INGRESOS
Del valor equivalente al 70% del total de los ingresos de los Magistrados de las Altas Cortes,
se le calcula el 47.7%, 43% y 34.7%, según sea el caso del funcionario.
De estos valores han de descontarse los ingresos anuales de los Jueces de la República,
según el caso, y la diferencia existente se cancelará por el rubro de "Otros servicios
personales autorizados por Ley". Para una mejor ilustración al apelante, se hace el ejercicio
del cálculo para un Juez (de su categoría):
INGRESOS JUECES MUNICIPALES AÑO 2009 según Decreto 723 de marzo 6 de 2009
Asignación básica 3.081.095
Prima especial de servicios 924.329
Total mensual 4.005.424
Bonificación actividad judicial 6.592.775
Bonificación por servicios 1.078.383
Prima de servicios 1.585.480
Prima de vacaciones 1.651.542
Prima de navidad
cesantías -
Total ingresos anuales de juez municipal 69.006.755
34.7% del 70% ingreso magistrado de alta 69.011.804
corte (198.881.28134.7%)
Diferencia mensual 5.049,51
Como se analizó en precedencia, según el Decreto 1251 de 2009, a partir del año 2010 el
total de ingresos anuales que perciban los Jueces del Circuito debe corresponder al 43.2 %
del 70% de los ingresos que por todo concepto perciban los Magistrados de las Altas Cortes
y de los Jueces Municipales el 34.9% (…)» (sic)
6.3. No es jurídicamente procedente incluir las cesantías dentro de los ingresos
permanentes utilizados para recalcular la prima especial de los magistrados de altas
cortes y, por ende, para ajustar la nivelación salarial de los jueces. El artículo 16 de
la Ley 4ª de 1992 distingue claramente entre la prima especial, que sí se equipara
a la remuneración de los congresistas, y las prestaciones sociales de los
magistrados, las cuales conservan su régimen propio y no pueden homologarse al
5
Radicado: 05001-23-33-000-2015-01755-02 (4575-2024)
Demandante: Diana María Mora Orozco
de los congresistas.
6.4. A la DEAJ no le es dable equiparar el valor liquidado por concepto de cesantías
a los congresistas con el reconocido a los magistrados, con el propósito de reajustar
la prima especial y, a su vez, la remuneración de los jueces, porque la Ley 4 de
1992 determinó que las prestaciones de los magistrados eran diferentes a las de los
congresistas.
6.5. El Decreto 10 de 1993 incluye expresamente la prima de navidad en el cálculo
de la prima especial, pese a tratarse de una prestación social; sin embargo, no
dispone lo mismo respecto de las cesantías. De haber sido esa la intención del
legislador así lo habría señalado de forma expresa, tal y como ocurrió con la
prestación antes mencionada.
6.6. Las cesantías no constituyen salario ni remuneración permanente, sino una
prestación social destinada a cubrir contingencias derivadas del retiro del servicio.
Lo anterior, de acuerdo con los decretos 1042 y 1045 de 1978, los cuales diferencian
entre factores salariales y prestaciones sociales, excluyendo expresamente las
cesantías de los elementos que integran el salario.
6.7. Propuso las excepciones de: i) «inexistencia de la obligación por caducidad de
la acción de nulidad y restablecimiento del derecho»; y ii) «presunción de legalidad
de los actos administrativos».
1.3. Sentencia apelada
7. En sentencia del 25 de junio de 2024 el Tribunal Administrativo de Antioquia negó
las pretensiones de la demanda y no condenó en costas. Para tal efecto se
pronunció en los siguientes términos7:
7.1. De conformidad con la sentencia del 18 de mayo de 20168 y el 02 de septiembre
de 20199, puede establecerse que para calcular «el 80%» de los ingresos que
perciben anualmente los magistrados de altas cortes, base que sirve para la
remuneración y la prima especial de servicios de otros funcionarios judiciales, debe
incluirse también las cesantías, porque estas hacen parte de lo que por todo
concepto reciben los congresistas y magistrados.
7.2. Sin embargo, «no se observa que en el caso la parte actora pretendiera la nivelación
7 Índice 39, Samai de Tribunales y Juzgados.
8 «Consejo de Estado. Sección Segunda. Sala de Conjueces. Sentencia de Unificación del 18 de
mayo de 2016. Exp. 250002325000 2010 00246 02 (0845-2015). M.P._ Dr. Jorge Iván Acuña Arrieta»
9 «Sentencia de Unificación – SUJ-016-CE-S2-2019» (sic)
6
Radicado: 05001-23-33-000-2015-01755-02 (4575-2024)
Demandante: Diana María Mora Orozco
salarial del Decreto 1251 de 2009 a partir de la reliquidación de la nivelación de los
Magistrados de Alta Corte con lo devengado por todo concepto por los Congresistas,
incluido el auxilio de cesantías, pues no se solicitó así en la demanda, dado que pues lo
que se pretende, es el pago del porcentaje que le corresponde como Juez, a partir de
lo percibido por los Magistrados de Altas Cortes» (sic).
7.3. Aun si se interpretara la demanda en tales términos, no era posible acceder a la
pretensión porque la demandante no aportó pruebas suficientes para realizar tal
comparación y demostrar una incorrecta liquidación de los ingresos de los
magistrados.
7.4. Al revisarse los ingresos percibidos entre el 2010 y el 2012 por un magistrado de
alta corte y un juez municipal, la entidad reconoció los porcentajes establecidos en
el Decreto 1251 de 2009, esto es el 70% de lo devengado por todo concepto por el
magistrado, sin que existiera diferencias para acceder al reconocimiento solicitado.
7.5. Respecto del año 2013 y siguientes, no procedía el reconocimiento, debido a
que con la creación de la bonificación judicial mediante el Decreto 383 de 2013, la
demandante recibió sumas más favorables que las previstas originalmente por
concepto de nivelación salarial, razón por la que no existió un perjuicio económico.
7.6. No era procedente la condena en costas, pues «para su imposición se hace
necesario un estudio de los fundamentos de hecho y de derecho tenidos en cuenta para la
presentación de la demanda, sin que en el caso se avizore falta de tales, ni se advierte en
la demandada conducta susceptible de reproche, pues se observa que la entidad se centró
en la defensa jurídica de la entidad» (sic).
1.4. Recurso de apelación
8. Diana María Mora Orozco presentó recurso de apelación en los siguientes
términos10:
8.1. «Las pretensiones en este asunto fueron solicitadas, en lo que tiene que ver con el
restablecimiento del derecho, los pagos dejados de percibir, como pretensión principal y
subsidiaria a las anteriores declaraciones, se pidió el restablecimiento del derecho en los
términos del Decreto 1251 de 2009 para, en su lugar, que, sobre la base del 70% de lo
que por todo concepto percibe un magistrado de Alta Corte, se ordene el pago del
34.9% como remuneración de la labor desarrollada por el demandante en su calidad
de juez» (sic).
8.2. El
Decreto 1251 de 2009 no ordenó comparar los ingresos anuales del
magistrado con los del juez, sino que utiliza los ingresos anuales del magistrado de
10 Índice 42, Samai de Tribunales y Juzgados.
7
Radicado: 05001-23-33-000-2015-01755-02 (4575-2024)
Demandante: Diana María Mora Orozco
alta corte, incluida las cesantías y demás conceptos, como parámetro de cálculo
para fijar la remuneración mensual del juez, según la categoría, mediante los
porcentajes establecidos en la norma.
8.3. Ahora, de las pruebas aportadas al expediente, el derecho de petición, la fecha
de presentación de la reclamación referida en las resoluciones demandadas, y los
certificados de sueldo le asiste el derecho reclamado, pues «el cálculo diferenciador,
establecido como parámetro para calcular LA REMUNERACION MENSUAL del funcionario
lo serán las siguientes sumas, para los ejemplos anunciados por el mismo Tribunal en
primer grado: AÑO 2010. 70% = $202.858.905,00 X 34.9% = ($70.797.757 / 12 MESES),
es decir, se sacan las doceavas, como quiera que se debe establecer es la
REMUNERACIÓN DEL FUNCIONARIO QUE ES MENSUAL, de tal manera que dicha
operación arroja como resultado $5.899.813, cifra que por supuesto no fue la cancelada al
Juez con categoría Municipal para el año 2010, si se tiene en cuenta que conforme obra en
el certificado aportado al proceso como REMUNERACION por concepto de “sueldo
mensual” y Prima Especial, percibió un valor de $4.105.560» (sic). En consecuencia,
existió una diferencia que no ha sido pagada y que es el objeto de reclamación.
8.4. En cuanto a los años 2013 y siguientes, el Decreto 383 de 2013 no derogó la
nivelación salarial prevista en el Decreto 1251 de 2009, porque regulan conceptos
diferentes, el primero, la bonificación adicional al salario y, el segundo, la nivelación
salarial entre jueces y magistrados de altas cortes; razón por la que, aunque la
bonificación incrementó sus ingresos como juez, no eliminó las diferencias salariales
reclamadas.
1.5. Pronunciamiento en segunda instancia
9. De conformidad con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el
artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de
pruebas, no hubo traslado a las partes para alegar11.
1.6. El Ministerio Público
10. El Ministerio Público no emitió concepto en esta instancia12.
2. Consideraciones
2.1. Problemas jurídicos
11. Se circunscribe a establecer ¿si Diana María Mora Orozco tiene derecho a la
nivelación salarial prevista en el Decreto 1251 de 2009, con la inclusión de los
11 Al respecto, ver auto del 30 de septiembre de 2024, visible a índice 6 de Samai.
12 Según constancia secretarial del 22 de mayo de 2024. Índice 15 de Samai.
8
Radicado: 05001-23-33-000-2015-01755-02 (4575-2024)
Demandante: Diana María Mora Orozco
ingresos por todo concepto devengados por los magistrados de altas cortes,
especialmente las cesantías, de conformidad con el material probatorio obrante en
el expediente?
2.2. Marco normativo y jurisprudencial
2.2.1. De la nivelación salarial del Decreto 1251 de 2009
12. El presidente de la República, en ejercicio de las atribuciones conferidas por la
Ley 4ª de 1992, expidió los decretos 3901 del 7 de octubre de 2008, 707 del 6 de
marzo de 2009 y 1251 del 14 de abril de 2009, mediante los cuales dictó
disposiciones en materia salarial para los empleados de la Rama Judicial y de la
Fiscalía General de la Nación.
13. Así, los artículos 1, 2 y 3 del Decreto 1251 de 200913 reglamentaron, entre otros,
la remuneración que por todo concepto percibían los jueces municipales y del
circuito y fiscales ante jueces penales de circuito especializado, del circuito,
municipales y promiscuos, en los siguientes términos:
«ARTÍCULO 1°. Para la vigencia de 2009, la remuneración que por todo concepto
perciba el Juez Penal del Circuito Especializado, el Coordinador de Juzgado Penal del
Circuito Especializado, el Fiscal Delegado ante Juez Penal de Circuito Especializado, el
Juez de Dirección o de Inspección y el Fiscal ante Juez de Dirección o de Inspección
será igual al cuarenta y siete punto siete por ciento (47.7%) del valor correspondiente al
setenta por ciento (70%) de lo que por todo concepto perciba anualmente el Magistrado
de las Altas Cortes.
A partir de 2010, y con carácter permanente, dicha remuneración será equivalente al
cuarenta y siete punto nueve por ciento (47.9%) del valor correspondiente al setenta por
ciento (70%) de lo que por todo concepto perciba anualmente el Magistrado de las Altas
Cortes.
ARTÍCULO 2°. Para la vigencia de 2009, la remuneración que por todo concepto perciba
el Juez del Circuito, el Fiscal Delegado ante Juez del Circuito, el Juez de División, o de
Fuerza Naval, o de Comando Aéreo, o de Policía Metropolitana y el Fiscal ante Juez de
División, o de Fuerza Naval, o de Comando Aéreo, o de Policía Metropolitana será igual
al cuarenta y tres por ciento (43%) del valor correspondiente al setenta por ciento (70%)
de lo que por todo concepto perciba anualmente el Magistrado de las Altas Cortes.
A partir del 2010, y con carácter permanente, dicha remuneración será equivalente al
cuarenta y tres punto dos por ciento (43.2%) del valor correspondiente al setenta por
ciento (70%) de lo que por todo concepto perciba anualmente el Magistrado de las Altas
Cortes.
13 «Por el cual se dictan disposiciones en materia salarial. El Ministro del Interior y de Justicia de la
República de Colombia, Delegatario de funciones presidenciales mediante Decreto 1225 de 2009,
en desarrollo de las normas generales señaladas en la Ley 4ª de 1992».
9
Radicado: 05001-23-33-000-2015-01755-02 (4575-2024)
Demandante: Diana María Mora Orozco
ARTÍCULO 3°. Para la vigencia de 2009, la remuneración que por todo concepto perciba
el Juez Municipal, el Fiscal Delegado ante Juez Municipal y Promiscuo, el Juez de
Brigada, o de Base Aérea, o de Grupo Aéreo, o de Escuela de Formación, o de
Departamento de Policía, el Fiscal ante Juez de Brigada, o de Base Aérea, o de Grupo
Aéreo, o de Escuela de Formación, o de Departamento de Policía y el Juez de Instrucción
Penal Militar será igual al treinta y cuatro punto siete por ciento (34.7%) del valor
correspondiente al setenta por ciento (70%) de lo que por todo concepto perciba
anualmente el Magistrado de las Altas Cortes.
A partir de 2010, y con carácter permanente, dicha remuneración será equivalente al
treinta y cuatro punto nueve por ciento (34.9%) del valor correspondiente al setenta por
ciento (70%) de lo que por todo concepto perciba anualmente el Magistrado de las Altas
Cortes» [sic].
14. En consonancia con lo anterior, los magistrados de las altas cortes tienen un
régimen salarial especial que dispone que sus ingresos totales anuales deben
coincidir con los ingresos totales anuales permanentes de los congresistas de la
República, de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Ley 4ª de 1992,
así:
«ARTÍCULO 1514. Los Magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte
Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado, el Procurador
General de la Nación, el Contralor General de la República, el Fiscal General de la
Nación, el Defensor del Pueblo y el Registrador Nacional del Estado Civil tendrán una
prima especial de servicios, sin carácter salarial, que sumada a los demás ingresos
laborales, igualen a los percibidos en su totalidad, por los miembros del Congreso, sin
que en ningún caso los supere. El Gobierno podrá fijar la misma prima para los Ministros
del Despacho, los Generales y Almirantes de la Fuerza Pública.
15. Por su parte, el Decreto 10 de 1993 reglamentó la prima especial de servicios,
así:
«ARTICULO 1o. La prima especial de servicios de que trata el artículo 15 de la Ley 4ª
de 1992, será igual a la diferencia entre los ingresos laborales totales anuales recibidos
por los miembros del Congreso y los que devenguen los funcionarios que tienen derecho
a ella.
ARTICULO 2o. Para establecer la prima especial de servicios prevista en el presente
Decreto, se entiende que los ingresos laborales totales anuales percibidos por los
Miembros del Congreso son los de carácter permanente, incluyendo la prima de Navidad
[…]» [sic].
16. De acuerdo con lo transcrito, la prima especial de servicios devengada por los
magistrados de altas cortes debe corresponder al rubro que sumado a los demás
ingresos laborales iguale lo percibido en su totalidad por los miembros del Congreso
de la República, sin que en ningún evento lo supere; por ello se deben tener en
cuenta los ingresos laborales totales anuales percibidos por los congresistas.
14Aparte tachado 'sin carácter salarial' declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional
mediante Sentencia C-681-03 de 6 de agosto de 2003, Conjuez Ponente Dra. Ligia Galvis Ortiz.
10
Radicado: 05001-23-33-000-2015-01755-02 (4575-2024)
Demandante: Diana María Mora Orozco
17. De la norma citada se observa que la remuneración de los jueces del circuito y
municipales, así como de los fiscales delegados ante dichos jueces, depende
directamente de lo percibido por un magistrado de alta corte que, a su vez, obedece
a los ingresos anuales de los miembros del Congreso.
18. Ahora bien, el Decreto 1251 de 2009 establece que ciertos servidores públicos
recibirán su remuneración de acuerdo con el porcentaje que por todo concepto
perciba anualmente un magistrado de alta corte; por ello, es necesario establecer
cuáles son los conceptos devengados por estos. Sobre el particular, la Sala de
conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sentencia del 4 de
mayo de 200915, señaló lo siguiente:
«Al referirse, tanto la Ley 4ª de 1992 como el Decreto 10 de 1993 a ingresos laborales
totales anuales, dicha expresión engloba todo aquello que en el año percibe en ejercicio
de la relación laboral el congresista como tal, sin tener en cuenta si dicha partida es
factor de salario o por el contrario corresponde a una prestación social.
En consecuencia, no le es dable al juzgador, distinguir donde la Ley no lo hace, siendo
claro que dentro de tal concepto deben incluirse tanto los salarios como las prestaciones
sociales
[…]
Ahora bien, los servidores indicados en el Decreto 10 de 1993, entre ellos los
Magistrados de las Altas Cortes, tienen derecho a una “prima especial de servicios”, que
sumada a los demás ingresos laborales, igualen a los percibidos en su totalidad por los
miembros del Congreso.
Surge esencial, en consecuencia, aclarar que tratándose de la prima especial de
servicios, regulada en el Decreto 10 de 1993 que desarrolló el artículo 15 de la Ley 4ª
de 1992, fue el mismo Legislador quien al expedir las disposiciones contenidas en
la Ley 4ª de 1992 equiparó los derechos salariales de los Magistrados de Alta corte
con los de los Congresistas, cosa que hizo en el artículo 15 de la Ley 4ª de 1992,
resultando entonces, que los ingresos laborales totales anuales de los Magistrados
deben ser iguales a los ingresos laborales totales anuales de los Congresistas, por
cuanto la Ley los ubicó en una misma situación de hecho, siendo necesario aclarar en
este punto, lo siguiente:
[…]
Se concluye en consecuencia que la suma recibida por los congresistas por
concepto de ingresos laborales totales anuales, debe ser la misma que la recibida
por los magistrados de las Altas Cortes y que éstos últimos, que es situación
diferente, tienen entre sí, iguales remuneración, prestaciones sociales y derechos
laborales» [sic]. [Se resalta].
19. De otro lado, en sentencia del 18 de mayo de 2016 proferida por la Sala de
conjueces de esta corporación16 se determinó que para la liquidación de la prima
15 Proceso 250002325000200405209 02 (0552-07) M.P. Luis Fernando Velandia Rodríguez.
16 Consejo de Estado, Sala de Conjueces, Sección Segunda, sentencia del 18 de mayo de 2016,
radicado 250002325000201000246-02 (0845).
11
Radicado: 05001-23-33-000-2015-01755-02 (4575-2024)
Demandante: Diana María Mora Orozco
especial de servicios y de la bonificación por compensación debe considerarse el
auxilio a las cesantías, así:
«Las cesantías percibidas por los miembros del Congreso de la República han sido
consideradas ingresos laborales anuales permanentes por la jurisprudencia del Consejo
de Estado en ocasiones anteriores, lo que tiene plena razón de ser pues se trata de una
erogación que realiza el empleador anualmente a favor de su trabajador y que se causa
por cada día de trabajo del empleado.
De allí que esta corporación haya concluido que el auxilio de cesantías debe ser tenido
en cuenta para realizar la liquidación de la prima especial de servicios de los funcionarios
mencionados en el artículo 15 de la Ley 4ª de 1992, quienes tienen derecho a percibir
una suma equivalente a lo que por todo concepto devengan los congresistas.
[…]
En este sentido, y teniendo en cuenta que la prima especial de servicios no solo es un
ingreso laboral sino que también cuenta con un carácter salarial limitado en atención a
lo decidido por la Corte Constitucional en la sentencia C-681 del 6 de agosto de 2003,
habría que señalarse que no existen razones para que se haga abstracción de la misma,
o de cualquiera de los factores que se tienen en cuenta para su liquidación, al momento
de fijar el monto a cancelar por concepto de bonificación por compensación a favor de
los servidores mencionados en el artículo 2º del Decreto 610 de 1998. Habiendo
señalado que el auxilio de cesantías es un ingreso laboral percibido de manera
permanente por los jueces de mayor jerarquía de todas las jurisdicciones, es evidente
que resultaría violatorio del principio de igualdad que surge del artículo 13 de la
Constitución Política de Colombia el señalar que esta prestación social carece de tal
naturaleza únicamente con el propósito de disminuir la base de liquidación de la
bonificación por compensación de la que son acreedores los funcionarios mencionados
en el artículo 2º del Decreto 610 de 1998.
En consecuencia, se concluye que únicamente teniendo en cuenta los pagos que el
Estado debe realizar a los Congresistas por concepto de cesantías puede calcularse la
diferencia total entre lo que ellos perciben y la asignación de los Magistrados de las Altas
Cortes para, así, determinar el valor de la prima especial de servicio a la que tienen
derecho estos últimos» [sic].
20. Por lo anterior, el auxilio de cesantías debe tenerse en cuenta al momento de
efectuar la liquidación de la prima especial de servicios de los servidores
mencionados en la Ley 4ª de 1992, beneficio que a su vez incide en el porcentaje
que establecieron los artículos 1, 2 y 3 del Decreto 1251 de 2009 para los jueces
del circuito, municipales y fiscales delegados ante estos funcionarios.
21. Sobre el particular, la Sala de conjueces de esta corporación17 se ha pronunciado
respecto de la nivelación salarial establecida en el Decreto 1251 de 2009, en los
siguientes términos:
«[E]s patente que el monto de base o de referencia para el cálculo de los salarios y
beneficios salariales de los funcionarios de la Rama Judicial reglados por el Decreto
17 Consejo de Estado, Sala de Conjueces, Sección Segunda, sentencia del 3 de diciembre de 2024,
proceso 25000-23-42-000-2015-00244-02 (6490-2019) CP Héctor Santaella Quintero.
12
Radicado: 05001-23-33-000-2015-01755-02 (4575-2024)
Demandante: Diana María Mora Orozco
1251 de 2009 impone tener en cuenta los pagos que el Estado debe realizar a los
Congresistas por concepto de cesantías, fruto de ser ello imperioso para los beneficiarios
de la prima del artículo 15 de la Ley 4 de 1992» [sic].
22. En conclusión, el Decreto 1251 del 14 de abril de 2009 estableció un monto al
que deben ascender los ingresos que por todo concepto deben recibir los jueces del
circuito y municipales y los fiscales delegados ante estos funcionarios, que en virtud
del principio de progresividad laboral no pueden ser desconocidos.
2.3. Caso concreto
2.3.1. Hechos probados
23. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:
23.1. Diana María Mora Orozco se vinculó a la Rama Judicial el 18 de septiembre de
1998 y ha desempeñado, entre otros cargos18, el de juez en los siguientes periodos:
Cargo Despacho Fecha de inicio Fecha final
Juez circuito Juzgado 03 civil del 30 de agosto de 2001 31 de agosto de 2001
circuito de Medellín
Juez municipal Juzgad 06 civil 11 de octubre de 31 de julio de 2013
municipal adjunto de 2011
Medellín
Juez municipal Juzgado 02 civil 5 de febrero de 2014 3 de noviembre de
municipal 2015
descongestión de
Medellín
Juez municipal Juzgado 02 civil 4 de noviembre de 31 de diciembre de
municipal 2015 2015
descongestión de
Medellín
Juez circuito Juzgado 01 civil del 24 de enero de 2017 22 de marzo de 2017
circuito Envigado
Juez municipal Juzgado 025 civil 25 de abril de 2017 25 de mayo de 2017
municipal de Medellín
Juez municipal Juzgado 025 civil 26 de mayo de 2017 23 de septiembre de
municipal de Medellín 2018
23.2. «El 25 de julio de 2012 y subsanando el requisito de debida representación el 6 de
septiembre de ese año», solicitó a la DESAJ la reliquidación de los salarios percibidos
conforme con el Decreto 1251 de 2009, esto es con el porcentaje correspondiente,
34.9% como juez municipal y 43.2% como juez de circuito, sobre el 70% de los que
por todo concepto percibió anualmente un magistrado de alta corte, para los años
18 A la fecha de expedición del certificado, el 30 de abril de 2019, se encontraba vinculada en
propiedad en el cargo de oficial mayor del circuito.
13
Radicado: 05001-23-33-000-2015-01755-02 (4575-2024)
Demandante: Diana María Mora Orozco
2010, 2011 y 2012, y «se extiendan dichos montos a la reliquidación de todas las
prestaciones sociales legales y extralegales» (sic). Asimismo, se solicitaron los
certificados de lo percibido anualmente por todo concepto por un magistrado de alta
corte desde el año 2011, de lo recibido mensual y anualmente por los jueces de
categoría municipal, de circuito y especializado, y de lo percibido por ella 19.
23.3. La DESAJ emitió la Resolución DESAJMR13-3463 del 17 de enero de 2013,
mediante la cual negó lo pretendido por la demandante con fundamento en que le
había reconocido la diferencia a que tenía derecho de conformidad con lo previsto
en el Decreto 1251 de 2009, en los siguientes términos:
«
Magistrado de alta corte
Concepto Valor Mensual Valor Anual
Asignación básica mensual 3.046.191 36.554.292
Prima especial de servicios 14.509.563 174.114.756
Gastos de representación 5.415.452 64.985.424
Bonificación por servicios
Prima de servicios
Prima de vacaciones
Prima de navidad 8.461.643
Total ingresos laborales magistrados de alta 284.116.115
corte
70% remuneración magistrado 198.881.281
Juez municipal
Concepto Valor Mensual Valor Anual
Asignación básica mensual 3.081.095 36.973.140
Prima especial de servicios 924.329 11.091.948
Gastos de representación 6.592.775 13.185.550
Bonificación por servicios 1.078.383
Prima de servicios 1.585.480
Prima de vacaciones 1.651.542
Prima de navidad 3.440.712
cesantías
Total ingresos laborales magistrados de alta 69.006.755
corte
70% remuneración magistrado 69.011.804
(198.881.281*34.7%)
Si tomamos esta diferencia y la dividimos en 360 días, la multiplicamos por 210 días es
igual a $2.945 por concepto de retroactivo pagado en agosto de 2009 bajo el concepto
"001240 Diferencia servicios personales autorizados por ley".
Si tomamos esta diferencia y la dividimos por 360 días, la multiplicamos por 30 días es
igual a $421 valor que se le siguió cancelando mensualmente a partir de agosto de 2009,
en su nómina bajo el concepto "001112 Servicios personales autorizados por ley".
Con relación al pago de cesantías es dable anotar, que a las mismas le fueron abonadas
las sumas devengadas de acuerdo con lo estipulado en el Decreto 1251 de 2009, según
Resolución de fecha 4 de enero de 2010, en donde no se discrimina el concepto, pero si
se refleja al momento de efectuar la suma correspondiente.
19 Según se refiere en la Resolución DESAJMR13-3463 del 17 de enero de 2013.
14
Radicado: 05001-23-33-000-2015-01755-02 (4575-2024)
Demandante: Diana María Mora Orozco
Para el Juez Municipal, reconocido y acreditado en la Resolución de cesantías
correspondiente al año 2009 por valor de $421.
Por lo tanto, no se adeuda valor alguno y los pagos fueron realizados correctamente»
(sic)20.
23.4. El 23 de enero de 201321, la demandante presentó recurso de apelación con
fundamento en que se calculó incorrectamente la base de referencia al excluir varios
de los conceptos que hacían parte de todos los ingresos que percibían los
magistrados, tales como primas, bonificaciones, cesantías y sus intereses; razón
por la que durante los años 2010 a 2012 se le reconoció una remuneración inferior
a la que tenía derecho.
23.5. La DEAJ resolvió el recurso de apelación a través de la Resolución 3536 del 22
de mayo de 2013, en el sentido de confirmar la decisión inicial. Lo anterior con
fundamento en que «los Magistrados de las Altas Cortes, que se acogieron al régimen
salarial optativo que fijó el Gobierno Nacional mediante Decreto 903 de 1992 y a quienes
se posesionaron en el aludido cargo después de la entrada en vigencia de éste decreto,
tienen derecho a devengar mensualmente una asignación básica, unos gastos de
representación y una prima especial de servicios (Art 15 Ley 4 de 1992 y Decreto 10 de
1993); ahora bien, en cuanto se refiere a las prestaciones sociales únicamente tendrán
derecho a devengar la prima de navidad, las cesantías» (sic)
23.5.1. Además, el régimen salarial de los magistrados de altas cortes distingue
claramente entre salario y prestaciones sociales. Aunque el Decreto 10 de 1993
incluyó expresamente la prima de navidad para calcular la prima especial de
servicio, no fue así con las cesantías, las cuales conservan su naturaleza
prestacional. Por ello, la expresión remuneración por todo concepto dispuesta en el
Decreto 1251 de 2009 debe entenderse a los ingresos anuales y no a las
prestaciones sociales. Asimismo, la norma no estableció que los jueces debieran
recibir mensualmente los porcentajes previstos en la norma de forma equivalente a
los ingresos anuales de los magistrados de altas cortes22.
23.6. El director administrativo de la división de asuntos laborales de la DEAJ certificó
los ingresos mensuales y anuales de los magistrados de altas cortes de los años
2010 a 2012, teniendo en cuenta «las sentencias proferidas por la Jurisdicción
Contencioso Administrativa, las certificaciones que anualmente expide el pagador del
Senado de la República y el formato de la liquidación de las cesantías expedido por el Jefe
de la División de Prestaciones Económicas del Fondo de Previsión Social del Congreso de
la República; el régimen salarial especial que poseen los Magistrados de las Altas Cortes
contemplado en el Artículo 187 de la Constitución Nacional, la Ley 4 de 1992, el Decreto 10
20 Folios 17 al 19
21 De acuerdo con la Resolución DESJMR13-3511, por medio de la cual se concedió el recurso
interpuesto.
22 Folios 25 a 31.
15
Radicado: 05001-23-33-000-2015-01755-02 (4575-2024)
Demandante: Diana María Mora Orozco
de 1993 y las disposiciones contenidas en la Ley 644 de 2001; los Decretos Salariales que
expide el Gobierno Nacional, los ingresos mensuales y anuales incluidas las cesantías»
(sic)23; y sin la inclusión de las cesantías de los años 2008 a 201224
23.7. La directora administrativa de la División de Tesorería de la DESAJ de Medellín
(Antioquia) hizo constar lo devengado por Diana María Mora Orozco desde el 1° de
enero de 2011 hasta el 30 de noviembre de 201225.
23.8. Se aportaron el listado de conceptos por empleado del 17 de diciembre de 2012
y el reporte de nómina de igual fecha por el periodo del 1º de junio de 2011 al 30 de
noviembre de 201226; lo devengado según el régimen de acogidos desde el 1ª de
enero de 2000 hasta el 31 de diciembre de 201027.
2.4. Análisis sustancial
24. A efectos de abordar el problema jurídico planteado, se advierte que el Tribunal
Administrativo de Antioquia negó las pretensiones de la demanda al considerar que
la actora no pretendía la nivelación salarial del Decreto 1251 de 2009 a partir de la
reliquidación de la nivelación de los magistrados de altas cortes con lo devengado
por todo concepto por los congresistas, incluido el auxilio de cesantías, porque tal
pretensión no fue planteada expresamente en la demanda. Agregó que, aun
interpretándola en ese sentido, no existían pruebas para demostrar la incorrecta
liquidación de los ingresos de los magistrados de altas cortes en relación con los de
los congresistas.
25. Por lo que hizo una comparación de los porcentajes ordenados en el decreto y
los aplicados a la demandante, y encontró que entre el año 2010 y el 2012 se
efectuaron adecuadamente y que, desde el 2013, la bonificación judicial creada por
el Decreto 383 de igual año otorgó a la demandante un beneficio económico
superior al ordenado en el Decreto 1251 de 2009, por lo que no procedían las
súplicas de la demanda.
26. Diana María Mora Orozco apeló la sentencia de primera instancia y sostuvo que
el Decreto 1251 de 2009 utilizó los ingresos anuales de los magistrados de altas
cortes, incluidas las cesantías y demás conceptos, como parámetro para calcular la
remuneración mensual de los jueces, mediante los porcentajes fijados en la norma
y que, del adecuado cálculo recibió una suma inferior a la que le correspondía.
23 Folio 49.
24 Folio 50.
25 Folios 32 a 34.
26 Folios 35 a 39.
27 Folios del 53 al 56.
16
Radicado: 05001-23-33-000-2015-01755-02 (4575-2024)
Demandante: Diana María Mora Orozco
Asimismo, señaló que la bonificación judicial creada por el Decreto 383 de 2013 no
sustituyó la nivelación salarial, por tratarse de conceptos distintos.
27. Pues bien, de conformidad con el material probatorio aportado al proceso se
acreditó que la demandante había desempeñado los cargos de juez municipal y de
circuito en varios periodos28. En atención a la fecha de ingreso a la Rama Judicial,
que ocurrió el 18 de septiembre de 1998, le es aplicable el régimen salarial previsto
en el Decreto 57 de 199329 que fue expedido por el gobierno nacional en desarrollo
de la Ley 4ª de 1992.
28. De acuerdo con la citada ley también se expidió el Decreto 1251 de 2009 en
cuyos artículos 2 y 3 se estableció que, para la vigencia del año 2009, para los
funcionarios allí señalados, entre los que se encuentran los jueces del circuito y
municipal, les asiste el derecho a recibir una remuneración del 43% y 34.7% del
valor del 70% respectivamente, que por todo concepto recibiera un magistrado de
alta corte; porcentaje que se incrementó al 43.2% y 34.9%, según el cargo, desde
el 2010 y en adelante.
29. En ese orden de ideas, queda claro que Diana María Mora Orozco se encuentra
en los supuestos de la norma en cita, al acreditarse que ha desempeñado el cargo
de juez municipal y de circuito interrumpidamente. Por lo anterior, la demandada se
encontraba en la obligación de pagar, teniendo en cuenta los cargos que
desempeñó la parte actora por todo concepto laboral y prestacional, los valores
equivalentes que fueron señalados en el Decreto 1251 de 2009, para los años 2009
y siguientes.
30. Conforme con lo expuesto, la remuneración de un juez municipal y de circuito,
cargos que ocupó la parte demandante, dependía directamente de lo percibido por
un magistrado de alta corte, que incluye la debida liquidación de la prima especial
de servicios, que a su vez debe considerar, entre otras prestaciones, las cesantías
percibidas por los congresistas.
31. Ahora bien, en cuanto a la forma en que se liquidó el salario de la demandante,
durante el periodo en el que se desempeñó en el cargo de juez, se destaca que la
entidad demandada en el trámite administrativo [resoluciones DESAJMR13-3463
del 17 de enero de 2013 y 3536 del 22 de mayo de 2013] y judicial [contestación de
la demanda], no acreditó que en ese cálculo se tuvieran en cuenta las cesantías de
los magistrados de altas cortes y, por ende, mucho menos las diferencias que
pueden existir entre las cesantías percibidas por los magistrados de alta corte y los
28 Sin que obre prueba que indique que esta desvinculado de la entidad.
29 «Por el cual se dictan normas sobre el régimen salarial y prestacional para los servidores públicos
de la rama judicial y de la justicia penal militar y se dictan otras disposiciones»
17
Radicado: 05001-23-33-000-2015-01755-02 (4575-2024)
Demandante: Diana María Mora Orozco
congresistas, a propósito del monto de la prima especial de servicios de los
primeros, en la medida en que la entidad argumentó que las cesantías constituían
una prestación social y no se recibían de manera periódica y habitual como
contraprestación de la labor desempeñada por el trabajador, y además, ni la Ley 4ª
de 1992 ni el Decreto 10 de 1993 autorizaron su inclusión, a diferencia de lo que sí
ocurrió con la prima de navidad, por lo que no tenía la competencia para definir el
régimen salarial de estos altos funcionarios y equiparar las cesantías de los
congresistas con las de los magistrados.
30
32. En efecto, la Resolución 3536 del 22 de mayo de 2013 , indicó que en los
siguientes términos se realizó la liquidación salarial para los años 2010 a 2012:
Ingresos anuales magistrados alta corte 2010
Asignación básica mensual 37.285.392
Gastos de representación 66.285.120
Prima especial de servicios 177.597.048
Prima de navidad 8.630.876
Total anual 289.798.436
70% remuneración magistrado 202.858.905
34.9% del 70% del total de ingresos 70.797.757
Ingresos juez municipal año 2010
Decreto 1388 de 2010
Factores Mensual Anual
Asignación básica mensual 3.158.123 37.897.476
Prima especial 947.437 11.369.244
Sub- total mensual 4.105.560
Bonificación de actividad judicial 6.724.631
Bonificación por servicios 1.105.343
Prima de servicios 1.625.177
Prima de vacaciones 1692.831
Prima de navidad 3.526.731
Total ingresos anuales juez municipal sin otros 70.666.004
servicios personales autorizados por la ley
34.9% del 70% ingresos magistrado alta corte 70.797.757
Diferencia anual entre ingresos juez municipal y el 131.754
34.9% del 70% ingresos anual del magistrado de
alta corte – valor anual otros servicios personales
autorizados por la ley
Diferencia mensual 10.979
Ingresos anuales magistrados alta corte 2011
Asignación básica mensual 38.467.344
Gastos de representación 68.386.356
Prima especial de servicios 183.226.860
30 Folio 30.
18
Radicado: 05001-23-33-000-2015-01755-02 (4575-2024)
Demandante: Diana María Mora Orozco
Prima de navidad 8.904.475
Total anual 298.985.035
70% remuneración magistrado 209.289.525
34.9% del 70% del total de ingresos 73.042.044
Ingresos juez municipal año 2011
Decreto 1039 de 2011
Factores Mensual Anual
Asignación básica mensual 3.258.236 39.098.832
Prima especial 997.471 11.729.652
Sub- total mensual 4.255.707
Bonificación de actividad judicial 13.875.604
Bonificación por servicios 1.140.383
Prima de servicios 1.676.634
Prima de vacaciones 1.746.494
Prima de navidad 3.638.529
Total ingresos anuales juez municipal sin otros 72.906.128
servicios personales autorizados por la ley
34.9% del 70% ingresos magistrado alta corte 73.042.044
Diferencia anual entre ingresos juez municipal y el 135.916
34.9% del 70% ingresos anual del magistrado de
alta corte – valor anual otros servicios personales
autorizados por la ley
Diferencia mensual 11.326
Ingresos anuales magistrados alta corte 2012
Asignación básica mensual 40.390.716
Gastos de representación 71.805.672
Prima especial de servicios 192.388.200
Prima de navidad 9.349.699
Total anual 131.934.287
70% remuneración magistrado 219.754.001
34.9% del 70% del total de ingresos 76.694.146
Ingresos juez municipal año 2012
Decreto 874 de 2012
Factores Mensual Anual
Asignación básica mensual 3.421.148 41.053.776
Prima especial 1.026.345 12.316.140
Sub- total mensual 4.447.493
Bonificación de actividad judicial 14.569.386
Bonificación por servicios 1.197.402
Prima de servicios 1.760.466
Prima de vacaciones 1.833.819
Prima de navidad 3.820.455
Total ingresos anuales juez municipal sin otros 76.551.444
servicios personales autorizados por la ley
34.9% del 70% ingresos magistrado alta corte 76.694.146
19
Radicado: 05001-23-33-000-2015-01755-02 (4575-2024)
Demandante: Diana María Mora Orozco
Diferencia anual entre ingresos juez municipal y el 142.702
34.9% del 70% ingresos anual del magistrado de
alta corte – valor anual otros servicios personales
autorizados por la ley
Diferencia mensual 11.892
33. De conformidad con lo expuesto, se advierte que en las resoluciones
DESAJMR13-3463 del 17 de enero de 2013 y 3536 del 22 de mayo de 2013 no se
hizo referencia a la inclusión del auxilio de cesantías dentro de los ingresos
laborales anuales de los magistrados de altas cortes y menos de los totales anuales
de los congresistas para efectos de la liquidación de la prima especial de estos
últimos, con la finalidad de equipararlos, circunstancia que, a su vez, incidía en la
remuneración de la demandante.
34. Aunque no obra en el expediente una certificación en la que se hiciera constar
los emolumentos devengados por un congresista entre los años reclamados, esto
es del 2010 al 2012 y del 2013 en adelante, lo cierto es que, como se transcribió,
en la Resolución 3536 del 22 de mayo de 2013 al relacionar los ingresos anuales
de los magistrados de altas cortes para las vigencias 2010 al 2012, tampoco se
incluyó esa prestación.
35. Lo anterior se corrobora con la certificación expedida por la directora
administrativa de la División de Asuntos Laborales de la DEAJ, en la que se
relacionaron los ingresos mensuales y anuales de los magistrados de altas cortes
para los años 2010 a 2012, teniendo en cuenta «las sentencias proferidas por la
Jurisdicción Contencioso Administrativa, las certificaciones que anualmente expide el
pagador del Senado de la República y el formato de la liquidación de las cesantías expedido
por el Jefe de la División de Prestaciones Económicas del Fondo de Previsión Social del
Congreso de la República; el régimen salarial especial que poseen los Magistrados de las
Altas Corte contemplado en el Artículo 187 de la Constitución Nacional, la Ley 4 de 1992,
el Decreto 10 de 1993 y las disposiciones contenidas en la Ley 644 de 2001; los Decretos
Salariales que expide el Gobierno Nacional, los ingresos mensuales y anuales incluidas las
cesantías»31. Así, por ejemplo, para el año 2010 se constató que estos funcionarios
percibieron:
Magistrados de alta corporación 2010
Mensual Anual
Asignación básica 3.107.116 Asignación básica 337.285.392
mensual mensual
Gastos de 5.523.760 Gastos de 66.285.120
representación representación
Prima especial de 14.799.754 Prima especial 177.597.048
31 Constancia DEAJRH12-8905del 18 de octubre de 2012 expedida por la directora administrativa
de la División de asuntos laborales de la DEAJ.
20
Radicado: 05001-23-33-000-2015-01755-02 (4575-2024)
Demandante: Diana María Mora Orozco
servicios
Total mensual 23.430.630 Total ingresos 289.798.43632
anuales
Cesantías 9.350.116
Intereses cesantías 1.122.014
(12% anual)
Total anual incluidas 300.270.566
cesantías
36. No obstante, para dar cumplimiento al Decreto 1251 de 2009 y aplicar el 34.9%
del 70% de los ingresos anuales de un magistrado de alta corte a efectos de
determinar la remuneración que por todo concepto debía percibir la demandante en
su calidad de juez municipal en el año 2010 es preciso señalar que el ingreso de los
magistrados de las altas cortes debe comprender los conceptos de asignación
básica mensual, gastos de representación, prima especial, prima de navidad y las
cesantías. Cabe precisar que, aunque la prima de navidad no se relacionó en el
certificado anteriormente referido, sí se encuentra incluida en la suma de
$289.798.436 correspondientes a los ingresos anuales de magistrados de alta corte,
a la cual deben adicionarse las cesantías, para un total de $299.148.55233.
37. En tal sentido, es claro que para la fijación de la remuneración de la demandante
no se tuvo en consideración lo devengado por los magistrados de altas cortes por
concepto de cesantías, tal como ha considerado esta corporación en otras
oportunidades. La posición del Consejo de Estado sobre el particular es la
siguiente34:
«Conforme a lo anterior, para la Sala no hay duda que existe diferencia entre lo percibido
por la parte actora y lo que debió percibir si el ingreso de los magistrados de Altas Cortes
se hubiere liquidado correctamente, esto es, teniendo en cuenta las cesantías como
ingresos laborales anuales permanentes para efectos de liquidar la prima especial de
servicios.
En consecuencia, el demandante FREDY ALFONSO JAIMES PLATA tiene derecho al
reconocimiento, reliquidación y pago de sus ingresos mensuales totales, incluido el
auxilio de las cesantías, es decir, para el año 2009 el 43% como juez de circuito y para
los años 2010 y siguientes el 43.2% del valor correspondiente al 70% de lo que por todo
concepto percibe anualmente un magistrado de Alta Corte. Y por todo concepto hay que
entender también el auxilio de las cesantías, el cual hace parte de la liquidación de la
prima especial de servicios» [sic].
38. De acuerdo con lo transcrito, el auxilio de cesantías de los magistrados de altas
32 Aunque la certificación no relacionó la prima de navidad de acuerdo con la suma de los ingresos
anuales de magistrados alta corte para el año 2010, este valor la contiene.
33 Sin la inclusión de los intereses a las cesantías.
34 Consejo de Estado, Sala de Conjueces, Sección Segunda, sentencia del 6 de agosto de 2024,
proceso 15001 23 33 000 2014 00485 02 (4670-2019) C.P. Clara Elisa Cifuentes Ortiz.
21
Radicado: 05001-23-33-000-2015-01755-02 (4575-2024)
Demandante: Diana María Mora Orozco
cortes debe incluirse en la base sobre la cual se calcula la remuneración de los
jueces, al paso que la no inclusión de dicho haber implica una base de liquidación
inferior, circunstancia que afecta de manera directa y negativa el monto salarial de
la demandante.
39. En virtud de lo señalado, la demandante tenía derecho al reconocimiento y pago
de las diferencias salariales y prestacionales surgidas entre lo que le fue pagado y
lo que en realidad debió pagarse de acuerdo con el 43.2% y 34.9%, según los
periodos en los que se desempeñó como juez del circuito y municipal, del 70% de
lo que por todo concepto devengaba un magistrado de alta corte, con inclusión del
auxilio de cesantías, para los años 2010, 2011 y 2012.
40. Así pues, contrario a lo afirmado por el tribunal, en el expediente sí obran
elementos probatorios que permitían advertir que, para efectos de la nivelación
salarial prevista en el Decreto 1251 de 2009, la entidad demandada no incluyó
dentro de los ingresos que por todo concepto devengaron los magistrados de altas
cortes el auxilio de cesantías. En efecto, de los certificados salariales y de los actos
administrativos demandados se evidencia que, al determinar la base para calcular
el porcentaje correspondiente al cargo de juez municipal y de circuito,
desempeñados por la demandante, se excluyeron las cesantías, pese a que estas
hacían parte de los ingresos anuales percibidos por los magistrados de altas cortes.
41. No obstante, el reconocimiento económico pretendido no opera de forma
automática, pues le corresponderá a la entidad demandada determinar, a partir de
la inclusión de las cesantías y de la aplicación de los porcentajes previstos en el
Decreto 1251 de 2009, la remuneración mensual del juez, según la categoría, en
los periodos en los que desempeñó el cargo entre los años 2010 y 2012. Asimismo,
el reconocimiento de las anteriores diferencias debe sujetarse a los topes fijados
por el gobierno nacional, que no deben ser superados bajo ninguna circunstancia.
42. Además, la Sala advierte, por un lado, que en atención al reconocimiento de la
diferencia salarial resulta procedente efectuar los aportes de ley para seguridad
social en pensiones; por otro, que las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social
en Pensiones son irrenunciables35 e imprescriptibles36.
35 Constitución Política, artículo 48. «En armonía con lo anterior, el artículo 53 constitucional, al
señalar los principios mínimos fundamentales del estatuto del trabajo, prevé la «irrenunciabilidad a
los beneficios mínimos establecidos en normas laborales».
36 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 25 de
agosto de 2016, rad. núm. 23001-23-33-000-2013-00260-01(0088-15) CE-SUJ2-005-16. «[L]a Sala
aclara que la prescripción extintiva no es dable aplicar frente a los aportes para pensión, en atención
a la condición periódica del derecho pensional, que los hace imprescriptibles, pues aquellos se
causan día a día y en tal sentido se pueden solicitar en cualquier época, mientras que las
prestaciones sociales y salariales, al ser pagadas por una sola vez, sí son susceptibles del
mencionado fenómeno, por tener el carácter de emolumentos económicos temporales».
22
Radicado: 05001-23-33-000-2015-01755-02 (4575-2024)
Demandante: Diana María Mora Orozco
43. Por tal razón, la DEAJ deberá pagar los aportes deficitarios a pensión durante
todo el periodo en que haya realizado las cotizaciones en una suma inferior a la que
en derecho corresponde y verificar que no haya pagado la demandante cifra alguna
por las mismas circunstancias aquí ordenadas.
44. Ahora bien, el tribunal indicó que desde el año 2013, la bonificación judicial
creada por el Decreto 383 de igual año otorgó a la demandante un beneficio
económico superior al ordenado en el Decreto 1251 de 2009, por lo que tampoco
procedían las súplicas de la demanda, en lo relativo a que se reconociera la
nivelación salarial de ese año «y siguientes durante el tiempo que efectivamente ocupe
el cargo o similar» (sic).
45. Por su parte, la demandante sostuvo que la bonificación judicial creada por el
Decreto 383 de 2013 no sustituyó la nivelación salarial, por tratarse de conceptos
distintos.
46. Sin embargo, esta Sala encuentra que en el expediente no obran pruebas
suficientes que permitan establecer cuál fue la remuneración percibida por la
demandante para los años 2013 y siguientes, circunstancia que impide realizar el
estudio comparativo necesario para determinar si, con ocasión de la bonificación
judicial creada por el Decreto 383 de 2013 y demás conceptos salariales
reconocidos percibió una remuneración superior a la que le resultaba de la
aplicación del porcentaje del Decreto 1251 de 2009 o no. Por ello, ante la ausencia
de pruebas sobre los objetos de comparación, no es viable efectuar el análisis
cuantitativo para concluir si existieron o no diferencias salariales a favor de la
demandante en las anualidades del 2013 en adelante.
47. Con todo, vale la pena destacar que la presente controversia se circunscribe a la
nivelación salarial de que trata el Decreto 1251 de 2009, más no al debido o no
reconocimiento de otras acreencias que permitieron que la demandante percibiera
en las anualidades 2009, o desde el año 2013 en adelante, sumas que exceden los
porcentajes previstos en el decreto antes señalado37.
48. Finalmente, debido a que a la nivelación pretendida solo es procedente durante
los años 2010, 2011 y 2012, tampoco hay lugar a declarar la configuración de la
prescripción, comoquiera que la petición respectiva se presentó « el 25 de julio de
2012 y subsanando el requisito de debida representación el 6 de septiembre de ese año»,
por lo que entre el momento en el que surgió el derecho a reclamar la nivelación y
37 En iguales términos se pronunció esta Sala en la sentencia del 16 de abril de 2026, radicado:
25000-23-42-000-2013-04137-02 (1238-2021), C.P. Elizabeth Becerra Cornejo.
23
Radicado: 05001-23-33-000-2015-01755-02 (4575-2024)
Demandante: Diana María Mora Orozco
la presentación de la solicitud no transcurrieron más de 3 de años; además, la
demanda se presentó el 6 de noviembre de 2013.
49. Con fundamento en lo anterior, se revocará la sentencia proferida el 25 de junio
de 2024 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante la cual se negaron las
pretensiones de la demanda, para, en su lugar, acceder a ella en los términos
expuestos en precedencia.
2.5. Costas
50. El artículo 188 del CPACA prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo
contencioso-administrativo y dispone lo siguiente:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un
interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento
Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento
legal».
51. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.
52. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma38.
53. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.
38En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).
24
Radicado: 05001-23-33-000-2015-01755-02 (4575-2024)
Demandante: Diana María Mora Orozco
54. En el caso concreto, como no se evidenció actuación temeraria o mala fe, ni se
advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso del trámite procesal la
Sala se abstendrá de condenar en costas.
3. Conclusión
55. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que sí existían elementos
probatorios en el expediente que permitieron advertir que, para efectos de la
nivelación salarial previstas en el Decreto 1251 de 2009, la entidad demandada no
incluyó dentro de los ingresos por todo concepto devengado por los magistrados de
altas cortes el auxilio de cesantías.
56. Y que, como consecuencia, la parte actora tenía derecho al reconocimiento y
pago de las diferencias salariales y prestacionales, que deben liquidarse de acuerdo
con los artículos 2 y 3 del Decreto 1251 de 2009, con el 43.2% y 34.9%, según los
periodos en los que se desempeñó como juez del circuito y municipal, del 70% de
lo que por todo concepto devengaba un magistrado de alta corte, con inclusión del
auxilio de cesantías, para los años 2010, 2011 y 2012.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. Revocar la sentencia proferida el 25 de junio de 2024 por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, mediante la cual se negaron las pretensiones de la
demanda, para, en su lugar:
Segundo. Declarar la nulidad de las resoluciones DESAJMR13-3463 del 17 de
enero de 2013 y 3536 del 22 de mayo de 2013 expedidas por la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Medellín (Antioquia), por los cuales se negó
la reliquidación del salario y las prestaciones sociales devengadas por Diana María
Mora Orozco, en su desempeño como juez municipal y del circuito, en los periodos
en los que ocupó tales empleos y que transcurrieron entre los años 2010 a 2012.
Tercero. A título de restablecimiento del derecho, condenar a la Nación – Rama
Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial a que reconozca y pague a
Diana María Mora Orozco, en calidad de juez municipal y del circuito, la diferencia
salarial en los términos de los artículos 2 y 3 del Decreto 1251 de 2009, según los
cuales, para el caso concreto, deben aplicarse con el 34.7% y 43% según las
categorías de juez municipal y de circuito, respectivamente.
25
Radicado: 05001-23-33-000-2015-01755-02 (4575-2024)
Demandante: Diana María Mora Orozco
Tales porcentajes deben aplicarse sobre el 70 % del valor que, por todo concepto,
perciba anualmente un magistrado de alta corte, esto es con la inclusión de las
cesantías, teniendo en cuenta que por mandato del artículo 15 de la Ley 4 de 1992,
la remuneración de estos debe corresponder a los ingresos laborales totales
anuales de carácter permanente devengados por los congresistas. Lo anterior, por
los periodos en los que entre el 1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2012
ejerció el cargo de juez y según la categoría que corresponda a cada periodo, de
conformidad con las consideraciones expuestas en esta providencia.
En consecuencia, condenar a la Nación – Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial a que reliquide y pague a Diana María Mora Orozco, en
calidad de juez municipal y del circuito, la diferencia que resulte de la reliquidación
de su remuneración y de sus prestaciones, de conformidad con lo indicado en el
párrafo anterior.
De las sumas que arroje la liquidación correspondiente, la entidad demandada
deberá descontar las que efectivamente le fueron pagadas a la demandante en el
lapso reconocido.
Cuarto. La entidad demandada deberá reliquidar y pagar las cotizaciones o aportes
al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones en favor de Diana María Mora
Orozco, respecto de la diferencia salarial y prestacional. Los respectivos aportes a
seguridad social en pensiones, derivados de la nivelación, se deben efectuar por la
totalidad del periodo comprendido en el que la peticionaria desempeñó los cargos
que le permitieron devengar dicho ajuste salarial y prestacional entre el el 1 de enero
de 2010 y el 31 de diciembre de 2012, desde luego, en el evento que las
cotizaciones respectivas no se hayan efectuado.
Quinto. No condenar en costas en esta instancia.
Sexto. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.
Séptimo. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
26
Radicado: 05001-23-33-000-2015-01755-02 (4575-2024)
Demandante: Diana María Mora Orozco
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Ausente con excusa
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.
MAG
27
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.